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C 243/2

ES

Diario Oficial de la Unión Europea
23.7.2020

favorables, el crecimiento de los salarios reales ha aumentado lentamente y sigue siendo exiguo, ya que en 2018 se situó por debajo del 1 %, se calcula que ha estado aproximadamente al mismo nivel en 2019 y está previsto que alcance el 0,7 % y el 0,8 % en 2020 y 2021, respectivamente. Tal como se menciona en el Informe sobre el Mecanismo de Alerta de 2020 adoptado por la Comisión el 17 de diciembre de 2019, se prevé que el superávit por cuenta corriente de la zona del euro disminuya, aunque se mantenga cercano al máximo. Los Estados miembros con déficit han reducido sus déficits por cuenta corriente o han logrado superávits, aunque siguen registrando posiciones de inversión internacional neta ampliamente negativas.

Al mismo tiempo, aunque algunos Estados miembros redujeron su superávit por cuenta corriente, persisten en aplicar un superávit por cuenta corriente elevado y, por lo tanto, aumentan su posición de inversión internacional neta. La dinámica de la balanza de pagos por cuenta corriente en la zona del euro se ve afectada por el debilitamiento de la demanda exterior, especialmente en los Estados miembros orientados hacia la exportación con elevados superávits por cuenta corriente, que dependen en gran medida de la demanda de exportación exterior.
También es importante una dinámica favorable a la demanda, y los Estados miembros con amplio superávit también contribuirían al reequilibrio reforzando las condiciones que respaldan las subidas salariales, dentro del respeto del papel de los interlocutores sociales, así como la inversión pública y privada.

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A fin de aumentar el potencial de crecimiento al tiempo que se garantiza la sostenibilidad medioambiental y social, y lograr una convergencia real entre los Estados miembros de la zona del euro es preciso introducir reformas estructurales que impulsen un crecimiento sostenible y realizar inversiones en capital tangible e intangible que incrementen la productividad. Estas medidas favorecerían en particular a aquellos Estados miembros cuyo potencial de crecimiento es netamente inferior a la media de la zona del euro. También serían necesarias para evitar que la economía de la zona del euro se suma en un período prolongado de bajo potencial de crecimiento y escasa productividad, baja inflación y poco aumento de los salarios, así como de ahondamiento de las desigualdades. Las reformas y la inversión siguen siendo fundamentales para garantizar que la zona del euro imprima un nuevo impulso al crecimiento, supere las mayores presiones a medio y largo plazo derivadas del declive demográfico y facilite la transformación hacia una economía sostenible, contribuyendo así a que la zona del euro y sus Estados miembros alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

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El impacto económico del cambio climático, uno de los mayores riesgos sistémicos a los que se enfrentan actualmente la economía mundial, los sistemas financieros y las sociedades, empieza a ser perceptible. Los riesgos para la economía mundial que se derivan del cambio climático y, en términos más generales, de la degradación del medio ambiente, están cada vez más presentes y tendrán un efecto generalizado, en particular, en las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Si no van acompañados de las medidas adecuadas, podrían tener consecuencias negativas sobre la resiliencia de nuestras economías, la inclusión y el potencial de crecimiento a largo plazo. En ese contexto, sería esencial invertir y crear las condiciones reglamentarias y financieras necesarias para lograr una transición ordenada hacia una economía sostenible. Si se les hace frente de manera adecuada, los retos medioambientales y climáticos brindan también la oportunidad de revitalizar la economía europea orientándola hacia el desarrollo sostenible. En este sentido, la Comisión ha presentado un Pacto Verde Europeo, planteado como una estrategia de crecimiento para Europa que incluirá una propuesta de la primera ley europea sobre el clima que consagra en una norma el objetivo de la neutralidad climática para 2050. Al mismo tiempo, la transición ecológica deberá tener en cuenta el impacto en los diversos sectores de la sociedad. La inversión destinada a facilitar la transformación hacia una economía sostenible tendrá que ir acompañada de una tarificación del carbono, una normativa adecuada en todos los sectores y de inversiones en la adquisición de cualificaciones y en apoyo para las transiciones laborales, a fin de garantizar que todos los ciudadanos cosechen los beneficios del cambio tecnológico, en particular en aquellos sectores y regiones que se han quedado rezagados en el proceso de la transición digital y ecológica.

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La movilización de fondos públicos y privados para invertirlos en la transición ecológica y digital puede contribuir a sostener el crecimiento a corto plazo y a resolver los desafíos a largo plazo a los que se enfrentan nuestras economías. Aunque la revolución digital pueda brindar oportunidades en términos de productividad, crecimiento y creación de empleo, también puede plantear problemas, en particular para los trabajadores menos cualificados, que carecen de las cualificaciones necesarias para trabajar utilizando las nuevas tecnologías. La existencia de diferentes velocidades en la transición hacia la economía digital entre los Estados miembros de la zona del euro podría suponer un riesgo significativo para la convergencia y la estabilidad macroeconómica. Ello podría verse reforzado por los fuertes efectos de aglomeración, que suelen beneficiar a las grandes ciudades, y por las dinámicas según las cuales quienes se encuentran ya en una situación dominante tienden a acapararlo todo, presentes a menudo en el ámbito de las tecnologías digitales, que podrían incrementar la desigualdad e incidir negativamente en la convergencia. Las inversiones no solo deberían orientarse hacia la generación de investigación e innovación, sino también hacia una mayor difusión de las innovaciones en la economía en su conjunto.