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PERIÓDICO OFICIAL

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: Tierra y Libertad.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Morelos. Poder Ejecutivo.
GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 57, 70, FRACCIONES XVII, XX, XXVI Y
XXIX, Y 114 BIS, FRACCIÓN VIII, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE MORELOS; CON FUNDAMENTO EN
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 50 DE LA
LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO 2, 5, 8, 9, 10, 11, PENÚLTIMO PÁRRAFO, Y 21 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA
SIGUIENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La estructura que sustenta el Estado de derecho tiene una vigencia condicionada a la normalidad de su cumplimiento, esto es, a la permanencia de la situación con base en la cual fue estatuida. Cuando las circunstancias fácticas se modifican, la normatividad se hace inaplicable y los mecanismos 1
estatales de control social ineficaces.
En ese sentido, a fin de evitar la anarquía en la que la población puede llegar a caer, los ordenamientos jurídicos permiten el uso de medidas excepcionales que revisten de legalidad actos que, de otro modo, serían inconstitucionales.
En este orden de ideas, en el evento de que la estabilidad del régimen se encuentre seriamente amenazada, la Norma Fundamental autoriza una mayor injerencia del Estado en los derechos que esta misma consagra a favor de los ciudadanos, mediante el ejercicio del denominado poder de policía en forma más enérgica que la que admiten los periodos de sosiego, con la expresa limitación de que se trate de medidas razonables que sean tomadas con carácter temporal, como es la emergencia cuyos efectos están llamados a atemperar. Cumplidos estos supuestos, el detrimento que de ellos se derive no representa 2
obstáculo alguno para la validez de dichas medidas.
El fortalecimiento del Poder Ejecutivo en lo que constituye un verdadero estado de necesidad en el derecho público, obedece a que a él se ha confiado la función de guarda del orden público, así como en el mismo radica la titularidad de la actividad de ejecución, además de ser el órgano que dispone de la fuerza pública, y se caracteriza por la unidad y la 3
inmediatez de su acción.
1

DÍAZ CARDONA, Francia Elena, Fuerzas Armadas, Militarismo y Constitución Nacional en América Latina, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1988, En línea, Biblioteca Jurídica Virtual, Serie B: estudios comparativos D
derecho latinoamericano, núm. 2, fecha de consulta: 22 de septiembre de 2015.
Disponible en:
http biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/432/pl432.htm 2
Ídem.
3 Autores varios, Curso colectivo sobre suspensión de garantías y legislación de emergencia, Revista de la Escuela Nacional de
29 de octubre de 2015

Así pues, teóricamente para Francia Elena Díaz Cardona, los regímenes de emergencia entrañan la derogación relativa y temporal de las limitaciones que, a favor de los individuos, impone la Constitución al poder público; merced al estado de sitio, el gobierno asume la facultad de restringir o suprimir algunas de las libertades individuales y sociales que caracterizan los regímenes de libertad; la legislación es reemplazada por decretos extraordinarios con rango de ley, y son sustraídas del conocimiento de los tribunales ordinarios las controversias relacionadas con el orden público. La abolición de los principios de separación de los poderes, de las garantías individuales y del juez natural, hace de los estados de excepción paréntesis jurídicos que los autores no han 4
dudado de calificar de dictadura constitucional.
Situación esta última que se pretende evitar con la expedición del presente instrumento.
Es decir, la naturaleza de estado de excepción es esencialmente preventiva; pues está dirigido a evitar la caída de la autoridad legítima constituida; por tanto, entraña el acrecentamiento de la actividad proactiva del Estado, esto es, del poder de policía.
Al respecto, es menester determinar que la policía es el instrumento cívico del gobierno que cumple la función de prevención del delito y mantenimiento de la seguridad; es decir, el poder de policía es la acción del Estado tendiente a limitar, por coacción, la actividad individual, con el fin de tutelar los intereses públicos que puedan resultar comprometidos, responde a la necesidad de promover el bienestar general, mediante una legislación de restricciones sobre el goce de la libertad.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 BIS, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, los Ayuntamientos tendrán a su cargo funciones y servicios públicos, entre ellos, la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones de la propia Constitución Local y de las leyes que de ambas emanen; así como la policía preventiva municipal y de tránsito. La policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los términos de la normativa correspondiente.
Empero, dicho precepto señala además que la policía municipal también acatará las órdenes que el Gobernador le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
Por su parte, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en su artículo 2, establece que la seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, la cual no podrá ser concesionada a particulares bajo ninguna circunstancia, y tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Jurisprudencia, México, números 25, 26, 27 y 28, Universidad Nacional Autónoma de México, tomo VII, pp. 91-216.
4 DÍAZ CARDONA, Francia Elena Óp. cit.