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RICARDO
SALAS
ALVAREZ
FIRMA

AÑO CXXVII

La Costa Rica, Rica,lunes Lunes114
junio del 2016
2021
La Uruca, San José, Costa dede febrero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
AVISO N 8-2021
ASUNTO: Cierre por tiempo indeterminado del Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la LeyCAPEMCOL.
A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS
SE LES HACE SABER QUE:
El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión número 432021 celebrada el 25 de mayo de 2021, artículo LIV, tomó nota de la comunicación realizada por el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la LeyCAPEMCOL, mediante el cual informan que debido a que se han detectado múltiples casos de usuarios positivos por COVID-19, en el citado centro, se ha iniciado un período de cuarentena y por esa razón, continuará aislado y cerrado hasta por tiempo indeterminado y eso implica que no será posible que los usuarios sean trasladados a las audiencias presenciales. Asimismo, comunica que se podrá intentar continuar con la atención por videoconferencias previa coordinación con ese servicio y que los nuevos ingresos se seguirán manejando en el Pabellón 1 de Hombres en el HNP, con la custodia correspondiente hasta el término del proceso de cuarentena, cuando serán trasladados a ese servicio.
San José, 07 de junio de 2021.

Lic. Carlos T. Mora Rodríguez
Subsecretario General interino 1 vez.O. C. N 364-12-2021.Solicitud N 68-2017-JA.
IN2021557640 .
CIRCULAR Nº 116-2021
ASUNTO: Instructivo para el uso del perfil de acceso a la consulta directa al sistema SACEJ.
A LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL PAÍS
SE LES HACE SABER QUE:
El Consejo Superior del Poder Judicial en sesión número 322021 celebrada el 22 de abril de 2021, artículo XV, dispuso aprobar el Instructivo para el uso del perfil de acceso a la consulta directa al sistema SACEJ, el cual seguidamente se transcribe:
Instructivo para el uso del perfil de acceso a la consulta directa al sistema SACEJ
Introducción El presente instructivo se emite como guía en el uso adecuado del perfil de acceso a la consulta directa al sistema, esto en el Sistema de Administración y Control Electrónico de Juzgamientos SACEJ que administra el Registro Judicial, el cual se encuentra habilitado a los servidores y funcionarios de la Jurisdicción Penal de todo el país, para que en días feriados, horas no hábiles o cierres colectivos, el personal de estos despachos judiciales puedan realizar las consultas directamente en la base de datos del SACEJ.
De tal manera, para el uso correcto del perfil de consulta directa al sistema, se habilita el presente instructivo, el cual contiene un breve análisis de los plazos legales de cancelación de las anotaciones de los juzgamientos; así como, la consulta de los juzgamientos y los diferentes parámetros de descartes aplicables en
Firmado digitalmente por RICARDO SALAS
ALVAREZ FIRMA
Fecha: 2021.06.11
16:31:45 -0600

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la consulta de nacionales y de extranjeros, con el objetivo de que se implemente un adecuado uso de la herramienta de la consulta directa al sistema.
Disposiciones generales de legalidad aplicables al Registro Judicial El Registro Judicial es la oficina encargada de administrar el Sistema de Administración y Control Electrónico de Juzgamientos SACEJ, el cual conforme lo establece el numeral 3 de la Ley No.
6723, tendrá como función esencial, la de comprobar los antecedentes penales de los habitantes de la República, y deberá prestar colaboración a los organismos y oficinas públicas que esta ley y otras normas legales determinen el resaltado no es del original.
Además, la oficina del Registro Judicial en el cumplimiento de sus funciones los realiza en estricto apego al ordenamiento jurídico costarricense, por lo que al ser una dependencia administrativa se rige conforme al principio de legalidad, según lo dispuesto en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública.
En ocasión a lo antes expuesto, sus actuaciones se limitan a lo que legalmente le está permitido, razón por lo que el Registro en la ejecución de sus labores se rige por la normativa que la regula, en este caso por la Ley del Registro y Archivos Judiciales, Ley Nº 6723
del 10 de marzo de 1982 y su reforma, que se emitió mediante Ley Nº 9361, publicada en La Gaceta Nº 135 del 13 de julio de 2016.
Normativa que regula los plazos de cancelación de las anotaciones de juzgamientos Conforme supra se ha indicado, las actuaciones del Registro Judicial se rigen conforme al ordenamiento jurídico, de tal manera que los parámetros de cancelación de las anotaciones de juzgamientos encuentran su sustento jurídico conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Registro y Archivos Judiciales, reformado mediante Ley Nº 9361, que establece:
Artículo 11.El Registro Judicial cancelará los asientos de las personas sentenciadas luego del cumplimiento de la pena, atendiendo los siguientes parámetros:
a Inmediatamente después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea inferior a tres años o por delitos culposos.
b Un año después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre tres y cinco años.
c Tres años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre cinco y diez años.
d Cinco años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea de diez años en adelante.
e Diez años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, según el artículo 2 de la Ley Nº 8754, Ley contra la Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública.
f En los casos de delitos cometidos por una persona en condición de vulnerabilidad y con familiares dependientes, el juez o la jueza de ejecución de la pena valorará la cancelación de los asientos una vez cumplida la pena impuesta, con excepción de los delitos tramitados o bajo la tramitación del procedimiento especial de crimen organizado, según los términos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública.