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Periódico Oficial No. 184-2a. Sección
Miércoles 02 de Septiembre de 2009

Publicación Estatal:
Publicación No. 1287-A-2009
Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.
JUAN SABINES GUERRERO, Gobernador del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 42 y 44, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; 5, 8, 13 y 23, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y CONSIDERANDO
Que una de las prioridades de este Gobierno, es la instrumentación de políticas públicas que permitan la modernización integral y permanente del marco jurídico que regula las acciones del Estado, principalmente de aquellas en las que las autoridades sustentan su actuar y ejercen sus atribuciones frente a los ciudadanos, con la finalidad de dar certeza jurídica a las primeras y garantizar a estos últimos el respeto a la legalidad, al estado de derecho y, en general, a sus derechos fundamentales.
Así, la presente Administración ha llevado a cabo diversas acciones con el propósito de eficientar y mejorar la funcionabilidad de las instituciones públicas, promoviendo ante el Órgano Legislativo del Estado, iniciativas a través de las cuales se fortalece la gestión gubernamental y el servicio público, bajo los principios de transparencia, legalidad, eficacia, disciplina del gasto y la debida rendición de cuentas, que permiten hoy en día, contar con instituciones sólidas y confiables, algunas renovadas desde su denominación hasta sus atribuciones, con mejor funcionamiento y mayor calidad en los servicios.
Dentro de estas importantes modificaciones, es relevante destacar, que mediante Decreto 019, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 132, Tomo III, Segunda Sección, de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil ocho, el Honorable Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, a través de la cual se transforma sustancialmente la integración de la Administración Pública Estatal, específicamente en la parte centralizada, mediante la institución de nuevas Dependencias, el cambio de denominación de otras y la consecuente redistribución de atribuciones de las Secretarías de Despacho, que con motivo a esa reforma fueron impulsadas por el Ejecutivo a mi cargo, con el fin de articular en una relación dinámica, una mayor organización y un funcionamiento eficiente de las instituciones públicas, que garantizará una renovada y mejor relación con la ciudadanía y un otorgamiento eficaz y eficiente de los servicios que a ésta se otorgan.
En ese tenor, una de las Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, que con dicha reforma sufrió grandes cambios desde su denominación hasta sus atribuciones, es la Secretaría de la Contraloría, que a partir del uno de enero de dos mil nueve, quedó instituida legalmente como Secretaría de la Función Pública, ampliando sus atribuciones para determinar dentro de su competencia, no sólo funciones de control, vigilancia y fiscalización, sino aquellas relacionadas con desarrollo tecnológico y administrativo, así como de la capacitación y adiestramiento en el servicio público, para consolidar una dependencia que tiene como propósito fundamental la evaluación y el mejoramiento de la gestión 2