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Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 1 de junio de 2023.–La Secretaria General de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez Páez.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid en relación con la Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid ha adoptado el siguiente acuerdo:

I. De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, para el estudio y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas en relación con los artículos 2.1, 35.3.b) y la disposición adicional primera de la citada Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, ambas partes las consideran solventadas de conformidad con los siguientes compromisos y consideraciones:

En relación con el apartado 1 del artículo 2, ambas partes acuerdan que dicho precepto debe interpretarse de forma sistemática con el artículo 7 de la misma ley, cuyo apartado 1 dispone que «El Sistema Público de Servicios Sociales es un servicio público de carácter universal que consiste en una red integrada de recursos, programas, prestaciones y equipamientos de atención social, de responsabilidad y control público, ejercidos por las Administraciones autonómica y local». En consecuencia, debe considerarse que su ámbito subjetivo de aplicación queda limitado a las administraciones competentes en la materia.

En relación con el apartado 3.b) del artículo 35, ambas partes acuerdan que dicho precepto debe ser interpretado en el marco de lo dispuesto en el artículo 44.3 y en el Título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que regula los principios y el régimen jurídico de las relaciones interadministrativas, así como de lo señalado en el apartado 5 del propio artículo 35 y en los artículos 12 y 36.2 de la Ley 12/2022. De este modo, dicho precepto debe interpretarse no solo en conjunción con el resto del articulado de la Ley 12/2022, sino de forma global e integrada con el resto del ordenamiento jurídico, salvaguardando especialmente lo señalado en el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

En relación con la disposición adicional primera, ambas partes acuerdan que debe interpretarse en el marco de las competencias de ejecución de la legislación del Estado para la gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social, contempladas en el artículo 28.1.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, al que se hace expresa referencia en aquella, y que puntualiza expresamente que «La determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer la condición de beneficiario y la financiación se efectuarán de acuerdo con las normas establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en la materia 17.a del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución»; razón por la cual se incorpora la referida disposición adicional, diferenciando estas prestaciones de las restantes que integran el Catálogo regulado en los artículos 25 y siguientes de la Ley 12/2022 y, específicamente, en el artículo 27, que es el que contempla las prestaciones económicas garantizadas y condicionadas.

Ambas partes acuerdan igualmente que sean tomados en consideración también estos criterios en aquellas iniciativas normativas que promueva la Comunidad de Madrid en esta materia.

II. En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada.

III. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».–La Ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez García.–El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López López.