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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

ha dictado sentencia, con fecha 6 de marzo de 1998, en el recurso

contencioso-administrativo número 1/16/1997, tramitado al amparo de la

Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los

Derechos Fundamentales de la Persona, en el que son partes, de una, como

demandantes, doña María Ángeles Mingo Solís y otros, y de otra, como

demandada, la Administración General del Estado, representada y

defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del propio

Departamento de fecha 30 de abril de 1996, sobre reclasificación en el grupo

superior, en aplicación del artículo 5 del Real Decreto-ley 12/1995, de

28 de diciembre.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente

pronunciamiento:

"Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo

interpuesto por la representación de doña María Ángeles Mingo Solís y

otros contra la Resolución reseñada en el antecedente de hecho primero

de esta sentencia, debemos declarar y declaramos que es la misma conforme

a la Constitución; se hace imposición de costas a la parte demandante."

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de

conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2

de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás

preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el "Boletín

Oficial del Estado", para general conocimiento y cumplimiento, en sus

propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a V. I.

Madrid, 23 de septiembre de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre

de 1997, "Boletín Oficial del Estado" del 28), el Secretario general técnico,

Tomás González Cueto.

Ilmo. Sr. Subsecretario.