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PROCESOS CONSTITUCIONALES

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19990, el artículo 1 del Decreto Ley 25967 y el artículo 9 de la Ley 26504, decisión judicial que resulta acorde a ley y procura un beneficio a favor de la demandante, a fin de evitar que transite nuevamente por la vía judicial.
8. En consecuencia, no advirtiéndose vulneración de derecho constitucional alguno en agravio de la demandante, corresponde desestimar la demanda.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, HA RESUELTO

declaró infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva. A través de la Resolución 10, de fecha 7 de abril de 20224, el a quo declaró infundada la demanda, por considerar que la demandante no acredita con dictamen o certificado expedido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una Entidad Prestadora de Salud EPS que su cónyuge causante padecía de alguna enfermedad profesional o que hubiera estado gozando de una pensión de invalidez.
La Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín mediante Resolución 15, de fecha 26 de setiembre de 2022, confirmó la apelada por similares consideraciones.

Declarar INFUNDADA la demanda.

FUNDAMENTOS

Publíquese y notifíquese.

Delimitación del petitorio
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
OCHOA CARDICH
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE
W-2239536-7

PROCESO DE AMPARO
SALA SEGUNDA. SENTENCIA 1058/2023
EXP. N 05118-2022-PA/TC
JUNÍN
BIVIANA MENDOZA DE QUISPE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 9 días del mes de noviembre de 2023, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Morales Saravia, y con la participación del magistrado Ochoa Cardich en reemplazo del magistrado Domínguez Haro, ha emitido la presente sentencia. Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Biviana Mendoza de Quispe contra la resolución de fojas 261, de fecha 26 de setiembre de 2022, expedida por la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró infundada la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 21 de diciembre de 20201, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Aseguradora Mapfre Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, a fin de que se le otorgue pensión de sobrevivencia con arreglo a la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, desde la fecha de fallecimiento de su cónyuge -22 de octubre de 2016-, más el pago de los intereses legales generados, las costas y los costos del proceso.
Manifiesta que su causante laboró para la Contrata Virgen del Carmen EIRL desde el 22 de mayo de 2002 hasta el 31
de diciembre de 2014, y, finalmente, para la Contrata Minera Río Caudaloso Complementario-Mircasec SRL, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 22 de octubre de 2016, ocupando el cargo de maestro perforista. Refiere que su causante estuvo expuesto a riesgos de gases tóxicos, insalubridad, peligrosidad y a ruidos en el desempeño de sus actividades laborales.
La emplazada propone la defensa previa, deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado y contesta la demanda2. Señala que la demandante pretende que se le otorgue una pensión de sobrevivencia, sin haber acreditado con certificado médico idóneo que, al momento de fallecimiento del causante, este haya sido portador de alguna enfermedad profesional que le haya generado una invalidez mínima de 50 %, lo cual le hubiera permitido acceder a una pensión de invalidez.
El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, mediante Resolución 5, de fecha 18 de febrero de 20223,
El Peruano Viernes 8 de diciembre de 2023

1. La demandante solicita que se le otorgue pensión de sobrevivencia viudez con arreglo a la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, desde la fecha de fallecimiento de su cónyuge -22 de octubre de 2016-, con el pago de los intereses legales, las costas y los costos del proceso.
2. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal Constitucional ha hecho notar que, aun cuando, prima facie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes no forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión, en la medida en que el acceso a las prestaciones pensionarias sí lo es, son susceptibles de protección a través del amparo los supuestos en los que se deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia a pesar de cumplirse los requisitos legales para obtenerla.
3. En consecuencia, corresponde analizar si la demandante cumple los presupuestos legales que permitan determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues porque si ello es así se estaría verificando la arbitrariedad en el proceder de la entidad demandada.
Análisis de la controversia 4. Mediante el Decreto Ley 18846, publicado el 29 de abril de 1971, se dispuso que la Caja Nacional del Seguro Social Obrero asumiera de manera exclusiva el Seguro por accidente de trabajo y enfermedades profesionales del personal obrero.
5. El Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Personal Obrero, regulado por el Decreto Ley 18846, fue sustituido por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR, creado por la Ley 26790, de fecha 17 de mayo de 1997.
6. El Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde el 14 de abril de 1998, que aprobó las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR estableció las prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o a los beneficiarios a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
7. Así, en los artículos 18.2.1. y 18.2.2. del mencionado decreto supremo, señala que se pagará como mínimo una pensión vitalicia mensual equivalente al 50 % de la remuneración mensual al asegurado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, quedara disminuido en su capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior al 50 %, pero inferior a los dos tercios 66.66 %; y una pensión vitalicia mensual equivalente al 70 % de su remuneración mensual al asegurado que quedara disminuido en su capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior a los dos tercios 66.66 %.
8. Respecto de las pensiones de sobrevivencia, el artículo 18.1.1. del Decreto Supremo 003-98-SA establece que la empresa aseguradora pagará pensión de sobrevivencia en caso de que el fallecimiento del asegurado sea ocasionado a directamente por un accidente de trabajo o enfermedad profesional; o b por cualquier otra causa posterior, después de configurada la invalidez énfasis agregado.
9. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 02513-2007-PA/TC, publicada el 8 de enero de 2009 en el portal web institucional, que constituye precedente, ha precisado los criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
10. Así, en el fundamento 14 de la referida sentencia se establece que en los procesos de amparo referidos al otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad profesional únicamente podrá ser acreditada