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JUEVES, 30 DE DICIEMBRE DE 2021 - BOC EXTRAORDINARIO NÚM. 101

De acuerdo con las distintas competencias asumidas por la Comunidad Autónoma y la diferente tipología de empleados públicos que prestan servicio para la misma, junto a las normas relativas a los funcionarios y personal laboral, se incorporan al texto las normas referentes a las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, conforme las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Presupuestos Generales del Estado y demás normas aplicables; las correspondientes al personal al servicio de instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud; del personal funcionario interino, del personal eventual, del personal laboral y del personal adscrito a organismos y entidades del sector público institucional.
En la Oferta de Empleo Público de Cantabria para el año 2022, se tendrán en cuenta las previsiones que se derivan tanto del reciente Real-Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, como del previo Acuerdo de 5 de julio de 2021 sobre el Plan de Choque para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas suscrito entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y tres de las Organizaciones Sindicales más representativas en las Administraciones Públicas. De conformidad con lo cual, observando las normas básicas que pudieran emanar del Estado sobre la tasa de reposición de efectivos, la Oferta tendrá como guía la estabilización y consolidación de la política de personal que permita alcanzar ese objetivo de reducción de la temporalidad. Objetivo este que no es contradictorio con la directriz fijada desde tiempo a atrás para todas las Unidades de la Administración de maximización del logro de los objetivos de servicio público encomendados a través de los recursos humanos con los que se cuenta, reforzando el compromiso ligado a tal servicio público por parte de los empleados y cargos públicos.
Ese compromiso se plasma en la continuidad de inclusión en los presentes Presupuestos de las medidas de limitación de la cobertura temporal de necesidades mediante el nombramiento o contratación de empleados públicos con carácter temporal. Cumpliendo las normas básicas estatales, esa limitación solo se relajará cuando tengan por objeto los sectores, funciones o categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Alcanzando esa excepcionalidad a las necesidades de recursos humanos temporales provocadas por lucha contra la pandemia que, presumiblemente, deberá continuar en el ejercicio de 2022. Esa interdicción de la cobertura temporal de los puestos de trabajo impone que por los responsables de las Unidades se haga una detallada fundamentación de la excepcionalidad que motiva sus peticiones y, junto a la adecuada financiación, el que se deban tener muy presentes los nuevos condicionantes en materia de duración de los nombramientos y contrataciones que se derivan de la modificación de los preceptos del texto refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real-Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, relativos a los funcionarios interinos y personal laboral temporal.
La normativa del Título V se complementa con algunas de las Disposiciones Adicionales y Transitorias de los presentes Presupuestos.
Seis. En el Título VI se resalta la importancia, para un mayor y mejor control del gasto, de la recepción de los contratos, convenios y encargos a medios propios personificados y, en su caso, cuando se considere conveniente, la comprobación de la inversión a cargo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CVE-2021-10547

Siete. Doce disposiciones adicionales contemplan diversas situaciones que, bien por su característica de excepcionalidad, bien por referirse a contingencias posibles, pero no determinadas, o bien, incluso, como medida de precaución, no han tenido el oportuno tratamiento en los treinta y nueve artículos de la Ley.

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