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Boletín Oficial de Canarias núm. 252

36725

Miércoles 9 de diciembre de 2020

Así, teniendo en consideración los riesgos derivados de la movilidad de la ciudadanía para la propagación del virus, y en particular ese riesgo para regiones con distintos niveles de incidencia, el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, sigue las recomendaciones de organismos internacionales de limitar la movilidad y establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, así como de ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior. Sin embargo, establece algunas excepciones con el fin de que la restricción no resulte desproporcionada y, en particular, para que determinados derechos y deberes de la ciudadanía no se vean limitados severamente por dichas restricciones.
En relación con las restricciones y en el marco de la mencionada cogobernanza, el real decreto prevé igualmente en su preámbulo y en el artículo 6 que, con el fin de garantizar la proporcionalidad de la medida y la adecuación a la situación de cada territorio, los presidentes de las Comunidades autónomas puedan, además de establecer o eliminar dicha restricción, modular las condiciones de esta.
Cuarto.- Dada la progresiva extensión entre los Estados miembros de la Unión Europea de medidas encaminadas a restringir la movilidad con el fin de frenar la expansión de la pandemia, el Consejo dictó la Recomendación UE 2020/1475, de 13 de octubre de 2020, sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19. Dado el impacto en las libertades de la Unión de dichas restricciones, el Consejo decidió establecer criterios interpretativos ponderando la necesidad de establecer medidas restrictivas que garanticen la salud pública, con la preservación de las libertades de la Unión. En ese sentido, la mencionada recomendación señala que, a la luz de la libre circulación, los Estados no deben denegar la entrada a personas desde otro Estado miembro.
Igualmente, con ese fin de garantizar la seguridad pública, deja en manos de los Estados miembros la posibilidad de establecer controles exigiendo a los viajeros procedentes de zonas no calificadas como verde que se sometan a cuarentena y/o se sometan a una prueba de detección de COVID-19 después de su llegada. Asimismo, señala que los Estados pueden proponer a los viajeros, a su elección, la posibilidad de sustituir la prueba de COVID-19
posterior a la llegada, por una prueba de detección realizada en origen o antes de la llegada.
Quinto.- En paralelo a las medidas decretadas al amparo del régimen del estado de alarma, y en el marco de las restricciones internacionales mencionado, distintos órganos del Gobierno de España y de la Administración General del Estado han dictado, en ejercicio de sus competencias ordinarias, medidas igualmente limitativas o de control de la movilidad internacional. Entre ellas, la Dirección General de Salud Pública dictó Resolución de 11 de noviembre de 2020, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España BOE nº 298, de 12.11.2020. En ella, al amparo de la disposición adicional sexta del Real Decreto ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, se dispone el control sanitario de los pasajeros que lleguen a España por vía área o marítima. Dicho control se circunscribe a la exigencia de un formulario a la entrada, junto con la presentación de una prueba de detección de infección activa de COVID-19 de tipo RT-PCR.
Sexto.- Igualmente en el uso de sus competencias ordinarias, la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó, mediante Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida
https sede.gobcan.es/boc
boc-a-2020-252-4794