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B.O.P. número 109

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Granada, jueves, 16 de julio de 2020

En el ámbito estatal, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece entre los fines de la propia Ley la coordinación de los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en 2017, refleja la unión y el consenso en el Estado español para el desarrollo de políticas en materia de violencia de género.
El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, adopta algunas medidas necesarias para avanzar en la erradicación de la violencia de género y en el logro de una sociedad libre de violencia sobre las mujeres. También modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, añadiendo un párrafo o al apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con la siguiente redacción: El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: o Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género.
En el ámbito andaluz, la ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, amplía el concepto de víctima de violencia de género, además de a los menores, a otros colectivos como son las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, sujetas a la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima de la violencia de género, que convivan en el entorno violento, así como a las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados como forma de violencia vicaria Son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, reconocido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
En este marco, la lucha contra la violencia de género es una prioridad política clave para el actual equipo de gobierno de la Diputación de Granada, especialmente para la Delegación de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica. Por eso consideramos esencial trabajar a través de un Plan para la erradicación de la violencia de género, de carácter provincial, que denote el compromiso de esta Corporación en la lucha contra esta lacra, y que complementará el trabajo que realizan los municipios.
El 78% de los municipios y entidades locales de nuestra provincia tiene menos de 5.000 habitantes. El trabajo de sensibilización y prevención en el medio rural tiene sus especificidades respecto a la realidad urbana. Aunque hay buenas experiencias y en muchos municipios se realizan importantes esfuerzos, es preciso profundizar en la cultura de coordinación y cooperación con el fin de rentabilizar los recursos y el trabajo.
En ese sentido, el papel de la Diputación de Granada es fundamental.

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En enero de 2019 se aprobó en el Pleno de la Diputación de Granada una Moción de Refuerzo y Puesta en Valor de las Medidas Contempladas en el Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género. Éste fue un paso más en una amplia trayectoria de trabajo frente a la violencia de género que realiza la Diputación de Granada, que viene posicionándose contras las agresiones machistas en todas sus reuniones plenarias y aprobando Declaraciones Institucionales periódicas cuyo contenido se ha ido ejecutando estos años junto al Plan Provincial contra la Violencia de Género, evaluado el año 2018, y la Estrategia Provincial para la Igualdad de Género.
En diciembre de 2019 se aprobó en el Pleno provincial el texto sobre el que ahora se informa como moción presentada por el Grupo Socialista, consensuada y apoyada por los grupos Provinciales: Grupo Popular, Grupo Ciudadanos, Grupo Izquierda Unida para la Gente y Grupo Adelante. Se ha elaborado un documento que se divide en 10 Ejes y recoge 83 medidas que pueden poner en marcha indistintamente las entidades firmantes que se adhieran una vez aprobado y realizada su difusión y que se basan en la colaboración y coordinación institucional, el trato adecuado a las víctimas de la violencia de género, el trabajo en prevención y la sensibilización.
El Pacto Provincial contra la Violencia de Género 2020-2024 de la Diputación de Granada se enmarca dentro de la normativa sectorial en materia de Igualdad. El Acuerdo quinto adoptado en el Pleno de esta Diputación de 12 de junio de 2014, y en relación a la Propuesta formulada por el Sr. Vicepresidente Segundo, con la incorporación de las modificaciones planteadas por la Comisión Técnica de 11 de junio de 2014, se establece que:
Se consideran competencias propias de la Excma. Diputación Provincial de Granada, entre otras, la Atención y protección a las victimas violencia de género. Este mismo Acuerdo clasifica como competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación, la Prevención en Violencia de Género, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Este Pacto es un documento abierto a toda la sociedad para que cualquier entidad pueda manifestar, con la adhesión al mismo, su rechazo y condena a todo tipo de violencia que se ejerza como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, en todas sus manifestaciones.
Las instituciones, asociaciones, empresas y colectivos que se adhieran al Pacto Provincial contra la Violencia de Género impulsado por la Diputación de Granada se comprometerán a definir unas o varias acciones que pondrán en marcha para colaborar en el cumplimiento de los objetivos comunes y que obedecerán a una o varias medidas de los ejes de trabajo antes expuestos y que coinciden con los del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Esas acciones deberán ser encuadradas dentro de un marco temporal concreto y serán susceptibles de verificación y evaluación. A tal efecto, la entidad enviará