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EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE, Y DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO Y DON JOSE VICENTE GIMENO SENDRA, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INICIADO BAJO EL NUMERO 961/1985, PLANTEADO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, CONTRA LA LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 18/1985, DE 23 DE JULIO, DE CAMARAS PROFESIONALES AGRARIAS, EN EL QUE HA COMPARECIDO EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DON MANUEL MARIA VICENS MATAS, Y EL PARLAMENTO DE CATALUÑA, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE; EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMS. 174/1987, 398/1987, 410/1987 Y 425/1987, ACUMULADOS ENTRE SI, Y AL ANTERIOR RECURSO NUM.

961/1985, PLANTEADOS POR DON BLAS CAMACHO ZANCADA, COMISIONADO POR 69 DIPUTADOS; EL ABOGADO DON RAMON RIU I FORTUNY, EN REPRESENTACION Y DEFENSA DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA; LA ABOGADO DOÑA INMACULADA RODRIGUEZ GONZALEZ, EN REPRESENTACION Y DEFENSA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA; LOS LETRADOS DON MIGUEL IGNACIO LEGARDA URIARTE Y DON JOSE IGNACIO LOPEZ CARCAMO, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL GOBIERNO VASCO, Y DON FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ CONDE, COMISIONADO POR 56 DIPUTADOS, RESPECTIVAMENTE, CONTRA LA LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS, RECURSOS EN LOS QUE HA COMPARECIDO EL GOBIERNO DE LA NACION, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO; EN EL CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA, INICIADO BAJO EL NUM. 504/1987, ACUMULADO A LOS ANTERIORES ASUNTOS, PROMOVIDO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE LA NACION, CONTRA EL DECRETO 32/1987, DE 5 DE FEBRERO, DE LA JUNTA DE GALICIA, POR EL QUE SE AUTORIZA LA ADQUISICION, A TITULO GRATUITO O LUCRATIVO, A FAVOR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, DEL DERECHO A USAR LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LAS CAMARAS AGRARIAS GALLEGAS PARA FINALIDADES DE ACTUACION ADMINISTRATIVA DE ORDEN EXCLUSIVAMENTE AGRARIO. HA COMPARECIDO LA JUNTA DE GALICIA, REPRESENTADA POR EL LETRADO DON HERIBERTO GARCIA SEIJO. HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON LUIS LOPEZ GUERRA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1. A) EL 2 DE NOVIEMBRE DE 1985 TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL ESCRITO DEL ABOGADO DEL ESTADO, QUIEN, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA 18/1985, DE 23 DE JULIO, DE CAMARAS PROFESIONALES AGRARIAS, PUBLICADA EN EL <DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA> NUM. 570, DE 2 DE AGOSTO DE 1985. LA SECCION SEGUNDA DE ESTE TRIBUNAL, POR PROVIDENCIA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1985, ADMITIO A TRAMITE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE FUE REGISTRADO CON EL NUM.

961/1985. TRAS LOS CORRESPONDIENTES TRAMITES, COMPARECIERON Y PRESENTARON ALEGACIONES EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y EL PARLAMENTO DE CATALUÑA.

HABIENDOSE INVOCADO EL ART. 161.2 CE, TRANSCURRIDO EL PLAZO PREVISTO EN ESTE CONCEPTO, Y TRAS OIR A LAS PARTES, EL PLENO DEL TRIBUNAL DICTO AUTO EL 24 DE ABRIL DE 1986, POR EL QUE SE ACORDO LEVANTAR LA SUSPENSION DE LA VIGENCIA DE LA LEY 18/1985, DE 23 DE JULIO, DE CAMARAS PROFESIONALES AGRARIAS; DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, POR ENTENDER QUE NO APARECIAN MOTIVOS SUFICIENTES PARA MANTENER LA CITADA SUSPENSION.

B) EL 13 DE FEBRERO DE 1987 TUVO ENTRADA EN EL TRIBUNAL ESCRITO DE DON BLAS CAMACHO ZANCADA, QUIEN, COMISIONADO POR 69 DIPUTADOS MAS, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS (LBCA). EL RECURSO QUEDO REGISTRADO CON EL NUM. 174/1987. POR PROVIDENCIA DE 18 DE FEBRERO DE 1987, LA SECCION SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMITIO A TRAMITE EL RECURSO EN EL QUE, TRAS LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES PROCESALES, SE PERSONO Y REALIZO ALEGACIONES EL ABOGADO DEL ESTADO EN NOMBRE DEL GOBIERNO.

C) EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DON RAMON RIU I FORTUNY, POR ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN EL TRIBUNAL EL 27 DE MARZO DE 1987, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 23/1986, YA CITADA; EL RECURSO QUEDO REGISTRADO CON EL NUM. 398/1987. LA SECCION TERCERA DEL TRIBUNAL, POR PROVIDENCIA DE 1 DE ABRIL DE 1987, ADMITIO EL RECURSO, EN EL QUE, TRAS LOS CORRESPONDIENTES TRAMITES PROCESALES, COMPARECIO EL ABOGADO DEL ESTADO EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA NACION.

D) DOÑA INMACULADA RODRIGUEZ GONZALEZ, EN REPRESENTACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA, PRESENTO ESCRITO EL 28 DE MARZO DE 1989, POR EL QUE SE INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTA LA MENCIONADA LEY 23/1986, RECURSO QUE QUEDO REGISTRADO CON EL NUM. 407/1987. LA SECCION CUARTA DEL TRIBUNAL, POR PROVIDENCIA DE 1 DE ABRIL DE 1989, ADMITIO A TRAMITE EL RECURSO EN EL QUE SE PERSONO EL ABOGADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE LA NACION.

E) EL GOBIERNO VASCO, REPRESENTADO POR DON MIGUEL IGNACIO LEGARDA URIARTE Y DON JOSE IGNACIO LOPEZ CARCAMO, POR ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL 30 DE MARZO DE 1987, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 23/1986, QUE QUEDO REGISTRADO CON EL NUM. 410/1987. ADMITIDO A TRAMITE EL RECURSO POR PROVIDENCIA DE LA SECCION TERCERA DE 1 DE ABRIL DE 1987, SE PERSONO EN EL MISMO EL ABOGADO DEL ESTADO EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA NACION.

F) DON FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE COMISIONADO POR 56 DIPUTADOS, POR ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EL 1 DE ABRIL DE 1987, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 23/1986, REGISTRANDOSE CON EL NUM. 425/1987. LA SECCION CUARTA DEL TRIBUNAL, POR PROVIDENCIA DE 8 DE ABRIL DE 1987, ADMITIO A TRAMITE EL RECURSO EN EL QUE SE PERSONO EL ABOGADO DEL ESTADO EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA NACION.

G) EN SU ESCRITO DE 27 DE MARZO DE 1987, EL REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA SOLICITA LA ACUMULACION DEL RECURSO 398/1987, AL REGISTRADO CON EL NUM. 961/1985; POR SU PARTE, EL ABOGADO DEL ESTADO, EN SU ESCRITO DE PERSONACION EN EL RECURSO NUM.

425/1987, SOLICITO LA ACUMULACION DEL CITADO RECURSO A LOS REGISTRADOS CON LOS NUMS. 398, 407 Y 410/1987; OIDAS LAS PARTES, EL PLENO DEL TRIBUNAL DICTO AUTO EL 4 DE JUNIO DE 1987, POR EL QUE SE ACUMULARON LOS RECURSOS 398, 407, 410 Y 425/1987.

H) EL ABOGADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO, POR ESCRITO DE 14 DE ABRIL DE 1987, PLANTEO CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA CONTRA EL DECRETO DE LA JUNTA DE GALICIA 32/1987, DE 5 DE FEBRERO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA ADQUISICION, A TITULO GRATUITO O LUCRATIVO, A FAVOR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, DEL DERECHO A USAR LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LAS CAMARAS AGRARIAS GALLEGAS PARA FINALIDADES DE ACTUACION ADMINISTRATIVA DE ORDEN EXCLUSIVAMENTE AGRARIO. EL CONFLICTO QUEDO REGISTRADO CON EL NUMERO 504/1987, Y, ADMITIDO A TRAMITE POR LA SECCION CUARTA DEL PLENO, EN PROVIDENCIA DE 22 DE ABRIL DE 1987, TRAS LOS CORRESPONDIENTES TRAMITES PROCESALES, SE PERSONO Y REALIZO ALEGACIONES LA JUNTA DE GALICIA, REPRESENTADA POR DON HERIBERTO GARCIA SEIJO. HABIENDOSE INVOCADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO EL ART. 161.2 DE LA C.E. SE TUVO POR SUSPENDIDO EL DECRETO IMPUGNADO.

POR PROVIDENCIA DE 10 DE JUNIO DE 1987, LA SECCION CUARTA ACORDO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 67 DE LA LOTC, QUE EL CONFLICTO 504/1987 SIGUIESE SU TRAMITACION POR LAS NORMAS DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, TAL Y COMO HABIA SOLICITADO EL ABOGADO DEL ESTADO.

TRANSCURRIDO EL PLAZO PREVISTO EN EL ART. 65.2 DE LA LOTC, Y OIDAS LAS PARTES, EL TRIBUNAL, POR AUTO DE 1 DE OCTUBRE DE 1987, ACORDO MANTENER LA SUSPENSION DEL DECRETO DE LA JUNTA DE GALICIA 32/1987.

I) EN LA PROVIDENCIA DE 10 DE JUNIO DE 1987 SE SOLICITO A LAS PARTES PERSONADAS EN LOS ASUNTOS 961/1985, 174/1987, 398/1987, 407/1987, 410/1987, 425/1987 Y 504/1987, QUE REALIZARAN ALEGACIONES SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA ACUMULACION DE TODOS ELLOS. POR AUTO DE 21 DE JULIO DE 1987, EL PLENO DEL TRIBUNAL, ACORDO ACUMULAR EL CONFLICTO DE COMPETENCIA 504/1987 Y LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 961/1985 Y 174/1987, A LOS YA ACUMULADOS 398, 407, 410 Y 425 DE 1987.

2. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 961/1985 FUE INTERPUESTO, COMO SE HA SEÑALADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, CONTRA LA LEY 18/1985, DE 23 DE JULIO, DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE CAMARAS PROFESIONALES AGRARIAS.

A) EL RECURSO SE DIRIGE PRINCIPALMENTE CONTRA LA TOTALIDAD DE LA LEY Y, SUBSIDIARIAMENTE, CONTRA SUS ARTS. 12.1, 13.1, F); 19.1, H) Y DISPOSICION DEROGATORIA, PARRAFO PRIMERO.

A) COMIENZA SUS ALEGACIONES EL ABOGADO DEL ESTADO SEÑALANDO QUE EL PARLAMENTO DE CATALUÑA CARECE DE COMPETENCIA PARA DICTAR LA LEY IMPUGNADA YA QUE NO EXISTE TITULO ESTATUTARIO EN EL QUE SUSTENTAR LA REGULACION SOBRE CAMARAS AGRARIAS. ESTA MATERIA, CON SUSTANTIVIDAD PROPIA, NO ES OBJETO DE REFERENCIA ALGUNA EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA (E. A. C). ELLO HACE QUE LA LEY IMPUGNADA APELE A UNA GENERICA INVOCACION DE LOS ARTS. 9 Y 12 DEL E.A.C. PARA FUNDAMENTAR LA EXISTENCIA DE REGULACION EN MATERIA DE CAMARAS. LA INVOCACION DEL ART. 9 RESULTA CLARAMENTE INSUFICIENTE, YA QUE, POR UN LADO, LAS INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO SON SOLO LAS PREVISTAS POR EL ART.

152.1 DE LA C.E., Y, POR OTRO, LA NATURALEZA BIFRONTE DE LAS CAMARAS AGRARIAS IMPIDE ESA CALIFICACION DE <INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO>. EN ESTE SENTIDO, TAMPOCO EL ART. 10.1 DE LA E.A.C. (DESARROLLO LEGISLATIVO Y EJECUCION DE BASES SOBRE REGIMEN JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD Y DE LOS ENTES PUBLICOS DE ELLA DEPENDIENTES) PUEDE FUNDAMENTAR COMPETENCIALMENTE LA LEY IMPUGNADA, YA QUE NO PUEDE HABLARSE DE INTEGRACION ADMINISTRATIVA DE LAS CAMARAS AGRARIAS, NI SU NATURALEZA DE ORGANOS DE CONSULTA TAMBIEN DEL ESTADO PERMITE EQUIPARARLAS A ENTES PUBLICOS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

POR LO QUE RESPECTA AL TITULO COMPETENCIAL <AGRICULTURA Y GANADERIA> (ARTS. 12.1.4 DEL E.A.C), TAMPOCO PUEDE DAR COBERTURA A LA LEY DE CAMARAS. EN EL E.A.C. OTRAS CORPORACIONES REPRESENTANTIVAS APARECEN DIFERENCIADAS RESPECTO DE TITULOS COMPETENCIALES EN LOS QUE DESARROLLAN SU LABOR. POR OTRO LADO, EL ART.

149.1.18 DE LA C.E., AL REFERIRSE EXPRESAMENTE A LAS CAMARAS AGRARIAS, REFUERZA ESA IMPOSIBILIDAD DE INCLUIR A ESTAS EN EL TITULO <AGRICULTURA Y GANADERIA>. TAMPOCO LA REFERENCIA A ORGANIZACIONES PROFESIONALES QUE REALIZA LA LEY CATALANA 18/1985 PUEDE JUSTIFICAR LA COMPETENCIA EN LA MATERIA, COMO POSTERIORMENTE SE ANALIZA AL IMPUGNAR SUBSIDIARIAMENTE EL ART.

12.

EL ART. 9.22 DEL E.A.C. TAMPOCO PUEDE DAR COBERTURA COMPETENCIAL A CATALUÑA PARA DICTAR ESTA LEY, YA QUE ESA AMPLIACION ANALOGICA CHOCA CON LO REALIZADO EN OTROS ESTATUTOS, Y SI SE HUBIERA QUERIDO ASUMIR LA COMPETENCIA SOBRE CAMARAS AGRARIAS SE HUBIERA HECHO EXPRESAMENTE. POR ULTIMO SE SEÑALA QUE NO EXISTE EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE HOMOGENEIDAD DE COMPETENCIAS ENTRE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ADEMAS DE INDICARSE QUE EXISTEN OTRAS INCOMPETENCIAS EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS.

B) CON CARACTER SUBSIDIARIO RESPECTO DE LA ANTERIOR IMPUGNACION, SE RECURRE EL ART. 12.1 DE LA LEY CATALANA 18/1985 Y, POR CONEXION, LOS ARTS. 13.1 F) Y 19.1 H). DOS SON LOS ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAN ESTA IMPUGNACION: VIOLACION DEL ART.

149.1.1 DE LAC.E., POR UNA PARTE, Y DE LOS ARTS. 22.1 Y 28.1 C.E., POR OTRA.

EL ART. 12.1 DE LA LEY IMPUGNADA AFECTA A DERECHOS FUNDAMENTALES Y, AL REGULARSE ESTA MATERIA, SE ESTA VULNERANDO EL ART. 149.1.1 DE LA C.E. NO CABE, OBJETAR QUE EXISTE UNA REGULACION ESTATAL PREVIA (R.D. 1.336/1977, Y R.D. 1.127/1980). DICHA REGULACION NO ESTABLECE, AL MENOS EXPRESAMENTE, LA AFILIACION OBLIGATORIA A LAS CAMARAS AGRARIAS. EL R. D. 1.336/1977, EN SU ART. 4, SE LIMITA A ATRIBUIR LA CONDICION DE ELECTORES Y ELEGIBLES, LO QUE NO SIGNIFICA NI QUE SE IMPUSIERA LA AFILIACION OBLIGATORIA NI QUE SE PERMITIERA A LAS CAMARAS RECAUDAR DIRECTAMENTE EL RECARGO SOBRE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA Y PECUARIA, NI LES CONCEDIERON LA UTILIZACION DE LA VIA DE APREMIO.

EN TODO CASO, LA NORMATIVA CATALANA RESULTA MATERIALMENTE INCONSTITUCIONAL. EL ART. 52 DE LA C.E. RECONOCE UNA CIERTA INTERVENCION ESTATAL EN LA REGULACION DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES REPRESENTATIVAS DE INTERESES ECONOMICOS, PUDIENDO LLEGAR A CONFIGURARSE COMO CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO; SIN EMBARGO, NO PUEDEN LAS PECULIARIDADES ATENTAR A DERECHOS FUNDAMENTALES COMO LO SON DERECHOS DE ASOCIACION Y SINDICACION NEGATIVOS. SOLO EN LOS COLEGIOS PROFESIONALES, ENTES SIMILARES PERO NO IDENTICOS A LAS ORGANIZACIONES DEL ART. 52 C.E. (YA QUE SE REFIEREN AL EJERCICIO DE PROFESIONES TITULADAS), ES POSIBLE LA ADSCRICION OBLIGATORIA. EN EL CASO DE LAS ORGANIZACIONES DEL ART. 52, COMO SON LAS CAMARAS AGRARIAS, ESA ADSCRIPCION OBLIGATORIA PERTURBARIA ABIERTAMENTE EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ASOCIACION Y DEL DE SINDICACION. ELLO QUEDA PUESTO DE MANIFIESTO EN LA PROPIA LEY CATALANA, CUYO ART. 13.1, F), POR EJEMPLO, SE REFIERE A LA ACTUACION DE LAS CAMARAS <EN REPRESENTACION Y EN DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES AGRARIOS>.

POR LO QUE RESPECTA AL ART. 19.1, H), TAMBIEN EN CONEXION CON EL ART. 12.1, DICHO PRECEPTO SOLO TIENE SENTIDO EN CUANTO QUE SE CONCIBA LA CAMARA AGRARIA COMO UN ENTE PUBLICO DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA; SI DESAPARECE ESTA, DEJA DE PODERSE HABLAR DE TRIBUTO EN RELACION CON LAS CUOTAS O DERRAMAS. POR OTRA PARTE, ESTA FORMA DE FINANCIACION REITERA LA VULNERACION DE LOS ARTS. 22 Y 28 C.E. POR CUANTO SITUA A LA CAMARA EN UNA CLARA POSICION PRIVILEGIADA RESPECTO DE ASOCIACIONES Y SINDICATOS.

C) POR ULTIMO, Y TAMBIEN CON CARACTER SUBSIDIARIO RESPECTO DE LA IMPUGNACION GLOBAL, SE RECURRE LA DISPOSICION DEROGATORIA PRIMERA, PARRAFO PRIMERO. NO PUEDE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEROGAR EL DECRETO 336/1977 Y DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO, YA QUE TALES NORMAS REGULAN LOS ASPECTOS BASICOS DE LAS CAMARAS AGRARIAS.

CONCLUYE EL RECURSO SOLICITANDO QUE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY 18/1985 DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA Y, SUBSIDIARIAMENTE, DE SUS ARTS. 12.1, 13.1 F) Y 19.1 H) ASI COMO DE SU DISPOSICION DEROGATORIA, PARRAFO PRIMERO.

B) EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE ESTE, POR ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL 10 DE DICIEMBRE DE 1985, REALIZO LAS ALEGACIONES QUE TUVO POR CONVENIENTES Y QUE PUEDEN RESUMIRSE COMO SIGUE.

A) COMIENZA EL ESCRITO DEFENDIENDO LA EXISTENCIA DE TITULO COMPETENCIAL QUE JUSTIFIQUE LA APROBACION DE UNA LEY EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS; ESTE TITULO COMPETENCIAL DERIVA TANTO DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA (ART. 10.1.1 E.A.C.), COMO DE LA AGRICULTURA (ART. 11.1.4 E.A.C.). CONTANDO CON AMBAS COMPETENCIAS, Y CON RESPECTO A LAS BASES ESTATALES, PARECE LOGICO QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA PUEDA REGULAR LA ADMINISTRACION CATALANA DE LA AGRICULTURA, QUE PUEDE INCLUIR TANTO FORMULAS DE ADMINISTRACION DIRECTA COMO DE PERSONIFICACION, SEA FUNCIONAL O CORPORATIVA.

NINGUNO DE LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA SON SUFICIENTES PARA MANTENER QUE CATALUÑA CARECE DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS. LA FALTA DE CITA EXPRESA NADA SIGNIFICA, YA QUE EN EL ESTATUTO, SON MUY POCOS LOS ENTES CITADOS FUERA DE LOS TERRITORIALES.

TAMPOCO EL HECHO DE QUE OTROS ESTATUTOS SI CITEN A LAS CAMARAS ES ARGUMENTO PARA CONCLUIR LA FALTA DE COMPETENCIA, YA QUE NO PUEDEN UTILIZARSE OTROS ESTATUTOS COMO CRITERIO INTERPRETATIVO.

LA NATURALEZA BIFRONTE DE DOBLE RELACION CON EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA SE DA EN OTROS MUCHOS ENTES, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE LA AUSENCIA DE COMPETENCIAS AUTONOMICAS. EL ART. 10.1.1 E.A.C., AL REFERIRSE A <LOS ENTES PUBLICOS DEPENDIENTES> DE LA GENERALIDAD NO REALIZA DISTINCION ALGUNA Y, POR ELLO CABE INCLUIR A LAS CAMARAS AGRARIAS. POR OTRO LADO, LA COMISION MIXTA PREVISTA EN LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA E.A.C., EN DOS OCASIONES HA ACORDADO LA TRANSFERENCIA A LA GENERALIDAD DE LAS CAMARAS AGRARIAS, AUNQUE, INCOMPRENSIBLEMENTE, DICHA TRANSFERENCIA NO SE HA PRODUCIDO.

B) EL SEGUNDO NUCLEO DE ALEGACIONES DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA SE REFIERE A LA CORRECCION CONSTITUCIONAL, TANTO FORMAL COMO MATERIAL, DE LA INTEGRACION NECESARIA DE LOS PROFESIONALES EN LAS CAMARAS AGRARIAS.

SI BIEN ES CIERTO QUE LA REPETICION DE LA NORMA BASICA FORMAL POR LA NORMA AUTONOMICA ES UNA TECNICA DESACONSEJABLE, DICHA REPRODUCCION ES CASI NECESARIA CUANDO DE LO QUE SE TRATA ES DE EXPRESAR PRINCIPIOS NORMATIVOS ASUMIDOS COMO BASICOS. EL PROBLEMA, PUES, NO ES DE COMPETENCIA O INCOMPETENCIA, SINO DE CONFORMIDAD O NO DE LA NORMA BASICA CON LA CONSTITUCION. CENTRADA ASI LA CUESTION, EL PROPIO GOBIERNO PARTE EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY DE <ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS> DE QUE EL SISTEMA IMPERANTE ES EL DE INTEGRACION OBLIGATORIA, SIN QUE, HASTA EL MOMENTO HAYA SIDO MODIFICADO.

LA SOLUCION ESTATAL DE LA INTEGRACION OBLIGATORIA NO ES INCONSTITUCIONAL; LA BUSQUEDA DE FORMULAS DE PARTICIPACION DEL SECTOR AGRARIO NO PUEDE PRODUCIR DISCRIMINACIONES POR EXCLUSION, SIN QUE ELLO SUPONGA, COMO SEÑALA EL PROPIO ART. 4 DE LA LEY RECURRIDA, OPOSICION ALGUNA A LAS LIBERTADES DE ASOCIACION Y SINDICACION. LA LEY DETERMINA LAS FUNCIONES DE LAS CAMARAS Y, DENTRO DE ESTAS, CADA AGRICULTOR PODRA PARTICIPAR O NO, SIN QUE DE ELLO DERIVE LIMITE ALGUNO PARA OTROS DERECHOS. LA FORMULA DE LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA ES PLENAMENTE CONSTITUCIONAL, COMO DEMUESTRA EL CASO DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES, Y SIN QUE LAS DIFERENCIAS QUE INTENTA ESTABLECER ENTRE ESTE SUPUESTO Y EL DE LAS CAMARAS EL RECURSO SEAN RELEVANTES. ASI PUES, ESTABLECIDO QUE LA INTEGRACION OBLIGATORIA FORMA PARTE DE LA NORMATIVA BASICA ESTATAL Y QUE ES ACORDE CON LA CONSTITUCION, LOS ARTS. 12, 13.1 F) Y 19.1 H) DE LA LEY CATALANA SON PERFECTAMENTE RESPETUOSOS CON LA NORMATIVA FUNDAMENTAL.

C) POR ULTIMO, LA DISPOSICION DEROGATORIA PRIMERA, PARRAFO PRIMERO, NO PRETENDE DEROGAR EL REAL DECRETO 1336/1977, SINO CIRCUNSCRIBIR SU AMBITO DE VIGENCIA O, MEJOR, ALTERARLO, CONVIRTIENDOSE EN NORMA SUPLETORIA.

EL REAL DECRETO CITADO NO CONTIENE LAS BASES, AUNQUE DE EL SE DEDUZCAN; LA LEY LAS HA RESPETADO, INCORPORANDOLAS A SU NORMATIVA Y DEJANDO PRIVADO DE VIGENCIA EL CITADO DECRETO.

POR TODO LO ANTERIOR, CONCLUYE EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA SOLICITANDO QUE SE DESESTIMEN LAS PETICIONES CONTENIDAS EN LA DEMANDA Y QUE SE DECLAREN EXPRESAMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD Y PLENA VALIDEZ DE LA TOTALIDAD DE LA LEY CATALANA 18/1985, DE CAMARAS PROFESIONALES AGRARIAS.

C) DON MANUEL MARIA VICENS MATAS, EN NOMBRE Y REPRESENTACION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, POR ESCRITO DE 13 DE DICIEMBRE DE 1985, REALIZA LAS ALEGACIONES QUE ESTIMA PERTINENTES.

A) COMIENZA SEÑALANDOSE QUE EL HECHO DE QUE EL E.A.C. NO CITE EXPRESAMENTE LAS CAMARAS AGRARIAS NO SIGNIFICA QUE CATALUÑA CAREZCA DE COMPETENCIA SOBRE ELLAS, COMPETENCIA QUE VIENE APOYADA EN EL TITULO AGRICULTURA Y GANADERIA; LAS CAMARAS, FUERA DE ESTE TITULO COMPETENCIAL, PERDERIAN TODO SIGNIFICADO Y, POR TANTO, SU CONEXION NO SOLO ES OBVIA, SINO NECESARIA.

B) ENTRANDO EN EL TEMA DE LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA, LA NORMATIVA ESTATAL SOBRE LA MATERIA ES LA QUE CONSAGRA DICHO PRINCIPIO. EL REAL DECRETO 1336/1977, EN SU ART. 4, ESTABLECE QUE <SERAN ELECTORES Y ELEGIBLES COMO MIEMBROS DE LAS CAMARAS AGRARIAS LOS TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRICOLAS>; NO SE DICE QUE <PODRAN>, SINO QUE TODOS LOS INTEGRANTES DEL CUERPO ELECTORAL SON CONSIDERADOS MIEMBROS DE LAS CAMARAS. PERO, POR OTRO LADO, EL ART. 15 DE LA LEY DE PROCESO AUTONOMICO (L.P.A.) FIJO UNA SERIE DE PRINCIPIOS A LOS QUE DEBIA SUJETARSE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y QUE SE IDENTIFICARON POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO BASES (STC 76/1983), Y, ENTRE ELLOS SE ENCUENTRA EL DE IMPONER LA CONSTITUCION OBLIGATORIA DE DETERMINADAS ENTIDADES, ENTRE ELLAS, LAS CAMARAS AGRARIAS. OBLIGANDO LA LEY ESTATAL LA CONSTITUCION EN TODO EL TERRITORIO DE LAS CAMARAS NO PUEDE AHORA EL ESTADO IMPUGNAR UNA LEY AUTONOMICA QUE LO QUE PRETENDE ES HACER EFECTIVA ESA FORMACION OBLIGATORIA, SIENDO EXIGENCIA DE ESA CONSTITUCION OBLIGATORIA LA FORZOSA INCORPORACION YA QUE, EN OTRO CASO, PODRIA SUCEDER QUE LA NEGATIVA A INTEGRARSE DE TODOS LOS PROFESIONALES DEJARA VACIA DE CONTENIDO LA CONSTITUCION OBLIGATORIA.

POR OTRA PARTE, EL ANUNCIO DE UNA FUTURA MODIFICACION DEL REGIMEN DE LAS BASES ATENTA AL EQUILIBRIO Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE LAS AUTONOMIAS Y A LA LEALTAD CONSTITUCIONAL. ELLO PORQUE LAS BASES DEBEN TENER UNA CIERTA ESTABILIDAD POR CUANTO QUE SE REFIEREN A LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES Y NO COYUNTURALES, Y AUNQUE NO SEA EL CONCEPTO ANTITETICO DEL DE EVOLUCION LEGISLATIVA, NO PUEDE EL ESTADO MODIFICAR CONTINUAMENTE LAS BASES

SEGUN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (STC 76/1983) EL UNICO TITULO COMPETENCIAL EN EL QUE EL ESTADO PUEDE FUNDAMENTAR SU COMPETENCIA SOBRE CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO REPRESENTATIVAS DE INTERESES ECONOMICOS ES LA DEL ART. 149.1.18 C.E. ELLO HACE QUE LA CUESTION ESTE YA RESUELTA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL SENTIDO DE QUE EL ART. 149.1.1. C.E. NO JUEGA EN EL CAMPO DE LA CONSTITUCION Y ORGANIZACION DE LAS CAMARAS AGRARIAS, POR LO QUE EL ART. 12.1 DE LA LEY IMPUGNADA ES PLENAMENTE ACORDE CON LA CONSTITUCION Y REFLEJO DE LA NORMATIVA BASICA SOBRE LA MATERIA, EN ESPECIAL, EL ART.

15.1 DE LA L.P.A.

EN TODO CASO, LA ESPECIAL NATURALEZA DE LAS CAMARAS AGRARIAS, COMO DE OTROS ENTES SIMILARES, Y SOBRE TODO SU ASPECTO PUBLICO, HACE QUE NO PUEDAN APLICARSE RIGIDAMENTE LOS PRINCIPIOS Y LA REGULACION DEL HECHO ASOCIATIVO, QUE PASA A UN SEGUNDO PLANO. EN ESTA MISMA LINEA SE MUEVE EL ART. 52 C.E., HACIENDO, AL MENOS, QUE NO SEA APLICABLE A LAS CAMARAS LA LIBERTAD DE ASOCIACION EN SU ASPECTO NEGATIVO.

LA IMPUGNACION DEL ART. 13.1 F) DE LA LEY CARECE DE FUNDAMENTO. LA PROPIA LEY, EN SU ART. 4, ESTABLECE QUE LA EXISTENCIA DE LAS CAMARAS AGRARIAS NO LIMITA LA LIBERTAD SINDICAL Y DETERMINA CUAL HA DE SER SU AMBITO DE ACTUACION. EL RECURSO LO UNICO QUE PRETENDE ES HACER DECIR A LA LEY LO QUE EN REALIDAD NO DICE.

TAMPOCO EL ART. 19.1 H) RESULTA CONTRARIO A LA C.E. EN PRIMER LUGAR, NI LOS FONDOS DE LAS CAMARAS, NI LAS CUOTAS O DRAMAS TIENEN CARACTER PUBLICO, EN EL SENTIDO TRIBUTARIO O FISCAL. ADEMAS, JUSTIFICADO QUE LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA NO IMPLICA VIOLACION ALGUNA DE LAS LIBERTADES DE ASOCIACION Y SINDICACION, EL SISTEMA DE FINANCIACION NO SUPONE SITUACION DE PRIVILEGIO ALGUNA. EL USO, EN SU CASO, DE METODOS PROPIOS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS PARA LA RECAUDACION DE CUOTAS NO ES MAS QUE LA CONSECUENCIA LOGICA DE LA DIMENSION PUBLICA DE LAS CAMARAS. POR ULTIMO, EL SISTEMA DE FINANCIACION ARBITRADO ES SIMILAR AL VIGENTE REGULADO POR EL ESTADO.

POR LO QUE RESPECTA A LA DISPOSICION DEROGATORIA, PARRAFO PRIMERO, EL REAL DECRETO 1336/1977 NO ES UNA NORMA BASICA, AUNQUE DE ELLAS PUEDAN INFERIRSE ALGUNOS ASPECTOS BASICOS. LA CONSECUENCIA ES QUE, TOMANDO COMO NORMA BASICA EL ART. 15 DE LA L.P.A. Y EL CARACTER PRECONSTITUCIONAL DEL REAL DECRETO 1336/1977, LA COMUNIDAD AUTONOMA LO HA DECLARADO NO APLICABLE EN SU TERRITORIO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 12.1.4 Y 26.1 E.A.C.

CONCLUYE EL REPRESENTANTE DE LA GENERALIDAD SOLICITANDO QUE SE DESESTIME EL RECURSO PLANTEADO CONTRA LA LEY CATALANA 18/1985, DECLARANDO QUE TODOS SUS PRECEPTOS SE AJUSTAN A LA CONSTITUCION Y AL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

3.

DON BLAS CAMACHO ZANCADA, COMISIONADO POR SESENTA Y NUEVE DIPUTADOS MAS, POR ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL 13 DE FEBRERO DE 1987, PRESENTO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (AS. 174/87) CONTRA LA TOTALIDAD DE LA LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS, PUBLICADA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> NUM. 312, DE 30 DE DICIEMBRE DE 1986; SUBSIDIARIAMENTE IMPUGNA LOS SIGUIENTES PRECEPTOS DE LA CITADA LEY: ULTIMO PARRAFO DEL APARTADO CUARTO DEL PREAMBULO EN RELACION CON EL ART. 6; ARTS. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, PARRAFO SEGUNDO, DE LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA, Y DISPOSICION FINAL SEGUNDA.

A) COMIENZA EL RECURSO CON UNA AMPLIA EXPOSICION DE LOS ANTECEDENTES HISTORICOS Y NORMATIVOS REFERENTES A LAS CAMARAS AGRARIAS, PARA EXPONER, A CONTINUACION, LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO EN QUE SE BASA LA IMPUGNACION.

A) EL RECURSO PLANTEA COMO PRETENSION PRINCIPAL LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL CONJUNTO DE LA L. B.

C. A. POR SER CONTRARIA AL CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE <BASES>, A LOS ARTS. 148.1.7 Y 149.1.18 C.E., A TODOS LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA Y <A LAS TESIS YA SOSTENIDAS POR EL PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON RESPECTO A LA CONFIGURACION CONSTITUCIONAL DE LAS CAMARAS AGRARIAS>.

LA LEY IMPUGNADA DESBORDA EL CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE <BASES>. SE INVOCA COMO TITULO COMPETENCIAL PARA REGULAR LAS CAMARAS EL ART. 149.1.18 C. E., TITULO QUE EFECTIVAMENTE SERVIRIA DE FUNDAMENTO SI NO SE SUPERARAN LAS BASES, Y SI SE HUBIERA DICTADO LA LEY PARA UN SUJETO QUE FUESE AUTENTICAMENTE UNA ADMINISTRACION PUBLICA. LO PORMENORIZADO DE LA REGULACION REALIZADA POR LA LEY RECURRIDA Y LAS MATERIAS EN LAS QUE ENTRA HACEN QUE NO QUEDE NADA PARA LA REGULACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

POR OTRO LADO, LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA LOAPA SE REFIRIO A LAS COMPETENCIAS ESTATALES PARA REGULAR LAS BASES DE LAS ORGANIZACIONES DEL ART. 52 C.E., CAMARAS AGRARIAS ENTRE ELLAS, LIMITANDOLAS A LA CONSTITUCION DE SUS ORGANOS Y A SU ACTIVIDAD EN LOS ASPECTOS EN LOS QUE REALIZAN FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. EN LA LEY RECURRIDA PREDOMINA EL CARACTER PUBLICO FRENTE A LA DEFENSA DE LOS INTERESES PRIVADOS, QUE DESAPARECEN DE MANERA RADICAL; LA L. B. C. A., PUES, HA CONVERTIDO SIN MAS, A LAS CAMARAS AGRARIAS EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS, PRIVANDOLAS DE SU COMPONENTE PRIMORDIAL PRIVADO.

LA LEY IMPUGNADA VIOLA ASIMISMO EN SU TOTALIDAD LOS ARTS. 14 Y 52 DE LA C.E. LA DETALLADA NORMATIVA INCLUIDA EN LA LEY IMPUGNADA VACIA DE CONTENIDO EL AMBITO DE AUTONOMIA CON QUE DEBEN CONTAR LAS PROPIAS CAMARAS A LA HORA, POR EJEMPLO, DE FIJAR SU AMBITO TERRITORIAL. ELLO HACE, A LA VEZ, QUE SE DISCRIMINE A LAS CAMARAS AGRARIAS RESPECTO DE OTRAS ORGANIZACIONES DE DEFENSA DE INTERESES ECONOMICOS.

ASI, EL DESBORDAMIENTO DEL CONCEPTO DE <BASES>, SU APLICACION A ENTES QUE NO DEBEN SER EN SU INTEGRIDAD ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y EL DESBORDAMIENTO DEL CARACTER ESTATUTARIO AFECTAN A TODA LA LEY 23/1986, HABIENDOSE APROBADO CON UNA TELEOLOGIA CONSTITUCIONALMENTE ILICITA, QUE LA AFECTA EN SU CONJUNTO.

B) CON CARACTER SUBSIDIARIO PLANTEAN LOS RECURRENTES LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DISTINTOS PRECEPTOS.

LA PRIMERA DENUNCIA SE REFIERE AL ULTIMO PARRAFO DEL APARTADO CUARTO DEL PREAMBULO DE LA LEY. SE AFIRMA EN EL QUE LA EXISTENCIA DE CAMARAS DE AMBITO LOCAL SUPONE UNA TRABA PARA EL DESARROLLO DEL ASOCIACIONISMO LIBRE Y REIVINDICATIVO, FIJANDOSE LUEGO EN EL ART. 6 LA PROVINCIA COMO AMBITO TERRITORIAL DE LAS CAMARAS. ELLO CHOCA CON LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS PARA ESTABLECER EL AMBITO TERRITORIAL Y CASA MAL CON LA ACTITUD DEL GOBIERNO DE NO RECURRIR LA LEY GALLEGA QUE ESTABLECE COMO MARCO TERRITORIAL LA PARROQUIA. LA INCONSTITUCIONALIDAD DENUNCIADA AFECTA, NO SOLO AL PREAMBULO, SINO TAMBIEN AL ART. 6 Y A LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA.

POSTERIORMENTE SE IMPUGNAN LOS ARTS. 1 Y 3 L. B. C. A.

EL UNICO TITULO COMPETENCIAL EN EL QUE PUEDE APOYARSE LA LEGISLACION SOBRE LAS CAMARAS ES EL DE SU ORGANIZACION Y CONSTITUCION EN CUANTO ADMINISTRACIONES PUBLICAS. EL ART. 3 L. B. C.

A., MEDIANTE UNA ARGUMENTACION FALAZ QUIERE AFIRMAR QUE TODOS LOS ACTOS QUE DICTE LA CAMARA COMO ENTIDAD DE DERECHO PUBLICO TIENEN LA CONSIDERACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS; PERO, PARA ELLO, LA L. B. C. A. NO HA DETERMINADO CUANDO ACTUAN LAS CAMARAS <SIN SER ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO, SINO COMO ADMINISTRACION PUBLICA>. POR EL CONTRARIO, DEL ART. 2 PARECE DEDUCIRSE EL CRITERIO DE LA TOTAL <PUBLICACION> DE LAS CAMARAS, MAXIME SI, COMO SE HACE EN EL ART. 5, SE LES PROHIBE LA DEFENSA DE INTERESES SOCIOECONOMICOS, CORPORATIVOS, PROFESIONALES, ETC. EXISTE, PUES, UNA GRAN CONFUSION CONCEPTUAL EN LA L. B. C. A., QUE PRODUCE UN EFECTO DE INSEGURIDAD JURIDICA CONTRARIA AL ART. 9.3 C.E. Y QUE EXCEDE DE LO PREVISTO POR EL ART. 149.1.18 C.E.

EL ART. 7 DE LA LEY ES INNECESARIO Y, EN OTRO CASO, INCONSTITUCIONAL POR INVADIR LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS AL OBLIGARSE A ESTAS A SOMETERSE A LA LEY 23/1986 Y A DECISIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES.

POR LO QUE RESPECTA AL ART.

8, EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUMERO MAXIMO DE 25 MIEMBROS PARA LAS CAMARAS PROVINCIALES PLANTEA MUCHAS DUDAS, ]POR QUE ESE NUMERO Y NO OTRO?, ]QUIEN DEBE FIJAR LOS NUMEROS MINIMOS Y CONCRETOS EN CADA CASO?, ]POR QUE ES PREFERIBLE EL SISTEMA DE REPRESENTACION PROPORCIONAL Y NO EL DE VOTO LIMITADO?, ]DEBE EL SISTEMA ELECTORAL REGULARSE POR EL ESTADO O ES MATERIA DE LOS ESTATUTOS DE CADA CAMARA?, ]NO ES UNA DISFUNCION QUE UNA LEY DE BASES DEL ESTADO, QUE DEBE DESARROLLARSE POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, CONTENGA HABILITACIONES AL GOBIERNO PARA SU DESARROLLO?

LA DISPOSICION ADICICIONAL PRIMERA VIOLA EL ART. 149.1.18 C.E. Y PRIVA A LAS CAMARAS DE SU FACULTAD DE DEFENDER INTERESES ECONOMICOS.

POR LO QUE RESPECTA A LAS DISPOSICIONES ADICIONALES SEGUNDA Y CUARTA Y SIN PERJUICIO DE LO QUE POSTERIORMENTE SE DICE RESPECTO A SU OPOSICION AL ART. 33 C.E., NO ES ACORDE CON UNA LEY DE BASES EL ESTABLECIMIENTO DE HABILITACIONES AL GOBIERNO PARA DESARROLLAR ASPECTOS DE LA LEY TALES COMO REALIZAR ATRIBUCIONES PATRIMONIALES, ETC.

LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA, SEGUNDO PARRAFO, INTRODUCE UNA NUEVA DEFINICION DEL REGIMEN LOCAL; EL ART. 149.1.18 C.E. NO HABILITA PARA

ENTRAR A REGULAR EL REGIMEN LOCAL, ADEMAS, SE FIJAN COMPETENCIAS EXCLUSIVAS PARA LOS ENTES LOCALES EXCLUYENDO A CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO COMO LAS CAMARAS.

LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA INCLUYE UNA NUEVA HABILITACION EN FAVOR DEL GOBIERNO QUE VIOLA LA COMPETENCIA DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

C) EL TERCER NUCLEO DE ALEGACIONES SE REFIERE A LA DENUNCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY 23/1986 POR VULNERACION DEL ART. 9.2 C.E., ASI COMO DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURIDICA E INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PUBLICOS CONSTITUCIONALIZADOS EN EL APARTADO TERCERO DEL MISMO ART. 9 C.E.

TRAS EXPONER LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LAS PARTICULARIDADES ASOCIATIVAS DEL AGRO ESPAÑOL, EL RECURSO MANTIENE QUE LA LEY 23/1986, <ADMINISTRATIVIZA Y SOMETE A UN RIGIDO CONTROL VERTICALISTA LAS POSIBILIDADES ASOCIATIVAS DEL CAMPO>. ELLO RESULTA DE LO SIGUIENTE:

EN PRIMER LUGAR, COMO SE HA SEÑALADO YA, SE CONVIERTEN A LAS CAMARAS EN ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS QUE PLASMAN EL DERECHO PUBLICO SUBJETIVO A LA LIBERTAD SINDICAL, EN SEGUNDO LUGAR, <SE SUPEDITAN Y TRABAN A ESE APENDICE DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO QUE SON LAS CAMARAS AGRARIAS>. ELLO DERIVA DEL HECHO DE QUE HAYAN DE PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES DE LAS CAMARAS, DEPENDIENDO DE SU PARTICIPACION Y RESULTADO SU REPRESENTACION INSTITUCIONAL.

EL SISTEMA CREADO SUPONE LA INTERDEPENDENCIA NECESARIA ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, CAMARAS AGRARIAS Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS.

LA FINALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA ES CREAR ESA ESTRUCTURA INTERDEPENDIENTE Y, A LA VEZ, DESIGUAL, YA QUE LAS ORGANIZACIONES QUEDAN SOMETIDAS A LAS ADMINISTRACIONES Y A LAS CAMARAS, EN ESPECIAL SI SE ESTA A LO ESTABLECIDO POR LAS DISPOSICIONES ADICIONALES SEGUNDA Y TERCERA DE LA LEY 23/1986.

LA CONCLUSION DE LO ANTERIOR ES QUE LA LEY IMPUGNADA CONFIGURA UNA ESTRUCTURA ASOCIATIVA CONSTITUCIONALMENTE ILICITA YA QUE, EN LUGAR DE PERSEGUIR LA LIBERTAD E IGUALDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS Y DE LOS GRUPOS EN QUE SE INTEGRAN, PROMOVIENDO LAS CONDICIONES PARA QUE ESTAS SEAN REALES Y EFECTIVAS Y REMOVIENDO LOS OBSTACULOS QUE IMPIDAN O DIFICULTEN SU PLENITUD, CUMPLIENDO ASI EL MANDATO DEL ART.

9.3 C.E., LO QUE SE HACE ES ADMINISTRATIVIZAR LAS CAMARAS AGRARIAS, VACIANDOLAS DE SU CONTENIDO ESENCIAL Y ESTABLECER UN REGIMEN DE LA LIBERTAD SINDICAL DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS POR EL QUE QUEDAN SUBORDINADAS A LAS CAMARAS, CONVIRTIENDOSE EN CAUCE NECESARIO DEL ASOCIACIONISMO SINDICAL.

D) EL SIGUIENTE GRUPO DE ALEGACIONES SE REFIERE A LA VULNERACION DE LOS ARTS. 53 Y 81 C.E. POR EL CAPITULO QUINTO DE LA LEY 23/1986, IMPUGNADA.

LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS A LAS QUE EL ART. 5 DE LA LEY ATRIBUYE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACION, REIVINDICACION Y NEGOCIACION EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE AGRICULTORES Y GANADEROS SON LA MANIFESTACION DEL DERECHO PUBLICO SUBJETIVO A LA LIBERTAD SINDICAL QUE CONSTITUCIONALIZA EL ART.

28.1 DE LA C.E. AUNQUE DICHO PLANTEAMIENTO PUDIERA DISCUTIRSE, EN TODO CASO LAS CITADAS ORGANIZACIONES SERIAN MANIFESTACION DEL DERECHO DE ASOCIACION RECONOCIDO POR EL ART. 22 DE LA C.E. ELLO SIGNIFICA QUE CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA (SINDICAL O ASOCIATIVA), LA LEY QUE QUE REGULE ESE DERECHO HA DE RESPETAR SU CONTENIDO ESENCIAL, TAL Y COMO EXHIBE EL ART.

53 DE LA C.E.

ES INADMISIBLE, PUES, QUE UNA LEY DE BASES, NO ORGANICA, CUYO OBJETO ES REGULAR LAS CAMARAS AGRARIAS, SE OCUPE EN UNO DE SUS CAPITULOS DE REGULAR EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE ASOCIACION. EL CAPITULO QUINTO DEL L.B.C.A. REGULA EL CONCEPTO DE <ORGANIZACIONES MAS REPRESENTATIVAS> PARA LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, DEBIENDO ESTA MATERIA ESTABLECERSE POR LEY ORGANICA QUE RESPETE SU CONTENIDO ESENCIAL.

E) EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD SE CENTRA A CONTINUACION EN LA IMPUGNACION DE LOS ARTS. 9 Y 10 DE LA LEY 23/1986. ESTOS PRECEPTOS VULNERAN LOS ARTS. 9.3, 14 Y 23 DE LA C.E.

LA EXIGENCIA QUE ESTABLECE EL ART. 9 DE LA LEY DE ESTAR AFILIADO A UN REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL PARA SER ELECTOR ES UNA ARBITRARIEDAD, YA QUE EXCLUYE DEL DERECHO DE SUFRAGIO A AQUELLAS PERSONAS QUE NO DEDICAN TODO SU TIEMPO A UNA ACTIVIDAD UNICA, VIOLANDOSE ASI EL ART. 9.3 DE LA C.E.

EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICION DE ELECTOR PARA PERSONAS JURIDICAS, POR OTRA PARTE, ABRE EL PASO A POSIBLES CASOS DE VOTO PLURAL O MULTIPLE, YA QUE MUCHAS PERSONAS QUE FORMEN PARTE DE PERSONAS JURIDICAS CUMPLIRAN LAS CONDICIONES DE ELECTOR EXIGIDAS PARA LAS PERSONAS FISICAS. CON ELLOS SE VIOLAN LOS ARTS. 14 Y 23 DE LA C.E. EL VALOR DEL VOTO PUEDE SER DESIGUAL, CON LO QUE SE ROMPE NO SOLO EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION, SINO UN PILAR BASICO DEL SISTEMA DEMOCRATICO.

F) EL SIGUIENTE GRUPO DE ALEGACIONES SE OCUPA DE FUNDAMENTAR LA VIOLACION DEL ART. 52 DE LA C.E. POR LOS ARTS. 5 Y 12, Y DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY IMPUGNADA.

EL ART. 52 DE LA C.E., AL RECONOCER LA EXISTENCIA DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA DE INTERESES ECONOMICOS QUE LES SEAN PROPIOS, ESTA REGULANDO A LAS CAMARAS AGRARIAS, YA QUE ESTAS NO SON SINDICATOS NI COLEGIOS PROFESIONALES, Y ASI LO HA VISTO LA DOCTRINA. LA LEY QUE REGULA LAS CAMARAS HA DE SOMETERSE, PUES, A LOS LIMITES DEL ART. 52 DE LA C.E. EL ART. 5 DE LA L.B.C.A., AL REFERIRSE A LAS FUNCIONES DE LAS CAMARAS, DELIMITA ESTAS COMO ORGANO DE CONSULTA Y ASESORAMIENTO, DEJANDOLAS DESPROVISTAS DE SU FUNCION ESENCIAL RECONOCIDA EN EL ART. 52 DE LA C.E., LO QUE SE VE CONFIRMADO POR LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.

EL ART.

12 DE LA L.B.C.A., EN ESTA MISMA LINEA, SUPRIME TODO TIPO DE CUOTA VOLUNTARIA U OBLIGATORIA, CON LO QUE SE HACE DEPENDER A LAS CAMARAS AGRARIAS DE LA ADMINISTRACION.

G) SE IMPUGNAN, A CONTINUACION, LAS DISPOSICIONES ADICIONALES SEGUNDA Y TERCERA DE LA L.B.C.A. POR OPONERSE AL ART. 33 EN RELACION CON EL 9.3 DE LA C.E.

LAS CAMARAS AGRARIAS POSEEN UN PATRIMONIO PROPIO Y PRIVATIVO EXPRESAMENTE RECONOCIDO POR DECRETO 1.366/1977. LA FACULTAD DE CONFIGURACION JURIDICA DE LAS CAMARAS POR PARTE DEL ESTADO NO IMPLICA QUE NO PUEDEN ESTAS TENER UN PATRIMONIO, RESULTANDO, POR EL CONTRARIO, ESENCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.

EL PATRIMONIO DE LAS CAMARAS NO ES PUBLICO; ES PROPIEDAD DE UNA PERSONA JURIDICA DE NATURALEZA PUBLICA, PERO CUYA FINALIDAD ES LA DEFENSA Y REPRESENTACION DE INTERESES PRIVADOS.

LA LEY IMPUGNADA, EN SUS DISPOSICIONES ADICIONALES SEGUNDA Y TERCERA <INCAUTA DICHO PATRIMONIO>. LAS CAMARAS AGRARIAS PROVINCIALES SUCEDERAN PATRIMONIALMENTE DE LAS ACTUALES DEL MISMO AMBITO; SIN EMBARGO, LAS DEMAS QUEDAN EXTINGUIDAS, PASANDO SU PATRIMONIO A SER APLICADO <A FINES Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL AGRARIO>.

LAS DISPOSICIONES CITADAS INFRINGEN EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA Y LA INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD. LOS CONCEPTOS DE <ATRIBUCIONES PATRIMONIALES> Y <ADSCRIPCIONES DE MEDIOS> RESULTAN IMPRECISOS: ]PASAN A LA ADMINISTRACION?; ]SE VAN A TRANSFERIR POSTERIORMENTE A OTRAS PERSONAS O INSTITUCIONES?; ]VAN A SER AUTENTICAS TRANSMISIONES O CESIONES DE USO?, ETC. PERO, ADEMAS, LA FORMULA EMPLEADA PERMITE QUE SEA LA ADMINISTRACION QUIEN ARBITRARIAMENTE DECIDA A QUIEN HA DE ATRIBUIRSE LOS BIENES DE LAS CAMARAS QUE SE EXTINGUEN.

LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS VIOLAN EL ART. 33 DE LA C.E. YA QUE, CUALQUIERA QUE SEA EL SENTIDO QUE SE DE A LOS IMPRECISOS CONCEPTOS EN ELLAS UTILIZADOS, LAS CAMARAS LOCALES Y COMARCALES VAN A QUEDAR SIN PATRIMONIO, PASANDO A OTROS TITULARES, COMO PONE DE MANIFIESTO LA EXENCION DEL IMPUESTO GENERAL SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS PREVISTA EN LA DISPOSICION ADICIONAL TERCERA DE LA L.B.C.A.

SE IGNORA CON ELLOS EL DERECHO A LA PROPIEDAD RECONOCIDO POR EL ART. 33 DE LA C.E., PRIVANDO A LOS TITULARES DE LA PROPIEDAD SIN INDEMNIZACION COMPENSATORIA ALGUNA.

H) LOS ARTS. 5 Y 12 Y LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA L.B.C.A. VIOLAN EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION FUNDAMENTAL EN EL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO AL PRIVAR A LAS CAMARAS AGRARIAS DE SU CONTENIDO ESENCIAL.

EL ART. 7 DEL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA RECOGE EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION POR RAZON DE LA NACIONALIDAD, CONSTITUYENDO UN ELEMENTO COMUN Y DE COORDINACION DE TODAS LAS LIBERTADES ECONOMICAS.

EN EL PRESENTE CASO LA L.B.C.A. SUPONE UNA DISCRIMINACION DE LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES FRENTE A LOS DE LOS DEMAS PAISES COMUNITARIOS, POR CUANTO LES PRIVA DE UNAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES CUYO CONTENIDO ESENCIAL ES LA DEFENSA DE LOS INTERESES ECONOMICOS PROPIOS. EN EL MERCADO AGRICOLA INTEGRADO LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES SE VERAN EN UNA POSICION DE INFERIORIDAD RESPECTO DE SUS HOMONIMOS; DICHA DISCRIMINACION ALCANZARIA TAMBIEN A LOS CIUDADANOS COMUNITARIOS QUE SE ESTABLECIERAN COMO EMPRESARIOS AGRICOLAS EN NUESTRO PAIS.

POR TODO LO ANTERIOR, CONCLUYEN LOS RECURRENTES SOLICITANDO QUE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS; SUBSIDIARIAMENTE SOLICITAN LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS SIGUIENTES PRECEPTOS: ULTIMO PARRAFO DEL APARTADO CUARTO DEL PREAMBULO; ARTS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12; DISPOSICIONES A DICIONALES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA; DISPOSICION FINAL SEGUNDA Y PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION FINAL QUINTA.

B) EL ABOGADO DEL ESTADO, POR ESCRITO QUE TUVO EN EL TRIBUNAL EL 13 DE MARZO DE 1987, HIZO LAS ALEGACIONES QUE ESTIMO CONVENIENTE Y QUE PUEDEN RESUMIRSE COMO SIGUE:

COMIENZA EL ESCRITO REALIZANDO UNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS CAMARAS AGRARIAS Y SU NATURALEZA, DESTACANDO QUE LA LEY IMPUGNADA SE HA APROBADO <CON EL MAS PULCRO PROPOSITO DE RESPETAR> LOS CRITERIOS SENTADOS SOBRE LA MATERIA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SU STC 76/1983.

EN ESTE SENTIDO, LA SOLUCION DADA POR EL ART.

15 DE LA L.P.A. CONSTITUYE UNA SOLUCION LEGISLATIVA AJUSTADA A LA DE LA C.E., PERO NO LA UNICA POSIBLE. POR OTRA PARTE, LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS SOBRE CAMARAS TIENEN SU LIMITE EN LA COMPETENCIA ESTATAL DEL ART.

149.1.18 DE LA C.E. EN TERCER LUGAR, EL ART. 52 DE LA C.E. NO TIENE POR QUE REFERIRSE NECESARIAMENTE A LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO, YA QUE EXISTEN OTRAS ORGANIZACIONES DISTINTAS DE LAS CAMARAS, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, SIN QUE SEAN OBICE PARA ELLO LAS SSTC COMO LA 18/1984 Y 23/1984, QUE CONECTAN EN OBITER DICTA LAS CAMARAS AL ART. 52. EN TODO CASO, SI SE CONSIDERA QUE LAS CAMARAS ESTAN DENTRO DEL AMBITO DEL ART. 52 DE LA C.E., ELLO NO SIGNIFICA QUE TODAS LAS CAMARAS HAYAN DE TENER UN STATUS JURIDICO SIMILAR, PUDIENDO EL LEGISLADOR CONFIGURAR LIBREMENTE, CON EL LIMITE DE LA DEMOCRATICIDAD EXIGIDO POR EL PRECEPTO, DICHO STATUS JURIDICO.

TRAS ESTAS CONSIDERACIONES GENERALES, PASA EL LETRADO DEL ESTADO A ANALIZAR LAS DISTINTAS IMPUGNACIONES CONTENIDAS EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD:

A) POR LO QUE RESPECTA AL DESBORDAMIENTO DE LAS BASES ESTATALES Y LO QUE DENOMINA LA INVASION DE LA <AUTONOMIA CAMERAL>, SEÑALA EL ABOGADO DEL ESTADO QUE LA LEY IMPUGNADA, EN TANTO TIENE SU FUNDAMENTO EN EL ART. 149.1.18 DE LA C.E., REGULA LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS CAMARAS EN CUANTO ADMINISTRACIONES PUBLICAS, PERO NO SU FACETA PRIVADA.

PARTIENDO DE ESTE DATO, LA LEY RECURRIDA PERMITE UN PERFECTO DESLINDE DE LOS TRES AMBITOS DE ACTUACION: ESTATAL, AUTONOMICO Y DE LA PROPIA CAMARA. LOS PRECEPTOS DE LA LEY SON SUCINTOS Y DEJAN AMPLIO MARGEN DE ACTUACION AL LEGISLADOR AUTONOMICO. POR SU PARTE, LA CONSTITUCION NO GARANTIZA UNA ESFERA AUTONOMA EN FAVOR DE LAS CAMARAS; PERO, AUNQUE ASI FUERA, NO PODRIA REPROCHARSE A LA L.B.C.A. INVADIR DICHA <AUTONOMIA CAMERAL>. EN CONCRETO, LA FIJACION POR EL LEGISLADOR DE UNA DETERMINADA ORGANIZACION TERRITORIAL ES UNA CONSTANTE EN TODA LA NORMATIVA SOBRE CAMARAS.

B) ENTRANDO EN LAS IMPUGNACIONES ESPECIFICAS, COMIENZA SEÑALANDO EL ABOGADO DEL ESTADO QUE NO PUEDE SER OBJETO DE DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD EL PREAMBULO DE UNA NORMA, YA QUE NO ES DISPOSICION, SINO EXPOSITIONE:

POR LO QUE RESPECTA AL ART. 6. DE LA L.B.C.A., EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ORGANIZACION PROVINCIAL A LAS CAMARAS AGRARIAS SE AJUSTA PERFECTAMENTE A LA CONSTITUCION, PUESTO QUE ESA ES UNA DECISION CAPITAL PERTENECIENTE A LA DIMENSION PUBLICA DE LAS CAMARAS.

POR OTRO LADO, LA REMISION DEL ART.

15.1, B), DE LA L.P.A. A LOS ESTATUTOS DE LAS CAMARAS ERA UNA SOLUCION POSIBLE CONSTITUCIONALMENTE HABLANDO, PERO NO UNICA, POR LO QUE UNA LEY POSTERIOR LA HA MODIFICADO SIN QUE NINGUNA RAZON JURIDICA PERMITA RECONOCER A LA L.P.A. SINGULAR FUERZA PASIVA ALGUNA.

EL ART. 7. DE LA L.B.C.A. NO ATRIBUYE COMPETENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SINO QUE LAS RECONOCE. SEGUN ESTE PRECEPTO, AL LEGISLADOR AUTONOMICO LE ESTA PERMITIDO CREAR, EXTINGUIR O FUSIONAR CAMARAS DE AMBITO INFRA O SUPRAPROVINCIAL, PERO DEBEN SOSTENERSE CON CARGO A FONDOS AUTONOMICOS, RESPETANDO LAS BASES ESTATALES Y LAS COMPETENCIAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES. SE TRATA, PUES, DE RECORDAR LOS LIMITES IMPUESTOS POR LAS BASES EN MATERIA DE REGIMEN LOCAL, SIN QUE DICHO RECORDATORIO SEA INCONSTITUCIONAL.

LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA ES LA CONSECUENCIA DE LA OPCION LEGISLATIVA DE ORGANIZACION PROVINCIAL DE LAS BASES. LA L.B.C.A. IMPIDE QUE EXISTAN CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO DE SEGUNDO GRADO, LO QUE NO SIGNIFICA PROHIBIR LA COOPERACION INTERCAMERAL, INCLUSO PERSONIFICADA JURIDICAMENTE. LA POTESTAD DE EXTINGUIR LAS CAMARAS Y SUS FEDERACIONES SE ATRIBUYE AL GOBIERNO, EN CUANTO MEDIDA DE EJECUCION, EN CUYA APLICACION DEBE DE CONTAR CON UN CIERTO MARGEN DE APRECIACION.

EN RELACION CON LOS ARTS. 1 Y 3, COMIENZA SEÑALANDO QUE EL PRIMERO DE ELLOS ES REALMENTE INNECESARIO Y QUE NO TIENE MAS TRASCENDENCIA QUE LA QUE RESULTA DE CALIFICAR COMO BASICO EL CONTENIDO DE LA L.B.C.A. EL ART.

3, POR SU PARTE, NO ESTABLECE QUE TODOS LOS ACTOS DE LAS CAMARAS SEAN ADMINISTRATIVOS, Y LA DEMANDA NO CUMPLE CON UN REQUISITO MINIMO DE TODA ACTIVIDAD HERMENEUTICA: RESPETAR EL SENTIDO PROPIO DE LAS PALABRAS.

EL ART.

8.1 DE LA L.B.C.A. ESTABLECE UN LIMITE MAXIMO DE MIEMBROS DE LAS CAMARAS QUE PUEDE SER CONCRETADO EN CADA ESTATUTO CAMERAL. ESTA ES UNA PRIMORDIAL DECISION ORGANIZATIVA EN LA QUE SE HAN VALORADO DATOS COMO PROCESOS DE ADOPCION DE ACUERDOS Y EFICACIA; PUEDE DISCUTIRSE LA COMPETENCIA ESTATAL, PERO NO EXISTE POSIBILIDAD DE DISCUTIR LA FIJACION DE UN NUMERO DETERMINADO.

LA DECISION DEL SISTEMA ELECTORAL ES OTRA DE LAS OPCIONES BASICAS Y, EN CONSECUENCIA, COMPETENCIA ESTATAL.

EL ART. 8.2 Y LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA CONTIENEN DOS HABILITACIONES EN FAVOR DEL GOBIERNO, UNA ESPECIFICA Y OTRA GENERICA. AL SER LA MATERIA ELECTORAL BASICA Y EL CONCEPTO DE BASES MATERIAL, CABE ESTA HABILITACION DADA LA MENOR ESTABILIDAD DE LA NORMATIVA SOBRE ESTAS MATERIAS (STC 158/1986). EN CONCRETO:

ES NECESARIA UNA REGULACION UNIFORME DE LA ORGANIZACION, COORDINACION, VIGILANCIA Y ELABORACION DE CENSOS ELECTORALES, YA QUE LA PLURALIDAD DE REGULACION SUPONDRIA FOMENTAR DESIGUALDADES EN EL EJERCICIO DEL SUFRAGIO ACTIVO.

LAS CAUSAS DE INELEGIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SON PARTE ESENCIAL DEL ESTATUTO DE LOS ELEGIBLES Y, EN CONSECUENCIA, NO PUEDE VARIAR DE UNA COMUNIDAD AUTONOMA A OTRA, O DE UNA CAMARA A OTRA.

EL REGIMEN JURIDICO DE LAS JUNTAS ELECTORALES, RECURSOS, CONVOCATORIAS, PRESENTACION DE DOCUMENTOS, VOTACION Y ESCRUTINIO SON PIEZA CLAVE DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO.

LA DURACION DEL MANDATO ES, ASIMISMO, PIEZA BASICA DEL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CAMARAS.

LA OTRA HABILITACION, LA GENERICA DE LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA, SE REFIERE AL DICTADO DE DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS AMPARABLES EN TITULOS COMPETENCIALES ESTATALES; ESTE TITULO SERA GENERALMENTE EL DEL ART. 149.1.18 DE LA C.E.; SI SE EXCEDIERA DE LA FIJACION DE BASES, SE ESTARIA ANTE NORMAS DE DERECHO SUPLETORIO POR MANDATO DEL ART. 149.3 DE LA C.E.

LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA SE LIMITA A DECLARAR QUE NO SON PROPIAS DE LAS CAMARAS AGRARIAS <LAS ACTIVIDADES QUE, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION DE REGIMEN LOCAL, CORRESPONDEN A LAS ENTIDADES LOCALES>, CON LO QUE PRETENDE PROTEGERSE A ESTAS ULTIMAS.

C) POR LO QUE RESPECTA AL FUNDAMENTO III DEL RECURSO SOLICITA EL ABOGADO DEL ESTADO <COMPRENSION DEL TRIBUNAL, YA QUE LE ES IMPOSIBLE CONTRAARGUMENTAR EN DERECHO CUANDO NO EXISTE RAZONAMIENTO JURIDICO QUE EXAMINAR>.

D) EL CAPITULO QUINTO DE LA L.B.C.A., QUE INCLUYE UN SOLO ART., EL 11, NO ES PROPIAMENTE UNA NORMA BASICA SOBRE LA ORGANIZACION Y ACTIVIDAD DE LAS CAMARAS AGRARIAS, SINO UNA REGLA DE MEDIACION DE LA REPRESENTATIVIDAD A EFECTOS DE <REPRESENTACION INSTITUCIONAL Y, ESPECIFICAMENTE, DE CONSULTA>. NO OBSTANTE, LA INCLUSION DE ESTA NORMA EN LA L.B.C.A. TIENE UNA LOGICA CLARA:

PARA GRADUAR LA REPRESENTATIVIDAD SE ACUDE AL RESULTADO DE LAS ELECCIONES, QUE SI SON MATERIA PROPIA DE LA L.B.C.A.

PARTIENDO DE ESTE DATO, HAY QUE RECORDAR QUE SEGUN LA STC 67/1985, LA RESERVA DE LEY ORGANICA EN MATERIA DE ASOCIACION NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS LEYES ORDINARIAS INCIDAN EN LA REGULACION DE TIPOS ESPECIFICOS DE ASOCIACIONES, SIEMPRE QUE SE RESPETE EL DESARROLLO EFECTUADO EN LA LEY ORGANICA.

NO EXISTE UN DESARROLLO POSCONSTITUCIONAL GENERAL DEL DERECHO DE ASOCIACION, AL QUE CORRESPONDERIA ESCOGER ENTRE CONSAGRAR UN GENERAL DERECHO DE PARTICIPACION INSTITUCIONAL O DEJARLO A NORMAS ESPECIFICAS SECTORIALES, QUE EN TODO CASO PODRIAN CONCRETAR LAS NORMAS GENERALES. POR TANTO, LA L.B.C.A., COMO LEY SECTORIAL, PUEDE INCIDIR EN EL DERECHO DE ASOCIACION; LA AUSENCIA DE UNA LEY ORGANICA DEL DERECHO DE ASOCIACION NO MODIFICA LA NATURALEZA DEL ART.

11 DE LA L.B.C.A. NI LO CONVIERTE EN <DESARROLLO DEL DERECHO FUNDAMENTAL GENERAL>.

TAMPOCO PUEDE DECIRSE QUE EL ART. 11 VIOLE EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE ASOCIACION, YA QUE UNA COSA ES LA OBLIGATORIEDAD DE ASOCIACION Y OTRA LA PARTICIPACION EN LAS ELECCIONES Y LAS CONSECUENCIAS DEL RESULTADO DE ESTAS.

POR LO QUE SE REFIERE A LA VIOLACION DENUNCIADA DEL ART.

14 DE LA C.E., EL SISTEMA ESTABLECIDO POR EL ART. 11 DE LA L.B.C.A. NO RESULTA DISCRIMINATORIO, HABIENDOSE OPTADO POR EL CRITERIO DE LA <IRRADIACION>, IMPLICITO EN EL APARTADO 1 Y CONFORME CON LA DOCTRINA DE LA STC 98/1985. RESULTA OBVIA LA INFLUENCIA DE LOS ARTS. 6 Y 7 DE LA L.O.L.S. QUE EL TRIBUNAL NO HALLO INCONSTITUCIONALES. EN TODO CASO, ESTA NORMATIVA NO EXCLUYE OTRAS PARA FIJAR LA REPRESENTATIVIDAD INSTITUCIONAL EN OTROS AMBITOS TERRITORIALES.

E) EL ART. 9 DE LA L.B.C.A. EXIGE LA AFILIACION AL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL O AL DE TRABAJADORES AUTONOMOS COMO CONDICION PARA SER ELECTOR; ELLO NO SUPONE NINGUNA ARBITRARIEDAD, SINO QUE LO QUE PRETENDE ES GARANTIZAR LA REALIDAD Y EFECTIVIDAD DEL EJERCICIO DIRECTO Y PERSONAL DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS O FORESTALES.

POR SU PARTE EL RECONOCER DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO A PERSONAS JURIDICAS NO SUPONE VIOLACION DE LOS ARTS. 14 Y 23 DE LA C.E., YA QUE PUEDEN SER CENTRO DE IMPUTACION O REFERENCIA DE INTERESES ECONOMICOS. ELLO, POR OTRA PARTE, OCURRE EN LA REGULACION DE INSTITUCIONES SIMILARES.

EL QUE UN EMPRESARIO INDIVIDUAL, Y, POR TANTO, CON DERECHO A VOTO, PUEDA SER SOCIO DE UNA PERSONA JURIDICA QUE DISFRUTE DEL MISMO DERECHO NO SIGNIFICA LA EXISTENCIA DE VOTO PLURAL O MULTIPLE, YA QUE EL SUJETO DEL DERECHO ES CADA CENTRO DE INTERES ECONOMICO PROPIO.

F) LA FINALIDAD DEL ART. 5 DE LA L.B.C.A. ES DESLINDAR LAS ESFERAS PROPIAS DE LAS CAMARAS, POR UNA PARTE, Y DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES AGRARIAS <LIBREMENTE CONSTITUIDAS>, POR OTRA, BUSCANDO FORTALECER EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO AGRARIO.

POR SU PARTE, EL ART. 12 DE LA L.B.C.A. TAMPOCO ES INCONSTITUCIONAL, YA QUE NADA IMPIDE QUE LAS CAMARAS PUEDAN PERCIBIR PRECIO O CONTRAPRESTACION POR LOS SERVICIOS QUE PRESTEN.

LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA SOLO PRETENDE CAUSAR LAS MINIMAS PERTURBACIONES POSIBLES PARA AQUELLAS ACTIVIDADES QUE HASTA LA APROBACION DE LA L.B.C.A. VENIAN PRESTANDO LAS CAMARAS Y QUE SON INCOMPATIBLES CON LA L.B.C.A. ESTA SOLUCION NO INFRINGE EL ART. 52 DE LA C.E., YA QUE, SUPONIENDO QUE EL PRECEPTO INCLUYA A LAS CAMARAS, LA RESERVA DE LEY PERMITE AL LEGISLADOR DETERMINAR EL REGIMEN DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS QUE DESARROLLEN LAS CAMARAS AGRARIAS.

G) LA IMPUGNACION DE LA DISPOSICION ADICIONAL TERCERA ES MERA CONSECUENCIA DE LA DE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA, Y SOLO UNA HIPOTETICA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTA AFECTARIA A AQUELLA. CENTRADO ASI EL NUEVO NUCLEO DE IMPUGNACIONES, SE SEÑALA QUE LA L.B.C.A., EN SU DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA, SOLAMENTE PRETENDE SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE SUCESION DE PERSONAS JURIDICAS, SIN QUE PUEDA HABLARSE, PUES, DE INCAUTACION O PRIVACION DE PATRIMONIO, ENTRE OTRAS RAZONES, PORQUE LA EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA IMPIDE DETERMINAR QUIEN DEBERIA, EN SU CASO, SER BENEFICIARIO DE HIPOTETICAS COMPENSACIONES.

LA CONCRECION DE LA NORMA ES LA HABITUAL EN ESTE TIPO DE OPERACIONES JURIDICAS DE SUCESION.

H) EN RELACION CON EL FUNDAMENTO VIII DE LA DEMANDA, EN EL SE PLANTEA UNA CUESTION AJENA A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, YA QUE ESTE NO DEBE DE GARANTIZAR LA SUPREMACIA DE DERECHO EUROPEO, SINO SOLAMENTE DE LA CONSTITUCION. EN TODO CASO, LA DIFERENCIA DE TRATO IMPUTADA AL LEGISLADOR ESPAÑOL NO ESTA ACREDITADA; LA SIMPLE DISPARIDAD DE DERECHOS NACIONALES NO SUPONE DISCRIMINACION EN EL SENTIDO DEL ART. 7 DEL TCEE; RESULTA, POR ULTIMO, ABSURDO PENSAR QUE EL LEGISLADOR ESPAÑOL PRETENDE DISCRIMINAR A SUS NACIONALES, MAXIME SI ESTOS PARTICIPAN DE LA NATURALEZA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, COMO SUCEDE CON LAS CAMARAS AGRARIAS.

POR TODO LO ANTERIOR, CONCLUYE EL ABOGADO DEL ESTADO SOLICITANDO LA DESESTIMACION TOTAL DEL RECURSO.

C) LA SECCION SEGUNDA DEL PLENO DEL TRIBUNAL, POR PROVIDENCIA DE 6 DE MAYO DE 1987, REITERO AL EXCELENTISIMO SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION LA SOLICITUD DE REMISION DEL EXPEDIENTE DE ELABORACION DEL PROYECTO DE LA LEY IMPUGNADA, QUE FUE REMITIDO CON FECHA 1 DE JUNIO DE 1987. POR PROVIDENCIA DEL 24 DEL MISMO MES Y AÑO, SE DIO VISTA DEL EXPEDIENTE A LAS PARTES PARA QUE EXPUSIERAN LO QUE TUVIERAN POR CONVENIENTE.

D) EL ABOGADO DEL ESTADO, POR ESCRITO DE 8 DE JULIO DE 1987, DESTACO DEL EXPEDIENTE EL ESCRUPULOSO ESTUDIO SOBRE EL REPARTO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS Y LOS INFORMES EVACUADOS POR LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS.

E) LA REPRESENTACION DE LOS RECURRENTES, POR ESCRITO DE 10 DE JULIO DE 1987, REALIZO LAS ALEGACIONES QUE ESTIMO OPORTUNAS Y QUE VIENEN A REAFIRMAR LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA BASANDOSE EN LA MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO, EN ESPECIAL EN RELACION CON DOS ASPECTOS DEL RECURSO; REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y NATURALEZA JURIDICA DE LAS CAMARAS.

4. DON RAMON RIU I FORTUNY, EN REPRESENTACION Y DEFENSA DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, POR ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL 27 DE MARZO DE 1987, INTERPONE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA TOTALIDAD DE LA LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE, DE BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS, Y SUBSIDIARIAMENTE, CONTRA SUS ARTS. 1, 4, 6, 7 Y 8, PUNTOS 1 Y 2; 11, PUNTOS 1, 2 Y 3, Y DISPOSICIONES ADICIONALES SEGUNDA Y CUARTA.

TRAS UNA EXPOSICION DEL CAMINO SEGUIDO EN LAS RELACIONES ENTRE ESTADO Y GENERALIDAD EN LO QUE ATAÑE A CAMARAS AGRARIAS, EL REPRESENTANTE DE AQUELLA COMIENZA SU RECURSO ALEGANDO QUE EL LEGISLADOR ESTATAL NO PUEDE FIJAR UNAS NUEVAS BASES DE REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS EN DESARROLLO DE LAS YA FIJADAS PARA LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO REPRESENTATIVAS DE INTERESES ECONOMICOS.

A) PARTIENDO DE LO DICHO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ART.

15 DE LA L.P.A., EL APARTADO 18 DEL ART. 149.1 DE LA C.E. HACE UNA REFERENCIA GENERICA A LA DETERMINACION DE LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS; NO PUEDE, PUES, ENCONTRAR COBERTURA CONSTITUCIONAL EN ESE PRECEPTO LA REGULACION ESTATAL DE UNAS CORPORACIONES, ESPECIFICA Y SECTORIALMENTE CREADAS PARA CUMPLIR UNOS OBJETIVOS EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA. POR OTRA PARTE, EL ART. 149.1.18 DEBE INCLUIR ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN SU CONJUNTO, PERO NO INSTITUCIONES CONCRETAS, QUE PRECISARAN DEL TITULO COMPETENCIAL MATERIAL CONCRETO PARA REGULARSE, EN ESTE CASO AGRICULTURA Y GANADERIA.

LA LEY IMPUGNADA NO ES MAS QUE EL DESARROLLO SECTORIAL DE LAS BASES DE REGIMEN DE LA ADMINISTRACION CORPORATIVA REPRESENTATIVA DE INTERESES ECONOMICOS FIJADA POR LA DE LA L.P.A., CUYO DESARROLLO SOLO CORRESPONDE A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA SEGUN SU ESTATUTO DE AUTONOMIA. CON ELLO NO SE PRETENDE PRODUCIR UNA PETRIFICACION DE LAS BASES DEL ART. 15.1 DE LA L.P.A., SINO SOLO ESTABLECER QUE MODIFICACION DEBE REALIZARSE CON EL MISMO AMBITO: ADMINISTRACION CORPORATIVA GLOBALMENTE CONSIDERADA.

UNA VEZ EJECUTADA LA COMPETENCIA SOBRE BASES, NO CABE UN DESARROLLO SECTORIAL O GENERAL POSTERIOR; ELLO, ADEMAS DE LA INSEGURIDAD QUE PRODUCIRIA, VA CONTRA LA PROPIA VOCACION DE ESTABILIDAD DEL CONCEPTO <BASES>.

POR OTRA PARTE, LOS ARTS. 52 Y 131.2 DE LA C.E. TRATAN DE MANERA UNIFORME LAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS EN LAS QUE SE INCLUYEN LAS CAMARAS; ELLO HACE QUE EL FIJAR BASES COMUNES DE TODAS LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO Y NO PARA ESTABLECER BASES ESPECIFICAS EN CADA GRUPO DE ESTAS.

B) LA LEY 23/1986 EXCEDE A LA PRETENDIDA NATURALEZA DE NORMA BASICA.

ELLO PORQUE NO PUEDE CALIFICARSE DE LLENO A LAS CAMARAS AGRARIAS DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, NI PUEDE ESTABLECERSE SU REGIMEN JURIDICO ESPECIFICO SIN ENTRAR A FIJAR UNA REGULACION EN EL AMBITO MATERIAL DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA. POR OTRO LADO, TAMPOCO PUEDE CALIFICARSE DE BASICA LA REGULACION QUE SE HACE DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS. SU NATURALEZA HACE QUE NO PUEDAN EQUIPARARSE A SINDICATOS U ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y, EN CONSECUENCIA, LA REPRESENTATIVIDAD NO DEBE VALORARSE DESDE LA PERSPECTIVA DE SU REGIMEN DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, SINO EXCLUSIVAMENTE DEL DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA.

LA LEY IMPUGNADA SUPERA EL CONCEPTO DE <BASES> POR LA MINUCIOSIDAD CON QUE REGULA LA MATERIA, SIN DEJAR CASI CAMPO DE ACTUACION AL LEGISLADOR AUTONOMICO EN TEMAS COMO FUNCIONES, ORGANIZACION, DISPOSICION DE BIENES, ETC., DEJANDO INCLUSO AL GOBIERNO LA POSIBILIDAD DE DESARROLLO DE LA LEY. ESA EXCESIVA CONCRECION ADEMAS NO GUARDA RELACION CON LAS PROPIAS FUNCIONES QUE LAS CAMARAS CUMPLEN.

C) A CONTINUACION LA REPRESENTACION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD, PREVIENDO POSIBLES OBJECIONES A SU LEGITIMACION ACTIVA, SEÑALA QUE LA PROPIA LEY IMPUGNADA SEÑALA LA NECESIDAD DE RESPETAR LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

SEÑALADO ESTO, INDICA LA GENERALIDAD LA CONFUSION QUE LA LEY RECURRIDA CREA RESPECTO A LA NATURALEZA DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES, SINDICALES O DE OTRO TIPO QUE PUEDAN RECONOCERSE BAJO LA AMBIGUA DENOMINACION USADA POR LOS ARTS. 5, 10 Y 11, Y QUE COINCIDE CON LA DEL ART. 52 DE LA C.E.

POR LO QUE RESPECTA A LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA A LAS CAMARAS, EL ESTADO IMPUGNO LA LEY CATALANA EN ESTE EXTREMO; SIN EMBARGO, LA L.B.C.A. ESTA AVOCADA A LA MISMA SITUACION, COMO SE DEDUCE DE LA DECLARACION DE QUIEN OSTENTA LA CONDICION DE ELECTOR Y ELEGIBLE. LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESA ADSCRIPCION NO PUEDE ENJUICIARSE DESDE EL DERECHO DE ASOCIACION, SINO DESDE EL FIN ESENCIAL ATRIBUIDO A LAS CAMARAS Y DESDE LA COBERTURA QUE EL ART. 52 DE LA C.E. DA A LAS CORPORACIONES DE BASE ASOCIATIVA. LA CONSECUENCIA ES QUE EL LETRADO DEL ESTADO DEBERIA REVISAR LAS POSICIONES MANTENIDAS EN LA IMPUGNACION DEL ART. 12.1 DE LA LEY CATALANA.

D) PASA, POSTERIORMENTE, EL REPRESENTANTE DE LA GENERALIDAD A ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DISTINTOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

COMENZANDO POR EL ART. 1, Y ADEMAS DE LO YA SEÑALADO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE FIJAR BASES ESPECIFICAS PARA CAMARAS AGRARIAS, EL PRECEPTO ES INCONSTITUCIONAL POR RAZONES FORMALES. SE DEDUCE DEL PRECEPTO Y DE LA PROPIA LEY QUE TODA ELLA ES BASICA; PUESTO QUE, COMO SE HA INDICADO, LA L.B.C.A. EXCEDE DEL AMBITO FORMAL Y MATERIAL DE BASES, SE ESTA ENTRANDO EN COMPETENCIAS ESTATUTARIAS Y, SEGUN LA DOCTRINA SENTADA EN LA STC 158/1986, EN UNA DISCIPLINA SECTORIAL, NO SIEMPRE, NI NECESARIAMENTE, HABRAN DE HALLARSE DISPOSICIONES QUE SEAN INTEGRAMENTE BASICAS PARA EL REGIMEN JURIDICO GENERAL DE LA MATERIA.

ADEMAS, LA EXISTENCIA DE HABILITACIONES EN FAVOR DE GOBIERNO DENTRO DE LA L.B.C.A. EXTIENDE A LAS NORMAS QUE SE DICTEN EN VIRTUD DE ESAS HABILITACIONES LA CONSIDERACION DE <BASES>.

EL ART. 4 DE LA L.B.C.A. SE OPONE AL ART. 52 DE LA C.E. EL ART. 4 DE LA L.B.C.A., JUNTO CON LOS ANTERIORES, ADMINISTRATIVIZAN LAS CAMARAS IGNORANDO SUS FUNCIONES DE REPRESENTACION Y DEFENSA DE INTERESES PROTEGIDOS POR EL ART. 52 DE LA C.E. ESOS INTERESES NO PUEDEN AGOTARSE EN SER ORGANOS DE CONSULTA DE LA ADMINISTRACION.

AUNQUE EL ART. 4 HABLA DE COMPETENCIAS <PROPIAS>, PARECE FORZAR UNA

INTERPRETACION RESTRICTIVA QUE LAS HACE <UNICAS>.

POR OTRO LADO, EL APARTADO C) DEL PRECEPTO RECONOCE SOLO LA POSIBILIDAD DE QUE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS PUEDAN DELEGAR FUNCIONES EN LAS CAMARAS. EN CATALUÑA, SIN EMBARGO, PUEDEN, NO SOLO DELEGAR, SINO, TAMBIEN, ATRIBUIR FUNCIONES DISTINTAS. SI EL ART. 4 SE CONSIDERA BASICO PUEDE SER INTERPRETADO EN EL SENTIDO DE QUE NO PUEDAN ATRIBUIRSE LAS CAMARAS OTRAS FUNCIONES QUE LAS DE LOS APARTADOS A) Y B), INVADIENDO CON ELLO COMPETENCIAS DE LA GENERALIDAD.

LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS NO PUEDEN REGULAR LA FORMA O SISTEMA DE ORGANIZAR SUS SERVICIOS NI SU AMBITO TERRITORIAL DENTRO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EL ART. 6 DE LA L.B.C.A., DE MANERA INFLEXIBLE, FIJA, EN CAMBIO, UN AMBITO TERRITORIAL OBLIGATORIO, SIN QUE ELLO, EN ESPECIAL EN UNA CORPORACION DE BASE PRIVADA, PUEDA SER CONSIDERADO BASICO.

NI SIQUIERA UNA HIPOTETICA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA HOMOGENEIDAD DE LA EFICACIA DE LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A LAS CAMARAS PUEDE LLEVAR A CONSIDERAR BASICA LA DETERMINACION DEL AMBITO TERRITORIAL, YA QUE, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UNA POSIBLE NATURALEZA BASICA DE LA REPRESENTATIVIDAD, LA MEDICION DE ESTA POR LA RELACION ENTRE VOTOS Y TOTAL CENSADO HACE SUPERFLUO EL AMBITO TERRITORIAL DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES.

TAMPOCO EL CARACTER BASICO PUEDE FUNDAMENTARSE EN LA FUNCION DE CONSULTA, YA QUE ESTA PODRIA TENER LUGAR SOLAMENTE A TRAVES DEL ORGANO DE LA GENERALIDAD ENCARGADO DE LA RELACION CON LAS CAMARAS AGRARIAS, TAL Y COMO CONSTA EN EL APARTADO A.2 DEL ACUERDO DE LA COMISION MIXTA DE TRASPASOS, DE 2 DE OCTUBRE DE 1980, RATIFICADO POR EL DE 2 DE FEBRERO DE 1984. LA NATURALEZA BASICA DEL PRECEPTO TAMPOCO PUEDE AMPARARSE EN LAS COMPETENCIAS ESTATALES EN MATERIA ECONOMICA, QUE NUNCA JUSTIFICARIAN UN AMBITO TERRITORIAL DETERMINADO PARA LAS CAMARAS.

LA SOLUCION DEL LEGISLADOR ESTATAL AL TEMA DEL AMBITO TERRITORIAL CHOCA DE LLENO CON LA OPCION DE ORGANIZACION TERRITORIAL ADOPTADA POR EL E.A.C., QUE GIRA EN TORNO A LA COMARCA Y EL MUNICIPIO, LO QUE TUVO SU REFLEJO EN LA LEY CATALANA DE CAMARAS AGRARIAS QUE ESTABLECIO EN SU ART. 8 LA EXISTENCIA DE CAMARAS LOCALES Y COMARCALES, ASI COMO UNA FEDERACION CATALANA DE CAMARAS.

EL ART. 7 DE LA L.B.C.A. FIJA LA POSIBILIDAD DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS REGULEN LA CREACION, FUSION Y EXTINCION DE CAMARAS DE AMBITO TERRITORIAL DISTINTO DE LA PROVINCIA CON SUJECION A LO ESTABLECIDO EN LA PROPIA L.B.C.A. ESTE PRECEPTO AÑADE QUE ESA REGULACION DEBEN HACERLA LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON CARGO A SUS PROPIOS RECURSOS.

ELLO HACE QUE LA LEY CONFIGURE DOS TIPOS DE CAMARAS; LAS PROVINCIALES, DIRECTAMENTE FINANCIADAS POR EL ESTADO, Y LAS DEMAS, VINCULADAS ECONOMICAMENTE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. ESTO, SIN EMBARGO, ES CONTRARIO AL REPARTO DE COMPETENCIAS. A LA COMUNIDAD AUTONOMA LE CORRESPONDE REGULAR Y EJERCER <LAS FACULTADES Y LA TUTELA DE LAS CAMARAS AGRARIAS, YA QUE ESTAS ESTAN ADSCRITAS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA GENERALIDAD>. ELLO VIENE CORROBORADO POR EL ACUERDO DE LA COMISION MIXTA DE TRASPASOS A QUE SE HA HECHO REFERENCIA. PUES BIEN, SIENDO LA COMUNIDAD AUTONOMA COMPETENTE EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS, DEBEN CONTAR CON LA ASIGNACION DE MEDIOS QUE ESA COMPETENCIA COMPORTA, YA QUE, DE OTRA FORMA, LA FALTA DE AUTONOMIA FINANCIERA DEJARIA VACIA DE CONTENIDO LA PROPIA COMPETENCIA. REALIZADOS LOS TRASPASOS, HAN DE CONSIDERARSE TRASPASADOS ASIMISMO LOS MEDIOS, LO QUE PARECE ESTAR EN CONTRADICCION CON EL ART. 7 DE LA L.B.C.A. IMPUGNADO.

EL ESTABLECIMIENTO DE UN NUMERO MAXIMO DE MIEMBROS DE LAS CAMARAS POR EL ART. 8 DE LA L.B.C.A. RESULTA ASIMISMO INCONSTITUCIONAL. AUN CUANDO SE CONSIDERARA BASICA LA FUNCION INDIRECTA ASIGNADA A LAS CAMARAS DE MEDICION DE REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS, ELLO NO CONDUCE A NINGUNA HOMOGENEIDAD EN EL NUMERO DE MIEMBROS YA QUE LA REPRESENTATIVIDAD SE MIDE POR LA PROPORCION DE VOTOS EMITIDOS. EN CONSECUENCIA, EL NUMERO DE MIEMBROS DE LAS CAMARAS ES UN ASPECTO MERAMENTE ORGANIZATIVO QUE NO ES ESENCIAL PARA LA CONFIGURACION DE LAS CAMARAS.

POR OTRO LADO, LA L.B.C.A. LIMITA LA CONDICION DE <MIEMBRO> DE LA CAMARA A LOS ELEGIDOS, SIENDO EL RESTO DE AGRICULTORES Y GANADEROS SIMPLES ELECTORES. ELLO NO TIENE JUSTIFICACION YA QUE LAS FUNCIONES MAS IMPORTANTES, TALES COMO APROBACION DE ESTATUTOS, ETC., DEBERIAN ESTAR RESERVADAS LA DECISION DE TODOS LOS TITULARES DEL INTERES CORPORATIVO SECTORIAL QUE SE TRATA DE REPRESENTAR. CON ELLO SE IMPIDE EL CONTROL DIRECTO DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO DE LAS CAMARAS, VIOLANDOSE LOS MAS ELEMENTALES CRITERIOS DE ORGANIZACION DEMOCRATICA.

POR OTRO LADO, LA HABILITACION EN FAVOR DEL GOBIERNO QUE CONTIENE EL ART.

8 DE LA L.B.C.A. PARA EL DESARROLLO DE ASPECTOS MERAMENTE EJECUTIVOS DE LAS ELECCIONES INVADE TAMBIEN LAS COMPETENCIAS DE CATALUÑA.

DEBE SEÑALARSE, EN PRIMER LUGAR, QUE ESTOS PROCESOS ELECTORALES SE ENCUENTRAN AL MARGEN DEL ART. 23 DE LA C.E., COMO SE DESPRENDE DE LA STC 23/1984.

TAMPOCO ES APLICABLE EL ART. 1 DE LA L.O. 5/1985, POR MANDATO EXPRESO DEL MISMO, POR LO QUE SOLO SERIAN APLICABLES SUS PRINCIPIOS DE FORMA ANALOGICA, SIN QUE EXISTA, PUES, TITULO EN EL QUE AMPARAR EL CARACTER BASICO DE LA MATERIA.

EL ART. 11, APARTADOS 1, 2 Y 3, VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD YA QUE, A EFECTOS DE FIJACION DE LA REPRESENTATIVIDAD, SE VALORAN SOLO LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A CAMARAS AGRARIAS PROVINCIALES, Y NO LOS RESULTADOS DE OTRAS POSIBLES ELECCIONES A CAMARAS DE DISTINTO NIVEL TERRITORIAL.

LOS EFECTOS DE ESA DISCRIMINACION SE PROLONGAN AL IMPONERSE A TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL FIJADA EN LAS ELECCIONES A CAMARAS PROVINCIALES, IGNORANDO LA COMPETENCIA DE AUTOORGANIZACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA DE LA L.B.C.A. HABILITA AL GOBIERNO PARA EXTINGUIR LAS CAMARAS AGRARIAS DE AMBITO DISTINTO AL PREVISTO EN LA MISMA LEY; SE ESTABLECE LA SALVEDAD DE LAS CAMARAS <CONTEMPLADAS> EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA. EL ABOGADO DEL ESTADO HA MANTENIDO EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 18/1985, DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, QUE NO CUENTA ESTA COMUNIDAD CON COMPETENCIAS SOBRE LAS CAMARAS AGRARIAS; ESTA INTERPRETACION DEJA LAS MANOS LIBRES AL GOBIERNO PARA DISOLVER LAS CAMARAS CATALANAS. YA HA QUEDADO CLARO, TANTO EN AQUEL RECURSO COMO EN ESTE; QUE CATALUÑA TIENE COMPETENCIAS SOBRE LAS CAMARAS AGRARIAS, POR LO QUE NO PODRA DECLARARSE LA EXTINCION POR EL GOBIERNO. ESA MISMA POSIBILIDAD DEBE EXTENDERSE A LAS FACULTADES PATRIMONIALES RECONOCIDAS POR LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.

A LA VISTA DE LO EXPUESTO, CONCLUYE LA REPRESENTACION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA SOLICITANDO QUE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA TOTALIDAD DE LA LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS Y, SUBSIDIARIAMENTE, LA DE SUS ARTS. 1, 4, 6, 7, 8.1 Y 2; 11, APARTADOS 1, 2 Y 3, Y DISPOSICIONES ADICIONALES SEGUNDA Y CUARTA.

5. DOÑA INMACULADA RODRIGUEZ GONZALEZ, EN REPRESENTACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA L.B.C.A., QUE COMO SE SEÑALO EN EL ANTECEDENTE 1, FUE REGISTRADO CON EL NUM.

407/1987:

A) COMIENZA SU ESCRITO DE INTERPOSICION LA REPRESENTACION DEL EJECUTIVO CANTABRO SEÑALANDO QUE, PESE A QUE EN SU ESTATUTO NO SE RECOJA EXPRESAMENTE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS, LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS EN MATERIA DE AGRICULTURA CUBREN LA DE LAS CAMARAS AGRARIAS, SEGUN DOCTRINA SENTADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SU STC 123/1984; NO SE ENTIENDE COMO <PUEDE ACTUAR UNA COMUNIDAD AUTONOMA, CUALQUIERA QUE SEA Y POR LIMITADAS QUE FUERAN SUS COMPETENCIAS, SIN TENER ATRIBUCIONES SOBRE LA REGULACION JURIDICA DE LAS CAMARAS AGRARIAS>.

LAS COMPETENCIAS RESERVADAS AL ESTADO POR LOS PARRAFOS 13 Y 18 DEL ART. 149.1 DE LA C.E. (ORDENACION GENERAL DE LA ECONOMIA Y BASES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS) NO PUEDEN VACIAR DE CONTENIDO LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS. EL ESTADO DICTO SUS BASES EN EL ART. 15 DE LA L.P.A., SIN QUE SEA POSIBLE EL DESARROLLO SECTORIAL DE ESAS BASES POR EL PROPIO ESTADO.

B) LA AMPLIA REGULACION REALIZADA POR EL ESTADO EN LA LEY IMPUGNADA DEJA SIN CONTENIDO EFECTIVO LAS COMPETENCIAS DE DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

C) SI NO SE ADMITIERA LA IMPUGNACION GLOBAL DE LA L.B.C.A., SE IMPUGNAN LOS ARTS., 1, 4, 6, 7, 8, 11 Y DISPOSICIONES ADICIONALES SEGUNDA Y CUARTA.

EL ART. 1 DE LA L.B.C.A. ES INCONSTITUCIONAL POR CUANTO DECLARA BASICA TODA LA L.B.C.A., DEJANDO SIN CONTENIDO LA COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

EL ART. 4 PRETENDE ADMINISTRATIVIZAR LAS CAMARAS EXCLUYENDO DE SUS FUNCIONES LA DE REPRESENTACION Y DEFENSA DEL INTERES AGRARIO, Y VIOLANDO ASI EL ART. 52 DE LAC.E.

EL ART. 6 LIMITA LA CAPACIDAD AUTOORGANIZATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS AL FIJAR EL AMBITO PROVINCIAL OBLIGATORIO DE LAS CAMARAS, VIOLANDO ASI EL ART. 22.3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CANTABRIA.

EL ART. 7 ABRE LA POSIBILIDAD A CAMARAS DISTINTAS A LAS PROVINCIALES, PERO DISCRIMINANDOLAS ECONOMICAMENTE RESPECTO DE ESTAS. POR OTRA PARTE, LAS CAMARAS QUE CREEN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS NO PODRAN TENER NUNCA AMBITO PROVINCIAL.

EL ART. 8 NO PUEDE SER BASICO, YA QUE NO SE ENTIENDE POR QUE EL NUMERO DE MIEMBROS DE LAS CAMARAS NO PUEDE SER 25 NI 23; ADEMAS LA REMISION REALIZADA AL GOBIERNO EXCEDE TAMBIEN DEL CARACTER BASICO DE LA COMPETENCIA ESTATAL.

EL ART. 11 SUPONE LA EXCLUSIVIDAD DE LAS CAMARAS PROVINCIALES COMO INSTRUMENTO MEDIDOR DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES; ELLO HACE QUE LAS CAMARAS INFRAPROVINCIALES NO PUEDAN TENER REPRESENTATIVIDAD ESTATAL. LA IMPOSICION DE REPRESENTATIVIDAD POR EL APARTADO 2. A TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ES INCONSTITUCIONAL, PUESTO QUE SON ESTAS LAS QUE DEBEN REGULAR EL TEMA EN SU AMBITO TERRITORIAL. EL ULTIMO APARTADO DEL PRECEPTO SUPONE UNA CLARA VULNERACION DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS EN MATERIA DE REPRESENTACION Y AUTOORGANIZACION.

LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA L.B.C.A. PARECE RESERVAR AL ESTADO LA FACULTAD DE ADSCRIBIR LOS PATRIMONIOS Y MEDIOS INCLUSO DE LAS CAMARAS QUE PUEDE EXTINGUIR LA COMUNIDAD AUTONOMA, VIOLANDO EL ART.

22.7 DEL ESTATURO CANTABRO.

LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA VIOLA EL REPARTO DE COMPETENCIAS Y SE CONTRADICE CON EL PROPIO ART. 7 DE LA L.B.C.A..

CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA DETERMINAR EL NUMERO DE CAMARAS, SU AMBITO Y ORGANIZACION, COMO PARTE DE SU POLITICA AGRARIA.

POR TODO LO ANTERIOR, CONCLUYE LA REPRESENTACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO SUPLICANDO QUE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 23/1986 EN SU TOTALIDAD Y, EN SU DEFECTO, DE SUS ARTS. 1, 4, 6, 7, 8, 11 Y DISPOSICIONES ADICIONALES SEGUNDA Y CUARTA.

6. EL GOBIERNO VASCO INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 23/1986 QUE, COMO SE INDICO PREVIAMENTE, QUEDO REGISTRADO CON EL NUMERO 410/1987.

A) COMIENZA LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO VASCO REALIZANDO UNA SERIE DE CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA IMPORTANCIA Y EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES QUE CONSTITUCIONALMENTE REALIZAN EL VALOR PLURALISMO Y TIENEN ACOGIDA EN VARIAS DE SUS MANIFESTACIONES EN DISTINTOS PRECEPTOS DE LA NORMA FUNDAMENTAL: ARTS. 6, 7, 28, 36, 51 Y 52.

TODOS LOS ENTES TIENEN UNA FUNCIONALIDAD ESPECIFICA DERIVADA DE SUS FINES Y OTRA ABSTRACTA, SOCIAL Y POLITICA. SU PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN LA ACTIVIDAD PUBLICA COMO ORGANIZACIONES PERSONIFICADAS DE NATURALEZA JURIDICO-PUBLICA Y DE BASE ASOCIATIVA LO ES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES PROPIOS, QUE NO SE LIMITAN A LA REIVINDICACION DE INTERESES CORPORATIVOS.

DENTRO DE ESAS CONSIDERACIONES PREVIAS, SE ENTIENDE QUE LAS <CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO NO SON ADMINISTRACIONES PUBLICAS>. AUN CUANDO EJERCEN FUNCIONES PUBLICAS QUE EL ESTADO LES CONFIA, NO SON ADMINISTRACIONES PUBLICAS, SINO UN TERTIUM GENS QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DEL ESTADO, PERO TAMPOCO SON ASOCIACIONES PRIVADAS. EN ESTE SENTIDO, LA STC 76/1983 DICE QUE <PARTICIPAN DE LA NATURALEZA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS>, PERO NO LAS ENCUADRA DE FORMA PURA Y SIMPLE EN LA ADMINISTRACION PUBLICA.

EL ART. 52 DE LA C.E., POR OTRA PARTE, REGULA LAS CORPORACIONES PROPTER REM, COMO SON LAS CAMARAS AGRARIAS, Y DE ESA REGULACION CABE DEDUCIR LO SIGUIENTE: POR UN LADO, EXISTE UNA FUNCIONALIDAD INSTITUCIONAL ESPECIFICA Y OTRA ABSTRACTA; SU PARTICIPACION EN LA ACCION SOCIAL Y POLITICA; POR OTRO, SU FUNCIONALIDAD PUBLICA-INSTITUCIONAL ES LA QUE LES CONFIERE SU CALIDAD DE CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO. POR ELLO, EL REENVIO QUE REALIZA LA CONSTITUCION A LA LEY NO SUPONE UNA TOTAL LIBERTAD DEL LEGISLADOR.

LA MUTACION DE SU NATURALEZA SUPONE DESCONOCER EL ART. 52 DE LA C.E. ESTE PRECEPTO NO CONSAGRA LA LIBERTAD DE CREACION Y DE ASOCIACION, LO QUE SE CONFIRMA, A CONTRARIO POR LOS ARTS. 6 Y 7 DE LA C.E. LA OBLIGATORIEDAD DERIVA DELA NECESIDAD DE SATISFACER EL FIN PARA EL QUE HA NACIDO.

B) CONTINUA EL RECURSO ANALIZANDO LA TITULARIDAD DE LA COMPETENCIA SOBRE CAMARAS AGRARIAS QUE OSTENTA EL PAIS VASCO. PARA ANALIZAR LOS POSIBLES CONFLICTOS ENTRE EL TITULO VASCO SOBRE CAMARAS Y OTROS POSIBLES TITULOS DE COMPETENCIAS ESTATALES, TRAS ANALIZAR LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EL RECURSO SEÑALA QUE HAY QUE PARTIR DEL ART. 10.21 DE LA E.A.P.V. EL PRIMER TITULO CON EL QUE PUEDE CONCURRIR ES EL DEL ART. 149.1.18 DE LA C.E., BASE DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. PARA RESOLVER EL CONFLICTO DEBE APLICARSE EL CRITERIO DELA <ESPECIFICIDAD>, UTILIZADO EN LA STC 71/1982, Y QUE LLEVA A DESPLAZAR EL TITULO ESTATAL EN LO QUE SE REFIERE A LA ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LAS CAMARAS AGRARIAS.

POR OTRA PARTE, EL PRINCIPIO DE LEALTAD DEBE AYUDAR A EXCLUIR EL USO DE TITULOS COMO EL DEL ART. 149.1.18 DE LA C.E. PARA ELLO HA DE DETERMINARSE EL ALCANCE DE LA FUNCION Y DE LA MATERIA DE CADA TITULO. EL ART. 10.21 DE LA E.A.P.V. OTORGA COMPETENCIA EXCLUSIVA, CON TODAS SUS FUNCIONES, SOBRE CAMARAS AGRARIAS, LIMITANDOSE SOLO POR EL ART. 149.1.18 DE LA C.E. ESTA COMPETENCIA, EN CAMBIO, ES SOLO SOBRE BASES Y, EN CONSECUENCIA, HA DE ALCANZAR UNICAMENTE AL COMUN DENOMINADOR NORMATIVO. POR LO QUE RESPECTA AL ELEMENTO MATERIAL DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SE DEDUCE QUE LA COMPETENCIA DEL ART. 149.1.18 DE LA C.E. SE EXTIENDE SOLO <A LA REGULACION CONCENTRADA DE LAS REGLAS BASICAS SOBRE ORGANIZACION, FUNCIONES E INTERRELACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN ABSTRACTO, LO QUE IMPIDE QUE SE UTILICE DICHO TITULO PARA REGULAR ACABADAMENTE, MEDIANTE LEYES SECTORIALES, ASPECTOS, INSTITUCIONES O ENTES CONCRETOS QUE SE PRESENTEN EN LA REALIDAD JURIDICA DE ALGUNA MANERA CONECTADOS, AUN DE FORMA PRECARIA Y PARCIAL, CON EL DERECHO ADMINISTRATIVO O LA ADMINISTRACION PUBLICA>.

LAS ALUSIONES REALIZADAS POR LA STC 76/1983 HAY QUE ENTENDERLAS RESPECTO DE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO EN GENERAL, ESTANDO REGULADAS ACTUALMENTE LAS BASES POR EL ART. 15 DE LA L.P.A. PUESTO QUE EL ART.

149.1.18 C.E. NO PERMITE REGULACIONES SECTORIALES, LA LEY IMPUGNADA CARECE DE HABILITACION EN ESTE PRECEPTO. PERO, AUNQUE NO FUERA ASI, NO CABRIA LA EXISTENCIA DE UNAS BASES DE DESARROLLO DE LAS BASES; ES CONSTITUCIONALMENTE POSIBLE, Y ASI LO HA SEÑALADO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, QUE UN ELEMENTO BASICO VENGA FIJADO POR UNA NORMA INFRALEGAL; SIN EMBARGO, EN EL PRESENTE CASO NO SE TRATA DE UNA REGULACION MEDIANTE EL CONJUNTO LEY-REGLAMENTO, SINO QUE SE INTENTA REINTERPRETAR EL CONCEPTO MATERIAL PARA DICTAR UNA NUEVA LEY QUE FIJE UNAS BASES SOBRE UNA MATERIA DESGAJADA DE LA PRINCIPAL.

LA ULTIMA CONCLUSION A EXTRAER DE LA DOCTRINA DE LA SENTENCIA SOBRE LA LOAPA ES QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO DEFINE A LAS CAMARAS COMO ADMINISTRACIONES PUBLICAS, LIMITANDOSE A AFIRMAR QUE PARTICIPAN DE LA NATURALEZA DE ESTAS EN CUANTO UNA PARTE MINIMA DE SU ACTIVIDAD ES DEFINIBLE COMO FUNCION ADMINISTRATIVA. EXTENDER UNAS BASES ESTATALES PARA NORMAR ESA MINIMA PARTICIPACION FUERA DE LA REGULACION GENERAL Y EN ABSTRACTO SOBRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS SUPONE EXCEDER EL CONTENIDO DE LA COMPETENCIA DEL ART.

149.1.18, INVADIENDO EL TITULO PREVALENTE DEL ART. 10.21 DE LA E.A.P.V.

POR OTRO LADO, EL ART. 10.2 DE LA E.A.P.V. REFUERZA LA COMPETENCIA AUTONOMICA AL RECONOCER EL PODER DE <AUTOORGANIZACION> DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, QUE NO ALCANZA SOLO A LAS INSTITUCIONES POLITICAS, SINO, TAMBIEN, A LA ADMINISTRACION PUBLICA. EL ART. 149.1.18 DE LA C.E. NO HABILITA PARA IMPONER MEDIDAS ORGANIZATIVAS CONCRETAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA.

C) PASA EL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO VASCO A CONTINUACION AL ANALISIS DEL ARTICULADO DE LA LEY 23/1986, IMPUGNADA:

COMIENZA SEÑALANDO QUE LA PRETENSION RECOGIDA EN SU ART. 1 DE FIJAR BASES NORMATIVAS EN EL SENTIDO DEL ART. 149.1.18 DE LA C.E. CONDUCE A LA IMPUGNACION GLOBAL DE LA LEY POR INVASION DE LOS ART.

10.21 Y 10.2 DE LA E.A.P.V. LA COMUNIDAD AUTONOMA DEBE RESPETAR LAS BASES ESTATALES SOBRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN GENERAL O SOBRE CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO, POSIBILIDAD ADMITIDA SOLO A EFECTOS DIALECTICOS; EN TODO CASO, ESAS BASES DEBEN SER UNICAMENTE LAS QUE DEDUZCAN DE LA PARTICIPACION DE LAS CAMARAS AGRARIAS DE LA NATURALEZA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

A CONTINUACION SE IMPUGNAN ALGUNOS PRECEPTOS CONCRETOS DE LA LEY, COMENZANDO POR LOS ARTICULOS QUE VULNERAN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE AFECTAN A LA CONFIGURACION DE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO:

EL ART. 4 DEFINE LAS FUNCIONES DE LAS CAMARAS AGRARIAS DESCONOCIENDO LAS QUE REFLEJAN SU ASPECTO PRIVADO. CON ELLO SE VIOLA EL PREAMBULO DE LA CONSTITUCION QUE BUSCA EL ESTABLECIMIENTO DE <UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA AVANZADA> Y EL ART. 52 DE LA C.E., QUE SE REFIERE A LOS INTERESES PROPIOS, IGNORANDO, TAMBIEN, EL ASPECTO PRIVADO RECONOCIDO POR LA STC 76/1983.

POR SU PARTE, EL ART. 12 DE LA L.B.C.A. RESULTA INCONSTITUCIONAL AL NO RECONOCER COMO RECURSO PROPIO DE LAS CAMARAS LOS INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS DE INTERES GENERAL PRESTADOS A LOS AGRICULTORES.

EL ART. 5 DE LA LEY CONFUNDE LA REPRESENTACION EXCLUSIVA DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, CUYA REPRESENTATIVIDAD DEBE PERTENECER EN EXCLUSIVA A LAS CAMARAS AGRARIAS A TENOR DEL ART. 52 DE LA C.E., CON LOS INTERESES PROFESIONALES DE SUS MIEMBROS, Y QUE PUEDEN SER ARTICULADOS POR OTRAS ENTIDADES.

LOS ARTS. 6 Y 7 DE LA L.B.C.A. PERMITEN LA EXISTENCIA DE VARIAS CAMARAS EN UN MISMO AMBITO TERRITORIAL, SIENDO ASI QUE LA UNICIDAD INTEGRATIVA ES UNA DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO QUE LAS HACE RECONOCIBLES COMO TALES. EL AMBITO TERRITORIAL DE CADA CAMARA, POR OTRO LADO, DEBE FIJARSE EN SUS ESTATUTOS, TAL Y COMO SE DEDUCE DEL ART. 15.1, B), DE LA L.P.A.

EL ART. 8 HACE INCURRIR EN CONTRADICCION A LA LEY YA QUE, A PESAR DE CALIFICAR LAS CAMARAS AGRARIAS DE CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO, REDUCE SU COMPOSICION A LA JUNTA DESIGNADA POR LOS ELECTORES; CON ELLO DESAPARECE LA BASE CORPORATIVA QUE LE ES ESENCIAL, IMPIDIENDO QUE FORMEN PARTE AQUELLOS PROFESIONALES QUE PUEDEN.

EL ART. 9 SUPONE UNA DISCRIMINACION YA QUE EXCLUYE A MUCHAS PERSONAS QUE UTILIZAN PERSONAL ASALARIADO. LA BASE DE LA CORPORACION NO SON LOS INDIVIDUOS CONCRETOS, SINO UN COLECTIVO PROFESIONAL DETERMINADO EN FUNCION DE LOS INTERESES ECONOMICOS QUE LE SON PROPIOS.

LA EXIGENCIA DE AFILIACION AL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL O AL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS ATENTA ASIMISMO AL CONTENIDO ESENCIAL DE LO QUE ES UNA CORPORACION DE DERECHO PUBLICO. LO QUE DETERMINA LA PERTENENCIA A UNA CORPORACION ES UNA CONDICION OBJETIVA, LA CUALIDAD DE PROFESIONAL DE LA AGRICULTURA.

POR OTRA PARTE, LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD SUPONEN UNA DISCRIMINACION RESPECTO DE LAS ESTABLECIDAS EN EL RESTO DE CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO.

EN RELACION CON EL ART. 11 L.B.C.A. SE PLANTEA UNA DOBLE VULNERACION CONSTITUCIONAL; POR UNA PARTE SE ATRIBUYEN A LAS CAMARAS FUNCIONES SINDICALES, VIOLANDOSE EL ART. 28 C.E. Y, POR OTRA, ELLO EXIGIRIA EL RANGO DE LEY ORGANICA.

LA LEY IMPUGNADA REGULA LA REPRESENTATIVIDAD AL MARGEN DE LA LEY ORGANICA DE LIBERTAD SINDICAL, OSCURECIENDO LA NATURALEZA Y FUNCIONES DE LAS CAMARAS E IGNORANDO EL ART. 81 C.E. QUE EXIGE LEY ORGANICA PARA ESTE CONTENIDO NORMATIVO.

LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA SUPONE UNA EXPROPIACION DE PATRIMONIO SIN INDEMNIZACION ALGUNA.

D) EL ULTIMO NUCLEO DE ALEGACIONES ES EL QUE SE REFIERE A LA VULNERACION DE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS, POR EXCEDER DEL CONCEPTO DE <LO BASICO>.

EL ART.

6, EN PRIMER LUGAR, REGULA EL NUMERO Y AMBITO TERRITORIAL DE LAS CAMARAS AGRARIAS SIN QUE ELLO PUEDA CONSIDERARSE DE BASICO. EL HECHO DE OPTARSE POR LA PROVINCIA SIN QUE LA REPRESENTATIVIDAD SE MIDA EN ESE AMBITO PRIVA DE LA UNICA RAZON QUE PODRIA HACER QUE EL PRECEPTO FUERA BASICO. SEGUN EL ART. 15.1 B) L.P.A., ESTA MATERIA CORRESPONDE FIJARLA A CADA ESTATUTO DE CAMARA.

LOS ARTS. 8 Y 10 INCURREN EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

NADA JUSTIFICA QUE EL NUMERO DE 25 MIEMBROS SEA BASICO; POR OTRA PARTE, EL REAL DECRETO 3.196/1980, DE 26 DE SEPTIEMBRE, DE TRANSFERENCIAS RECONOCE, EN SU ANEXO A), PUNTO 1, PARRAFO 2. , QUE CORRESPONDE AL PAIS VASCO LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES A CAMARAS AGRARIAS, POR LO QUE SE HAN VIOLADO LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

LOS ARTS. 9 Y 11 RESULTAN TAMBIEN INCONSTITUCIONALES POR NO SER BASICOS. SOBRE LAS CONDICIONES PARA SER ELECTORES, SE REMITE EL RECURSO A ANTERIORES CONSIDERACIONES; POR OTRA PARTE, NO PUEDEN SER BASICOS CONCEPTOS COMO LA DETERMINACION DE LA ORGANIZACION MAS REPRESENTATIVA DE AMBITO INFERIOR AL ESTATAL O LA OBLIGATORIEDAD DE QUE EL RECONOCIMIENTO ESTATAL LO SEA PARA LA ADMINISTRACION AUTONOMICA.

POR TODO LO ANTERIOR, CONCLUYEN LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO VASCO SOLICITANDO QUE SE DECLARE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 23/1986 EN SU TOTALIDAD Y, SUBSIDIARIAMENTE, LOS ARTS. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA Y DISPOSICION ADICIONAL CUARTA.

7. DON FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE, COMISIONADO POR 56 DIPUTADOS, POR ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL 1 DE ABRIL DE 1987, INTERPUSO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 23/1986 QUE QUEDO REGISTRADO CON EL NUM. 425/1987.

A) EL PRIMER MOTIVO DE INCONSTITUCIONALIDAD ALEGADO ES LA VIOLACION DEL ART. 81.1 C.E. POR CUANTO LA LEY IMPUGNADA DEBERIA TENER FORMA DE LEY ORGANICA. COMIENZA EL COMISIONADO REALIZANDO UNAS LARGAS CONSIDERACIONES SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS CAMARAS AGRARIAS, TAL Y COMO HAN SIDO CONFIGURADAS POR LA LEY IMPUGNADA, LLEGANDO A LA CONCLUSION DE QUE NO SE TRATA REALMENTE DE CORPORACIONES SINO DE INSTITUCIONES YA QUE LOS INTERESES A DEFENDER SON MERAMENTE PUBLICOS, DADA LA REGULACION DE LOS ARTS. 4 Y 5 L.B.C.A.

POR OTRA PARTE, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EXPRESAMENTE O A TRAVES DE SUS COMPETENCIAS DE AUTOORGANIZACION, POSEEN COMPETENCIAS EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS. A PESAR DE LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, EL CHOQUE FRONTAL ENTRE LA LEY ESTATAL Y LA GALLEGA HACE QUE <EL UNICO CAUCE, CONSTITUCIONALMENTE POSIBLE, PARA ARMONIZAR LA LEGISLACION GALLEGA SOBRE CAMARAS AGRARIAS, CON LA LEY RECURRIDA SEA EL ART.

150.3, MEDIANTE LA LEY ORGANICA QUE EN EL SE ESTABLECE>, LO QUE SE EXTIENDE TAMBIEN A LA CATALANA.

POR OTRA PARTE, LA LEY RECURRIDA DEBERIA HABER SIDO ORGANICA, YA QUE SU ART. 11 VIENE A DESARROLLAR, DE MANERA DIRECTA (NO CONEXA) EL ART. 28 C.E., TODA VEZ QUE SIRVE PARA DETERMINAR LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS.

DADO QUE LOS EMPRESARIOS AGRICOLAS INDIVIDUALES QUE EMPLEAN HABITUALMENTE MANO DE OBRA, CARECEN DE DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO, SUS ORGANIZACIONES NUNCA PODRAN TENER LA CONSIDERACION DE MAS REPRESENTATIVAS, QUEDANDO FUERA DEL AMBITO DEL ART. 131.2 C.E. Y RESTRINGIENDO LA LIBERTAD SINDICAL.

CON ELLO SE LIMITAN LOS ART. 28, 23 Y 14 C.E.

B) LOS ARTS. 9 Y 10 DE LA LEY IMPUGNADA VULNERAN EL ART. 14 C.E. DEL ANALISIS DE ESTOS PRECEPTOS SE DERIVA QUE CARECEN DE DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO O PASIVO: EL CULTIVADOR QUE CONVIVA CON CONYUGE O PARIENTE HASTA EL TERCER GRADO QUE SEA TITULAR DE UN NEGOCIO MERCANTIL O INDUSTRIAL YA QUE EL ART. 2 DEL REAL DECRETO 3772/1972 ESTABLECE LA PRESUNCION IURIS TANTUM DE QUE SE ENCUENTRA EXCLUIDO DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL; QUIENES CULTIVAN PRODUCTOS AGRARIOS EN ESPACIOS NO SUJETOS A CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA Y PECUARIA; QUIENES SE DEDIQUEN A LA DENOMINADA GANADERIA INDEPENDIENTE CUANDO SU EXPLOTACION ESTE SUJETA A EXACCION FISCAL DEL ESTADO DISTINTA DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL RUSTICA Y PECUARIA O CUANDO PREDOMINEN LAS EXPRESADAS ACTIVIDADES SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LAS PARTES, YA QUE NINGUNO PUEDE ESTAR AFILIADO AL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO. TAMBIEN ESTAN EXCLUIDOS DEL DERECHO DE SUFRAGIO QUIENES EMPLEEN ASALARIADOS, SI NO ES DE MANERA CIRCUNSTANCIAL, Y QUIENES, SIN EMPLEAR NORMALMENTE MANO DE OBRA ASALARIADA, CULTIVEN PERSONALMENTE MAS DE 50 HECTAREAS, CON RIEGO MECANIZADO.

NADA HAY EN LA LEY QUE JUSTIFIQUE ESTAS EXCLUSIONES, POR LO QUE SE PRODUCE UNA CLARA DISCRIMINACION.

C) LOS ARTS. 10 Y 11 DE LA LEY SON INCONSTITUCIONALES POR INFRINGIR EL ART. 7 EN RELACION CON EL 10.2, 23 Y 28 C.E., ASI COMO EL 10.2 EN RELACION CON EL 83 C.E. Y ARTS. 118.1 TCEE Y 46.2 TCECA.

LA EXTENSION DE LAS CONDICIONES DEL SUFRAGIO ACTIVO AL SUFRAGIO PASIVO HACE QUE LOS ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD YA SEÑALADOS SE EXTIENDAN TAMBIEN A ESTOS PRECEPTOS. POR OTRA PARTE, LOS ARTS. 9 Y 10 L.B.C.A. CONSTITUYEN UNA INTERVENCION ABUSIVA DEL LEGISLADOR ORDINARIO QUE LIMITA EL DERECHO DE CUALQUIER ORGANIZACION AGRARIA PARA ELEGIR, COMO REPRESENTANTE SUYO EN LAS CAMARAS, A CUALQUIERA DE SUS AFILIADOS, YA QUE NUNCA PODRA HACERLO RESPECTO DE UNO DE SUS MIEMBROS QUE SIMULTANEE SU ACTIVIDAD AGRARIA CON OTRA; TAMPOCO A QUIEN INTRODUCE NUEVAS TECNICAS DE CULTIVO, NI AL REPRESENTANTE DE LA COOPERATIVA DEL CAMPO, <INCUMPLIENDO ASI LA ADMONICION HECHA POR LA O.I.T. CUYOS TRATADOS SON NORMAS INTERPRETATIVAS DE LO INSTITUIDO, TAL Y COMO DISPONE EL ART. 10.2 DE LA CONSTITUCION Y DESCONOCIENDO UN DERECHO FUNDAMENTAL>.

LA LEY IMPIDE QUE LOS EMPRESARIOS AGRICOLAS PUEDAN FORMAR SINDICATOS O ASOCIACIONES EMPRESARIALES, QUE TENGAN QUE SER CONSIDERADAS COMO MAS REPRESENTATIVAS, Y OSTENTAR POR ELLO LA CUALIDAD DE INTERLOCUTORES VALIDOS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, YA QUE SUS MIEMBROS NO PUEDEN SER NI ELECTORES NI ELEGIDOS; CON ELLO SE DESCONOCE LA LIBERTAD DE CONSTITUCION DE SINDICATOS, LA LIBERTAD DE PERTENECER AL DE LA ELECCION DEL INDIVIDUO, Y EL DERECHO DE ESTAS ASOCIACIONES A CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y PROMOCION DE LOS INTERESES ECONOMICOS Y SOCIALES QUE LE SON PROPIOS.

D) LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA L.B.C.A. INFRINGEN LOS ARTS. 10.2, 33 Y 96 C.E. ASI COMO EL 17 DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHO HUMANOS. ESTAS DISPOSICIONES DESPOJAN DE SU PATRIMONIO A LAS CAMARAS, PRIVANDO, PUES, A LOS AGRICULTORES DE UNA PROPIEDAD COLECTIVA GESTIONADA POR LAS CAMARAS.

POR TODO LO ANTERIOR, CONCLUYE EL RECURSO SOLICITANDO LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE TODA LA LEY IMPUGNADA Y, SUBSIDIARIAMENTE, DE SUS ARTS. 9, 10 Y 11 DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA.

8. EL ABOGADO DEL ESTADO, EN NOMBRE DEL GOBIERNO DE LA NACION, POR ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL 8 DE JULIO DE 1987, REALIZO LAS ALEGACIONES QUE TUVO POR CONVENIENTES EN RELACION CON LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMS. 398, 407, 410 Y 425/1987, TODOS ELLOS REFERENTES A LA LEY 23/1986.

A) COMIENZA SEÑALANDO LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE LA NACION, COMO OBSERVACION PREVIA, QUE NI LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA NI LA DE CANTABRIA POSEEN COMPETENCIAS EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS POR LAS RAZONES EXPUESTAS, RESPECTO DE LA PRIMERA, EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM.

961/1985, AL QUE SE REMITE, APLICABLES IGUALMENTE A LA SEGUNDA. ELLO NO SUPONE, SIN EMBARGO, FALTA DE LEGITIMACION, YA QUE LA LEY IMPUGNADA AFECTA INTERESES DE AMBAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

A CONTINUACION ENTRA EL ABOGADO DEL ESTADO EN SUS ALEGACIONES.

B) LAS PRIMERAS CONSIDERACIONES SE REFIEREN AL ALCANCE DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA RESERVADA AL ESTADO POR EL ART. 149.1.18 C.E. SE SEÑALA QUE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PRETENDEN ESTABLECER UN CONDICIONAMIENTO AL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CITADA QUE EL CONSTITUYENTE NO HA ESTABLECIDO. EL UNICO LIMITE FIJADO CONSTITUCIONALMENTE ES EL DE QUE LA COMPETENCIA ABARQUE LAS <BASES>; COMO SE FIJEN ESTAS EN UN PROBLEMA POSTERIOR, SIENDO POSIBLE ESTABLECER BASES CONJUNTAS PARA TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, O SOLO PARA ALGUNAS, O PARA RAMAS, SEGUN LA ACTIVIDAD, O PARA ORGANISMOS, ENTIDADES O INSTITUCIONES; LA OPCION CORRESPONDE AL LEGISLADOR.

EL ART.

15.1 L.P.A. FIJO UNOS PRINCIPIOS RELATIVOS A CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO REPRESENTATIVAS DE INTERESES ECONOMICOS; SE RECONOCIO ENTONCES, Y ASI LO SEÑALO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, LA EXISTENCIA DE UN ASPECTO PRIVADO Y DE UNA DIMENSION PUBLICA EN LAS CAMARAS, SIENDO ESTA ULTIMA LA DETERMINANTE DE LA CALIFICACION DE CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO. LA L.B.C.A.

SE HA APROBADO RESPETANDO LOS PRINCIPIOS SENTADOS POR LA STC 76/1983 YA QUE SE FIJAN BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS EN CUANTO PARTICIPAN DE LA NATURALEZA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS. COMO CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO QUE SON, SU ORGANIZACION QUEDA PUBLIFICADA , POR LO QUE EL REGIMEN DE SUS ORGANOS Y EL MODO DE CONSTITUCION O INTEGRACION HA DE QUEDAR COMPRENDIDO EN LAS BASES. OTRO TANTO SUCEDE CON AQUELLA PARTE DE LA ACTIVIDAD DE LAS CAMARAS EN LA QUE ACTUAN COMO AGENTES DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION, PUDIENDO INCLUIRSE, ASIMISMO, LA REGULACION SOBRE MEDIOS ECONOMICOS Y PERSONALES, Y DISPOSICIONES RELEVANTES QUE FORMAN PARTE DE SU ESTATUTO.

EL ART. 15.1 L.P.A. SUPONE UNA POSIBILIDAD LEGISLATIVA, PERO NO LA UNICA, SIN QUE PUEDA ELEVARSE A NIVEL CUASI-CONSTITUCIONAL, COMO PRETENDEN LOS RECURSOS INTERPUESTOS DE CONTRARIO. LA FIJACION DE BASES NO PUEDE LIMITAR AL LEGISLADOR POSTERIOR Y, ESTABLECIDAS POR LEY ORDINARIA, PUEDEN MODIFICARSE POR LEY ORDINARIA, CORRESPONDIENDO, ADEMAS, A LAS CORTES LA APRECIACION DE LO QUE EN CADA MOMENTO ES BASICO, PUDIENDO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTROLAR SOLO AQUELLOS JUICIOS QUE IMPIDAN EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA AUTONOMICA O REDUZCA ESTA A LO IRRELEVANTE.

EL JUICIO DE LAS BASES NO PUEDE REALIZARSE DE FORMA APRIORISTICA POR EXISTIR YA UNA LEY QUE FIJA BASES; HAY QUE ANALIZAR EL CONTENIDO MATERIAL DE ESTAS PARA DETERMINAR SI SE HA SOBREPASADO O NO LOS LIMITES CONSTITUCIONALES DE LA COMPETENCIA ESTATAL. AUNQUE LA L.B.C.A. SEA MENOS ABSTRACTA QUE LA L.P.A., NO POR ESO SALE DEL CAMPO DE LO BASICO, QUE DEBE FIJARSE MATERIALMENTE.

C) REALIZA POSTERIORMENTE EL LETRADO DEL ESTADO UN DETALLADO ANALISIS DE LAS DISTINTAS CLAUSULAS ESTATUTARIAS SOBRE COMPETENCIAS EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS SEÑALANDO QUE, POR LO QUE A LOS RECURSOS INTERPUESTOS AFECTA, EL PAIS VASCO Y GALICIA HAN DE SOMETERSE A LAS BASES ESTATALES; EN CAMBIO, CATALUÑA Y CANTABRIA, CARECEN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE CAMARAS, TAL Y COMO SE SEÑALO EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO CONTRA LA LEY CATALANA Y REGISTRADO CON EL NUM. 961/1985, Y CUYOS ARGUMENTOS SE REPRODUCEN.

D) EL SIGUIENTE NUCLEO DE ALEGACIONES SE REFIERE AL CONTENIDO DEL ART. 52 C.E., CONTESTANDO, EN ESPECIAL, AL RECURSO PLANTEADO POR EL GOBIERNO VASCO. EN EL MISMO INTENTA SEÑALARSE DE FORMA SUBREPTICIA QUE EL ART. 52 C.E. LLEVA INCORPORADA UNA ESPECIE DE GARANTIA INSTITUCIONAL QUE LIMITA Y VINCULA POSITIVAMENTE AL LEGISLADOR. SIN EMBARGO, ESTE PRECEPTO ESTABLECE SENCILLAMENTE UNA RESERVA DE LEY, SIN QUE NI SIQUIERA SEA <SEGURO QUE SE REFIERE (O QUE SE REFIERA SOLO) A LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO QUE REPRESENTAN INTERESES ECONOMICOS>.

]CUALES SON LAS <ORGANIZACIONES PROFESIONALES QUE CONTRIBUYEN A LA DEFENSA DE LOS INTERESES ECONOMICOS QUE LES SEAN PROPIOS> A QUE SE REFIERE EL ART. 52 C.E.? PARECE CLARO QUE NO SE TRATA NI DE SINDICATOS, NI DE ASOCIACIONES PROFESIONALES, NI DE COLEGIOS PROFESIONALES, YA QUE OTROS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES SE REFIEREN A TODOS ELLOS. MAS ALLA DE LAS CAMARAS PODRIAN ESTAR INCLUIDAS, SEGUN LA STC 98/1985, LAS ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS <AUTONOMOS> O DE ARTESANOS; POR TANTO, EL ART. 52 C.E. NO TIENE NECESARIAMENTE QUE ESTAR REFERIDO A LAS CAMARAS; CORRESPONDE AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DETERMINARLO, PERO AL MENOS HAY QUE SEÑALAR QUE EL PRECEPTO PUEDE TENER ESE OTRO CONTENIDO.

ADMITIENDO A EFECTOS DIALECTICOS QUE EL ART. 52 C.E. SE REFIERE A LAS CAMARAS Y QUE INCLUYE UNA GARANTIA INSTITUCIONAL, NI SIQUIERA SERIA ACEPTABLE LA INTERPRETACION DADA POR EL GOBIERNO VASCO. LA OBLIGATORIEDAD O NO DE DESCRIPCION A LAS CORPORACIONES SECTORIALES DE BASE PRIVADA NO ES UN RASGO CONSTITUCIONALMENTE NECESARIO DE ESTAS, PUDIENDO EL LEGISLADOR REGULAR ESTE EXTREMO.

ADEMAS, NINGUNA DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LAS CAMARAS POR EL ART.

4 L.B.C.A. JUSTIFICA LA IMPOSICION DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INTEGRACION.

E) LA L.B.C.A. NO REGULA MATERIAS RESERVADAS A LA LEY ORGANICA, POR LO QUE NO INVADE EL ART. 81.1 C.E., TAL Y COMO SOSTIENEN LOS DIPUTADOS EN SU RECURSO. DEBE SEÑALARSE, EN PRIMER LUGAR, QUE LOS RECURRENTES COMETEN UN ERROR CONCEPTUAL AL AFIRMAR QUE PARA ARMONIZAR LEGISLACIONES ES NECESARIA LA FORMA DE LEY ORGANICA, YA QUE LA LEY DE ARMONIZACION DEL ART.

150.3 C.E. NO ESTA INCLUIDA EN LA RESERVA DE LEY ORGANICA DEL ART. 81.1 C.E. LA L.B.C.A., POR LO DEMAS, NO ES UNA LEY DE ARMONIZACION NI PRETENDE SERLO.

LA OTRA OBJECION FORMAL REALIZADA A LA L.B.C.A., Y EN CONCRETO A SU ART.

11, ES LA DE INCIDIR EN LOS ARTS. 23 Y 28 C.E., QUE DEBEN DESARROLLARSE POR LEY ORGANICA. SI ASI FUERA, EN PRIMER LUGAR, ELLO NO SUPONDRIA QUE TODA LA LEY DEBIERA SER ORGANICA. EN TODO CASO, EN SEGUNDO LUGAR, NO PUEDE AFIRMARSE QUE EL ART. 11 L.B.C.A. SEA DESARROLLO DE LOS ARTS. 23 Y 28 C.E.

RESPECTO DEL ART. 23 C.E., EL PRECEPTO DE LA L.B.C.A. NO SE REFIERE A SUS ELECCIONES, SINO A LA MEDICION DE REPRESENTATIVIDAD Y, ADEMAS, LA DEMOCRATICIDAD IMPUESTA POR EL ART. 52 C.E. ESTA FUERA DE LA ESFERA DE PROTECCION DEL ART. 23 C.E.

F) PROCEDE A CONTINUACION EL ABOGADO DEL ESTADO A EXAMINAR LAS IMPUGNACIONES DE CADA UNO DE LOS PRECEPTOS RECURRIDOS DE LA L.B.C.A.

EN RELACION CON LA IMPUGNACION DEL ART. 1 L.B.C.A., YA SE HA SEÑALADO EL ALCANCE DEL TITULO COMPETENCIAL QUE PERMITE REGULAR LAS BASES.

EN TODO CASO, BASTARIA QUE UN SOLO PRECEPTO DE LA L.B.C.A. FUERA BASICO PARA QUE EL ART. 1, NORMA DE MERA CALIFICACION, FUERA TAMBIEN BASICO. AL NO IMPUGNARSE SUBSIDIARIAMENTE TODOS LOS PRECEPTOS DE LA L.B.C.A., SE JUSTIFICA EN SI MISMO SU ART. 1.

EL ART. 4 L.B.C.A. FIJA LAS FUNCIONES PROPIAS DE LAS CAMARAS. SU IMPUGNACION POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARTE DE LA PREMISA DE QUE LA L.B.C.A. PRETENDE REGULAR TOTAL Y EXHAUSTIVAMENTE TODOS LOS ASPECTOS DE LAS CAMARAS AGRARIAS. SIN EMBARGO, ELLO NO ES CIERTO. LA L.B.C.A. REGULA SOLAMENTE LA PARTE BASICA DE LA DIMENSION PUBLICA DE LAS CAMARAS, Y LAS NORMAS QUE PUEDEN TENER UNA REPERCUSION EN SU ASPECTO PRIVADO TIENEN UNA JUSTIFICACION ESPECIAL. NO SE PROHIBE, PUES, A LAS CAMARAS LA DEFENSA DE INTERESES ECONOMICOS, NI LA PRESTACION DE SERVICIOS; LA L.B.C.A., FUNDADA EN EL TITULO DEL ART. 149.1.18 C.E., SOLO REGULA LAS BASES DE UNA DE LAS FACETAS DE LAS CAMARAS. EN CONSECUENCIA, NO HAY <ADMINISTRATIVIZACION> DE LAS CAMARAS.

PARTIENDO DE LO ANTERIOR, Y DENTRO DE LA DIMENSION PUBLICA DE LAS CAMARAS, LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS PUEDEN AMPLIAR LAS FUNCIONES DE LAS CAMARAS AGRARIAS SIEMPRE QUE ESA AMPLIACION SE EFECTUE POR DELEGACION; EL HECHO DE QUE EL ART. 4 SE REFIERA A ESAS FUNCIONES COMO PROPIAS SE EXPLICA POR LA POSIBILIDAD DE LLEVAR LA DELEGACION HASTA LA LINDE DE LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES; EN TODO CASO, ESA CALIFICACION DE PROPIAS, COMO MUCHO, SERIA UN ERROR TECNICO NO CAUSANTE DE INCONSTITUCIONALIDAD.

EL ART. 5 L.B.C.A. ES UNA NORMA DE DESLINDE ENTRE LAS FUNCIONES DE LAS CAMARAS, EN CUANTO CORPORACIONES DE BASE PRIVADA, Y LAS DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES AGRARIAS LIBREMENTE CONSTITUIDAS. NO PUEDE ESTIMARSE INCONSTITUCIONAL EL QUE EL LEGISLADOR PROCEDA A ESTABLECER ESOS LIMITES, UNICO OBJETIVO SEGUIDO POR EL PRECEPTO, QUE A LA VEZ TRATA DE FORTALECER EL ASOCIACIONISMO AGRARIO. ELLO RESPONDE A UNA DECISION POLITICA QUE NO INFRINGE LA CONSTITUCION SINO QUE, MAS BIEN, SE AJUSTA POSITIVAMENTE A ELLA.

CIERTAMENTE, EL ART. 5 L.B.C.A. INCIDE EN EL ASPECTO PRIVADO DE LAS CAMARAS, PERO SOLO EN CUANTO QUE CONFIGURA SU CONTORNO O PERFIL INSTITUCIONAL QUE ES UNICO. POR OTRA PARTE, EN CUANTO QUE EL PRECEPTO TIENE COMO FINALIDAD FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO AGRARIO, QUEDA AMPARADO POR EL ART. 149.1.1. C.E., SIN QUE, EN TODO CASO, SEA NORMA DE DESARROLLO DEL DERECHO DE ASOCIACION A LOS EFECTOS DEL ART. 81.1 C.E.

LO EXPUESTO NO LLEVA A TRANSFORMAR LAS CAMARAS EN INSTITUCIONES, ENTENDIENDO EL TERMINO EN SENTIDO ESTRICTO, PERDIENDO SU CUALIDAD DE CORPORACIONES. AMBAS SE DISTINGUEN POR SU SUSTRATO, SIN QUE QUEPA DUDA DE QUE LA L.B.C.A. FUNDA LAS CAMARAS EN UN SUSTRATO PERSONAL; AQUEL AL QUE EL ART. 9 DE LA PROPIA L.B.C.A. RECONOCE DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO.

LOS ARTS. 6 Y 7 L.B.C.A.

REGULAN EL AMBITO TERRITORIAL DE LAS CAMARAS AGRARIAS, ADEMAS DE CONTAR CON CLAROS PRECEDENTES, SE JUSTIFICA CONSTITUCIONALMENTE POR LA DIMENSION PUBLICA DE ESTAS CORPORACIONES Y POR LAS FUNCIONES QUE CUMPLEN.

ADEMAS, LA FIJACION DE ESTA ESTRUCTURA UNIFORME AYUDA A LA OBTENCION DE DATOS PARA ESTABLECER LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES EN EL SENTIDO DEL ART. 11 L.B.C.A.

EL ART. 15.1 B) L.P.A. SE REMITIA A LOS ESTATUTOS DE LAS CORPORACIONES PARA FIJAR SU AMBITO TERRITORIAL. ESA SOLUCION NO ERA INCONSTITUCIONAL, PERO TAMPOCO LO ES LA ADOPTADA POR LA L.B.C.A., QUE ACTUA AQUI COMO LEY POSTERIOR QUE EXPLICITA UN CAMBIO DE CRITERIO POLITICO DEL LEGISLADOR.

POR SU PARTE, EL ART. 7 L.B.C.A. NO ES UNA NORMA ATRIBUTIVA DE COMPETENCIA SINO RECOGNOSCITIVA. ACTUA COMO COMPLEMENTO DEL ART.

6 L.B.C.A., Y SIGNIFICA SENCILLAMENTE QUE ESTE ULTIMO DEBE ENTENDERSE SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD DEL LEGISLADOR AUTONOMICO CON COMPETENCIA EN LA MATERIA PARA REGULAR LA CREACION, FUSION O EXTINCION DE CAMARAS DE AMBITO TERRITORIAL NO PROVINCIAL. AHORA BIEN, ESAS CAMARAS HAN DE SOSTENERSE CON FONDOS AUTONOMICOS Y RESPETANDO LAS BASES DE LA L.B.C.A. Y EL AMBITO COMPETENCIAL DE LAS CORPORACIONES LOCALES. SE TRATA DE UN RECORDATORIO DE LIMITES A POSIBLES LEGISLACIONES AUTONOMICAS SOBRE CAMARAS LO QUE EN SI MISMO NO ES INCONSTITUCIONAL.

LA OBJECION DEL GOBIERNO VASCO EN EL SENTIDO DE QUE LOS ARTS. 6 Y 7 L.B.C.A. LESIONAN EL PRINCIPIO DE <UNICIDAD INTEGRATIVA> NO ES DE RECIBO YA QUE DE LA COMBINACION DE AMBOS SE DEDUCE QUE <NO HAY COINCIDENCIA DE AMBITOS>.

LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PARA JUSTIFICAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 6 Y 7 L.B.C.A. POR CATALUÑA Y CANTABRIA TAMPOCO SON ACERTADOS, YA QUE NI LA COMPETENCIA DE AUTOORDENACION NI DE ORDENACION DEL TERRITORIO TIENEN CABIDA EN ESTA MATERIA. EL CHOQUE ALEGADO CON LA OPCION CATALANA EN FAVOR DE MUNICIPIOS Y COMARCAS TAMPOCO ES ARGUMENTO QUE JUSTIFIQUE LA INCONSTITUCIONALIDAD. LA PROVINCIAL GOZA DE UNA GARANTIA INSTITUCIONAL EN LOS ARTS. 137 Y 141.1 C.E. DE ACUERDO CON EL ART.

7 L.B.C.A., NADA IMPEDIRIA A CATALUÑA, SI CONTARA CON COMPETENCIA, CREAR CAMARAS COMARCALES Y MUNICIPALES. TAMPOCO SE VE POR QUE CAMARAS CREADAS SEGUN LA INICIATIVA DEL LEGISLADOR AUTONOMICO HAN DE FINANCIARSE CON FONDOS ESTATALES.

POR OTRA PARTE, EL RECURSO CATALAN HA MEZCLADO UN PROBLEMA QUE SE RESUELVE EN EL CONFLICTO DE COMPETENCIAS 271/86 Y QUE NO ES PROPIO DE UN INSTRUMENTO DE CONTROL ABSTRACTO DE NORMAS, COMO EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. EN TODO CASO, LA COMPETENCIA SE ASUME POR EL ESTATUTO, NO POR LOS ACUERDOS DE LA COMISION DE TRANSFERENCIAS.

LA STC 76/1983 ENTENDIO QUE ERA MATERIA BASICA LA REGULACION DE LA CONSTITUCION DE LOS ORGANOS DE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO REPRESENTATIVAS DE INTERESES ECONOMICOS, SEGUN EL ART.

149.1.18 C.E. SI LAS CAMARAS ESTAN INCLUIDAS EN EL ART. 52 C.E., LOS ARTS. 8, 9 Y 10 L.B.C.A. CONSTITUYEN LA CONFIGURACION LEGISLATIVA CONCRETA DEL PRINCIPIO DEMOCRATICO QUE HA DE OPERAR EN SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.

LA L.B.C.A. UTILIZA DE FORMA CONFUSA, PERO NO INCONSTITUCIONAL, EL TERMINO CAMARAS, YA QUE EN OCASIONES SE REFIERE A LA CAMARA-CORPORACION Y EN OCASIONES A LA CAMARA-ORGANO. NADA IMPIDE QUE SE PUEDAN CREAR OTROS ORGANOS DISTINTOS EN SU SENO.

LA L.B.C.A. HA FIJADO UN NUMERO MAXIMO DE MIEMBROS, DEJANDO A CADA ESTATUTO CAMERAL FIJAR EL NUMERO EXACTO CON ESE SOLO LIMITE MAXIMO. ESTA ES UNA DECISION PRIMORDIAL EN MATERIA ORGANIZATIVA; SE PUEDE DISCUTIR LA COMPETENCIA PARA DETERMINARLO, PERO NO LA SOLUCION ADOPTADA, EN LA QUE SE HAN SEGUIDO CRITERIOS DE EFICACIA.

LA OPCION POR EL SISTEMA ELECTORAL APARECE COMO OTRA DE LAS DECISIONES BASICAS EN MATERIA ORGANIZATIVA QUE CORRESPONDE AL LEGISLADOR ESTATAL YA QUE DE EL DEPENDE LA CONSTITUCION E INTEGRACION DE LAS CAMARAS COMO ORGANOS COLEGIADOS.

EL ART.

8.2 L.B.C.A. CONTIENE UNA HABILITACION AL GOBIERNO RELATIVA A TODA LA MATERIA ELECTORAL, CUYAS DETERMINACIONES FUNDAMENTALES SE ENCUENTRAN EN LOS ARTS. 8.1, 9 Y 10 L.B.C.A. A LA VISTA DE LA STC 76/1983, NO PUEDE DUDARSE DE QUE LA MATERIA ELECTORAL SEA BASICA; DADO EL CARACTER MATERIAL DE LAS BASES CABE INCLUIR NORMAS INFRALEGALES EN DICHAS BASES. PARTIENDO DE ESTE DATO, LAS NORMAS SE JUSTIFICAN POR LAS RAZONES QUE SIGUEN.

LA ORGANIZACION, COORDINACION, VIGILANCIA Y ELABORACION DE CENSOS ELECTORALES DEBE SER UNIFORME YA QUE, EN OTRO CASO, SE FOMENTARIA LA DESIGUALDAD EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO.

LAS CAUSAS DE INELIGIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SON PARTE ESENCIAL DEL ESTATUTO DE LOS ELEGIBLES, QUE NO PUEDE VARIAR DE UNA COMUNIDAD AUTONOMA A OTRA.

EL REGIMEN JURIDICO DE LAS JUNTAS ELECTORALES, RECURSOS, PRESENTACION DE DOCUMENTOS, VOTACION Y ESCRUTINIO SON PIEZAS BASICAS DE LOS DERECHOS DE SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO EN LOS TERMINOS DEL ART. 8.1 L.B.C.A., DEBIENDO DE GARANTIZARSE EL PRINCIPIO DEMOCRATICO, ELLO SIN PERJUICIO DE QUE NO HAYA DE VERSE INCLUIDO EL CARGO EN EL ART. 23.2 C.E.

LA DURACION DEL MANDATO COMO MIEMBRO DE LA CAMARA SE REMITE AL GOBIERNO, DERIVANDO SU NECESIDAD DE UNIFORMIDAD DE LA IGUALDAD DE CONDICIONES DE LOS ELEGIBLES, Y SIN QUE NADA IMPIDA REMITIR AL EJECUTIVO UNA DECISION DISCRECIONAL, QUE NO ARBITRARIA.

TODA LA REMISION AL GOBIERNO ES PARA DICTAR UNA NORMATIVA GENERAL, SALVO LA FIJACION DE FECHA DE CONVOCATORIA, TIPICO ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL. UNA COSA ES LA DETERMINACION DE LAS FECHAS DE CONVOCATORIA Y OTRA LA CONVOCATORIA CONCRETA, QUE TAL Y COMO SUCEDE EN EL REAL DECRETO 3196/1980, PUEDE REALIZARLA EL ORGANO EJECUTIVO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. UNA EXCESIVA DIFERENCIA DE FECHAS PODRIA ABRIR PASO A INFLUENCIAS DE LOS RESULTADOS DE UNAS PROVINCIAS EN LOS DE OTRAS.

EL ART. 9 L.B.C.A.

REGULA EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO E, INDIRECTAMENTE, EL SUSTRATO PERSONAL DE LAS CAMARAS. LAS DISCRIMINACIONES DENUNCIADAS POR EL RECURSO DE LOS DIPUTADOS NO SON CIERTAS Y DERIVAN DE UNA MALA INTERPRETACION DEL PRECEPTO. TRAS ANALIZARSE CADA UNO DE LOS APARTADOS, CONCLUYE EL ABOGADO DEL ESTADO SEÑALANDO QUE EL ART. 9.1 L.B.C.A. SIGUE UN CRITERIO CLARO. <ELECTORES (Y SUSTRATO PERSONAL) DE LAS CAMARAS AGRARIAS CON LOS PROFESIONALES AGRARIOS, PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS QUE EJERCEN EFECTIVA Y DIRECTAMENTE ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS O FORESTALES, COMO TITULARES DE UNA EXPLOTACION O COMO FAMILIARES O COLABORADORES DE LA PERSONA NATURAL TITULAR. NO FORMA PARTE DEL SUSTRATO PERSONAL DE LAS CAMARAS AGRARIAS, QUE SON CAMARAS PROFESIONALES, NI LOS TRABAJADORES AGRARIOS POR CUENTA AJENA POR UN LADO ..., NI LOS EMPLEADOS AGRARIOS O TITULARES JURIDICO-REALES DE BIENES RUSTICOS QUE NO EJERZAN PROFESIONALMENTE ACTIVIDADES AGRARIAS>.

EL ART. 10 L.B.C.A. REGULA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO Y LA FORMULACION DE CANDIDATURAS. SOLO SE ARGUMENTA SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE SU APARTADO 1 POR LA REMISION QUE SUPONE EL ART. 9.1 L.B.C.A. LA LIMITACION DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO A LAS PERSONAS FISICAS ES PATENTEMENTE RAZONABLE, DADAS LAS DIFICULTADES QUE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CAMARAS PODRIA SUPONER RECONOCER EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO EN FAVOR DE LAS PERSONAS JURIDICAS. PROBLEMA DISTINTO ES EL DE SI A LOS EFECTOS DEL ART. 9.1 A) L.B.C.A. PUEDE CONSIDERARSE <PROFESIONAL AGRARIO> A QUIEN ES ORGANO O REPRESENTANTE DE UNA PERSONA JURIDICA; SI SU VINCULO CON LA PERSONA JURIDICA ES LABORAL, CARECERIA DE DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO; NO ASI, NECESARIAMENTE, SI EL VINCULO FUERA JURIDICO-MERCANTIL.

EL ART. 11 L.B.C.A. NO ES PROPIAMENTE UNA NORMA BASICA SOBRE ACTIVIDAD Y ORGANIZACION DE LAS CAMARAS AGRARIAS, SINO UNA REGLA DE MEDICION DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES A EFECTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL Y, ESPECIFICAMENTE, DE CONSULTA. SU INCLUSION EN LA L.B.C.A. RESPONDE A UNA RAZON OBVIA: LA DEPENDENCIA DE LAS ELECCIONES A CAMARAS AGRARIAS. ESTAS SON LAS UNICAS ELECCIONES QUE PUEDEN SERVIR A ESE FIN DADA LA EXCLUSION DE LAS ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA L.O.L.S., SEGUN SU ART. 3.1, CUYA CONSTITUCIONALIDAD FUE CONFIRMADA POR LA STC 98/1985.

POR SU PARTE, LA STC 67/1985 SEÑALO LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE QUE LEYES ORDINARIAS INCIDIERAN EN LA REGULACION ESPECIFICA DE TIPOS DE ASOCIACIONES. DEJANDO AL MARGEN LAS ASOCIACIONES DEL ART. 28.1 C.E., NO APLICABLE AL TEMA QUE NOS OCUPA, NO PUEDE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL LA REGULACION DE LA REPRESENTATIVIDAD DE CIERTO TIPO DE ASOCIACIONES, LAS PROFESIONALES AGRARIAS, POR ENTENDER QUE SE TRATA DE DESARROLLO GENERAL DEL DERECHO DE ASOCIACION. ESTA ES LA NATURALEZA DEL ART. 11 L.B.C.A., SIN QUE LA EXISTENCIA DE UN DESARROLLO GENERAL DEL DERECHO DE ASOCIACION MODIFIQUE SU NATURALEZA, NI HAGA DE EL, EN CONSECUENCIA, <DESARROLLO> A LOS EFECTOS DEL ART. 81.1 C.E.

EL CRITERIO DE MEDIACION USADO, POR OTRA PARTE, NO INFRINGE EL ART. 14 C.E. SE HA OPTADO IMPLICITAMENTE POR UN CRITERIO DE <IRRADIACION> ABSOLUTAMENTE OBJETIVO. SU USO PARA FIJAR LA REPRESENTATIVIDAD EN TODOS LOS GRADOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL ESTATAL NO EXCLUYE QUE EL LEGISLADOR AUTONOMICO RECONOZCA REPRESENTATIVIDAD INSTITUCIONAL EN OTROS AMBITOS MAS LIMITADOS O PARA MATERIAS CONCRETAS. POR LO QUE EL APARTADO 3 DEL ART.

11 L.B.C.A. RESPECTA, TAMPOCO EXCLUYE QUE SE COMPLEMENTE SU REGULACION POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIA PARA ELLO.

EL USO DE LA PROVINCIA COMO MARCO DE MEDIACION DE LA REPRESENTATIVIDAD TAMPOCO PUEDE REPROCHARSE CONSTITUCIONALMENTE AL SER LA PROVINCIA LA UNICA DEMARCACION TERRITORIAL GARANTIZADA PARA TODA ESPAÑA, SIN QUE, POR ELLO, TENGA EL LEGISLADOR AUTONOMICO PROHIBIDO CONSIDERAR LOS RESULTADOS EN OTROS AMBITOS A OTROS EFECTOS, COMO REPRESENTATIVIDAD EN AMBITOS COMARCALES, MUNICIPALES O SECTORIALES.

LA OPCION POR EL CRITERIO DE IRRADIACION DEL ART. 11.2 L.B.C.A. NO LESIONA LAS COMPETENCIAS DE AUTOORGANIZACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, CUYO ALCANCE ES MUCHO MAS REDUCIDO. POR OTRA PARTE, LA LIBRE DECISION LEGISLATIVA SE JUSTIFICA EN UN DESEO DE FOMENTAR LA EXISTENCIA DE ORGANIZACIONES DE AMBITO ESTATAL, QUE PUEDE COEXISTIR CON OTRAS, COMO RECONOCE EL PROPIO ART. 11.3 L.B.C.A.

LA IMPUGNACION DEL ART. 12 L.B.C.A. REALIZADA POR EL GOBIERNO VASCO CARECE DE SIGNIFICADO PROPIO YA QUE ESTA EN CONEXION CON LA DEL ART. 4 L.B.C.A. EL ESTABLECER QUE LAS CAMARAS PODRAN CONTAR CON DETERMINADOS RECURSOS NO SIGNIFICA QUE NO PUEDAN RECIBIR CONTRAPRESTACIONES POR LOS SERVICIOS QUE, DENTRO DE LA LEY, PUEDAN PRESTAR. POR OTRA PARTE, SE INDICA QUE EL GOBIERNO VASCO NO HA IMPUGNADO LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA L.B.C.A.

LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA L.B.C.A. HA SIDO RECURRIDA POR LOS 56 DIPUTADOS SIN OFRECER RAZONAMIENTO ESPECIFICO ALGUNO. ESTA NORMA SE LIMITA A SER UNA INDICACION DE LAS FORMAS DE PERSONIFICACION JURIDICA ADECUADAS PARA QUE SE SIGAN GESTIONANDO LAS ACTIVIDADES HASTA AHORA DESARROLLADAS POR LAS CAMARAS.

LA DISPOSICION ADICIONAL TERCERA SE IMPUGNA EN CLARA CONEXION CON LA SEGUNDA, YA QUE AQUELLA NO ES MAS QUE LA CONSECUENCIA DE ESTA, Y SIN QUE LO ALLI PREVISTO PUEDA POR SI SOLO ATENTAR CONTRA EL ART. 33 C.E.; EN CONSECUENCIA, EL NUDO CENTRAL DE LA IMPUGNACION ES LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. ESTA SE LIMITA A HABILITAR A LA ADMINISTRACION PARA QUE DISPONGA SOBRE EL DESTINO Y MEDIOS DE UNAS CORPORACIONES QUE QUEDAN EXTINGUIDAS, LO QUE NADA TIENE QUE VER CON UNA EXPROPIACION INCONSTITUCIONAL. LO QUE HAY ES DESAPARICION DE UNA PERSONA DE DERECHO PUBLICO, CUYA SUCESION PATRIMONIAL HAY QUE ORDENAR, SIN QUE LA AFIRMACION DE EXISTENCIA DE UNA PROPIEDAD COLECTIVA TENGA APOYO JURIDICO ALGUNO.

LA HABILITACION EN FAVOR DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO OBEDECE AL CARACTER NACIONAL SUPRACOMUNITARIO DEL PROCESO DE ADSCRIPCION Y ATRIBUCION, DE MANERA QUE ASI SE GARANTIZA LA APLICACION DE CRITERIOS HOMOGENEOS Y LA EFECTIVIDAD Y COORDINACION DE TODO PROCESO, CADUCANDO LA COMPETENCIA UNA VEZ CONCLUSO ESTE PROCESO IPSO IURE . LA RESERVA DE COMPETENCIAS DE EJECUCION PARA PRESERVACION DE LO BASICO ES CONSTITUCIONALMENTE LICITA, SEGUN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

LA ESTRUCTURA DE LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA DE LA L.B.C.A. ES BASTANTE COMPLEJA. SE HABILITA AL GOBIERNO PARA LA EXTINCION O MODIFICACION DE LAS CAMARAS DE AMBITO SUPERIOR O INFERIOR AL PROVINCIAL; PERO CUENTA CON LA ALTERNATIVA DE NO HACERLO. LA SALVEDAD EN FAVOR DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS SUPONE QUE EL GOBIERNO HA DE RESPETAR LA COMPETENCIA AUTONOMICA RECONOCIDA POR EL ART.

7 L.B.C.A., POR UNA PARTE, Y POR OTRA, QUE ESA FACULTAD RECONOCIDA AL GOBIERNO PUEDE QUE HAYA DE SER EJECIDA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO DE AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS CUYA COMPETENCIA ESTATUTARIA ASI LO JUSTIFIQUE.

ESTA DISPOSICION ES LA LOGICA CONSECUENCIA DE LA OPCION POR LA ORGANIZACION Y CONTRA LAS CAMARAS LOCALES O SUPRAPROVINCIALES. DEBE SEÑALARSE A ESTE RESPECTO, QUE LA L.B.C.A. PROHIBE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO DE SEGUNDO GRADO, NO LA COLABORACION INTERCAMERAL, INCLUSO MEDIANTE PERSONIFICACIONES JURIDICAS.

NADA DE INCONSTITUCIONAL HAY, EN CONCLUSION, EN QUE EL LEGISLADOR DELEGUE EN EL GOBIERNO LA EJECUCION DE UNA DETERMINACION LEGISLATIVA, LA DEL ART. 6 L.B.C.A. PARA ELLO CON CIERTOS PODERES DE APRECIACION EL EJECUTIVO.

CONCLUYE EL LETRADO DEL ESTADO SU ESCRITO DE ALEGACIONES SOLICITANDO QUE TRAS LOS CORRESPONDIENTES TRAMITES PROCESALES, SE DICTE SENTENCIA DESESTIMANDO EN TODAS SUS PARTES Y PRETENSIONES LOS CUATRO RECURSOS SEÑALADOS, ES DECIR, LOS REGISTRADOS CON LOS NUMS. 398, 407, 410 Y 425/87.

9. EL ABOGADO DEL ESTADO, POR ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL 15 DE ABRIL DE 1987, FORMALIZO CONFLICTO DE COMPETENCIA CONTRA EL DECRETO DE LA JUNTA DE GALICIA 32/1987, DE 5 DE FEBRERO (<DIARIO OFICIAL DE GALICIA> DEL 18) POR EL QUE SE AUTORIZA LA ADQUISICION, A TITULO GRATUITO O LUCRATIVO, A FAVOR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, DEL DERECHO A USAR LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LAS CAMARAS AGRARIAS GALLEGAS PARA FINALIDADES DE ACTUACION ADMINISTRATIVA DE ORDEN EXCLUSIVAMENTE AGRARIO (AS. NUM. 504/87).

A) COMIENZA SUS ALEGACIONES EL ABOGADO DEL ESTADO SEÑALANDO QUE, AUNQUE EL DECRETO IMPUGNADO PARECE LIMITARSE A FORMALIZAR LA ACEPTACION DE UNA ATRIBUCION PATRIMONIAL GRATUITA DE DERECHOS, CON ARREGLO AL ART. 17 DE LA LEY GALLEGA 3/1985, DE PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, POSEE RASGOS PECULIARES. EN PRIMER LUGAR, NO SE IDENTIFICAN LOS BIENES INMUEBLES CUYO USO ACEPTA ADQUIRIR LA JUNTA A TITULO GRATUITO, REMITIENDOSE A UNA POSTERIOR ORDEN DEL CONSEJERO DE AGRICULTURA, QUE ES INCOMPETENTE PARA LA GESTION DE BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES, SEGUN LA CITADA LEY 3/1985, Y AL QUE EL ART. 3 DEL PROPIO DECRETO LE ENCARGA LA TOMA DE POSESION.

EL ART. 1 DEL DECRETO REMITE A UN CONVENIO FIRMADO ENTRE EL CONSEJERO DE AGRICULTURA Y EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION GALLEGA DE CAMARAS, DESCONOCIDO POR LAS AUTORIDADES ESTATALES Y NO PUBLICADO, POR LO QUE COMPROMETE LA SEGURIDAD JURIDICA DEL ART. 9.3 C.E. POR OTRO LADO, ESTE CONVENIO FUE FIRMADO VEINTE DIAS ANTES DE SER PUBLICADA LA L.B.C.A.

EL DECRETO IMPUGNADO VIOLA EL ORDEN DE COMPETENCIAS AL LESIONAR LA ATRIBUIDA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO POR LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE. DICHA DISPOSICION ES PERFECTAMENTE CONSTITUCIONAL, TAL Y COMO SE SEÑALO EN LAS ALEGACIONES REALIZADAS EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 174/1987, A LAS QUE SE REMITE.

EL DECRETO IMPUGNADO VIOLA EL ORDEN DE COMPETENCIAS YA QUE IMPIDE O, AL MENOS, PERTURBA QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DESARROLLE LAS COMPETENCIAS QUE LE ATRIBUYE LA DISPOSICION DE LA L.B.C.A. CITADA, OBLIGANDOLA A PROMOVER UN SINFIN DE PROCESOS CIVILES PARA INVALIDAR EL DERECHO DE USO CONSTITUIDO A FAVOR DE LA JUNTA, CON EL RIESGO DE CREAR SITUACIONES JURIDICAS DIGNAS DE PROTECCION EN FAVOR DE TERCEROS.

LA LESION DENUNCIADA NO ES SOLO HIPOTETICA YA QUE, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION VIGENTE, DEBERAN RESULTAR EXTINGUIDAS CIERTAS CAMARAS GALLEGAS. LA LEY GALLEGA 4/1984, DE 4 DE MAYO, PODRIA CONDUCIR A OTRA CONCLUSION, PERO DICHA NORMA, ANTERIOR A LA L.B.C.A., DEBE ADECUARSE A ESTA EN LOS PUNTOS EN QUE ES INCOMPATIBLE. LAS CAMARAS LOCALES GALLEGAS DEJAN, PUES, DE SER NECESARIAS, SIENDO SOLO POSIBLE SU EXISTENCIA SI LA COMUNIDAD AUTONOMA DECIDE FINANCIARLAS EN LOS TERMINOS DEL ART.

7 L.B.C.A. AL MENOS ES MUCHO MAS RAZONABLE PREVERLO ASI QUE DAR POR SUPUESTO QUE NINGUNA CAMARA GALLEGA RESULTARA EXTINGUIDA, LO QUE EN TODO CASO CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEMOSTRAR YA QUE DEPENDE DE SU INTERVENCION EX ART. 7 L.B.C.A.

POR TODO LO ANTERIOR, CONCLUYE EL LETRADO DEL ESTADO SOLICITANDO QUE SE DICTE SENTENCIA DECLARANDO QUE EL DECRETO IMPUGNADO VIOLA EL ORDEN COMPETENCIAL AL VULNERAR LA COMPETENCIA A LA QUE SE REFIERE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA L. B. C. A., ANULANDO EN CONSECUENCIA EL DECRETO DE LA JUNTA DE GALICIA 32/1987.

POR OTROSI SEÑALA EL LETRADO DEL ESTADO QUE LA COMPETENCIA ESTATAL LESIONADA HA SIDO ATRIBUIDA POR UNA NORMA CON FUERZA FORMAL DE LEY, POR LO QUE, SI SE ADUCE DE CONTRARIO QUE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA L. B. C. A. NO SE AJUSTA A LA CONSTITUCION, HABRIA DE DAR APLICACION A LO PREVISTO POR EL ART. 67 LOTC.

B) DON HERIBERTO GARCIA SEIJO, LETRADO DE LA JUNTA DE GALICIA, POR ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN EL TRIBUNAL EL 27 DE MAYO DE 1987, HIZO EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION LAS ALEGACIONES QUE ESTIMO CONVENIENTES.

A) EL PRIMER GRUPO DE ALEGACIONES ES DE ORDEN PROCESAL Y SE CENTRA EN LA INEXISTENCIA DE ACTO IDONEO PARA EL PLANTEAMIENTO DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA. EL DECRETO IMPUGNADO AUTORIZA LA ADQUISICION DEL DERECHO A USAR INMUEBLES; POR TANTO, NO SE ACTUA CON SUJECION AL DERECHO PUBLICO EN EL EJERCICIO DE POTESTADES, SINO DE <INFRAPOTESTADES>, COLOCANDO A LA ADMINISTRACION AUTONOMICA EN UNA SITUACION DE IGUALDAD RESPECTO A LAS CORPORACIONES A LAS QUE AFECTA DICHO ACTO; SE TRATA DE UNA <ACTUACION ADMINISTRATIVA A IURE PRIVATO >. POR OTRO LADO, PODRIA ALEGARSE UNA HIPOTETICA FALTA DE CAPACIDAD POR PARTE DE LAS CAMARAS PARA LLEVAR A EFECTO LA CESION DE LOS INMUEBLES, PERO ELLO DERIVARIA EN UN PROBLEMA DE LEGALIDAD, NO DE CONSTITUCIONALIDAD.

B) EL PROPIO PLANTEAMIENTO DEL ABOGADO DEL ESTADO RESPECTO A LA ADECUACION DE LA L. B. C. A. A LA CONSTITUCION HACE QUE DEBAN ESTUDIARSE TEMAS COLATERALES O CONEXOS A ESTA LITIS , POR LO QUE SE REPRODUCEN INTEGRAMENTE LAS ALEGACIONES POR LA JUNTA DE GALICIA CONTRA LA L. B. C. A., CUYO RECURSO FUE INADMITIDO POR EXTEMPORANEO.

C) LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE CAMARAS AGRARIAS TIENE SU FUNDAMENTO EN EL ART. 149.1.18 C.E. EN CUANTO LAS CAMARAS SON ADMINISTRACIONES PUBLICAS, LIMITANDOSE A REGULAR SUS BASES. ESAS BASES SE REFIEREN A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 15 L. P. A., COMO RESULTANTE DE LA STC 76/1983, DONDE SE SEÑALA QUE LOS ESTATUTOS DE LAS CAMARAS FIJAN SU AMBITO TERRITORIAL. LA LEY 23/1986 ES INCONSTITUCIONAL EN CUANTO BASICA, INVADIENDO LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS POR EL ESTATUTO GALLEGO EN SUS ARTS. 27, 29 Y 30.1.3. PUESTO QUE LOS ARTS. 1, 6 Y DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA L. B. C. A. SON INCONSTITUCIONALES POR MANIFIESTA INCOMPETENCIA, EL DECRETO IMPUGNADO ES PERFECTAMENTE VALIDO.

EL PROPIO ESCRITO DE PLANTEAMIENTO DEL CONFLICTO SEÑALA LA EXISTENCIA DE OPOSICION ENTRE LA LEY GALLEGA Y LA ESTATAL, SIN QUE LA PRIMERA HAYA SIDO IMPUGNADA. LA INVOCACION DE PRECEPTOS DE LA LEY ESTATAL COMO FUNDAMENTO DE LA COMPETENCIA CONTROVERTIDA HACE QUE AL SER INCONSTITUCIONALES, QUEDE SIN CONTENIDO EL CONFLICTO.

D) POR OTRA PARTE, SE RECONOCE POR EL ABOGADO DEL ESTADO QUE LA NORMA IMPUGNADA NO CAUSA LESION SINO SOLAMENTE QUE PODRIA CAUSARLA; EL DECRETO SE LIMITA A FORMALIZAR LA ACEPTACION DE UNA ATRIBUCION PATRIMONIAL GRATUITA. LA NORMA IMPUGNADA NO ES MAS QUE UNA MANIFESTACION TIPICA DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA EN EL TERRENO PATRIMONIAL Y LOS PROBLEMAS PLANTEADOS DE IDENTIFICACION DE INMUEBLES O GESTION POR AUTORIDAD INCOMPETENTE SON DE MERA LEGALIDAD ORDINARIA.

LA CESION DE USO QUE TANTO PREOCUPA AL GOBIERNO NO EMANA DEL EJECUTIVO GALLEGO, SINO DE LA FEDERACION GALLEGA DE CAMARAS AGRARIAS, LIMITANDOSE A OFERTAR Y LA JUNTA A ACEPTAR, SIENDO EL CONVENIO SUSCRITO UN ACTO PREPARATORIO O DECLARACION DE VOLUNTAD. NADA DE LO ANTERIOR IMPLICA VIOLACION DE COMPETENCIA ALGUNA.

POR TODO LA ANTERIOR, CONCLUYE SUS ALEGACIONES EL REPRESENTANTE DE LA JUNTA DE GALICIA SOLICITANDO QUE SE TRAMITE EL CONFLICTO POR EL CAUCE DEL ART. 67 DE LA LOTC, ACUMULANDOSE AL ASUNTO NUM. 147/87, DICTANDOSE EN SU DIA SENTENCIA DESESTIMATORIA DEL CONFLICTO DECLARANDO QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA EN SU AMBITO TERRITORIAL ES TITULAR DE LA COMPETENCIA CONTROVERTIDA Y DECLARANDO, ASIMISMO, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA L. B. C. A. O DE SUS ARTS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA Y DISPOSICION FINAL SEGUNDA.

10. POR PROVIDENCIA DE 6 DE JULIO DE 1989, EL PLENO ACORDO SEÑALAR EL DIA 18 DEL MISMO MES Y AÑO, PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LA PRESENTE SENTENCIA.

II.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN EN LOS SIETE PROCESOS CONSTITUCIONALES ACUMULADOS PUEDEN AGRUPARSE, A EFECTOS DE SU MEJOR TRATAMIENTO Y RESOLUCION, EN TRES GRUPOS. EL PRIMERO SE REFIERE A AQUELLAS PRESUNTAS VULNERACIONES DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN QUE HABRIAN INCURRIDO LAS DIVERSAS DISPOSICIONES ESTATALES Y AUTONOMICAS IMPUGNADAS, DEBIDO A QUE CONTENDRIAN UNA REGULACION DE LAS CAMARAS AGRARIAS CONTRARIA A LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE RIGEN EL REGIMEN DE LAS ASOCIACIONES (ARTS. 22 Y 28 C.E.), Y DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES EN DEFENSA DE INTERESES ECONOMICOS PROPIOS (ART. 52 C.E.). EL SEGUNDO CONJUNTO DE CUESTIONES SE REFIERE A

LA VULNERACION, POR PARTE DE LA LEGISLACION ESTATAL, DE DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, ESENCIALMENTE LOS RELATIVOS AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ACCESO A CARGOS PUBLICOS, Y DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA (ARTS.

14, 23 Y 33 C.E.), APARTE DE OTROS TAMBIEN A CONSIDERAR, Y FINALMENTE, SE PLANTEAN TAMBIEN DIVERSAS CUESTIONES QUE CONVIENE TRATAR CONJUNTAMENTE REFERENTES AL REPARTO COMPETENCIAL ENTRE ORGANOS GENERALES DEL ESTADO, Y COMUNIDADES AUTONOMAS, EN LO QUE SE REFIERE A LA REGULACION DE LAS CAMARAS AGRARIAS. PROCEDEREMOS, PUES, AL ANALISIS, SEPARADO Y SUCESIVO, DE ESTOS TRES TIPOS DE PROBLEMAS.

2. COMENZANDO POR LAS CUESTIONES QUE SE SUSCITAN CON UN MAYOR NIVEL DE GENERALIDAD ESTO ES, LAS REFERENTES A LA CONTRAVENCION DE LOS PRECEPTOS QUE EN LA CONSTITUCION NORMAN LA ESTRUCTURA BASICA DE LAS ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS Y DE DEFENSA DE INTERESES ECONOMICOS Y PROFESIONALES DEBEN INCLUIRSE EN ELLAS DOS TIPOS DE ALEGACIONES QUE PRESENTAN UNA CIERTA VINCULACION. POR UNA PARTE, LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO DE LA NACION IMPUGNA UNA NORMA CATALANA LA LEY 18/1985, DE 23 DE JULIO, DE CAMARAS PROFESIONALES AGRARIAS EN CUANTO QUE, AL IMPONER LA PERTENENCIA OBLIGATORIA DE UNA CATEGORIA DE SUJETOS (<TODOS LOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGRARIO>, ART. 12.1), A LAS MENCIONADAS CAMARAS, VULNERARIA LA LIBERTAD DE ASOCIACION DEL ART. 22 C.E., ASI COMO LA RECONOCIDA EN EL ART.

28 C.E., LA LIBERTAD QUE COMPRENDE, TAMBIEN, LA DE NO ASOCIARSE. POR OTRA, DIVERSOS RECURRENTES, Y CON DIFERENTE ENFASIS, REPROCHAN A LA NORMATIVA ESTATAL (LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE DE BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS) QUE, AL PROCEDER A LA COMPLETA INTEGRACION DE LAS CAMARAS AGRARIAS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA, LLEVA A CABO UNA TOTAL PUBLIFICACION DE ESTOS ORGANISMOS, Y UNA ELIMINACION DE SU AMBITO DE AUTONOMIA QUE RESULTA CONTRARIA A LAS PREVISIONES CONSTITUCIONALES, Y SOBRE TODO AL ART.

52 C.E. CON ELLO, Y MEDIANTE ESTAS DOS CATEGORIAS DE ALEGACIONES, VIENE A PEDIRSE A ESTE TRIBUNAL UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS LIMITES CON QUE SE ENCUENTRAN LOS PODERES PUBLICOS A LA HORA DE REGULAR LAS CAMARAS AGRARIAS:

ESTO ES, HASTA QUE PUNTO PUEDEN REGULAR SU ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y PATRIMONIO, Y, MAS CONCRETAMENTE, SI PUEDEN ESTABLECER UNA ADSCRIPCION OBLIGATORIA A TALES ENTIDADES.

3. PARA LLEVAR A CABO ESE PRONUNCIAMIENTO, Y PARA DETERMINAR LA ADECUACION O NO A LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES CITADOS DE LAS NORMAS QUE SE IMPUGNAN, RESULTA CONVENIENTE TENER EN CUENTA, SIQUIERA SEA BREVEMENTE, LA NATURALEZA Y EVOLUCION DE LAS CAMARAS AGRARIAS EN NUESTRO PAIS. LAS CAMARAS AGRARIAS SE HAN CONFIGURADO HISTORICAMENTE, Y CASI DESDE SU INICIO, COMO ENTIDADES CREADAS POR EL PODER PUBLICO PARA LA CONSECUCION DE FINES DE INTERES GENERAL, ASUMIENDO, EN FASE TEMPRANA DE SU HISTORIA, EL CARACTER DE <CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO> QUE MANTENDRAN HASTA LA ACTUALIDAD. SI BIEN EN SU ORIGEN SE REGULARON COMO ASOCIACIONES DE CARACTER VOLUNTARIO, CONSTITUIDAS AL AMPARO DE LA LIBERTAD DE ASOCIACIONES QUE RECONOCIA LA CONSTITUCION DE 1876, Y LA LEY DE 30 DE JUNIO DE 1887, CON EL OBJETO DE <DEFENDER Y FOMENTAR LOS INTERESES DE LA AGRICULTURA, DE LA PROPIEDAD RUSTICA, DE LOS CULTIVOS Y DE LAS INDUSTRIAS RURALES, CUALESQUIERA QUE SEAN LOS PROCEDIMIENTOS O METODOS QUE DENTRO DE LA LEY HAYAN ADOPTADO O ADOPTEN PARA LA REALIZACION DE ESTOS FINES> (REAL DECRETO DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1890), PRONTO PIERDEN ESE CARACTER VOLUNTARIO. EL REAL DECRETO DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1919 MANDA CONSTITUIR EN CADA CAPITAL DE PROVINCIA UNA <CAMARA OFICIAL AGRICOLA>, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE FOMENTO, CON LA CONDICION DE CUERPO CONSULTIVO DE LA ADMINISTRACION (ART. 2), DISPONIENDO QUE <PERTENECERAN CON CARACTER OBLIGATORIO A LA CAMARA AGRICOLA DE LA CAPITAL TODOS LOS CONTRIBUYENTES POR RUSTICA O PECUARIA QUE PAGUEN MAS DE 25 PESETAS POR CUOTA DEL TESORO>. LA NORMATIVA POSTERIOR MANTIENE TAL CARACTER OBLIGATORIO, CON DIVERSAS ALTERACIONES HASTA EL DECRETO DE 18 DE ABRIL DE 1947, EN EL QUE SE CREARON LAS LLAMADAS <CAMARAS OFICIALES SINDICALES AGRICOLAS (COSA), CON EL CARACTER DE CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO, QUE SE CONFIGURABAN COMO LOS ORGANOS QUE EN EL NIVEL PROVINCIAL IBAN A CONSTITUIR, INTEGRADOS EN LA ORGANIZACION SINDICAL, EL <PRIMER ESCALAFON (SIC) CONSULTIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA>, Y A ENCARGARSE DE LA EJECUCION DE LA POLITICA AGRARIA. A PARTIR DE ENTONCES, LA REPRESENTACION DE LOS INTERESES AGRARIOS QUEDO EN MANOS DE LA HERMANDAD NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS EN EL PLANO NACIONAL, DE LAS CAMARAS OFICIALES SINDICALES AGRARIAS EN EL AMBITO PROVINCIAL, Y DE LAS HERMANDADES SINDICALES LOCALES EN EL AMBITO LOCAL. EL DECRETO DE 26 DE DICIEMBRE DE 1970 REGULO LA CUOTA OBLIGATORIA DE TODOS LOS COMPRENDIDOS EN SU AMBITO DE APLICACION, PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE TODOS ESOS ORGANISMOS.

INICIADA LA TRANSICION AL REGIMEN DEMOCRATICO CONSTITUCIONAL, EL REAL DECRETO-LEY DE 2 DE JUNIO DE 1977 SUPRIMIO, CON EFECTOS DESDE EL 1 DE JULIO DE ESE AÑO, LA SINDICACION OBLIGATORIA Y EL PAGO OBLIGATORIO DE LA ANTIGUA <CUOTA SINDICAL>, SI BIEN AUTORIZO AL GOBIERNO PARA CREAR, ENTRE OTROS ORGANISMOS, <ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO EN LOS SECTORES AGRARIO Y PESQUERO QUE, CON EL CARACTER DE ORGANOS DE CONSULTA Y COLABORACION, Y SIN MENOSCABO DE LA LIBERTAD SINDICAL, REALICEN FUNCIONES DE INTERES GENERAL EN LOS SECTORES RESPECTIVOS, CON LAS COMPETENCIAS, ESTRUCTURA, PERSONAL, BIENES Y RECURSOS QUE SE ESTABLEZCAN>. FRUTO DE ESTA AUTORIZACION FUE EL DECRETO 1336/1977, DE 2 DE JUNIO, DE CAMARAS AGRARIAS. SE DECIA EN SU PREAMBULO QUE ERA CONVENIENTE CREAR, COMO ORGANOS DE CONSULTA Y COLABORACION CON LA ADMINISTRACION, ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO DE CARACTER NO SINDICAL Y AMBITO TERRITORIAL, SIN PERJUICIO, EN TODO CASO, DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL Y DEL DERECHO DE ORGANIZACION LIBRE DE LOS TRABAJADORES Y EMPRESARIOS DEL CAMPO. EN LINEA CON ESTA PRESENTACION, SU ART. 1 DEFINIA A LAS CAMARAS AGRARIAS COMO CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO, CREADAS PARA LA CONSULTA Y COLABORACION CON LA ADMINISTRACION EN TEMAS DE INTERES GENERAL AGRARIO, Y RELACIONADAS ORGANICAMENTE CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, Y DECIA QUE SUS COMPETENCIAS NO LIMITARIAN LA LIBERTAD SINDICAL NI LOS DERECHOS DE ORGANIZACION DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES DEL CAMPO; SUS FUNCIONES, APARTE DE ESA GENERICA DE CONSULTA Y COLABORACION, SE CENTRARIAN EN LA PRESTACION DE SERVICIOS O LA GESTION DE ASUNTOS DE INTERES GENERAL PARA LAS COMUNIDADES AGRARIAS; Y ENTRE SUS RECURSOS SE PREVEIAN <LAS CUOTAS ESPECIFICAS REGLAMENTARIAMENTE APROBADAS POR EL PLENO RESPECTIVO, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNES>. LAS CAMARAS AGRARIAS SE SUBROGARON EN LA TITULARIDAD DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LAS ANTERIORES HERMANDADES SINDICALES Y COSA, Y VENIAN A REPRODUCIR SU ESTRUCTURA.

TENIAN, EN EFECTO, UNA ESTRUCTURA NACIONAL (LA CONFEDERACION NACIONAL DE CAMARAS AGRARIAS, CONCA), HEREDERA DE LA ANTIGUA HERMANDAD SINDICAL NACIONAL; UNA ESTRUCTURA PROVINCIAL, HEREDERA DE LAS ANTIGUAS COSA (CAMARAS PROVINCIALES); Y UNA ESTRUCTURA LOCAL O COMARCAL, HEREDERA DE LAS ANTIGUAS HERMANDADES SINDICALES LOCALES Y COMARCALES (CAMARAS LOCALES O COMARCALES). EL DECRETO 1.336/1977 NO HABLABA DIRECTAMENTE DE ADSCRIPCION OBLIGATORIA, PERO LA ESTABLECIA INDIRECTAMENTE, AL CONSIDERAR COMO ELECTORES Y ELEGIBLES PARA LOS ORGANOS DE DIRECCION A TODOS LOS TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS, Y AL CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER CUOTAS DE CARACTER OBLIGATORIO. EL DECRETO 320/1978, DE 17 DE FEBRERO, CONVOCO Y REGULO LAS ELECCIONES A MIEMBROS DE LAS CAMARAS AGRARIAS.

4. COMO PUEDE VERSE, A PARTIR, POR LO MENOS, DE 1919, LAS CAMARAS AGRARIAS APARECEN, EN SU EVOLUCION HISTORICA, COMO ENTIDADES EN LAS QUE SE DESTACAN DOS NOTAS DISTINTIVAS: SU CARACTER PUBLICO (QUE SE TRADUCE EN SU MISMA CONCEPTUACION, PRIMERO COMO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y POSTERIORMENTE, COMO CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO, ASI COMO EN SU CREACION Y SUPRESION EX LEGE Y LA REGULACION POR LOS PODERES PUBLICOS DE SU ESTRUCTURA, FUNCIONES Y REGIMEN DE RECURSOS), Y LA INCORPORACION OBLIGATORIA DE LOS PROFESIONALES AGRARIOS, DIVERSAMENTE DEFINIDOS.

NO OBSTANTE, LA REGULACION POST-CONSTITUCIONAL, Y EN CONCRETO, LAS DISPOSICIONES QUE AHORA ANALIZAMOS, SUPONEN UNA INNOVACION EN ESTE ESTADO DE COSAS. POR UN LADO, LA LEY CATALANA DE CAMARAS AGRARIAS, DE 23 DE JULIO DE 1985, SIGUE LA LINEA TRADICIONAL YA EXPUESTA, MANTENIENDO EL CARACTER DE CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO DE LAS CAMARAS (ART. 2: <LAS CAMARAS PROFESIONALES AGRARIAS SON CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO>), Y LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGRARIO (ART. 12). PERO LA LEY ESTATAL 24/1986, DE 24 DE DICIEMBRE, DE BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE CAMARAS AGRARIAS, REPRESENTA UNA RADICAL SEPARACION DEL MODELO TRADICIONAL. PUES, SI BIEN MANTIENE EL CARACTER DE CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS (ART. 2), VIENE A SUPRIMIR LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA (LAS CAMARAS AGRARIAS, DE CARACTER PROVINCIAL (ART. 6), ESTARAN CONSTITUIDAS POR UN MAXIMO DE VEINTICINCO MIEMBROS (ART.

8), ELEGIDOS POR LOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGRARIO), ASI COMO LA APORTACION FORZOSA DE CUOTAS O DERRAMAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESAS ENTIDADES.

PUES BIEN, Y EN LO QUE INTERESA EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, HA DE DESTACARSE QUE LO QUE SE REPROCHA A LA LEY CATALANA ES QUE HAYA MANTENIDO EL ESQUEMA TRADICIONAL DE INCORPORACION OBLIGATORIA, QUE, SE DICE POR EL ABOGADO DEL ESTADO, VULNERARIA LOS DERECHOS DE LIBRE ASOCIACION Y LIBRE SINDICACION, RECOGIDOS EN LOS ARTS. 22 Y 28 C.E.; MIENTRAS QUE EL REPROCHE QUE SE DIRIGE A LA LEY ESTATAL CONSISTE, POR EL CONTRARIO, QUE, MEDIANTE LAS INNOVACIONES QUE INTRODUCE, SEPARANDOSE DEL MODELO HISTORICO, VIENE A VULNERAR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES CONTENIDOS, ESENCIALMENTE, EN EL ART. 52 C.E. SE HACE PRECISO, PUES, UN TRATAMIENTO SEPARADO DE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEAN AMBAS LEYES.

5. LA LEY CATALANA, COMO SE DIJO, SE INSERTA EN LA LINEA TRADICIONAL DE TRATAMIENTO DE LAS CAMARAS, Y RESPONDE ASI, EN SUS LINEAS GENERALES, A LA REGULACION ESTATAL DE LA MATERIA DICTADA HASTA EL MOMENTO (EL REAL DECRETO CITADO 1.336/1977, DE 2 DE JUNIO), Y LAS LINEAS BASICAS TRAZADAS EN EL ART. 15 DE LA LEY 12/1983 DEL PROCESO AUTONOMICO). LA POSTERIOR LEGISLACION ESTATAL, SEGUN SE SEÑALO, SE APARTO DE ESE MODELO, POR LO QUE, EN ESTA MISMA SENTENCIA, HABRAN DE TRATARSE LAS CONSECUENCIAS DE TAL LEGISLACION SOBRE LA VIGENCIA DE LA NORMA CATALANA EN CUESTION, COMO RESULTADO DEL REPARTO COMPETENCIAL. PERO, AL MENOS, HASTA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ESTATAL SOBRE BASES DE CAMARAS AGRARIAS, FUE LA LEY CATALANA DE CAMARAS LA QUE REGULO, EN EL AMBITO DE LA C.A. DE CATALUÑA, ESTA MATERIA, Y EL RECURSO 971/1986 VERSA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS PRECEPTOS Y ENTRE ELLOS, LOS REFERENTES A LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE LOS PROFESIONALES AGRARIOS. PROCEDE, POR TANTO, QUE EL TRIBUNAL SE PRONUNCIE SOBRE ESTA CUESTION, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CONSECUENCIAS POSTERIORES SOBRE LA VIGENCIA DE LA LEY DE LA PROMULGACION DE LAS BASES ESTATALES. LO QUE SE PLANTEA, EN LO QUE AHORA IMPORTA, ES SI EL ART.

12.1 DE LA LEY, QUE PREVE QUE SERAN MIEMBROS DE LAS CAMARAS NECESARIAMENTE TODOS LOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGRARIO, EL ART. 13.1 F), QUE ATRIBUYE A LAS CAMARAS LA FUNCION DE EJERCER ACCIONES E INTERPONER <TODO TIPO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES EN REPRESENTACION Y DEFENSA DE INTERESES PROFESIONALES AGRARIOS> Y EL ART. 19.1 H) QUE ESTIMA COMO RECURSOS DE LAS CAMARAS <LAS CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, INCLUIDAS LAS DERRAMAS, QUE LA ASAMBLEA GENERAL O EL PLENO ACUERDEN> RESULTAN CONTRARIOS A LA LIBERTAD DE ASOCIACION, EN SU VERTIENTE NEGATIVA (DERECHO A NO ASOCIARSE), QUE RECONOCE EL ART. 22 C.E.; ASI COMO A LA LIBERTAD DE SINDICACION QUE RECONOCE EL ART. 28 C.E.

6. PARA RESOLVER ESA CUESTION HA DE PARTIRSE FORZOSAMENTE DEL ART. 1.1 DEL TEXTO CONSTITUCIONAL, QUE CONSAGRA LA LIBERTAD COMO <VALOR SUPERIOR> DEL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL, LO QUE IMPLICA, EVIDENTEMENTE, EL RECONOCIMIENTO, COMO PRINCIPIO GENERAL INSPIRADOR DEL MISMO, DE LA AUTONOMIA DEL INDIVIDUO PARA ELEGIR ENTRE LAS DIVERSAS OPCIONES VITALES QUE SE LE PRESENTEN, DE ACUERDO CON SUS PROPIOS INTERESES Y PREFERENCIAS: LIBERTAD QUE, EN EL AMBITO DE LA FORMACION DE AGRUPACIONES ENTRE INDIVIDUOS SE TRADUCE, ENTRE OTRAS, EN LAS DISPOSICIONES DEL ART. 22 DE LA CONSTITUCION, QUE RECONOCE EL DERECHO DE ASOCIACION. ESTE DERECHO, EN SU VERTIENTE POSITIVA, COMPRENDE EL DE FUNDAR Y PARTICIPAR EN ASOCIACIONES, Y EN SU VERTIENTE NEGATIVA, EL DE NO ASOCIARSE, COMO YA HA TENIDO OPORTUNIDAD DE EXPONER ESTE TRIBUNAL (ASI, SSTC 5/1981 Y 67/1985).

AHORA BIEN, Y PARTIENDO SIEMPRE DE ESTE PRINCIPIO GENERAL LA LIBERTAD, QUE CONFIGURA EL FENOMENO ASOCIATIVO COMO MANIFESTACION DE DECISIONES AUTONOMAMENTE ADOPTADAS POR LOS INDIVIDUOS, NO CABE EXCLUIR LA INTERVENCION DE LOS PODRES PUBLICOS EN ESTE AMBITO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES QUE SE CONSIDERAN DE INTERES PUBLICO. ESTA INTERVENCION SE HA PRODUCIDO HISTORICAMENTE EN FORMAS MUY DIVERSAS, MEDIANTE LA REGULACION, CON MAYOR O MENOR INTENSIDAD, DE DETERMINADAS AGRUPACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES DE INTERES PUBLICO, EN COLABORACION CON LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES, PERO SIN INTEGRARLAS PLENAMENTE EN ELLAS. ELLO SE HA REALIZADO, POR EJEMPLO, ENCOMENDADO A ASOCIACIONES PRIVADAS LIBREMENTE CONSTITUIDAS EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS, SOMETIENDOLAS EN CONSECUENCIA A DETERMINADOS REQUISITOS (COMO FUE EL CASO ESTUDIADO EN NUESTRA STC 67/1985, REFERENTE A FEDERACIONES DEPORTIVAS), BIEN ESTABLECIDO O CREANDO ESPECIFICAMENTE AGRUPACIONES DE BASE ASOCIATIVA PARA EJERCER ESAS FUNCIONES, COMO SERIA EL CASO (CON LOS MATICES PROPIOS), DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES, DE LAS CAMARAS AGRARIAS O DE ORGANIZACIONES DE OTRO TIPO.

EN ESTOS ULTIMOS SUPUESTOS, NOS HALLAMOS ANTE ENTIDADES QUE NO HAN SIDO FRUTO DE LA LIBRE DECISION U OPCION DE LOS AFECTADOS, PARA LA OBTENCION DE FINES AUTONOMAMENTE ELEGIDOS, SINO FUNDAMENTALMENTE (Y SIN EXCLUIR FORZOSAMENTE ESTE ULTIMO ASPECTO), DE UNA DECISION DE LOS PODERES PUBLICOS, SIN QUE EXISTA POR TANTO UN PACTUM ASSOCIATIONIS ORIGINAL, QUE SE VE SUSTITUIDO POR UN ACTO DE CREACION ESTATAL; Y TAMPOCO HABRIA UNA OPCION EN FAVOR DE LA PERSECUCION DE FINES O DEFENSA DE INTERESES LIBREMENTE DETERMINADOS, YA QUE EL OBJETO DE ESAS AGRUPACIONES VENDRIA DEFINIDO POR LOS INTERESES PUBLICOS PARA CUYA DEFENSA FUERON CREADAS, Y QUE SON TAMBIEN FIJADOS POR EL PODER PUBLICO. EN EL TIPO DE AGRUPACIONES DE QUE SE TRATA QUE HA RECIBIDO LA DENOMINACION GENERICA DE CORPORACIONES PUBLICAS, CON UNA MAYOR O MENOR AMPLITUD SI BIEN CABE ESTIMAR LA PRESENCIA DE UN CIERTO ELEMENTO O BASE ASOCIATIVA (YA QUE SUS INTEGRANTES NO SE ENCUENTRAN SOMETIDOS A UN REGIMEN DE TIPO ESTATUTARIO FUNCIONARIAL, NI INTEGRADOS EN RELACIONES DE JERARQUIA Y SUBORDINACION, SINO EN POSICION DE PARIDAD), SOLO EN TERMINOS MUY LATOS PUEDE HABLARSE DE QUE EXISTA UNA ASOCIACION, EN CUANTO QUE ESTA SUPONE UNA AGRUPACION LIBRE PARA LA OBTENCION DE FINES, DETERMINADOS, TAMBIEN LIBREMENTE, POR LOS MIEMBROS QUE LA INTEGRAN.

COMO CONSECUENCIA DE ELLO, ESTAS AGRUPACIONES DE TIPO CORPORATIVO Y DE CREACION LEGAL NO PUEDEN INCARDINARSE (PESE A CONTAR CON UNA <BASE ASOCIATIVA> EN EL SENTIDO SEÑALADO), SIN PROFUNDAS MODULACIONES, EN EL AMBITO DE LOS ARTS. 22 Y 28 C.E. CON TODA EVIDENCIA, EN EL CASO DE LAS CORPORACIONES PUBLICAS (DENTRO DE LAS QUE, SEGUN LAS LEYES CATALANA Y ESTATAL SE INCLUYEN LAS CAMARAS AGRARIAS), NO PUEDE PREDICARSE LA LIBERTAD POSITIVA DE ASOCIACION, PUES SU CREACION NO QUEDA A LA DISCRECION DE LOS INDIVIDUOS (YA QUE, COMO SEÑALAMOS EN NUESTRA STC 67/1985 <NO PUEDE HABLARSE DE UN DERECHO A CONSTITUIR ASOCIACIONES PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS>), Y TAMPOCO LES ES APLICABLE LA GARANTIA DEL ART. 22.4 EN CUANTO A SU DISOLUCION O SUPRESION, AL CONSTITUIRSE COMO CREACIONES DE LOS PODERES PUBLICOS, Y SUJETAS POR TANTO A LA DECISION DE ESTOS EN CUANTO A SU MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION.

AHORA BIEN, ELLO NO SUPONE QUE NO EXISTAN LIMITES AL LEGISLADOR, DERIVADOS DEL ART. 22.1, ASI COMO DEL ART. 28 C.E., A LA HORA DE CONFIGURAR EL REGIMEN JURIDICO DE LAS CORPORACIONES PUBLICAS, Y MAS CONCRETAMENTE, Y EN LO AQUI NOS CONCIERNE, DE LAS CAMARAS AGRARIAS. PUES, PARTIENDO DEL PRINCIPIO GENERAL DE LIBERTAD QUE INSPIERA EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL, RESULTARIA CONTRARIO AL MISMO QUE LA CREACION DE ENTES DE TIPO CORPORATIVO SUPUSIERA UNA INDEBIDA RESTRICCION DEL AMBITO DE LA LIBERTAD DE ASOCIACION, DE LA LIBERTAD DE SINDICACION, Y DEL JUEGO DEL PLURALISMO SOCIAL, ECONOMICO Y POLITICO, SUSTRAYENDO DEL MISMO AMPLIOS SECTORES DE LA VIDA SOCIAL. LOS FINES, PUES, A PERSEGUIR POR LAS ENTIDADES CORPORATIVAS, Y LA ACTUACION DE ESTAS HAN DE SER COMPATIBLES CON LA LIBRE CREACION Y ACTUACION DE ASOCIACIONES QUE PERSIGAN OBJETIVOS POLITICOS, SOCIALES, ECONOMICOS O DE OTRO TIPO, DENTRO DEL MARCO DE LOS DERECHOS DE ASOCIACION Y DE LIBRE SINDICACION, SIN QUE PUEDAN SUPONER, POR TANTO, OBSTACULOS O DIFICULTADES A ESA LIBRE CREACION Y FUNCIONAMIENTO. ELLO CONSTITUYE, PUES, UN PRIMER LIMITE, QUE PUDIERAMOS DENOMINAR EXTERNO, A LA CREACION DE ENTES DE TIPO CORPORATIVO, CREACION QUE RESULTARA CONTRARIA A LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES DE LOS ARTS. 22 Y 28 C.E. SI EN LA PRACTICA VAN A SIGNIFICAR UNA INDEBIDA CONCURRENCIA CON ASOCIACIONES FUNDADAS EN EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD, O SI, CON MAYOR MOTIVO, VAN A IMPEDIR LA CREACION O FUNCIONAMIENTO DE ESTE TIPO DE ASOCIACIONES.

7. UN SEGUNDO LIMITE, RELACIONADO EVIDENTEMENTE CON EL ANTERIOR, SERIA EL REPRESENTADO EN EL SUPUESTO DE ENTES CORPORATIVOS QUE IMPLICARAN LA ADSCRIPCION FORZOSA DE LOS COMPONENTES DE UN SECTOR SOCIAL DETERMINADO POR LA VERTIENTE NEGATIVA DEL DERECHO DE ASOCIACION, ESTO ES, EL DERECHO A NO ASOCIARSE. CIERTAMENTE, Y COMO SE INDICO MAS ARRIBA, NO PUEDE EXTENDERSE EL TRATAMIENTO DEL FENOMENO ASOCIATIVO QUE LLEVAN A CABO EL ART. 22 (ASI COMO, EN LA VERTIENTE SINDICAL, EL ART. 28), DE LA CONSTITUCION A AGRUPACIONES DEL TIPO DE LOS ENTES CORPORATIVOS, QUE OBEDECEN A SUPUESTOS DISTINTOS DE LOS CONTEMPLADOS EN ESE ARTICULO. DESDE ESTA PERSPECTIVA NO CABE EXCLUIR QUE EL LEGISLADOR, PARA OBTENER UNA ADECUADA REPRESENTACION DE INTERESES SOCIALES, O POR OTROS FINES DE INTERES GENERAL, PREVEA, NO SOLO LA CREACION DE ENTIDADES CORPORATIVAS, SINO TAMBIEN LA OBLIGADA ADSCRIPCION A ESTE TIPO DE ENTIDADES, DE TODOS LOS INTEGRANTES DE UN SECTOR SOCIAL CONCRETO, CUANDO ESA ADSCRIPCION SEA NECESARIA PARA LA CONSECUCION DE LOS EFECTOS PERSEGUIDOS. AHORA BIEN, Y RECONOCIDA ESA POSIBILIDAD, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ELLO SUPONDRIA ANTE EL PRINCIPIO GENERAL DE LIBERTAD QUE INSPIRA NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL UNA RESTRICCION EFECTIVA A LAS OPCIONES DE LOS CIUDADANOS A FORMAR LIBREMENTE LAS ORGANIZACIONES QUE ESTIMARAN CONVENIENTES PARA PERSEGUIR LA DEFENSA DE SUS INTERESES, CON PLENA AUTONOMIA Y LIBERTAD DE ACTUACION; Y POR CONSIGUIENTE, HA DE CONSIDERARSE LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA A ESAS CORPORACIONES PUBLICAS COMO UN TRATAMIENTO EXCEPCIONAL RESPECTO DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD, QUE DEBE ENCONTRAR SUFICIENTE JUSTIFICACION, BIEN EN DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES (ASI, EN EL ART. 36 C.E.), BIEN, A FALTA DE ELLAS, EN LAS CARACTERISTICAS DE LOS FINES DE INTERES PUBLICO QUE PERSIGAN Y CUYA CONSECUCION LA CONSTITUCION ENCOMIENDE A LOS PODERES PUBLICOS, DE MANERA QUE LA AFILIACION FORZOSA CUENTE CON UNA BASE DIRECTA O INDIRECTA EN LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES.

EN TERMINOS DE NUESTRA YA CITADA STC 67/1985 (CUYO TENOR ESENCIAL SE REITERA EN LA RECIENTE STC 89/1989, REFERENTE A LAS ADSCRIPCION OBLIGATORIA EN COLEGIOS PROFESIONALES), LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO GENERAL DE LIBERTAD DE ASOCIACION HAN DE JUSTIFICARSE EN CADA CASO PORQUE RESPONDAN A MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CONSECUCION DE FINES PUBLICOS, Y CON LOS LIMITES PRECISOS <PARA QUE ELLO NO SUPONGA UNA ASUNCION (NI INCIDENCIA CONTRARIA A LA CONSTITUCION), DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS> (FUNDAMENTO JURIDICO 39). EN CONSECUENCIA, TAL LIMITACION DE LA LIBERTAD DEL INDIVIDUO AFECTADO CONSISTENTE EN SU INTEGRACION FORZOSA EN UNA AGRUPACION DE BASE (EN TERMINOS AMPLIOS) <ASOCIATIVA>, SOLO SERA ADMISIBLE CUANDO VENGA DETERMINADA TANTO POR LA RELEVANCIA DEL FIN PUBLICO QUE SE PERSIGUE, COMO POR LA IMPOSIBILIDAD, O AL MENOS DIFICULTAD, DE OBTENER TAL FIN, SIN RECURRIR A LA ADSCRIPCION FORZADA A UN ENTE CORPORATIVO.

8. POR TANTO, DEBE PARTIRSE PARA DILUCIDAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 12.1, 19.1 H) Y 13.1 F) DE LA LEY CATALANA, DE QUE EL CRITERIO PARA DETERMINAR LA ACEPTABILIDAD DE LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA A UNA CORPORACION ES EL DE QUE TAL ADSCRIPCION ESTE JUSTIFICADA POR LA NATURALEZA DE LOS FINES PERSGUIDOS, DE FORMA QUE LA INTEGRACION FORZOSA RESULTASE NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES RELEVANTES DE INTERES GENERAL. ESTE CRITERIO RESULTA ADEMAS MATIZADO Y REFORZADO EN EL PRESENTE CASO, SI TENEMOS EN CUENTA QUE EN EL SECTOR AGRARIO EXISTEN ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE CARACTER ASOCIATIVO Y DE LIBRE CREACION, QUE PERSIGUEN LA DEFENSA DE LOS INTERESES ECONOMICOS DE LOS PROFESIONALES AGRARIOS, Y CUYA ACTUACION PUDIERA VERSE NEGATIVAMENTE AFECTADA POR LA EXISTENCIA DE ORGANISMOS CORPORATIVOS DE AFILIACION OBLIGATORIA PARA ESOS PROFESIONALES. PUES BIEN, EN EL CASO QUE SE EXAMINA, AUN CUANDO EFECTIVAMENTE NO CABE DUDAR DE LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES QUE SE ATRIBUYEN A LAS CAMARAS PROFESIONALES AGRARIAS CATALANAS, NO RESULTA QUE SU EJERCICIO EXIJA LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE <TODOS LOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGRARIO>, COMO DISPONE EL ART. 12.1 DE LA LEY.

LAS FUNCIONES QUE SE ASIGNAN A LAS CAMARAS SON, BIEN DE PRESTACION DE SERVICIOS (APARTADO D) DEL PARAGRAFO 1, ART. 13) DE INFORMACION (APARTADO 1), DE EJERCICIO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE SE DELEGUEN EN ELLOS (APARTADO C)), DE FOMENTO (APARTADO E) G) H) E I)), DE REPRESENTACION Y DEFENSA PROCESAL DE INTERESES GENERALES AGRARIOS (APARTADO F)) Y DE CONSULTA Y COLABORACION RESPECTO A LA GENERALIDAD (APARTADO A)). PERO NINGUNO DE ELLOS JUSTIFICA LA NECESIDAD DE LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA EN CUANTO QUE PUDIERAN SER EJERCIDAS MEDIANTE TECNICAS QUE INCIDIERAN MENOS EN LA LIBERTAD NEGATIVA DE ASOCIACION DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGRARIO.

CIERTAMENTE LA FUNCION CONSULTIVA EXIGE PARA QUE LOS INFORMES QUE SE EVACUEN RECOJAN LA GAMA MAS EXTENSA POSIBLE DE DATOS Y PARECERES UNA AMPLIA PARTICIPACION EN LAS CAMARAS DE LOS PROFESIONALES AGRARIOS; PERO ESA PARTICIPACION PUEDE OBTENERSE MEDIANTE VIAS COMO LA PARTICIPACION INDIRECTA (MEDIANTE ASOCIACIONES Y ENTIDADES REPRESENTATIVAS, COMO FUE LA TECNICA SEGUIDA EN LA SEGUNDA REPUBLICA), O COMO LA RECOGIDA EN LA VIGENTE LEY ESTATAL (ELECCIONES ENTRE PROFESIONALES, QUE SERIAN ELECTORES, PERO NO MIEMBROS FORZOSOS DE LAS CAMARAS). EN CUANTO AL EJERCICIO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DELEGADAS, PUDIERA JUSTIFICAR LA ADSCRIPCION FORZOSA; PERO LA VAGUEDAD E IMPRECISION CON QUE SE ALUDE A ELLOS EN EL APARTADO C) IMPIDEN QUE PUEDA CONSIDERARSE JUSTIFICACION BASTANTE.

EN CONSECENCIA (E INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE SE DIRA DE LA APRECIACION DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO DESDE LA PERSPECTIVA COMPETENCIAL ASI COMO DE SU VIGENCIA TRAS LA APROBACION DE LA LEY ESTATAL DE CAMARAS AGRARIAS QUE FIJA NORMAS BASICAS RESPECTO A ESTAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL), NO CABE ESTIMAR ADECUADO A LO DISPUESTO EN EL ART. 22.1 C. E. EL APARTADO 1. DEL ART. 12 DE LA LEY CATALANA 18/1985. PERO, UNA VEZ ESTIMADA SU INCONSTITUCIONALIDAD, NO PROCEDE EXTENDERLA TAMBIEN, Y POR LOS MISMOS MOTIVOS, AL ART. 19.1 H) POR CUANTO QUE, SI NO CABE LA OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCION, LAS CUOTAS Y DERRAMAS APROBADOS POR LAS CAMARAS NO PODRAN SER EXIGIDAS CON CARACTER GENERAL DE TODOS LOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGRARIO, NI AL ART.

13.1 F), YA QUE, SI ESTE SE IMPUGNA POR EL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO ES DEBIDO A SU CONEXION CON EL ART. 12.1, PORQUE UNIDO A LA ADSCRIPCION OBLIGATORIA, PODRIA SUPONER LA ASUNCION, POR LAS CAMARAS, DE FUNCIONES PERTENECIENTES A ASOCIACIONES DE LIBRE CREACION.

DESAPARECIDA LA OBLIGATORIEDAD DE LA ADSCRIPCION, EL ART. 13.1 F) NO RESULTA IMPUGNADO EN SI MISMO. TODO ELLO, INSISTIMOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA EFECTIVA APLICABILIDAD DE ESTOS PRECEPTOS TRAS LA POSTERIOR LEY DE BASES DE CAMARAS AGRARIAS.

9. POR LO QUE SE REFIERE A LA LEY ESTATAL DE BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS (QUE, COMO SE INDICO, SE SEPARA DEL MODELO TRADICIONAL DE ESTAS CORPORACIONES), SE VE IMPUGNADA, EN LO QUE INTERESA EN ESTE PRIMER APARTADO O BLOQUE TEMATICO, EN DIVERSOS RECURSOS POR CUANTO SE DICE QUE ESTA NORMA VULNERA LO DISPUESTO EN EL ART. 52 C. E., POR REDUCIR INDEBIDAMENTE, FRENTE A LO MANDADO EN EL ART. 15 L. P. A. Y FRENTE A LA MISMA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, LA AUTONOMIA DE LAS CAMARAS AGRARIAS, <ADMINISTRATIVIZANDOLAS> Y PRIVANDOLES DE FUNCIONES DE INDOLE PRIVADA QUE LES SERIAN CONNATURALES; LAS ALTERACIONES EFECTUADAS POR LA LEY RESPECTO DEL MODELO TRADICIONAL SUPONDRAN, EN CONSECUENCIA, UNA VULNERACION DE LA GARANTIA DE LA NATURALEZA DE LAS CAMARAS AGRARIAS QUE REPRESENTARIA EL ART.

52 C. E.

PUES BIEN, CIERTAMENTE EL LEGISLADOR, A LA HORA DE CREAR Y CONFIGURAR LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES Y DESARROLLO DE FUNCIONES DE INTERES GENERAL, Y SEAN ESTAS CORPORACIONES DEL TIPO DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES (ART. 36 C.

E.), DE LAS CAMARAS AGRARIAS, O DE CUALQUIER OTRO, SE ENCUENTRA LIMITADO POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES. AHORA BIEN, Y A ESTE RESPECTO, ES NECESARIO PRECISAR QUE NO PUEDEN IDENTIFICARSE COMO TALES LIMITES NI EL MANTENIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS TRADICIONALES DE ESTAS CORPORACIONES (SI NO VIENE ASI DISPUESTO EN LA CONSTITUCION) NI LA NECESIDAD DE QUE EL LEGISLADOR SE ATENGA FORZOSAMENTE A LAS DECISIONES Y NORMAS CONFIGURADORAS EMITIDAS EN UN MOMENTO HISTORICO DETERMINADO. SI EL LEGISLADOR (ESTATAL O AUTONOMICO) ESTIMA CONVENIENTE LA COLABORACION EN FUNCIONES PUBLICAS DE UNA REPRESENTACION DE INTERESES SOCIALES, A EL LE CORRESPONDE PRECISAR LOS TERMINOS DE ESA COLABORACION, Y LA INSTRUMENTACION DE LOS METODOS REPRESENTATIVOS A ADOPTAR, CON LAS INNOVACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, TANTO EN CUANTO A LA AMPLITUD O EXTENSION DEL SECTOR SOCIAL A INTEGRAR, COMO EN CUANTO A LA INTENSIDAD Y METODOS DE PARTICIPACION. EN ESTE SENTIDO DEBEN YA RECHAZARSE LAS ALEGACIONES QUE PRESENTAN DIVERSOS RECURRENTES RESPECTO A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ESTATAL 23/1986, POR SEPARARSE DE LOS CRITERIOS FIJADOS, EN CUANTO A LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO, POR EL ART. 15 DE LA LEY DEL PROCESO AUTONOMICO 12/1983, DE 15 DE OCTUBRE. EL QUE ESTE TRIBUNAL, EN SU STC 76/1983, ESTIMASE CONFORMES AL ORDEN CONSTITUCIONAL LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESE ARTICULO NO PUEDE REPRESENTAR QUE TALES DISPOSICIONES SE CONVIERTAN EN INMODIFICABLES POR EL LEGISLADOR, NI EN CRITERIOS PARA APRECIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES FUTURAS, PUES ESA CONSTITUCIONALIDAD SOLO PODRA DETERMINARSE EN FUNCION DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, Y, EN SU CASO, DEL BLOQUE NORMATIVO AL QUE SE ALUDE EN EL ART. 28 DE LA LOTC. SI EL LEGISLADOR DE LA L. P. A.

OPTO POR UN MODELO CONFIGURADOR DETERMINADO DE LAS CORPORACIONES PUBLICAS, ELLO NO EMPECE QUE EL MISMO LEGISLADOR PUEDA ALTERAR ESE MODELO, EN TANTO NO TRASPASE LIMITES DE NATURALEZA CONSTITUCIONAL.

10. TRADICIONALMENTE, Y COMO HERENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE APARECIERON, LAS CORPORACIONES PUBLICAS HAN PRESENTADO UN ASPECTO O VERTIENTE DE TIPO PRIVADO, CENTRADO EN LA <CONSECUCION DE FINES PRIVADOS, PROPIOS DE LOS MIEMBROS QUE LAS INTEGRAN> (STC 76/1983; FUNDAMENTO JURIDICO 26), ASPECTO QUE COEXISTIA, COMO SE HA DICHO, CON UNA DIMENSION PUBLICA, EN CUANTO ORGANO DE CONSULTA Y COLABORACION CON LA ADMINISTRACION DEL ESTADO (Y TRAS LA CONSTITUCION DE 1978, DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS). PERO, TRATANDOSE, COMO SE VIO, DE ENTIDADES CUYA CONSTITUCION, REGIMEN Y FUNCIONES VIENEN CONFIGURADOS POR EL LEGISLADOR, COMPETE A ESTE DETERMINAR LA PRESENCIA Y EXTENSION DE LAS DIMENSIONES PRIVADAS DE SU ACTUACION. SI TAL DIMENSION EXISTE, QUEDARA FUERA DE LA POTESTAD ORGANIZATIVA Y REGULADORA DEL ESTADO, QUE HABRA DE LIMITARSE AL ASPECTO O DIMENSION ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACION DE QUE SE TRATE; PERO, FRENTE A LO QUE MANTIENEN VARIOS DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS, NO ES POSIBLE ENCONTRAR EN LA CONSTITUCION, Y CONCRETAMENTE EN SU ART.

52, UNA GARANTIA DE UN CONTENIDO ESENCIAL, INTOCABLE POR EL LEGISLADOR, CONSISTENTE EN UNA DETERMINADA ESTRUCTURA, CONJUNTO DE FUNCIONES O NIVEL DE AUTONOMIA. EL ARTICULO CITADO SE REFIERE A <ORGANIZACIONES PROFESIONALES>, DENTRO DE LAS CUALES, Y ANTE LA LATITUD DE LA EXPRESION, PUEDEN COMPRENDERSE SIN DIFICULTAD ENTIDADES DE TIPO CORPORATIVO, COMO LAS CAMARAS AGRARIAS. PERO LOS REQUISITOS QUE ESE ARTICULO ESTABLECE RESPECTO DE SU REGULACION SE REFIEREN A LA RESERVA DE LEY, A QUE SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO SEAN DEMOCRATICOS (LO QUE AHORA NO SE DISCUTE), Y A QUE TALES ORGANIZACIONES CONTRIBUYAN <A LA DEFENSA DE LOS INTERESES ECONOMICOS QUE LES SEAN PROPIOS>, LO QUE NO ES INCOMPATIBLE CON QUE ESA DEFENSA SE REALICE MEDIANTE LA COLABORACION CON LA ADMINISTRACION Y LA REPRESENTACION ANTE ELLA DE ESOS INTERESES, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUE LA LEY ESTABLEZCA. CIERTAMENTE, Y PARTIENDO DEL DERECHO VIGENTE, LA DOCTRINA CIENTIFICA HA ELABORADO DIVERSAS CATEGORIAS DOGMATICAS REFERENTES AL CONCEPTO Y CARACTERISTICAS DE LAS CORPORACIONES PUBLICAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO; PERO TALES CATEGORIAS (FRENTE A LO QUE PARECEN SOSTENER VARIOS RECURSOS) NO REPRESENTAN LIMITES INFRANQUEABLES AL LEGISLADOR, SINO EXPLICACIONES Y SISTEMATIZACIONES DE UNA REALIDAD FORZOSAMENTE CAMBIANTE.

11. ENTRANDO YA EN LAS IMPUGNACIONES CONCRETAS DE LA LEY ESTATAL POR EL MOTIVO QUE SE EXAMINA, EL COMISIONADO SEÑOR BLAS CAMACHO, EN NOMBRE DE OTROS 69 DIPUTADOS IMPUGNA GLOBALMENTE LA LEY, EN VIRTUD DE LA ADUCIDA VULNERACION DEL ART.

52 C. E. PERO, EVIDENTEMENTE, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN TEXTO LEGAL SOLO PUEDE PREDICARSE (EXCEPTO QUE SE TRATE, LO QUE NO ES AQUI EL CASO, DE UNA IMPUGNACION POR FALTA GLOBAL DEL TITULO COMPETENCIAL) A PARTIR DEL EXAMEN DE CADA UNO DE SUS ARTICULOS, POR LO QUE HA DE EXCLUIRSE UN PRONUNCIAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD GLOBAL DE LA LEY HASTA QUE SE HAYA VERIFICADO LA ADECUACION A LA CONSTITUCION DE LOS PRECEPTOS EN ELLA INTEGRADOS. CON CARACTER ESPECIFICO, Y SOBRE LA BASE DEL MOTIVO QUE TRATAMOS (VULNERACION DEL ART. 52 C. E.) SE IMPUGNAN, EN LOS DIVERSOS RECURSOS FRENTE A LA LEY ESTATAL, EL ULTIMO PARRAFO DEL APARTADO CUARTO DEL PREAMBLO, Y LOS ARTS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA Y QUINTA (APARTADO SEGUNDO). PUES BIEN, Y PARTIENDO DE LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS, DEBE RECHAZARSE LA IMPUGNACION DE LOS PRECEPTOS CITADOS SOBRE LA BASE DE ESE MOTIVO.

A) EN CUANTO AL ULTIMO PARRAFO DEL APARTADO CUARTO DEL PREAMBULO IMPUGNADO POR EL SEÑOR COMISIONADO DON BLAS CAMACHO, NO CABE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE ESTE TRIBUNAL, POR NO CONSTITUIR EL PREAMBULO NORMA DISPOSITIVA ALGUNA Y NO PODER APRECIAR, POR TANTO (EN LINEA DE LO QUE YA DISPONIA NUESTRA SENTENCIA 36/1981) QUE PUEDA DAR LUGAR A UNA VULNERACION CONSTITUCIONAL.

B) EL ART. 1, IMPUGNADO TAMBIEN POR EL SEÑOR COMISIONADO DON BLAS CAMACHO, COMO CONTRARIO A LA AUTONOMIA CAMERAL, NO CONTIENE PREVISION ALGUNA FUERA DE LA DECLARACION DEL CARACTER BASICO DE LA LEY, POR LO QUE, POR SI MISMO, NO CABE ESTIMARLO CONTRARIO AL ART. 52 C.

E.

C) EL ART. 3, CONTRA LO QUE SE AFIRMA EN EL RECURSO CITADO, NO ATRIBUYE A TODOS LOS ACTOS DE LAS CAMARAS LA NATURALEZA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS; POR LO QUE, AUN SI SE ADMITIERA LA NECESIDAD CONSTITUCIONAL DE UNA RESERVA A LA <AUTONOMIA CAMERAL>, NO VULNERARIA TAL RESERVA.

D) EL ART. 4 VIENE A ESTABLECER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LAS CAMARAS, CON ELLO EL LEGISLADOR HACE USO DE SU LIBERTAD DE CONFIGURACION DE ESTOS ENTES CORPORATIVOS, SIGUIENDO LA LINEA YA USUAL, COMO VIMOS, EN NUESTRO DERECHO. Y DEBE SEÑALARSE QUE, SI BIEN SE ENUMERAN FUNCIONES EMINENTEMENTE DE CARACTER PUBLICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS (ACTUAN COMO ORGANOS CONSULTIVOS Y EJERCEN LAS FUNCIONES QUE EN ELLOS DELEGUE LA ADMINISTRACION PUBLICA), ELLO NO

EXCLUYE QUE PUEDAN EJERCER OTRAS FUNCIONES, EN VIRTUD DE SU REGULACION ESTATUTARIA PROPIA, O DEL DESARROLLO NORMATIVO QUE DE LA LEY EFECTUEN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COMPETENTES. DE HECHO, LA LEY, AL CONFIGURARSE COMO LEY BASICA, A DESARROLLAR POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIA EN LA MATERIA, DEJA EN MANOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LA DETERMINACION DE LAS FUNCIONES (DENTRO DE LOS LIMITES QUE LA PROPIA LEY ESTABLECE) A DESEMPEÑAR POR LAS CAMARAS AGRARIAS, APARTE DE LAS DEFINIDAS COMO <PROPIAS> POR SU ART. 4. TAMPOCO AQUI, PUES, PUEDE APRECCIARSE VULNERACION DEL ART. 52 C. E.

E) EL ART. 5 EXCLUYE DE LA ACTIVIDAD DE LAS CAMARAS AGRARIAS AQUELLAS FUNCIONES QUE CORRESPONDAN A ASOCIACIONES LIBREMENTE CONSTITUIDAS. ELLO, LEJOS DE CONTRAVENIR PRECEPTO CONSTITUCIONAL ALGUNO, VIENE POR EL CONTRARIO A GARANTIZAR QUE EL EMPLEO DE TECNICAS DE TIPO CORPORATIVO NO REDUNDARA EN PERJUICIO DE LA LIBERTAD DE ASOCIACION, NI IMPEDIRA LA ACCION DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES EN EL SECTOR AGRARIO.

F) LOS ARTS. 6 Y 7 VIENEN A DELIMITAR LOS AMBITOS DE ACTUACION CORRESPONDIENTES A LAS CAMARAS, QUE HABRAN DE SER DE ALCANCE PROVINCIAL (ART. 6) Y, EN DETERMINADOS SUPUESTOS, DE ALCANCE DISTINTO (ART. 7). LA POSIBLE COEXISTENCIA DE AMBITOS TERRITORIALES PODRIA SER UNA FUENTE DE COMPLEJIDADES O DIFICULTADES TECNICAS, PERO NO APARECE COMO CONTRARIA AL ART. 52, FRENTE A LO AFIRMADO POR LA REPRESENTACION DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL PAIS VASCO, YA QUE ESTE ARTICULO NO CONTIENE NINGUNA PREVISION CONTRARIA A LA POSIBLE COEXISTENCIA DE AMBITOS TERRITORIALES DE DOS O MAS CAMARAS AGRARIAS, CUESTION ESTA QUE SE DEJA EN LA LEY A LA DECISION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

G) EN LO QUE SE REFIERE AL ART. 8, LA DETERMINACION DEL NUMERO MAXIMO DE MIEMBROS, Y DE QUE EL SISTEMA ELECTORAL HAYA DE ATENDER A CRITERIOS DE REPRESENTACION PROPORCIONAL APARECE IGUALMENTE COMO UNA DECISION DEL LEGISLADOR QUE EN NADA SE OPONE A LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES, NI A LAS PREVISIONES DEL ART. 52 C. E.

H) EL ART. 12 PREVE LOS RECURSOS CON QUE PODRAN CONTAR LAS CAMARAS AGRARIAS: LO QUE, POR UN LADO, RESULTA CONTENIDO LOGICO DE LA NORMACION SOBRE CAMARAS, Y POR OTRO, NO IMPIDE QUE ESTAS PUEDAN CONTAR TAMBIEN CON OTROS INGRESOS, YA QUE LOS MENCIONADOS EN ESE ARTICULO NO SON DE CARACTER EXCLUSIVO, Y, POR OTRA PARTE, PRESENTAN UNA CONFIGURACION ABIERTA, COMO RESULTA DEL APARTADO C).

I) QUEDA TAMBIEN DENTRO DE LA COMPETENCIA DEL LEGISLADOR SUSTRAER DETERMINADAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LAS CAMARAS AGRARIAS, AL NO EXISTIR RESERVA ALGUNA CONSTITUCIONAL EN CONTRA, POR LO QUE TAMPOCO CABE APRECIAR INCONSTITUCIONALIDAD POR ESTE MOTIVO EN LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM.

174/87 IMPUGNA TAMBIEN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA DE LA LEY POR ENTRAR A DEFINIR UN NUEVO REGIMEN LOCAL SIN HABILITACION EN EL ART.

149.1.18 DE LA CONSTITUCION, DETERMINANDO COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LOS ENTES LOCALES, EXCLUYENDO A LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO COMO LAS CAMARAS. DEBE SEÑALARSE A ESTE RESPECTO QUE LA DISPOSICION ADICIONAL QUINTA EN SU SEGUNDO PARRAFO, TAL Y COMO INDICA EL ABOGADO DEL ESTADO, NO PRODUCE INNOVACION ALGUNA DEL ORDENAMIENTO; EL PRECEPTO SE LIMITA A INDICAR QUE <NO SON PROPIAS DE LAS CAMARAS AGRARIAS LAS ACTIVIDADES QUE, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION DEL REGIMEN LOCAL, CORRESPONDEN A LAS ENTIDADES LOCALES>. EL PRECEPTO ES UN MERO RECORDATORIO DE LOS LIMITES QUE LAS CAMARAS PUEDEN ENCONTRAR EN SU ACTUACION Y QUE VIENEN IMPUESTOS, COMO SEÑALA EL MISMO PRECEPTO, NO POR LA LEY IMPUGNADA, SINO POR LA LEGISLACION DE REGIMEN LOCAL. UNA NORMA DE ESTA NATURALEZA, Y CON INDEPENDENCIA DE SU OPORTUNIDAD, NO PUEDE VULNERAR PRECEPTO CONSTITUCIONAL ALGUNO.

12. SEGUN SE HA INDICADO, UN SEGUNDO CONJUNTO DE CUESTIONES PROPUESTAS EN LOS RECURSOS DE QUE SE TRATA HACEN REFERENCIA A LA VULNERACION, POR PARTE DE LA LEY ESTATAL, DE UNA PLURALIDAD DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS PROBLEMAS YA VISTOS RELATIVOS A LA NATURALEZA DE LAS CAMARAS AGRARIAS Y SU RELACION CON EL DERECHO DE ASOCIACION (ARTS. 22 Y 52 C.E.), Y DE CUESTIONES DE DELIMITACION COMPETENCIAL QUE SE EXAMINARAN MAS ADELANTE. SE TRATA AHORA, PUES, DE UNA VARIEDAD DE IMPUGNACIONES QUE ACONSEJAN SU ESTUDIO SINGULARIZADO: PRIMERAMENTE, AQUELLAS REFERENTES A LA TOTALIDAD DE LA LEY, Y, POSTERIORMENTE, LAS QUE SE REFIEREN A ARTICULOS CONCRETOS.

FRENTE A LA TOTALIDAD DE LA LEY SE ALEGA, POR PARTE DEL COMISIONADO SEÑOR CAMACHO, QUE VULNERA LOS ARTS. 9.2 Y 28 DE LA C.E. EN CUANTO VIENE A OBLIGAR A LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES A UTILIZAR EL CAUCE DE LAS CAMARAS AGRARIAS PARA DEFENDER SUS INTERESES Y EXPONER SUS REIVINDICACIONES. PERO, DE ACUERDO CON EL MISMO TENOR DE LA LEY (Y CON INDEPENDENCIA DE SI LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS SE INCARDINAN EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 28 C.E.) ES EVIDENTE QUE NO ES TAL EL CASO. LA APERTURA DE CAUCES DE EXPRESION Y ACTUACION EN FAVOR DE LAS ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DEL SECTOR AGRARIO QUE ESTABLECE LA LEY (MEDIANTE LA PARTICIPACION EN LAS ELECCIONES A MIEMBROS DE LAS CAMARAS AGRARIAS) NO SUPONE, OBVIAMENTE, NI FORZAR A TALES ASOCIACIONES A UTILIZAR TALES CAUCES, NI EXCLUIR OTRAS POSIBLES VIAS DE ACTUACION Y DEFENSA DE INTERESES. TAMPOCO SUPONE EN FORMA ALGUNA UNA SUSTITUCION DE ESAS ASOCIACIONES POR LAS CAMARAS; YA QUE NO SOLO ESTAS NO PODRAN LLEVAR A CABO FUNCIONES QUE COMPETAN A <ORGANIZACIONES PROFESIONALES LIBREMENTE CONSTITUIDAS> (ART. 5 DE LA LEY), SINO QUE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A CAMARAS AGRARIAS SERVIRAN PARA QUE TALES ASOCIACIONES (Y NO LAS CAMARAS) OSTENTEN REPRESENTACION INSTITUCIONAL ANTE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS U OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CARACTER PUBLICO QUE LA TENGAN PREVISTA (ART. 11.2). NO ES POSIBLE ENCONTRAR, POR TANTO, INDICIOS DE VULNERACION, A ESTE RESPECTO, DE LA LIBERTAD DE ASOCIACION Y ACTUACION DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGRARIO.

ENTRANDO EN LAS IMPUGNACIONES DE PRECEPTOS CONCRETOS DE LA LEY, SE PROPONE, TAMBIEN POR EL RECURSO DEL SEÑOR CAMACHO ZANCADA, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 5, 12 Y DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY ESTATAL <POR INFRACCION DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION FUNDAMENTAL POR EL DERECHO CUMUNITARIO EUROPEO AL PRIVAR A LAS CAMARAS AGRARIAS DE SU CONTENIDO ESENCIAL>, ALEGANDO, CON BASE EN EL ART. 7 DEL TRATADO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA QUE PROHIBE <CUALQUIER DISCRIMINACION QUE SE EJERZA EN RAZON DE LA NACIONALIDAD> QUE LA LEY VIENE A DISCRIMINAR A LOS PROFESIONALES ESPAÑOLES DEL SECTOR AGRARIO COLOCANDOLES EN UNA SITUACION DESVENTAJOSA FRENTE A SUS EQUIVALENTES EUROPEOS.

ESTA ARGUMENTACION RESULTA INACEPTABLE. EN PRIMER LUGAR HA DE INDICARSE QUE EL ART. 7 DEL TRATADO DE ROMA NO PUEDE SER UTILIZADO COMO PARAMETRO DIRECTO DE CONSTITUCIONALIDAD. PERO AUN DE ADMITIRSE POR LA NATURALEZA DE SU CONTENIDO, DADA LA CONEXION QUE LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA LE HA DADO CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE TODO EN MATERIA DE LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS QUE EL PRECEPTO COMUNITARIO, DE ACUERDO AL ART. 10.2 C.E., PUDIERA SERVIR DE PAUTA PARA LA INTERPRETACION DEL ART. 14 DE LA MISMA, TAMPOCO PODRIA ADMITIRSE LA EXISTENCIA DE DISCRIMACION AL RESPECTO, PUESTO QUE TAL DISCRIMINACION SOLO PODRIA PLANTEARSE EN SU CASO EN RELACION CON LA DIFERENCIA DE TRATAMIENTO QUE LA LEY ESPAÑOLA HAGA ENTRE LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES Y LOS CIUDADANOS DE OTROS PAISES COMUNITARIOS QUE EJERZAN ACTIVIDADES AGRICOLAS EN ESPAÑA. COMO HA DICHO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (ASUNTO BOUSSAC, 22/1980, SENTENCIA DE 29 DE OCTUBRE DE 1980): <NO SE PODRIA CONSIDERAR COMO UNA DISCRIMINACION CONTRARIA AL TRATADO LA APLICACION DE UNA LEGISLACION NACIONAL EN RAZON DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE OTROS ESTADOS MIEMBROS APLICAN EVENTUALMENTE LIMITACIONES MENOS RIGUROSAS. EN EFECTO, EL ART.

7 DEL TRATADO TRATA DE ELIMINAR LAS DISCRIMINACIONES EN RAZON DE LA NACIONALIDAD QUE PUEDEN RESULTAR DE LA LEGISLACION O DE LAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS DE UN MISMO ESTADO MIEMBRO Y NO LAS DISPARIDADES DE TRATO QUE DERIVAN, PARA LAS EMPRESAS DE LOS DIFERENTES ESTADOS MIEMBROS, DE LA DISPARIDAD DE LAS LEGISLACIONES..., ANTE LA FALTA DE UNA POLITICA COMUN EN LA MATERIA.> UNA COSA ES QUE UNA LEY ESPAÑOLA REGULE UNA MATERIA DE MANERA DIVERSA A LO QUE OCURRE EN OTROS ORDENAMIENTOS COMUNITARIOS, Y OTRA MUY DISTINTA QUE EN SUS DISPOSICIONES DISCRIMINE A LOS DESTINATARIOS DE LA NORMA POR RAZON DE NO SER DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, Y EN MATERIA PROPIA DEL DERECHO COMUNITARIO ESTABLEZCA UNA DIFERENCIA ARBITRARIA DE TRATO ENTRE LOS ESPAÑOLES Y LOS CIUDADANOS DE OTROS PAISES COMUNITARIOS. ES EVIDENTE QUE LA LEY DE BASES DE CAMARAS AGRARIAS NO HA ESTABLECIDO DE FORMA ALGUNA DIFERENCIACION DE TRATO ENTRE SUS DESTINATARIOS BASADA EN LA NACIONALIDAD DE ESTOS, POR LO QUE NO PUEDE PLANTEARSE EL PROBLEMA DE SI ESA DIFERENCIA DE TRATO ES ARBITRARIA O NO A LOS EFECTOS DEL ART. 14 C.E., HABIENDO DE EXCLUIRSE EN AQUELLA LEY LA EXISTENCIA DE CUALQUIER TIPO DE <DISCRIMINACION QUE SE EJERZA EN RAZON DE LA NACIONALIDAD>. EN CONSECUENCIA, HA DE RECHAZARSE LA ALEGACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS CITADOS EN RAZON DE SU PRESUNTO CARACTER DISCRIMINATORIO.

13. SE IMPUGNA IGUALMENTE EN DIVERSOS RECURSOS, Y POR VULNERACION DE LO PREVISTO EN LOS ARTS. 14 Y 23 DE LA CONSTITUCION, EL ART. 9.1 EN SUS DIVERSOS APARTADOS. ESENCIALMENTE, LOS REPROCHES QUE SE HACEN A ESTE ARTICULO PUDIERAN RESUMIRSE COMO SIGUE:

A) LA DETERMINACION DE LOS ELECTORES, EN LOS APARTADOS A), B) Y C) SUPONE UNA VULNERACION DE LOS ARTS. 14 Y 23 C.E. POR CUANTO EXCLUYE DE ESA CATEGORIA A PROFESIONALES AGRARIOS QUE LLEVAN A CABO ACTIVIDADES EN EL SECTOR, BIEN PORQUE EMPLEAN ASALARIADOS (CON LO QUE NO EJERCERAN ACTIVIDADES AGRARIAS <DE MODO DIRECTO>, COMO EXIGE EL ART. 9.1 A)), BIEN PORQUE NO PUEDEN CUMPLIR EL REQUISITO CONSISTENTE EN ESTAR AFILIADO AL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL O AL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

B) LA CONCESION DE SUFRAGIO ACTIVO A LAS PERSONAS JURIDICAS (ART.

9.1 D)) SUPONE UNA INTRODUCCION DE UN SISTEMA DE VOTO PLURAL, CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD RECONOCIDO EN LOS ARTS. 14 Y 23 C.E.

SIN NECESIDAD DE ENTRAR EN EL PROBLEMA DE LA APLICABILIDAD DEL ART. 23 C.E. AL TIPO DE ELECCIONES DE QUE SE TRATA, EN CUANTO A LA ADUCIDA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD, HA DE PARTIRSE DE QUE LA LEY ATRIBUYE LA CONDICION DE ELECTOR DE LOS MIEMBROS DE LAS CAMARAS AGRARIAS DE ACUERDO CON CIERTOS REQUISITOS: SER PROFESIONAL DE LA AGRICULTURA QUE EJERZA ACTIVIDADES AGRICOLAS DE MODO DIRECTO Y PERSONAL, O FAMILIAR DE PROFESIONAL QUE TRABAJE DE MODO PREFERENTE Y DIRECTO EN LA EXPLOTACION FAMILIAR AGRARIA O SER COLABORADOR EN ESTE TIPO DE EXPLOTACION Y, EN CUALQUIER CASO, ESTAR DADO DE ALTA EN EL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL O EN EL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS. ESTAS CONDICIONES NO PUEDEN CONSIDERARSE INAPROPIADAS, O ARBITRARIAMENTE DISEÑADAS, SI SE INTERPRETAN A LA LUZ DE LA FINALIDAD PERSEGUIDA POR LA LEY, ESTO ES, COMO INDICA EN SU PREAMBULO <REGULAR LA PARTICIPACION DE LOS PROFESIONALES DE LA AGRICULTURA EN LOS ORGANISMOS PUBLICOS QUE TENGAN PREVISTA SU CONSULTA>. DESDE ESTA PERSPECTIVA ES LO DECISIVO PARA LA INTELECCION DE LAS PREVISIONES LEGALES QUE REQUIERAN UNA ACTIVIDAD EJERCIDA <DE MODO DIRECTO Y PERSONAL>, LA EFECTIVA PROFESIONALIDAD, ESTO ES, EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL SECTOR AGRICOLA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CUALIDAD O CIRCUNSTANCIAS ESPECIFICAS EN QUE SE LLEVE A CABO, DEL TAMAÑO DE LA EXPLOTACION, Y DE SI SE UTILIZA O NO MANO DE OBRA REMUNERADA. POR OTRA PARTE, LA EXCLUSION DE QUIENES EJERZAN ESA ACTIVIDAD EN FORMA PARCIAL O SECUNDARIA, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS SEÑALADOS, ES UNA OPCION DEL LEGISLADOR PARA DEFINIR EL SECTOR REPRESENTADO POR LAS CAMARAS, Y SUPONE DAR UN TRATAMIENTO ESPECIFICO (DERECHO DE ELECCION DE LOS MIEMBROS DE LAS CAMARAS) A SITUACIONES ESPECIFICAS, CON UNA BASE RAZONABLE.

ASI INTERPRETADOS, LOS TERMINOS EN QUE SE DEFINEN LAS CONDICIONES PARA SER ELECTOR POSIBILITAN UNA APLICACION LO SUFICIENTEMENTE AMPLIA COMO PARA NO EXCLUIR A LOS QUE SEAN EFECTIVAMENTE PROFESIONALES AGRARIOS Y A SUS FAMILIARES Y COLABORADORES, YA QUE LA INCLUSION, NO SOLO DE LOS AFILIADOS AL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SINO TAMBIEN DE LOS ACOGIDOS AL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS VIENE A HACER POSIBLE QUE TENGAN LA CONDICION DE ELECTORES QUIENES UTILICEN EL SERVICIO REMUNERADO DE OTRAS PERSONAS EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES AGRARIAS. ES PUES, LA CONDICION DE PROFESIONAL AGRARIO LO QUE DETERMINA LA CONDICION DE ELECTOR, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE EMPLEE O NO A OTRAS PERSONAS, Y ELLO RESPONDE A UN CRITERIO RAZONABLE Y NO DISCRIMINATORIO.

SE ADUCE EN EL ESCRITO DE LOS 56 DIPUTADOS QUE DETERMINADAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO (ARTS. 16 Y 18 DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS; ART. 2.2 DEL DECRETO DE 23 DE DICIEMBRE DE 1972) IMPIDEN QUE PUEDAN CONSIDERARSE INCLUIDOS DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 9.1 A DETERMINADOS GRUPOS, QUE SE VERAN ASI DISCRIMINADOS. PERO, COMO SEÑALA EL ABOGADO DEL ESTADO, LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS RUSTICOS REFERENTES A LA DEFINICION DE <CULTIVADOR PERSONAL> SON APLICABLES A LOS EFECTOS DE DICHA LEY, Y NO RESULTAN DE APLICACION EN LO QUE SE REFIERE A LA DEFINICION DE PROFESIONAL AGRARIO QUE EFECTUA LA L.B.C.A., TAL COMO SE HA PRECISADO, Y QUE TIENE SUS PROPIAS CARACTERISTICAS. EN CUANTO AL ART. 2.2 DEL DECRETO DE 23 DE DICIEMBRE DE 1972 SE LIMITA A ESTABLECER UNA PRESUNCION IURIS TANTUM DE CARACTER RAZONABLE, QUE IMPIDE LA INCLUSION EN EL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CASO DE CONVIVENCIA CON TITULARES DE UN NEGOCIO MERCANTIL O INDUSTRIAL, PRESUNCION QUE PUEDE DESVIRTUARSE EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTA UNA EFECTIVA CUALIDAD DE PROFESIONAL AGRARIO. NO ES, POR TANTO, UN OBSTACULO INSALVABLE O IRRACIONABLE, Y, SI LO FUERA, SERIA REPROCHABLE AL DECRETO EN CUESTION, Y NO A LA LEY QUE SE ESTUDIA.

14. SE IMPUGNA IGUALMENTE EL ART. 9 DE LA LEY EN SU APARTADO 1 D), QUE CONFIERE LA CALIDAD DE ELECTOR A <TODA PERSONA JURIDICA QUE TENGA POR EXCLUSIVO OBJETO, CONFORME A SUS ESTATUTOS Y QUE EFECTIVAMENTE EJERZA LA EXPLOTACION AGRICOLA, GANADERA O FORESTAL>, POR CONSIDERARSE QUE INTRODUCE UN SUPUESTO DE VOTO PLURAL, CONTRARIO A LAS PREVISIONES DE LOS ARTS. 14 Y 23, SI UN PROFESIONAL AGRARIO CON DERECHO AL VOTO ES TAMBIEN MIEMBRO INTEGRANTE DE UNA PERSONA JURIDICA DEL TIPO MENCIONADO. FRENTE A ESA IMPUGNACION DEBE APRECIARSE, POR UN LADO, QUE NO RESULTA IRRAZONABLE INTEGRAR EN EL PROCESO ELECTORAL DE LAS CAMARAS AGRARIAS A EMPRESAS DEL SECTOR, A EFECTOS DE DAR UNA MAYOR AMPLITUD A LA REPRESENTACION OBTENIDA Y, EN CONSECUENCIA, OBTENER UNA MAYOR BASE PARA LA FUNCION ASESORA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ATRIBUIDA A LAS CAMARAS AGRARIAS EN EL ART. 4 DE LA LEY. Y, EN CUANTO AL ADUCIDO <VOTO PLURAL>, ES CLARO QUE EL MIEMBRO DE UNA PERSONA JURIDICA (SOCIO O ACCIONISTA DE UNA EMPRESA AGRARIA) TOMA PARTE EN EL PROCESO DE FORMACION DE VOLUNTAD DE LA MISMA EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, PERO NO PARTICIPA DIRECTAMENTE, COMO TAL MIEMBRO, EN LAS ELECCIONES A LAS CAMARAS AGRARIAS; SE TRATA DE PROCEDIMIENTOS DISTINTOS, Y CON DISTINTAS FINALIDADES. SE ADUCE LA POSIBILIDAD DE QUE SE EMPLEE FRAUDULENTAMENTE EL DERECHO DE VOTO DE LAS PERSONAS JURIDICAS PARA AUMENTAR, DE HECHO, LA CAPACIDAD DE SUFRAGIO, HACIENDO COINCIDIR, A ESTOS FINES, LA CUALIDAD DE PROFESIONAL CON LA DE MIEMBRO DE UNA O VARIAS EMPRESAS AGRARIAS CREADAS ARTIFICIOSAMENTE; PERO UNA HIPOTETICA POSIBILIDAD DE FRAUDE OBVIAMENTE NO IMPLICA QUE LA DISPOSICION ESTUDIADA SEA INCONSTITUCIONAL. CABE RECORDAR AQUI QUE ESTE TRIBUNAL YA HA SEÑALADO (COMO INDICA EL ABOGADO DEL ESTADO) QUE <LA MERA POSIBILIDAD DE USO TORTICERO DE LAS NORMAS NO PUEDE SER NUNCA EN SI MISMO MOTIVO BASTANTE PARA DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTAS> (STC 58/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ).

15. SE ESTIMA INCONSTITUCIONAL EL ART. 10 EN CUANTO QUE REDUCE EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO A LAS PERSONAS FISICAS <QUE REUNAN ALGUNA DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL ARTICULO ANTERIOR>, POR ESTIMAR QUE PRODUCE DESIGUALDAD, TANTO RESPECTO DE LAS PERSONAS FISICAS EXCLUIDAS DEL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO (QUE TAMPOCO PODRAN SER CANDIDATAS) COMO DE AQUELLAS QUE OSTENTEN CARGOS O POSICIONES DIRECTIVAS EN LAS EMPRESAS AGRARIAS, YA QUE SE EXCLUYE A LAS PERSONAS JURIDICAS COMO CANDIDATOS. CON RESPECTO A LO PRIMERO, LA EXCLUSION DE LOS NO PROFESIONALES DE LA AGRICULTURA RESULTA CLARAMENTE RAZONABLE, DADOS LOS FINES DE LAS CAMARAS; EN CUANTO A LO SEGUNDO, SI LOS DIRECTIVOS O REPRESENTANTES DE PERSONAS JURIDICAS SON ELLOS MISMOS PROFESIONALES AGRARIOS, PODRAN CONCURRIR COMO CANDIDATOS. SI NO LO SON, EL MOTIVO DE SU EXCLUSION QUEDA JUSTIFICADO, Y NO SUPONE UNA DISCRIMINACION AL PRETENDERSE POR LA LEY UNA REPRESENTACION DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGRARIO. POR ELLO, NO CABE ENTENDER COMO SE AFIRMA EN EL RECURSO DE LOS 56 DIPUTADOS QUE LOS MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS AGRICOLAS NUNCA PODRAN SER ELECTORES Y ELEGIDOS. ELLO DEPENDERA DE QUE REUNAN O NO LAS CONDICIONES DEL ART. 9, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EMPLEEN MANO DE OBRA ASALARIADA, O SE INTEGREN COMO SOCIOS O MIEMBROS DE CUALQUIER TIPO EN UNA PERSONA JURIDICA.

16. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 11 DE LA L.B.C.A. SE VE CUESTIONADA DESDE DOS POSICIONES. POR UN LADO, SE INDICA QUE, AL SUPONER UN DESARROLLO DEL DERECHO DE ASOCIACION, DEBERIA ASUMIR RANGO DE LEY ORGANICA, CONFORME AL ART. 81 C.E.; POR OTRO, SE REPROCHA A LA DISPOSICION IMPUGNADA EL QUE DISCRIMINE ENTRE ORGANIZACIONES PROFESIONALES SIN MOTIVOS RAZONABLES.

POR LO QUE ATAÑE AL PRIMER ASPECTO, EL ART. 11 VIENE A PRECISAR QUE ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS TENDRAN LA CUALIDAD DE <MAS REPRESENTATIVAS> A LOS EFECTOS DE OSTENTAR REPRESENTACION INSTITUCIONAL ANTE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS U OTROS ORGANISMOS DE CARACTER PUBLICO. CIERTAMENTE, LA CONSIDERACION DE <MAS REPRESENTATIVA> PUEDE INCIDIR EN LA ACTUACION Y FUNCIONES DE UNA ORGANIZACION PROFESIONAL COMO INCIDE EN LAS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES (ENTRE LAS QUE NO PUEDEN INCLUIRSE LAS DE AGRICULTORES Y GANADEROS, SEGUN LA LOLS, QUE LAS EXCLUYE DE SU AMBITO, EN FORMA ESTIMADA ACORDE CON LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR NUESTRA STC 98/1985, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ). Y, AL INCIDIR EN EL AMBITO DEL DERECHO DE ASOCIACION, HA DE COMPROBARSE SI EL ART. 11 DE LA LEY DE BASES DE CAMARAS AGRARIAS ES O NO DESARROLLO DEL MISMO (EN EL SENTIDO DEL ART. 81 DE LA C.

E.).

EN PRINCIPIO, NO TODA REGULACION REFERENTE A LAS ASOCIACIONES, SU ACTIVIDAD Y FUNCIONES PUEDE CONSIDERARSE COMO <DESARROLLO> DEL DERECHO DE ASOCIACION, PUES ELLO SUPONDRIA UNA EXTENSION DESMESURADA DEL AMBITO DE LA LEY ORGANICA AL RESPECTO. CIERTAMENTE, CABE CONSIDERAR QUE LA REGULACION DE DETERMINADOS ASPECTOS, ESENCIALES PARA LA DEFINICION DEL DERECHO, LA PREVISION DE SU AMBITO Y LA FIJACION DE SUS LIMITES EN RELACION CON OTRAS LIBERTADES CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDAS, SON ELEMENTOS NECESARIOS DEL <DESARROLLO> NORMATIVO A REALIZAR POR LEY ORGANICA. PERO, APARTE DE ESTOS ELEMENTOS ESENCIALES Y NECESARIOS, LA LEY ORGANICA PUEDE AMPLIAR EL CONTENIDO DEL DERECHO DE QUE SE TRATE, O BIEN PUEDE REMITIR A LEYES ORDINARIAS LA REGULACION DE ASPECTOS QUE NO RESULTEN DECISIVOS O CAPITALES EN SU CONFIGURACION, O, FINALMENTE, PUEDE OPTAR POR NO INCLUIR EN SU <DESARROLLO> AQUELLOS ASPECTOS QUE EL LEGISLADOR ORGANICO ESTIME INNECESARIOS O ACCIDENTALES. EN CUALQUIER CASO, NO ES POSIBLE ESTIMAR QUE CUALQUIER REGULACION QUE EN ALGUNA FORMA AFECTE AL EJERCICIO DE UN DERECHO CONSTITUYE FORZOSAMENTE UN <DESARROLLO> DEL MISMO, Y, EN CONSECUENCIA, HA DE RESPONDER A LOS REQUISITOS DEL ART. 81 DE LA C. E. EN EL PRESENTE CASO, ES CLARO QUE LA REPRESENTACION ANTE ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES NO ES EL ELEMENTO DEFINIDOR O NECESARIO DEL DERECHO DE ASOCIACION; Y QUE, EN LOS TERMINOS EN QUE HA DE INTERPRETARSE EL ART. 9.1 DE LA LEY (SEGUN SEÑALAMOS EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 13) NO SUPONE UNA RESTRICCION DE ESE DERECHO RESPECTO DE LAS ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DEL SECTOR AGRICOLA. EN CONSECUENCIA, LA REGULACION POR UNA NORMA, EN ESTE ASPECTO, SECTORIAL (EN CUANTO SE REFIERE A UNAS ORGANIZACIONES O ASOCIACIONES ESPECIFICAS DEL SECTOR AGRARIO) DE UNA CUESTION NO ESENCIAL O DEFINITORIA DEL CONTENIDO DEL DERECHO, SINO ACCIDENTAL AL MISMO, NI PUEDE CONSIDERARSE <DESARROLLO>, EN EL SENTIDO DEL ART. 81 DE LA C. E., NI OBVIAMENTE, SE OPONE A LEY ORGANICA ALGUNA. POR ELLO, NO PUEDE EXIGIRSE, EN LA SITUACION PRESENTE DEL ORDENAMIENTO, UNA RESERVA DE LEY ORGANICA PARA REGULAR LA MATERIA OBJETO DEL ART. 11 DE LA L. B. C. A.

17. UN SEGUNDO REPROCHE DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE DIRIGE AL ARTICULO 11 DE LA LEY EN CUESTION ES EL REFERENTE A QUE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ART.

14 DE LA CONSTITUCION, POR CUANTO QUE, AL EMPLEAR COMO PUNTO DE REFERENCIA UNICAMENTE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES A CAMARAS AGRARIAS PROVINCIALES PARA DETERMINAR LA MAYOR REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES, NO TIENE EN CUENTA AQUELLOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CAMARAS DE MENOR NIVEL TERRITORIAL; LOS VOTANTES EN LAS CORRESPONDIENTES ELECCIONES SE VERAN ASI DISCRIMINADOS. ADEMAS, SE SEÑALA QUE, COMO RESULTADO DE LA NORMATIVA CONTENIDA EN TAL ART. 11, RESULTAN DISCRIMINADAS LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS CON UN AMBITO NO SUPERIOR A UNA COMUNIDAD AUTONOMA, FRENTE A LAS ORGANIZACIONES DE NIVEL NACIONAL.

COMENZANDO POR ESTE ULTIMO PUNTO, EL QUE LA LEY DISPONGA LA REPRESENTACION ANTE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS QUE LA TENGAN PREVISTA, DE AQUELLAS ORGANIZACIONES DE CIERTO NIVEL DE IMPLANTACION NACIONAL, AUN CUANDO NO ALCANCEN ESE MISMO NIVEL EN TODAS LAS AREAS, SUPONE UN RECONOCIMIENTO DEL EFECTO DE IRRADIACION QUE EN NUESTRA SENTENCIA 98/1985 ESTIMABAMOS ACORDE CON LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES, SIEMPRE QUE, DE INTRODUCIR DIFERENCIAS ENTRE ORGANIZACIONES (EN AQUEL CASO SINDICALES, EN ESTE PROFESIONALES), SE ENCUENTREN JUSTIFICADAS. PUES BIEN, EN EL PRESENTE CASO, LA LEY PREVE TAMBIEN LA REPRESENTACION ANTE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE ORGANIZACIONES DE AMBITO TERRITORIAL INFERIOR AL ESTATAL; Y EL QUE SE EXIJA UN MAYOR RESULTADO ELECTORAL A ESTAS ORGANIZACIONES PARA SER CONSIDERADAS MAS REPRESENTATIVAS REFLEJA LA INTENCION DEL LEGISLADOR DE PRIMAR LA CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE AMPLIO ARRAIGO, QUE REPRESENTEN LOS INTERESES AGRARIOS CON MAYOR GENERALIDAD, EVITANDO AL TIEMPO UNA EXCESIVA ATOMIZACION DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES EN LA AGRICULTURA; Y HA DE TENERSE EN CUENTA ADEMAS (COMO SE SEÑALA MAS ADELANTE, EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 28) QUE LA NORMATIVA ESTATAL NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PREVEAN CONDICIONES DISTINTAS PARA LA PRESENCIA, EN SUS PROPIOS ORGANOS, DE ORGANIZACIONES DE PROFESIONALES AGRICULTORES Y GANADEROS. LA DIFERENCIA DE TRATO APARECE ASI JUSTIFICADA, POR LO QUE, EN ESTE ASPECTO, NO CABE APRECIAR QUE SE DE LA VULNERACION ADUCIDA DEL ART. 14 DE LA C. E. Y TAMPOCO PUEDAPRECIARSE EN RELACION CON EL PRIMER ARGUMENTO RESEÑADO. LA EXCLUSIVIDAD DE LAS CAMARAS PROVINCIALES COMO PUNTO DE REFERENCIA PARA LA DETERMINACION DE LA CONDICION DE MAYOR REPRESENTATIVIDAD ES CONSECUENCIA LOGICA DE QUE, SEGUN LO DISPUESTO EN LA MISMA LEY EN SU ARTICULO 6, SON EL UNICO TIPO DE CAMARA CUYA EXISTENCIA APARECE GARANTIZADA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, CONSTITUYENDO, POR TANTO, UN ELEMENTO HOMOGENEO Y COMUN DENTRO DEL MISMO, FRENTE AL CARACTER EVENTUAL Y DISPONIBLE DE LAS CAMARAS DE OTRO AMBITO DISTINTO DEL PROVINCIAL.

18. FINALMENTE, EN ESTE APARTADO GENERAL DEBE INCLUIRSE LA IMPUGNACION DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA DE LA LEY, POR VULNERACION DEL ART. 33 DE LA CONSTITUCION, AL DISPONER UNA PRIVACION ILEGITIMA DEL PATRIMONIO PRIVATIVO DE DETERMINADAS CAMARAS AGRARIAS, ASI COMO DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA Y DE INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD DEL ART. 9 DE LA C. E. A ESTE RESPECTO HA DE SEÑALARSE QUE EL ESCRITO DE LOS CINCUENTA Y SEIS DIPUTADOS NO ESPECIFICA LAS RAZONES POR LAS QUE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA VULNERA EL DERECHO DE PROPIEDAD RECONOCIDO EN EL ART. 33 DE LA CONSTITUCION; COMO YA SE DIJO MAS ARRIBA (FUNDAMENTO JURIDICO 4. ) EL LEGISLADOR DISPONE DE UN AMBITO DE LIBERTAD PARA DETERMINAR LAS FUNCIONES DE LAS CORPORACIONES PUBLICAS QUE CREE, Y EN EL USO DE ESE AMBITO DE LIBERTAD PUEDE LLEVAR A CABO LAS EXCLUSIONES QUE ESTIME ADECUADAS DEL CAMPO DE ACTIVIDAD DE TALES CORPORACIONES, EN EL PRESENTE CASO, DE <ACTIVIDADES ECONOMICAS>, QUE PASARAN A SER EJERCIDAS (DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA) POR OTRAS ENTIDADES. NO CABE PUES EN ESTE PARTICULAR APRECIAR INCONSTITUCIONALIDAD ALGUNA.

TAMPOCO CABE APRECIARLA, CONSIDERADA EN SI MISMA Y AISLADAMENTE DE LAS DEMAS DISPOSICIONES, EN LA DISPOSICION ADICIONAL TERCERA, QUE SE LIMITA A ESTABLECER VARIAS EXENCIONES, EXCEPCIONES Y OTRAS CARACTERISTICAS RESPECTO DE LAS SUBROGACIONES Y ADSCRIPCIONES PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES PRIMERA Y SEGUNDA, CARACTERISTICAS QUE NO SON IMPUGNADAS EN CUANTO TALES. EN CONSECUENCIA, HA DE CONCLUIRSE QUE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTA DISPOSICION ADICIONAL TERCERA, SE PREDICA POR SU CONEXION CON LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA, QUE SE REFIERE A LA ADSCRIPCION POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE LOS BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA CORRESPONDIENTES A CAMARAS AGRARIAS QUE RESULTEN EXTINGUIDAS EN APLICACION DE LA LEY, Y QUE SE ESTIMA CONTRARIA A LOS ARTS. 33 Y 9 DE LA C. E., Y (SEGUN EL ESCRITO DE LOS 56 DIPUTADOS) A LOS ARTS. 96 Y 10.2 DE LA MISMA, ASI COMO AL ART. 17 DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS DE 1948.

COMO SE DIJO, LA VULNERACION DEL ART. 33 SE HACE DERIVAR DE QUE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS LLEVAN A CABO UNA PRIVACION ILEGITIMA DE LA PROPIEDAD DE LAS CAMARAS QUE RESULTEN EXTINGUIDAS. AHORA BIEN, A LA LUZ DE LA NATURALEZA DE LAS CAMARAS AGRARIAS COMO CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO, NO PROCEDE ADMITIR ESA ARGUMENTACION. COMO ENTIDADES CUYA CREACION Y DISOLUCION SE PRODUCEN COMO CONSECUENCIA DE LA DECISION DEL PODER PUBLICO, TANTO LA DETERMINACION DE SUS FUENTES DE INGRESOS COMO EL REGIMEN DE SU PATRIMONIO, Y EL DESTINO DE ESTE EN LOS SUPUESTOS DE DESAPARICION QUEDAN TAMBIEN SOMETIDOS A ESA DECISION, Y, CONCRETAMENTE, Y DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 52 DE LA CONSTITUCION, A LO QUE PREVEA LA LEY QUE REGULE ESTE TIPO DE ORGANIZACIONES PROFESIONALES. EN EL PRESENTE CASO, Y ANTE LA EVENTUAL DESAPARICION, POR MINISTERIO DE LA LEY, DE UN CONJUNTO DE CAMARAS AGRARIAS DE NIVEL INFERIOR (O SUPERIOR) AL PROVINCIAL, SE HACE PRECISO PRECISAR EL DESTINO DE SU PATRIMONIO, Y ESO ES PRECISAMENTE LO QUE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA EFECTUA. NO HAY PUES PRIVACION DE PROPIEDAD ALGUNA, NI, POR OTRA PARTE, PUEDE ACEPTARSE QUE LOS BIENES DE LAS CAMARAS A EXTINGUIR CONSTITUYAN UNA <PROPIEDAD COLECTIVA>. NI EN EL RECURSO DE LOS 69 DIPUTADOS (COMISIONADO SEÑOR CAMACHO) NI EN EL DE LOS 56 DIPUTADOS (COMISIONADO SEÑOR TRILLO FIGUEROA) SE EXPLICA EN QUE PUEDE CONSISTIR ESTA FIGURA, QUIEN SERIA EL TITULAR COLECTIVO BENEFICIARIO, Y EN QUE NORMA JURIDICA SE BASA TAL CALIFICACION. HA DE RECHAZARSE PUES LA INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL ART. 33 DE LA C. E. Y, EN CONSECUENCIA, LA INCONSTITUCIONALIDAD <CONEXA> POR VULNERAR, CON EL DERECHO DE PROPIEDAD, LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE PROTEGEN ESTE DERECHO.

19. SE AFIRMA TAMBIEN QUE LA IMPRECISION DE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA, QUE NO ESPECIFICA LOS DESTINATARIOS DE LOS BIENES EN CUESTION, NI CUAL VA A SER LA ACTUACION JURIDICA DE LA ADMINISTRACION O QUIEN SERA EL TITULAR FINAL DEL PATRIMONIO DE LAS CAMARAS QUE SE EXTINGAN, VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA Y EL DE INTERDICCION DE ARBITRARIEDAD DEL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION.

EL PROBLEMA ASI PLANTEADO SE REFIERE A LA TECNICA UTILIZADA POR EL LEGISLADOR PARA DECIDIR EL DESTINO FINAL O LA TITULARIDAD DE LOS BIENES DE LAS CORPORACIONES PUBLICAS QUE SE EXTINGUEN, POR ENTENDER QUE SE HA DEJADO A LA ADMINISTRACION PUBLICA UN EXCESIVO MARGEN DE DISCRECION Y DE DISPONIBILIDAD. ES CIERTO, COMO DICE EL ABOGADO DEL ESTADO, QUE EN UNA DISPOSICION LEGAL DE LAS CARACTERISTICAS DE LA QUE AHORA SE EXAMINA NO HUBIERA SIDO POSIBLE PRECISAR EL DESTINO DE TODOS LOS BIENES DE LAS CAMARAS AGRARIAS EVENTUALMENTE EXTINGUIDAS, EN FORMA, NO YA INDIVIDUALIZADA, SINO NI SIQUIERA POR CATEGORIAS GENERALES, NI TAMPOCO DETERMINAR DETALLADAMENTE LOS DESTINATARIOS DE ESOS BIENES. RESULTA NECESARIO POR ELLO CONCEDER UN MARGEN DE APRECIACION A LA ADMINISTRACION COMPETENTE -SIN ENTRAR EN ESTE MOMENTO EN PRECISAR A QUIEN CORRESPONDE ESA COMPETENCIA, SI AL ESTADO O A LA COMUNIDAD AUTONOMAPARA PRECISAR RESPECTO A CADA BIEN CONCRETO EL TITULAR FINAL DE LOS MISMOS. PERO ELLO NO SIGNIFICA QUE LA LEY PUEDA DEJAR A LA ADMINISTRACION UN MARGEN DE ACTUACION QUE PERMITA LA ARBITRARIEDAD POR AUSENCIA DE CRITERIOS PARA EVALUAR LA PERTINENCIA EN DERECHO DE LAS ATRIBUCIONES PATRIMONIALES Y ADSCRIPCIONES DE MEDIOS QUE LLEVE A CABO.

LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DETERMINA QUE SERA LA ADMINISTRACION LA QUE EFECTUARA LA CORRESPONDIENTE ADSCRIPCION Y QUE ESTA HA DE VERIFICARSE PARA <FINES Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL AGRARIO>. LO GENERICO DE LA NORMA CONTRASTA EVIDENTEMENTE CON OTRAS REGULACIONES LEGALES DE SUPUESTOS EN PARTE SIMILARES, COMO LA CESION DE BIENES DEL PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO, QUE FUE REGULADA POR LA LEY 4/1986, DE 8 DE ENERO, Y EN LA QUE ADEMAS SE ASEGURABA LA INTEGRACION DE DICHO PATRIMONIO EN EL PATRIMONIO DEL ESTADO. UNA REFERENCIA TAN GENERICA COMO LA DE <FINES Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL AGRARIO> SOLO PODRIA SER CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE SI PUDIERA CONCRETARSE A TRAVES DE OTROS ELEMENTOS IMPLICITOS O DEDUCIBLES DEL ORDENAMIENTO. EN PRIMER LUGAR HAY QUE TENER EN CUENTA QUE, PESE A SU CARACTER PUBLICO, LAS CAMARAS AGRARIAS TENIAN, COMO CORPORACIONES, UNA CLARA BASE ASOCIATIVA, LO QUE SUPONE QUE LA REFERENCIA A ESE INTERES GENERAL AGRARIO HA DE CONCRETARSE, EN CADA CASO, CON EL INTERES AGRARIO ESPECIFICO QUE SE RELACIONE CON ESE CONCRETO COLECTIVO DE AGRICULTORES. POR OTRO LADO HA DE TENERSE TAMBIEN EN CUENTA, COMO ELEMENTO DE REFERENCIA PARA INTERPRETAR LA NORMA LEGAL, LO QUE EL CODIGO CIVIL, EN SU ART. 39, DISPONE PARA UN CASO DIVERSO, PERO CON ALGUNAS SIMILITUDES, DE APLICACION DE LOS BIENES DE LAS CORPORACIONES EXTINGUIDAS <A LA REALIZACION DE FINES ANALOGOS, EN INTERES DE LA REGION, PROVINCIA O MUNICIPIO QUE PRINCIPALMENTE DEBIERAN RECOGER LOS BENEFICIOS DE LAS INSTITUCIONES EXTINGUIDAS>. ASI INTERPRETADA NO PUEDE CONSIDERARSE INCONSTITUCIONAL LA PREVISION LEGAL, AL EXISTIR CRITERIOS QUE PUEDAN PERMITIR EN SU CASO UN ADECUADO CONTROL, MEDIANTE LOS REMEDIOS JURIDICOS PERTINENTES, DE LAS EVENTUALES ACTUACIONES ARBITRARIAS DE LA ADMINISTRACION. SOLO ESA INTERPRETACION PERMITE LLEVAR A LA CONCLUSION DE QUE LA NORMA IMPUGNADA NO CONTRADICE EL ART. 9 DE LA C. E.

20. EL TERCER Y ULTIMO GRUPO DE PROBLEMAS SUSCITADOS EN LOS DISTINTOS ASUNTOS OBJETO DE ANALISIS LO CONSTITUYEN LAS IMPUGNACIONES REALIZADAS APELANDO, DE UNA U OTRA MANERA, AL REPARTO DE COMPETENCIAS ESTABLECIDO POR EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD ENTRE ESTADO Y COMUNIDADES AUTONOMAS. DENTRO DE ESTE GRUPO CABE, A SU VEZ, DISTINGUIR ENTRE LA IMPUGNACION REALIZADA RESPECTO DE LA LEY ESTATAL 23/1986 Y LA DIRIGIDA CONTRA LA NORMATIVA AUTONOMICA (LEY 18/1985 DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, POR UNA PARTE, Y DECRETO 32/1987 DE LA JUANTA DE GALICIA, POR OTRA).

ANTES DE ENTRAR A ESTUDIAR CADA UNA DE LAS DISTINTAS IMPUGNACIONES CONVIENE REALIZAR UN BREVE PLANTEAMIENTO DE LA FORMA EN QUE EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD FIJA LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS. LA CONSTITUCION NO IDENTIFICA DE MANERA EXPRESA COMO <MATERIA> A LAS CAMARAS AGRARIAS. SIN PERJUICIO DE POSIBLES CONEXIONES MAS O MENOS INDIRECTAS O COYUNTURALES CON OTROS TITULOS, DOS SON LOS QUE APARECEN MAS INTIMAMENTE RELACIONADOS CON LA REGULACION DE LAS CAMARAS;

ASI, EL TITULO <AGRICULTURA Y GANADERIA> DEL ART. 148.1.7 DE LA CONSTITUCION POSEE UNA LIGAZON OBVIA CON LAS CAMARAS DADAS SU ESTRUCTURA Y FINALIDAD; POR OTRO LADO, EL ART. 149.1.18 RESERVA AL ESTADO LA COMPETENCIA PARA FIJAR <LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS>, TITULO QUE, EN CUANTO QUE LAS CAMARAS PARTICIPAN DE ESA NATURALEZA DE ADMINISTRACION PUBLICA, INCIDE SOBRE LA REGULACION DE ESTAS. ELLO QUEDA PUESTO DE MANIFIESTO POR LA PROPIA LEY DE BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS, CUYO PREAMBULO SE REFIERE A LA ASUNCION DE COMPETENCIAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, Y SOBRE CAMARAS AGRARIAS DE FORMA EXPRESA, CONTANDO CON EL LIMITE DE LA COMPETENCIA ESTATAL PARA FIJAR LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. POR SU PARTE, ALGUNOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA SE REFIEREN TAMBIEN A LAS CAMARAS AGRARIAS DENTRO DE LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS, MIENTRAS QUE OTROS GUARDAN SILENCIO AL RESPECTO.

A PARTIR DE LO EXPUESTO PUEDE YA ABORDARSE LA RESPUESTA A LAS MUCHAS CUESTIONES SUSCITADAS.

21. EN PRIMER LUGAR, Y COMO CONSECUENCIA OBVIA DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES, DEBE RECHAZARSE EL REPROCHE GENERAL REALIZADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO EN LA IMPUGNACION DE LA LEY 18/1985 DEL PARLAMENTO CATALAN. SE BASA LA IMPUGNACION GENERAL DE DICHA NORMA (RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 961/1985) EN QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA NO POSEE COMPETENCIA PARA REGULAR LAS CAMARAS AGRARIAS POR NO HABERLA ASUMIDO EN SU ESTATUTO DE AUTONOMIA. CIERTAMENTE, EL ESTATUTO CATALAN NO SE REFIERE EN NINGUN MOMENTO A LAS CAMARAS AGRARIAS; AHORA BIEN, ESE SILENCIO NO PUEDE INTERPRETARSE DE MANERA AUTOMATICA COMO EQUIVALENTE A LA FALTA DE COMPETENCIA EN LA MATERIA. ESTE TRIBUNAL HA SEÑALADO REITERADAMENTE QUE LA DETERMINACION DE LO QUE ES UNA MATERIA ES UNA TAREA SUMAMENTE COMPLICADA EN OCASIONES Y SUJETA A ANALISIS CASO POR CASO (STC NUM. 125/1984, POR EJEMPLO), SI BIEN EL MISMO TRIBUNAL HA EFECTUADO ALGUNA PRECISION AL RESPECTO, SEÑALANDO, POR EJEMPLO, QUE EN UNA MATERIA SE INCLUYEN EL <CONJUNTO DE ACTIVIDADES, FUNCIONES E INSTITUTOS JURIDICOS RELATIVOS A UN SECTOR DE LA VIDA SOCIAL< (STC 123/1984).

PARTIENDO DE ESTA IDEA, Y TAL Y COMO SE HA SEÑALADO, LA CONEXION ENTRE CAMARAS AGRARIAS Y EL TITULO COMPETENCIAL <AGRICULTURA>, ESTE SI ASUMIDO POR CATALUÑA (ART. 12.1.4 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA), RESULTA OBVIO YA QUE LAS CAMARAS, EN CUANTO ADMINISTRACIONES, NO SON SINO UN INSTRUMENTO QUE EL PODER PUBLICO DISEÑA PARA EL DESARROLLO DE DETERMINADAS FUNCIONES EN SI MISMAS CARENTES DE SENTIDO SI NO SE LAS CONECTA CON UN SECTOR DE ACTIVIDAD. EL ESTATUTO DE AUTONOMIA PODIA HABER CITADO EXPRESAMENTE A LAS CAMARAS AGRARIAS, COMO HACE RESPECTO DE OTRAS CORPORACIONES O COMO HAN HECHO OTROS ESTATUTOS; SIN EMBARGO, DE SU SILENCIO NO PUEDE INFERIRSE AUTOMATICAMENTE UNA RENUNCIA A ASUMIR COMPETENCIAS SOBRE UNO DE LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE UNA MATERIA ASUMIDA EN EXCLUSIVA POR CATALUÑA COMO ES LA AGRICULTURA. UNA INTERPRETACION RAZONABLE DE ESTE TITULO DENTRO DEL CONTEXTO DEL ESTATUTO CONDUCE, PUES, A ENTENDER QUE CATALUÑA OSTENTA COMPETENCIAS EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 12.1.4 DEL E.A.C. Y, CONSECUENTEMENTE, Y AL CONFIGURARSE LAS CAMARAS COMO ENTIDADES DE CONSULTA Y COLABORACION CON LA ADMINISTRACION AUTONOMICA EN MATERIA DE AGRICULTURA, RESULTA IGUALMENTE APLICABLE EL TITULO COMPETENCIAL DERIVADO DEL ART.

10.1.1 DEL E.A.C., ESTO ES, EL REGIMEN JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA GENERALIDAD Y LOS ENTES PUBLICOS DEPENDIENTES DE ELLA, EN EL MARCO DE LA LEGISLACION BASICA DEL ESTADO, Y EN LOS TERMINOS QUE ESTA ESTABLEZCA. NO CABE, SIN EMBARGO, ACEPTAR COMO TITULO COMPETENCIAL HABILITANTE AL RESPECTO EL INVOCADO POR CATALUÑA DE LA ORGANIZACION DE INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO DEL ART. 148.1.1 DE LA CONSTITUCION Y DEL ART. 9.1 DE SU ESTATUTO DE AUTONOMIA, PUES, SEGUN REITERADA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL, TAL TITULO SE EXTIENDE EXCLUSIVAMENTE A LA ORGANIZACION POLITICA FUNDAMENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, SIN AFECTAR A LA SIMPLE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA (STC 76/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 38), NI, EN CONCRETO, A LAS <ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS>. EN CONSECUENCIA, EL AMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS VENDRIA DEFINIDO, POR UN LADO, POR LA ASUNCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE AGRICULTURA (ART.

12.1.4 DEL E.A.C.) Y DE REGULACION DE LA PROPIA ADMINISTRACION Y ENTES DEPENDIENTES (ART. 10.1.1) Y, POR OTRO, Y NEGATIVAMENTE, POR LOS LIMITES QUE EL ESTADO ESTABLEZCA EN VIRTUD DEL ART. 149.1.18 DE LA CONSTITUCION, EN CUANTO QUE LAS CAMARAS SE CONFIGURAN, COMO YA SE DIJO, COMO ENTIDADES CORPORATIVAS QUE PARTICIPAN DE LA NATURALEZA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

22. DESPEJADA ESA PRIMERA CUESTION GENERAL, DEBE ENTRARSE EN LA DELIMITACION DE LAS COMPETENCIAS QUE EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS POSEEN ESTADO Y COMUNIDADES AUTONOMAS. PARA ELLO HAY QUE COMENZAR SEÑALANDO QUE EL RECURSO PLANTEADO CONTRA LA LEY ESTATAL POR LOS 56 DIPUTADOS, REGISTRADO CON EL NUM. 425/1987, CONFUNDE LA UNIFORMIDAD, INTRINSECAMENTE UNIDA AL CONCEPTO DE BASES, CON LA ARMONIZACION. EN EFECTO, PRETENTE EL COMISIONADO QUE LA LEY ESTATAL DEBERIA DE SER DE ARMONIZACION, YA QUE SOLO ASI PODRIA COMPAGINARSE CON LAS LEYES GALLEGA Y CATALANA. NO OBSTANTE, SE OLVIDA AL HACER ESTE REPROCHE DE QUE LA NATURALEZA DE AMBAS INSTITUCIONES, BASES Y ARMONIZACION SON MANIFIESTAMENTE DISTINTAS. ESTA ULTIMA PUEDE INCIDIR, SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART. 150.3 DE LA CONSTITUCION, SOBRE COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y SE TRATA DE UNA INTERVENCION NORMATIVA EXCEPCIONAL, SEGUN LO ESTABLECIDO POR ESTE TRIBUNAL EN SU STC 76/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 3. POR EL CONTRARIO, LA LEY DE CAMARAS SE JUSTIFICA EN EL EJERCICIO ORDINARIO DE UNA COMPETENCIA ESTATAL: LA DETERMINACION DE LAS BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, SIENDO ESTO ASI, Y CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HAYA SOBREPASADO O NO EL AMBITO BASICO CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AL ESTADO, O DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAYAN SOBREPASADO O NO SUS COMPETENCIAS DE DESARROLLO, NADA HAY QUE OBLIGUE A PENSAR QUE SE ESTA ANTE EL EJERCICIO DE UNA <ARMONIZACION> NORMATIVA, SINO SOLAMENTE ANTE LA DETERMINACION DEL NUCLEO BASICO UNIFORME QUE EL ART. 149.1.18 DE LA NORMA FUNDAMENTAL PROYECTA SOBRE LAS CAMARAS AGRARIAS.

23. EL TITULO COMPETENCIAL EN EL QUE FUNDAMENTA EL ESTADO SU INTERVENCION LEGISLATIVA ES EL DE <BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS>. NINGUNO DE LOS RECURSOS PLANTEADOS CONTRA LA LEY ESTATAL CUESTIONA QUE ESTE SEA EL TITULO QUE POSIBILITA LA ACTIVIDAD NORMATIVA DEL ESTADO, SINO QUE IMPUGNAN EL USO CONCRETO REALIZADO DE LA COMPETENCIA RECONOCIDA EN EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL.

DICHO ESO, HAY QUE COMENZAR RECHAZANDO LAS AFIRMACIONES GENERALES EN VIRTUD DE LAS CUALES EL ESTADO HA DICTADO BASES <EXCESIVAMENTE AMPLIAS> PARA CONCLUIR, SIN MAS RAZONAMIENTO, QUE LA LEY ESTATAL ES INCONSTITUCIONAL. EL JUICIO SOBRE EL ALCANCE DE LAS BASES TIENE UNA NATURALEZA EMINENTEMENTE JURIDICA, LO QUE IMPIDE DESCALIFICACIONES GLOBALES IMPRECISAS, EXIGIENDO, POR EL CONTRARIO, LA FUNDAMENTACION CONCRETA DE POR QUE EN CADA CASO DEBE ENTENDERSE VULNERADO EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD.

HECHA ESTA ADVERTENCIA, LA PRIMERA CUESTION ESPECIFICA QUE SE HA PLANTEADO POR VARIOS DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTOS CONTRA LA LEY 23/1986 ES LA DE SI ES POSIBLE DICTAR BASES EN MATERIA DE CAMARAS AGRARIAS CUANDO YA LA LEY DEL PROCESO AUTONOMICO, TAL Y COMO FUE INTERPRETADA EN LA STC 76/1983, DE ESTE TRIBUNAL, HA FIJADO LAS BASES SOBRE LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO REPRESENTATIVAS DE INTERESES ECONOMICOS. DESDE ESTA PERSPECTIVA SE ENTIENDE QUE LA LEY ESTATAL IMPUGNADA NO SUPONE A SU VEZ SINO EL DESARROLLO DE LAS BASES YA ESTABLECIDAS EN EL CITADO PRECEPTO DE LA LEY DEL PROCESO AUTONOMICO, SIN QUE QUEPA ESTE POR PARTE DEL ESTADO, NI CON CARACTER GENERAL NI SECTORIAL, Y CHOCANDO CON LA PROPIA ESTABILIDAD A QUE DEBE TENDER LA NORMATIVA BASICA.

ASI RESUMIDA LA CUESTION, HAY QUE SEÑALAR QUE TIENEN RAZON LOS RECURRENTES QUE INDICAN LA CONVENIENCIA DE QUE LA NORMATIVA BASICA QUE DICTE EL ESTADO EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS POSEA UNA CIERTA ESTABILIDAD; ELLO ES ASI POR LA PURA LOGICA DE LA FUNCION NORMATIVA SOBRE BASES PERO NO PASA DE SER UNA CONVENIENCIA FACTICA Y, SI SE QUIERE, DE TECNICA LEGISLATIVA, PERO DE ELLO NO SE DERIVA OBLIGACION JURIDICA ALGUNA DE INALTERABILIDAD DE TRATAMIENTO. ADEMAS, EN EL PRESENTE CASO, NO CABE APRECIAR QUE SE HAYA PRODUCIDO UNA SITUACION DE INESTABILIDAD DE LAS BASES ESTATALES, POR CUANTO, PRECISAMENTE, LA LEY DE QUE SE TRATA VIENE A ESTABLECER, POR PRIMERA VEZ, UNA NORMATIVA BASICA ESPECIFICA PARA LAS CAMARAS AGRARIAS.

DICHO ESTO NO PUEDE ACEPTARSE LA TESIS SEGUN LA CUAL SE ESTA EN PRESENCIA DE UNA LEY DE DESARROLLO DE UNAS BASES YA FIJADAS POR EL ART.

15 DE LA LEY DEL PROCESO AUTONOMICO. EL LEGISLADOR ESTATAL, EN EL EJERCICIO DE SU COMPETENCIA, FIJO EN SU DIA UNAS NORMAS SOBRE CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO, REPRESENTATIVAS DE INTERESES ECONOMICOS, IDENTIFICADAS POR ESTE TRIBUNAL COMO BASICAS EN LA YA CITADA STC 76/1983; ELLO NO PUEDE EXCLUIR, POR SI MISMO, QUE EN UN DETERMINADO MOMENTO SE MODIFIQUEN O COMPLETEN ESAS BASES PARA TODAS O ALGUNAS DE DICHAS CORPORACIONES, SIEMPRE QUE EFECTIVAMENTE SE PERMANEZCA DENTRO DE LA FIJACION DE LOS ELEMENTOS COMUNES TENDENTES A GARANTIZAR LA UNIFORMIDAD IMPUESTA POR LA CONSTITUCION EN DETERMINADAS MATERIAS.

POR OTRO LADO, NADA HAY EN LA CONSTITUCION QUE OBLIGUE A QUE LAS BASES SOBRE CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO DEBAN SER COMUNES A TODAS ELLAS, SIN QUE ESA EXIGENCIA PUEDA EXTRAERSE, COMO HACE EL REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD, DE LA REGULACION DE LOS ARTS. 52 Y 131.2 DE LA CONSTITUCION. LOS ELEMENTOS COMUNES QUE TIENEN LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO PODRIAN CONDUCIR A QUE LA REGULACION BASICA POSEA UNA PARTE TAMBIEN COMUN A TODAS ELLAS (COMO FUE EL CASO DEL ART. 15 DE LA LEY DEL PROCESO AUTONOMICO), PERO LAS PROPIAS PARTICULARIDADES DE LAS DISTINTAS CORPORACIONES PUEDEN ACONSEJAR EL ESTABLECIMIENTO DE BASES ESPECIFICAS, SIN QUE ELLO ATENTE POR SI SOLO CONTRA EL CONCEPTO MISMO DE BASES.

EN CONCLUSION, PUES, NO PUEDE CALIFICARSE DE INCONSTITUCIONAL EL HECHO DE QUE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO HAYA DECIDIDO DICTAR NUEVAS BASES SOBRE UN TIPO ESPECIFICO DE CORPORACIONES, LAS CAMARAS AGRARIAS, SIN QUE LA NORMA FUNDAMENTAL EXIJA EN MODO ALGUNO UNA ESPECIAL RIGIDEZ DE LA REGULACION DE LAS BASES, NI QUE LA REGULACION ESTATAL BASICA HAYA DE SER NECESARIAMENTE UNIFORME PARA UNA CATEGORIA GENERICA DE ENTIDADES ADMINISTRATIVAS (ASI, LAS CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO) INDEPENDIENTEMENTE DE LAS DIFERENCIAS ENTRE ELLAS EXISTENTES. POR LO DEMAS, LA RELACION ENTRE LA LEY DEL PROCESO AUTONOMICO Y LA LEY DE BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS SE REGULA POR LOS CRITERIOS GENERALES QUE EL ORDENAMIENTO IMPONE PARA ARTICULAR DOS TEXTOS NORMATIVOS DEL MISMO RANGO.

24. PROCEDE AHORA ENTRAR EN LAS IMPUGNACIONES ESPECIFICAS DE PRECEPTOS QUE SE ENTIENDE QUE HAN IDO MAS ALLA DE LAS COMPETENCIAS QUE SOBRE BASES POSEE EL ESTADO. EL PRIMERO DE ELLOS ES, LOGICAMENTE, EL ART. 1, QUE ATRIBUYE EL CARACTER DE BASES A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY; Y SU ADECUACION O INADECUACION AL REPARTO CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO DE COMPETENCIAS DEPENDERA DE LA RESPUESTA QUE SE DE A CADA UNA DE LAS CUESTIONES CONCRETAS QUE SE PLANTEAN EN RELACION CON TALES DISPOSICIONES.

SE SUSCITA ASI LA CUESTION RELATIVA AL CARACTER BASICO DEL ART. 6 QUE ESTABLECE COMO OBLIGATORIA LA EXISTENCIA EN CADA PROVINCIA DE UNA CAMARA AGRARIA CON ESE AMBITO TERRITORIAL: EXIGENCIA QUE SE CONFIGURA COMO UN MINIMO, POR CUANTO EL ART. 7 DE LA MISMA LEY RECONOCE LA POSIBILIDAD DE QUE HAYA CAMARAS AGRARIAS DE DISTINTO AMBITO. SE OPONEN AL CARACTER BASICO DEL PRECEPTO DISTINTOS ARGUMENTOS: SE DICE ASI QUE LA UNIFORMIDAD TERRITORIAL NO ES ELEMENTO NECESARIO PARA MEDIR LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE AGRICULTORES A QUE SE REFIERE EL ART. 11 DE LA LEY; SE SEÑALA TAMBIEN QUE LAS RELACIONES DE LAS CAMARAS CON LOS PODERES PUBLICOS SE REALIZARAN A TRAVES DE LOS ORGANOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SIN QUE HAYA UNA RELACION DIRECTA DE LAS CAMARAS CON LOS ORGANOS GENERALES DEL ESTADO, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE ESTE REGULE LA DEMARCACION DE SU AMBITO TERRITORIAL.

NO OBSTANTE, LA JUSTIFICACION Y RAZONABILIDAD DE LA NATURALEZA BASICA DE LA PREVISION QUE SE ANALIZA NO RESULTA DUDOSA. TIENE RAZON EL REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA AL INDICAR QUE UNA HIPOTETICA HOMOGENEIDAD EN LA MEDICION DE LA REPRESENTATIVIDAD PUEDE SATISFACERSE SIN NECESIDAD DE UNA CAMARA AGRARIA PROVINCIAL, SIMPLEMENTE MEDIANTE LA RELACION ENTRE LOS VOTOS EMITIDOS EN FAVOR DE UNA U OTRA ORGANIZACION PROFESIONAL AGRARIA (EN ELECCIONES A UNA O VARIAS CAMARAS) Y EL TOTAL CENSADO. PERO NO ES ESTA LA UNICA FINALIDAD DE LAS CAMARAS: LA LEY LES ATRIBUYE OTRAS QUE JUSTIFICAN QUE EL LEGISLADOR ESTIME ELEMENTO ESENCIAL DEL SISTEMA EL AMBITO DE ACTUACION DE LAS CAMARAS SEA, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DE CARACTER PROVINCIAL (SIN PERJUICIO DE QUE ADEMAS, PUEDA HABER OTRAS CAMARAS CON OTROS AMBITOS). ASI, LA FUNCION DE ASESORAMIENTO (ART. 4, A)), EN LA QUE RESULTA ELEMENTO SIN DUDA RELEVANTE EL AMBITO EN QUE LOS MIEMBROS DE LAS CAMARAS PUEDEN RECOGER DATOS Y OPINIONES Y REPRESENTAR INTERESES; O LAS FUNCIONES QUE LA ADMINISTRACION PUEDA DELEGAR (ART. 4, C)), EN LAS QUE RESULTA TAMBIEN RELEVANTE EL AMBITO TERRITORIAL EN QUE SE EJERZAN.

POR OTRO LADO, EL QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAYAN ASUMIDO, EN SU TOTALIDAD, COMPETENCIAS EN MATERIA DE AGRICULTURA NO IMPOSIBILITA QUE PUEDAN EXISTIR RELACIONES ENTRE LAS CAMARAS AGRARIAS Y LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO; LA MATERIA <AGRICULTURA> NO ESTA NI PUEDE ESTAR IMPERMEABILIZADA Y AISLADA RADICALMENTE DE OTRAS MATERIAS COMPETENCIALES RESERVADAS AL ESTADO.

ELLO JUSTIFICA TAMBIEN LA OPCION LEGAL DE FIJAR EL MARCO PROVINCIAL COMO AQUEL EN EL QUE ESA CONEXION ENTRE EL ESTADO Y LAS CAMARAS SE DESENVUELVA CUANDO ASI CORRESPONDA. LA CONCLUSION, PUES, ES QUE LA OBLIGACION LEGAL DE QUE EXISTAN CAMARAS PROVINCIALES POSEE NATURALEZA BASICA POR FORMAR PARTE DEL NUCLEO MINIMO UNIFORME DE REGULACION DE ESTAS CORPORACIONES EN CUANTO PARTICIPAN DE LA NATURALEZA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS, LO CUAL NO SIGNIFICA CERCENAR COMPETENCIAS AUTONOMICAS, COMO RECONOCE EL ART. 7 DE LA LEY IMPUGNADA, NI QUE LA OPCION FUERA LA UNICA POSIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL.

25.

EL ART. 7 DE LA LEY ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS REGULEN LA CREACION, FUNCION Y EXTINCION DE CAMARAS AGRARIAS DE AMBITO TERRITORIAL DISTINTO AL PROVINCIAL CON CARGO A SUS RECURSOS PROPIOS <CON RESPECTO EN TODO CASO A LO ESTABLECIDO EN ESTA LEY Y AL AMBITO COMPETENCIAL DE LAS ENTIDADES LOCALES>.

EN CUANTO A ESTE ULTIMO RECORDATORIO, EL PRECEPTO EN SI MISMO NO PUEDE REPUTARSE CONTRARIO AL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS. SIN EMBARGO, EN EL RECURSO PLANTEADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA SE SUSCITA UN PROBLEMA COMPETENCIAL DERIVADO DE UNA POSIBLE LECTURA DEL INCISO REFERIDO AL ORIGEN DE LA FINANCIACION DE LAS CAMARAS QUE CREEN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. DICE EL REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO CATALAN QUE EL PRECEPTO PRETENDE CREAR DOS TIPOS DE CAMARAS: LAS PROVINCIALES, DIRECTAMENTE FINANCIADAS POR EL ESTADO, Y LAS DEMAS, FINANCIADAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS; ESTA DUPLICIDAD RESULTA, A SU JUICIO, CONTRARIA A LA CONSTITUCION YA QUE, AUNQUE SE PUEDAN FIJAR BASES SOBRE CAMARAS POR PARTE DEL ESTADO, LA ASIGNACION DE MEDIOS HA DE CORRESPONDER NECESARIAMENTE Y EN TODO CASO A LA COMUNIDAD AUTONOMA, YA QUE DE OTRA FORMA LA FALTA DE AUTONOMIA FINANCIERA VACIARIA DE CONTENIDO LA COMPETENCIA SOBRE LA MATERIA. PERO ESTE RAZONAMIENTO ES PRODUCTO DE UNA FORZADA LECTURA DEL PRECEPTO, REALIZADA AD CAUTELAM . EL ART.

7 NO REGULA LA FINANCIACION DE LAS CAMARAS AGRARIAS, NI LA ATRIBUCION DE RECURSO A LAS MISMAS, MATERIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ART. 12 DE LA LEY, QUE SE REFIERE GENERICAMENTE, Y POR LO QUE AHORA IMPORTA, A LAS SUBVENCIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. LO UNICO QUE EL PRECEPTO IMPUGNADO QUIERE DECIR ES LO QUE EXPRESAMENTE DICE: QUE LAS CAMARAS DE AMBITO DISTINTO AL PROVINCIAL DEBEN FINANCIARSE CON RECURSOS PROPIOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SIN QUE SE PREJUZGUE LA FORMA DE FINANCIACION Y GESTION DE LOS RECURSOS DE LAS CAMARAS PROVINCIALES, QUE DEBE RESPONDER A LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE SOBRE FINANCIACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS, EN SU CASO, REGULAN LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

26. DEL APARTADO 1 DEL ART. 8 DE LA LEY ESTATAL SE IMPUGNA LA DETERMINACION DEL NUMERO MAXIMO DE MIEMBROS DE LAS CAMARAS, QUE SE FIJA EN 25. INDEPENDIENTEMENTE DEL ACIERTO A LA HORA DE ESTABLECER PRECISAMENTE ESE NUMERO, LO QUE EN TODO CASO VIENE JUSTIFICADO SEGUN EL ABOGADO DEL ESTADO POR PERMITIR, POR UNA PARTE, LA REPRESENTACION DE DISTINTOS SECTORES SIN QUE, POR OTRA, SE DIFICULTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMARA AL NO SER UN NUMERO EXCESIVAMENTE AMPLIO, EL PROBLEMA FUNDAMENTAL ES DETERMINAR EL CARACTER BASICO O NO DE LA NORMA MISMA, HACIENDO ABSTRACCION DE SU CONTENIDO. YA SE SEÑALO POR ESTE TRIBUNAL QUE DENTRO DE LA COMPETENCIA RESERVADA AL ESTADO POR EL ART.

149.1.18 DEBE INCLUIRSE <LA REGULACION BASICA DE LA ORGANIZACION DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS> (STC 76/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 38). EN LA MEDIDA EN QUE LAS CAMARAS COMO CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO, PARTICIPAN DE LA NATURALEZA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS SE VEN TAMBIEN AFECTADAS POR ESTA COMPETENCIA. SENTADO LO ANTERIOR, LA DECISION DE FIJAR UN NUMERO MAXIMO DE MIEMBROS QUE COMPONGAN CADA CAMARA ES UNA MEDIDA CONECTADA CON EL PROPIO DISEÑO ADMINISTRATIVO BASICO DE DICHA CORPORACION, AFECTANDO AL NUCLEO FUNDAMENTAL DE SU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE FUNCIONAMIENTO, POR LO QUE HAY QUE CONCLUIR QUE DICHA MEDIDA ENTRA EN EL CAMPO DE LAS COMPETENCIAS BASICAS RESERVADAS AL ESTADO POR EL ART. 149.1.18 DE LA NORMA FUNDAMENTAL.

ESTA MISMA ARGUMENTACION DEBE SER APLICADA A LAS PREVISIONES DE LOS ARTS. 9 Y 10 DE LA LEY IMPUGNADOS POR EL GOBIERNO VASCO. LA DETERMINACION DE LAS CONDICIONES DE EJERCICIO DEL SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO EN LAS ELECCIONES QUE HAN DE CONFIGURAR LAS CAMARAS REPRESENTA UNA PARTE DEL ELEMENTO COMUN UNIFORME, TANTO POR SU IMPORTANCIA COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DE LA PROPIA ORGANIZACION DE LAS CAMARAS EN CUANTO ADMINISTRACIONES PUBLICAS, COMO EXIGENCIA DE GARANTIA DE IGUALDAD DE DISFRUTE Y EJERCICIO DE DERECHOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL (ART. 149.1.1 DE LA CONSTITUCION).

27. SE CUESTIONA TAMBIEN EL APARTADO 2 DEL ART. 8, SI BIEN EN RELACION CON ESTE PRECEPTO LA IMPUGNACION ES DOBLE: POR UNA PARTE SE ENTIENDE QUE SU CONTENIDO SUPERA EL CAMPO DE LO BASICO Y, POR OTRA, SE CONSIDERA CONTRARIA A LA CONSTITUCION LA HABILITACION REGLAMENTARIA QUE PARA LA REGULACION DE DETERMINADOS ASPECTOS DE LAS ELECCIONES A CAMARAS SE HACE AL GOBIERNO. COMENZANDO POR EL PRIMER REPROCHE DE INCONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE DUDARSE QUE EL LEGISLADOR ESTATAL PUEDE CONSIDERAR BASICO, DENTRO DE LAS PREVISIONES DEL ART. 149.1.18 DE LA C.E., EL REGIMEN ELECTORAL PARA LA INTEGRACION DE LAS CAMARAS AGRARIAS, AL PARTICIPAR ESTAS, COMO SE HA REPETIDO, EN LA NATURALEZA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. AHORA BIEN, Y EVIDENTEMENTE, LA REGULACION DE ESTE REGIMEN PUEDE EFECTUARSE CON DIVERSA INTENSIDAD: Y, HABIENDO ASUMIDO UNA COMUNIDAD AUTONOMA LAS CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS EN LA MATERIA, LA FIJACION DE LAS BASES ESTATALES HABRA DE LIMITARSE A LOS ASPECTOS QUE EFECTIVAMENTE GARANTICEN EL MINIMO COMUN UNIFORME DEL SISTEMA, SIN PRIVAR A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE SU AMBITO DE LIBRE OPCION POLITICA EN QUE CONSISTE SU AUTONOMIA.

EN EL PRESENTE CASO SE RESERVA AL ESTADO LA COMPETENCIA SOBRE UN AMPLIO CONJUNTO DE ASPECTOS DEL SISTEMA ELECTORAL, QUE CUBREN PRACTICAMENTE LA INTEGRIDAD DEL MISMO, Y ESA RESERVA SE EFECTUA GLOBALMENTE, SIN DEJAR RESQUICIO ALGUNO A UNA POSIBLE INTERVENCION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIAS EN LA MATERIA. ESTA RESERVA GLOBAL SE LLEVA A CABO MEDIANTE UNA HABILITACION GENERAL AL GOBIERNO, DE MANERA QUE LA DETERMINACION DE LA NORMATIVA ELECTORAL UNIFORME EN TODO TERRITORIO DEL ESTADO PARA LAS ELECCIONES A CAMARAS AGRARIAS SE REALIZARA, SEGUN LA LEY, MEDIANTE NORMAS REGLAMENTARIAS REGULADORAS DE LA INTEGRIDAD DEL PROCEDIMIENTO. ELLO EXIGE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE ESTA FORMULA, ESTO ES, LA ADECUACION DE UNA REMISION REGLAMENTARIA PARA LA FIJACION, EN SU TOTALIDAD, DE LA NORMATIVA ELECTORAL CONSIDERADA COMO ELEMENTO BASICO.

ES CONOCIDA LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL EN RELACION CON EL CARACTER FORMAL O NO DEL CONCEPTO DE BASES QUE LA CONSTITUCION UTILIZA A LA HORA DE ESPECIFICAR LAS COMPETENCIAS RESERVADAS AL ESTADO. EN LA DEFINICION DE LO BASICO HA DE GARANTIZARSE LA SUFICIENTE CERTIDUMBRE JURIDICA, PERMITIENDO ASI A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS <CONOCER CON LA MAYOR EXACTITUD POSIBLE CUAL ES EL MARCO NORMATIVO AL QUE DEBEN SUJETARSE EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS DE DESARROLLO DE LA LEGISLACION ESTATAL BASICA> (STC 13/1989), SIN PERJUICIO DE LAS EXCEPCIONALES INTERVENCIONES DEL GOBIERNO DE LA NACION PARA REGULAR COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL FIN PERSEGUIDO POR LAS BASES EN LOS SUPUESTOS EN QUE LA REGULACION MEDIANTE LEY SUPUSIERA UNA RIGIDEZ IRRAZONABLE, QUE IMPIDIERA LA NECESARIA ADECUACION DE LA NORMATIVA A CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES; DEBIENDO, TAMBIEN EN ESOS CASOS, CALIFICAR CLARAMENTE LA NATURALEZA BASICA DE LA NORMA O MEDIDA ADOPTADA. LA CLARIDAD NORMATIVA, LA PROPIA ESTABILIDAD DE UNA MATERIA Y EL EQUILIBRIO DEL SISTEMA DE FUENTES SON, PUES, ELEMENTOS DETERMINANTES DE LA FORMA QUE LAS BASES HAN DE ADOPTAR.

A PARTIR, PUES, DE ESTA DOCTRINA, DEBE ANALIZARSE LA HABILITACION DEL ART. 8. DE LA LEY QUE, POR SU GENERALIDAD, CONSTITUYE MAS BIEN UNA DESLEGALIZACION. DE TODAS LAS MATERIAS QUE SE REMITEN A LA NORMATIVA GUBERNAMENTAL, Y SIN PERJUICIO DE HIPOTETICAS ACTUACIONES PUNTUALES QUE POR RAZONES COYUNTURALES PUEDAN PRODUCIRSE Y QUE EN CADA MOMENTO DEBE DE JUZGARSE SI SE CONSIDERAN INVASORAS DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS, SOLAMENTE UNA PUEDE JUSTIFICAR ESA REMISION A LA REGULACION POR PARTE DEL GOBIERNO: LA DETERMINACION DE LA FECHA DE CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES A CAMARAS AGRARIAS. LA PROPIA PERIODICIDAD DE LAS ELECCIONES, UNIDO AL CARACTER DE EJECUCION QUE EN SI MISMO POSEE LA CONVOCATORIA DE UNAS ELECCIONES JUSTIFICAN QUE DICHA MEDIDA SE ADOPTE POR EL GOBIERNO, SIN QUE PARA ELLO SEA NECESARIA LA INTERVENCION DEL LEGISLADOR EN CADA CASO. POR OTRA PARTE, LA NECESARIA COORDINACION DE TODO EL PROCESO ELECTORAL PARA ELECCION DE LAS CAMARAS JUSTIFICA MATERIALMENTE EL CARACTER SIMULTANEO Y, EN CONSECUENCIA, BASICO DE LA CONVOCATORIA.

EL RESTO DEL PRECEPTO, SIN EMBARGO, INCLUYE UN CONJUNTO DE MATERIAS QUE, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DEBEN O NO CONSIDERARSE BASICAS O DE HASTA QUE PUNTO DEBAN DE CONSIDERARSE BASICAS, POSEEN UNA NATURALEZA QUE NO SOLO PERMITE, SINO QUE ACONSEJA, SU REGULACION DE MANERA ESTABLE: PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACION, COORDINACION, VIGILANCIA Y ELABORACION DE CENSOS, CAUSAS DE INELEGIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD, REGIMEN JURIDICO DE LAS JUNTAS ELECTORALES, SISTEMA DE VOTACION Y ESCRUTINIO, PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y RECURSOS ELECTORALES, Y DURACION DEL MANDATO. ESE CARACTER ESTABLE EXCLUYE UNA INTERVENCION NORMATIVA DE CARACTER GENERAL DEL GOBIERNO, DEBIENDO SER EL LEGISLADOR QUIEN REGULE LO QUE PUEDA HABER DE BASICO EN ESAS MATERIAS, SIN PERJUICIO, HAY QUE INSISTIR EN ELLO, DE QUE SITUACIONES COYUNTURALES O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA PUEDA JUSTIFICAR EN CASOS CONCRETOS UNA ACTUACION DEL EJECUTIVO CON CARACTER BASICO. NO APARECE, PUES, JUSTIFICADA, EN MATERIAS QUE NO EXIGEN LA REGULACION REGLAMENTARIA POR SU VARIABILIDAD Y NECESIDAD DE FRECUENTE REVISION LA REMISION REGLAMENTARIA PARA LA FIJACION DE NORMAS BASICAS. EN CONSECUENCIA, TALES NORMAS BASICAS (SI SE CONSIDERAN NECESARIAS) HABRAN DE SER DETERMINADAS POR EL LEGISLADOR, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 149.1.18 C.E.

28. LAS SIGUIENTES IMPUGNACIONES QUE HAY QUE ESTUDIAR SON LAS DEL ART. 11 DE LA LEY, REFERENTE A LA CONSIDERACION DE <MAS REPRESENTATIVAS> DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS. COMO EL PROPIO ABOGADO DEL ESTADO RECONOCE, ESTE PRECEPTO SE JUSTIFICA, MAS QUE EN LA RELACION CON LA REGULACION DE LAS BASES DE LAS CAMARAS AGRARIAS, EN EL HECHO DE HABERSE ADOPTADO COMO CRITERIO DE MEDICION DE LA REPRESENTATIVIDAD LOS RESULTADOS ELECTORALES QUE EN ESTAS SE PRODUZCAN. EL TITULO COMPETENCIAL EN QUE SE FUNDA ESTA REGULACION ES, ENTRE OTROS, EL CONTENIDO EN EL ART. 149.1.18, EN TANTO EN CUANTO, COMO SEÑALA EL APARTADO 2 DEL CITADO ART. 11, LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS MAS REPRESENTATIVAS OSTENTAN REPRESENTACION INSTITUCIONAL ANTE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS U OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE CARACTER PUBLICO.

ASI SITUADA LA CUESTION, LOS DOS PRIMEROS APARTADOS DEL ART. 11, QUE SE CIRCUNSCRIBEN A REGULAR LA MAYOR REPRESENTATIVIDAD EN EL AMBITO ESTATAL, SON PERFECTAMENTE CONSTITUCIONALES, SIN QUE PUEDA A ELLO OPONERSE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. COMO YA SE HA VISTO, Y EL ART.

148.1.7 DE LA CONSTITUCION Y CORRESPONDIENTES DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA ESTABLECEN, LA ASUNCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SE REALIZA DE <ACUERDO CON LA ORDENACION GENERAL DE LA ECONOMIA>. ELLO HACE QUE LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS SE EXTIENDA MAS ALLA DEL MARCO ESTRICTO DE CADA COMUNIDAD AUTONOMA, PROYECTANDO SU PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN EL AMBITO ESTATAL EN TANTO EN CUANTO SE ENTRE EN ESE MARGEN GENERAL ECONOMICO DE COMPETENCIA ESTATAL, O INCLUSO, EN ACTIVIDADES ENMARCABLES EN OTROS TITULOS COMPETENCIALES RESERVADOS AL ESTADO.

EL PROBLEMA MAYOR SURGE CON RESPECTO AL APARTADO 3 DEL PRECEPTO POR CUANTO REGULA LA CONDICION DE ORGANIZACIONES MAS REPRESENTATIVAS EN AMBITOS TERRITORIALES INFRAESTATALES. DEBE SEÑALARSE A ESTE RESPECTO, EN PRIMER LUGAR, QUE ESTA NORMATIVA SUPONE UN MINIMO QUE NO EXCLUYE NI PUEDE EXCLUIR QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN EL EJERCICIO DE SU COMPETENCIA, REGULEN LA MATERIA AMPLIANDO LA CONDICION DE ORGANIZACIONES MAS REPRESENTATIVAS DENTRO DE SU AMBITO A EFECTOS DE SU CONSULTA POR LOS ORGANISMOS PROPIOS A AQUELLAS QUE CUMPLAN LAS CONDICIONES QUE LA NORMA AUTONOMICA CONSIDERA CONVENIENTES, TAL Y COMO YA SE SEÑALARA EN EL CASO DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES (STC 98/1985, FUNDAMENTO JURIDICO 16) Y EN EL DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES (STC 57/1989, FUNDAMENTO JURIDICO 1. ). EN AQUEL CASO EL TITULO COMPETENCIAL ESTATAL PARA ESA REGULACION ERA EL REFERENTE A LA LEGISLACION LABORAL, MIENTRAS QUE EN EL PRESENTE, LA FIJACION, COMO CONDICION DE MAYOR REPRESENTATIVIDAD CON EFECTOS INFRAESTATALES DE UN 20 POR 100 DE LOS VOTOS OBTENIDOS EN EL PROCESO ELECTORAL PARA MIEMBROS DE LAS CAMARAS AGRARIAS PROVINCIALES PUEDE JUSTIFICARSE COMO ELEMENTO BASICO MINIMO EN EL INTENTO DE GARANTIZAR UN MINIMO DE UNIFORMIDAD EN LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES EN TODO TIPO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (ART. 149.1.18 DE LA CONSTITUCION) ASEGURANDO ASI UN MINIMO DE HOMOGENEIDAD EN EL DISFRUTE DE DERECHOS (ART.

149.1.1 DE LA CONSTITUCION) Y EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE ESE TIPO DE ORGANIZACIONES, CUYA EXISTENCIA COMO MEDIO DE PARTICIPACION SE ENCUENTRA RECONOCIDA POR EL ART. 52 DE LA CONSTITUCION.

ESTOS CONTENIDOS, JUNTO A LA PROPIA AMPLITUD DEL REQUISITO EXIGIDO, JUSTIFICAN, PUES, EL CONTENIDO BASICO DEL PRECEPTO Y LOS POSIBLES EFECTOS DE <IRRADIACION> QUE PUEDAN PRODUCIRSE, CONSISTENTES EN LA POSIBILIDAD DE QUE HAYA DE CONSULTARSE A ORGANIZACIONES NO IMPLANTADAS EN UN AMBITO TERRITORIAL PRECISO.

EN ESTE SENTIDO YA HA SEÑALADO EL TRIBUNAL RESPECTO DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES, Y ES PERFECTAMENTE PREDICABLE DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES DE AGRICULTORES Y GANADEROS QUE LOS INTERESES GENERALES REPRESENTADOS ENCUENTRAN <COBERTURA COMPETENCIAL EN EL TITULO QUE LE RESERVA EL ART.

149.1.18 DE LA CONSTITUCION (AL ESTADO), DADO QUE, EN DEFINITIVA, LA DETERMINACION LEGAL DE LAS ASOCIACIONES QUE, CON CARACTER GENERAL Y OBLIGATORIO, DEBAN PARTICIPAR EN LOS ORGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, EN REPRESENTACION DE LOS INTERESES QUE LES SON PROPIOS, CONSTITUYE NORMA BASICA DEL REGIMEN JURIDICO DE DICHAS ADMINISTRACIONES> (STC 57/1989, FUNDAMENTO JURIDICO 1. ), AUNQUE NO ES IDENTICO EL SUPUESTO DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y EL DE LAS CONTEMPLADAS EN EL ART. 11 DE LA L.B.C.A., LA RELEVANCIA QUE POSEEN ESTAS ULTIMAS JUSTIFICA LA APLICACION DE LA DOCTRINA TRANSCRITA.

EN NINGUN CASO PUEDE ENTENDERSE QUE LA NORMATIVA SOBRE ORGANIZACIONES DE MAYOR REPRESENTATIVIDAD CON RELACION A AMBITOS TERRITORIALES INFRAESTATALES SE AGOTE EN ESTE PRECEPTO, PUDIENDO LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIA PARA ELLO REGULAR ESA MAYOR REPRESENTATIVIDAD ANTE SUS PROPIOS ORGANOS COMO ESTIMEN CONVENIENTE, RESPETANDO, CLARO ESTA, LOS LIMITES CONSTITUCIONALMENTE EXIGIBLES.

29. LAS SIGUIENTES IMPUGNACIONES A CONSIDERAR, REALIZADAS POR VULNERACION DE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS HECHO POR EL BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD, SON LAS QUE AFECTAN AL PROCESO DE EXTINCION DE CAMARAS, Y MAS EN CONCRETO, A LO PREVISTO POR LAS DISPOSICIONES ADICIONALES SEGUNDA Y CUARTA DE LA LEY ESTATAL. LA PRIMERA DE ESTAS NORMAS ESTABLECE COMO COMPETENCIA ESTATAL LA REALIZACION DE ATRIBUCIONES PATRIMONIALES Y LAS ADSCRIPCIONES DE MEDIOS, GARANTIZANDO SU APLICACION A FINES Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL AGRARIO. POR SU PARTE, LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA AUTORIZA AL GOBIERNO A PROCEDER A LA EXTINCION DE CAMARAS DE AMBITO DISTINTO AL PROVINCIAL, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS CONTEMPLADAS EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA.

EN TANTO EN CUANTO LA APROBACION DE UN NUEVO REGIMEN JURIDICO PARA LAS CAMARAS AGRARIAS PUEDE SUPONER LA EXTINCION DE ALGUNAS DE LAS EXISTENTES, LAS MEDIDAS QUE DEBEN DE ADOPTARSE HAN DE REGULARSE MINIMAMENTE, PUDIENDO, INCLUSO, TENER CARACTER BASICO ALGUNA DE ELLAS POR DEBERSE REALIZAR DE MANERA HOMOGENEA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. ASI, TIENE NATURALEZA BASICA LA FINALIDAD QUE SE ASIGNA CON CARACTER GENERAL AL PATRIMONIO Y MEDIOS DE LAS CAMARAS QUE SE DISUELVEN, ESTABLECIENDOSE QUE DEBE DE APLICARSE A FINES Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL AGRARIO, EVITANDOSE ASI DISPARIDADES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL QUE PODRIAN SUPONER, INCLUSO, DISCRIMINACIONES EN EL SENTIDO CONSTITUCIONAL DEL TERMINO.

AHORA BIEN, EL RESTO DE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA SE REFIERE A ACTOS DE EJECUCION DE ESA EXTINCION QUE, EN SI MISMOS, NO EXIGEN UNIFORMIDAD ALGUNA, POR LO QUE NO PUEDEN CONSIDERARSE BASICOS. EN CONSECUENCIA, EL PROCESO DE EXTINCION DE CAMARAS AGRARIAS CUYO AMBITO TERRITORIAL SEA IGUAL O INFERIOR AL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CORRESPONDE DESARROLLARLO A ESTA, CON EL LIMITE ESTABLECIDO EN DICHA DISPOSICION, IN FINE : APLICAR A FINES Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL AGRARIO EL

PATRIMONIO Y LOS MEDIOS DE LAS CAMARAS QUE SE EXTINGAN.

LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA AUTORIZA AL GOBIERNO A <PROCEDER A LA EXTINCION DE LAS CAMARAS DE AMBITO DIFERENTE A LAS PREVISTAS EN EL ART. 6> (PROVINCIALES), INCLUIDAS SUS FEDERACIONES Y CONFEDERACION NACIONAL DE CAMARAS AGRARIAS. ESTE PRECEPTO COMIENZA SALVANDO LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS AL ESTABLECER QUE DICHA AUTORIZACION SE ENTIENDE <SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS SOBRE CAMARAS AGRARIAS CONTEMPLADAS EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA>.

AL HABERSE DECLARADO QUE EL PROCESO DE EXTINCION DE CAMARAS NO POSEE CARACTER BASICO, CON EXCEPCION DE LA DETERMINACION GENERICA DE LOS FINES A QUE DEBE APLICARSE PATRIMONIO Y FINES RESULTANTE DE LA EXTINCION, LA DISPOSICION ADICIONAL CUARTA ES PERFECTAMENTE CONSTITUCIONAL, YA QUE AL SALVAR LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEBE APLICARSE SOLAMENTE A AQUELLAS CAMARAS DE AMBITO SUPRACOMUNITARIO.

30. SE IMPUGNA EN VARIOS DE LOS RECURSOS LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA DE LA LEY POR CUANTO SUPONE UNA AMPLIACION DE LAS BASES AL PERMITIR AL GOBIERNO DICTAR <LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE FUERAN PRECISAS PARA EL CUMPLIMIENTO> DE LA LEY. YA SE SEÑALO PREVIAMENTE QUE, SEGUN REITERADA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL, LA DETERMINACION DEL NUCLEO BASICO POR EL ESTADO DEBE DE REALIZARSE MEDIANTE LEY, PERMITIENDOSE, NO OBSTANTE, QUE EXCEPCIONALMENTE UNA NORMA DE CARACTER REGLAMENTARIO, O INCLUSO UN SIMPLE ACTO SINGULAR, PUEDAN TENER CARACTER BASICO EN CIERTOS SUPUESTOS. UNO DE ESOS SUPUESTOS ES PRECISAMENTE EL DE LA ADOPCION DE MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER CUMPLIR LA NORMATIVA BASICA GENERAL, QUE ES LO QUE PREVE LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA IMPUGNADA.

DE ACUERDO CON LA ANTERIOR DOCTRINA, ESTA NORMA NO PUEDE CONSIDERARSE EN SI MISMA INCONSTITUCIONAL NI HA DE INTERPRETARSE AUTOMATICAMENTE COMO UNA ESPECIE DE PRORROGA DEL AMBITO DE LO BASICO; SE TRATA DE UNA SIMPLE HABILITACION PARA QUE, SI ASI FUERA NECESARIO, SE ADOPTEN MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY QUE, EN CADA CASO, HABRAN DE DETERMINAR SU NATURALEZA BASICA, PUDIENDO, SI ASI SE INSTARA, CONTROLARSE POR ESTE TRIBUNAL EL RESPETO AL REPARTO DE COMPETENCIAS POR PARTE DE CADA UNA DE ESAS MEDIDAS.

31. DESPEJADAS LAS CUESTIONES COMPETENCIALES SUSCITADAS EN TORNO A LA L.B.C.A., PROCEDE AHORA ABORDAR LAS PLANTEADAS EN RELACION CON NORMAS AUTONOMICAS, COMENZANDO POR EL CONFLICTO DE COMPETENCIAS SUSCITADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO CONTRA EL DECRETO DE LA JUNTA DE GALICIA 32/1987, DE 5 DE FEBRERO, POR EL QUE SE AUTORIZA LA ADQUISICION A TITULO GRATUITO O LUCRATIVO, A FAVOR DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, DEL DERECHO A USAR INMUEBLES PROPIEDAD DE LAS CAMARAS AGRARIAS GALLEGAS PARA FINALIDADES DE ACTUACION ADMINISTRATIVA DE ORDEN EXCLUSIVAMENTE AGRARIO.

EN EL CONFLICTO SUSTANCIADO POR LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO SE PLANTEAN VARIAS CUESTIONES, LA MAYORIA DE LAS CUALES SE REDUCEN A PROBLEMAS DE ESTRICTA LEGALIDAD DEL DECRETO, TALES COMO LA ADECUACION DE ESTA A LA LEY GALLEGA 3/1985, DE PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, O LA COMPETENCIA DEL CONSEJERO DE AGRICULTURA PARA LA GESTION DE BIENES Y DERECHOS PATRIMONIALES SEGUN ESA MISMA LEY. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA, AMBITO EN EL QUE DEBE MOVERSE LA FISCALIZACION DE ESTE TRIBUNAL EN EL CONFLICTO DE COMPETENCIAS, LA UNICA CUESTION SUSCITADA ES LA DE LA INVASION POR EL DECRETO IMPUGNADO DE LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA L.B.C.A.

CENTRADA ASI LA CUESTION, EL CONFLICTO NO PUEDE PROSPERAR, EN CONGRUENCIA CON LO DICHO PREVIAMENTE EN RELACION CON LA CITADA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA. SE HA SEÑALADO QUE DICHA NORMA SOLO ES BASICA, Y EN CONSECUENCIA COMPETENCIA DEL ESTADO, EN CUANTO SE FIJA LA FINALIDAD DE LOS MEDIOS Y PATRIMONIOS QUE RESULTEN DE LA EXTINCION DE CAMARAS, CONSTITUYENDO EJECUCION LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS CONCRETAS PARA LLEVAR A CABO ESA EXTINCION. ESO HACE QUE SEA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS LA EXTINCION DE CAMARAS, SALVO LAS DE AMBITO SUPRACOMUNITARIO Y LAS PROVINCIALES. EN CONSECUENCIA, DECAE LA ARGUMENTACION DEL ABOGADO DEL ESTADO, FUNDAMENTAL PARA SU PRETENSION, EN EL SENTIDO DE QUE LA DISPOSICION GALLEGA <IMPIDE QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PUEDA EFECTUAR LAS ATRIBUCIONES Y ADSCRIPCIONES PREVISTAS EN LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA L.B.C.A., O AL MENOS DIFICULTA O PERTURBA SU REALIZACION>, POR CUANTO QUE, COMO SE DIJO, NO PUEDE APRECIARSE QUE SEAN COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO ESAS DISTRIBUCIONES Y ADSCRIPCIONES REFERIDAS A CAMARAS DE AMBITO INFRAPROVINCIAL. POR OTRA PARTE, LA DISPOSICION GALLEGA NO SUPONE MENOSCABO ALGUNO DE LA EXIGENCIA (ESTA SI DE NATURALEZA BASICA, Y QUE DEBE INTERPRETARSE EN LOS TERMINOS DEL FUNDAMENTO JURIDICO 19) DE QUE EL PATRIMONIO Y MEDIOS DE LAS CAMARAS QUE EVENTUALMENTE SE DISUELVAN SE APLIQUEN A FINES Y SERVICIOS DE INTERES GENERAL AGRARIO, YA QUE EL DECRETO IMPUGNADO DETERMINA EXPRESAMENTE QUE EL USO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DE LAS CAMARAS DEBE SER PARA <FINALIDADES DE ACTUACION ADMINISTRATIVA DE ORDEN EXCLUSIVAMENTE AGRARIO>.

32. EL ABOGADO DEL ESTADO RECURRIO EN SU DIA LA LEY 18/1985 DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA SOBRE CAMARAS AGRARIAS, RECURSO QUE SE CENTRA, DE FORMA PRINCIPAL, EN LA FALTA DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA. SOBRE ESTE ASPECTO DEL RECURSO YA NOS HEMOS PRONUNCIADO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 21, RECONOCIENDO LA COMPETENCIA DE CATALUÑA PARA REGULAR LAS CAMARAS AGRARIAS RESPETANDO LAS BASES ESTATALES EN MATERIA DE BASES DE REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. ELLO HACE QUE DEBA ENTRARSE EN LAS IMPUGNACIONES CONCRETAS QUE, DE MANERA SUBSIDIARIA, SE REALIZAN EN EL RECURSO Y QUE SON BASICAMENTE DOS.

LA PRIMERA, A LA QUE YA SE HA HECHO REFERENCIA, ES LA QUE ATAÑE AL ESTABLECIMIENTO DE LA AFILIACION OBLIGATORIA A LAS CAMARAS (ART. 12.1), CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE PROYECTA A JUICIO DEL ABOGADO DEL ESTADO SOBRE LO DISPUESTO EN LOS ARTS.

13.1 F) Y 19.1 H) DE LA LEY CATALANA. EN ESTA PARTE DE LA SENTENCIA SOLO HABRIA QUE DETERMINAR LA COMPETENCIA O NO DE CATALUÑA PARA REGULAR LA MATERIA, YA QUE PREVIAMENTE SE HAN RESUELTO LAS IMPUGNACIONES BASADAS EN OTROS ARGUMENTOS. EL ABOGADO DEL ESTADO FUNDAMENTA LA ALEGADA INCOMPETENCIA DE LA GENERALIDAD EN LOS TITULOS COMPETENCIALES DEL ESTADO DERIVADOS DE LOS APARTADOS 1.1 Y 1.18 DEL ART. 149 C.E. AL RESPECTO ES EVIDENTE QUE EL PRIMERO (REGULACION DE LAS CONDICIONES BASICAS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN EL EJERCICIO DE DERECHOS Y CUMPLIMIENTO DE DEBERES CONSTITUCIONALES) NO CONSTITUYE AQUI UN TITULO COMPETENCIAL AUTONOMO, PUES SE INTEGRA O SUBSUME EN EL SEGUNDO (BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS). DESDE ESTA PERSPECTIVA, CABRIA PREGUNTARSE SI LA REGULACION CATALANA CONSTITUIA O NO UN DESARROLLO DE LAS BASES ESTATALES ENTONCES VIGENTES (REAL DECRETO 1.336/1977), O INCLUSO SI TALES BASES EXISTIAN, O SI EL REAL DECRETO 1.336/1977 HABRIA RESULTADO DEROGADO POR LA CONSTITUCION. PERO TAL ANALISIS NO RESULTA NECESARIO. POR UN LADO, EL PRECEPTO DE QUE SE TRATA (ART. 12.1 DE LA LEY CATALANA), HA SIDO YA CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL Y NULO (FUNDAMENTO JURIDICO 12). POR OTRO, LA REGULACION CATALANA SE HA VISTO DESPLAZADA POR LA CONCRECION DE LAS BASES EN LA LEY ESTATAL, EN LO REFERENTE A LA NO OBLIGATORIEDAD DE LA AFILIACION; POR LO QUE RESULTA OCIOSO PROCEDER AHORA A EXAMINAR LA ADECUACION A UNAS BASES YA INEXISTENTES DE UNA NORMATIVA DECLARADA NULA.

33. LA OTRA IMPUGNACION REALIZADA DE LA LEY CATALANA ES LA DEL PARRAFO PRIMERO DE LA DISPOSICION DEROGATORIA QUE ESTABLECE: <POR LA PRESENTE LEY QUEDA SIN VIGENCIA EN CATALUÑA EL DECRETO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 1.336/1977 ... Y LAS DISPOSICIONES QUE LO COMPLEMENTAN Y DESARROLLAN>. A ESTE RESPECTO HA DE SEÑALARSE QUE LA NORMA CATALANA, SI BIEN SE INCLUYE EN UNA DISPOSICION DEROGATORIA, EMPLEA RESPECTO A LA NORMA ESTATAL LA EXPRESION <QUEDA SIN VIGENCIA> QUE NO EQUIVALE A LA DEROGACION. NO OBSTANTE Y COMO RESULTA DE SU MISMA DICCION LITERAL, LO QUE LA NORMA IMPUGNADA PRETENDE ES DETERMINAR LOS EFECTOS QUE LA LEY 18/1985 DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA PRODUCE SOBRE LA NORMA ESTATAL PREEXISTENTE. PUES BIEN, ES CIERTO QUE CUANDO EL LEGISLADOR AUTONOMICO REGULA MATERIAS DE SU COMPETENCIA SOBRE LAS QUE EXISTE NORMATIVA ESTATAL VIENE A DESPLAZAR TAL NORMATIVA, APLICANDOSE CON PREFERENCIA EN CADA COMUNIDAD AUTONOMA LAS DISPOSICIONES PROPIAS; PERO ELLO NO SUPONE NI QUE LA COMUNIDAD AUTONOMA (LA DE CATALUÑA EN ESTE CASO), SEA COMPETENTE PARA ESTABLECER LA DEROGACION O NO DE NORMAS ESTATALES (STC 5/1981, FUNDAMENTO JURIDICO 23), AUNQUE ELLO SE CIRCUNSCRIBA AL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD, NI, MAS GENERICAMENTE, PARA DETERMINAR LOS EFECTOS QUE SUS NORMAS PRODUCEN SOBRE EL DERECHO ESTATAL PREEXISTENTE, PUES LA VIGENCIA Y APLICABILIDAD DE ESTE SERA LA QUE RESULTE DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE REGULEN LA RELACION ENTRE EL ORDENAMIENTO ESTATAL Y EL AUTONOMICO (ASI, EL ART. 149.3 C.E.), Y NO LO QUE ESTABLEZCA EL LEGISLADOR AUTONOMICO. POR LO QUE HAY QUE CONCLUIR QUE LA DISPOSICION QUE SE IMPUGNA EXCEDE DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

1. DECLARAR INCONSTITUCIONALES EL ART. 12.1 Y LA DISPOSICION DEROGATORIA PRIMERA DE LA LEY 18/1985, DE 23 DE JULIO, DE CAMARAS PROFESIONALES AGRARIAS, DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA.

2. DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL ART. 8.2 DE LA LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE, DE BASES DEL REGIMEN JURIDICO DE LAS CAMARAS AGRARIAS, SALVO EN LO QUE SE REFIERE A LA DETERMINACION DE LA FECHA DE CONVOCATORIA.

3.

DECLARAR QUE LOS ARTS. 9.1 Y 11.3, Y LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 23/1986 NO VULNERAN LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES, INTERPRETADOS EN EL SENTIDO DE LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 13, 28 Y 19, RESPECTIVAMENTE.

4.

DECLARAR QUE LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA NO TIENE CARACTER BASICO, EN CUANTO CONFIERE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO COMPETENCIA PARA LA ATRIBUCION DE BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA CORRESPONDIENTES A CAMARAS AGRARIAS DE AMBITO TERRITORIAL INFRAAUTONOMICO QUE RESULTEN EXTINGUIDAS EN APLICACION DE LA LEY; Y EN CONSECUENCIA, DECLARAR INCONSTITUCIONAL EL ART. 1 DE LA LEY 23/1986, EN CUANTO DECLARA BASICA LA DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.

5. DECLARAR QUE CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA LA COMPETENCIA CONTROVERTIDA EN EL CONFLICTO NUM. 504/1987.

6. DESESTIMAR LOS RECURSOS ACUMULADOS EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID A DIECIOCHO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE. FIRMADO.

FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. ANTONIO TRUYOL SERRA.

FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS. ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO Y JOSE VICENTE GIMENO SENDRA. RUBRICADO.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE A LA SENTENCIA DICTADA EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMS. 961/85, 174/87, 398/87, 407/87, 410/87 Y 425/87 ACUMULADOS

EN USO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA EL ART. 90.2 DE NUESTRA LEY ORGANICA, EXPONGO A CONTINUACION LAS RAZONES POR LAS QUE DISCREPO DE LA DECISION QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL EL ART.

12.1 DE LA LEY 18/1985 DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE CAMARAS PROFESIONALES AGRARIAS.

EL MUY RIGUROSO SISTEMA DE CONTROL UTILIZADO POR EL TRIBUNAL EN ESTE CASO, QUE ES EL APLICADO POR ALGUNOS TRIBUNALES EXTRANJEROS UNICAMENTE EN RELACION CON DETERMINADOS DERECHOS FUNDAMENTALES O EN AQUELLOS SUPUESTOS EN LOS QUE LA NORMA SOMETIDA A CONTROL UTILIZA UN CRITERIO DE DIFERENCIACION EXPRESAMENTE PROHIBIDO O JURISPRUDENCIALMENTE CONSIDERADO SOSPECHOSO, SE APOYA PRINCIPALMENTE EN DOS VALORACIONES, LA DEL GRADO DE LIMITACION O MENOSCABO QUE EL DERECHO FUNDAMENTAL SUFRE POR OBRA DE LA NORMA SOMETIDA A CONTROL, EN PRIMER TERMINO Y, EN SEGUNDO LUGAR, LA DE LA INDISPENSABILIDD DE TAL LIMITACION PARA ALCANZAR EL FIN PERSEGUIDO POR LA NORMA.

A MI JUICIO, LA DECISION DE LA QUE DISCREPO HA PRESCINDIDO POR ENTERO DE LA PRIMERA DE ESTAS VALORACIONES Y NO HA REALIZADO ADECUADAMENTE LA SEGUNDA Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO HA NEGADO INFUNDADAMENTE LA LIBERTAD DE CONFIGURACION DEL LEGISLADOR CATALAN PARA ESTABLECER EN EL AMBITO DE CATALUÑA UN SISTEMA QUE, EN LO ESENCIAL, EXISTIA EN ESE MOMENTO EN EL RESTO DE ESPAÑA, EN DONDE SOLO FUE SUPRIMIDO POR LA LEY 23/1986, CUYA CONSTITUCIONALIDAD TAMBIEN HA SIDO EXAMINADA EN LA PRESENTE SENTENCIA.

EN LO QUE AL AMPARO DE LOS PUNTOS ANTES SEÑALADOS RESPECTA, SE DEBIO TENER EN CUENTA, EN MI OPINION, QUE LA LEY CATALANA 18/1985, AL IMPONER LA INCORPORACION DE TODOS LOS PROFESIONALES AGRARIOS A LAS CAMARAS AGRICOLAS NO LES ECHA ENCIMA OTRA OBLIGACION QUE LA DE CONTRIBUIR AL SOSTENIMIENTO DE TALES CAMARAS MEDIANTE EL PAGO DE UNA CUOTA CUYA CUANTIA ELLOS MISMOS HAN DE DETERMINAR (ART. 19.1 H)). ESTA OBLIGACION NO CONSTITUYE, A MI JUICIO, UNA LIMITACION U OBSTACULO SENSIBLE A SU LIBERTAD DE ASOCIACION O SINDICACION (EN RIGOR, NO CONSTITUYE LIMITACION U OBSTACULO ALGUNO), Y EN CONSECUENCIA NO PERMITE CONSIDERAR CONSTITUCIONALMENTE ILEGITIMA LA NORMA ANULADA.

PERO ES QUE, ADEMAS DE ELLO, ESTA ADSCRIPCION DE LOS PROFESIONALES AGRARIOS A UNA CORPORACION DE DERECHO PUBLICO ES PROBABLEMENTE LA FORMULA MAS RESPETUOSA CON SU LIBERTAD DE ASOCIACION Y POR TANTO, SI SE QUIERE, LA TECNICA INDISPENSABLE, EN CUANTO MENOS LIMITATIVA DE LA LIBERTAD, PARA CONSEGUIR LAS FINALIDADES PERSEGUIDAS POR LA NORMA. ESTAS FINALIDADES, EN EFECTO, SOBRE CUYA LICITUD E IMPORTANCIA NO EXISTE NATURALMENTE DUDA ALGUNA, NO PUEDEN ALCANZARSE, COMO ES CLARO, MEDIANTE LA RELACION SEPARADA DE LA ADMINISTRACION CON CADA UNO DE LOS PROFESIONALES DE LA AGRICULTURA. PARA HACER OIR SU OPINION, RECIBIR INFORMACION, ELABORAR DOCUMENTACION Y ESTADISTICA, ETC., PARA NO DECIR NADA DE LA POSIBLIDAD DE EJERCER COMPETENCIAS DELEGADAS DE LA ADMINISTRACION (ART. 13.1 C)), ES CLARO QUE LOS AGRICULTORES ESTAN OBLIGADOS A ASOCIARSE. TAN CLARO QUE INCLUSO EN LA LEY ESTATAL, ANIMADA DE UNA MANIFIESTA HOSTILIDAD HACIA LAS ESTRUCTURAS CORPORATIVAS, SE CONCEDE A ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS (ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS O SUS FEDERACIONES), LA FACULTAD DE PROPONER LISTAS CERRADAS Y BLOQUEADAS PARA LA ELECCION DE LAS CAMARAS AGRARIAS PROVINCIALES (ART. 10.2 DE LA LEY 23/1986), UNA FACULTAD QUE EN LA PRACTICA MONOPOLIZAN, PUES ES EVIDENTE QUE LA POSIBILIDAD DE QUE, EN UN COLECTIVO TAN DISPERSO COMO EL DE LOS AGRICULTORES, SE CONSTITUYAN AGRUPACIONES RESPALDADAS POR EL 10 POR 100 DEL CENSO SERIA MUY REMOTA AUN SI TAL CENSO ESTUVIESE PERFECTAMENTE DEFINIDO, E INEXISTENTE CUANDO NO LO ESTA.

INEVITABLEMENTE, PUES, HAY UNA CIERTA COMPULSION A LA ASOCIACION, UNA LIMITACION DE LA LIBERTAD DE NO ASOCIARSE, QUE QUIZAS ES MAS GRAVE CUANDO, EN LUGAR DE OBLIGAR AL PAGO DE UNA CUOTA CORPORATIVA, LLEVA A LA ADSCRIPCION A UNA ASOCIACION CON FINALIDADES MAS AMPLIAS Y, EVENTUALMENTE, MAYORES PODERES SOBRE SUS MIEMBROS.

MADRID A VEINTE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE. FIRMADO:

FRANCISCO RUBIO LLORENTE. RUBRICADO.