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Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 44, viernes 10 de abril de 2020

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA

A ello se añade que se han venido dictando varias normas con el fin de hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, entre las que destacan los siguientes:

DECRETO
1.869
Número Decreto: 55/2020
Asunto: DECRETO POR EL QUE SE
REANUDAN, POR RAZONES DE INTERÉS
GENERAL Y PARA GARANTIZAR EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS
SERVICIOS, TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LEVANTAMIENTO DE
REPAROS QUE TRAMITA EL CABILDO
INSULAR DE GRAN CANARIA.
El artículo 215 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que, si en el ejercicio de la función interventora, el órgano interventor manifiesta su desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución. Y el artículo 217 de esa misma Ley añade que, cuando el órgano a que afecte el reparo no estuviera de acuerdo, corresponderá al Presidente de la Entidad local, salvo que corresponda su resolución al Pleno, resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva y esta facultad no será delegable en ningún caso.

Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, cuyo objeto es la adopción de nuevas medidas para responder al impacto económico negativo que se está produciendo en el ámbito sanitario, en el sector turístico, y sobre las personas afectadas por las medidas de contención adoptadas por las autoridades competentes, así como prevenir un mayor impacto económico negativo sobre las PYMES y autónomos.
El Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en cuya Exposición de motivos se establece que:
.. más allá de las medidas específicas de apoyo a los ciudadanos y familias afectadas por la presente situación excepcional, es preciso adoptar medidas que proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas con el fin de favorecer el mantenimiento del empleo y reforzar la protección de los trabajadores directamente afectados

Atendiendo, igualmente a la previsión contenida en el apartado 4 de la Disposición adicional 3 del l Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, en redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, que dispone lo siguiente:

en las próximas semanas muchas empresas se van a enfrentar a importantes tensiones de liquidez derivadas de una caída de sus ventas, procedentes tanto de una menor demanda como de la interrupción de la producción, por ejemplo, por falta de suministros o por rescisión de determinados contratos. Se hace por tanto indispensable adoptar determinadas medidas para reforzar la liquidez del tejido productivo y evitar la salida del mercado de empresas solventes afectadas negativamente por esta situación transitoria y excepcional
desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos
Coherente con ello y con el fin de evitar causar un mayor perjuicio a las empresas que ya han prestado de forma satisfactoria sus prestaciones, se ha valorado la necesidad de mantener las actuaciones administrativas encaminadas a realizar los pagos debidos a aquellos