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Pág 2 BOLETÍN JUDICIAL Nº 36

Miércoles 20 de febrero del 2019

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas;
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades;
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales;
Otros objetivos también establecen metas pertinentes a los principios de la Justicia Abierta:
9. Aumento del acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países.
17.6 Mejora en la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular; aumento el intercambio de conocimientos y los mecanismos de coordinación mediante la facilitación de la tecnología;
17.18 Mejora en las capacidades para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales;
17.17 Fomento y promoción de alianzas eficaces en las esferas pública, públicoprivada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.
Se tiene la certeza que con la implementación de la Política de Justicia Abierta se amplía y mejora la forma en que la población puede obtener información sobre el quehacer institucional, lo cual facilita la rendición de cuentas, el debate público y la participación ciudadana. Asimismo se generan espacios de encuentro y canales de comunicación, con el fin de que la ciudadanía asuma un rol activo en el diseño, propuestas y políticas del Poder Judicial. Se le facilitará, por ende, realizar también propuestas de mejora por medio de la rendición de cuentas y la transparencia basadas en el diálogo y la interacción.
1. Antecedentes Han sido diversas las iniciativas que pueden citarse como representativas de ese proceso, desde la elaboración de un primer Plan Estratégico 2000-2005 centrado en los derechos de las personas usuarias, la creación de la Contraloría de Servicios, la conformación de la Secretaría de Género y la aprobación de la Política de Igualdad de Género, la creación de las Comisiones de Personas Usuarias, así como la constitución de la Comisión de Acceso a la Justicia, conformada por varias subcomisiones que atienden las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad.
Entre otros, el Programa de Justicia Restaurativa, aprobado y declarado de interés institucional por acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial de Costa Rica, el cual responde a objetivos estratégicos tales como, participación ciudadana, disminución del retraso judicial, modernización de las gestión judicial y recurso humano, así considerado mediante acuerdo de Corte Plena N 3812, del 05 de noviembre de ese año, artículo XXV.
Todos los esfuerzos se orientan hacia la tutela de los derechos de todas las personas, sin discriminación y al funcionamiento de un sistema de justicia sensible y responsable ante las demandas de la sociedad.
El sistema de justicia es una pieza fundamental para la consolidación y desarrollo de un Estado social y democrático de Derecho, por su labor de verificar que las disposiciones jurídicas se cumplan, aun frente a las agencias del Estado. Por ello, la visibilidad de ese Poder se ha constituido como uno de los atributos esenciales de la democracia, como forma de asegurar que la confianza ciudadana no haya sido transgredida. Es un deber del Poder Judicial transparentar todos sus actos para fortalecer la confianza pública y asegurar la legitimidad de las decisiones judiciales, como respuesta a las desigualdades sociales y el riesgo de la corrupción.
En los modernos Estados constitucionales, la apertura se convierte en un atributo imprescindible de un sistema de justicia de filiación y orientación democrática, en tanto hace posible el control de la actuación del Poder Judicial por parte de la opinión
pública. La reforma al artículo 11 de la Constitución Política establece el deber de la Administración Pública de someterse a la evaluación de resultados y rendición de cuentas y fue acompañada de la promulgación de legislación que acrecentó las potestades fiscalizadoras del órgano contralor como parte de una política articulada para garantizar mayor control, transparencia en la gestión pública y la sanción de conductas indebidas.
Se han impulsado cambios profundos en la organización y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar una conducta éticamente irreprochable de todo su personal, especialmente en juezas y jueces para la prestación de un servicio público comprometido con la transparencia.
Entre las acciones para fomentar la apertura de la gestión judicial se encuentran: la rendición de cuentas a la Asamblea Legislativa, el informe de labores anual a la ciudadanía y a los Poderes de la República en el acto de apertura del Año Judicial, el programa de audiencias públicas visitas a las comunidades, la transparencia presupuestaria a través de la página web, la integración de la sociedad civil en los órganos de decisión, el acceso a la prensa, difusión de las decisiones de gobierno y administración judicial, la disponibilidad de sentencias, planes de trabajo, ejecución presupuestaria, auditorías de distintos departamentos y oficinas judiciales, el funcionamiento de la Contraloría de Servicios, la adopción del Código de Ética y el deber de juezas y jueces de rendir declaración patrimonial.
Asimismo, se efectuaron iniciativas de participación ciudadana, a cargo de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia Conamaj, como experiencia previa a la formulación de la política y se creó la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, que ha venido desarrollando normas y acciones para la promoción de una gestión judicial basada en valores éticos.
En el 2014 se impulsó la creación de una Comisión Investigadora de la Penetración del Crimen Organizado en el Poder Judicial, la cual propuso acciones a corto y mediano plazo para combatir ese tipo de delitos, las cuales fueron aprobadas por la Corte Plena. Como resultado, se acordó la creación de una jurisdicción exclusiva para investigar y juzgar casos de narcotráfico y crimen organizado, la mejora en los mecanismos para investigar los antecedentes de personas oferentes y una reestructuración del régimen disciplinario.
En julio de 2015 se aprueba formalmente por Corte Plena la Política de Participación Ciudadana impulsada por Conamaj, la cual tiene como objetivo general garantizar un Poder Judicial capaz de integrar a la ciudadanía como el eje principal definitorio de su accionar, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. Para el cumplimiento de este objetivo general se plantea como objetivos específicos apoyar a la ciudadanía en el ejercicio del derecho constitucional de la participación ciudadana ante la gestión del Poder Judicial en Costa Rica y promover un Poder Judicial democrático, transparente, responsable, abierto, dialogante, amigable y confiable para la ciudadanía en todo el territorio costarricense.
La adhesión voluntaria de Costa Rica a la Alianza para el Gobierno Abierto, en el 2012, propicia el surgimiento de una nueva etapa en la dirección que, desde hace varios años, la institución ha desarrollado, incorporando e implementando los principios que inspiran la filosofía de Gobierno Abierto.
En el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE sobre el Gobierno Abierto en Costa Rica 2016, se recomendó la aprobación de legislación sobre acceso a la información y participación ciudadana, y se reconoció el papel del Poder Judicial como un actor clave en la transición del país hacia un Estado Abierto. Además, se indicó que este Poder se encuentra entre los más avanzados a nivel mundial en transparencia, rendición de cuentas y participación, y que se cuenta con estrategias para crear un Poder Judicial Abierto.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA, organismo internacional creado por las instituciones del sistema interamericano para apoyar los procesos de reforma de la justicia de los Estados miembros mediante estudios, cooperación e intercambio de información, ha catalogado al Poder Judicial de Costa Rica dentro de los primeros lugares del Índice de accesibilidad a la información en Internet IAcc. En el 2014, nuestro país obtuvo el tercer lugar, después de Chile y Brasil.