Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes del 26/11/2020
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes
Nº 28.189
CORRIENTES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
Sección Administrativa Decretos Decreto Nº 2.412
Dr. Gustavo Adolfo Valdés
Dr. Gustavo J. A. Canteros
Dr. Horacio David Ortega Ministro Coordinación y Planificación
Dr. Carlos José Vignolo
Lic. Susana Mariel Benitez
Dr. Ricardo Alberto Cardozo
Ing. Claudio H. Anselmo
Lic. Raúl Ernesto Schiavi Ministro Industria, Trabajo y Comercio
Dr. Juan José Lopez Desimoni Ministro de Seguridad
Osvaldo Claudio Polich
Gustavo Adan Gaya Ministro de Desarrollo Social
Lic. Sebastián Ariel Slobayen Ministro de Turismo
Dr. Victor Eduardo Ojeda Dr. Orlando Macció Ministro de Ciencia y Tecnología
Corrientes, 23 de Noviembre de 2020
Visto:
La Ley N 27.541, los decretos Nros.: 260/2020 y 297/2020 del PEN y sus modicatorios, los Decretos Nros. 520/2020, 576/2020, 605/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020 y 875/2020 del PEN; la Ley provincial N
6.528, los decretos Nros.: 588/2020, 631/2020, 650/2020, 697/2020, 710/2020, 740/2020, 790/20, 826/2020, 880/2020, 1.087/2020, 1.188/2020, 1.340/2020, 1.430/2020 y 1.554/2020, 1.755/2020, 1.923/2020, 2.006/2020, 2.143/2020 y 2.271/2020, y Considerando:
Que la Ley N 27.541 declaró la emergencia pública en materia económica, nanciera, scal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social delegando en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en dicha ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional hasta el 31 de diciembre de 2020. Por el Decreto N 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió, por el plazo de un 1 año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la mencionada ley, en razón de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la salud OMS por el coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca, el COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, ello dio lugar al dictado del Decreto N 297/2020, por el cual se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio ASPO durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo de 2020. Este plazo, por razones consensuadas y fundadas en el cuidado de la salud pública fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros.: 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020 y 493/2020 y, con ciertas modicaciones según el territorio, por los Decretos Nros.: 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, el 814/2020 y el 875/2020.
Que, como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de los decretos que establecieron y prorrogaron el ASPO y el DISPO, los derechos consagrados por el artículo 14 de la Constitución Nacional son pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública.
Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1, el derecho a circular libremente, y el artículo 12, inciso 3, establece que el ejercicio de derechos por él consagrados no podrá ser objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.
Que en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3, que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el artículo 22, inciso 1, entre otros, no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, realizada mediante el Decreto N
260/2020, se encuentran en consonancia con lo reejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración N 01/2020
PAG. Nº 2
