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Por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 19 de agosto de 2020 (BOE núm. 227, del 24 de agosto), se aprobó la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas para tomar parte en las pruebas de especialización en el orden jurisdiccional social, convocadas por Acuerdo de 27 de mayo de 2020.

La base quinta de la convocatoria establece que, una vez aprobada la relación definitiva de personas admitidas y excluidas, el Consejo General del Poder Judicial procederá, según lo previsto en el artículo 314 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la designación y nombramiento del Tribunal Calificador, que será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

En virtud de cuanto antecede, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día de la fecha, ha adoptado el siguiente acuerdo.

Primero.

Designar al Tribunal calificador que valorará las pruebas, que quedará integrado como sigue:

Presidenta: Concepción Rosario Ureste García, magistrada de la Sala de lo social del Tribunal Supremo.

Vocales:

María Virginia García Alarcón, magistrada en el orden social.

María José Hernández Vitoria, magistrada especialista en el orden social.

Luis Manuel López Sanz-Aranguez, fiscal.

Icíar Alzaga Ruiz, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

María Lourdes Meléndez Morillo-Velarde, profesora titular de Derecho del Trabajo.

Silvia Bauzá Hernández, abogada.

Gonzalo María Mairata Corominas, Abogado del Estado.

Santiago Rivera Jiménez, letrado de la Administración de Justicia de la categoría primera.

Vocal-secretaria: Elena Burgos Herrera, letrada del Consejo General del Poder Judicial.

Segundo.

Contra el presente Acuerdo, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» ante el mismo órgano que la ha dictado o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 10 de septiembre de 2020.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.