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I.

Periódico Oficial No. 48 Segunda Sección, Noviembre 28 del 2018

Exposición de motivos.

El Estado Mexicano adoptó en el año 2003, y ratificó para su plena observancia en nuestro país, las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, para prevenir y combatir en forma eficaz y eficiente los actos que se desvían de los propósitos fundamentales del servicio público, que algunos tachan de anárquicas estas ideas que en muchos de los casos se le tiene por castas. Pero la conducta de respetabilidad sostiene que la inteligencia y la ética son una facultad suprema a la que se debe subordinar el sentido de responsabilidad, por ser aquélla una norma en la vida individual, y un nexo de sociabilidad; que sobre la precepción difusa, indefinible e informulable ha de estar la lucidez y la precisión de las ideas definidas, objetivas, que la supremacía de la razón es un principio de conducta que pertenece a la moral y a la ética.

En consecuencia, la ética o filosofía moral es la rama que, a la luz de la razón, reflexiona sobre el sentido, la licitud y validez, bondad o maldad de los actos humanos. Por tanto, los actos humanos no pueden regirse por el instinto, la arbitrariedad o el capricho, la ética, por lo tanto, tiene la finalidad establecer una plataforma que valore y que supere lo arbitrario y caprichoso en las actuaciones humanas. En los últimos años las Dependencias y Entidades Gubernamentales, centralizadas, descentralizadas y paraestatales, se ha visto afectada por actos de corrupción que han mermado la confianza de los ciudadanos en las autoridades, por ello no se permite que se cometa ningún abuso de poder, ocurran actos que vayan en contra de los principios éticos y morales que son concomitantes al hombre, que la única manera de contrarrestar el efecto nocivo que provoca la desconfianza ciudadana sobre la gobernabilidad es que todos los servidores públicos se conduzcan con respeto, pulcritud, transparencia, igualdad, equidad y honestidad en el manejo de los asuntos públicos, en el entendido de que la integridad de los servidores públicos ayuda a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. Se debe erradicar de la Administración Pública los actos arbitrarios y caprichosos en la actuación del servidor público, para dar paso a una nueva administración, integrada por hombres y mujeres que posean un alto compromiso social, tengan vocación de servicio, estén preparados, sensibles y decididos a cambiar aquellas cosas que ya no sirven y que no gustan al pueblo de Tlaxcala. En consonancia con lo anteriormente expuesto, se hace necesario expedir un Código de Conducta que contenga una normativa interna de cumplimiento obligatorio para todos los servidores de la Administración Pública Estatal vinculado con normas legales. Que el Código de Conducta que se propone debe ser una declaración de valores y prácticas someras en normas mínimas que incluyan el compromiso de cumplirlas de parte de los servidores públicos, incluyendo en este Código sanciones Administrativas que regulen la conducta de infidelidad, deslealtad y la secrecía en la que pudieran incurrir los responsables directos de las áreas que sean comprometido a servir con honradez, profesionalismo, legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

II.

Principios y valores éticos.

Austeridad. El Servidor Público, actúa con sencillez frente a los demás, y sus actos, así como el lenguaje moderado, acatando en todo momento rigurosamente las normas morales.
Racionalidad. El servidor público, en cualquier caso, y en términos ideales, solo debe hablar con rigor de la opinión pública racional o espacio público racional cuando se dieran las condiciones de un auténtico respeto hacia los demás, respetando en todo momento la libre expresión de las ideas.