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Miércoles 15 de junio de 2022

Número 136

JUNTAS ELECTORALES DE ZONA

CAZALLA DE LA SIERRA
Don Isabelo José Román Belmonte, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Cazalla de La Sierra Sevilla.
Hace saber: Que con fecha 13 de junio de 2022, con motivo de la convocatoria de Elecciones al Parlamento de Andalucía previstas para el próximo día 19 de junio de 2022, a tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la L.O.R.E.G., con motivo de la modificación de los miembros judiciales de esta Junta Electoral de Zona, la misma ha quedado constituida de la siguiente forma:
Presidente:

Don Juan Enrique León Merchan.

Juez del Juzgado de Paz de Constantina.
Vocales:

Don Alonso Reyes Vázquez.

Juez del Juzgado de Paz de Las Navas de la Concepción.

Doña Julia Granado Cabeza.

Juez del Juzgado de Paz de Almadén de la Plata.
Secretario:
Don Isabelo José Román Belmonte.

Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cazalla de la Sierra Sevilla.
Y para que conste y sea publicado en el Boletín Oficial de la provincia, se expide el presente.
En Cazalla de la Sierra a 19 de junio de 2022.El Secretario de la Junta Electoral, Isabelo José Román Belmonte.
36F-3951

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Presidencia El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla, en sesión de fecha 31 de marzo de 2022, aprobó inicialmente la Ordenanza de referencia, ordenándose su publicación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 b de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Habiéndose publicado en el Boletín Oficial de la provincia núm. 87, de fecha 18 de abril de 2022, terminado el plazo de exposición al público y no habiéndose presentado alegaciones o sugerencias, dicho Acuerdo se eleva a definitivo, por lo que se procede a la publicación del texto íntegro de la Ordenanza, entrando en vigor en el plazo de 15 días hábiles previsto en los artículos 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 196 del R.D.L. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el artículo 65.2
de la LBRL.
Asimismo, el texto íntegro definitivo se encuentra publicado en el Portal de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 c de la Ley 19/13, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 13.1.c de la Ley 1/14, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Y SUS ENTES INSTRUMENTALES

Exposición de motivos I. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos LAE, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, que desarrolló parcialmente la LAE, así como los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero que regulaban, respectivamente, el Esquema Nacional de Seguridad ENS y el Esquema Nacional de Interoperabilidad ENI en el ámbito de la Administración Electrónica, conformaron el fundamento y motivación para la Ordenanza Reguladora del Uso de los Medios Electrónicos en la Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por el Pleno de esta Corporación en el año 2010, y posteriormente modificada y publicada en el Boletín Oficial de la provincia núm.105, de 9 de mayo de 2015. Dicha Ordenanza tenía como objetivo principal facilitar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración provincial por medios electrónicos, regulando los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad propia, tanto en las relaciones interadministrativas como en las relaciones con la ciudadanía.
En otro orden, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía en su artículo 12.1.d atribuye expresamente a la provincia la competencia de asistencia para la implantación de tecnología de la información y de las comunicaciones, así como la administración electrónica. Y en esta línea, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que al modificar el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establece como competencia específica de las Diputaciones Provinciales, la prestación de los servicios de administración electrónica en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
II. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, han superado la concepción inspiradora de la Ley 11/2007, de 22 de junio, introduciendo un nuevo paradigma y conformando un nuevo marco jurídico para el funcionamiento electrónico de las Administraciones públicas. La tramitación electrónica de los procedimientos se configura como la actuación habitual de las Administraciones y se prevé que las relaciones de éstas entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes se realice a través de medios electrónicos.