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Pág 2 BOLETÍN JUDICIAL Nº 26

Lunes 10 de febrero del 2020

1, inciso a, 3, 6, 7, 15, 16, 17, 21 y 22 del Decreto Ejecutivo Nº 41564-MIDEPLANH, por estimarlos contrarios a los principios de igualdad, seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad, progresividad de derechos y autonomía de la voluntad. 1.- En relación con el artículo 28, párrafos 2 y 4, así como el 6 del Reglamento Nº 41564-MIDEPLAN-H, señala que lesiona los principios de seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad, progresividad de derechos y autonomía de la voluntad, así como el contenido del artículo 28 constitucional. La norma impugnada resulta inconstitucional en la medida en que impone a las instituciones públicas en general una obligación de suscribir contratos de dedicación por un tiempo determinado en esta Ley. El establecer en este articulo la obligación de firmar contratos de dedicación exclusiva en el rango temporal señalado de uno a cinco años como máximo imposibilita, además, que por medio de normas específicas como negociaciones colectivas o reglamentos internos de trabajo, se puedan establecer normas sobre el particular, más beneficiosas para el trabajador o más acordes a las necesidades institucionales, lo que lesiona los principios de progresividad de los derechos laborales, y el principio protector del derecho laboral. En relación con el principio de progresividad, señala que es un principio interpretativo según el cual los derechos no pueden disminuir, por lo cual, al solo poder aumentar, progresan gradualmente. En relación con el párrafo 4 de la norma, tiene vicios de inconstitucionalidad en la medida en que violenta el principio de seguridad jurídica, al establecerse de manera ambigua, la prohibición expresa para los funcionarios que sin tener un contrato de dedicación exclusiva ni recibir contraprestación económica por ello, deben abstenerse de participar en actividades que comprometan su imparcialidad o favorezcan el interés privado sobre el público. 2.- Artículo 30 y el artículo 7 del Reglamento Nº 41564-MIDEPLAN-H, aduce que violenta los principios de seguridad jurídica, razonabilidad, principio protector y no regresividad de los derechos laborales, así como el artículo 34 constitucional. Ambas normas contienen vicios de inconstitucionalidad en la medida en que suponen un retroceso de derechos y garantías para la parte más vulnerable de la relación laboral, que es el trabajador. El hecho de que por medio de estas disposiciones normativas se le genere una situación de incerteza jurídica a los funcionarios a quienes no se les haya prorrogado sus contratos, inclusive aquellos contratos que fueron suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley 9635, y al prohibir la prórroga tácita se crea una situación de desventaja y de incerteza, violatoria del principio protector. 3.- Artículo 31, inciso 1, sostiene que lesionan los principios de seguridad jurídica e igualdad y el artículo 33
constitucional. La norma no incluye dentro de los puestos que podrían estar sujetos al pago del sobresueldo de dedicación exclusiva y prohibición, todas las modalidades posibles de contratación dentro de la Administración Pública. La disposición, en la medida en que establece un numerus clausus de las personas que puedan estar sujetas al pago de la dedicación exclusiva y de prohibición dentro de la Administración Pública, genera una clara desigualdad y una situación de inseguridad jurídica, en relación con otros funcionarios, cuyas categorías no están contempladas. 4.-Artículos 32 y 33
adicionados a la Ley Nº 2166, violenta los principios de seguridad jurídica, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad y el artículo 33 constitucional. Establecer limitaciones como las señaladas en los artículos referidos, crea una clara situación de desigualdad entre los funcionarios que tiene un contrato de dedicación exclusiva o prohibición y por ende se les paga el rubro correspondiente, frente a los funcionarios que no tienen este incentivo salarial, y aun así el Estado les prohíbe el ejercicio de su profesión, según las normas citadas, lo cual es todas luces inconstitucionales. 5.- Artículos 35 y 36 adicionados a la Ley 2166, violentan los principios progresividad de los derechos, de igualdad, eficiencia y eficacia, razonabilidad, proporcionalidad y los artículos 7, 33, 50, 56, 57 constitucionales. Los nuevos porcentajes de reconocimiento de sobresueldos de dedicación exclusiva y prohibición en condiciones menos beneficiosas lesionan el principio de progresividad de los derechos y de eficiencia y eficacia en la Administración Pública. Esto, abonado al congelamiento de otros sobresueldos como las anualidades y demás incentivos, tendrá un impacto directo sobre la eficiencia y eficacia de la función que realiza la Administración. El rebajo practicado a los sobresueldos de
dedicación exclusiva y prohibición es irracional y carece de un estudio técnico que pueda respaldar ese menoscabo en las condiciones laborales, sin que exista certeza de que sea el causante del problema fiscal del país, cuando se ha señalado que las causas del déficit fiscal se derivan de problemas más complejos como lo son la evasión y elución fiscal. 6.- Artículo 39 adicionado a la Ley Nº 2166, señala que lesiona los principios de negociación colectiva, racionalidad, proporcionalidad, progresividad de los derechos y condición más beneficiosa, así como los artículos 33 y 62
constitucionales. Esta disposición cierra la posibilidad para el sector público de suscribir convenciones colectivas, que tienen fuerza de ley entre las partes, lo que lesiona el artículo 62 constitucional. La norma impugnada no solo lesiona el derecho a la negociación colectiva, sino también los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas consolidadas de los funcionarios que para el momento en que la norma entró en vigencia 3 de diciembre de 2018, ya habían adquirido condiciones laborales que no pueden ser afectadas.
Prohibir de manera expresa la posibilidad de negociar un tope de auxilio de cesantía mayor, a través de un acuerdo de partes, limita no solo el derecho de negociación colectiva, sino también la posibilidad de obtener mejores condiciones de trabajo para los funcionarios, lo cual lo vacía de contenido. El artículo 7 de la Constitución Política establece que los tratados y convenios internacionales tienen autoridad superior a las leyes. Por su parte, la libertad sindical es un derecho contenido en el artículo 16 de la Convención Americana y en otras disposiciones de varios instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y, por tanto, debe ser observado en Costa Rica. El convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, denominado Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, debidamente ratificado por Costa Rica, establece la obligación del Estado costarricense de poner en práctica las disposiciones de dicho convenio. El artículo 39
impugnado, lesiona el artículo 4 de ese convenio. 7.- Artículo 40 y el artículo 16 del Decreto Ejecutivo Nº 41564-MIDEPLANH, estima que lesiona los principios de eficiencia y eficacia, la seguridad jurídica, el derecho constitucional a la negociación colectiva, la progresividad de los derechos laborales y el principio protector del derecho laboral. Se trata de una norma violatoria del principio de progresividad de los derechos laborales, pues provoca regresión en algunas instituciones que ya pagan el incentivo del quinquenio, sea por la vía legal artículo 90, inciso c de la Ley General de Policía, artículo 27 de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa o reglamentaria artículos 99 y 100 del Reglamento Autónomo del Instituto Costarricense de Turismo o por la vía de la negociación colectiva Junta de Protección Social de San José. 8.- Artículo 46
adicionado a la Ley Nº 2166 y el artículo 22 del Decreto Ejecutivo Nº 41564-MIDEPLAN-H, lesionan los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, y seguridad jurídica. Se lesiona el principio de seguridad jurídica, pues la dualidad en la regulación régimen descentralizado y potestades regulatorias del Poder Ejecutivo, causa un estado de inseguridad para los entes y sus trabajadores. 9.Artículo 47 adicionado a la Ley Nº 2166, lesiona los principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica, igualdad e interdicción de la arbitrariedad. El término salvedades respectivas es ambiguo; ni la ley ni el reglamento mencionan cuáles son. La ambigedad de la norma no es coincidencia, sino que atiende al propósito del Poder Ejecutivo de derogar singularmente una norma a favor de quien quiera o la institución que desee. Existe también violación al principio de igualdad y al de Interdicción de la Arbitrariedad, en tanto la Administración puede desaplicar sus propios métodos de evaluación cuando así lo desee, sin criterios objetivos establecidos en la ley. La violación al principio de igualdad deriva del párrafo 1
de la norma que establece indicadores cuantitativos de cumplimiento de metas individuales de productos y servicios prestados. Los servicios prestados por la Administración Pública no se equiparán nunca al tipo de servicios prestados en el sector privado, cómo para establecer métodos de evaluación de carácter cuantitativos. 10.Artículo 48 adicionado a la Ley Nº 2166, señala que también viola los principios constitucionales de seguridad jurídica, igualdad, razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad.
La norma crea una nueva obligación para los funcionarios públicos, de cualquier nivel, en cuanto a llevar la actualización y mantenimiento al día de la información para su evaluación de desempeño, en un