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MIÉRCOLES, 27 DE MARZO DE 2024 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 9

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, SEGURIDAD
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
CVE-2024-2394

Orden PRE/28/2024, de 26 de marzo, por la que se procede a la convocatoria de las ayudas a los Ayuntamientos para vigilancia, rescate y salvamento en las playas de Cantabria durante el año 2024.

El artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, establece como competencia municipal mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.
Así mismo compete a los Ayuntamientos la prestación del servicio de protección civil, prevención y extinción de incendios artículo 25.2.f de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRLen su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre. Por otra parte, se atribuyen a los municipios competencias para la protección de la salubridad pública artículo 25.2.j de la LRBRL. Como consecuencia de lo anterior, enmarcada en sus competencias en materia de protección civil, la mayoría de los municipios del litoral cántabro prevén en sus presupuestos cantidades destinadas al salvamento y seguridad de vidas humanas en sus playas.
En virtud del artículo 30 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, en relación con los artículos 36 y 40 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponde a la Comunidad Autónoma la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.

Así, reiteradamente, las distintas Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria han venido incluyendo una partida presupuestaria destinada a financiar por medio de subvenciones los gastos municipales originados por la puesta en marcha y funcionamiento de los servicios de salvamento y seguridad en playas. En base a ello, se han venido aplicando unas bases reguladoras de estas subvenciones, siendo las últimas aprobadas por la Orden PRE/17/2019 de 25 de marzo, publicada en el BOC nº 70 de 9 de abril de 2019, que, a su vez, fueron modificadas por la Orden PRE/1/2021, de 7 de enero, publicada en el BOC nº 13 de 21 de enero de 2021 y por la Orden PRE/169/2022, de 16 de diciembre publicada en el BOC nº 247 de 28 de diciembre de 2022. Dado el tiempo transcurrido y las modificaciones que se han llevado a cabo, se ha considerado conveniente la aprobación de unas nuevas bases reguladoras que refundan todas las modificaciones, introduciéndose además nuevos cambios que tienen como finalidad mejorar la seguridad en los arenales de Cantabria.

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boc.cantabria.es
CVE-2024-2394

La Ley de Cantabria 3/2019, de 8 de abril, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria, atribuye a la Consejería competente en materia de protección civil, la función de desarrollar y coordinar las políticas y programas de protección civil según las directrices emanadas del Gobierno de Cantabria. En este sentido, el Gobierno de Cantabria está interesado en potenciar la existencia de un dispositivo integral de intervención en el ámbito de las urgencias y emergencias en las playas y el mar. Por este motivo, y dado que el ejercicio de esta competencia conlleva un gran esfuerzo económico de los Ayuntamientos, el Gobierno de Cantabria considera procedente la concesión de subvenciones para la realización del servicio de vigilancia y rescate en playas y salvamento en la mar, cooperando económicamente en la financiación, en la medida de lo posible, con los Municipios para la prestación de este servicio, por medio de una subvención, en la que se tiene en cuenta para su otorgamiento un procedimiento que permite un reparto justo y equitativo, y en el que prima, en cumplimiento a lo dispuesto en el precitado artículo 36.1.b de la LRBRL, la asistencia y cooperación económica a los Municipios de menor capacidad económica y de gestión.

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