Quiero saber acerca de...

JUAN CARLOS IREY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno ha elaborado un conjunto de medi­das antiterroristas para impulsar la lucha contra las bandas armadas tanto originarias de nuestro país como aquellas otras organizaciones criminales de ámbito internacional. Frente a la amenaza terrorista se hace preciso introducir mejoras en el ordena­miento sancionador con las que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho pueda responder a esta amenaza de forma garantista, legítima y eficaz.

A tal efecto, la actual reforma trata de reforzar la intervención sancionadora en un ámbito suscepti­ble de mejorar, como es el de la utilización de sus­tancias explosivas que puedan causar estragos, con el objetivo de elevar el reproche penal del tráfico indebido y el incumplimiento de los deberes relati­vos a la seguridad colectiva en la tenencia de tan peligrosas sustancias.La presente reforma adopta como ineludible punto de partida la necesidad de tutelar la vida y la integridad física de las personas, que encuentran su referente constitucional en los derechos fundamen­tales del artículo 15 de la Constitución Española, frente a cualesquiera atentados contra la seguridad colectiva, entre otros bienes jurídicos.Al dotar al ordenamiento jurídico de nuevas me­didas para intensificar el control y la seguridad de los explosivos que pueden causar estragos se pre­tende evitar que esas bandas armadas puedan apo­derarse de ellos de forma ilícita y puedan, así, co­meter gravísimos atentados contra la vida y la inte­gridad física de las personas. La potestad sanciona­dora administrativa se revela como insuficiente para atajar la conducta de quienes estando obliga­dos a ello no observan las medidas de vigilancia y control de los explosivos. Es evidente que las nor­mas penales vigentes no permiten sancionar estas conductas que pueden coadyuvar en ocasiones a que los terroristas puedan disponer de los explosi­vos con los que cometen sus actos criminales.En consecuencia, las mejoras de la legislación penal que ahora se introducen se justifican en la protección de bienes como la vida y la integridad física y, en última instancia, en la protección de la seguridad colectiva frente a infracciones de extre­mada gravedad realizadas empleando instrumentos explosivos.Se introducen, por consiguiente, tres nuevos apartados, numerados como 2, 3 y 4, en el artículo 348 del Código Penal, con los que se trata de endu­recer la respuesta sancionadora frente a conductas ilícitas de los responsables de la vigilancia, el con­trol y la utilización de explosivos.En primer lugar, se trata ahora de incriminar expresamente la conducta de los sujetos obligados legal o contractualmente a la vigilancia, la custo­dia y el consumo de sustancias explosivas que puedan causar estragos que contravengan la nor­mativa de explosivos, básicamente el Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, y las disposiciones generales que lo desarrollan. Se requiere, en todo caso, que dicho incumplimiento haya facilitado la efectiva pérdida o sustracción de los explosivos, lo que permite diferenciar esta conducta penalmente relevante del correspondiente ilícito admi­nistrativo, que quedará restringido a los casos no comprendidos en la descripción típica, entre otros, la vulneración imprudente del deber de vigilancia o la vulneración dolosa o imprudente de la vigi­lancia de artefactos pirotécnicos y cartuchería en general.En segundo lugar, se castigan determinadas infracciones que, en la práctica, impiden constatadamente un control eficaz de los explosivos, como son las obstaculizaciones a la actividad inspectora de la Administración, la falsedad u ocultación de información relevante en el ámbito de medidas de seguridad y la desobediencia expresa a las órdenes de la Administración que obliguen a subsanar im­portantes defectos denunciados en materia de segu­ridad.Por otra parte, se aumentan las penas previstas en el apartado 1 del artículo 348 del Código Penal, para equiparar las consecuencias jurídicas de este delito a aquellas con las que se conminan los ilíci­tos del nuevo apartado 2 del mismo artículo. De este modo, las conductas referidas en ambos apar­tados se castigan con idéntica pena conjunta de pri­sión, multa e inhabilitación especial, penas que se impondrán en su mitad superior cuando las conduc­tas se cometan por personas que tengan respon-sabilidad sobre las empresas o sociedades que manejan y utilizan explosivos. En este último caso, se in­cluye, como eficaz previsión, la posibilidad de im­poner alguna de las consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal.Por su parte, los delitos del nuevo apartado 4 serán castigados con pena de prisión de seis meses a un año, así como con multa e inhabilitación espe­cial de duración inferior a las previstas en los apar­tados 1 y 2.Lógica consecuencia de las anteriores reformas es, por último, la modificación de la rúbrica de la sección 3.ª del capítulo I del título XVII del libro II, que ahora pasa a denominarse «De otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes», con lo que se trata de destacar que en la ratio legis o finalidad objetiva que informa la interpretación de estos preceptos cobra relevancia la idea de la pe­ligrosidad de las sustancias explosivas que puedan causar estragos, por cuanto pueden perturbar gra­vemente la seguridad colectiva y poner en riesgo bienes jurídicos individuales tan esenciales para la convivencia en nuestra sociedad democrática como son la vida o la integridad física.

Artículo único. Modificación del Código Penal.

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se modifica en los siguientes tér­minos:Uno. Se modifica la rúbrica de la sección 3.ª del capítulo I del título XVII del libro II, que tendrá la siguiente redacción:

«DE OTROS DELITOS DE RIESGO PROVOCADOS POR EXPLOSIVOS Y OTROS AGENTES»

Dos. El artículo 348 tendrá la siguiente redac­ción:

«Artículo 348.

1. Los que en la fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosi­vos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, o cualesquiera otras materias, aparatos o artificios que puedan causar estragos, contravi­nieran las normas de seguridad establecidas, po­niendo en concreto peligro la vida, la integridad fí­sica o la salud de las personas, o el medio ambiente, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a doce años.

2. Los responsables de la vigilancia, control y utilización de explosivos que puedan causar estra­gos que, contraviniendo la normativa en materia de explosivos, hayan facilitado su efectiva pérdida o sustracción serán castigados con las penas de pri­sión de seis meses a tres años, multa de doce a vein­ticuatro meses e inhabilitación especial para em­pleo o cargo público, profesión u oficio de seis a doce años.3. Las penas establecidas en los apartados an­teriores se impondrán en su mitad superior cuando se trate de los directores, administradores o encar­gados de la sociedad, empresa, organización o ex­plotación. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Có­digo.4. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a un año, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo pú­blico, profesión u oficio por tiempo de tres a seis años los responsables de las fábricas, talleres, me­dios de transporte, depósitos y demás estableci­mientos relativos a explosivos que puedan causar estragos, cuando incurran en alguna o algunas de las siguientes conductas:

a) Obstaculizar la actividad inspectora de la Administración en materia de seguridad de explosi­vos.

b) Falsear u ocultar a la Administración infor­mación relevante sobre el cumplimiento de las me­didas de seguridad obligatorias relativas a explosi­vos.c) Desobedecer las órdenes expresas de la Ad­ministración encaminadas a subsanar las anomalías graves detectadas en materia de seguridad de ex­plosivos.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 10 de octubre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO