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14 de mayo de 2019

LA SOMBRA DE ARTEAGA

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FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, Gobernador del Estado de Querétaro, a los habitantes del mismo, sabed que:

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 81 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, Y
CONSIDERANDO
1. Que el derecho a la libertad de expresión es considerado por la comunidad internacional como un derecho primario y base fundamental de todos los Derechos Humanos, siendo que el denominado Derecho a la Información ha sido reconocido desde el ámbito internacional en documentos que versan sobre Derechos Humanos como una vertiente de contención, contrapeso y vigilancia que, según los modelos internacionales, debe tener todo Estado moderno democrático.
2. Que en este contexto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, establece en su artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
3. Que la información pública se puede definir como aquella que se encuentra en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración y que no sea confidencial. Dentro de la información pública se encuentra un subconjunto de información denominado información oficiosa, la cual debe de ser publicada de forma inmediata sin que ninguna persona lo solicite. Esta información puede estar impresa o colgada en los sitios web de las instituciones y debe ser entregada en el mismo momento en que se solicite.
4. Que partiendo del hecho inobjetable de que la información pública es generada y conservada con recursos públicos, resulta claro también que esta información no puede tener un carácter privado ni obedecer a intereses de este tipo y que el único límite admisible para acceder a ella debe ser la salvaguardia del interés público y la seguridad nacional. En este sentido y tal como lo establece nuestra Norma Fundamental, en la interpretación del derecho de acceso a la información pública debe prevalecer el principio de máxima publicidad.
5. Que si bien el derecho de acceso a la información pública fue plasmado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en el año 2002, no fue sino hasta el año de 2007 que este derecho fue incorporado en nuestro texto Constitucional, mismo que fue complementado con el establecimiento del principio de máxima publicidad para su interpretación, con el fin de garantizar su más amplio ejercicio.
Posteriormente, una nueva reforma al artículo 6o. de nuestra Ley Fundamental, en relación con el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, tuvo lugar en 2014, ampliándose el concepto de información pública a toda aquélla que fuere generada, no sólo por los órganos del poder público, sino por cualquier ente persona física o moral, que recibiere y ejerciere recursos públicos, quedando plasmado en el artículo 6º, apartado A., fracción I, que a la letra dice: Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o