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Primera Sección
DIARIO OFICIAL

Martes 4 de diciembre de 2018

PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE GOBERNACION
DECRETO por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 92 de la propia Constitución; 13, 16, 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, 10, 11, 18 a 25, de la Ley General de Víctimas, y 8 y 112, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y CONSIDERANDO
Que el Titular del Ejecutivo Federal a mi cargo tiene el compromiso, frente a la sociedad en general y de los familiares del caso Ayotzinapa en particular, de proveer, dentro del marco de la legalidad, todo lo que se requiera para esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente, del año 2014, en el Estado de Guerrero;
Que la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y la muerte de seis personas, incluyendo a tres normalistas, han trascendido a la opinión pública en general, nacional e internacional, como una de las más graves violaciones a derechos humanos de la historia reciente de nuestro país;
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y del Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su oficina en México; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Poder Judicial de la Federación, desde sus respectivos ámbitos de competencia, han cuestionado la investigación inicialmente realizada por la Procuraduría General de la República;
Que el Ejecutivo a mi cargo hace una categórica manifestación de la urgente necesidad del debido esclarecimiento de los hechos, no sólo para encontrar y procesar a todos los responsables y reparar las violaciones a los derechos humanos, sino además, porque no saber lo que realmente pasó, nos afecta a todos y todas. La incertidumbre se equipara a la inseguridad;
Que la presente administración tiene claro que no habrá justicia plena si no se sabe la verdad, ya que es un imperativo de este gobierno dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa;
Que se ha tomado la decisión de instruir a diversos organismos de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias, conformen una Comisión que contribuya al fortalecimiento del derecho de los familiares de las víctimas a la búsqueda de la verdad;
Que la Comisión que se crea, será la encargada de proveer a los familiares de las víctimas y sus asesores, como parte coadyuvante de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, de todos los recursos materiales y humanos que se requieran para fortalecer el ejercicio del derecho que tienen para que las investigaciones se reconduzcan adecuadamente, a satisfacción de los ofendidos y de la sociedad en general, que reclaman el esclarecimiento de los hechos y las consecuencias que de ello se deriven;
Que la decisión es independiente, pero concordante con el espíritu de lo resuelto por el Poder Judicial, en el entendido de que es un deber del Estado buscar la verdad, sin perjuicio de los derechos que en términos de la Ley General de Víctimas puedan asistir a los afectados;
Que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal intervendrán con el objeto de proveer condiciones que robustezcan el ejercicio de los derechos que tienen los familiares de las víctimas, proponiendo para ello constituir una Comisión que agrupe y coordine los recursos y los esfuerzos que se precisen para tal fin. Asimismo, es convicción de este gobierno instruir a las dependencias y entidades para que colaboren en el esclarecimiento de los hechos y en asegurar la verdad de lo sucedido;
Que la integración de la Comisión será, al menos, por los familiares de los afectados o quien ellos designen que los represente; un representante de las secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran y que sean contratados con los recursos con los que se provea a la Comisión, y