I want to know about...

Neuquén, 17 de Marzo de 2023

BOLETIN OFICIAL - EDICIÓN ESPECIAL

PAGINA 9

Que los trabajos de mantenimiento y conservación de edificios escolares deben ejecutarse con carácter prioritario e impostergable para garantizar un adecuado funcionamiento en el ciclo lectivo, como así también para garantizar los derechos humanos fundamentales de los niños, niñas, y adolescentes a la educación, e integridad física;
Que resulta imperioso para el fiel cumplimiento de planes, programas y proyectos educativos garantizados por nuestra Constitución Provincial, la Ley Nacional 26206 y Ley 2302 de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, cuyo objeto es la Protección Integral del Niño y Adolescente como sujetos de derechos reconocidos por la normativa vigente, siendo el interés superior del niño y adolescente su principio rector, para conseguir la máxima satisfacción, integral y simultánea de sus derechos;
Que actualmente la Provincia del Neuquén registra seiscientos noventa y cinco 695 edificios escolares incluidos anexos y edificios alquilados, distribuidos en centros urbanos, zonas semi urbanas, zonas rurales y comunidades originarias;
Que es imprescindible la adopción de medidas que agilicen y posibiliten la continuidad de la contratación e inicio de los trabajos necesarios en forma inmediata, que implican intervenciones mayores y de esta manera lograr el inicio óptimo del ciclo 2023 y reducir la cantidad de días de clases perdidos por problemas edilicios;
Que mediante el Decreto DECTO-2022-475-E-NEU-GPN modificado luego por Decreto DECTO2022-1368-E-NEU-GPN se establecieron montos diferenciados para las contrataciones exclusivamente de mantenimiento y conservación de edificios escolares;
Que a los fines de permitir el cabal cumplimiento de las competencias asignadas al Ministerio de Gobierno y Educación y dar respuestas eficientes y a término a las necesidades, resulta propicio incrementar los montos límites de contrataciones a que se refiere el Decreto DECTO-2022-475-E-NEU-GPN
en su artículo 1 y su modificatorio Decreto DECTO-2022-1368-E-NEU-GPN, para aquellas contrataciones que dicha cartera ministerial haga con destino exclusivo y específico al mantenimiento y conservación de edificios escolares;
Que desde la sanción de la norma anteriormente citada, no se han actualizado dichos montos, teniendo en consideración el contexto actual de la economía nacional y particularmente en nuestra provincia, la cual registra un incremento interanual del ochenta y seis con 30/100 por ciento 86,3% de acuerdo al índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires a noviembre de 2022 que publica el INDEC;
Que la situación antes descripta, continúa en un proceso inflacionario ascendente que impacta directa y significativamente sobre los precios de los materiales, mano de obra y gastos en general, generando mayores consecuencias en los costos de las empresas proveedoras;
Que por ello, en virtud de la devaluación económica que trajo aparejada la aparición del fenómeno inflacionario, impactando de forma directa y significativa en los precios de las obras, bienes y servicios, produciendo un alza generalizada en los costos de adquisición de insumos, es que resulta razonable fijar un nuevo monto límite del establecido en el artículo 1 del Decreto DECTO-2022-475-E-NEU-GPN, en la suma de pesos setenta y ocho millones $78.000.000;
Que para las contrataciones que aquí se disponen, se deberán tomar los recaudos necesarios a fin de asegurar que los precios de contratación sean los vigentes en el mercado con las particularidades de cada caso, exceptuándola del cumplimiento de la intervención previa de la Oficina Provincial de Contrataciones; como así también del control previo de las contrataciones por parte de la Contaduría General de la Provincia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del Decreto Reglamentario Nº 2758/95
Anexo II, en el título I, Cap. VI, inc. 4º del Compendio Normativo de dicho organismo y de las restricciones impuestas por el Decreto Nº 182/18;
Que la Constitución Provincial, en su Artículo 153 establece que la Administración del Estado se regirá por los principios de eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las normas y actos;