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Boletín Oficial de Castilla y León Núm. Extraordinario Núm. 2

Sábado, 26 de noviembre de 2022

De conformidad con las anteriores premisas y en lo referente a la huelga convocada, que se iniciará el día 28 de noviembre, con una duración de 24 horas, afectando a la jornada completa con paros desde el último turno anterior a las 00:00 horas de dicho día en el que se realiza la convocatoria de huelga abarcando, igualmente, el último turno que se inicie el meritado día, y que termina cuando finalice ese turno, al día siguiente, debe de considerarse que el ejercicio del derecho de huelga puede afectar a bienes y derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la protección de la salud de los usuarios del sistema público de salud, por lo que se considera plenamente justificado determinar los servicios esenciales y mínimos que deben de quedar debidamente cubiertos durante las jornadas de huelga, mediante los cuales se garanticen las prestaciones asistenciales necesarias para la comunidad.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental que debe ser esencialmente garantizado, la determinación de los servicios mínimos se fundamenta en el porcentaje de cobertura imprescindible, en función de las características especiales de los servicios afectados por la huelga, atendida su duración, mediante el cual queda suficientemente garantizado este derecho.
Se ha considerado, en primer término, la duración temporal y los horarios en los que se desarrollará la huelga convocada, la cual incidirá con carácter general en toda la plantilla de la empresa afectada que preste servicios en el CCU.
Se ha tenido en consideración la extensión territorial así como las características propias de la población del ámbito afectado por la huelga. Es preciso indicar, a tal efecto, que el CCU es una unidad funcional de la Gerencia de Emergencias Sanitarias, que actúa ininterrumpidamente durante 24 horas al día, los 365 días del año, y da cobertura a toda la Comunidad de Castilla y León.
Por último, aunque no menos importante, es necesario tener en cuenta un sistema de funcionamiento del Servicio de Salud que garantice la compatibilidad de la prestación de servicios públicos esenciales con la protección de la salud como consecuencia de la evolución del coronavirus COVID-19.
En cuanto a los criterios seguidos para la fijación de servicios mínimos, se ha tenido en consideración la doctrina fijada en las Sentencias del Tribunal Constitucional 11/198, de 8 de abril; 26/1981, de 17 de julio; 33/1981, de 5 de noviembre; 51/1986, de 24 de abril;
27/1989, de 3 de febrero; 43/1990, de 15 de marzo y 122/1990 y 123/1990, de 2 de julio;
la fijada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sec. 7., en su Sentencia de fecha 3
de julio de 2013 Rec. 5284/2011, y también, la dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Valladolid, en sus Sentencias n.º 48, de 21 de enero de 2019 Rec. 343/18 y nº 1289 de 4 de noviembre de 2019
Rec. 269/2019.
Específicamente para el ámbito que nos ocupa se ha tenido especialmente en cuenta la doctrina resumida del Tribunal Supremo en la sentencia de 27 de mayo de 2016 de la Sala 3 RC 3068/2014, a saber: la doctrina constitucional y la jurisprudencia de este Tribunal es reiterada en punto a cuáles son las exigencias derivadas del derecho fundamental a la huelga, exigencias que se contraen esencialmente y en lo que hace al casoa dos: la proporcionalidad y la motivación, bien entendido que, como hemos señalado en ocasiones anteriores, la validez de los servicios mínimos depende en último término de lo siguiente: que el contraste entre, de un lado, el sacrificio que para el derecho de huelga significan tales servicios mínimos y, de otro, los bienes o derechos que estos
CV: BOCYL-D-26112022-1

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