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MARTES, 24 DE DICIEMBRE DE 2019 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 75

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJO DE GOBIERNO
CVE-2019-11224

Decreto 235/2019, de 19 de diciembre, por el que se otorgan subvenciones por el procedimiento de concesión directa a entidades titulares de centros especiales de empleo de Cantabria, destinadas a financiar parcialmente los costes salariales de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad severa, que conlleve especiales dificultades de acceso al mercado ordinario de trabajo.

La Constitución Española dispone en su artículo 49 que los poderes públicos realizarán una política de integración de las personas con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, a las que prestarán la atención especializada que requieran y las ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos. Entre estos derechos, el artículo 35 de la Constitución reconoce el derecho al trabajo de todos los españoles.
Un primer paso para la consecución de este objetivo fue la aprobación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, que en su artículo 41 estableció que las personas con discapacidad que por razón de la naturaleza o las consecuencias de su discapacidad no pudieran, provisional o definitivamente, ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales, fueran empleadas en centros especiales de empleo.
De esta manera, la Ley concibió los centros especiales de empleo como aquéllos cuyo objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado, y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadoras y trabajadores con discapacidad, a la vez de ser un medio de integración del mayor número de personas con discapacidad en el régimen de trabajo ordinario.
Posteriormente, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, ha dispuesto que, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva, entendiéndose por tales, aquellos apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad; una de esas medidas es favorecer su integración laboral en el mercado de trabajo protegido.

En la actualidad, es la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998 la que ha establecido las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo; subvenciones financiadas con fondos de empleo de ámbito nacional y que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria son gestionadas actualmente por el Servicio Cántabro de Empleo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2
f de su Estatuto, aprobado por Ley de Cantabria 1/2003, de 18 de marzo.

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boc.cantabria.es
CVE-2019-11224

Finalmente, mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, quedó aprobado el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que mantiene la previsión de que, en atención a las especiales características que concurren en los centros especiales de empleo y para que éstos puedan cumplir la función social requerida, las Administraciones Públicas pueden establecer compensaciones económicas, destinadas a los centros, para ayudar a la viabilidad de los mismos, estableciendo para ello, además, los mecanismos de control pertinentes.

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