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Número 71

Miércoles, 15 de abril de 2020

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población, ha considerado la presente reunión para analizar la incidencia de estas circunstancias en el Sector de la Construcción.
La Comisión Paritaria constata que el sector de la Construcción, en todas sus vertientes, se está viendo severamente afectado por la situación de excepcionalidad que compete a la población en general y al mercado de bienes y servicios y al tráfico mercantil y de negocios en particular, dada la carencia de equipos de protección y elementos de seguridad existentes; los retrasos y complicaciones en los aprovisionamientos de materiales en obras provocados por las restricciones en la movilidad y transporte y por el cierre de fronteras; las propias limitaciones de movilidad y controles existentes a tal fin; el creciente número de contagios y personas en cuarentena o aislamiento forzoso; la alarma social creada por el conjunto general de la ciudadanía y otros factores confluyentes.
En el marco de la citada situación se han dictado determinadas normas de estricto cumplimiento, de contención del virus y de protección frente al mismo, de afectación a los trabajadores y trabajadoras cuyos centros de trabajo continúan operativos aún en el estado de alarma decretado, destacándose el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. En este sentido, la Comisión Paritaria entendiendo prioritaria siempre la salud de los trabajadores, se hace partícipe de la preocupación existente entre trabajadores y empresarios tanto por garantizar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo, como por paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias económicas que la crisis sanitaria está ocasionando y ocasionará en el Sector de la Construcción.
Por este motivo, de cara a evitar la destrucción de puestos de trabajo en el Sector y el cierre de empresas, la Comisión Paritaria, por unanimidad, entiende que, en caso de ser necesario para las empresas, desde la diligencia debida y el rigor, adoptar los mecanismos de ERTE, como cauce para afrontar las dificultades existentes y las paralizaciones de actividad que pudieran afectarles, frente a la eventual activación de despidos y expedientes de regulación extintivos, la Administración Pública competente, debería interpretar lo dispuesto en el artículo 24.1 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, conforme a la literalidad del precepto, y es que en los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 que pudieran articular las empresas constructoras al amparo de la situación actual, la Tesorería General de la Seguridad Social habrá de exonerar a estas del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa, cuando la empresa, a fecha 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la aportación empresarial.
Que no obstante todo lo anterior y conscientes de las severas dificultades existentes, en el escenario general de recomendación administrativa existente, de activar todos los resortes posibles para la contención del virus y la protección de las personas, y en ejercicio de responsabilidad, solidaridad, disciplina y concienciación social, las partes comparecientes, representando a empresas y personas trabajadoras del Sector en la Provincia de Jaén.