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MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL DE 2020 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 25

contemplando específicamente en el apartado cinco la recepción de los contratos financiados con cargo al capítulo VI, y en el apartado Ocho la comprobación material de la inversión de las obras ejecutadas, siendo responsabilidad del Interventor General la designación del Interventor Delegado de la Intervención.
Por su parte, la Disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo señala: "Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que este manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente Real Decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios". Igualmente, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, en materia de contratos, y la Instrucción de 19 de marzo de 2020 firmada por la Dirección General del Servicio Jurídico y la Intervención General relativa a la Interpretación de las disposiciones adicionales tercera y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y del artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, en materia de contratos.
Finalmente, debe tenerse en cuenta también el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
En virtud de lo anterior, esta Intervención General, DISPONE:
Primero.
En los casos en que el interventor general de la Comunidad Autónoma de Cantabria haya designado o designe un representante de la Intervención General y, en su caso, un asesor, para intervenir la comprobación material de la inversión, en uso de las facultades que corresponden a esta Intervención General, se autoriza a que los actos de recepción correspondientes a las entregas que se produzcan durante el período de duración del estado de alarma, se puedan realizar sin la asistencia de los representantes designados por la Intervención General.
Segundo.
Cuando la fecha en la que vaya a tener lugar el acto formal de recepción de dichas entregas, esté comprendida en el período de duración del estado de alarma, los representantes designados por la Intervención General comunicarán al gestor si, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior de esta Resolución, asistirán o no a dicho acto.

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En los supuestos indicados en el apartado primero, cuando la comprobación de la inversión se realice sin la asistencia de los representantes designados por la Intervención General, se justificará con un acta firmada por quienes participaron en la misma o con un certificado expedido por el jefe del centro directivo, dependencia u organismo a que corresponda recibir o aceptar la prestación o servicio, en la que se expresará, con el detalle necesario, la circunstancia de haberse ejecutado la prestación o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que hubieran sido previamente establecidas.

CVE-2020-2641

Tercero.

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