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EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO Y DON VICENTE GIMENO SENDRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 1.359/1986 Y 2.265/1989 (ACUMULADAS), PROMOVIDAS RESPECTIVAMENTE POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, SOBRE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 4.

, DE LA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA, Y LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 3. , DE LA LEY 6/1985, DE 28 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACION DE LA FUNCION PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, Y POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, SOBRE LA DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA, APARTADO 2. , DE LA LEY 2/1987, DE 30 DE MARZO, DE FUNCION PUBLICA DE CANARIAS, EN RELACION CON LOS ARTS. 14, 23.2 Y 103.3 DE LA CONSTITUCION.

HAN SIDO PARTES EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, EL ABOGADO DEL ESTADO, EL PARLAMENTO DE ANDALUCIA, EL PARLAMENTO DE CANARIAS Y EL GOBIERNO CANARIO, Y PONENTE EL MAGISTRADO DON VICENTE GIMENO SENDRA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1. CON FECHA DE 18 DE DICIEMBRE DE 1986 TIENE ENTRADA EN EL REGISTRO GENERAL DE ESTE TRIBUNAL UN AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA POR EL QUE SE PROMUEVE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD RELATIVA A LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEXTA, APARTADO 4. , Y SEXTA, APARTADO 3. , DE LAS LEYES 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA, Y 6/1985, DE 28 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACION DE LA FUNCION PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, RESPECTIVAMENTE, POR ENTENDER QUE DICHOS PRECEPTOS PODRIAN CONCULCAR LOS ARTS. 14, 23.2 Y 103.3 DE LA C.E.

LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD TIENE SU ORIGEN EN TRES RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, ACUMULADOS, INTERPUESTOS POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE PROTECCION JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, CONTRA SENDOS ACUERDOS DE 26 DE FEBRERO DE 1986, DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE ANDALUCIA, POR LOS QUE SE CONVOCABAN PRUEBAS ESPECIFICAS DE ACCESO A CUERPOS DE FUNCIONARIOS DE DICHA COMUNIDAD. LOS RECURRENTES, EXCLUIDOS DE LAS PRUEBAS, ESTIMABAN QUE ESTABAN EN POSESION DE LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 3. , DE LA LEY 6/1985, OBJETO DE LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, AUTORIZABA AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA <CONVOCAR PRUEBAS ESPECIFICAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, PARA EL PERSONAL AL QUE SEA DE APLICACION LO PREVISTO EN EL DECRETO 153/1982, DE 22 DE DICIEMBRE, ASI COMO PARA EL QUE HABIENDO SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS, CELEBRADAS EN VIRTUD DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA, CON ANTERIORIDAD AL DIA 23 DE AGOSTO DE 1984, ESTE OCUPANDO PUESTOS DE TRABAJO CON CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE COLABORACION TEMPORAL, SIN PERJUICIO DE QUE AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL APARTADO 1, HUBIESE ADQUIRIDO LA CONDICION DE INTERINO>.

LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO ANDALUZ, ADOPTADOS EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 3. , DE LA LEY 6/1985, FIJAN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, ESTABLECIENDO QUE LA MISMA ES APTA PARA: A) EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE PRESTANDO SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCIA COMO CONSECUENCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CARACTER TRANSITORIO, AL QUE HAYA ACCEDIDO TRAS LA SUPERACION DE PRUEBAS SELECTIVAS LIBRES, CUYA CONVOCATORIA HUBIESE SIDO PUBLICADA EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA>, CON ANTERIORIDAD AL 23 DE AGOSTO DE 1984; B) EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE PRESTANDO SERVICIOS EN LA JUNTA DE ANDALUCIA COMO CONSECUENCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COLABORACION TEMPORAL AL QUE SE REFIERE EL DECRETO 153/1982, DE 22 DE DICIEMBRE, Y C) AQUELLOS QUE TENIENDO LA MISMA PROCEDENCIA SE ENCUENTREN EN SITUACION DE SUSPENSION TEMPORAL DE SERVICIOS AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REAL DECRETO-LEY 22/1982, DE 7 DE DICIEMBRE. EN APLICACION DE DICHAS BASES, RESULTARON EXCLUIDOS LOS SIGUIENTES COLECTIVOS: A) LOS CONTRATADOS (HOY INTERINOS) TRANSFERIDOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A LA JUNTA DE ANDALUCIA; B) LOS CONTRATADOS (HOY INTERINOS) QUE SUPERARON PRUEBAS SELECTIVAS EN CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCIA, PERO NO EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA>, CON ANTERIORIDAD AL 23 DE AGOSTO DE 1984, Y C) LOS CONTRATADOS QUE SUPERARON PRUEBAS SELECTIVAS EN LAS MISMAS CONDICIONES PERO EN CONVOCATORIAS PUBLICADAS CON POSTERIORIDAD AL 23 DE AGOSTO DE 1984.

FUNCIONARIOS CONTRATADOS E INTERINOS QUE ESTABAN EN TALES CIRCUNSTANCIAS INTERPUSIERON RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, REGISTRADOS CON LOS NUMEROS 693, 900 Y 901, QUE FUERON ACUMULADOS, SUPLICANDO A LA SALA QUE DICTASE SENTENCIAS ANULANDO LOS ACUERDOS RECURRIDOS, DECLARANDO SU DERECHO A SER ADMITIDOS EN ESAS CONVOCATORIAS Y PLANTEANDO, EN SU CASO, CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 3. , DE LA LEY 6/1985. POR AUTO DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1986, LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL HOY TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA PLANTEO LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS MENCIONADAS DE LAS LEYES ESTATAL Y AUTONOMICA DE FUNCION PUBLICA, CON BASE EN LA ARGUMENTACION QUE A CONTINUACION SE RESUME.

LA SALA DECLARA QUE <EN MATERIA CONSTITUCIONAL NO SE ENCUENTRA VINCULADA CON LAS PETICIONES DE LAS PARTES> Y POR ESO ENTIENDE QUE, AUNQUE LOS TRES RECURSOS ACUMULADOS SE PRESENTEN POR PERSONAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EXCLUIDO DE LAS PRUEBAS CONVOCADAS, ELLO NO LE IMPIDE ESTUDIAR SI, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS CIUDADANOS NO LIGADOS EN UNA RELACION ESPECIAL CON LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, SE VIOLAN EN LAS CONVOCATORIAS LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LOS ARTS. 14, 23.2 Y 103.3 DE LA C.E. SOBRE LA BASE DE ESTE PLANTEAMIENTO, Y CITANDO LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE LAS PRUEBAS RESTRINGIDAS (SSTC 42/1981 Y 50/1986) LA SALA CONCLUYE QUE LAS RESTRICCIONES PREVIAS QUE SE IMPUSIERON A LA CONDICION DE LOS PARTICIPANTES EN ELLAS LAS CONVIRTIO EN PRUEBAS PARA PERSONAS DETERMINADAS, RESULTANDO DE ELLO UN PRIVILEGIO PROSCRITO POR LA C.E. A CONTINUACION, LA SALA AFIRMA QUE LA DISCRIMINACION O TRATO DESIGUAL DE LOS RECURRENTES FUNCIONARIOS INTERINOS Y CONTRATADOS NACE DE LA APLICACION DIRECTA DE LA C.E. Y NO DE LA INFRACCION DE LA LEGALIDAD ORDINARIA, Y TERMINA AFIRMANDO LA PERTINENCIA DE PLANTEAR LA CUESTION CON EL SIGUIENTE RAZONAMIENTO: <LA SENTENCIA A DICTAR EN LOS RECURSOS ACUMULADOS TIENE EL OBSTACULO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 4. , DE LA CITADA LEY 30/1984, DE 2 DE AGOSTO, DE REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA, Y LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 3. , DE LA LEY DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1985, DE ORDENACION DE LA FUNCION PUBLICA DE ANDALUCIA, QUE PERMITE ESTABLECER LOS REQUISITOS FIJADOS EN LAS BASES DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA DE 26 DE FEBRERO DE 1986, POR LO QUE HA DE PLANTEARSE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE TALES NORMAS LEGALES>.

2. POR AUTO DE 14 DE ENERO DE 1987, LA SECCION PRIMERA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA:

ADMITIR A TRAMITE LA REFERIDA CUESTION; DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES, CONFORME ESTABLECE EL ART. 37.2 DE LA LOTC, AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL GOBIERNO, AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y AL PARLAMENTO Y AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL OBJETO DE QUE, EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS, PUEDAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR LAS ALEGACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, ASI COMO PUBLICAR LA INCOACION DE LA CUESTION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> PARA GENERAL CONOCIMIENTO.

3. EN ESCRITO PRESENTADO EL 10 DE FEBRERO DE 1987, LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMUNICA QUE, AUNQUE DICHA CAMARA NO SE PERSONARA EN EL PROCEDIMIENTO NI FORMULARA ALEGACIONES, PONE A DISPOSICION DE ESTE TRIBUNAL LAS ACTUACIONES DE LA CAMARA QUE PUEDA PRECISAR.

4. EN ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL 4 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO SE PERSONA EN LAS ACTUACIONES Y FORMULA LAS OPORTUNAS ALEGACIONES, CONSIDERANDO, QUE PROCEDE LA DESESTIMACION DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD. DE UNA INTERPRETACION SISTEMATICA Y ARMONIZADORA DEL CONJUNTO DE REGLAS INTEGRADO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LAS LEYES ESTATAL Y AUTONOMICA ES FACIL DEDUCIR QUE DICHAS LEYES NO IMPONEN LAS RESTRICCIONES QUE LOS RECURRENTES COMBATEN EN LOS PROCESOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, POR LO QUE DEBE CONCLUIRSE QUE TODOS LOS PROBLEMAS SUSCITADOS EN DICHOS PROCESOS SE CENTRAN EN LOS ACUERDOS DE CONVOCATORIA QUE SON LOS QUE IMPONEN ESAS RESTRICCIONES, Y NO EN LA HIPOTETICA DISCREPANCIA DE LAS MENCIONADAS LEYES CON LA C.E. POR LO QUE SE REFIERE A LA LEY 30/1984 NO CABE DUDA QUE POR LAS EXPRESIONES UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES APARTADOS DE SU DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA (<TODO EL PERSONAL>, <EL PERSONAL CONTRATADO ADMINISTRATIVO DE COLABORACION TEMPORAL DEPENDIENTE DE LAS MISMAS> (LAS COMUNIDADES AUTONOMAS) Y <LOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS EN EXPECTATIVA DE ACCESO A SU RESPECTIVA FUNCION PUBLICA>), PARA EL LEGISLADOR ESTATAL LAS PRUEBAS RESTRINGIDAS DEBEN SER CONVOCADAS DE FORMA QUE TENGAN POSIBILIDAD DE ACCEDER A ELLAS LOS DISTINTOS GRUPOS DE CONTRATADOS ADMINISTRATIVAMENTE BAJO EL MODULO DE COLABORACION TEMPORAL. POR LO QUE RESPECTA A LA LEY AUTONOMICA, SU DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 3, TAMPOCO HACE NINGUN TIPO DE DISTINCION QUE PERMITA EXCLUIR A LOS FUNCIONARIOS INTERINOS TRANSFERIDOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA, PUES SE REFIERE GENERICAMENTE AL PERSONAL AL QUE SEA DE APLICACION EL DECRETO 153/1982, QUE CONTEMPLA AMBOS TIPOS, NI A AQUELLOS QUE SUPERARON PRUEBAS CONVOCADAS EN UN MEDIO DISTINTO AL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA>, YA QUE LA DISPOSICION TRANSITORIA MENCIONADA HABLA GENERICAMENTE DE <CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA>, SIN ALUDIR AL <DIARIO OFICIAL> COMO LUEGO HICIERON LOS ACUERDOS IMPUGNADOS. FINALMENTE ALEGA EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO QUE LA SALA DE SEVILLA, LEJOS DE CONSIDERAR LOS SUPUESTOS CONCRETOS DEL PROCESO Y RELACIONARLOS CON LAS POSIBLES VULNERACIONES CONSTITUCIONALES, PASA POR ENCIMA DE ELLOS Y PROPONE UNO NUEVO, QUE ESTIMA INSITO EN LA DEMANDA, Y QUE ES EL DE ESTUDIAR SI DESDE EL PUNTO DE VISTA DE TODOS LOS CIUDADANOS SE VIOLAN LOS ARTS. 14, 23.2 Y 103.3 DE LA C.E., AL CONVOCAR ESTE TIPO DE PRUEBAS RESTRINGIDAS. POR TODO LO CUAL LA SALA HA PLANTEADO MAS BIEN UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

5. EL PARLAMENTO DE ANDALUCIA, POR ESCRITO PRESENTADO EL 5 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, SE PERSONA Y, TRAS HACER LAS PERTINENTES ALEGACIONES, SUPLICA QUE SE DICTE SENTENCIA DESESTIMANDO LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. EMPIEZA ARGUMENTANDO QUE LA CONSTITUCION ARTS. 23.2 Y 103.3 EXIGE QUE EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA SE REALICE ATENDIENDO EXCLUSIVAMENTE A PRINCIPIOS DE MERITO Y CAPACIDAD, PERO NO IMPONE UNA FORMA ESPECIFICA DE CONVOCATORIA. HAN SIDO LAS LEYES DE FUNCION PUBLICA ESTATAL Y AUTONOMICA LAS QUE HAN CONCRETADO DICHOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES A TRAVES DE UNAS TECNICAS DE SELECCION ESPECIFICAS, LO QUE SIGNIFICA QUE ESTAMOS ANTE UN PROBLEMA DE LEGALIDAD ORDINARIA Y NO DE CONSTITUCIONALIDAD, POR CUANTO DICHOS OBJETIVOS PODRIAN HABERSE CUMPLIDO MEDIANTE LA UTILIZACION DE OTRAS TECNICAS DE SELECCION IGUALMENTE OBJETIVAS E IMPARCIALES Y, EN CONSECUENCIA, RESPETUOSAS CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL. PLANTEADA LA CUESTION EN TERMINOS DE SIMPLE LEGALIDAD, EL PARLAMENTO ANDALUZ EXAMINA LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 30/1984 A LA LUZ DEL ART. 19.1 DE LA MISMA Y CONCLUYE QUE SI BIEN ES CIERTO QUE LA REGLA GENERAL PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA ES LA LIBRE CONVOCATORIA, LA CITADA DISPOSICION TRANSITORIA HA PREVISTO, COMO EXCEPCION A ESA REGLA, LA CELEBRACION DE CONCURSOS ESPECIFICOS, PARA ATENDER A LOS PROBLEMAS DE PERSONAL QUE SURGIERON EN LOS PRIMEROS MOMENTOS DE LA CREACION DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS. EL PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL INTERPRETA LA PROHIBICION DE EFECTUAR PRUEBAS RESTRINGIDAS PARA EL PERSONAL CONTRATADO ADMINISTRATIVO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, CONTENIDA EN EL ART. 34.3 DEL ENTONCES PROYECTO DE LEY ORGANICA ARMONIZADORA DEL PROCESO AUTONOMICO, COMO UNA PROHIBICION MERAMENTE TRANSITORIA, HASTA TANTO NO SE PROMULGARA LA LEGISLACION BASICA DEL REGIMEN ESTATUTARIO DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PREVISTA EN EL ART. 149.1 DE LA C.E. EN LA MISMA SENTENCIA, EL TRIBUNAL RECONOCIA LA POSIBILIDAD DE QUE ESAS NORMAS BASICAS ESTABLECIERAN PRUEBAS DE CARACTER RESTRINGIDO (STC 76/1983).

FINALMENTE, EN CUANTO A LA SUPUESTA DISCRIMINACION SUFRIDA POR LOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO FRENTE A LOS QUE LO FUERON POR LA ADMINISTRACION AUTONOMA ANDALUZA, EL PARLAMENTO ANDALUZ ENTIENDE QUE NO ES TAL, YA QUE NO SE DA LA IDENTIDAD ENTRE AMBOS SUPUESTOS QUE SON DISTINTOS ENTRE SI, TANTO POR SU ORIGEN COMO POR SU REGIMEN JURIDICO. LA DISTINCION ENTRE UNO Y OTRO TIPO DE CONTRATADOS PRESENTE EN EL REAL DECRETO 3.852/1982, DE 22 DE DICIEMBRE, Y EN LA LEY 30/1984, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA JUSTIFICA SUFICIENTE Y RAZONABLEMENTE LA DISTINCION DE TRATO QUE RESULTA DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

6. EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, POR ESCRITO PRESENTADO EL 7 DE FEBRERO DE 1987, SE PERSONA Y TRAS HACER LAS PERTINENTES ALEGACIONES, SUPLICA QUE SE DICTE SENTENCIA DECLARANDO QUE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 4. , DE LA LEY 30/1984, Y LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 3. , DE LA LEY 6/1985, NO INFRINGEN LOS ARTS. 14, 23.2 Y 103.3 DE LA C.E. TODA SU ARGUMENTACION DESCANSA EN LA AFIRMACION SEGUN LA CUAL LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS IMPUGNADAS AUTORIZAN LAS CONVOCATORIAS DE PRUEBAS RESTRINGIDAS EXCLUSIVAMENTE PARA AQUELLOS SUPUESTOS ORIGINADOS CON ANTERIORIDAD A LAS RESPECTIVAS LEYES DE FUNCION PUBLICA Y EN LOS QUE CONCURREN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES O DIFERENCIADAS QUE POR SU PROPIA SINGULARIDAD HAN REQUERIDO UN TRATAMIENTO DISTINTO, RAZON POR LA QUE NO ATENTAN AL ART. 14 DE LA C.E. EN EFECTO, EL TRATAMIENTO DIFERENCIADO QUE SUPONEN LAS PRUEBAS ESPECIFICAS CONVOCADAS POR LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS IMPUGNADAS, NO ES DISCRIMINATORIO, YA QUE ESTA JUSTIFICADO RESPECTO DE LOS DOS COLECTIVOS A LOS QUE SE REFIEREN.

EL PRIMER COLECTIVO ES EL PERSONAL QUE ESTE OCUPANDO PUESTOS DE TRABAJO CON CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE COLABORACION TEMPORAL, Y QUE HAYA SUPERADO PRUEBAS SELECTIVAS CELEBRADAS EN VIRTUD DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA CON ANTERIORIDAD AL 23 DE AGOSTO DE 1984. TODO EL HA SIDO SELECCIONADO EN VIRTUD DE PRUEBAS SELECTIVAS LIBRES, CONVOCADAS Y PUBLICADAS POR EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA> CON ANTERIORIDAD A LA FECHA INDICADA Y EN EL CONCURREN UNAS CIRCUNSTANCIAS, AMPLIAMENTE EXPUESTAS EN LOS ESCRITOS DE CONTESTACION A LAS TRES DEMANDADAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, QUE JUSTIFICAN ESE TRATAMIENTO QUE SUPONEN LAS PRUEBAS ESPECIFICAS, POR LO DEMAS, ABIERTAS, CON CARACTER GENERAL A TODOS LOS QUE SE ENCUENTREN EN DICHAS CIRCUNSTANCIAS. EL SEGUNDO COLECTIVO AL QUE SE REFIERE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 3. , DE LA LEY 6/1985, ES EL DEL PERSONAL AL QUE SEA DE APLICACION EL DECRETO 153/1982, DE 22 DE DICIEMBRE, CONSTITUIDO POR LOS COMUNMENTE LLAMADOS <PREAUTONOMICOS>. EL CONSEJO DE GOBIERNO ANDALUZ, ENTENDIENDO QUE LA REFERENCIA AL DECRETO 153/1982 SE CIRCUNSCRIBE SOLO AL APARTADO 1. DE SU ART. 1. , ALEGA QUE SE TRATA DE PERSONAL QUE NO PROCEDE NI DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO NI DE LA ADMINISTRACION AUTONOMICA, EN AQUEL MOMENTO INEXISTENTE, SINO DE LA <PREAUTONOMIA>. SE TRATA DE UN PERSONAL QUE PRESTO SERVICIOS EN LA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, EN EL QUE CONCURREN CARACTERISTICAS DIFERENCIALES Y SINGULARES QUE PERMITEN UN TRATAMIENTO IGUALMENTE SINGULAR, CON JUSTIFICACION OBJETIVA, RAZONABLE Y ADECUADA A SU NATURALEZA, CUAL ES LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN UNAS CONVOCATORIAS RESTRINGIDAS SIN QUE ELLO ATENTE AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ART. 14 DE LA C.E. EN OTRO ORDEN DE COSAS, SE DICE QUE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS OBJETO DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDEN VULNERAR EL ART. 23.2 DEL TEXTO FUNDAMENTAL PORQUE EL DERECHO DE ACCESO A LOS CARGOS PUBLICOS SE REFIERE SOLO A LOS DE REPRESENTACION POLITICA. TAMPOCO PROCEDE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN RELACION CON EL ART. 103.3, YA QUE EL PROCESO QUE DIO LUGAR A ELLA SE TRAMITO POR LA VIA ESPECIAL DE LA LEY 62/1978 QUE NO ALCANZA A DICHO PRECEPTO. NO OBSTANTE LO CUAL, EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA TERMINA DICIENDO QUE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS NO LESIONAN EL PRINCIPIO DE MERITO Y CAPACIDAD PARA ACCESO A LA FUNCION PUBLICA, ESTABLECIDO EN EL ART.

103.3, PORQUE LAS CONDICIONES QUE ACOTAN Y DEFINEN LOS COLECTIVOS SUJETOS A CONCURSOS ESPECIFICOS PRUEBAS SELECTIVAS EN VIRTUD DE CONVOCATORIAS PUBLICAS, EN UN CASO, Y MAS DE DOS AÑOS Y MEDIO DE SERVICIOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA, EN EL OTRO SE REFIEREN A LOS CONCEPTOS DE MERITO Y CAPACIDAD.

7.

EL ABOGADO DEL ESTADO, EN ESCRITO PRESENTADO EL 9 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, SE PERSONA EN NOMBRE DEL GOBIERNO, Y TRAS HACER LAS PERTINENTES ALEGACIONES, SUPLICA QUE SE DICTE SENTENCIA QUE DECLARE NO HABER LUGAR A PRONUNCIARSE SOBRE LA CUESTION POR FALTAR LAS CONDICIONES PROCESALES PARA ELLO O, SUBSIDIARIAMENTE, DESESTIME LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

TRAS DESCRIBIR EL CUADRO NORMATIVO QUE ES OBJETO DE IMPUGNACION, EL ABOGADO DEL ESTADO MANTIENE QUE LA CUESTION PLANTEADA ES IRRELEVANTE PARA EL FALLO DE LOS PROCESOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS ACUMULADOS QUE DIERON LUGAR A ELLA, YA QUE LOS PRECEPTOS LEGALES CUESTIONADOS NO CONSTITUYEN OBSTACULO ALGUNO NI PARA SU ESTIMACION NI PARA SU DESESTIMACION, LO QUE SIGNIFICA QUE EL FALLO DE ESTOS PROCESOS NO DEPENDE DE LA VALIDEZ DE LAS NORMAS CUESTIONADAS. SI, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 5.3 LOPJ, PROCEDE PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO POR VIA INTERPRETATIVA NO SEA POSIBLE LA ACOMODACION DE LA NORMA AL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL, BASTARIA DEMOSTRAR QUE ESA ACOMODACION HERMENEUTICA ES POSIBLE EN EL PRESENTE CASO PARA CONCLUIR QUE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA ES IRRELEVANTE.

PLANTEADO EL PROBLEMA EN ESTOS TERMINOS LO QUE HAY QUE DETERMINAR ES SI LA HIPOTETICA VIOLACION DE LOS ARTS. 14, 23.2 Y 103.3 DE LA C.E., DE LA QUE PARTE LA SALA DE SEVILLA, DEBE REPROCHARSE INDECLINABLEMENTE A LAS NORMAS LEGALES CUESTIONADAS O, POR EL CONTRARIO, AL ACTO ADMINISTRATIVO DE CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS, SUJETO AL CONTROL JUDICIAL DE LA SALA PROPONENTE, A BASE DE INTERPRETAR LAS NORMAS LEGALES EN CUESTION, CONFORME AL TEXTO CONSTITUCIONAL. EL ABOGADO DEL ESTADO NIEGA QUE EXISTA LA RELACION DE CONDICIONALIDAD ENTRE LA LEY ESTATAL Y LA AUTONOMICA COMO PRETENDE LA SALA PROPONENTE Y, POR ELLO, LO QUE HAY DE DETERMINAR ES SI LA LEY AUTONOMICA QUE RESPALDA LAS PRUEBAS ESPECIFICAS CONVOCADAS PUEDE SER INTERPRETADA CONFORME A LA CONSTITUCION. LA RESPUESTA DEBE SER AFIRMATIVA, SEGUN EL ABOGADO DEL ESTADO, YA QUE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 3. , DE LA LEY AUTONOMICA PUEDE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE NO EXCLUYE DE LAS PRUEBAS ESPECIFICAS NI A LOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERIDOS DE LA ADMINISTRACION ESTATAL A LA AUTONOMICA, NI TAMPOCO A LOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS QUE LO FUERON EN VIRTUD DE PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA, PERO POR SISTEMAS DISTINTOS A LA PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA>.

ASI PUES, LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD POR DISCRIMINACION DE LOS RECURRENTES SE DEBERIA A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONVOCATORIA Y NO A LOS PRECEPTOS LEGALES QUE AUTORIZABAN A LA COMUNIDAD AUTONOMA A CONVOCAR ESTE TIPO DE PRUEBAS RESTRINGIDAS.

TRAS RAZONAR LA FALTA DE CONDICIONES PROCESALES DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, EL ABOGADO DEL ESTADO EXAMINA SUBSIDIARIAMENTE EL FONDO DE LA MISMA, PARA RECLAMAR SU DESESTIMACION CON BASE EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: NO SE PUEDE ENJUICIAR EN ABSTRACTO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS PRUEBAS ESPECIFICAS Y MENOS AUN ADOPTAR, COMO TERMINO DE COMPARACION DE ESE ENJUICIAMIENTO, EL DE <LOS CIUDADANOS NO LIGADOS EN UNA RELACION ESPECIAL CON LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA>.

LO QUE HABRA QUE DETERMINAR ES SI LAS NORMAS CUYA CONSTITUCIONALIDAD ESTA CUESTIONADA VIOLAN EL TEXTO FUNDAMENTAL EN LO QUE RESPECTA A DOS TIPOS DE SUJETOS MUY CONCRETOS Y QUE SON LOS EXCLUIDOS EN LAS CONVOCATORIAS DE REFERENCIA, Y ELLO EN RELACION A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LOS ARTS. 14, 23 Y 103.2. AUN SUPONIENDO QUE LA EXCLUSION DE LOS <TRANSFERIDOS> Y LA DE AQUELLOS QUE SUPERARON PRUEBAS NO CONVOCADAS EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA>, SE DEBA A LAS NORMAS LEGALES CUESTIONADAS, SE TRATA DE UNA DIFERENCIA DE TRATO RAZONABLE. POR LO QUE SE REFIERE AL PRIMER COLECTIVO, A TODOS LOS CONTRATADOS <TRANSFERIDOS> O NO, SE LES TOMAN EN CONSIDERACION LOS SERVICIOS PRESTADOS Y SE LES TIENEN EN CUENTA COMO MERITOS PERO A EFECTOS DIFERENTES, SEGUN QUE HAYA SIDO SELECCIONADO POR UNA ADMINISTRACION O POR OTRA: SI FUE LA AUTONOMICA SE TIENEN EN CUENTA A EFECTOS DE PODER CONCURRIR A PRUEBAS ESPECIFICAS Y SI FUE LA ESTATAL SE CONSIDERAN COMO MERITO PREFERENTE EN PRUEBAS GENERALES. NO PUEDE ESTIMARSE ARBITRARIO O IRRAZONABLE QUE LA ADMINISTRACION AUTONOMA ANDALUZA CONFIE MAS EN SU PROPIA SELECCION QUE EN LA REALIZADA POR LA OTRA ADMINISTRACION, Y FUNDE EN ESTA CIRCUNSTANCIA UNA DIFERENCIA DE INTENSIDAD EN UN TRATO DE FAVOR. TAMPOCO RESULTA ARBITRARIA O IRRAZONABLE LA DIFERENCIA DE TRATO VINCULADO AL TIPO DE PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA, YA QUE LA PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA> ASEGURA UNA DIFUSION MUY AMPLIA QUE FOMENTA LA CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ENTRE LOS CANDIDATOS. FINALMENTE, UNA RAZON MAS EN APOYO DE LA DESESTIMACION DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD ES LA DE QUE SI SE ESTIMASE Y, EN CONSECUENCIA, SE DECLARARAN INCONSTITUCIONALES LAS PRUEBAS ESPECIFICAS EN GENERAL, LOS RECURRENTES VERIAN TAMBIEN DESESTIMADA SU PRETENSION DE QUE SE DECLARE SU DERECHO A PARTICIPAR EN LAS MENCIONADAS PRUEBAS.

8. CON FECHA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1989 TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL UN AUTO DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, POR EL QUE SE PLANTEA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN RELACION CON LA DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA, APARTADO 2. , DE LA LEY 2/1987, DE 30 DE MARZO, SOBRE LA FUNCION PUBLICA CANARIA, POR INFRACCION DE LOS ARTS. 14, 23.2 Y 203.3 DE LA C.E. EN EL PROCESO PREVIO, LA RECURRENTE, CONFEDERACION SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS CSIF , IMPUGNO EL DECRETO DEL GOBIERNO DE CANARIAS, POR EL QUE SE CONVOCAN PRUEBAS ESPECIFICAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO DE SUBALTERNOS PARA EL PERSONAL COMPRENDIDO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA, APARTADO 2. , DE LA LEY 2/1987, ASI COMO DE LA ORDEN QUE CONTENIA LAS BASES QUE DEBIAN REGIR DICHA CONVOCATORIA. LA SALA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE JUSTIFICA EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION DICIENDO QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA ADMITIDO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS EN TURNO RESTRINGIDO, SIEMPRE QUE LA RESTRICCION SE ESTABLEZCA EN TERMINOS GENERALES Y ABSTRACTOS Y QUE NO SE TRATE DE INGRESO EN LA FUNCION PUBLICA, CIRCUNSTANCIAS QUE EN EL PRESENTE CASO NO SE DAN, PUES LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS A LOS PARTICIPANTES LAS HAN CONVERTIDO EN PRUEBAS PARA PERSONAS DETERMINADAS. DADO QUE TALES PRUEBAS ESTAN AMPARADAS POR LA DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA DE LA LEY 2/1987 Y QUE DECIDIR EL FONDO DEL ASUNTO REQUIERE PREVIAMENTE DISCERNIR SI TAL NORMA SE AJUSTA A LA C.E., PROCEDE PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

9. POR PROVIDENCIA DE 11 DE DICIEMBRE DE 1989, LA SECCION CUARTA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA: ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION PROMOVIDA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS; DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES, CONFORME ESTABLECE EL ART. 37.2 DE LA LOTC, AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL GOBIERNO Y AL PARLAMENTO DE CANARIAS, AL GOBIERNO DE LA NACION Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, AL OBJETO DE QUE EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS PUEDAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR LAS ALEGACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, ASI COMO PUBLICAR LA INCOACION DE LA CUESTION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> Y EN EL DE CANARIAS PARA GENERAL CONOCIMIENTO.

10. EN ESCRITO PRESENTADO EL 21 DE DICIEMBRE DE 1989, LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMUNICA QUE DICHA CAMARA NO SE PERSONARA EN EL PROCEDIMIENTO NI FORMULARA ALEGACIONES.

11.

EL 30 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO SE PERSONA EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULA LAS PERTINENTES ALEGACIONES, ENTENDIENDO QUE PROCEDE DESESTIMAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD. COMIENZA PONIENDO DE RELIEVE LA IDENTIDAD DE ESTA CUESTION CON LA 1.359/1986, DE LA SALA DE SEVILLA, CUYA FUNDAMENTACION VIENE ASUMIDA POR EL AUTO DE PLANTEAMIENTO DE LA SALA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, Y A ESTE PROPOSITO REITERA EL FISCAL GENERAL LAS ALEGACIONES ENTONCES PRESENTADAS Y LA CONCLUSION A LA QUE ALLI SE LLEGABA, CONTRARIA A LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS. FRENTE AL REPROCHE DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE HACE A LA CONVOCATORIA CANARIA, COMUN A LA ANDALUZA, DE SERLO EN REALIDAD DE <PRUEBAS PARA PERSONAS DETERMINADAS>, EL FISCAL GENERAL SE OPONE A ELLO ARGUMENTANDO CON CITA EXPRESA DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL (SSTC 18/1987, 193/1987 Y 67/1989) QUE LO QUE PROHIBE LA CONSTITUCION ES UNA CONVOCATORIA QUE SE CONTRAIGA A PERSONA O PERSONAS MENCIONADAS DE MODO INDIVIDUAL O POR MEDIO DE CARACTERISTICAS QUE LAS IDENTIFIQUEN SINGULARMENTE, PERO NO LA DISPUESTA EN FAVOR DE PERSONAS INDETERMINADAS EN LAS QUE CONCURRAN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS OBJETIVAS ESTABLECIDAS CON CARACTER GENERAL QUE ES JUSTAMENTE LO QUE OCURRE EN LOS SUPUESTOS QUE PREVE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY ESTATAL 30/1984, O LA DEL MISMO NUMERO DE LA LEY ANDALUZA, OBJETO DE LA ANTERIOR CUESTION, O LA NOVENA, APARTADO 2. , DE LA LEY CANARIA, QUE AHORA SE CUESTIONA. SE ADVIERTE, ADEMAS, QUE DADA LA IDENTIDAD DE ESTA CUESTION CON LA REFERIDA 1.359/1986, PROCEDE SU ACUMULACION DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 83 DE LA LOTC, SIEMPRE QUE EL ESTADO DE LA TRAMITACION DE AQUELLA LO PERMITA.

12. EN ESCRITO PRESENTADO EL 4 DE ENERO DE 1990, EL ABOGADO DEL ESTADO SE PERSONA EN EL PROCEDIMIENTO, Y TRAS FORMULAR LAS ALEGACIONES PERTINENTES, SUPLICA QUE SE DICTE SENTENCIA DESESTIMANDO LA CUESTION. SALIENDO AL PASO DE LA ADVERTENCIA QUE LA RECURRENTE CSIF Y EL FISCAL HICIERON EN EL PROCESO A QUO SOBRE LA SEMEJANZA DE ESTA CUESTION CON LA 1.395/1986, EL ABOGADO DEL ESTADO SEÑALA, EN PRIMER LUGAR, LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE AMBAS CUESTIONES. EN CUANTO ESTAS ULTIMAS, DESTACA QUE EN LA SEGUNDA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SE CUESTIONA SOLO EL PRECEPTO AUTONOMICO CANARIO Y NO LA LEY ESTATAL, COMO OCURRE EN LA PRIMERA.

TAMBIEN ES DIFERENTE LA REDACCION DEL PRECEPTO CANARIO RESPECTO DEL ANDALUZ Y, EN CONSECUENCIA, EL RAZONAMIENTO DE LA SALA PROPONENTE. ENTRANDO EN EL FONDO DE LA CUESTION, ANALIZA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA, APARTADO 2. , DE LA LEY CANARIA 2/1987, EMPLEANDO COMO CRITERIO DE ENJUICIAMIENTO EL ART. 23.2 EN RELACION CON EL 103.3 DE LA C.E., EN VEZ DEL ART. 14 DEL MISMO TEXTO, YA QUE, EN CASOS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA, EL ART. 23.2 ES LEX SPECIALIS RESPECTO AL ART.

14, SALVO QUE ESTE EN JUEGO ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS MENCIONADAS POR EL MISMO. LA DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA, APARTADO 2. , DE LA LEY CANARIA, LO QUE HACE ES PREVER PRUEBAS ESPECIFICAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA, QUE EN SI MISMAS NO PUEDEN SER INCONSTITUCIONALES; LO SERAN SOLO EN EL SUPUESTO DE QUE, AL DEFINIR LAS CONDICIONES DE ACCESO, EL LEGISLADOR CREE DESIGUALDADES ARBITRARIAS POR NO ESTAR REFERIDAS A LOS CRITERIOS CONSTITUCIONALES DE MERITO Y CAPACIDAD. PERO ESTE NO ES EL CASO, YA QUE EN LAS TRES CATEGORIAS A QUE SE REFIERE EL PRECEPTO AUTONOMICO SE ENCUENTRAN PERSONAS INCORPORADAS A LA ADMINISTRACION AUTONOMICA EN VIRTUD DE NOMBRAMIENTO O CONTRATO, ES DECIR, PERSONAS QUE DESDE HACE TIEMPO VIENEN PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION AUTONOMICA. DESDE EL MOMENTO EN QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (STC 67/1989) HA ADMITIDO QUE LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS PUEDAN SER UN INDICE CONSTITUCIONALMENTE ACEPTABLE PARA <REFLEJAR LA APTITUD O CAPACIDAD PARA DESARROLLAR UNA FUNCION O EMPLEO PUBLICO Y SUPERAR, ADEMAS, EN ESE DESEMPEÑO, UNOS MERITOS QUE PUEDAN SER RECONOCIDOS Y VALORADOS> INCLUSO EN EL MARCO DE PRUEBAS RESTRINGIDAS (STC 137/1986), HAY QUE CONCLUIR QUE EL PRECEPTO AUTONOMICO CUESTIONADO NO INFRINGE LA C.E., PORQUE NO CREA UNA DESIGUALDAD ARBITRARIA EN EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA CANARIA.

13. EL 12 DE ENERO DEL MISMO AÑO LA PRESIDENCIA DEL SENADO PRESENTA UN ESCRITO EN EL QUE RUEGA SE TENGA POR PERSONADA A ESTA CAMARA EN EL PROCEDIMIENTO Y POR OFRECIDA SU COLABORACION A LOS EFECTOS DEL ART. 88.1 DE LA LOTC.

14. EN ESCRITO PRESENTADO EL 15 DE ENERO DE 1990, EL GOBIERNO DE CANARIAS SE PERSONA EN EL PROCEDIMIENTO Y TRAS FORMULAR LAS ALEGACIONES PERTINENTES SUPLICA QUE SE DICTE SENTENCIA DECLARANDO QUE LA DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA, APARTADO 2. , DE LA LEY 2/1987, NO VULNERA LOS ARTS. 14, 23.2 Y 103 DE LA C.E., Y, EN CONSECUENCIA, DESESTIME LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA. EN APOYO DE SU PRETENSION, EL GOBIERNO DE CANARIAS EXPONE LAS ALEGACIONES QUE A CONTINUACION SE RESUMEN: QUE NO PUEDE DECIRSE QUE EL PRECEPTO AUTONOMICO CUESTIONADO SEA INCONSTITUCIONAL PORQUE SU REDACCION NO COINCIDA EXACTAMENTE CON LA DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, APARTADO 4. , DE LA LEY ESTATAL, YA QUE ESTA ULTIMA NO TIENE CARACTER BASICO, TAL Y COMO SE DESPRENDE DEL ART. 1.3 DE DICHA LEY. POR OTRA PARTE, LA LEY ESTATAL 30/1984 FUE OBJETO DE EXAMEN POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Y SI ESTE NO HIZO USO DEL ART. 84 DE SU LEY ORGANICA PARA APRECIAR DE OFICIO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA NO RESULTA AVENTURADO CONCLUIR QUE LA MISMA Y LA AUTORIZACION QUE CONTIENE, PARA QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CELEBREN PRUEBAS ESPECIFICAS, NO LESIONA PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. POR LO QUE SE REFIERE A LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY CANARIA, NO VIOLA LOS ARTS. 14 Y 23.2 DE LA C.E., YA QUE LO QUE AMBOS PRECEPTOS EXIGEN ES QUE LAS CONVOCATORIAS SE ESTABLEZCAN EN TERMINOS GENERALES Y ABSTRACTOS Y NO MEDIANTE REFERENCIAS INDIVIDUALIZADAS Y CONCRETAS, Y EN ESTE CASO TAL EXIGENCIA SE HA CUMPLIDO, PUES, COMO HA AFIRMADO ESTE TRIBUNAL STC 67/1989 , <LA VALORACION DE LA ANTIGUEDAD O LOS SERVICIOS PRESTADOS NO CONSTITUYEN NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE UNA REFERENCIA INDIVIDUALIZADA, SINGULAR, ESPECIFICA Y CONCRETA... CONTRARIA AL DERECHO RECONOCIDO EN EL ART. 23.2 DE LA C.E. TAMPOCO VIOLA EL PRECEPTO AUTONOMICO CUESTIONADO EL ART. 103.3 DE LA C.E., PUESTO QUE LA EXISTENCIA DE UNA RELACION DE SERVICIO CON LA ADMINISTRACION PUBLICA, MAXIME CUANDO SE HA ACCEDIDO A ELLA EN VIRTUD DE LA SUPERACION DE UNOS EXAMENES, DEBE CONSIDERARSE COMO EXPRESION DE MERITO Y CAPACIDAD, EN EL SENTIDO DEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL CITADO>.

15. EN ESCRITO PRESENTADO EN ESTE TRIBUNAL EL 26 DE ENERO DEL MISMO AÑO, EL PARLAMENTO DE CANARIAS SE PERSONA EN EL

PROCEDIMIENTO Y TRAS FORMULAR LAS ALEGACIONES PERTINENTES SUPLICA QUE SE DECLARE LA INADMISIBILIDAD DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA O, DE NO ACCEDER A ELLO, SE DECLARE LA PLENA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA, APARTADO 2. , DE LA LEY 2/1987, DE LA FUNCION PUBLICA CANARIA. SU PRETENSION SE BASA EN LAS ALEGACIONES QUE A CONTINUACION SE RESUMEN.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, QUE HA PLANTEADO LA CUESTION, NO HA HECHO EL OBLIGADO JUICIO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DEL PRECEPTO LEGAL CUESTIONADO RESPECTO DEL PROCESO ORDINARIO QUE DIO LUGAR A ELLA. POR EL CONTRARIO, SE HA LIMITADO A CITAR DOS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL REFERENTES A SUPUESTOS DIVERSOS Y A AFIRMAR, SIN MAS RAZONAMIENTOS, QUE DECIDIR EL FONDO DEL ASUNTO REQUIERE PREVIAMENTE DISCERNIR SI TAL NORMA SE AJUSTA A LA C.E. PLANTEADA ASI LA CUESTION, LO QUE SE HA HECHO ES TRANSFERIR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA DECISION DEL PROCESO ORDINARIO, SOBRE LA BASE DE UNA <SOSPECHA> DE INCONSTITUCIONALIDAD MAS QUE DE UNA <PRESUNTA> INCONSTITUCIONALIDAD. CONSIDERANDO YA EL FONDO DE LA CUESTION SE DICE QUE EL PRECEPTO AUTONOMICO QUE ES OBJETO DE LA MISMA NO VULNERA EL ART. 103.3 DE LA C.E., YA QUE LA SOLA REFERENCIA A <PRUEBAS> QUE EN EL SE CONTIENE ES DE POR SI INDICATIVA DE UN CONTENIDO VALORATIVO QUE NO PUEDE SER OTRO QUE EL DE LA CAPACIDAD O APTITUD. POR LO QUE SE REFIERE A LA POSIBLE VULNERACION DE LOS ARTS. 14 Y 23.2 DE LA C.E.

POR TRATARSE DE PRUEBAS RESTRINGIDAS, LA PRETENDIDA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICION CUESTIONADA DERIVA DE UNA INTERPRETACION ERRONEA DEL TRIBUNAL A QUO QUE HA CONSIDERADO ESTAS PRUEBAS ESPECIFICAS COMO PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA, CUANDO EN REALIDAD SON PRUEBAS DE APTITUD PARA LA CONVERSION EN FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL PERSONAL INTERINO Y CONTRATADO QUE YA HA ACCEDIDO A LA FUNCION PUBLICA, SI BIEN NO EN LA CONDICION DE FUNCIONARIO DE CARRERA. NO SON PRUEBAS SELECTIVAS, SINO DE PROMOCION INTERNA DE UN PERSONAL QUE HA SIDO PREVIAMENTE SELECCIONADO DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE MERITO Y CAPACIDAD, QUE TIENEN POR OBJETO LA CONFIRMACION DE ESA CAPACIDAD Y QUE PODRIAN CALIFICARSE COMO <PRUEBAS DE IDONEIDAD>. NO PUEDE DECIRSE TAMPOCO QUE EL LEGISLADOR CANARIO AL CONCRETAR EL REGIMEN DE DICHAS PRUEBAS HAYA CONCULCADO EL ART.

14 DE LA C.E. YA QUE, MUY AL CONTRARIO, HA RESPETADO ESCRUPULOSAMENTE LAS CONSIDERACIONES QUE ESTE TRIBUNAL ENTIENDE QUE DEBEN CONCURRIR EN LOS ACTOS NORMATIVOS PARA NO DAR LUGAR A DISCRIMINACION: EL TRATAMIENTO DIFERENCIADO DE SITUACIONES DISTINTAS SE ESTABLECE EN TERMINOS GENERALES Y ABSTRACTOS; SE TOMA COMO REFERENCIA OBJETIVA LA SITUACION DE CATEGORIAS ENTERAS DE PERSONAL TEMPORERO Y LA APRECIACION DE LAS SITUACIONES DISTINTAS ES RAZONABLE EN RELACION CON LA FINALIDAD DE LA NORMA QUE ES LA PROMOCION INTERNA DEL PERSONAL INTERINO Y CONTRATADO.

16. POR PROVIDENCIA DE 29 DE ENERO DE 1990, LA SECCION CUARTA DEL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA INCORPORAR A LAS ACTUACIONES LOS ESCRITOS DE ALEGACIONES FORMULADOS POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, ABOGADO DEL ESTADO, PARLAMENTO DE CANARIAS Y QUE SE OIGA A LOS TRES ULTIMOS PARA QUE, EN EL PLAZO COMUN DE DIEZ DIAS, EXPONGAN LO QUE ESTIMEN PROCEDENTE ACERCA DE LA ACUMULACION DE ESTA CUESTION CON LA NUM. 1.359/1986, QUE PIDE EL PRIMERO EN <OTROSI> DE SU ESCRITO.

17.

MEDIANTE ESCRITO PRESENTADO EN ESTE TRIBUNAL EL 6 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, EL ABOGADO DEL ESTADO MANIFIESTA QUE, AUNQUE EN SU ESCRITO DE ALEGACIONES SEÑALO ALGUNAS DIFERENCIAS, ENTRE AMBAS CUESTIONES EXISTEN TAMBIEN SEMEJANZAS QUE PUEDAN JUSTIFICAR UNA TRAMITACION Y DECISION UNICA DE AMBAS POR LO QUE SE DECLARA CONFORME CON LA ACUMULACION SOLICITADA POR EL FISCAL GENERAL.

18. EN ESCRITO PRESENTADO EL 13 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, EL PARLAMENTO DE CANARIAS MANIFIESTA QUE AUNQUE EN SU ESCRITO DE ALEGACIONES PUSO DE RELIEVE LA IMPORTANTE DIFERENCIA ENTRE LAS DOS NORMAS AUTONOMICAS CUESTIONADAS, ATENDIENDO A RAZONES DE ECONOMIA PROCESAL NO FORMULA OBJECION ALGUNA A LA ACUMULACION DE LAS CUESTIONES 2.265/1989 Y 1.359/1986.

19. POR AUTO DE 16 DE MAYO DEL MISMO AÑO, EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL ACUERDA LA ACUMULACION DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 2.265/1989, PLANTEADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, CON SEDE EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, A LA REGISTRADA CON EL NUM. 1.359/1986, PLANTEADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE SEVILLA.

20. POR PROVIDENCIA DE 12 DE FEBRERO DE 1991, SE ACORDO SEÑALAR EL DIA 14 DEL MISMO MES Y AÑO PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LA PRESENTE SENTENCIA.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. EN ARAS DE LA CLARIDAD, CONVIENE DESCRIBIR SOMERAMENTE EL CUADRO NORMATIVO QUE ES OBJETO DE LAS CUESTIONES DE INCONTITUCIONALIDAD ACUMULADAS CON LOS NUMS. 1.359/86 Y 2.265/89, ASI COMO LOS PROCESOS ORDINARIOS QUE LAS ORIGINARON. EN LA PRIMERA SE CUESTIONA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, 4, DE LA LEY ESTATAL 30/84, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA, ASI COMO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, 3. DE LA LEY AUTONOMICA 6/1985, DE ORDENACION DE LA FUNCION PUBLICA DE ANDALUCIA. EN LA SEGUNDA SE CUESTIONA LA DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA, 2, DE LA LEY AUTONOMICA 2/1987, DE FUNCION PUBLICA CANARIA.

EL PRECEPTO DE LA LEY ESTATAL CUESTIONADO DISPONE LO SIGUIENTE: <LOS CONSEJOS DE GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PODRAN CONVOCAR PRUEBAS ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL QUE, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL PROMULGADAS POR LAS CORRESPONDIENTES COMUNIDADES AUTONOMAS TUVIESE, CON ANTERIORIDAD AL 15 DE MARZO DE 1984, LA CONDICION DE CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS EN EXPECTATIVA DE ACCESO A SU RESPECTIVA FUNCION PUBLICA. SE CONSIDERARAN INCLUIDOS EN EL PRESENTE PRECEPTO LOS CONTRATADOS MEDIANTE CONVOCATORIAS PUBLICAS CON ANTERIORIDAD AL 15 DE MARZO DE 1984>.

EL PRECEPTO DE LA LEY ANDALUZA OBJETO DE LA CUESTION ESTABLECE QUE <EL CONSEJO DE GOBIERNO PODRA CONVOCAR PRUEBAS ESPECIFICAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA EL PERSONAL AL QUE SEA DE APLICACION LO PREVISTO EN EL DECRETO 153/1982, DE 22 DE DICIEMBRE, ASI COMO PARA EL QUE HABIENDO SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS, CELEBRADAS EN VIRTUD DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA CON ANTERIORIDAD AL DIA 23 DE AGOSTO DE 1984, ESTE OCUPANDO PUESTOS DE TRABAJO CON CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE COLABORACION TEMPORAL, SIN PERJUICIO DE QUE, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL APARTADO 1. , HUBIESE ADQUIRIDO LA CONDICION DE INTERINO>.

POR ULTIMO, EL PRECEPTO DE LA LEY CANARIA QUE SE CUESTIONA DISPONE QUE <EL CONSEJO DE GOBIERNO PODRA CONVOCAR, POR UN MAXIMO DE TRES VECES, PRUEBAS ESPECIFICAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, PARA EL PERSONAL AL QUE SEA DE APLICACION LO PREVISTO EN EL DECRETO 201/1983, DE 14 DE ABRIL, ASI COMO PARA EL PERSONAL QUE HABIENDO SUPERADO PRUEBAS SELECTIVAS, HAYA ADQUIRIDO LA CONDICION DE CONTRATADO ADMINISTRATIVO O DE FUNCIONARIO INTERINO ANTES DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 1984.

ASIMISMO, PODRAN CONCURRIR A DICHAS PRUEBAS EL PERSONAL INTERINO O CONTRATADO ADMINISTRATIVAMENTE POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO O DE LA ADMINISTRACION LOCAL CON ANTERIORIDAD A DICHA FECHA Y QUE HUBIERA SIDO ASUMIDO POR LA ADMINISTRACION AUTONOMICA DE CANARIAS O TRANSFERIDO A LA MISMA>.

2. EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LES RECONOCIA LA LEY ESTATAL Y LAS RESPECTIVAS LEYES AUTONOMICAS, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ANDALUZA Y CANARIA CONVOCARON PRUEBAS ESPECIFICAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA QUE FUERON OBJETO DE IMPUGNACION, DANDO LUGAR A LOS PROCESOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE SE PLANTEARON LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE AHORA EXAMINAMOS.

A) LOS PROCESOS ORDINARIOS QUE DIERON LUGAR A LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM.

1.359/1986 FUERON TRES (693-900-901/1986) Y LOS TERMINOS EN QUE SE DESARROLLARON SON, EN RESUMEN, LOS SIGUIENTES. EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 693/1986, LOS RECURRENTES SON FUNCIONARIOS INTERINOS QUE FUERON TRANSFERIDOS POR EL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTONOMA O QUE FUERON CONTRATADOS TRAS SUPERAR PRUEBAS SELECTIVAS NO PUBLICADAS EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA>. SU RECURSO, POR EL QUE PIDEN QUE SE DECLARE SU DERECHO A TOMAR PARTE EN LAS PRUEBAS CONVOCADAS, SE DIRIGE CONTRA DOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO ANDALUZ QUE, AL CONVOCAR LAS PRUEBAS ESPECIFICAS A LAS QUE SE REFIERE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA, 3. , DE LA LEY 6/1985, CONCRETO LAS CONDICIONES DE ACCESO DECLARANDO QUE TALES PRUEBAS SOLO ERAN APTAS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE PRESTANDO SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCIA COMO CONTRATADO ADMINISTRATIVO EN VIRTUD DE LA SUPERACION DE PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA> Y PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE EN LA MISMA SITUACION PERO CUYO CONTRATO ADMINISTRATIVO SEA EL DEL SUPUESTO CONTEMPLADO EN EL DECRETO 153/82, DE 22 DE DICIEMBRE, ES DECIR, EL DE LOS LLAMADOS COMUNMENTE <PREAUTONOMICOS>.

EN EL RECURSO 900/1986, LOS RECURRENTES SON PERSONAL QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN VIRTUD DE TRASPASOS DEL ESTADO A LA JUNTA DE ANDALUCIA, ESTO ES, LOS DENOMINADOS COMUNMENTE <TRANSFERIDOS>. SU RECURSO SE DIRIGE CONTRA LA RESOLUCION DE LA CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA QUE APROBO LA LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, ENCONTRANDOSE ENTRE ESTOS ULTIMOS, ASI COMO CONTRA EL DECRETO DE CONVOCATORIA QUE LE SIRVE DE BASE, Y EN EL SOLICITAN QUE SE LES INCLUYA EN LAS MENCIONADAS LISTAS.

EN EL RECURSO 901/1986 LOS RECURRENTES, QUE PROCEDEN DE TRES COLECTIVOS DIFERENTES LOS TRANSFERIDOS POR EL ESTADO, LOS QUE SUPERARON PRUEBAS NO PUBLICADAS EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA> Y LOS QUE SUPERARON PRUEBAS CONVOCADAS DESPUES DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA POR LA LEY 6/1985 IMPUGNARON LA RESOLUCION DE LA CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, QUE LES EXCLUIA DE LAS PRUEBAS, SOLICITANDO QUE SE DECLARASE SU DERECHO A SER ADMITIDOS EN LAS MISMAS.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL HOY TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA CONSIDERO QUE, PARA DECIDIR LOS TRES RECURSOS ACUMULADOS, ERA NECESARIO PLANTEAR A ESTE TRIBUNAL LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEXTA, APARTADOS 4 Y 3, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY ESTATAL 30/1984 Y DE LA AUTONOMICA 6/1985. SU JUICIO SOBRE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS PARA LA RESOLUCION DEL FONDO DE LOS RECURSOS ORDINARIOS SE RESUME EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS CIUDADANOS NO LIGADOS EN UNA RELACION ESPECIAL CON LA COMUNIDAD AUTONOMA, ESTAS PRUEBAS SON CONTRARIAS A LA CONSTITUCION, YA QUE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS A LOS PARTICIPANTES LAS CONVIERTEN EN PRUEBAS PARA PERSONAS DETERMINADAS, ESTABLECIENDO UNA DIFERENCIACION ENTRE FUNCIONARIOS Y NO FUNCIONARIOS QUE RESULTA DISCRIMINATORIA Y CONSTITUTIVA DE UN PRIVILEGIO PROSCRITO POR EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL; DESDE EL PUNTO DE VISTA CONCRETO DE LOS RECURRENTES, FUNCIONARIOS INTERINOS TRANSFERIDOS POR EL ESTADO O SELECCIONADOS EN VIRTUD DE PRUEBAS NO PUBLICADAS EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA>, EL TRATO DESIGUAL QUE DETERMINA SU EXCLUSION DE LAS REFERIDAS PRUEBAS TAMBIEN ES DISCRIMINATORIO Y, POR ENDE, INCONSTITUCIONAL; DESDE EL MOMENTO EN QUE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEXTA, APARTADOS 4 Y 3, DE LA LEY ESTATAL 30/1984 Y DE LA AUTONOMICA 6/1985, RESPECTIVAMENTE, PERMITEN ESTABLECER ESOS REQUISITOS QUE SON LA CAUSA DE LA DISCRIMINACION, LA SENTENCIA QUE SE DICTE EN LOS RECURSOS ACUMULADOS DEPENDE DEL JUICIO QUE ESTE TRIBUNAL HAGA DE DICHAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS. PLANTEADA LA CUESTION EN ESTOS TERMINOS, LO QUE LA SALA DE SEVILLA ESTA SOMETIENDO AL JUICIO DE ESTE TRIBUNAL ES LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS PRUEBAS ESPECIFICAS, EN GENERAL, EN CUANTO QUE DISCRIMINAN A LOS QUE NO TIENEN UNA RELACION DE SERVICIO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA, Y, EN PARTICULAR, EN CUANTO QUE DISCRIMINAN A DETERMINADOS COLECTIVOS DENTRO DEL PERSONAL INTERINO QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MISMA.

B) EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO QUE DIO LUGAR A LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 2.265/1989, ACUMULADA A LA NUMERO 1.359/1986, LA RECURRENTE CONFEDERACION SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS IMPUGNO EL DECRETO DEL GOBIERNO CANARIO 226/1987 QUE CONVOCABA PRUEBAS ESPECIFICAS PARA EL INGRESO EN DETERMINADO CUERPO Y LA ORDEN QUE APROBABA LAS BASES REGULADORAS DE LAS MISMAS, POR CONSIDERAR QUE VIOLABAN, ENTRE OTROS PRECEPTOS, LOS ARTS. 14 Y 23.2 DE LA C.E. LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS ENTIENDE QUE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS EN LA CONVOCATORIA HAN RESERVADO ESTAS PRUEBAS A PERSONAS DETERMINADAS (LAS MISMAS A LAS QUE SE REFIERE LA DISPOSICION TRANSITORIA NOVENA, 2. , DE LA LEY 2/1987), POR LO QUE, AL ESTAR DICHAS PRUEBAS AMPARADAS EN EL PRECEPTO CITADO, LA DECISION DEL FONDO DEL ASUNTO EXIGE DISCERNIR PREVIAMENTE SI TAL NORMA SE AJUSTA A LA C.E., EN PARTICULAR, A SUS ARTS. 14, 23.2 Y 103.3. ASI PUES, LO QUE LA SALA DE TENERIFE ESTA PIDIENDO A ESTE TRIBUNAL ES QUE DECLARE SI LA CONVOCATORIA CANARIA DE PRUEBAS ESPECIFICAS ES UNA CONVOCATORIA DIRIGIDA A PERSONAS DETERMINADAS Y, POR ELLO, CONTRARIA A LOS ARTS. 14, 23.2 Y 103.3 DE NUESTRO TEXTO CONSTITUCIONAL.

3. ANTES DE ENTRAR A EXAMINAR EL FONDO DEL ASUNTO, ES PRECISO ANALIZAR Y DECIDIR PREVIAMENTE LAS CUESTIONES DE ADMISIBILIDAD ADUCIDAS POR EL ABOGADO DEL ESTADO EN RELACION CON LA CUESTION NUM.

1.359/1986 Y POR EL PARLAMENTO CANARIO EN RELACION CON LA NUM. 2.265/1986, AMBAS RELATIVAS AL INCUMPLIMIENTO POR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES QUE LAS HAN PLANTEADO DE LA JUSTIFICACION, EXIGIDA POR EL ART. 35.2 DE LA LOTC, Y RELATIVA AL NECESARIO JUICIO DE RELEVANCIA. EN LA CUESTION 2.265/1986, EL ABOGADO DEL ESTADO ALEGA QUE LA CUESTION PLANTEADA ES IRRELEVANTE PARA EL FALLO DE LOS PROCESOS ACUMULADOS A QUIBUS , YA QUE ESTOS PUEDEN RESOLVERSE, EN UN SENTIDO ESTIMATORIO O DESESTIMATORIO, MEDIANTE UNA SIMPLE OPERACION HERMENEUTICA, CONSISTENTE EN INTERPRETAR LAS NORMAS CUESTIONADAS CONFORME AL TEXTO CONSTITUCIONAL. EN LA CUESTION 2.265/1989, EL PARLAMENTO CANARIO DENUNCIO LA INCONSISTENCIA DE LA ARGUMENTACION JUDICIAL DE LA CUESTION PLANTEADA, EN RELACION CON EL JUICIO DE RELEVANCIA DE LA MISMA.

NINGUNA DE ESTAS OBJECIONES PROCESALES PUEDE SER ACOGIDA DE ACUERDO CON UNA INTERPRETACION FLEXIBLE DE NUESTRA LEY ORGANICA QUE SE JUSTIFICA, EN LO QUE AHORA IMPORTA, POR LA CONVENIENCIA DE QUE LAS CUESTIONES PROMOVIDAS POR LOS ORGANOS JUDICIALES ENCUENTREN, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y SIN MENOSCABO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE SON DE ORDEN PUBLICO, UNA SOLUCION POR SENTENCIA, AL OBJETO DE CONTRIBUIR A LA DEPURACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE PRECEPTOS PRESUNTAMENTE INCONSTITUCIONALES, EXTENDIENDO ASI LA FUERZA VINCULANTE DE LA C.E. GRACIAS A UNA IMPRESCINDIBLE COOPERACION ENTRE ORGANOS JUDICIALES Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. PUES, A FIN DE CUENTAS, SOLO CUANDO RESULTE EVIDENTE QUE LA NORMA LEGAL CUESTIONADA NO ES, EN MODO ALGUNO, APLICABLE AL CASO O ES MANIFIESTAMENTE CONSTITUCIONAL, CABE DECLARAR INADMISIBLE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD (SSTC 17/1981, 103/1983, 3/1988, 76/1990, 142/1990 Y 157/1990). PERO, COMO ES CLARO, NO ES ESTO LO QUE OCURRE EN EL PRESENTE CASO, PUESTO QUE LAS CONVOCATORIAS DE LAS PRUEBAS ESPECIFICAS QUE DIERON LUGAR A LOS PROCESOS A QUIBUS ENCUENTRAN SU COBERTURA LEGAL EN LAS DISPOSICIONES CUESTIONADAS, LO QUE EVIDENCIA UNA RELACION LOGICA ENTRE LA EVENTUAL ANULACION DE ESTAS NORMAS Y LA SATISFACCION DE LAS PRETENSIONES EJERCITADAS EN DICHOS PROCESOS CONTENCIOSOS.

4. UNA VEZ DESECHADAS ESTAS OBJECIONES FORMALES, PROCEDE EXAMINAR EL FONDO DEL ASUNTO PARA DETERMINAR SI LAS NORMAS CUESTIONADAS, AL PERMITIR LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE AL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, VULNERAN EL ART. 23.2 EN RELACION CON EL 103.3 DE LA C.E. AUNQUE LAS SALAS PROPONENTES INVOQUEN TAMBIEN EL ART.

14 DE LA LEY FUNDAMENTAL, LA CUESTION DEBE RESOLVERSE SOLO POR REFERENCIA A LOS PRECEPTOS CITADOS YA QUE, COMO HA REITERADO EN DIVERSAS OCASIONES ESTE TRIBUNAL (POR TODAS, STC 67/1989), EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LAS FUNCIONES PUBLICAS DEL ART. 23.2 DE LA C.E. ES UNA ESPECIFICACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, FORMULADO POR EL ART. 14 DE LA C.E., POR LO QUE EN EL CASO DE ACCESO A LAS FUNCIONES Y CUANDO NO ESTE EN JUEGO NINGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIS ESPECIFICAS DEL ART. 14 DE LA MISMA, ES EL ART. 23.2 EL QUE DEBE SER CONSIDERADO DE MODO DIRECTO PARA APRECIAR SI LAS NORMAS CUESTIONADAS HAN DESCONOCIDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, TODO ELLO EN CONEXION CON EL ART. 103.3 QUE IMPONE LA OBLIGACION DE NO EXIGIR PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA REQUISITO O CONDICION ALGUNA QUE NO SEA REFERIBLE A LOS PRINCIPIOS DE MERITO Y CAPACIDAD.

LO QUE EL ART.

23.2 VIENE, PUES, A ESTABLECER ES UNA ESPECIFICACION DEL PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD EN RELACION CON EL ACCESO A LOS CARGOS Y FUNCIONES PUBLICAS.

COMO EL PRINCIPIO GENERAL MENCIONADO, LA CONCRECION ANTERIOR EN EL ART.

23.2 ACTUA EN DOS PLANOS DISTINTOS: COMO IGUALDAD ANTE LA LEY O EN LA APLICACION DE LA LEY, DE UNA PARTE, Y DE LA OTRA, COMO IGUALDAD EN LA LEY. EN ESTE SEGUNDO ASPECTO Y ESTO ES LO QUE EXPLICA LA ESPECIFICACION EN ESTE CASO DEL PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD , LA IGUALDAD EN LA LEY, IMPLICA PARA EL LEGISLADOR NO SOLO LA PROHIBICION DE ESTABLECER DIFERENCIAS QUE CAREZCAN DE UNA FUNDAMENTACION RAZONABLE Y OBJETIVA, SINO MAS PRECISAMENTE AUN Y EN CONEXION CON EL ART.

103.3 C.E., LA PROHIBICION DE ESTABLECER DIFERENCIAS QUE NO GUARDEN RELACION CON EL MERITO Y CAPACIDAD. DE ESTE LIMITE DERIVA LA NECESIDAD NO SOLO DE QUE LA LEY NO LIMITE EL ACCESO A PERSONAS DETERMINADAS, SINO DE QUE LA CAPACIDAD, Y ESPECIALMENTE LOS MERITOS A TENER EN CUENTA, HAN DE ESTAR TAMBIEN EN RELACION CON LA FUNCION A DESEMPEÑAR Y NO SE DESCRIBAN O ESTABLEZCAN EN TERMINOS TALES QUE PUEDAN CONSIDERARSE FIJADOS EN ATENCION A PERSONAS DETERMINADAS.

LA IGUALDAD SE PREDICA, POR TANTO, DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY, Y POR ELLO, LO QUE EL ART. 23.2 C.E. VIENE A PROHIBIR, ENTRE OTRAS COSAS, ES QUE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA SE ESTABLEZCAN NO MEDIANTE TERMINOS GENERALES Y ABSTRACTOS, SINO MEDIANTE REFERENCIAS INDIVIDUALIZADAS Y CONCRETAS (SSTC 50/1986, 148/1986, 18/1987, ENTRE OTRAS). ASI PUES, EL ART. 23.2 C.E., SI BIEN HA OTORGADO AL LEGISLADOR UN AMPLIO MARGEN EN LA REGULACION DE LAS PRUEBAS DE SELECCION DE FUNCIONARIOS Y EN LA DETERMINACION DE CUALES HAYAN DE SER LOS MERITOS Y CAPACIDADES QUE SE TOMARAN EN CONSIDERACION, LE OBLIGA TAMBIEN A TENER COMO LIMITES CONSTITUCIONALES QUE LA REGULACION NO SE HAGA EN TERMINOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS, DE MANERA TAL QUE SEAN CONVOCATORIAS AD PERSONAM Y QUE LOS REQUISITOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, EN TERMINOS DE IGUALDAD, RESPONDAN UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LOS PRINCIPIOS DE MERITOS Y CAPACIDAD.

5. LAS NORMAS CUESTIONADAS SE LIMITAN A PREVER PRUEBAS ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL CONTRATADO O INTERINO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS; DICHA PREVISION, EN CUANTO TAL, NO CONSTITUYE NI DIRECTA NI INDIRECTAMENTE UNA RESERVA AD PERSONAM DE FUNCIONES PUBLICAS PARA DETERMINADAS PERSONAS INDIVIDUALMENTE DETERMINADAS, PUESTO QUE LOS PRECEPTOS LEGALES HACEN REFERENCIA INNOMINADA A UN COLECTIVO DEFINIDO, EN VIRTUD DE DATOS OBJETIVOS, DE UNA MANERA GENERAL Y ABSTRACTA.

EL QUE, EN VIRTUD DE ESOS CRITERIOS OBJETIVOS, PUEDA DETERMINARSE QUIENES ESTEN INCLUIDOS EN ESE COLECTIVO Y AFECTADOS, EN CONSECUENCIA, POR LAS NORMAS CUESTIONADAS, NO PUEDE ENTENDERSE COMO UNA DETERMINACION LEGAL DE PERSONAS CONCRETAS E INDIVIDUALMENTE SELECCIONADAS, PROSCRITA POR EL ART. 23.2 C.E. (STC 148/1986). LO QUE SE CUESTIONA AQUI NO ES LA FORMA DE DETERMINACION DE LOS SUJETOS AFECTADOS, CONSTITUCIONALMENTE IMPECABLE, SINO MAS BIEN EL CRITERIO MISMO DE SELECCION ESTABLECIDO POR LA LEY Y SU CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LIBERTAD DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD, DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE MERITO Y CAPACIDAD. A ESTE RESPECTO HA DE DISTINGUIRSE, A SU VEZ, EN EL ENJUICIAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAS DISPOSICIONES CUESTIONADAS, EL TEMA DE LA IGUALDAD EN RELACION CON LA EXCLUSION DE DETERMINADAS CATEGORIAS DEL PERSONAL INTERINO Y CONTRATADO NO ADMITIDO A ESTAS PRUEBAS, LA DE DICHO PRINCIPIO CON RESPECTO A LOS NO INTERINOS NI CONTRATADOS Y EL DEL RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE MERITO Y CAPACIDAD PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA.

A) EN RELACION CON ESTE ULTIMO TEMA, LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS SE LIMITAN A HABILITAR LA PRACTICA DE PRUEBAS ESPECIFICAS PARA EL PERSONAL CONTRATADO O INTERINO, SIN QUE EL CARACTER <ESPECIFICO> PUEDA O DEBA SUPONER NINGUNA RESTRICCION A LA EXIGENCIA DEL MERITO Y CAPACIDAD PARA EL ACCESO DEFINITIVO, COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA, DE ESTE PERSONAL. LA PREVISION LEGAL DE PRUEBAS ESPECIFICAS PARA CONSOLIDAR UNA SITUACION PRECARIA PRECEDENTE NO PUEDE SER ENTENDIDA, A LA LUZ DE LOS ARTS. 23.2 Y 103.3 C.E., COMO AUTORIZACION A LA ADMINISTRACION PARA ESTABLECER O REGULAR ESTAS PRUEBAS SIN RESPETAR LOS CONCEPTOS DE MERITO Y CAPACIDAD, REQUISITOS CONSTITUCIONALES QUE NO IMPIDEN EL RECONOCIMIENTO O EVALUACION DEL MERITO CONSISTENTE EN EL TIEMPO EFECTIVO DE SERVICIOS, PERO QUE EN NINGUN CASO PUEDE CONVERTIR A ESE TIEMPO EFECTIVO DE SERVICIOS EN TITULO DE LEGITIMACION EXCLUSIVO QUE PERMITA EL ACCESO A UNA FUNCION PUBLICA DE CARACTER PERMANENTE, AL TENER QUE RESPETARSE EN TODO CASO, TAMBIEN PARA LOS INTERINOS Y CONTRATADOS, LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE MERITO Y CAPACIDAD.

SI, EN APLICACION DE LA HABILITACION CONCEDIDA POR LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS, LA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD AUTONOMA ESTABLECIESE MEDIDAS O HICIESE CONVOCATORIAS DESCONOCIENDO ESA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL, LOS ORGANOS JUDICIALES HABRIAN DE CONOCER DE ESA EXTRALIMITACION Y, EN SU CASO, SI EXISTIERA VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE ALGUN CIUDADANO, EL ASUNTO TAMBIEN PODRIA SER CONOCIDO POR ESTE TRIBUNAL A TRAVES DEL OPORTUNO RECURSO DE AMPARO. COMO DE LOS PRECEPTOS LEGALES NO SE DERIVA, SIN EMBARGO, NINGUNA RESTRICCION A LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DEL MERITO Y CAPACIDAD EN EL ACCESO, PUEDE CONSIDERARSE QUE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS NO HAN DESCONOCIDO EL ART. 103.3 C.E.

B) EN CUANTO A LA POSIBLE DISCRIMINACION, EN EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO DE DETERMINADAS CATEGORIAS DEL PERSONAL CONTRATADO E INTERINO (CONCRETAMENTE LOS QUE LO FUERON MEDIANTE PRUEBAS NO PUBLICADAS EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA> Y EL PERSONAL TRANSFERIDO POR EL ESTADO) HAY QUE SEÑALAR QUE TALES HIPOTETICAS EXCLUSIONES NO DEVIENEN DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS, SINO, EN SU CASO, DE LOS ACTOS DE CONVOCATORIA DE TALES PRUEBAS. A ESTE RESPECTO CONVIENE RECORDAR QUE ES DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL (STC 209/1987, 47/1990, 78/1990 Y 4/1991) LA DE QUE LA PUESTA EN RELACION DEL ART. 23.2 (<... CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALAN LAS LEYES>) CON EL ART. 103.3 C.E. (<LA LEY REGULARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA ...>) OBLIGA A CONCLUIR QUE TALES REQUISITOS HAN DE SER ESTABLECIDOS MEDIANTE DISPOSICIONES CON RANGO DE LEY, POR LO QUE HAY QUE ESTIMAR COMO CONSTITUCIONALMENTE PROSCRITA LA POSIBILIDAD DE QUE LA ADMINISTRACION, MEDIANTE LA VIA REGLAMENTARIA O A TRAVES DE ACTOS DE APLICACION DE LA LEY, PUEDA INCORPORAR NUEVOS Y DIFERENTES REQUISITOS A LOS LEGALMENTE PREVISTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA. AHORA BIEN, EN EL PRESENTE CASO DEBEN TENERSE EN CUENTA DOS MATICES IMPORTANTES: EN PRIMER LUGAR, EL DE QUE SOLO EL TRIBUNAL PROPONENTE DE LA CUESTION ES EL COMPETENTE PARA DECIDIR SI SOLO A TRAVES DE LA PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA> SE CUMPLE LA CONDICION DE PUBLICIDAD EXIGIDA POR LA LEY; EN SEGUNDO TERMINO, EL DE QUE, DADO EL CARACTER EXCEPCIONAL DE LAS NORMAS CUESTIONADAS, TODA AMPLIACION DEL NUMERO DE PERSONAS QUE DE ELLAS PUEDEN BENEFICIARSE, SIGNIFICA AMPLIAR TAMBIEN EL AMBITO DE LA EXCEPCIONALIDAD, ESTO ES, EL DE LA EXCEPCIONAL DEROGACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

C) CUESTION DISTINTA, SEGUN SE HA DICHO, ES LA DE SI LAS NORMAS CUESTIONADAS AL ESTABLECER PRUEBAS ESPECIFICAS A LAS QUE SOLO TIENEN ACCESO EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, COMO INTERINO O CONTRATADO, PUEDE CONTRADECIR EL ART. 23.2 Y 14 C.E., AL SUPONER LA EXCLUSION DE EVENTUALES ASPIRANTES QUE NO MANTIENEN RELACION DE EMPLEO ALGUNO CON LA COMUNIDAD AUTONOMA EN EL MOMENTO DE LA CORRESPONDIENTE CONVOCATORIA.

ES EVIDENTE QUE EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA SUPONE UNA LIMITACION FUNDAMENTAL A LA PRACTICA DE LAS LLAMADAS <PRUEBAS RESTRINGIDAS> PARA EL ACCESO A LA FUNCION PUBLICA, LAS CUALES, EN GENERAL, HAN DE CONSIDERARSE COMO UN PROCEDIMIENTO PROSCRITO POR EL ART. 23.2 C.E., SI BIEN, NO CABE EXCLUIR QUE, EN DETERMINADOS CASOS EXCEPCIONALES, LA DIFERENCIA DE TRATO ESTABLECIDA EN LA LEY EN FAVOR DE UNOS Y EN PERJUICIOS DE OTROS PUEDA CONSIDERARSE COMO RAZONABLE, PROPORCIONADA Y NO ARBITRARIA A LOS EFECTOS DE LA DESIGUALDAD DE TRATO QUE ESTABLECE, SIEMPRE QUE DICHA DIFERENCIACION SE DEMUESTRE CON UN MEDIO EXCEPCIONAL Y ADECUADO PARA RESOLVER UNA SITUACION TAMBIEN EXCEPCIONAL, EXPRESAMENTE PREVISTA EN UNA NORMA CON RANGO DE LEY Y CON EL OBJETO DE ALCANZAR UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMA, ENTRE LAS QUE SE INTEGRA TAMBIEN LA PROPIA EFICACIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

EN ESTE SENTIDO, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS CONTEMPLAN MEDIDAS DE CARACTER TRANSITORIO Y EXCEPCIONAL PARA RESOLVER UNA SITUACION SINGULAR Y DERIVADA DE UN PROCESO UNICO E IRREPETIBLE DE CREACION DE UNA NUEVA FORMA DE ORGANIZACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS A NIVEL AUTONOMICO QUE DIO LUGAR A LA NECESIDAD DE ADSCRIBIR, DE FORMA INMEDIATA, A PERSONAL EN REGIMEN DE DERECHO ADMINISTRATIVO, CUANDO, NI EXISTIAN PLANTILLAS DE FUNCIONARIOS, NI HABIA TIEMPO PARA PODER ACUDIR A LAS FORMAS NORMALES DE INGRESO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA COMO FUNCIONARIO DE CARRERA. ADEMAS, A ESTA SITUACION SE AÑADIO LA PROHIBICION QUE ESTABLECIA LA LEY 30/1984 DE CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, LO QUE REQUERIA TAMBIEN QUE EL LEGISLADOR ADOPTARA MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS COYUNTURALES QUE ESA IMPORTANTE MODIFICACION NORMATIVA PRODUCIA EN RELACION CON SITUACIONES PERSONALES. ES ESTA SITUACION EXCEPCIONAL Y TRANSITORIA LA QUE, MEDIANTE LA PERTINENTE HABILITACION LEGAL, PUEDE JUSTIFICAR ESTE SACRIFICIO DE LA IGUALDAD DE TRATO, A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACION DIFERENCIADA QUE, POR LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO Y POR LOS INTERESES EN JUEGO, CABE CONSIDERAR COMPATIBLE CON EL ART. 23 C.E., AUNQUE DESDE LUEGO EN MODO ALGUNO HA DE RESULTAR GENERALIZABLE O EXTENSIBLE A OTROS SUPUESTOS. MEDIANTE TALES DISPOSICIONES LO QUE SE PERSIGUE EXCLUSIVAMENTE ES ATENDER A LAS EXPECTATIVAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA CREADAS POR LA NECESIDAD DE INSTAURAR UNA NUEVA ADMINISTRACION AUTONOMICA Y CONTRIBUIR A LA ESTABILIDAD Y EFICACIA DE LA MISMA.

EL CARACTER EXCEPCIONAL DE DICHO SISTEMA DE ACCESO QUE, POR UNA SOLA VEZ, HA DE COEXISTIR CON EL COMUN DE LA CONVOCATORIA LIBRE (PROCEDIMIENTO QUE, EN LO SUCESIVO, HABRA DE UTILIZAR LA ADMINISTRACION AUTONOMICA A FIN DE PERMITIR EL LIBRE ACCESO DE QUIENES NO MANTIENEN CON ELLA RELACION ALGUNA) HA DE LLEVARNOS A DECLARAR QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES CUESTIONADAS, AL SER PROPORCIONADAS CON LOS FINES LEGITIMOS ENUNCIADOS, NO HAN OCASIONADO VULNERACION ALGUNA DEL ART. 23.2 C.E.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

DESESTIMAR LAS CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADAS POR LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE ANDALUCIA Y CANARIAS, EN RELACION CON LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEXTA, 4, DE LA LEY 30/1984, DE MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LA FUNCION PUBLICA; SEXTA, 3, DE LA LEY 6/1985, DE ORDENACION DE LA FUNCION PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, Y NOVENA, 12, DE LA LEY 2/1987, DE FUNCION PUBLICA CANARIA.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID A CATORCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. FIRMADO. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS. ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO. VICENTE GIMENO SENDRA. RUBRICADO.