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CARLOS ANDRES
TORRES SALAS FIRMA

AÑO CXXV

LaLa Uruca, San José, Costa Rica, miércoles febrero 2019
Uruca, San José, Costa Rica, lunes 120
dede febrero deldel 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SECRETARÍA GENERAL
CIRCULAR No. 30-2018
Asunto: Política de Justicia Abierta del Poder Judicial.A TODAS A LAS INSTITUCIONES, ABOGADAS, ABOGADOS, SERVIDORAS Y SERVIDORES
JUDICIALES Y PÚBLICO EN GENERAL
SE LES HACE SABER QUE:
La Corte Plena en sesión No. 10-18 celebrada el 12 de marzo de 2018, artículo XIII, dispuso aprobar la siguiente Política de Justicia Abierta del Poder Judicial, que literalmente indica:
Política de Justicia Abierta del Poder Judicial de Costa Rica ÍNDICE
1. Antecedentes 2. Marco Normativo 3. Cocreación de la Política 4. Referentes conceptuales 4.1 De Gobierno Abierto a Justicia Abierta 4.2 Concepto de Justicia Abierta 4.3 Principios de Justicia Abierta 4.3.1. Transparencia 4.3.2. Participación 4.3.3. Colaboración 4.4 Temas transversales 5. Objetivos y líneas de acción de la Política 5.1 Objetivos 5.2 Líneas de Acción 6. Factores para la implementación de la Política de Justicia Abierta 6.1 Comisión de Justicia Abierta 6.2 Funciones de la Comisión de Justicia Abierta
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Presentación El Poder Judicial de Costa Rica fue creado en 1826, por la necesidad de que el Estado contara con un órgano encargado de la importante tarea de administrar la justicia y contribuir a la paz social.
Su función es esencial para la democracia, la fortalece, asegura que las necesidades y demandas de la población sean atendidas adecuadamente, con imparcialidad, de manera que prevalezca el respeto a los derechos de todas las personas que forman parte de la sociedad.
El proceso de construcción del sistema de administración de justicia actual ha exigido un lento perfeccionamiento. No solo se fortaleció la estructura del ámbito jurisdiccional sino que, en una singular propuesta, se incorporaron otras instituciones que cumplen un rol clave en el proceso judicial: la Fiscalía, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial, entre otros.
De esta sui generis conformación surge una rica experiencia, caracterizada por una destacada labor y continua coordinación institucional. Desde la década del 2000, se ha tenido claro que la administración de justicia presta un servicio público que tiene a la persona usuaria como eje central de su función, lo que ha impulsado un proceso de modernización y mejora continua de su gestión, para brindar servicios de calidad, accesibles y oportunos.

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES TORRES SALAS
FIRMA
Fecha: 2019.02.19 14:42:14 -0600

Nº 36 36 Páginas
La promulgación de amplia normativa interna de protección de derechos humanos y la suscripción de numerosos instrumentos internacionales para su tutela, la adopción de valores éticos que orientan la labor judicial y el deber de brindar una respuesta adecuada a las cambiantes demandas de la sociedad por medio de una justicia con rostro humano, han impulsado a este Poder de la República a unirse al esfuerzo mundial que promueve la apertura de las instituciones públicas, por medio de los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración. Asimismo, se procedió a dar inicio el proceso para formular una política de Justicia Abierta y a la suscripción, en noviembre de 2015, de la Declaración para la Promoción de un Estado Abierto.
Con el impulso de la Presidencia de la Corte, de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia Conamaj, del personal judicial de todos los ámbitos, de personas representantes de la sociedad civil y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, entidad asesora, se co-construyó el marco general de una Política Institucional de Justicia Abierta, la cual abarca todos los niveles judiciales. Con la implementación de esta política se busca que todo el Poder Judicial esté alineado a las condiciones internacionales de un Estado Abierto y constituya un punto de partida para repensar la administración de justicia.
Desde años atrás, diversos sectores y personas dentro de la institución venían desarrollando iniciativas vinculadas a los principios que promueve la Justicia Abierta. Se ha trabajado para fortalecer la transparencia, facilitar el acceso a la información, hacer uso de un lenguaje más comprensible, modernizar los procesos y consolidar la rendición de cuentas, para lo cual las tecnologías de la información han sido de mucha utilidad.
Para la concreción de esta política se tomó en cuenta la Política de Participación Ciudadana del Poder Judicial, aprobada en 2015;
además se formuló un plan de acceso a la información y apertura de datos con su respectivo proyecto, se desarrolló un plan inicial con la visión de Justicia Abierta en el proceso de rediseño de los Tribunales de Cartago, entre otras acciones, con el anhelo de articular todas las iniciativas existentes para lograr su mejor desarrollo y mayor impacto.
Así, la Política de Justicia Abierta constituye un paso más hacia la construcción de un Poder Judicial más accesible a la ciudadanía y con las herramientas necesarias para que el sistema de administración de justicia enfrente los retos del Siglo XXI y que agregue valor público en la prestación de sus servicios.
La creación de valor público tiene en su base la construcción de una ciudadanía social, civil y económica más amplia e incluyente, donde la confianza, la apertura y la transparencia se fortalecen a partir de una dimensión del servicio público que tiene como premisa responder a las verdaderas necesidades de las personas usuarias. Para lograr este cometido se requiere una visión orientada a identificar y satisfacer esas demandas, adoptando políticas respetuosas del entorno, con enfoque estratégico y participativas. Desde este enfoque, pertinencia, agilidad y calidad deben caracterizar los servicios y bienes que ofrece el Estado.
En el ámbito internacional la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y las 169 metas, constituye la hoja de ruta de consenso mundial en pos de soluciones a los problemas más apremiantes del planeta. Algunas metas del Objetivo 16 abordan de manera específica temas relativos a la Justicia Abierta, a saber:
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos;