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19 de septiembre de 2018

HONORABLE ASAMBLEA
La Presidencia de la LIX Legislatura encomendó a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el estudio y dictamen, de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por el Diputado Aquiles Cortés López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Agotado el estudio cuidadoso de la iniciativa de decreto y discutido a satisfacción de los integrantes de las comisiones legislativas, nos permitimos, con fundamento en lo previsto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo señalado en los artículos 13 A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento, emitir, el siguiente:
DICTAMEN
ANTECEDENTES
La iniciativa de decreto fue presentada por el Diputado Aquiles Cortés López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en uso del derecho de iniciativa legislativa previsto en los artículos 51
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
Conforme el estudio desarrollado, encontramos que la iniciativa legislativa, propone mejorar el procedimiento laboral y, en el ámbito municipal, favorece el cumplimiento oportuno de pago de laudos para proteger a la Hacienda Municipal.
CONSIDERACIONES
La Legislatura del Estado es competente para estudiar, discutir y resolver la iniciativa de decreto, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración del gobierno.
Coincidimos en que las normas jurídicas y las propias instituciones encargadas de impartir la justicia laboral, así como sus procedimientos y actuaciones requieren actualizarse, permanentemente.
Los integrantes de las comisiones legislativas advertimos que, el ordenamiento legal burocrático que rige las relaciones del Estado con sus trabajadores debe mejorar su contenido para favorecer, con mayor eficacia, la certidumbre, la certeza y la celeridad jurídica, necesarias para la defensa de sus derechos laborales.
Por ello, creemos que es necesario un cambio en los procedimientos, con el objeto de que las partes involucradas en un juicio laboral accedan a una justicia pronta y expedita, como lo establece nuestra Carta Magna y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Asimismo, estimamos que para la atención y solución de la problemática en materia de conflictos laborales que enfrentan los ayuntamientos y que afecta sus Haciendas Públicas, es indispensable establecer un marco legal que otorgue atribuciones a determinados servidores municipales para prevenir y en su caso solucionar dicha problemática.
En este sentido, destacamos que las modificaciones contenidas en la iniciativa de decreto, permitir prevenir la acumulación de asuntos laborales, al incorporar la figura de la caducidad del juicio por inactividad procesal de 120 días.
Por otra parte, perfecciona la legislación, en congruencia con su vocación social, al ampliar la aplicación supletoria en el procedimiento laboral de los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que deriven del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.
Encontramos también que contribuye a eficientar las funciones de la autoridad laboral y acelerar los procedimientos, incorporando las notificaciones vía correo electrónico por el Tribunal o Sala, con lo que, además, se aprovecha la tecnología en favor de la propia justicia laboral.