Esta es una excelente ley de acceso a documentos e informaciones en poder del estado. Es clara y práctica. En lugar de describir solamente excepciones para justificar el retaceo de la información pública, también tiene excepciones que justifican plazos especialmente rápidos para que el Gobierno proporcione esa información, por ejemplo en los casos en donde podría estar en juego un asunto de corrupción o los derechos de una persona a un juicio justo.

Muchos países del mundo que se llaman a sí mismos democracias o repúblicas todavía no tienen leyes de acceso a la información pública, o si las tienen, son un compendio de excusas que los funcionarios pueden invocar para negar la información a sus ciudadanos y mantener en secreto lo que debe estar a plena luz del día: los actos de quienes nos gobiernan y a quienes pagamos su sueldo.