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EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DOÑA GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS, NUMS. 728, 731 Y 735/84, PROMOVIDOS, RESPECTIVAMENTE, POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DON MANUEL MARIA VICENS MATAS, POR EL GOBIERNO VASCO, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DON JAVIER OTAOLA BAJENETA, Y POR LA JUNTA DE GALICIA, REPRESENTADA POR EL ABOGADO DON HERIBERTO GARCIA SEIJO, CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. HA SIDO PARTE EL GOBIERNO DE LA NACION, REPRESENTADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, Y PONENTE EL MAGISTRADO DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I.

ANTECEDENTES

1. CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 1984, DON MANUEL M. VICENS MATAS, EN REPRESENTACION DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, FORMULO ANTE ESTE TRIBUNAL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTS.

1.1 (PARRAFO PRIMERO), 4.3, 5 (APARTADO SEGUNDO), 6, 7, 8.3 (INCISO SEGUNDO), 13.2 (ULTIMO INCISO), 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 (EXCEPTO EL APARTADO QUINTO), 23, 24, 30, 36.2, 39 Y 40 DE LA LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, QUE FUE PUBLICADA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> DE 24 DE JULIO DE DICHO AÑO. EL RECURSO SE FUNDAMENTA EN LAS ALEGACIONES QUE A CONTINUACION SE RESUMEN:

A) COMIENZA EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA POR EXPONER UNA <CONSIDERACION PRELIMINAR> SOBRE EL SENTIDO GENERAL DE LA LEY 26/1984, ADVIRTIENDO ASI, EN PRIMER LUGAR, QUE ESTE TEXTO LEGAL HA BUSCADO PRACTICAMENTE COMO UNICO SOPORTE EL ART. 51 DE LA CONSTITUCION, SEGUN SE APRECIA EN SU EXPOSICION DE MOTIVOS, POR MAS QUE TAL FUNDAMENTO NO PAREZCA ACERTADO, YA QUE EN DICHO PRECEPTO CONSTITUCIONAL SE PUEDE HALLAR LA JUSTIFICACION MATERIAL DE ALGUNO DE LOS PRECEPTOS LEGALES, NO LA COMPETENCIAL. DE LA LECTURA DE LA LEY, Y HASTA DE SU MISMO ENUNCIADO (<LEY GENERAL>), PARECE DESPRENDERSE EL CRITERIO DE QUE EL ESTADO CUENTA CON UNA COMPETENCIA ESPECIFICA SOBRE LA MATERIA <DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS> QUE LE HABILITARIA PARA PRODUCIR DESARROLLOS NORMATIVOS MUY PRECISOS Y ACABADOS, TANTO A NIVEL LEGAL COMO REGLAMENTARIO, Y LIMITANDOSE, EN LA MISMA MEDIDA, LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PERO ES LO CIERTO QUE, EXAMINADA LA CONSTITUCION Y ALGUNOS ESTATUTOS (ESPECIALMENTE EL DE CATALUÑA Y EL PAIS VASCO: ARTS. 12.1.5 Y 10.28, RESPECTIVAMENTE), SE APRECIA QUE LA SITUACION ES SENSIBLEMENTE LA CONTRARIA DE LA QUE PARECE REFLEJAR EL TITULO Y LA ESTRUCTURA DE LA LEY, PUES SON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y NO EL ESTADO LAS QUE HAN ASUMIDO COMPETENCIAS ESPECIFICAS SOBRE LA MATERIA ALUDIDA, POR MAS QUE TALES COMPETENCIAS ESTEN ACOTADAS POR REFERENCIA A DIVERSAS FACULTADES ESTATALES, PRINCIPALMENTE DE CARACTER ECONOMICO, COMO SON LAS BASES Y LA ORDENACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL Y LA POLITICA DE PRECIOS (ARTS. 149.1.11 Y 13 DE LA CONSTITUCION), ASI COMO POR DETERMINADOS PRINCIPIOS, COMO LOS DE LIBRE CIRCULACION DE BIENES EN EL TERRITORIO ESPAÑOL (ART. 139.2), LIBERTAD DE EMPRESA (ART. 38) Y UNIDAD DE MERCADO. NO CABE OLVIDAR, DE OTRA PARTE, QUE EL CARACTER MULTIDISCIPLINARIO Y DE CONTORNOS POCO PRECISOS QUE OFRECE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y, POR PAREJA RAZON, EL MERCADO INTERIOR, PUEDE DAR LUGAR A QUE SOBRE LA DISCIPLINA DEL MERCADO Y DE LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS CONCURRAN OTRAS REGLAS COMPETENCIALES QUE JUSTIFIQUEN UNA INTERVENCION ESTATAL (BASES Y COORDINACION GENERAL DE LA SANIDAD, SEGURIDAD PUBLICA, IGUALDAD EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES CONSTITUCIONALES: APARTADOS 16, 29 Y 1 DEL ART.

149.1 DE LA CONSTITUCION). EN TODO CASO, LO QUE SE HA DE ACLARAR ES QUE EL ESTADO NO DISPONE DE NINGUN TITULO COMPETENCIAL QUE JUSTIFIQUE LA ADOPCION PARA TODO EL TERRITORIO DE UNA LEY TAN COMPLETA COMO LA IMPUGNADA, PRECLUYENDO ASI EL EJERCICIO DE LAS POTESTADES NORMATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. LA LEY, EN EFECTO, HA NACIDO CON VOCACION DE QUE SUS DETERMINACIONES SEAN APLICABLES EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO, INCLUSO EN EL DE AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE, COMO LA CATALANA, HAN ASUMIDO COMPETENCIAS EN LA DEFENSA Y PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, APRECIANDOSE TAL PRETENSION DE APLICACION EN TODO EL TERRITORIO EN EL MISMO PREAMBULO DEL TEXTO LEGAL. EN ESTE, POR LO DEMAS, SON CONSTANTES LAS MENCIONES A LA SEGURIDAD DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, Y AUN SIENDO CIERTO QUE EL ART. 51 DE LA CONSTITUCION SE REFIERE ESPECIFICAMENTE A ELLA, ES DE TEMER QUE BUENA PARTE DE ESTAS INVOCACIONES LEGALES NO OBEDEZCAN A OTRO PROPOSITO QUE AL DE APOYAR LA PRESUNTA COMPETENCIA DEL ESTADO PREVISTA EN EL ART. 149.1.29 DE LA CONSTITUCION; SIN EMBARGO, SE HA DE TENER EN CUENTA LO QUE, A ESTOS EFECTOS, SE DIJO EN LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 8 DE JUNIO DE 1982, DE LA QUE CABE EXTRAER QUE LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA NUNCA PODRA SERVIR DE FUNDAMENTO PARA DICTAR UN CUERPO NORMATIVO SOBRE EL COMERCIO INTERIOR Y LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS TAN PROLIJO, ACABADO Y PLUSCUAMPERFECTO COMO EL QUE ES OBJETO DE ESTE RECURSO. CABE, POR ULTIMO, SEÑALAR QUE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS SON INCONSTITUCIONALES POR VIOLAR EL ORDEN DE COMPETENCIAS ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCION Y EL ESTATUTO DE CATALUÑA, SI BIEN ALGUNOS DE ELLOS (COMO, POR EJEMPLO, EL ART. 39.1) LO SON POR OTROS MOTIVOS ADICIONALES Y, EN CONCRETO, POR DAR UN EXCESIVO PROTAGONISMO AL REGLAMENTO.

B) SE EXPONEN EN EL RECURSO, TRAS LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, LOS CONCRETOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADOS FRENTE A LAS DISPOSICIONES DE LEY QUE SE IMPUGNAN:

ART. 1.1, PARRAFO PRIMERO, SEGUN EL CUAL <EN DESARROLLO DEL ART. 51.1 Y 2 DE LA CONSTITUCION, ESTA LEY TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, LO QUE, DE ACUERDO CON EL ART. 53.3 DE LA MISMA, TIENE EL CARACTER DE PRINCIPIO GENERAL INFORMADOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO>. ENTIENDE LA REPRESENTACION DE LA GENERALIDAD QUE EL PRECEPTO ES INCONSTITUCIONAL EN LA MEDIDA EN QUE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO NO PUEDEN TENER POR OBJETO INMEDIATO Y DIRECTO LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, SINO, A LO SUMO, DICTAR LAS BASES O PRINCIPIOS A QUE HABRAN DE ACOMODARSE LAS REGULACIONES AUTOMATICAS EN ESTE PUNTO, EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMPETENCIA ESTATAL PREVISTA EN EL ART. 149.1.13 DE LA CONSTITUCION PUEDA DAR LUGAR A LA ADOPCION DE UNA LEY GENERAL SOBRE LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

ART. 4.3 PARA EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD, ESTE PRECEPTO SOLO GUARDA CONEXION CON EL APARTADO 1 DEL MISMO ARTICULO, EN EL QUE SE ENUMERAN LOS EXTREMOS QUE DEBEN CONTENER LOS REGLAMENTOS REGULADORES DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS, PREVIENDOSE EN EL APARTADO IMPUGNADO QUE <LOS EXTREMOS CITADOS PODRAN SER OBJETO DE CODIFICACION MEDIANTE NORMAS COMUNES O GENERALES, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE ADITIVOS, PRODUCTOS TOXIDOS, MATERIAL ENVASADO, ETIQUETADO, ALMACENAJE, TRANSPORTE Y SUMINISTRO, TOMAS DE MUESTRAS, METODOS DE ANALISIS, REGISTRO, INSPECCION, RESPONSABILIDAD Y REGIMEN SANCIONADOR>. CON ELLO SE ADUCE SE ESTA CONFIRIENDO UNA HABILITACION PARA DICTAR NORMAS REGLAMENTARIAS DE PRODUCCION ESTATAL EN TODAS LAS MATERIAS REFERIDAS, PESE A QUE TALES COMPETENCIAS REGLAMENTARIAS DEL ESTADO NO TIENEN JUSTIFICACION (EXCEPTO PARA LOS ADITIVOS, PRODUCTOS TOXICOS Y ALGUNOS ASPECTOS DEL REGIMEN SANCIONADOR), TENIENDO EN CUENTA LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA SOBRE COMERCIO INTERIOR, HIGIENE ALIMENTARIA, PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, TRANSPORTE, ORGANIZACION DE SUS INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO, ETC. (ARTS. 9.1, 11, 15, 12.1.5, ETC., DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA).

ART. 5.2 TODO EL PRECEPTO VA MUCHO MAS ALLA DEL CONTENIDO PROPIO DE UNA LEY DE BASES, Y POR ELLO ES, EN SU INTEGRIDAD, INCONSTITUCIONAL. CON INDEPENDENCIA DE LO DICHO, ALGUNOS DE SUS EPIGRAFES SON TAMBIEN INCONSTITUCIONALES POR OTRAS RAZONES. ASI, EL APARTADO F) ESTABLECE UNA PROHIBICION DE VENTA O SUMINISTRO DE ALIMENTOS ENVASADOS CUANDO NO CONSTE EN LOS ENVASES, ETIQUETAS, ROTULOS, CIERRES O PRECINTOS EL NUMERO DEL REGISTRO GENERAL SANITARIO, Y PRESCINDIENDO DE QUE SE OMITA TODA REFERENCIA A LOS REGISTROS AUTONOMICOS (PRIVANDOSELES, ASI, DE EFICACIA), LO QUE LA NORMA PERSIGUE ES DAR AL REGISTRO GENERAL ALIMENTARIO UN PAPEL QUE VA MUCHO MAS ALLA DEL QUE LE CORRESPONDE COMO INSTRUMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION COORDINADORA QUE CORRESPONDE AL ESTADO EN MATERIA DE SANIDAD ALIMENTARIA, CONVIRTIENDOLO EN UN REGISTRO QUE ABSORBE LA FUNCIONALIDAD DE LOS AUTONOMICOS, LO QUE INFRINGE LA CONSTITUCION (ART. 149.1.16) Y EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE CATALUÑA (ART. 17.1), SEGUN YA ADUJO ESTA REPRESENTACION EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 707/1983. EL APARTADO J) CHOCA FRONTALMENTE CON LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA GENERALIDAD EN MATERIA DE VIVIENDA (ART. 9.9 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA), INCURRIENDO ASI EN INCONSTITUCIONALIDAD AL ESTABLECER UNA PROHIBICION CUYA IMPOSICION CORRESPONDERIA, EN SU CASO, A LA GENERALIDAD, A LA QUE TAMBIEN SE DIRIGE EL ART. 51 DE LA CONSTITUCION. POR ULTIMO, EL APARTADO K) PUGNA CON LA COMPETENCIA DE <ORDENACION> FARMACEUTICA DE LA GENERALIDAD (ART. 9.9 DEL ESTATUTO), PESE A QUE LA NORMA ESTATUTARIA HAYA RESERVADO AL ESTADO LA LEGISLACION SOBRE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (ART. 149.1.16 DE LA CONSTITUCION); EL CONTENIDO DE ESTE PRECEPTO OBEDECE MAS A UNA REGLA PARA HACER BIEN LAS COSAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ORDENACION DE LA ACTIVIDAD FARMACEUTICA QUE A UN DESPLIEGUE DE POTESTADES NORMATIVAS SOBRE TODAS O ALGUNAS DE LAS REFERIDAS ESPECIALIDADES.

ART. 6. ESTE PRECEPTO INCORPORA UN MANDATO IMPERATIVO DIRIGIDO A TODOS LOS PODERES PUBLICOS (Y, POR CONSIGUIENTE, TAMBIEN A LA GENERALIDAD) PARA QUE ORGANICEN CAMPAÑAS O ACTUACIONES PROGRAMADAS DE CONTROL DE CALIDAD, TANTO EN GENERAL COMO POR LO QUE SE REFIERE A DETERMINADOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL PRECEPTO ES INCONSTITUCIONAL PORQUE PUGNA CON LA AUTONOMIA POLITICA RECONOCIDA A LAS NACIONALIDADES Y REGIONES POR LA CONSTITUCION (ARTS. 2 Y 137), AL ASUMIR PARA EL ESTADO UNAS FACULTADES DE TUTELA Y DE DIRECCION POLITICA SOBRE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. DE OTRA PARTE, LA NORMA EN CUESTION PRECISA EL ALCANCE DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN EL ART. 51.2 DE LA CONSTITUCION, REDUCIENDO LAS DISTINTAS POSIBILIDADES O ALTERNATIVAS DEL TEXTO CONSTITUCIONAL A UNA SOLA, Y ESTO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION, SEGUN LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 5 DE AGOSTO DE 1983.

ART. 7. SE DICE EN EL QUE <LOS LEGITIMOS INTERESES ECONOMICOS Y SOCIALES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DEBERAN SER RESPETADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY, APLICANDOSE ADEMAS LO PREVISTO EN LAS NORMAS CIVILES Y MERCANTILES Y EN LAS QUE REGULAN EL COMERCIO EXTERIOR, EL INTERIOR Y EL REGIMEN DE AUTORIZACION DE CADA PROVINCIA>. SIN EMBARGO, NO ES MISION DE LAS LEYES DE BASES FIJAR DEFINITIVAMENTE LOS TERMINOS EN QUE SE HABRAN DE RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, SINO UNICAMENTE SEÑALAR LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES A QUE SE HABRAN DE ATENER LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN EL EJERCICIO DE SUS POTESTADES NORMATIVAS. EL PRECEPTO, POR TANTO, EXCEDE DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES (ARTS. 149.1.11 Y 13 DE LA CONSTITUCION Y 12.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA). SE ADVIERTE AQUI, ADEMAS, UNA CLARA OMISION DE LAS REGULACIONES QUE SOBRE LA PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS HAN DICTADO O PUEDAN DICTAR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (LEY 1/1983, DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, Y LEY 10/1983, DEL PARLAMENTO VASCO), INCIDIENDOSE, ASI, NEGATIVAMENTE EN TALES REGULACIONES Y EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIAS.

ART. 8.3, INCISO SEGUNDO, SEGUN EL CUAL <LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, CONSTITUIDAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ESTA LEY, ESTARAN LEGITIMADAS PARA INICIAR E INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TENDENTES A HACER(LA) CESAR> LA OFERTA, PROMOCION Y PUBLICIDAD FALSA O ENGAÑOSA DE PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS. CON ESTE PRECEPTO SE VIENE A PRIVAR, INJUSTIFICADA E INSOLIDARIAMENTE, DE DICHA POSIBILIDAD A LAS ASOCIACIONES QUE SE CONSTITUYAN EN EL AMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA Y AL AMPARO DE LAS COMPETENCIAS PREVISTAS EN LOS ARTS. 9.24 Y 12.1.3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTA DISPOSICION DERIVA NO SOLO DE SU OPOSICION A LOS PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD Y COLABORACION (ARTS. 138, 103.1 Y 154 DE LA CONSTITUCION), SINO TAMBIEN DE LA INFRACCION QUE ENTRAÑA DE LA OBLIGACION DEL ESTADO EN ORDEN A RECONOCER Y AMPARAR COMO PARTE INTEGRANTE DE SU ORDENAMIENTO JURIDICO EL CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS (ART. 147.1).

ART. 13.2, ULTIMO INCISO, SEGUN EL CUAL <EN EL CASO DE VIVIENDAS CUYA PRIMERA TRANSMISION SE EFECTUE DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY, SE FACILITARA ADEMAS AL COMPRADOR UNA DOCUMENTACION COMPLETA SUSCRITA POR EL VENDEDOR, EN LA QUE SE DEFINA, EN PLANTA A ESCALA, LA VIVIENDA Y EL TRAZADO DE TODAS SUS INSTALACIONES, ASI COMO LOS MATERIALES EMPLEADOS EN SU CONSTRUCCION, EN ESPECIAL AQUELLOS A LOS QUE EL USUARIO NO TENGA ACCESO DIRECTO>. SE TRATA DE UNA REGULACION SECTORIAL RESPECTO DE LA QUE TIENE COMPETENCIA LA GENERALIDAD (ART. 9.9 DEL ESTATUTO), DE TAL MODO QUE EL ESTADO CARECE DE ATRIBUCIONES PARA DICTAR CUALQUIER GENERO DE PRODUCCIONES NORMATIVAS, NI SIQUIERA CON LA FINALIDAD DE HACER EFECTIVOS LOS DICTADOS DEL ART. 51 DE LA CONSTITUCION. DE OTRA PARTE, EL PRECEPTO SE ENCUADRA EN LAS FORMULAS JURIDICO-ADMINISTRATIVAS DE PROTECCION DE LOS INTERESES DEL CONSUMIDOR O USUARIO, SIN QUE TENGA NADA QUE VER CON LA LEGISLACION CIVIL, LIMITADA A REGULAR EL TRATAMIENTO Y LOS REMEDIOS DE CUAQUIER LESION ORIGINADA EN LA FALTA DE INFORMACION O EN LA INFORMACION DEFECTUOSA.

ARTS. 14 Y 15, QUE SE OCUPAN DE LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Y USUARIO, PORMENORIZANDO SUS FUNCIONES, LAS TAREAS QUE PODRAN REALIZAR, LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS Y LOS DATOS QUE, COMO MINIMO, HABRAN DE FACILITAR A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. CAUSA PERPLEJIDAD QUE SE HAYAN LLEGADO A DICTAR, CON EFECTOS PARA TODO EL TERRITORIO, UNAS NORMAS COMO ESTAS EN LAS QUE, EN LA MEJOR DE LAS HIPOTESIS, SE DA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EL TRATO QUE CORRESPONDE A LOS MENORES DE EDAD, A LOS QUE HAY QUE ENSEÑAR Y DIRIGIR HASTA EN LOS MAS NIMIOS DETALLES. LA INCONSTITUCIONALIDAD ES, PUES, PATENTE, PUES ESTOS PRECEPTOS ENTRAÑAN UN ATENTADO MUY GRAVE A LOS ARTS. 2 Y 137 DE LA CONSTITUCION, ASI COMO AL ART. 148.1.1 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL, QUE CONSAGRA LA COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PARA ORGANIZAR SUS INSTITUCIONES DE AUTOGOBIERNO.

ART. 16, REFERIDO A LOS CASOS EN QUE LAS OFICINAS DE INFORMACION AL CONSUMIDOR O USUARIOS PODRAN FACILITAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS, ENSAYOS, ANALISIS O CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS Y A LOS SUPUESTOS EN LOS QUE TALES RESULTADOS PODRAN SER REPRODUCIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION. EL PRECEPTO ES INCONSTITUCIONAL POR RAZONES IDENTICAS A LAS EXPUESTAS AL CONSIDERAR EL ARTICULO ANTERIOR, Y, ADEMAS, POR EXCEDER CON MUCHO DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO TANTO PARA DICTAR LAS BASES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL COMO PARA FORMULAR LAS QUE CORRESPONDAN AL REGIMEN DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL (ART. 16.2 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA), SI SE ESTIMARA QUE LOS DICTADOS DEL PRECEPTO CORRESPONDEN A ESTA ULTIMA FACETA COMPETENCIAL.

ART. 17, EN LO QUE SE REFIERE A LA PREVISION DE QUE <LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE TITULARIDAD PUBLICA DEDICARAN ESPACIOS Y PROGRAMAS, NO PUBLICITARIOS, A LA INFORMACION Y EDUCACION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS>. SI ESTE PRECEPTO SE HUBIERA LIMITADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE TITULARIDAD ESTATAL, NO HABRIA NADA QUE OBJETAR, PERO, AL NO SER ASI, PUGNA CON LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES ANTES CITADAS (ARTS. 2, 137 Y 148.1.1) Y, MUY ESPECIALMENTE, CON EL ART. 16.3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, QUE ATRIBUYE A LA GENERALIDAD COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA REGULAR SU PROPIA TELEVISION, RADIO Y PRENSA Y, EN GENERAL, TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, Y ENTRE ELLOS, CLARO ESTA, LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

ART.

19, SEGUN EL CUAL <SE FOMENTARA LA FORMACION CONTINUADA DEL PERSONAL DE LOS ORGANISMOS, CORPORACIONES Y ENTIDADES, PUBLICOS Y PRIVADOS, RELACIONADOS CON LA APLICACION DE ESTA LEY, ESPECIALMENTE DE QUIENES DESARROLLEN FUNCIONES DE ORDENACION, INSPECCION, CONTROL DE CALIDAD E INFORMACION>. AUN CUANDO EL ARTICULO ESTE REPLETO DE BUENAS INTENCIONES, SUBYACE A EL UN ANIMO TUTELAR Y DE DIRECCION SOBRE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE ES INCOMPATIBLE CON SU AUTONOMIA Y AUTOGOBIERNO EN LOS TERMINOS YA DICHOS. ES, POR ELLO, INCONSTITUCIONAL.

ART. 20, RELATIVO A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. EN SU APARTADO PRIMERO SE INDICA QUE LAS MISMAS SE CONSTITUIRAN <CON ARREGLO A LA LEY DE ASOCIACIONES>, Y POR ESTA SOLA RAZON YA DEVIENE INCONSTITUCIONAL, PUES LA NORMA AUTORIZA LA EXCLUSION DE LAS ASOCIACIONES CONSTITUIDAS CON ARREGLO A LA LEGISLACION EMANADA DE LA GENERALIDAD EN EJERCICIO DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA (ART. 9.24 DEL ESTATUTO) SOBRE LAS ASOCIACIONES DE CARACTER DOCENTE, CULTURAL, ARTISTICO, BENEFICO-ASISTENCIAL Y <SIMILARES>. POR IDENTICA RAZON SE HA DE AFIRMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE ESTE APARTADO (EN EL QUE SE DETALLAN LA FINALIDAD DEL RESTO DE ESTE APARTADO (EN EL QUE SE DETALLAN LA FINALIDAD Y OTROS EXTREMOS DE LAS MENCIONADAS ASOCIACIONES) Y TAMBIEN LA DEL APARTADO SEGUNDO, SEGUN EL CUAL <TAMBIEN SE CONSIDERARAN ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS LAS ENTIDADES CONSTITUIDAS POR CONSUMIDORES CON ARREGLO A LA LEGISLACION COOPERATIVA, ENTRE CUYOS FINES FIGUREN, NECESARIAMENTE, LA EDUCACION Y FORMACION DE SUS SOCIOS Y ESTEN OBLIGADOS A CONSTITUIR UN FONDO CON TAL OBJETO, SEGUN SU LEGISLACION ESPECIFICA>. EL MISMO RAZONAMIENTO VALE PARA AFIRMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL APARTADO TERCERO, DEBIENDO TAN SOLO ADUCIRSE QUE LA PREVISION DE QUE LAS ASOCIACIONES, SIN DISTINCION, SE DEBAN INSCRIBIR EN UN REGISTRO A LLEVAR POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA QUE PUEDAN GOZAR DE CUALQUIER BENEFICIO QUE LES OTORGUE LA LEY <Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES> RECORTA AUN MAS, SI CABE, LAS COMPETENCIAS DE LA GENERALIDAD Y EVIDENCIA QUE EL ESTADO HA TRATADO DE RESERVARSE TODAS LAS COMPETENCIAS, INCLUIDAS LAS DE MERA EJECUCION.

ART. 22. SE IMPUGNA EN SU TOTALIDAD, SALVO EL APARTADO QUINTO. LOS APARTADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO ESTABLECEN NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DERIVAN DIRECTAMENTE DE LAS PARTICULARIDADES DEL DERECHO SUSTANTIVO DICTADO PARA LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y, SIENDO ESTO ASI, ES PATENTE QUE DICHOS PRECEPTOS VULNERAN LO PRESCRITO EN EL ART. 9.3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, EN CUYA VIRTUD LA GENERALIDAD TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SE DERIVEN DE LAS PARTICULARIDADES DEL DERECHO SUSTANTIVO DE CATALUÑA, POR EL QUE HAY QUE ENTENDER NO SOLO EL DERECHO CIVIL CATALAN, SINO TAMBIEN CUALQUIER PRODUCCION NORMATIVA QUE CREE DERECHO OBJETIVO EN EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS ESTATUTARIAS, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS RELATIVAS A LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. EN CUANTO AL APARTADO SEXTO (<LA ADMINISTRACION FOMENTARA LA COLABORACION ENTRE ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES Y DE EMPRESARIOS>), SU INCONSTITUCIONALIDAD ES OBVIA POR LOS MISMOS ARGUMENTOS EXPUESTOS AL FUNDAMENTAR LA DEL ART. 19, PUES EN EL TERMINO <ADMINISTRACION> HAY QUE CONSIDERAR INCLUIDA A LA GENERALIDAD, DEBIDO AL ALCANCE TERRITORIAL DE ESTA LEY.

ART. 23. AL PRETENDER PONER REMEDIO A DETERMINADAS SITUACIONES DE <INFERIORIDAD, SUBORDINACION, O INDEFENSION>, LO QUE ESTE PRECEPTO CONSIGUE ES, EN REALIDAD, COLOCAR A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LAS MISMAS SITUACIONES QUE TRATA DE PALIAR, PUES AQUI EL ESTADO HA DISEÑADO, CON TODO DETALLE, LAS ACCIONES QUE HABRAN DE EMPRENDER AQUELLAS PARA EL DESARROLLO DE LAS PREVISIONES DEL ART. 51 DE LA CONSTITUCION. DE ESTE MODO, SE CERCENA TODA POSIBILIDAD DE DIRECCION POLITICA EN LA MATERIA POR PARTE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, VULNERANDOSE LA CONSTITUCION (ARTS. 2, 137 Y 148.1.1) Y EL ESTATUTO DE AUTONOMIA (ARTS. 9.1 Y 12.1.5).

ART. 24. SE DISPONE EN EL QUE <EN LOS SUPUESTOS MAS GRAVES DE IGNORANCIA, NEGLIGENCIA O FRAUDE QUE DETERMINEN UNA AGRESION INDISCRIMINADA A LOS CONSUMIDORES O USUARIOS, EL GOBIERNO PODRA CONSTITUIR UN ORGANO EXCEPCIONAL QUE, CON PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS AFECTADAS, ASUMIRA, CON CARACTER TEMPORAL, LOS PODERES ADMINISTRATIVOS QUE SE LE ENCOMIENDEN PARA GARANTIZAR LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, SUS INTERESES ECONOMICOS, SOCIALES Y HUMANOS, LA REPARACION DE LOS DAÑOS SUFRIDOS, LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES Y LA PUBLICACION DE LOS RESULTADOS>. SIN EMBARGO, ES EVIDENTE QUE AL MARGEN DE LO PREVISTO EN LA CONSTITUCION Y EN LOS ESTATUTOS NO PUEDEN OSTENTARSE COMPETENCIAS DE NINGUN GENERO, Y MUCHO MENOS DESAPODERAR A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, O INCLUSO AL ESTADO, DE TODAS O PARTE DE LAS SUYAS PARA ATRIBUIRLAS A UN ORGANO DE NUEVA FACTURA NO PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. POR ELLO, EL PRECEPTO ES INCONSTITUCIONAL, AL VIOLENTAR EL ORDEN DE COMPETENCIAS QUE RESULTAN DE LOS ARTS. 149.3 DE LA CONSTITUCION Y 12.1.5 DEL ESTATUTO.

POR LO DEMAS, PRECISAMENTE PARA PONER REMEDIO A SUPUESTOS COMO LOS AQUI CONTEMPLADOS EXISTEN YA CAUCES PREVISTOS EN LA CONSTITUCION (ART. 155), LO QUE REAFIRMA AUN MAS LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTA REGLA.

ART. 30. ESTE PRECEPTO OFRECE SERIOS REPAROS CONSTITUCIONALES DESDE DOS ASPECTOS DIFERENTES. POR UN LADO, LOS PRINCIPIOS DE SOLIDARIDAD Y COOPERACION (ARTS. 138, 103.1 Y 154 DE LA CONSTITUCION) SE VEN MUY SERIAMENTE COMPROMETIDOS Y VULNERADOS CUANDO EL ESTADO, PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE SEGURO Y FONDO DE GARANTIA QUE CUBRA CIERTOS RIESGOS, PREVE LA AUDIENCIA SE DICE DE TODO EL MUNDO, MENOS LA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE OSTENTAN, EN DEFINITIVA, LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. DE OTRO LADO, LAS ACTUCIONES QUE ESTE PRECEPTO CONFIA AL GOBIERNO CAEN POR COMPLETO EN LA ORBITA DE LAS POTESTADES DE DESARROLLO NORMATIVO Y, EVENTUALMENTE, EN LAS DE EJECUCION QUE OSTENTA LA GENERALIDAD EN MATERIA DE SEGUROS (ART. 10.1.4 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA). NO CABRIA ARGUIR QUE LA IMPLANTACION POR LA GENERALIDAD DE UN SEGURO Y FONDO DE GARANTIA OBLIGATORIOS COMO LOS QUE EL PRECEPTO CONTEMPLA PUGNARIA CON LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y LIBERTAD DE MERCADO, PUES NI LA IGUALDAD SE PUEDE CONFUNDIR CON LA UNIFORMIDAD NI CABE DESCONOCER QUE LA GARANTIA DE LOS LEGITIMOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS CORRESPONDE A TODOS LOS PODERES PUBLICOS (ART. 51 DE LA CONSTITUCION).

ART. 36.2 ESTE PRECEPTO PREVE QUE <EN LOS SUPUESTOS DE INFRACCIONES MUY GRAVES, EL CONSEJO DE MINISTROS PODRA ACORDAR EL CIERRE TEMPORAL DEL ESTABLECIMIENTO, INSTALACION O SERVICIO POR UN PLAZO MAXIMO DE CINCO AÑOS>. ESTA ATRIBUCION AL CONSEJO DE MINISTROS ES INCONSTITUCIONAL, AL QUEBRANTAR LO PRESCRITO EN EL ART. 12.1.5 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA, EN CUYA VIRTUD CORRESPONDE A LA GENERALIDAD LA PLENITUD DE COMPETENCIAS EJECUTIVAS (TAMBIEN, POR TANTO, LAS SANCIONADORAS) RESPECTO DE LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

ARTS. 39 Y 40. ESTOS DOS ARTICULOS, JUNTO CON EL QUE LES SIGUE, INTEGRAN EL CAPITULO X DE LA LEY (<COMPETENCIAS>), RESPECTO DEL QUE HAY QUE DECIR, EN PRIMER LUGAR, QUE LA LEY HA NACIDO CON VOCACION Y PROPOSITO DE SER APLICADA DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO, LO QUE SE AÑADE PONE A CUBIERTO A ESTE RECURSO DE UNA EVENTUAL ALEGACION EN EL SENTIDO DE QUE SOLO HA DE TENER EFECTIVIDAD APLICATIVA INMEDIATA EN LOS TERRITORIOS CARENTES DE TODA REGULACION, INCORPORANDOSE EN LOS RESTANTES COMO DERECHO SUPLETORIO. QUE ESTO NO ES ASI LO DEMUESTRA EL <PANORAMA COMPETENCIAL> QUE LA LEY PROPORCIONA CON RELACION AL ESTADO Y A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. DE OTRA PARTE, LOS REDACTORES DE LA LEY HAN OLVIDADO QUE NO EXISTE PRECEPTO ALGUNO, NI EN LA CONSTITUCION NI EN EL ESTATUTO DE AUTONOMIA, QUE REMITA A UNA LEY DEL ESTADO PARA PRECISAR EL ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS DEL PODER CENTRAL Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA MATERIA QUE NOS OCUPA; ASI, TENIENDO EN CUENTA QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO NO PUEDE INCIDIR EN EL SISTEMA DE DELIMITACION DE COMPETENCIAS SIN UNA EXPRESA PREVISION CONSTITUCIONAL O ESTATUTARIA (SENTENCIA DE 5 DE AGOSTO DE 1983), RESULTA QUE EL LEGISLADOR HA SOBREPASADO LOS LIMITES DE SU POTESTAD, RAZON POR LA CUAL SON LOS MISMOS INCONSTITUCIONALES. ADEMAS DEL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL QUE ASI ESTAN AFECTADOS ESTOS PRECEPTOS, EN EL ART. 39 CONCURREN OTROS VICIOS DETERMINANTES DE SU INVALIDEZ.

ASI, LA PRIMERA PROPOSICION DEL PARRAFO INICIAL DE ESTE ARTICULO (<CORRESPONDERA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PROMOVER Y DESARROLLAR LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMSIDORES Y USUARIOS EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS>) ADOLECE DE INSCONSTITUCIONALIDAD POR VIOLACION DEL ART. 51 DE LA CONSTITUCION, YA QUE LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS NO PERTENECE UNICAMENTE A LAS INSTANCIAS CENTRALES, SINO A TODOS LOS PODERES PUBLICOS, INCLUIDA, POR TANTO, LA GENERALIDAD DE CATALUÑA (QUE ADEMAS, SEGUN SE HA EXPUESTO, OSTENTA COMPETENCIAS EXPRESAS EN LA MATERIA). EL CONTENIDO Y ALCANCE DE ESTOS <ASPECTOS> QUE ESPECIALMENTE SE RESERVAN A LA COMPETENCIA DEL ESTADO ES EL SIGUIENTE:

EN EL APARTADO 1.

SE CONFIA A LA ADMINISTRACION CENTRAL <ELABORAR Y APROBAR EL REGLAMENTO GENERAL DE ESTA LEY, LAS REGLAMENTACIONES TECNICO-SANITARIAS, LOS REGLAMENTOS SOBRE ETIQUETADO, PRESENTACION Y PUBLICIDAD, LA ORDENACION SOBRE ADITIVOS Y LAS DEMAS DISPOSICIONES DE GENERAL APLICACION EN TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL (...)>, Y ES EVIDENTE QUE LA GENERALIDAD Y AMPLITUD CON QUE EL PRECEPTO INTERPRETA Y AQUILATA LAS POTESTADES NORMATIVAS DEL ESTADO ES CONSTITUCIONALMENTE REPROCHABLE, TODA VEZ QUE SOBRE LOS AMBITOS MATERIALES QUE FUNDAMENTALMENTE INCIDEN EN LA LEY (COMERCIO INTERIOR, DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, Y SANIDAD INTERIOR) EL PODER CENTRAL SOLO TIENE ATRIBUIDA LA ADOPCION DE LA LEGISLACION BASICA QUE, EN PRINCIPIO, Y SALVO SUPUESTOS EXCEPCIONALES, NO CONLLEVA LA POTESTAD REGLAMENTARIA.

TAMBIEN SE CONFIERE AL GOBIERNO LA APROBACION O PROPUESTA, EN SU CASO, DE LAS DISPOSICIONES QUE REGULEN LOS PRODUCTOS A QUE SE REFIERE EL ART. 5.1, LO QUE SUPONE UNA <CARTA BLANCA> AL EJECUTIVO CENTRAL PARA QUE REGLAMENTE TODA CLASE DE PRODUCTOS, LO MISMO POR RAZONES DE SALUD QUE DE SEGURIDAD. ESTA AMPLITUD DESMESURADA CON QUE SE CONCIBE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO (CONFIRMADA EN EL PARRAFO SEGUNDO DEL PROPIO APARADO 1. ) ES RADICALMENTE CONTRARIA AL PRINCIPIO GENERAL DE QUE EL INSTRUMENTO NORMAL PARA ESTABLECER LAS BASES ES, CON POSTERIORIDAD A LA CONSTITUCION, LA LEY, ELLO CON INDEPENDENCIA DE QUE LA NORMATIVA QUE SE RECURRE SEGUIRIA SIENDO INCONSTITUCIONAL POR NO RESPETAR LA RESERVA DE LEY QUE IMPONE EL ART. 53.1 DE LA CONSTITUCION, RESERVA QUE EXIGE QUE SE MARQUEN PAUTAS DISCERNIBLES PARA LA REGULACION DE LA GRAN VARIEDAD DE EXTREMOS QUE EN DICHA NORMATIVA SE CONTEMPLA. A ELLO NO OBSTA EL HECHO DE QUE ESTE APARTADO 1. CONCLUYA CON LA SALVEDAD DE QUE <LO DISPUESTO EN ESTE NUMERO SE ENTIENDE SIN PERJUICIO DE LAS POTESTADES NORMATIVAS QUE CORRESPONDEN A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, DE ACUERDO CON SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS>, PUESTO QUE LO QUE AQUI SE CUESTIONA NO SON LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS QUE PUEDAN TENER LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SINO LA OMNIMODA POTESTAD REGLAMENTARIA QUE HA TRATADO DE CONFERIRSE AL GOBIERNO EN CONTRA DE LO PRECEPTUADO EN LA CONSTITUCION, EL ESTATUTO DE CATALUÑA Y EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.

EN EL APARTADO 3. SE ENCOMIENDA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO <APOYAR LA ACTUACION DE LAS AUTORIDADES Y CORPORACIONES LOCALES Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ESPECIALMENTE EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS APARTADOS 3 Y 5 DEL ART.

41>. SI POR <APOYAR> SE ENTIENDE <COLABORAR> Y <SER SOLIDARIO>, NADA HABRIA QUE RECRIMINAR, PERO TAMBIEN PUEDE ENTENDERSE COMO UNA REMISION A LAS IDEAS DE <PROTECCION>, <AUXILIO> O <FAVOR>, Y EN EL ARTICULADO DE LA LEY APARECE LATENTE UN CIERTO PROPOSITO DE TUTELAR Y GUIAR LA ACTIVIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, POR LO QUE SE HA DE ENTENDER QUE EL PRECEPTO ES INCONSTITUCIONAL, POR LESIONAR EL PRINCIPIO DE AUTONOMIA (ARTS. 2 Y 137 DE LA CONSTITUCION).

EL APARTADO 4. VULNERA EL AUTOGOBIERNO DE LA GENERALIDAD (ART. 9.1 DEL ESTATUTO) EN LO RELATIVO A LA COMPETENCIA QUE ATRIBUYE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO PARA ESTIMULAR EL CELO O LA ACTUACION DE LAS DEMAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y, EN CONCRETO, LA DE LA GENERALIDAD.

SE INFRINGE AQUI, ADEMAS, EL ORDEN CONSTITUCIONAL DE COMPETENCIA AL CONFERIR AL EJECUTIVO CENTRAL UNA COMPETENCIA DE LA QUE NO ES TITULAR.

TAMBIEN DICHO APARTADO PRECEPTUA QUE <EN CASO DE NECESIDAD O URGENCIA> CORRESPONDERA A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO <ADOPTAR CUANTAS MEDIDAS SEAN CONVENIENTES PARA PROTEGER Y DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS, ESPECIALMENTE EN LO QUE HACE REFERENCIA A SU SALUD Y SEGURIDAD>. LA NORMA ESTA REDACTADA CON UNA GRAN AMPLITUD, APARECE PELIGROSAMENTE ABIERTA A POSIBLES DISCRECIONALIDADES EXCESIVAS Y REFLEJA, POR ELLO, UNA COMPETENCIA ESTATAL CARENTE DE JUSTIFICACION CONSTITUCIONAL.

EL APARTADO 5.

ASUME PARA LAS AUTORIDADES DEL ESTADO EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA, CUANDO CON ARREGLO A LA CONSTITUCION (ART. 149.3) Y AL ESTATUTO (ART. 12.1.5), ELLO CORRESPONDE A LOS ORGANOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. LA NORMA ES, PUES, INCONSTITUCIONAL POR EXCESO COMPETENCIAL.

2. POR ESCRITO REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 1984, LOS SEÑORES OTAOLA BAJENETA Y LOPEZ CARCAMO, LETRADOS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO, PRESENTARON EN NOMBRE DE ESTE GOBIERNO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. EXPUSIERON LAS ALEGACIONES QUE A CONTINUACION SE RESUMEN:

A) COMO CONSIDERACIONES DE CARACTER GENERAL, SE COMIENZA POR ALUDIR AL CARACTER PLURISDICIPLINARIO DE LA MATERIA DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y USUARIO, LO QUE CONLLEVA QUE SOBRE ELLA INCIDAN DIVERSOS TITULOS COMPETENCIALES, DEL ESTADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. POR ELLO, Y POR LOS LIMITES QUE EL PROPIO ESTATUTO DE AUTONOMIA DISPONE EN SU ART. 10.27, SE PARTE DE LA CONSIDERACION DE QUE LA MATERIA EN CUESTION ESTA, A EFECTOS COMPETENCIALES, COMPARTIDA, CITANDOSE, A ESTE PROPOSITO, LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1982. AL ESTADO LE CORRESPONDE UNA COMPETENCIA GLOBAL PARA FIJAR LAS CONDICIONES BASICAS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ART. 51 DE LA CONSTITUCION (ART. 149.1.1 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL), ASI COMO COMPETENCIAS, DE DISTINTO ALCANCE, DERIVADAS DE OTROS TITULOS (ASI, POR EJEMPLO, APARTADOS 6, 8, 11, 16 Y 23 DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION). DE OTRO LADO, A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO LE CORRESPONDE UNA COMPETENCIA GLOBAL DE DESARROLLO NORMATIVO Y EJECUCION, RESPETANDO LAS CONDICIONES BASICAS ESTATALES (ART. 149.1.1). OSTENTA TAMBIEN LA COMUNIDAD

AUTONOMA OTRAS COMPETENCIAS SOBRE LA MATERIA EN CUESTION (POR EJEMPLO, ARTS. 10.6, 10.3, 18.1 Y 11.1, A), DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA). ESTE ES EL ESQUEMA COMPETENCIAL, EN EL QUE SE ENMARCA LA LEY 26/1984, A PARTIR DEL QUE SE HA DE ENTENDER LA IMPUGNACION DEDUCIDA ASI COMO, EN ESPECIAL, UNO DE LOS PRECEPTOS MAS TRASCENDENTALES DE LA LEY, EL PARRAFO TERCERO DEL ART. 39.1, QUE SE HA DE INTERPRETAR COMO EXPRESA GARANTIA O SALVAGUARDA DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (ASI, LA ATRIBUCION DE POTESTADES NORMATIVAS A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO QUE SE REALIZA EN LOS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ART. 39.1 DEBE QUEDAR CONSTREÑIDA A SUS JUSTOS TERMINOS EN VIRTUD DEL ESQUEMA DE DISTRIBUCION COMPETENCIAL APUNTADO).

DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, AL ESTADO NO LE CORRESPONDERA TODA LA REGLAMENTACION TECNICO-SANITARIA DE UN DETERMINADO PRODUCTO O SERVICIO, SINO SOLO AQUELLOS ASPECTOS QUE PUEDEN CONSIDERARSE BASICOS DENTRO DE LA SANIDAD INTERIOR (ARTS 149.1.16 DE LA CONSTITUCION), RESPETANDO LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS DE DESARROLLO (ARTS. 10.27 Y 28 Y 18.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA). NO LE CORRESPONDERA AL ESTADO LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS SOBRE ETIQUETADO, PRESENTACION Y PUBLICIDAD, PUES EN ESTE EXTREMO EL TITULO QUE PUEDE ESGRIMIR EL ESTADO (ART. 149.1.1) HA AGOTADO TODA SU POTENCIALIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 13 DE LA LEY. POR LO QUE SE REFIERE AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY, NO CABE DUDAR DE LA COMPETENCIA ESTATAL PARA DICTARLO, PERO SU CONTENIDO DEBERA RESPETAR LAS COMPETENCIAS NORMATIVAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA; NO PODRA REGULAR, CONCRETAMENTE, LOS CASOS, PLAZOS Y FORMAS DE PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES, PUES DICHA NORMATIVA NO TENDRIA COBERTURA COMPETENCIAL, CORRESPONDIENDO, MAS BIEN, A LA COMUNIDAD AUTONOMA (APARTADOS 27 Y 28 DEL ART. 10 DE SU ESTATUTO). POR LO QUE SE REFIERE A LA COORDINACION ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, ESTA SOLO PODRA VERSAR SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION VASCA QUE AFECTEN A LA SANIDAD INTERIOR, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 149.1.16 DE LA CONSTITUCION.

ESTE ES EL ALCANCE QUE TIENEN A JUICIO DE LA REPRESENTACION ACTORA LOS PARRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ART. 39.1 DE LA CONSTITUCION.

B) TRAS ESTAS CONSIDERACIONES GENERALES, SE ENTRA EN LA DEMANDA A FUNDAMENTAR LA AFIRMADA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS:

ART.

20 EN LA MATERIA SOBRE LA QUE VERSA ESTE PRECEPTO TIENE LA COMUNIDAD AUTONOMA UNA DOBLE TITULARIDAD COMPETENCIAL: LA QUE LE CORRESPONDE EN LO RELATIVO A LAS ASOCIACIONES Y LA QUE OSTENTA EN ORDEN A LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR. SE AFIRMA, DESDE ESTA BASE COMPETENCIAL, QUE SI BIEN EL ESTADO PUEDE RECONOCER UNA SERIE DE BENEFICIOS A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y ESTABLECER LOS REQUISITOS PERTINENTES (COMO SE HACE EN EL ART. 21), LO QUE NO CABE EXIGIR ES LA INSCRIPCION DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO EN UN LIBRO-REGISTRO QUE SE LLEVARA EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (ART. 20.3). UN CENSO CON EL MISMO CARACTER ESTA PREVISTO EN EL ART. 22 DE LA LEY DEL PARLAMENTO VASCO 10/1981, DE 18 DE NOVIEMBRE, Y ESTA SOBRECARGA VIENE A PESAR INJUSTIFICADAMENTE SOBRE EL PARTICULAR, DEVALUANDO, EN CIERTO MODO, EL REGISTRO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. PARA QUE LA ASOCIACION QUEDE CONFIGURADA COMO TAL DEBE BASTAR CON QUE SE HAYA CONSTITUIDO SEGUN LA REGULACION ADMINISTRATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, CON INDEPENDENCIA DE LA COORDINACION INFORMATIVA QUE DEBE EXISTIR ENTRE AMBAS ADMINISTRACIONES. LA LEY, PUES, VIENE A CAER, ADEMAS DE EN UNA EXTRALIMITACION COMPETENCIAL, EN UNO DE LOS VICIOS QUE PRETENDE COMBATIR EN SU ART. 23, E), 1, AL CREAR UNA OBLIGACION NECESARIA Y REPETITIVA EN BENEFICIO DE LA COMODIDAD DE LA ADMINISTRACION, QUE NO JUSTIFICA CUANDO LA ASOCIACION SE HA CONSTITUIDO EN EL AMBITO DE UNA COMUNIDAD AUTONOMA COMPETENTE EN LA MATERIA.

ART. 36.2 EL PRECEPTO ES INCONSTITUCIONAL EN LO QUE SE REFIERE A LA ATRIBUCION AL CONSEJO DE MINISTROS DE LA FACULTAD PARA ACORDAR EL CIERRE TEMPORAL DEL ESTABLECIMIENTO O SERVICIO. SE TRATA DE UN ACTO CONCRETO DE EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y USUARIO QUE COMO COMPETENCIA EJECUTIVA QUE ES, CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA (ARTS. 10.27 Y 28 Y 18.1 DE SU ESTATUTO). SE HA DE TENER EN CUENTA, ASIMISMO, LO QUE A CONTINUACION SE ADUCE SOBRE EL ART. 39.5.

ART. 39.5 ESTE PRECEPTO VIOLA LOS ARTS.

10.27 Y 28 Y 18.1 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA EL PAIS VASCO AL ATRIBUIR A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO UNA POTESTAD QUE, SEGUN LAS NORMAS CITADAS, CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA. LA POTESTAD SANCIONADORA ES, EN EFECTO, PERFECTAMENTE SUBSUMIBLE EN LA COMPETENCIA EJECUTIVA, AFIRMACION QUE SE FUNDAMENTA EN LO CONSIDERADO POR ESTE TRIBUNAL EN SUS SSTC 71/1982 (FUNDAMENTOS JURIDICOS 5. Y 7. ) Y 1/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 15). DE OTRA PARTE, LOS LIMITES QUE AFECTAN A LA COMPETENCIA AUTONOMICA SOBRE PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (ARTS. 10.27 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA Y 149.2.16 DE LA CONSTITUCION Y STC 71/1982) NO IMPIDEN EN ABSOLUTO LA ATRIBUCION A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA POTESTAD SANCIONADORA. EN ESTE MISMO REGIMEN EL QUE APARECE PLASMADO EN LA DISPOSICION FINAL PRIMERA DE LA LEY DEL PARLAMENTO VASCO 10/1981, DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR.

ART. 41. EN LA MATERIA DE ESTE PRECEPTO SE ENTRECRUZAN, DE NUEVO, DOS TITULOS COMPETENCIALES, RELATIVO, EL PRIMERO, AL REGIMEN LOCAL Y CORRESPONDIENTE; EL SEGUNDO, A LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES. SOBRE LA BASE DE LO DICHO EN LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 22 DE DICIEMBRE DE 1981, HAY QUE ENTENDER QUE ES INHERENTE A LA COMPETENCIA DE PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES LA DETERMINACION DE CUALES SEAN LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INFORMACION Y EDUCACION DE AQUELLOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS DE INFORMACION, ASI COMO LA INSPECCION Y EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA. EL CRITERIO DEL CONTENIDO INHERENTE LLEVA, POR TANTO, A RECHAZAR QUE SE PUEDA INCLUIR ESTA DISPOSICION EN EL CAMPO DEL REGIMEN LOCAL (ART. 149.1.18 DE LA CONSTITUCION), SOLO EVENTUAL Y ACCIDENTALMENTE AQUI AFECTADO, TODO LO CUAL LLEVA A RESOLVER EL PROBLEMA COMPETENCIAL ATENDIENDO AL TITULO DE PROTECCION AL CONSUMO. NO SE IMPUGNAN, DE OTRO LADO, LAS FACULTADES RECONOCIDAS A LAS CORPORACIONES LOCALES EN EL ART. 41 (NUMS. 4 Y 5), YA QUE, POR SU CARACTER GENERAL, SE PUEDEN CONSIDERAR COMPATIBLES CON LAS QUE CORRESPONDEN A LA COMUNIDAD AUTONOMA Y PORQUE SON DE NATURALEZA TAN ELEMENTAL QUE DIFICILMENTE SE PUEDEN NEGAR A CUALQUIER ADMINISTRACION PUBLICA. NO ASI, EN CAMBIO, LAS FACULTADES DE LOS NUMS. 1, 2, 3 Y 6 QUE SE REITERA AFECTAN DE LLENO AL AMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, Y NO CABE QUE DE LAS MISMAS PUEDA DISPONER EL ESTADO NI EN SU PROPIO FAVOR NI EN EL DE LAS CORPORACIONES LOCALES. TAMPOCO CABRIA ARGUIR QUE RESULTE AQUI APLICABLE LA COMPETENCIA ESTATAL DEL ART. 149.1.1, PUES ES EL PROPIO ESTATUTO DE AUTONOMIA EL QUE EXPRESAMENTE, Y SIN LUGAR A DUDAS, OTORGA LA COMPETENCIA EN LA MATERIA A LA COMUNIDAD AUTONOMA. SE CITA, AL RESPECTO, LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1981. EN SUMA, CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA LA DISPONIBILIDAD SOBRE LAS FACULTADES QUE EN LOS NUMS. 1, 2, 3 Y 6 DEL ART. 41 SE OTORGAN A LAS CORPORACIONES LOCALES (ART. 10.28 DEL ESTATUTO), POR LO QUE DICHOS PRECEPTOS SE HAN DE CONSIDERAR INCONSTITUCIONALES.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA. LA AMPLITUD CON QUE SE CONFIGURA LA REMISION AL REAL DECRETO 1495/1983, DE 22 DE JUNIO, A LOS EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO NOVENO, PUEDE CONLLEVAR INVASION DE LA COMPETENCIA EJECUTIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. PARA QUE TAL INVASION NO SE PRODUZCA, LA REMISION DEBE QUEDAR REDUCIDA AL CONTENIDO DE DICHO REAL DECRETO QUE SE REFIERA, ESTRICTAMENTE, AL REGIMEN SANCIONADOR (TIPIFICACION DE INFRACCIONES Y DETERMINACION DE SANCIONES). NO SERAN DE APLICACION, POR EL CONTRARIO, LAS REGULACIONES DE DICHO REGLAMENTO QUE CONSTITUYAN ATRIBUCION DE POTESTAD SANCIONADORA A ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. SE REITERAN, A ESTE PROPOSITO, LAS CONSIDERACIONES HECHAS AL EXAMINAR EL ART.

39.5.

SE CONCLUYO PIDIENDO LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD DE LOS SIGUIENTES PRECEPTOS DE LA LEY: ART. 20.3 (EN LO QUE SE REFIERE A LA EXIGENCIA DE FIGURAR INSCRITAS LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES EN UN LIBRO-REGISTRO QUE SE LLEVARA EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO); ART.

36.2 (EN SU INCISO PRIMERO, QUE OTORGA LA FACULTAD DE ACORDAR EL CIERRE TEMPORAL, COMO MEDIDA SANCIONATORIA, AL CONSEJO DE MINISTROS), Y ART. 39.5. SE PIDIO, ASIMISMO, QUE SE DECLARASE NULA LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA POR SU CONEXION CON LOS ANTERIORES PRECEPTOS (ART. 39.1 DE LA LOTC), EN LA MEDIDA EN QUE EL TRIBUNAL APRECIE DICHA CONEXION O CONSECUENCIA Y QUE SE ANULARAN CUANTOS ACTOS Y DISPOSICIONES SE HUBIERAN DICTADO EN EJECUCION DE LA LEY 26/1983, EN LO QUE A LOS EXTREMOS RECURRIDOS SE REFIERE.

3. MEDIANTE ESCRITO REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 1984, DON HERIBERTO GARCIA SEIJO, LETRADO DE LA JUNTA DE GALICIA, INTERPUSO EN NOMBRE DE LA MISMA RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS:

A) EN LA PARTE INTRODUCTORIA DEL ESCRITO DE DEMANDA (<PLANTEAMIENTO> Y <CONSIDERACIONES EN TORNO A LA LEY PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS>) SE EXPONEN, TRAS CITAR LOS ARTS. 51, 53.3, 38, 128.1 Y 139 DE LA CONSTITUCION, ASI COMO LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL DE 28 DE ABRIL DE 1983, DIVERSAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY IMPUGNADA.

SE ADUCE ASI, QUE ESTE TEXTO LEGAL NO ASEGURA LA NECESARIA <COORDINACION> EN LA MATERIA REGULADA, AL TIEMPO QUE ATRAE AL AMBITO COMPETENCIAL DEL ESTADO <MATERIAS QUE CONSTITUYEN COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, ASI EN EL CAMPO DEL DESARROLLO LEGISLATIVO COMO EN EL DE LA EJECUCION> (ARTS. 30.4 Y 37 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA). DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 131 Y 149.1.13 DE LA CONSTITUCION, LO IDONEO HABRIA SIDO QUE EL ESTADO FIJARA LAS <BASES> Y LO RELATIVO A LA <COORDINACION> DE LA PLANIFICACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, PERO BIEN CLARO RESULTA QUE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES NO ES UNA LEY DE <FIJACION DE BASES>, NI DE PLANIFICACION ECONOMICA, NI DE COORDINACION GENERAL. ES UNA LEY GENERAL QUE, POR LA VIA INDIRECTA DE LA SUPLETORIEDAD DE LOS PRINCIPIOS GENERALES INFORMADORES DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, Y PONIENDO EN JUEGO DIVERSOS ARTIFICIOS SEMANTICOS, SE CONVIERTE EN REDEFINIDORA DE COMPETENCIAS.

BAJO LA RUBRICA <INCONSTITUCIONALIDAD FORMAL DE LA LEY PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS> (CUESTION SE DICE QUE, SIN EMBARGO, <NO CONSTITUYE OBJETO DIRECTO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD>, PUES <NO SE ATACA LA LEY EN SU TOTALIDAD>), SE ALUDE EN EL RECURSO A LA <ARTIFICIOSA TECNICA LEGISLATIVA> DEL TEXTO IMPUGNADO Y A COMO SUS PRECEPTOS ESTAN IMPREGNADOS DE UNA <IDEOLOGIA CIRCUNDANTE (...) CONSISTENTE EN UNA REDEFINICION DE COMPETENCIAS>, CONSIDERACIONES QUE A JUICIO DE QUIEN RECURRE <HAN DE PERMITIR ELIMINAR> LAS <INCONSTITUCIONALIDADES MATERIALES POR VICIOS DE INCOMPETENCIA QUE CONTIENEN DIVERSOS PRECEPTOS>. ANTES DE PROCEDER AL EXAMEN DE LOS PRECEPTOS QUE ASI SE TACHAN DE INCONSTITUCIONALES SE EXPONEN AUN UNAS <CONSIDERACIONES EN TORNO A LA LEY PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS> QUE PUEDEN RESUMIRSE COMO SIGUE:

LA CALIFICACION DE LA LEY COMO <GENERAL> NO PARECE QUE SEA <FRUTO DEL AZAR>, SINO EXPRESION DE DIVERSOS PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL SISTEMA NORMATIVO DE LA SANIDAD NACIONAL, EL COMERCIO INTERIOR Y EL REGIMEN DE AUTORIZACION DE PRODUCTOS COMERCIALES (SENTENCIA DE 28 DE ABRIL DE 1983). PUDIERA OCURRIR, SIN EMBARGO, QUE TAL DENOMINACION (<LEY GENERAL>) <PRETENDA CONSTITUIR UNA COBERTURA, A TRAVES DEL ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA, PARA LA FORMULACION DEL DERECHO SUPLETORIO UNIFORME>, LO QUE SE OBSERVA SERIA INCORRECTO. TAL INTERPRETACION DE LA MENS LEGISLATORIS COINCIDIRIA CON LA <PROCLAMACION TACITA> DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN DERECHOS Y OBLIGACIONES DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO, QUE ES <ANTECEDENTE INMEDIATO Y JUSTIFICACION> DE LA LEY IMPUGNADA.

PARECE, DE OTRA PARTE, PALMARIO QUE EL ESTADO NO OSTENTA EN LA MATERIA OBJETO DE LA LEY CONTROVERTIDA UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA <EN SU INTEGRIDAD>, POR MAS QUE EL ART. 1.1 DE LA MISMA LEY INDIQUE ( PER RELATIONEM ) LO CONTRARIO. AL MARGEN DE LO DISPUESTO EN EL ART. 149.1.1 DE LA CONSTITUCION, LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO SON LAS PREVISTAS EN LOS APARTADOS 10. , 13. Y 16.

DEL MISMO ART. 149, EN TANTO QUE A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA LE CORRESPONDEN, SEGUN SU ESTATUTO, EL DESARROLLO LEGISLATIVO Y LA EJECUCION DE LA LEGISLACION BASICA DEL ESTADO EN MATERIA DE SANIDAD INTERIOR (ART.

33.1), LA EJECUCION DE LA LEGISLACION DEL ESTADO SOBRE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (ART. 33.3), LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION A TALES FINES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON ESTAS MATERIAS Y EL EJERCICIO DE LA TUTELA SOBRE INSTITUCIONES, ENTIDADES Y FUNDACIONES EN MATERIA DE SANIDAD (ART. 33.4), ASI COMO LAS COMPETENCIAS DE CARACTER ECONOMICO A LAS QUE SE REFIERE EL ART.

30 DEL MISMO ESTATUTO. LOS TITULOS COMPETENCIALES RESEÑADOS HAN SIDO SE DICE <INVADIDOS> POR LA LEY IMPUGNADA. LA IGUALDAD QUE LA CONSTITUCION GARANTIZA NO PERMITE HACER TABLA RASA DE LAS COMPETENCIAS ESTATUTARIAMENTE ASUMIDAS, NI PUEDE, TAMPOCO, LLEGARSE A TAL RESULTADO CON FUNDAMENTO EN LAS COMPETENCIAS ECONOMICAS DEL ESTADO O POR VIA DE LO DISPUESTO EN EL ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION, PUES SE RECUERDA EL DERECHO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ES APLICABLE CON PREFERENCIA A CUALQUIER OTRO EN LAS MATERIAS DE SU EXCLUSIVA COMPETENCIA (ART. 38 DEL ESTATUTO).

DE OTRO LADO, TAMPOCO SE ALCANZA A COMPRENDER EL SENTIDO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 1.1 DE LA LEY (<EN DESARROLLO DEL ART. 51.1 Y 2 DE LA CONSTITUCION, ESTA LEY TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, LO QUE, DE ACUERDO CON EL ART. 53.3 DE LA MISMA TIENE EL CARACTER DE PRINCIPIO GENERAL INFORMADOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO>). SE DICE EN EL RECURSO QUE ESTE ENUNCIADO LEGAL ES EXPRESIVO DEL CARACTER DE LA LEY COMO <UNIFORME Y SUPLETORIA>, LO QUE <INTRODUCE UNA LOAPALIZACION ( SIC ) SECTORIAL>. TRAS ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LO QUE SEAN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, SE OBSERVA EN EL RECURSO QUE <LA CALIFICACION DE PRINCIPIO GENERAL (...) LLEVA APAREJADA SU CONDICION DE NORMATIVA SUBSIDIARIA>.

TAMPOCO ESTA LEY PUEDE CALIFICARSE DE <BASICA>, POR MAS QUE A SU TRAVES SE INCLUYAN COMO <BASES>, <PRINCIPIOS> O <DIRECTRICES> PARA <SER TENIDAS EN CUENTA POR LOS PODERES PUBLICOS EN LAS ACTUACIONES Y DESARROLLOS NORMATIVOS FUTUROS> TODAS LAS DISPOSICIONES, REGLAS Y PRINCIPIOS QUE LA PROPIA LEY DESARROLLA. LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS SE OBSERVA CONSTITUYEN <PRUEBA CONCLUYENTE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD AL ELEVAR AL RANGO DE <BASES>, LO QUE NO ES OTRA COSA QUE SIMPLES ACTOS DE EJECUCION>. SE RECUERDA QUE NO CORRESPONDE AL ESTADO DICTAR LEYES QUE INCIDAN EN EL AMBITO COMPETENCIAL DE LAS COMUNIDADES, INTERPONIENDOSE ENTRE LA CONSTITUCION Y LOS ESTATUTOS (SENTENCIA DE 5 DE AGOSTO DE 1983).

<COMO COLOFON O CIERRE DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES EXPUESTAS>, SE AFIRMA QUE SE HA OPERADO <UNA ATRACCION COMPETENCIAL ILEGITIMA Y BASTARDA, LO QUE NECESARIAMENTE DERIVA EN LA NULIDAD RADICAL Y DE PLENO DERECHO DE LA LEY IMPUGNADA QUE SE CONFIGURA EN EL DERECHO FRANCES A PARTIR DE LA DOCTRINA DEL CONSEJO DE ESTADO COMO INEXISTENCIA DE LA LEY>, DOCTRINA SE DICE PLENAMENTE ACOGIDA POR EL ART. 88 DE LA CONSTITUCION.

B) TRAS LAS CONSIDERACIONES GENERALES QUE ANTECEDEN, SE ENTRA EN EL RECURSO A ANALIZAR LOS CONCRETOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, LUEGO DE REITERAR QUE LA LEY CONTROVERTIDA <ADOLECE DE VICIO RADICAL DE NULIDAD SUSTANCIAL O DE PLENO DERECHO (INEXISTENCIA DE LA LEY) POR FALTARLE LA CAUSA>.

ART.

1.1 (PRIMER PARRAFO, ULTIMO INCISO), DONDE ENUNCIA EL PRECEPTO EL <CARACTER DE PRINCIPIO GENERAL DEL ORDENAMIENTO JURIDICO> QUE TIENE LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, CON CITA DEL ART. 53.3 DE LA CONSTITUCION. SE ENTIENDE EN EL RECURSO QUE LA LEY INCURRE AQUI EN <EVIDENTE ''DISCONFORMIDAD'' (...) CON LA CONSTITUCION (...), YA QUE LA ''LEGISLACION POSITIVA'' CONSTITUYE UNA DE LAS FUENTES DEL DERECHO PERO NO ABARCA TODO EL ORDENAMIENTO JURIDICO, HABIENDOSE PRODUCIDO EN ESTE PRECEPTO NO SOLO VICIO DE INCOMPETENCIA, SINO TAMBIEN DE CONTENIDO, AL DAR MAYOR ALCANCE AL CONCEPTO, EN EL CONTRASTE LOGICO DE LA NORMA CONSTITUCIONAL Y DE LA ORDINARIA, QUE EL QUE SE CONTIENE EN EL ART. 53.3 DE LA C.E.>. EN TODO CASO, Y EN TANTO QUE PRETENDIDA REITERACION DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, EL PRECEPTO SERIA SUPERFLUO, SI BIEN COMO SEGUNDA OBSERVACION LA DISPOSICION LEGAL <ENCIERRA UNA REDEFINICION DE LOS SUPUESTOS A LOS QUE ES APLICABLE EL ART.

53.3 DE LA CONSTITUCION>, ALTERANDOSE, ASI, EL SISTEMA DE FUENTES Y AFECTANDOSE Y DISMINUYENDOSE GRAVEMENTE LA POTESTAD LEGISLATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

ART. 1.1 (SEGUNDO PARRAFO), EN CUANTO PRESCRIBE QUE <EN TODO CASO, LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS SE HARA EN EL MARCO DEL SISTEMA ECONOMICO DISEÑADO EN LOS ARTS. 38 Y 128 DE LA CONSTITUCION Y CON SUJECION A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 139>. ESTE PARRAFO SE DICE EN EL RECURSO GUARDA RELACION CON EL ANTERIOR, Y A TRAVES SUYO <SE ATRAE UN TITULO COMPETENCIAL ESPECIFICO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS>, RESULTANDO INCONSTITUCIONAL <AL SUPONER UNA REFORMULACION DE COMPETENCIAS DEFINIDAS POR LA CONSTITUCION>.

ART. 4.1 G), RELATIVO A LA DETERMINACION DE <LOS METODOS OFICIALES DE ANALISIS, TOMA DE MUESTRAS, CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION> EN LOS REGLAMENTOS REGULADORES <DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS>. LA DECLARACION QUE ENCABEZA ESTE PRECEPTO SE DICE EN EL RECURSO <INCURRE, POR SU PROPIA GENERALIDAD, EN EL VICIO DE ATRAER COMPETENCIAS O REDEFINIRLAS, REFORMULANDOLAS, ADEMAS DE COMPRENDER GLOBALMENTE LA POTESTAD REGLAMENTARIA, QUE NO CORRESPONDE AL ESTADO DE MANERA ABSOLUTA SINO EXCEPCIONALMENTE COMO PREVIENE EL ART. 37 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA>. SE CITA LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1982 Y SE RECUERDA LO DICHO EN LAS CONSIDERACIONES QUE ANTECEDEN SOBRE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (ARTS. 30.4 Y 33 DE SU ESTATUTO) EN COMERCIO INTERIOR Y SANIDAD.

ART. 5.1, EN CUANTO EN EL SE PRESCRIBE QUE <PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD FISICA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS SE REGULARA (...) ((EL)) TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS, ASI COMO SU CONTROL, VIGILANCIA E INSPECCION, EN ESPECIAL PARA LOS BIENES DE PRIMERA NECESIDAD>. TRAS REITERAR CONSIDERACIONESS YA EXPUESTAS EN LOS ALEGATOS QUE PRECEDEN, SE AFIRMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO CON LA INVOCACION DE LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN ORDEN A LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO Y MERCADO INTERIOR (ART. 30.4 DEL ESTATUTO), AL FOMENTO Y PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA (ART. 30.1, ASI COMO EN LAS MATERIAS DE INDUSTRIA (ART.

30.2), FERIAS Y MERCADOS INTERIORES (ART. 27.16) Y TRANSPORTE (CON LAS PRECISIONES DEL ART. 27.8), AMBITOS TODOS ELLOS EN LOS QUE CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA EL DESARROLLO LEGISLATIVO Y LA EJECUCION (CONTROL, VIGILANCIA E INSPECCION), DE CONFORMIDAD CON EL ART. 37 DEL MISMO ESTATUTO. SE CITAN LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1982 Y DE 8 DE JUNIO DEL MISMO AÑO.

ART. 5.2, QUE TANTO POR SU <GENERICA ENUNCIACION> COMO POR LO DISPUESTO EN SUS APARTADOS <D> E <I> SE HALLA AFECTADO POR EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTE EN EL NUM. 1 DE ESTE ARTICULO. EN PARTICULAR, LO DISPUESTO EN EL APARTADO <D> NO SE ARMONIZA CON LA LEGISLACION BASICA, <SINO QUE CONSTITUYE UN SISTEMA CONSUETUDINARIO EN EL EJERCICIO DEL COMERCIO INTERIOR QUE, POR SU PROPIA CONTEXTURA, HA DE INCARDINARSE COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA>.

ART. 6 A), DE CONFORMIDAD CON EL CUAL <LOS PODERES PUBLICOS, DIRECTAMENTE O EN COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES O USUARIOS, ORGANIZARAN, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, CAMPAÑAS Y ACTUACIONES PROGRAMADAS DE CONTROL DE CALIDAD, ESPECIALMENTE EN RELACION CON LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS: A) LOS DE USO O CONSUMO COMUN, ORDINARIO Y GENERALIZADO>. AL AMPARO DE UNA JUSTIFICACION CONSTITUCIONAL MATERIAL, SE REGULA AQUI ALGO QUE CORRESPONDE A LAS COMPETENCIAS DE DESARROLLO LEGISLATIVO Y DE EJECUCION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, SEGUN LOS ARGUMENTOS ANTES EXPUESTOS Y LO ESTABLECIDO EN EL ART. 37 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA.

ARTS. 14, 15 Y 16. EL CONTENIDO DE ESTOS PRECEPTOS COMPORTA UNA PATENTE INVASION DEL AMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN ORDEN AL DESARROLLO LEGISLATIVO, EJECUCION Y ADMINISTRACION DE LAS MATERIAS <COMERCIO INTERIOR> Y <DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO> (ARTS. 37.2 Y 3 Y 30.4 DEL ESTATUTO). SE CONVOCAN LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD Y DE INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD.

ARTS. 18, 20, 22, 23 Y 24. TRAS CITAR LO DISPUESTO EN EL ART. 51 DE LA CONSTITUCION, SE OBSERVA QUE LOS CRITERIOS MATERIALES DETERMINADORES DE DERECHOS NO PUEDEN CONVERTIRSE EN CRITERIOS DELIMITADORES DE COMPETENCIAS, LABOR QUE CORRESPONDE A LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA (ART. 147.2 D) DE LA CONSTITUCION), AL MARGEN LA FUNCION DE DESLINDE COMPETENCIAL QUE CORRESPONDE, POR ATRIBUCION CONSTITUCIONAL ESPECIFICA, A CIERTAS LEYES ESTATALES (SE CITA LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 5 DE AGOSTO DE 1982). SIN EMBARGO, EL LEGISLADOR HA ADOPTADO AQUI <UNA LEY GENERAL, UNIFORME Y SUPLETORIA, PRETENDIENDO, HABILIDOSAMENTE, POR TAL PROCEDIMIENTO PROVOCAR UNA ''LEY BASICA'', CON ''BASES FIRMES'', ''PRINCIPIOS'' O ''CRITERIOS'' QUE HAN DE SER TENIDOS EN CUENTA POR LOS ''PODERES PUBLICOS'' EN LAS ACTUACIONES Y DESARROLLOS NORMATIVOS FUTUROS, LO QUE ENTRAÑA VICIO DE INSCONTITUCIONALIDAD, POR LA DENUNCIADA RAZON DE INVADIR COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA> MEDIANTE UNA ATRIBUCION GENERAL DE COMPETENCIAS. ASI OCURRE EN LA REGULACION ESTABLECIDA POR LOS ARTS. 18, 20, 22, 23 Y 24, IMPLANTANDOSE, EN ESTA ULTIMO PRECEPTO, UN <ORGANO EXCEPCIONAL> CUYA NATURALEZA NO SE PRECISA NI SE INSTRUMENTA POR LA VIA LEGAL ADECUADA, CON <CLAROS PROPOSITOS REDEFINIDORES DE COMPETENCIAS> SE CITA LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL DE 5 DE AGOSTO DE 1983). EN SUMA, LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS CONTRADICEN LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 9.1 Y 149.1.11 Y 13 DE LA CONSTITUCION, ASI COMO LO PREVENIDO EN LOS ARTS. 30 Y 37 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA. SE HA DE TENER EN CUENTA, ASIMISMO, QUE, A TRAVES DE LO DISPUESTO EN EL ART. 1 DE LA LEY IMPUGNADA, <PUEDE PRODUCIRSE LA GRAVE CONSECUENCIA DE QUE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS CONSTITUYEN (SIC) UNA DETERMINACION DE NORMATIVA BASICA, LO QUE REPUGNA SE OBSERVA EL ELEMENTAL SENTIDO INTERPRETATIVO>.

ARTS. 34, 35, 36 Y 37, RELATIVOS A INFRACCIONES Y SANCIONES. EN EL ORDEN SANCIONADOR, SOLO ES DE COMPETENCIA ESTATAL <LA DEFINICION Y ESTABLECIMIENTO DE ''BASES'', QUE SE HAN DE LIMITAR A LA TIPIFICACION DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES> Y, SIN EMBARGO, LA LEY PROCEDE AQUI A UNA <ATRIBUCION GENERICA AL ESTADO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES>.

LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS IMPLICAN, PUES, UNA ATRIBUCION DE COMPETENCIAS AL ESTADO (ART. 35.2) O CONFUNDEN MATERIAS Y TITULOS COMPETENCIALES (ART.

34.5, EN POLITICA DE PRECIOS), LO QUE LES HACE INCURRIR EN INCONSTITUCIONALIDAD, CONCULCANDOSE LOS ARTS.

149.1.13 Y 16 DE LA CONSTITUCION Y LOS ARTS.

30.4 Y 37.2 Y 3 DEL ESTATUTO.

ARTS. 39, 40 Y 41. ESTOS PRECEPTOS INTEGRAN EL CAPITULO DECIMO DE LA LEY (<COMPETENCIAS>), QUE, LEJOS DE ARTICULAR UNA <FIJACION DE BASES> O <NORMAS BASICAS>, CONSTITUYE EL MAS CLARO Y CONTUNDENTE EJEMPLO DE REDEFINICION DE COMPETENCIAS, CONTRAVINIENDO EL TITULO COMPETENCIAL DE DESARROLLO LEGISLATIVO Y EJECUCION QUE CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA (ARTS. 30.4 Y 37.2 Y 3 DE SU ESTATUTO). EN PARTICULAR, LOS <ASPECTOS> A QUE SE REFIEREN LOS DIVERSOS APARTADOS DEL ART.

39 O BIEN SON ESPECIFICOS DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA (ART. 37.2 DEL ESTATUTO) O BIEN CONSTITUYEN ACCIONES DE FOMENTO QUE <NO SOPORTAN EL MAS SUPERFICIAL ANALISIS EN MATERIA DE DISTRIBUCION COMPETENCIAL>. OTRO TANTO SE DEBE DECIR A PROPOSITO DE LOS ARTS. 40 Y 41, CUYAS DETERMINACIONES PARECEN REFERIRSE A UNA <COORDINACION> QUE NO ES APLICABLE, AL NO EXISTIR TITULOS ESPECIFICO. DE NUEVO, EL ESTADO INCIDE, CON CARACTER GENERAL Y SIN TITULO ESPECIFICO, EN EL SISTEMA COMPETENCIAL, INCURRIENDO, POR CONSIGUIENTE, EN INCONSTITUCIONALIDAD. EN LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS SE REDEFINEN COMPETENCIAS CLARAMENTE ASUMIDAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA (ARTS. 30.4 Y 37.2 Y 3 DE SU ESTATUTO), COMO ESPECIFICAS MANIFESTACIONES DE LA <FUNCION EJECUTIVA>, EN LA QUE SE INCLUYEN LAS ACCIONES DE FOMENTO Y POLICIA.

DISPOSICION FINAL PRIMERA. ESTABLECE UNA FORMULA REDEFINIDORA DE COMPETENCIAS AL SOCAIRE DE LA <COLABORACION>, COMO REFERENCIA A UN MECANISMO DE <COORDINACION> DEL QUE, POR EL CARACTER GENERICO DE SU FORMULACION, CABE AFIRMAR QUE NO SE AJUSTA A LOS PRESUPUESTOS CONSTITUCIONALES Y TIENDE A ANULAR O CONDICIONAR LAS DECISIONES QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PUEDAN ADOPTAR EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS. ASI, LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN MATERIA DE COMERCIO INTERIOR Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y USUARIO (ARTS. 30.4 Y 37 DE SU ESTATUTO) SE VEN CONDICIONADAS POR OTRO ORGANO QUE <EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PROMOVERA> Y, POR LO TANTO, SE INCARDINA DENTRO DE LA JERARQUIA Y ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, SIN QUE SEA SUFICIENTE PARA ATENUAR LA GRAVEDAD DE TAL DETERMINACION LA REFERENCIA QUE SE HACE A LA <COLABORACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS>, POR CUANTO DICHA COLABORACION ES CONNATURAL AL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS. POR CONSIGUIENTE, TAL DISPOSICION DEBE SER DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR <REDEFINIDORA DE COMPETENCIAS> Y CONTRADICTORIA CON PRECEPTOS CONSTITUCIONALES (ART. 149.1.11 Y 13) Y ESTATUTARIOS (ART.

30), SIENDO DE APLICACION LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL EXPRESADA EN LA SENTENCIA DE 5 DE AGOSTO DE 1983.

DISPOSICION FINAL TERCERA. EN CUANTO HACE REFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO (CREADO POR DECRETO DE 5 DE AGOSTO DE 1975), AFECTA A FUNCIONES EMINENTEMENTE TECNICAS (ART. 1 DEL DECRETO CITADO) Y, POR CONSIGUIENTE, ACTUA SOBRE MATERIAS QUE CONSTITUYEN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA <FUNCION EJECUTIVA> Y DE COMPETENCIA, POR TANTO, DE LA COMUNDIAD AUTONOMA DE GALICIA (ART. 37.2 Y 3 DE SU ESTATUTO).

DISPOSICION FINAL CUARTA. LA DELEGACION AL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DE LA LEY SE FORMULA, COMO GENERICA REGLA DE ATRIBUCION DE COMPETENCIAS, INVADIENDO EL CAMPO LEGISLATIVO O DE <DESARROLLO LEGISLATIVO> QUE CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA (ARTS. 30.4 Y 37 DE SU ESTATUTO), POR LO QUE ES, ASIMISMO, INCONSTITUCIONAL.

CONCLUYO EL ESCRITO DE DEMANDA SEÑALANDO, <A MODO DE RESUMEN>, QUE LA LEY IMPUGNADA ES INCONSTITUCIONAL <EN CUANTO SUPONE UNA TENTATIVA DE REDEFINICION DE COMPETENCIAS QUE VULNERA EL ART. 9 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA, EN CUANTO INSTRUMENTA UNA LEY GENERAL Y UNIFORME DE INTERPRETACION EN VEZ DE ACUDIR A LA NORMAL VIA DE FIJACION DE ''BASES''>, TRAS DE LO CUAL SE ESPECIFICAN REITERANDO LOS ALEGATOS ANTERIORES LOS <PRINCIPIOS VIOLADOS EN LA LEY IMPUGNADA>. SE CONCLUYO SUPLICANDO LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD, Y CONSIGUIENTE NULIDAD, DE LOS SIGUIENTES PRECEPTOS DE LA LEY 26/1984: ART. 1 (PARRAFOS 1.1 Y 2), ART. 4.1 G), ART. 5 (APARTADO 1 Y APARTADO 2, PUNTOS D) E I), ART.

6 D), ARTS. 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Y 41, Y DISPOSICIONES FINALES PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA, <ASI COMO CUALESQUIERA OTROS PRECEPTOS DE LA MISMA QUE, POR COHERENCIA O CONEXION, RESULTE PROCEDENTE DECLARAR SU INCONSTITUCIONALIDAD>.

4. MEDIANTE PROVIDENCIAS DE LOS DIAS 31 DE OCTUBRE (PARA EL RECURSO 735/84) Y 7 DE NOVIEMBRE DE 1984 (PARA LOS RECURSOS 728 Y 731/84), DICTADAS, RESPECTIVAMENTE, POR LAS SECCIONES TERCERA, PRIMERA Y CUARTA DE ESTE TRIBUNAL, SE DECIDIO LA ADMISION A TRAMITE DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTOS, DAR TRASLADO DE LAS DEMANDAS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS A LOS ORGANOS QUE DICE EL ART. 34 DE LA LOTC, A LOS EFECTOS ALLI PREVISTOS, Y PUBLICAR LA FORMALIZACION DE LOS RECURSOS, PARA GENERAL CONOCIMIENTO, EN LOS DIARIOS OFICIALES.

5. MEDIANTE ESCRITO QUE TUVO SU ENTRADA EN EL REGISTRO DE ESTE TRIBUNAL EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1984, EL ABOGADO DEL ESTADO, EN LA REPRESENTACION QUE LE ES PROPIA, SE PERSONO EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SOLICITO QUE, DADA LA INTIMA CONEXION EXISTENTE ENTRE LAS MATERIAS QUE AFECTAN A DICHOS PROCESOS, SE DIPUSIERA LA ACUMULACION DE LOS MISMOS, CON ARREGLO A LO PREVENIDO EN EL ART. 83 DE LA LOTC.

6. POR PROVIDENCIA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1984, LA SECCION TERCERA ACORDO OIR A LAS PARTES PROMOTORAS DE LOS TRES RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD A FIN DE QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS, EXPUSIERAN LO QUE ESTIMAREN PROCEDENTE ACERCA DE LA ACUMULACION SOLICITADA POR EL ABOGADO DEL ESTADO, QUEDANDO MIENTRAS TANTO EN SUSPENSO EL PLAZO CONCEDIDO PARA ALEGACIONES.

LA JUNTA DE GALICIA, EN ESCRITO PRESENTADO EL 6 DE DICIEMBRE, PRESTO SU CONFORMIDAD A LA ACUMULACION DE LOS TRES PROCESOS. NO PRESENTARON ALEGACIONES NI EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA NI EL GOBIERNO VASCO.

7. MEDIANTE AUTO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1984, ACORDO EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACUMULAR LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 735/84, 731/84 Y 728/84, Y LEVANTAR LA SUSPENSION DEL PLAZO QUE PARA ALEGACIONES SE HABIA CONCEDIDO AL GOBIERNO, CONCEDIENDO OTRO NUEVO DE QUINCE DIAS PARA QUE POR EL ABOGADO DEL ESTADO SE FORMULARAN LAS CORRESPONDIENTES.

8. MEDIANTE ESCRITO DE 3 DE ENERO DE 1985 SE SOLICITO POR EL ABOGADO DEL ESTADO LA CONCESION DE UNA PRORROGA DEL PLAZO PARA ALEGACIONES DE OCHO DIAS MAS, LO QUE FUE CONCEDIDO POR LA SECCION CUARTA DE ESTE TRIBUNAL EN PROVIDENCIA DE FECHA 9 DE ENERO.

9. MEDIANTE ESCRITO QUE FUE REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL EL DIA 23 DE ENERO DE 1985 FORMULO SUS ALEGACIONES EL ABOGADO DEL ESTADO EN LOS TERMINOS QUE A CONTINUACION SE RESUMEN:

A) COMIENZAN LAS ALEGACIONES CON UN <PLANTEAMIENTO GENERAL> SOBRE LOS RECURSOS ACUMULADOS, DESTACANDOSE, EN PRIMER LUGAR, QUE TODOS LOS ORGANOS RECURRENTES RECONOCEN DE MANERA EXPRESA QUE EN LA MATERIA CONFLUYEN DIVERSOS TITULOS COMPETENCIALES DE TITULARIDAD ESTATAL, EN UNOS CASOS, Y AUTONOMICA, EN OTROS. OCURRE, SIN EMBARGO, QUE, RESPECTO DE LA MATERIA REFERIDA A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL YA HA TENIDO OCASION DE PRONUNCIARSE, SENTANDO CRITERIOS DE LOABLE CLARIDAD QUE AVALAN LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS. EN EFECTO, LA STC 71/1982 HA DE SER TOMADA, NECESARIAMENTE, COMO CONTINUO PUNTO DE REFERENCIA EN ESTOS RECURSOS, Y ELLO NO SOLO POR LA RAZON ESENCIAL DE QUE ES PRECISAMENTE LA DOCTRINA CONTENIDA EN DICHA SENTENCIA LA QUE HA SERVIDO DE PAUTA A LOS REDACTORES DE LA LEY IMPUGNADA, COMO SE PONE DE MANIFIESTO EN SU PREAMBULO, SINO PORQUE, COMO CONSECUENCIA DE ELLO, LOS PRECEPTOS RECURRIDOS, EN CUANTO MANIFESTACION DE DICHA DOCTRINA CONSTITUCIONAL, RESULTAN AMPARADOS POR LA INTERPRETACION REALIZADA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (STC 110/1983). EN REALIDAD, LOS SUPUESTOS PLANTEADOS AQUI Y EN LA STC 71/1982 CONSTITUYEN LAS DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA, PUES EN AMBAS RESOLUCIONES SE ABORDA LA REGULACION DE UNA MATERIA POR DOS ENTES TERRITORIALES, EL ESTADO, EN ESTE CASO, Y LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA, EN AQUEL SUPUESTO, Y ES, POR ELLO, SINTOMATICO QUE SEA PRECISAMENTE EL GOBIERNO VASCO EL QUE SE MUESTRE MAS CONFORME, VALGA LA EXPRESION, CON EL CONTENIDO DE LA LEY RECURRIDA. NO ASI EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y, FUNDAMENTALMENTE, LA JUNTA DE

GALICIA, QUIENES TRAS ASUMIR APARENTEMENTE EN SU TOTALIDAD EL CRITERIO DE LA TANTAS VECES CITADA STC 71/1982, SE EMBARCAN EN UNA IMPUGNACION INDISCRIMINADA DE LA LEY, CARENTE, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS, DE LA MAS MINIMA FUNDAMENTACION. PASA, A CONTINUACION, EL ABOGADO DEL ESTADO A ANALIZAR LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL EN RELACION CON EL REPARTO COMPETENCIAL EN MATERIA DE CONSUMIDORES:

LOS TITULOS COMPETENCIALES ESPECIFICOS ESGRIMIDOS POR LAS COMUNIDADES RECURRENTES EN ESTE CASO SON LOS ARTS. 10.28 DEL ESTATUTO VASCO, 12.1.5 DEL ESTATUTO CATALAN Y 30.1.4 DEL ESTATUTO GALLEGO, DEBIENDO OBSERVARSE QUE EN LOS DOS ULTIMOS PRECEPTOS MENCIONADOS, LA ATRIBUCION A LA RESPECTIVA COMUNIDAD AUTONOMA DE UNA SUPUESTA <COMPETENCIA EXCLUSIVA> SOBRE <DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO> HA DE SER MATIZADA, PUES DICHAS COMPETENCIAS DEBEN ACTUARSE <DE ACUERDO CON LAS BASES Y LA ORDENACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA GENERAL Y LA POLITICA MONETARIA DEL ESTADO ..., EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 38, 131 Y EN LOS NUMS.

5, 11 Y 13 DEL APARTADO 1 DEL ART. 149 DE LA CONSTITUCION>, CONFIGURANDOSE, ASI, ESTAS COMPETENCIAS COMO CONCURRENTES Y SIENDO, POR ELLO, POSIBLE LA INTERVENCION ESTATAL NO SOLO PARA DICTAR NORMAS DE GENERAL APLICACION EN TODO EL TERRITORIO SINO PARA ADOPTAR MEDIDAS EJECUTIVAS, AUN CUANDO NO EXISTA UNA EXPRESA RESERVA PARA ELLO A FAVOR DEL ESTADO (STC 1/1982). POR LO DEMAS, Y DE ACUERDO CON LA STC 82/1984, LOS TRES PRECEPTOS ESTATUTARIOS ANTES MECIONADOS SE HAN DE INTERPRETAR EN EL MISMO SENTIDO.

A PARTIR DE LO ANTERIOR SE HA DE ANALIZAR LO DECLARADO POR LA STC 71/1982 EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 86/1982 INTERPUESTO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA NACION CONTRA LA LEY 10/1981, DEL PARLAMENTO VASCO, APROBATORIA DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR. A ESTOS EFECTOS, OBSERVA EL LETRADO DEL ESTADO, SOBRE LA BASE DE LA SENTENCIA QUE CITA, QUE LOS LIMITES DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS EN MATERIA DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, Y LAS CORRESPONDIENTES HABILITACIONES COMPETENCIALES EN FAVOR DEL ESTADO, HALLAN SU FUNDAMENTO, DE UN LADO, EN LOS NUMS. 11 Y 13 DEL APARTADO 1 DEL ART. 149 DE LA CONSTITUCION Y, DE OTRO, EN EL ART. 149.1.1 DE LA MISMA, Y TODO ELLO SIN PERJUICIO DE CONSIDERAR QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LAS NORMAS QUE SE DICTEN PARA REGULAR ESTA MATERIA PUEDAN APOYARSE EN TITULOS COMPETENCIALES DIVERSOS DEL ESPECIFICO QUE NOS OCUPA, HABRA QUE ACUDIR AL ART. 149.1 PARA DETERMINAR EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA NORMA IMPUGNADA. EN FIN, LA GENERALIDAD DEL PRECEPTO EN CUESTION Y LA EXTRALIMITACION DEL AMBITO CONCRETO DE INTERESES DE UNA COMUNIDAD AUTONOMA, EN CUANTO CONSUSTANCIALES CON LA UNIDAD DEL MERCADO NACIONAL Y LA HOMOGENEIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES CONSTITUCIONALES DE TODOS LOS ESPAÑOLES, SERAN OTROS DOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE DETERMINAR LA COMPETENCIA CUESTIONADA.

SE SEÑALA, <A MAYOR ABUNDAMIENTO>, QUE UNO DE LOS TITULOS COMPETENCIALES DE PERTINENTE CONSIDERACION ES EL RELATIVO A <LAS BASES Y COORDINACION GENERAL DE LA SANIDAD>, MATERIA INTIMAMENTE LIGADA A LA REGULADA POR LA LEY QUE SE IMPUGNA. SE CITAN, A ESTE PROPOSITO, LAS SSTC 32 Y 42/1983, EN LO RELATIVO A LA CONEXION EXISTENTE ENTRE LOS ARTS. 43, 51, 139.2 Y 149.1.1 DE LA CONSTITUCION.

SE HA DE TENER EN CUENTA, POR ULTIMO, QUE LA MATERIA QUE DA NOMBRE A LA LEY 26/1984, AL NO ESTAR COMPRENDIDA NI EN EL ART. 148.1 NI EN EL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION, ES DE LAS QUE, CONFORME AL APARTADO 3 DEL MISMO ART. 149, PUEDEN CORRESPONDER A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN VIRTUD DE SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS. PERO NO A TODAS, SINO SOLO A LAS QUE ACCEDAN A SU AUTOGOBIERNO POR LA VIA DEL ART. 151 DE LA NORMA FUNDAMENTAL, DEBIENDOSE ESTAR, EN CUANTO A LAS DEMAS, A LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 148.2 Y 150.1 Y 2 DE LA CONSTITUCION. TENIENDO ESTO EN CUENTA, ADQUIERE PLENO SIGNIFICADO Y JUSTIFICACION LA PROMULGACION POR EL ESTADO DE LA LEY RECURRIDA, QUE HA DE SER DE DIRECTA APLICACION EN EL TERRITORIO DE TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE NO HAYAN ASUMIDO COMPETENCIAS EN LAS MATERIAS POR ELLA REGULADAS. POR LO DEMAS, EN ALGUNOS ESTATUTOS DE LAS COMUNIDADES QUE SE CONSTITUYERON POR LA VIA PREVISTA EN EL ART. 143 DE LA CONSTITUCION SE RECONOCEN COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN ESTE AMBITO, PERO ELLO MISMO HACE NECESARIA LA EXISTENCIA DE LA LEY IMPUGNADA. EN ESTA, EN FIN, SE SALVAN EXPRESAMENTE LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES QUE, COMO LAS HOY RECURRENTES, SI OSTENTAN ATRIBUCIONES EN ESTE AMBITO (ART. 40), SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA TRAER A COLACION LA REGLA DE LA SUPLETORIEDAD (ART.

149.3 DE LA CONSTITUCION) EN AQUELLOS SUPUESTOS EN LOS QUE NO SEA POSIBLE FUNDAMENTAR LA COMPETENCIA DEL ESTADO SOBRE LA MATERIA REGULADA. SE CITAN, A ESTE RESPECTO, LAS SSTC 5/1981 Y 85/1983.

B) PROCEDE, A CONTINUACION, EL ABOGADO DEL ESTADO A CONSIDERAR LOS REPROCHES DE INCONSTITUCIONALIDAD DIRIGIDOS CONTRA LOS DIVERSOS PRECEPTOS IMPUGNADOS:

ART. 1.1, PARRAFO PRIMERO. DE ESTE PRECEPTO NO SE DESPRENDE NINGUNA VIOLACION DE LA NORMA FUNDAMENTAL NI, EN PURIDAD, SE PREJUZGA A QUIEN CORRESPONDA, EN CADA CASO, LA COMPETENCIA PARA REGULAR LA MATERIA, ELLO CON INDEPENDENCIA DE QUE NO HACIA FALTA QUE LA DISPOSICION CONTROVERTIDA REITERARA LO DECLARADO POR LA CONSTITUCION EN SUS ARTS. 51 Y 53.3. ES CIERTO QUE EL PRIMERO DE ESTOS PRECEPTOS NO ATRIBUYE COMPETENCIAS, PERO TAMBIEN LO ES QUE EL ESTADO RESULTA UNO DE SUS DESTINATARIOS, POR NO DECIR EL PRINCIPAL, Y SI AÑADIMOS QUE AQUI CONFLUYEN UNA PLURALIDAD DE TITULOS COMPETENCIALES ESTATALES (APARTADOS 1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 29 Y 31 DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION) Y QUE, EN TODO CASO, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS A LAS QUE SE APLICA EL ART. 148.1 CARECEN AQUI DE COMPETENCIAS NORMATIVAS, SE HABRA DE CONCLUIR EN LA PERFECTA ADECUACION A LA CONSTITUCION DEL PRECEPTO.

ART.

1.1, PARRAFO SEGUNDO. ESTE PRECEPTO, RECURRIDO SOLO POR LA JUNTA DE GALICIA, SE LIMITA A REPRODUCIR LA REGLA ESTATUTARIA QUE DEFINE EL MARCO PARA EL EJERCICIO COMPETENCIAL DE LA RECURRENTE (ART. 30.1.4 DE SU ESTATUTO), HACIENDO SUYO, POR LO DEMAS, EL CRITERIO CONTENIDO EN LA STC 32/1983 (FUNDAMENTO JURIDICO 2. ). CABRIA DECIR QUE EL PRECEPTO ES SUPERFLUO, PERO ELLO NO AFECTA A SU CONSTITUCIONALIDAD. SE CITA (<A MAYOR ABUNDAMIENTO>) LA STC 71/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 12).

ART. 4.1 G). LA GENERALIDAD DEL PRECEPTO, REFERIDO AL CONTENIDO MINIMO DE LOS REGLAMENTOS DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS, JUSTIFICA, SEGUN LA STC 71/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 5. ), QUE SEA EL ESTADO QUIEN LO HAYA DICTADO. A MAYOR ABUNDAMIENTO, Y RESPECTO DE LA INVOCADA COMPETENCIA AUTONOMICA EN MATERIA SANITARIA, SE CITA LA STC 32/1983 (FUNDAMENTO JURIDICO 3. ), QUE SENTO UNA DOCTRINA ENTERAMENTE TRASLADABLE AL ACASO Y QUE HACE OCIOSAS CUALESQUIERA OTRAS CONSIDERACIONES.

ART. 4.3, IMPUGNADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, AUNQUE NO EN LO RELATIVO A LOS ADITIVOS, PRODUCTOS TOXICOS Y REGIMEN SANCIONADOR (EN LOGICA APLICACION DEL CRITERIO CONTENIDO EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 3. DE LA STC 32/1983). LA RECURRENTE, DE OTRO LADO, RECONOCE LA NECESARIA UNIFORMIDAD DEL REGIMEN SANCIONADOR, Y SE ABSTIENE, ASI, DE IMPUGNAR LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA. EN CUANTO A LOS METODOS OFICIALES DE ANALISIS, TOMA DE MUESTRAS, CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION, BASTA LA REMISION A LO DICHO RESPECTO DEL PRECEPTO ANTERIORMENTE CONSIDERADO. EN CUANTO AL REGISTRO, PROCEDE REMITIRSE A LO DICHO EN LA STC 32/1983 (FUNDAMENTO JURIDICO 4. ). POR LO DEMAS, SI SE TIENE EN CUENTA QUE ESTE PRECEPTO HA DE SER DE DIRECTA APLICACION EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CARENTES DE COMPETENCIA EN LA MATERIA, Y SUPLETORIO EN LOS DEMAS CASOS, Y QUE EL MISMO, DE OTRO LADO, SE HA DE INTERPRETAR A LA LUZ DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 39 Y 40 DE LA MISMA LEY, SE HABRA DE CONCLUIR EN QUE NO ES INCONSTITUCIONAL. EN ULTIMO EXTREMO, CONTRA LAS NORMAS QUE PUEDA DICTAR EL ESTADO EN ESTAS MATERIAS PODRA LA COMUNIDAD AUTONOMA PROMOVER LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES EN DEFENSA DE SUS COMPETENCIAS.

ART. 5.1, IMPUGNADO POR LA JUNTA DE GALICIA POR REDEFINIR COMPETENCIAS. EL PRECEPTO, SIN EMBARGO, NO PREJUZGA LA CUESTION DE A QUIEN CORRESPONDA, EN CADA CASO, LA REGULACION DE LOS EXTREMOS QUE CITA. PROCEDE INVOCAR LA STC 95/1984 (FUNDAMENTO JURIDICO 1. ).

ART. 5.2, APARTADOS D), F), I), J) Y K). EL PRECEPTO SE FUNDAMENTA EN LA GARANTIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, MATERIAS ESTAS ENUNCIADAS, COMO DE COMPETENCIA EXCLUSIVA ESTATAL, EN LOS NUMS. 16 Y 29 DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION. EN CUANTO DEFINIDOR DE UN CONTENIDO NORMATIVO MINIMO, ENCUENTRA JUSTIFICACION BASTANTE A LA LUZ DE LA STC 71/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 5. ). EN CONCRETO, EL APARTADO D) ENUNCIA UNA NORMA BASICA PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES, SIN PERJUICIO DE QUE, REGLAMENTARIAMENTE, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COMPETENTES ESTABLECAN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION (ARTS, 39.1, PARRAFO 3. , Y 40 DE LA LEY). DE OTRO LADO, LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO F) SE FUNDAMENTA EN LAS COMPETENCIAS PARA DICTAR BASES Y COORDINAR QUE OSTENTA EL ESTADO (ART. 149.1.16, EN RELACION CON LOS ARTS. 43, 51, 139 Y 149.1.1, TODOS ELLOS DE LA CONSTITUCION, DE ACUERDO CON EL FUNDAMENTO JURIDICO 4. DE LA STC 32/1983). LA FINALIDAD DE LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD SE LAS PERSONAS, Y LA GENERALIDAD CON LA QUE APARECE REDACTADO EL PRECEPTO, JUSTIFICAN LA ADOPCION POR EL ESTADO DEL APARTADO I) (SSTC 71/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 9. ), LO QUE VALE TAMBIEN PARA EL APARTADO J)).

EL APARTADO K), EN FIN, ENCUENTRA SU FUNDAMENTO, ADEMAS, EN EL ART.

149.1.16, SEGUN LA MISMA STC 71/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 8. ).

ART. 6. EL ESTADO ES COMPETENTE PARA DICTAR ESTA NORMA, COMO PRINCIPAL DESTINATARIO DEL MANDATO CONTENIDO EN EL ART. 51.1 DE LA CONSTITUCION, AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LOS NUMS. 1, 15, 16 Y 29 DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION, A LOS QUE SUBYACE UNA FACULTAD DE COORDINACION ESTATAL (STC 32/1983). POR LO DEMAS, EL CONTENIDO GENERICO DE LA NORMA IMPIDE QUE SEA OTRO ENTE, DISTINTO DEL ESTADO, EL COMPETENTE PARA DICTARLA, Y TODO ELLO SIN OLVIDAR QUE EL PRECEPTO SE HA DE ENTENDER COMPLEMENTADO POR EL ART. 40 DE LA MISMA LEY.

ART. 7. AUNQUE PUEDA PECAR DE VAGUEDAD O IMPRECISION, LA NORMA NI EXCLUYE REGULACIONES AUTONOMICAS NI ENTRAÑA, EN SI MISMA, AFECTACION DE LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. SE CITA LA STC 95/1984 (FUNDAMENTO JURIDICO 2. ).

ART. 8.3, INCISO SEGUNDO. EL PRECEPTO NO ES INCONSTITUCIONAL, SI SE INTERPRETA A LA LUZ DE LOS ARTS. 39.1, PARRAFO FINAL, Y 40 DE LA MISMA LEY. DE OTRO LADO, NO CABE OLVIDAR LOS TITULOS COMPETENCIALES ESTATALES PREVISTOS EN LOS APRATADOS 6 Y 18 DEL ART. 149.1, DEBIENDO TAMBIEN TENERSE EN CUENTA TANTO LO DECLARADO EN LA STC 71/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 20) COMO EL CONTEXTO SANCIONADOR EN EL QUE SE INSCRIBE LA NORMA.

ART. 13.2.

EN LA MEDIDA QUE IMPONE UNA OBLIGACION QUE AFECTA A UN ENTRAMADO DE RELACIONES CIVILES O MERCANTILES, LA COMPETENCIA CORRESPONDE AL ESTADO, PORQUE, DE ACUERDO CON LA STC 71/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 14), LA REGULACION DE LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION O DE LAS MODALIDADES CONTRACTUALES CORRESPONDE AL LEGISLADOR ESTATAL (ART. 149.1.1 Y 8 DE LA CONSTITUCION).

EN ULTIMO EXTREMO, LA NORMA SERIA DE APLICACION DIRECTA EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SIN COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS Y SUPLETORIA EN LAS DEMAS (ART. 149.3).

ARTS. 14, 15 Y 16. REGULAN EL CONTENIDO MINIMO O BASICO DE LAS OFICINAS DE INFORMACION AL CONSUMIDOR.

LA GENERALIDAD DE SU CONTENIDO Y LA REGULACION UNITARIA QUE ESTABLECEN JUSTIFICA SU ADOPCION POR EL ESTADO (ARTS. 51.2, 139.1 Y 149.1.1, 16 Y 29 DE LA CONSTITUCION). SUBSIDIARIAMENTE, SE ALEGA SU APLICACION DIRECTA O SUPLETORIA, SEGUN LOS CASOS.

ART. 17. CORRESPONDE AL ESTADO FIJAR LAS NORMAS BASICAS SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL (ART. 149.1.27 DE LA CONSTITUCION). SI AÑADIMOS A ELLO EL MANDATO DEL ART. 51.2 Y LO PREVENIDO EN LOS NUMS. 1, 11, 13 Y 16 DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION, SE HA DE CONCLUIR QUE LA NORMA ES BASICA Y NO AFECTA A LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS. SE CITA LA STC 18/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 1. ).

ART. 18. CONCURREN AQUI DOS TITULOS COMPETENCIALES, UNO GENERICO (DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS) Y OTRO ESPECIFICO, QUE HA DE PRIMAR SOBRE EL PRIMERO (SISTEMA EDUCATIVO). AL ESTADO CORRESPONDE, EN EFECTO, FIJAR LAS NORMAS BASICAS PARA EL DESARROLLO DEL ART. 27 DE LA CONSTITUCION (ART. 149.1.30 DE LA MISMA Y STC 5/1981, FUNDAMENTOS JURIDICOS 22 Y 23). EN TODO CASO, Y EN ORDEN A LA DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, SE INVOCAN LOS APARTADOS 1, 16 Y 29 DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION).

ART. 19. EL PRECEPTO, QUE RESULTA OBLIGADO A LA LUZ DEL ART. 51.2 DE LA CONSTITUCION, NO AFECTA AL AMBITO COMPETENCIAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. SE INVOCAN LAS FACULTADES DE FOMENTO DEL ESTADO, CON CITA DE LAS SSTC 39/1982 (FUNDAMENTO JURIDICOS 4. Y 5.

) Y 84/1983.

ART. 20. CUANDO EL NUM. 1. DE ESTE PRECEPTO SE REFIERE A LA LEY DE ASOCIACIONES, ES OBVIO QUE POR TAL SE HA DE ENTENDER LA QUE, EN CADA TERRITORIO, SEA APLICABLE. SOLO CUANDO SE TRATA DE DETERMINAR QUE ASOCIACIONES GOZARAN DE LOS BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN ESTA LEY, Y ESTABLECIDOS POR EL ESTADO, RESULTA LOGICA LA EXIGENCIA DE SU REGISTRO EN EL LIBRO QUE AL EFECTO SE LLEVA EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, LO QUE TAMBIEN JUSTIFICA EL ART. 21, QUE NO HA SIDO IMPUGNADO. SE INVOCAN LOS ARTS. 22, 81 Y 149.1.1 Y 8 DE LA CONSTITUCION; LOS ARTS. 9.24, 27.26 Y 10.13 DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA DE CATALUÑA, GALICIA Y EL PAIS VASCO, RESPECTIVAMENTE; LA LEY DE 24 DE DICIEMBRE DE 1964; EL DECRETO 1440/1965, DE 20 DE MAYO; LAS ORDENES MINISTERIALES DE 29 DE MARZO DE 1978 Y DE 27 DE MARZO DE 1984, Y LA STC 71/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 20).

ART. 22. EL PRIMER APARTADO SE PUEDE REPUTAR, SIN DUDA, COMO BASICO (ART. 149.1.1 Y 18 DE LA CONSTITUCION), EN EJECUCION DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 51.2 Y 105, A), DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL. EN CUANTO AL SEGUNDO APARTADO, HAY QUE EMPEZAR POR DECIR QUE EL PUNTO A) RESULTA OBVIO, YA QUE SI LA LEY LA DICTA EL ESTADO, NADA IMPIDE QUE ESTE, EN APLICACION DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO 1. , SE IMPONGA LA AUDIENCIA A LAS ASOCIACIONES CUANDO DICTE LOS REGLAMENTOS DE APLICACION DE LA LEY (ART. 39.1 DE LA MISMA). EN CUANTO AL APARTADO B), EL SUPUESTO SE HABRA DE INTERPRETAR A LA LUZ DE LOS ARTS. 39.1, PARRAFO FINAL, Y 40 DE LA MISMA LEY, SIN OLVIDAR QUE EL PRECEPTO SERA EL UNICO APLICABLE RESPECTO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CONSTITUIDAS POR LA VIA DEL ART. 143 DE LA CONSTITUCION, TODO LO CUAL ES TAMBIEN PREDICABLE DE LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO C). EN LO RELATIVO AL PUNTO D), LA IMPUGNACION NO SE ENTIENDE, TENIENDO EN CUENTA LA RESERVA QUE, EN MATERIA DE PRECIOS, ESTABLECEN EN FAVOR DEL ESTADO LOS ARTS. 12.1.5 Y 30.1.4 DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA DE CATALUÑA Y DE GALICIA, DEBIENDO CITARSE, A MAYOR ABUNDAMIENTO, LOS REALES DECRETOS 2695/1977 Y 816/1982, ASI COMO LOS NUMS. 11 Y 13 DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION. RESPECTO DEL APARTADO E), SU FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL ESTA EN EL ART. 149.1.8 DE LA CONSTITUCION (SE CITA LA STC 71/1982, FUNDAMENTO JURIDICO 14). EL APARTADO F), FINALMENTE, NO PREJUZGA NADA RESPECTO DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS.

IDENTICAS CONSIDERACIONES A LAS EXPUESTAS RESPECTO DEL NUM. 2 DEL ARTICULO SON DE APLICACION AL NUM. 3, CITANDOSE, A ESTE PROPOSITO, EL ART. 52 DE LA CONSTITUCION. EN CUANTO AL NUM. 4, SE PUEDE CONSIDERAR, ASIMISMO, COMO BASICO, AL AMPARO DE LOS NUMS. 1 Y 18 DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION. EL NUM. 5, IMPUGNADO SIN FUNDAMENTO ALGUNO POR LA JUNTA DE GALICIA, ENCIERRA UN CONTENIDO TIPICO DE LAS FACULTADES DE COORDINACION INHERENTES AL ESTADO, TESIS AVALADA POR EL AMBITO NACIONAL DEL ORGANO. POR ULTIMO, EL NUM.

6 ES CLARAMENTE CONSTITUCIONAL, AL LIMITARSE A REPRODUCIR LO DISPUESTO EN EL ART. 51 DE LA CONSTITUCION.

ART. 23. DEL QUE SE DESPRENDE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS COMPETENTES EN LA MATERIA TIENEN UN AMPLIO CAMPO DE ACTUACION, RESPETADO EN EL PRECEPTO, EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL ART.

40 DE LA LEY 26/1984. PROCEDE, POR LO DEMAS, UNA REMISION A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PRECEPTO CITADO, EN RELACION CON EL ART. 149.3 DE LA CONSTITUCION, Y SIN PERJUICIO DE RECORDAR, UNA VEZ MAS, QUE LA NORMA QUE SE EXAMINA ES DE DIRECTA APLICACION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, CUYO TECHO COMPETENCIAL VIENE MARCADO POR EL ART. 148.1 DE LA CONSTITUCION.

ART. 24. ES MANIFIESTA LA INVOCACION A LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIONALIDAD QUE JUSTIFICAN ESTE PRECEPTO, SIN PERJUICIO DE DEJAR CITADO LO DICHO POR ESTE TRIBUNAL EN SUS SSTC 71/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 9. ), 76/1983 (FUNDAMENTO JURIDICO 14), 95/1984 (FUNDAMENTO JURIDICO 8. ) Y 33/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 7. ), CONTEMPLANDOSE, EN ESTA ULTIMA SENTENCIA, LA POSIBLE INTERVENCION DEL ESTADO, POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA. NO HAY QUE OLVIDAR, EN FIN, QUE EN EL ORGANO DE REFERENCIA SE DA CUMPLIDA PARTICIPACION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

ART. 30. SU CONTENIDO ES INTACHABLE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 149.1.11 DE LA CONSTITUCION; DE OTRO LADO, EL PRECEPTO NI EXCLUYE DE FORMA EXPRESA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS NI PERJUDICA LAS COMPETENCIAS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, UNICA COMUNIDAD AUTONOMA QUE LO HA IMPUGNADO (ART. 40 DE LA MISMA LEY Y STC 95/1984, (FUNDAMENTO JURIDICO 2. ).

ART. 31. LA IMPUGNACION POR PARTE DE LA JUNTA DE GALICIA DE ESTE PRECEPTO NI SIQUIERA ES OBJETO DE MENCION EN LA PARTE DE SU ESCRITO QUE SUPUESTAMENTE SE DEDICA A LA FUNDAMENTACION PORMENORIZADA DE CADA PRECEPTO CONCRETO, LO QUE BASTARIA YA PARA LA DESESTIMACION, SI NO RESULTARA TAN OBVIA LA INCONSISTENCIA DE LA IMPUGNACION, AL SER LA MATERIA REGULADA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA GENERAL DE ARBITRAJE TIPICAMENTE ESTATAL (ART. 149.1.6 Y 8 DE LA CONSTITUCION).

ARTS. 34 AL 38, AMBOS INCLUSIVE. EL RECURSO DE LA JUNTA DE GALICIA CONTRA ESTOS PRECEPTOS INCURRE EN CONTRADICCION, PUES, TRAS RECONOCER QUE LA TIPIFICACION DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES EN ESTA MATERIA CORRESPONDE AL ESTADO, IMPUGNA UNOS ARTICULOS QUE HACEN PRECISAMENTE ESO, SIN PREJUZGAR, EN ABSOLUTO, CUAL SEA EL ORGANO COMPETENTE PARA SANCIONAR (ARTS. 39.5 Y 40 DE LA MISMA LEY Y ART.

19.4 DEL REAL DECRETO 1945/1983. PRETENDER, COMO HACE LA RECURRENTE, QUE LOS ARTS. 34 A 38 LLEVEN A CABO UNA REFORMULACION DE COMPETENCIAS (IDEA QUE, POR CIERTO, SE REPITE SIN DESCANSO A TODO LO LARGO DEL ESCRITO), RESULTA INADMISIBLE A LA LUZ DE LAS SSTC 95/1984 (FUNDAMENTO JURIDICO 3. ) Y 116/1984 (FUNDAMENTO JURIDICO 4. ).

EN CUANTO AL ART. 36.2, IMPUGNADO POR EL GOBIERNO VASCO Y POR EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, SE HA DE OBSERVAR, EN PRIMER LUGAR, QUE HAY MATERIAS, RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTA LEY, QUE SON DE EXCLUSIVA COMPETENCIA ESTATAL (CONTROL DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, SEGUN EL ART. 18.1 B) DEL REAL DECRETO 2924/1981, DECLARADO CONSTITUCIONAL POR LA STC 95/1984), Y QUE HACEN NECESARIA LA PREVISION DE QUE SEA EL CONSEJO DE MINISTROS EL QUE ACTUE EN ESTOS CASOS. DE OTRO LADO, LA REMISION AL ART. 57.4 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES COLOCA A ESTA CUESTION EN EL AMBITO LABORAL (ART. 149.1.7 DE LA CONSTITUCION), EN EL QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEL ART.

143 CARECEN DE COMPETENCIA. ESTAS, EN TODO CASO, SE HAN DE ATENER, POR LO GENERAL, A EJECUTAR LA LEGISLACION DEL ESTADO, RAZON POR LA CUAL EL PRECEPTO QUE NOS OCUPA, AL IGUAL QUE EL ART. 39.5 DE LA LEY RECURRIDA, ADQUIEREN PLENA SIGNIFICACION PARA LAS MISMAS.

EN LOS DEMAS CASOS, ESTO ES, RESPECTO DE LAS COMUNIDADES AHORA RECURRENTES QUE HAYAN ASUMIDO LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA ACTUAR LAS COMPETENCIAS SANCIONADORAS (STC 25/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 3. ), LOS ARTS. 36.2 Y 39.5 DE LA LEY, Y SU DISPOSICION FINAL SEGUNDA, SE DEBERAN INTERPRETAR A LA LUZ DEL ART. 40, DE LA MISMA MANERA QUE RESPECTO DEL REAL DECRETO 1945/1983, LA REGLA A TENER EN CUENTA ES SU ART. 19.4.

ART. 39. EL APARTADO 5. YA HA SIDO COMENTADO, PROCEDIENDO AHORA EL ANALISIS DE LOS RESTANTES APARTADOS, IMPUGNADOS POR LA JUNTA DE GALICIA Y POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA.

EL ESTADO, DESTINATARIO PRINCIPAL DEL ART. 51 DE LA CONSTITUCION, ESTA EVIDENTEMENTE FACULTADO Y OBLIGADO A DARLE CUMPLIMIENTO, MAXIME SI SE CONSIDERAN LOS TITULOS COMPETENCIALES DE LOS APARTADOS 1, 16 Y 29 DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION. ALGUNAS DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN EL NUM. 1 DE ESTE PRECEPTO ES CLARO, COMO LOS RECURSOS RECONOCEN, QUE SON DE LA COMPETENCIA NORMATIVA DEL ESTADO (ADITIVOS, CIERTAS REGLAMENTACIONES TECNICO-SANITARIAS EN CUANTO AFECTEN, POR EJEMPLO, A PRODUCTOS TOXICOS, NORMAS SANCIONADORAS, COLABORACION Y COORDINACION DE LAS DIVERSAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, TODO ELLO A TENOR DE LA STC 32/1983), EN TANTO QUE LA RESERVA DE LA FACULTAD DE APROBACION O PROPUESTA DE LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LOS PRODUCTOS O BIENES DE PRIMERA NECESIDAD RESULTA JUSTIFICADA CON BASE EN LOS ARTS. 149.1.1 Y 139 DE LA CONSTITUCION, ASI COMO LA FACULTAD DE DETERMINAR, CON CARACTER GENERAL, CUALES SEAN ESOS BIENES Y LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DE USO O CONSUMO COMUN, ORDINARIO Y GENERALIZADO. EL PARRAFO FINAL DEL APARTADO 1. , EN CONTRA DE LO QUE DICE LA GENERALIDAD, SALVA LOS SUPUESTOS EN LOS QUE CORRESPONDA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DICTAR LA CORRESPONDIENTE NORMATIVA. Y NO HAY QUE OLVIDAR, EN FIN, QUE LAS COMUNIDADES DEL ART. 143 CARECEN AQUI DE COMPETENCIA NORMATIVA, Y QUE EL AMBITO DE LAS DISPOSICIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 39.1 ES TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

NO SE ENTIENDE, DE OTRA PARTE, QUE VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD AFECTA A LOS APARTADOS 2 Y 3 DEL ART. 39, EN EL QUE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO ASUME UNA FACULTAD DE APOYO A LAS ASOCIACIONES, COMUNIDADES AUTONOMAS Y CORPORACIONES LOCALES (CITANDOSE, RESPECTO DE ESTAS ULTIMAS, LAS ORDENES MINISTERIALES DE 15 DE SEPTIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE DE 1982 Y DE 27 DE MARZO DE 1984). SE CITA, ASIMISMO, LA STC 95/1984 (FUNDAMENTO JURIDICO 8. ).

EL NUM. 4 DEL PRECEPTO SE JUSTIFICA, SIN MAS, A LA LUZ DE LA STC 33/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 7. ), EN TANTO QUE LA REFERENCIA AL AMBITO PROPIO DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES QUE HACE EL NUM. 6 EXCUSA DE CUALQUIER ARGUMENTACION EN SU DEFENSA.

ART.

40. SORPRENDE QUE LA PROPIA CLAUSULA DE SALVAGUARDIA DE LAS COMPETENCIAS AUTONOMICAS HAYA SIDO IMPUGNADA, AUNQUE SIN JUSTIFICACION ALGUNA. EL TEXTO RESULTA INATACABLE.

ART. 41. LA MENCION QUE EN EL SE HACE A LA LEGISLACION AUTONOMICA PONE DE MANIFIESTO EL RESPETO DE LA LEY A LAS CORRESPONDIENTES COMPETENCIAS. CON TODO, EN ALGUN ASPECTO (POR EJEMPLO, EN LO RELATIVO A LA NORMATIVA SOBRE PRECIOS) LA COMPETENCIA ESTATAL JUSTIFICA LA NORMA. EN OTROS ASPECTOS, EL PROPIO CARACTER GENERAL Y PROGRAMATICO DEL PRECEPTO (APARTADOS 4 Y 5) LO HACE INOCUO, SEGUN RECONOCE LA GENERALIDAD.

DISPOSICION FINAL PRIMERA. SU FUNDAMENTO ESTA EN LAS COMPETENCIAS DE COORDINACION DEL ESTADO (APARTADOS 11, 13 Y 16 DEL ART. 149.1 DE LA CONSTITUCION). NO AFECTA AL AMBITO COMPETENCIAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA. YA ANALIZADA AL CONSIDERAR LOS ARTS. 34 A 38 DE LA LEY.

DISPOSICION FINAL TERCERA, CUYO CONTENIDO PURAMENTE AUTOORGANIZATIVO HACE INNECESARIO FUNDAMENTAR SU CONSTITUCIONALIDAD.

DISPOSICION FINAL CUARTA. NO PREJUZGA EL ORDEN COMPETENCIAL, EN CONTRA DE LO DICHO POR LA JUNTA DE GALICIA, DEBIENDO TENERSE EN CUENTA QUE LA FUNCION DE DESARROLLO NORMATIVO A LA QUE SE REFIERE EL PRECEPTO SE HABRA DE EJERCER EN EL AMBITO DE LAS COMPETENCIAS ESTATALES Y SIN OLVIDAR, EN FIN, QUE LAS NORMAS DEL ESTADO VAN A SER LAS UNICAS APLICABLES EN GRAN PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL, PARA LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CONSTITUIDAS POR EL CAUCE DEL ART. 143 DE LA CONSTITUCION.

SE CONCLUYO SUPLICANDO SE DICTARA SENTENCIA DESESTIMANDO LOS RECURSOS INTERPUESTOS Y DECLARANDO, EN CONSECUENCIA, LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.

10. POR PROVIDENCIA DE 18 DE ENERO ULTIMO, SE ACORDO SEÑALAR EL DIA 24 DEL MISMO MES PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LA PRESENTE SENTENCIA.

II.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDOS, RESPECTIVAMENTE, POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE CATALUÑA, DEL PAIS VASCO Y DE GALICIA, CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY ESTATAL 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, SI BIEN PRESENTAN EN CUANTO A SUS OBJETIVOS UNA EVIDENTE CONEXION QUE JUSTIFICA LA UNIDAD DE TRAMITACION Y DECISION DE LOS MISMOS, RAZON POR LA QUE EN SU MOMENTO SE ACORDO LA ACUMULACION DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ART.

83 DE LA LOTC, DIFIEREN, NO OBSTANTE, EN SU ALCANCE Y AMPLITUD, CONCRETANDOSE LA DIFERENCIA PRINCIPALMENTE EN EL HECHO CUALITATIVO DE QUE, CON CARACTER PREVIO, TANTO LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, COMO LA JUNTA DE GALICIA, CUESTIONAN EN TERMINOS GLOBALES LA COMPETENCIA MISMA DEL ESTADO PARA DICTAR UNA LEY COMO LA QUE IMPUGNAN.

EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD SEÑALA QUE, FRENTE AL CRITERIO QUE PARECE DESPRENDERSE DE LA LECTURA DE LA LEY Y DE SU PROPIO ENUNCIADO COMO <LEY GENERAL>, LO CIERTO ES QUE EN EL ART.

51 DE LA C.E. NO PUEDE HALLARSE LA COBERTURA COMPETENCIAL DE LA MISMA, SIENDO PRECISAMENTE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y NO EL ESTADO LAS QUE HAN ASUMIDO ESPECIFICAS COMPETENCIAS SOBRE LA MATERIA <DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS> (ENTRE ELLOS, E.A.C., ART. 12.1.5), AUN CUANDO ESAS COMPETENCIAS ESTEN ACOTADAS POR REFERENCIA A OTRAS ESTATALES (ASI, ART. 149.1.11 Y 13 C.E.), A DETERMINADOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES (ARTS. 38 Y 139.2 C.E.) Y SIN OLVIDAR, EN FIN, QUE PUEDEN CONCURRIR OTRAS REGLAS COMPETENCIALES QUE JUSTIFIQUEN UNA INTERVENCION ESTATAL. DE AHI QUE, EN SU OPINION, SE DEBA PARTIR DE LA PREMISA DE QUE EL ESTADO NO DISPONE DE NINGUN TITULO COMPETENCIAL QUE PUEDA LEGITIMAR LA ADOPCION PARA TODO EL TERRITORIO DE UNA LEY TAN COMPLETA COMO LA IMPUGNADA, AÑADIENDO QUE LA COMPETENCIA ESTATAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA (ART. 149.1.29 C.E.) TAMPOCO PUEDE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA DICTAR UNA REGULACION LEGAL TAN PROLIJA Y ACABADA.

POR SU PARTE, LA REPRESENTACION DE LA JUNTA DE GALICIA MANTIENE, EN SINTESIS, QUE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS NO ES NI UNA LEY DE <FIJACION DE BASES>, NI DE PLANIFICACION ECONOMICA, NI DE COORDINACION GENERAL, SINO UNA LEY GENERAL QUE, POR LA VIA INDIRECTA DE LA SUPLETORIEDAD DE LOS PRINCIPIOS GENERALES INFORMADORES DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, SE CONVIERTE EN REDEFINIDORA DE COMPETENCIAS. Y AUNQUE NO ATACA LA LEY EN SU TOTALIDAD, APOSTILLA QUE PUDIERA OCURRIR QUE LA PROPIA DENOMINACION DE <LEY GENERAL> PRETENDA CONSTITUIR UNA COBERTURA, A TRAVES DEL ART.

149.3 C.E., PARA LA FORMULACION DEL DERECHO SUPLETORIO UNIFORME, LO QUE SERIA INCORRECTO AL INTRODUCIR <UNA LOAPALIZACION SECTORIAL>.

PLANTEADA LA CUESTION EN LOS TERMINOS REFERIDOS, RESULTA OBLIGADO DAR RESPUESTA AL PROBLEMA PREVIO DEL TITULO O TITULOS COMPETENCIALES EN QUE PUEDA FUNDAMENTARSE LA LEY GENERAL QUE SE IMPUGNA, YA QUE, EN CASO DE RESULTAR INEXISTENTES, NO CABRIA OTRA CONCLUSION QUE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY CONSIDERADA EN SU CONJUNTO O GLOBALIDAD, COMO TAL LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, SIN NECESIDAD DE EXAMINAR YA INDIVIDUALIZADAMENTE CADA UNA DE SUS PREVISIONES.

COMO ES NOTORIO, EL ART. 149.3 C.E. ESTABLECE LA REGLA DE QUE <EL DERECHO ESTATAL SERA, EN TODO CASO, SUPLETORIO DEL DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS>, LO QUE, EN TERMINOS GENERALES, SEGUN DETERMINADA INTERPRETACION, DARIA POR SI MISMO COBERTURA SUFICIENTE A LA LEY IMPUGNADA, DE MANERA QUE ESTA, SIEMPRE Y EN TODO CASO, SERIA VALIDA, AUNQUE QUEDARIA DESPROVISTA DE EFICACIA DIRECTA EN AQUELLOS AMBITOS TERRITORIALES EN LOS QUE LAS CORRESPONDIENTES COMUNIDADES AUTONOMAS HUBIERAN EJERCITADO LAS COMPETENCIAS LEGISLATIVAS QUE, SOBRE LA MATERIA <DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS>, CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIAMENTE HUBIERAN ASUMIDO.

SUCEDE, SIN EMBARGO, QUE NO ES PRECISO, NI SIQUIERA APROPIADO EN ESTE CASO, TRATAR DE EXPLICAR LA LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DE LA LEY EN SU CONJUNTO, COMO LEY REFERIDA A LA MATERIA INDICADA, DESDE LA CONSIDERACION DE LA CLAUSULA DE SUPLETORIEDAD DEL DERECHO ESTATAL, LA CUAL, EN ULTIMA INSTANCIA, QUEDARIA DE HECHO CONFIGURADA COMO LO QUE EN MANERA ALGUNA ES, ES DECIR, COMO UNA CLAUSULA UNIVERSAL ATRIBUTIVA DE COMPETENCIAS SOBRE CUALESQUIERA MATERIAS A FAVOR DEL ESTADO. A TAL EFECTO, BASTE SEÑALAR QUE LA MATERIA <DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS> NO HA SIDO COMPETENCIALMENTE ASUMIDA POR TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN TERMINOS DE IDENTIDAD U HOMOGENEIDAD, POR LO QUE TODAS AQUELLAS COMPETENCIAS NO ATRIBUIDAS ESTATUTARIAMENTE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS POR IMPOSIBILIDAD CONSTITUCIONAL, O POR SIMPLE DECISION DE LOS PROPIOS ESTATUTOS, HABRAN SIDO RETENIDAS POR EL ESTADO EN VIRTUD DEL ART.

149.3 C.E. ASI HA SUCEDIDO, EN EFECTO, YA QUE AL NO ESTAR COMPRENDIDA NI EN EL ART. 148.1, NI EN EL ART. 149.1, AMBOS DE LA C.E., SOLO LAS COMUNIDADES AUTONOMAS NO LIMITADAS COMPETENCIALMENTE POR EL PRIMERO DE LOS REFERIDOS ARTICULOS HAN PODIDO ASUMIR COMPETENCIAS NORMATIVAS PLENAS EN DICHA MATERIA, CORRESPONDIENDO AL ESTADO SU EJERCICIO EN RELACION A TODOS LOS DEMAS TERRITORIOS AUTONOMICOS, LO QUE JUSTIFICA LA PROMULGACION POR EL ESTADO DE UNA LEY EN EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA QUE LE ES PROPIA SOBRE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, SIN PERJUICIO DE QUE LA APLICABILIDAD Y EFICACIA DE LA MISMA NO ALCANCE POR IGUAL A TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

ADEMAS, AUN CUANDO RESULTA INDISCUTIBLE QUE EL ART. 51 DE LA C.E. NO ES CONCEPTUABLE CONO NORMA COMPETENCIAL, NO PUEDE DEJARSE DE RECONOCER QUE, DADA LA SINGULARIDAD DE LA MATERIA SOBRE LA QUE VERSA LA LEY, EL ESTADO DISPONE A PRIORI DE DIVERSOS TITULOS COMPETENCIALES, CONSTITUCIONALMENTE INDISPONIBLES PARA TODAS Y AQUI SIN EXCEPCION LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE TIENEN UNA EVIDENTE INCIDENCIA EN LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO.

CONVIENE RECORDAR, EN ESTE SENTIDO, QUE, COMO YA SE DIJO EN LA STC 71/1982, DE 30 DE NOVIEMBRE, LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR ES UN <CONCEPTO DE TAL AMPLITUD Y DE CONTORNOS IMPRECISOS QUE, CON SER DIFICULTOSA EN OCASIONES LA OPERACION CALIFICADORA DE UNA NORMA CUYO DESIGNIO PUDIERA ENTENDERSE QUE ES LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR, LA OPERACION NO RESOLVERIA EL PROBLEMA, PUES LA NORMA PUDIERA ESTAR COMPRENDIDA EN MAS DE UNA DE LAS REGLAS DEFINIDORAS DE COMPETENCIAS> (FUNDAMENTO JURIDICO 1. ), LO QUE SIGNIFICA, EN OTRAS PALABRAS, QUE ESTA MATERIA SE CARACTERIZA ANTE TODO POR SU CONTENIDO PLURIDISCIPLINAR, EN EL QUE SE CONCITA UNA AMPLIA VARIEDAD DE MATERIAS QUE SI HAN SIDO DIRECTA Y EXPRESAMENTE TOMADAS EN CONSIDERACION POR EL ART. 149.1 C.E. A LOS EFECTOS DE CONCRETAR LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO.

ELLO MISMO EVIDENCIA QUE, SI BIEN EN EL ART. 149.1 C.E. NO SE HA MENCIONADO EXPRESAMENTE LA RUBRICA <DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS>, ABRIENDOSE ASI, EN ESTRICTOS TERMINOS FORMALES, LA POSIBILIDAD DE QUE ALGUNOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA HAYAN ASUMIDO LA COMPETENCIA <EXCLUSIVA> SOBRE LA MISMA (ART. 149.3 C.E.), COMO QUIERA QUE LA SUSTANTIVIDAD O ESPECIFICIDAD DE LA MATERIA NO ES, EN LINEAS GENERALES, SINO RESULTADO DE UN CONGLOMERADO DE MUY DIVERSAS NORMAS SECTORIALES RECONDUCIBLES A OTRAS TANTAS MATERIAS, EN LA MEDIDA EN QUE EL ESTADO OSTENTE ATRIBUCIONES EN ESOS SECTORES MATERIALES, SU EJERCICIO PODRA INCIDIR DIRECTAMENTE EN LAS COMPETENCIAS QUE SOBRE <DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO> CORRESPONDEN A DETERIMADAS COMUNIDADES AUTONOMAS ENTRE ELLAS LAS AHORA IMPUGNANTES , LAS CUALES,

EN ESE CASO, TAMBIEN PODRAN QUEDAR VINCULADAS A LAS PREVISIONES ESTATALES. LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO NOS SITUA, EN EFECTO, A GRANDES RASGOS Y SIN NECESIDAD AHORA DE MAYORES PRECISIONES, ANTE CUESTIONES PROPIAS DE LA LEGISLACION CIVIL Y MERCANTIL, DE LA PROTECCION DE LA SALUD (SANIDAD) Y SEGURIDAD FISICA, DE LOS INTERESES ECONOMICOS Y DEL DERECHO A LA INFORMACION Y A LA EDUCACION EN RELACION CON EL CONSUMO, DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y, EN FIN, DE OTRA SERIE DE DERECHOS RESPECTO DE LOS CUALES PUDIERA CORRESPONDER AL ESTADO LA REGULACION DE LAS CONDICIONES BASICAS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD EN SU EJERCICIO Y EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES (ART. 149.1, EN SUS NUMEROS 1, 6, 8, 10, 13, 16 Y 29 C.E., PRINCIPALMENTE); ES DECIR, ANTE MATERIAS QUE LA CONSTITUCION TOMA COMO PUNTO DE REFERENCIA PARA FIJAR LAS COMPETENCIAS MINIMAS QUE, POR CORRESPONDER AL ESTADO, QUEDAN AL MARGEN DEL AMBITO DE DISPONIBILIDAD DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA. EN DEFINITIVA, TAL COMO RECONOCE LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO VASCO, ESTAMOS ANTE UNA MATERIA QUE DADO SU CARACTER PLURIDISCIPLINAR, RESULTA EN TODO CASO COMPARTIDA ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, LO QUE, POR LO DEMAS, FACILMENTE SE COMPRUEBA EN ALGUNOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, AL RECONOCERSE QUE LA COMPETENCIA <EXCLUSIVA> SOBRE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO SE ACTUARA POR LA CORRESPONDIENTE COMUNIDAD AUTONOMA <EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 38, 131 Y NUMS. 11 Y 13 DEL APARTADO 1 DEL ART. 149 DE LA CONSTITUCION> (ARTS. 12.1.5 E.A.C. Y 30.1.4 E.A.G.), O QUE DICHA COMPETENCIA <EXCLUSIVA> LO SERA <SIN PERJUICIO DE LA POLITICA GENERAL DE PRECIOS, LA LIBRE CIRCULACION DE BIENES EN EL TERRITORIO DEL ESTADO Y DE LA LEGISLACION SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA> (ART. 10.28 E.A.P.V.).

LA CONCLUSION, SEGUN LO EXPUESTO, NO PUEDE SER OTRA QUE LA DE RECONOCER, POR UNAS Y OTRAS RAZONES, LA LEGITIMIDAD DE LA OPCION EJERCITADA POR EL ESTADO CON LA APROBACION DE LA LEY QUE SE IMPUGNA, POR LO QUE, EN REALIDAD, DE LO QUE SE TRATA ES DE PRECISAR SI SE HA PRODUCIDO CON SU APROBACION ALGUN TIPO DE EXTRALIMITACION A LA LUZ, EN CADA CASO CONCRETO, DE LOS ESPECIFICOS TITULOS COMPETENCIALES QUE CONSTITUCIONALMENTE SON PROPIOS DEL ESTADO. TODO ELLO, ADEMAS, SIN OLVIDAR QUE, COMO ANTES DIJIMOS, DADA ESA FALTA DE HOMOGENEIDAD DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, DIMANANTE DEL HECHO DE QUE NO TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAN ASUMIDO IDENTICAS COMPETENCIAS EN TODAS ESAS MATERIAS, QUEDANDO LAS NO ASUMIDAS RETENIDAS POR EL ESTADO (ART. 149.1 Y 3 C.E.), LOS EXCESOS COMPETENCIALES QUE PUDIERAN DETECTARSE EN LA LEY NO SIEMPRE ABOCARAN INELUDIBLEMENTE A LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD, SINO A LA DE SU INEFICACIA O INAPLICABILIDAD DIRECTA EN FUNCION DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DISPONGAN DE ESAS COMPETENCIAS. POR ULTIMO, RESTA AÑADIR QUE ANTE ESTA SITUACION DE HETEROGENEIDAD POR SER DISTINTOS LOS NIVELES COMPETENCIALES DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES AUTONOMAS, ES DE TODO PUNTO NECESARIO QUE EL LEGISLADOR ESTATAL PREVEA EXPRESAMENTE EL AMBITO DE APLICACION DE LAS LEYES Y DEMAS NORMAS QUE DICTE, A FIN DE ELIMINAR, O AL MENOS ATEMPERAR, LA INSEGURIDAD JURIDICA QUE DIMANA DEL CARACTER GENERAL CON QUE SE SUELEN PRESENTAR ESAS NORMAS, DE LO CUAL ES BUENA PRUEBA LA LEY QUE NOS OCUPA, EN QUE TALES PREVISIONES NO SE HAN REALIZADO.

2. CONCRETADO EL ALCANCE Y SIGNIFICADO DE LA LEY, LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADOS SE DIRIGEN CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA MISMA, Y SE DEBE PROCEDER, EN CONSECUENCIA, A UN EXAMEN INDIVIDUALIZADO DE CADA UNO DE ELLOS EN ATENCION A LOS TITULOS COMPETENCIALES CONCURRENTES.

A) EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA IMPUGNA EL ART. 1, NUMERO 1, PARRAFO PRIMERO, QUE CONCRETA EL OBJETO DE LA LEY, AÑADIENDO QUE, DE ACUERDO CON EL ART.

53.3 C.E., TIENE EL CARACTER DE PRINCIPIO ORDENADOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, Y ELLO POR ENTENDER QUE LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO NO PUEDEN TENER POR OBJETO INMEDIATO Y DIRECTO LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES. TAMBIEN IMPUGNA LA JUNTA DE GALICIA EL RECONOCIMIENTO QUE SE HACE DE LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS COMO PRINCIPIO GENERAL DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, YA QUE CON ELLO SE PROCEDE A UNA REDEFINICION DE LOS SUPUESTOS A LOS QUE ES APLICABLE EL ART. 53.3 C.E., ALTERANDOSE ASI EL SISTEMA DE FUENTES Y AFECTANDOSE GRAVEMENTE LA POTESTAD LEGISLATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN EL FUNDAMENTO JURIDICO PRECEDENTE DEBEN CONDUCIR, SIN EMBARGO, AL RECHAZO DE LAS IMPUGNACIONES, YA QUE, JUSTIFICADA LA COMPETENCIA DEL ESTADO PARA DICTAR UNA LEY SOBRE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, NINGUN REPROCHE CABE FORMULAR A LA DEFINICION MISMA DEL OBJETO DE LA LEY.

DE OTRA PARTE, AÑADE EL PRECEPTO IMPUGNADO QUE LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS TIENE EL CARACTER DE PRINCIPIO GENERAL INFORMADOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, LO CUAL, AUN CUANDO PUEDA TACHARSE DE SUPERFLUO O INNECESARIO, EN REALIDAD NO INCORPORA, NI PRODUCE, REDEFINICION ALGUNA DE LOS SUPUESTOS A LOS QUE ES APLICABLE EL ART.

53.3 C.E. AL ESTABLECER QUE LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS SE CONFIGURA COMO PRINCIPIO GENERAL INFORMADOR DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, NO ESTA, EN EFECTO, SINO REITERANDO, EN OTROS TERMINOS, QUE ESA DEFENSA, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADA (ART. 51.1 C.E.), <INFORMARA LA LEGISLACION POSITIVA, LA PRACTICA JUDICIAL Y LA ACTUACION DE LOS PODERES PUBLICOS> (ART.

53.3 C.E.), POR LO QUE NINGUNA INSCONSTITUCIONALIDAD POR INCOMPETENCIA CABE APRECIAR.

CUESTION BIEN DISTINTA ES LA RELATIVA AL AMBITO DE APLICACION DE LA DISPOSICION EXAMINADA, YA QUE EN AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE, COMO SUCEDE CON LAS AHORA IMPUGNANTES, HUBIEREN ASUMIDO COMO COMPETENCIA <EXCLUSIVA> LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CARECERA DE EFICACIA DIRECTA, LO CUAL HUBIERA DEBIDO YA PRECISARLO EL PROPIO LEGISLADOR ESTATAL.

B) LA JUNTA DE GALICIA HACE EXTENSIVA, ASIMISMO, LA IMPUGNACION AL PARRAFO 2 DEL MISMO NUM. 1 DEL ART. 1, EN CUANTO QUE, AL IGUAL QUE EN EL SUPUESTO ANTERIOR, SUPONE UNA REFORMULACION DE LAS COMPETENCIAS DEFINIDAS POR LA CONSTITUCION.

LA IMPUTACION FORMULADA NO PUEDE, SIN EMBARGO, SER TOMADA EN CONSIDERACION, YA QUE, AUN CUANDO SE TRATE DE UNA TECNICA INAPROPIADA, EL PRECEPTO NO HACE SINO REPRODUCIR UNAS EXIGENCIAS QUE DIMANAN DIRECTAMENTE DEL TEXTO CONSTITUCIONAL Y QUE EL PROPIO ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA SUSTANCIALMENTE RECOGE EN SU ART.

30.1.4, AL ESTABLECER QUE <LA COMPETENCIA EXCLUSIVA> SOBRE <DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y USUARIO> LE CORRESPONDE <DE ACUERDO CON LAS BASES Y LA ORDENACION DE LA ACTUACION ECONOMICA GENERAL Y LA POLITICA MONETARIA DEL ESTADO (...) EN LOS TERMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 38, 131 Y 149.1.11 Y 13 DE LA CONSTITUCION> Y SIN PERJUICIO DE LA POLITICA GENERAL DE PRECIOS Y DE LA LEGISLACION SOBRE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA>.

EN CONSECUENCIA, EL PRECEPTO NO INCURRE EN INCONSTITUCIONALIDAD, SI BIEN, DADO QUE EL UNICO TITULO COMPETENCIAL DE QUE EL ESTADO DISPONE PARA DICTARLO ES LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, DE NUEVO HAY QUE REITERAR QUE LA EFICACIA Y, POR TANTO, LA APLICABILIDAD DIRECTA DE LA DISPOSICION LEGAL CUESTIONADA, EN CUANTO A TAL DISPOSICION LEGAL, NO ALCANZARA A AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE TENGAN RECONOCIDA COMPETENCIA EN LA MATERIA, SI BIEN, COMO ES OBVIO, EL MISMO CONTENIDO NORMATIVO SERA EFICAZ EN ELLAS POR IMPERATIVO DIRECTO DE LO ESTABLECIDO EN LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.

3. EL CAPITULO SEGUNDO DE LA LEY EXAMINADA SE ENCUENTRA COLOCADO DENTRO DE UNA RUBRICA DE <PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD>. DE LAS NORMAS DE ESTE CAPITULO HAN SIDO IMPUGNADOS, LOS ART. 4, EN ESPECIAL EN SU APARTADO 1G) Y EN SU APARTADO 3, EL ART. 5 Y EL ART. 6. EL HECHO DE QUE LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE CAPITULO TENGAN POR OBJETO ESPECIFICO LA PROTECCION DE LA SALUD DE LOS CIUDADANOS EN CUANTO CONSUMIDORES Y USUARIOS OBLIGA A CONTRASTAR LOS PRECEPTOS CITADOS CON LAS COMPETENCIAS QUE EL ESTADO OSTENTA EN LA MATERIA, Y, EN ESPECIAL, CON EL ART. 149.1.16, QUE OTORGA AL ESTADO COMPETENCIA SOBRE LAS BASES Y COORDINACION DE LA SANIDAD. ELLO ABRE, UNA VEZ MAS, EL ESPINOSO PROBLEMA DE DEFINIR DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL EL CONCEPTO DE BASES, PARA LO CUAL ES PRECISO RECORDAR QUE ESTE TRIBUNAL (EN LA STC 69/1988, DE 19 DE ABRIL, FUNDAMENTO JURIDICO 6. ) SEÑALO QUE UNA VEZ LOGRADO, CON EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, UN SUSTANCIAL AVANCE EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA AUTONOMICO, RAZONES RELATIVAS A UNA ELEMENTAL CERTIDUMBRE JURIDICA OBLIGAN A EXIGIR, MANTENIENDO EL CONCEPTO MATERIAL DE BASES, ELABORADO POR LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL, UN MAYOR RIGOR EN LA CONDICION FORMAL QUE DICHAS NORMAS HAN DE TENER PARA PODER SER CALIFICADAS COMO TALES BASES, LO QUE IMPONE LA NECESIDAD DE QUE LA NORMA ESTABLEZCA DE UN MODO EXPRESO SU CARACTER DE BASICA O BIEN QUE AQUEL CARACTER SE INFIERA CON NATURALIDAD DE SU PROPIA ESTRUCTURA. LO CUAL SIGNIFICA QUE EN SU LABOR DE REVISION, EN ESTA MATERIA, DEBE ESTE TRIBUNAL EXAMINAR ANTE TODO SI SE CUMPLE LA EXIGENCIA DEL CARACTER FORMAL DE LAS BASES Y, EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA A ESTE INTERROGANTE SEA AFIRMATIVA, SI MATERIALMENTE LO SON, DEBIENDO SUBRAYARSE EN PUNTO A LA PRIMERA INDAGACION QUE UNA NORMA PODRA CONSIDERARSE COMO BASE EN UNA DETERMINADA MATERIA CUANDO EXISTA UNA EXPRESA DESIGNACION DE SU CARACTER O CUANDO SE PRODUZCA LA NATURAL INFERENCIA DEL MISMO, POR LO CUAL HABRA DE EXAMINARSE LA ESTRUCTURA DE LA NORMA, SU CONTEXTO Y LOS DEMAS DATOS QUE PERMITAN DESCUBRIR, CON NATURALIDAD, LA DECISION DEL LEGISLADOR AL RESPECTO.

A) EL ART. 4.1G) ESTABLECE QUE <LOS REGLAMENTOS REGULADORES DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS DETERMINARAN AL MENOS: LOS METODOS OFICIALES DE ANALISIS, TOMA DE MUESTRAS, CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION>, IMPUGNANDOLO LA JUNTA DE GALICIA POR CUANTO LA DECLARACION CON QUE SE ENCABEZA DICHO PRECEPTO, POR SU PROPIA GENERALIDAD, RESULTA INCONSTITUCIONAL, AL REDEFINIR COMPETENCIAS Y ENTRE ELLAS LA POTESTAD REGLAMENTARIA, QUE NO CORRESPONDE AL ESTADO DE MANERA ABSOLUTA, SINO EXCEPCIONALMENTE, TAL COMO PREVIENE EL ART.

37 DEL E.A.G. SE CONCRETA, PUES, LA IMPUGNACION AL APARTADO 1G), SI BIEN PARECE REFERIRSE LA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD AL HECHO EN SI DE RECONOCER Y ATRIBUIR A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL ESTADO, RESPECTO DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS, LA DETERMINACION DE LOS CONTENIDOS MINIMOS QUE EL PROPIO ARTICULO ENUMERA Y, ENTRE ELLOS, LO RELATIVO A <LOS METODOS OFICIALES DE ANALISIS, TOMA DE MUESTRAS, CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION>.

EL PRECEPTO, NO OBSTANTE, EN LO QUE SE REFIERE CONCRETAMENTE A LA DETERMINACION DE LOS METODOS OFICIALES DE ANALISIS, TOMA DE MUESTRAS, CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS, REMITIENDO A LOS CORRESPONDIENTES REGLAMENTOS SU DETERMINACION, NO PREJUZGA LA TITULARIDAD DE LA COMPETENCIA PARA ADOPTAR TALES REGLAMENTACIONES, LAS CUALES DEBERAN SER DICTADAS POR QUIEN TENGA COMPETENCIA PARA ELLO SEGUN LA MATERIA A QUE SE REFIERAN ESOS PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS. NO SE AGOTA, DE TODAS FORMAS, CON LO INDICADO EL CONTENIDO DEL PRECEPTO, YA QUE EL LEGISLADOR ESTATAL IMPONE UNA EXIGENCIA A ESOS REGLAMENTOS ESTATALES O NO QUE, SIN FIJAR CRITERIO ALGUNO RESPECTO DE LA REGULACION QUE PUEDAN ESTABLECER, SE JUSTIFICA EN LAS PROPIAS COMPETENCIAS DEL ESTADO PARA FIJAR LAS <BASES DE SANIDAD>, TAL COMO ESTABLECE EL ART.

149.1.16 C.E. NO CABE DESCARTAR, DESDE LUEGO, LA TRASCENDENCIA SANITARIA QUE EN LA REGULACION DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS PRESENTA LA DETERMINACION DE METODOS DE ANALISIS, TOMA DE MUESTRAS, CONTROL DE CALIDAD E INSPECCION DE LOS MISMOS, YA QUE, COMO SE DIJERA EN LAS SSTC 32/1983, DE 28 DE ABRIL (FUNDAMENTO JURIDICO 2. ), Y 42/1983, DE 20 DE MAYO (FUNDAMENTO JURIDICO 5. ), <HA DE CALIFICARSE COMO COMPETENCIA SANITARIA DE CARACTER BASICO Y, POR TANTO, ESTATAL, LA DETERMINACION CON CARACTER GENERAL DE LOS METODOS DE ANALISIS Y MEDICION Y DE LOS REQUISITOS TECNICOS Y CONDICIONES MINIMAS EN MATERIA DE CONTROL SANITARIO>. DE ESTA MANERA, EN RELACION A LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS QUEDAN GARANTIZADAS UNAS CONDICIONES MINIMAS QUE, NO OBSTANTE, TODA COMUNIDAD AUTONOMA CON COMPETENCIAS SANITARIAS PODRA AMPLIAR O DESARROLLAR EN LA MEDIDA EN QUE ASI LO ESTIME OPORTUNO Y ADECUADO. EN CONSECUENCIA, LA PREVISION IMPUGNADA, ESTABLECIDA POR LEY VOTADA EN CORTES Y DE LA CUAL SE INFIERE CON FACILIDAD SU CARACTER BASICO, TAL COMO HAN PRECISADO LAS SSTC 69/1988, DE 19 DE ABRIL, Y 80/1988, DE 28 DE ABRIL, NO SOLO NO INCURRE EN INCONSTITUCIONALIDAD, SINO QUE ES RESULTADO DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LA COMPETENCIA QUE AL ESTADO CONSTITUCIONALMENTE CORRESPONDE PARA FIJAR LAS BASES DE LA SANIDAD, POR LO QUE VINCULA NECESARIAMENTE A TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

B) TAMBIEN ES OBJETO DE IMPUGNACION POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EL NUM. 3 DEL MISMO ART. 4, QUE VIENE A ESTABLECER QUE LOS CONTENIDOS MINIMOS DE LOS REGLAMENTOS REGULADORES DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS <PODRAN SER OBJETO DE CODIFICACION MEDIANTE NORMAS COMUNES O GENERALES, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE ADITIVOS, PRODUCTOS TOXICOS, MATERIAL ENVASADO, ETIQUETADO, ALMACENAJE, TRANSPORTE Y SUMINISTRO, TOMA DE MUESTRAS, METODOS DE ANALISIS, REGISTRO, INSPECCION, RESPONSABILIDAD Y REGIMEN SANCIONADOR>, YA QUE, SEGUN EL ABOGADO DE LA GENERALIDAD, DICHO PRECEPTO CONFIERE UNA HABILITACION PARA DICTAR NORMAS REGLAMENTARIAS DE PRODUCCION ESTATAL EN TODAS LAS MATERIAS REFERIDAS, LO QUE, CON EXCEPCION DE LOS ADITIVOS, PRODUCTOS TOXICOS Y ALGUNOS ASPECTOS DEL REGIMEN SANCIONADOR, NO ENCUENTRA JUSTIFICACION ALGUNA DADAS LAS COMPETENCIAS DE CATALUÑA PREVISTAS EN LOS ARTS. 9.1.11 Y 15 Y 12.1.5 DE SU ESTATUTO.

CABE ENTENDER, NO OBSTANTE, QUE ESA HABILITACION RESPONDE A LA FINALIDAD DE COORDINACION QUE EN MATERIA SANITARIA CORRESPONDE AL ESTADO (ART 149.1.16 C.E.), ENTENDIENDOSE, POR COORDINACION, ENTRE OTRAS MANIFESTACIONES, <LA FIJACION DE MEDIOS (...) QUE HAGAN POSIBLE (...) LA HOMOGENEIDAD TECNICA EN DETERMINADOS ASPECTOS> (ENTRE OTRAS, EN RELACION A LA SANIDAD, STC 32/1983, DE 28 DE ABRIL, FUNDAMENTO JURIDICO 2. ), LO QUE, EN EL PRESENTE CASO, PUDIERA ARTICULARSE MEDIANTE LA APROBACION DE NORMAS COMUNES O GENERALES, CODIFICADORAS DE LOS EXTREMOS SEÑALADOS. EN ULTIMA INSTANCIA, SE TRATA DE UNA PREVISION QUE EN SI MISMA NO MENOSCABA NI INCIDE EN LAS COMPETENCIAS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, Y QUE, POR TANTO, NO INCURRE EN INCONSTITUCIONALIDAD, SIN PERJUICIO, CLARO ES, DE LA CORRECCION CON QUE EL ESTADO PUEDA EJERCITAR ESA COMPETENCIA, EN CUYO CASO, CONTRA LAS NORMAS EN QUE PUEDA MATERIALIZARSE, LA COMUNIDAD AUTONOMA PODRA PROMOVER, OBVIAMENTE, LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES EN DEFENSA DE SUS COMPETENCIAS.

C) IMPUGNA LA JUNTA DE GALICIA EL NUM. 1 DEL ART. 5, ALEGANDO QUE VULNERA LAS COMPETENCIAS DE DESARROLLO LEGISLATIVO Y EJECUCION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA RELATIVAS A LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO Y AL FOMENTO Y PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, ASI COMO EN MATERIA DE INDUSTRIA, FERIAS Y MERCADOS INTERIORES Y TRANSPORTE.

EL PRECEPTO SE LIMITA, SIN EMBARGO, A ESTABLECER QUE PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD FISICA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS SE REGULARAN DETERMINADOS ASPECTOS QUE VAN DESDE LA IMPORTACION HASTA EL CONTROL, VIGILANCIA E INSPECCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS, SIN PREJUZGAR EN FORMA ALGUNA A QUIEN CORRESPONDA ADOPTAR TALES REGULACIONES. EN SI MISMA, PUES, LA PREVISION NO COMPORTA NI EXTRALIMITACION ESTATAL, NI VULNERACION DEL AMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA, AL NO INCORPORAR REGULACION SUSTANTIVA ALGUNA QUE PUEDA AFECTARLA, POR LO QUE NINGUNA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD CABE OPONER. SI CABE AÑADIR, NO OBSTANTE, QUE CUANDO EL ESTADO ACOMETA ESAS REGULACIONES HABRA DE HACERLO CONCRETANDO EL AMBITO TERRITORIAL DE EFICACIA DE LAS MISMAS, A FIN DE SALVAGUARDAR, TAL COMO YA HEMOS SEÑALADO, UNA ELEMENTAL SEGURIDAD JURIDICA EN SU APLICACION.

DISTINTO ES EL ALCANCE DEL NUM. 2 DE ESTE MISMO ART. 5, OBJETO DE IMPUGNACION EN TODOS SUS APARTADOS POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y DE LOS APARTADOS D) E I) POR LA JUNTA DE GALICIA.

CON CARACTER GENERAL, ALEGA EL REPRESENTANTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA QUE LA INCONSTITUCIONALIDAD DERIVA DEL HECHO DE QUE EL PRECEPTO EN SU TOTALIDAD VA MUCHO MAS LEJOS DE LO QUE DEBE CONSIDERARSE CONTENIDO PROPIO DE UNA LEY DE BASES. ADEMAS, ALGUNOS DE SUS APARTADOS INCURREN EN INCONSTITUCIONALIDAD POR OTRAS RAZONES, TAL COMO SUCEDE CON EL NUMERADO CON LA LETRA <F>, YA QUE CONVIERTE AL LLAMADO REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS EN UN REGISTRO QUE ABSORBE LA FUNCIONALIDAD DE LOS REGISTROS AUTONOMICOS. TAMBIEN EL APARTADO <J> CHOCA FRONTALMENTE CON LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA GENERALIDAD EN MATERIA DE VIVIENDA Y, FINALMENTE, EL APARTADO <K> PUGNA CON LA COMPETENCIA DE <ORDENACION> FARMACEUTICA DE LA GENERALIDAD, DADO QUE EL CONTENIDO DE DICHO PRECEPTO NO NOS SITUA ANTE EL EJERCICIO DE POTESTAD NORMATIVA ALGUNA SOBRE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.

POR SU PARTE, LA JUNTA DE GALICIA AFIRMA QUE TANTO POR SU <GENERICA ENUNCIACION>, COMO POR LO DISPUESTO EN SUS APARTADOS <D> E <I>, EL ARTICULO SE HALLA AFECTADO DE INCONSTITUCIONALIDAD, LIMITANDOSE A ESPECIFICAR QUE EL CONTENIDO DEL APARTADO <D> NO CONSTITUYE SINO UN SISTEMA CONSUETUDINARIO EN EL EJERCICIO DEL COMERCIO INTERIOR, QUE HA DE CONSIDERARSE COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.

PLANTEADA DE ESTE MODO LA IMPUGNACION GLOBAL Y PARTICULAR DE LOS DIFERENTES APARTADOS DEL NUM. 2 DEL ART. 5, DE INMEDIATO DEBE RECONOCERSE EN EL MISMO UN CONTENIDO SUSTANTIVO QUE IMPONE ESPECIFICAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES EN LA ELABORACION Y PRODUCCION, CONTROL, ALMACENAJE, DISTRIBUCION Y VENTA DE DETERMINADOS PRODUCTOS, COMO GARANTIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. PUES BIEN, EN RELACION CON EL REPROCHE QUE EN GENERAL FORMULA LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, CONVIENE PRECISAR QUE, ESAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES NOS SITUAN ANTE PREVISIONES QUE, POR SU ESPECIFICIDAD, DEBEN RECONDUCIRSE A LA MATERIA DE SANIDAD, RESPECTO DE LA CUAL EL ESTADO OSTENTA LA COMPETENCIA PARA ESTABLECER LAS BASES (ART. 149.1.16 C.E.), SIN PERJUICIO DE QUE, ADEMAS, EN ALGUN SUPUESTO CONCRETO (SIGNIFICATIVAMENTE, TAL COMO VEREMOS DE INMEDIATO, EN LOS APARTADOS <H> Y <K>), CONCURRAN OTROS TITULOS COMPETENCIALES. ENMARCADA ASI LA CUESTION EN LA REGLA COMPETENCIAL DEL ART. 149.1.16 C.E., LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS NO SOLO NO INCURRIRAN EN INCONSTITUCIONALIDAD, SINO QUE SE IMPONDRAN DIRECTAMENTE A TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SIN EXCEPCION, SI RESULTAN SER EFECTIVAS NORMAS BASICAS, DICTADAS EN EL EJERCICIO DE LA SEÑALADA COMPETENCIA.

EN PRIMER TERMINO, Y DESDE LA PERSPECTIVA FORMAL, NINGUNA OBJECION CABE OPONER AL CARACTER BASICO DE TALES PREVISIONES, POR CUANTO, COMO YA HEMOS SEÑALADO, HAN SIDO APROBADAS POR LEY VOTADA EN CORTES Y SU CALIFICACION COMO BASES O NORMAS BASICAS DE LA SANIDAD SE INFIERE CON FACILIDAD DE LA PROPIA FINALIDAD DIRECTA E INMEDIATA, COMO GARANTIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, EN LA QUE SE JUSTIFICAN. DE ESTE MODO, ES PRECISO ACOMETER EL ANALISIS INDIVIDUALIZADO DE CADA UNO DE ESOS PRECEPTOS DESDE LA PERSPECTIVA MATERIAL, DE SUS CONTENIDOS, A FIN DE CORREGIR, EN SU CASO, CUALESQUIERA POSIBLES EXCESOS QUE SUPUSIESEN UNA EFECTIVA INVASION DE LAS COMPTENCIAS DE DESARROLLO LEGISLATIVO Y EJECUCION EN LA MATERIA DE SANIDAD ASUMIDAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES.

EL APARTADO <A>, EN LO SUSTANCIAL, PREVE LA PROHIBICION DE UTILIZAR ADITIVOS QUE NO FIGUREN EXPRESAMENTE CITADOS EN LAS LISTAS POSITIVAS AUTORIZADAS Y PUBLICADAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, RESPECTO DE LO CUAL NO CABE AHORA SINO REITERAR LO QUE YA DIJIMOS EN LA STC 32/1983 (FUNDAMENTO JURIDICO 3, ), ES DECIR, QUE DADA LA PELIGROSIDAD INNEGABLE DE DETERMINADOS ADITIVOS AÑADIDOS A PRODUCTOS ALIMENTARIOS O DE INDOLE SIMILAR, LA UTILIZACION DE UN SISTEMA PREVENTIVO DE GARANTIAS CONSISTENTE EN LA PROHIBICION DE SU EMPLEO MIENTRAS NO QUEDE DEMOSTRADA SU INOCUIDAD CONSTITUYE, SIN DUDA, LA ADOPCION DE UNA MEDIDA BASICA, DE VIGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO Y EN CUANTO TAL RESERVADA AL ESTADO EN VIRTUD DEL ART.

149.1.16>.

LA PROHIBICION QUE ESTABLECE EL APARTADO <B> EN ORDEN A LA TENENCIA O ALMACENAMIENTO DE <PRODUCTOS REGLAMENTARIAMENTE NO PERMITIDOS O PROHIBIDOS> EN LOCALES E INSTALACIONES RELACIONADOS CON ALIMENTOS O BEBIDAS, ES TAMBIEN UNA MEDIDA EN GARANTIA DE LA SANIDAD ALIMENTARIA QUE DEBE SER CONSIDERADA BASICA, SIN PERJUICIO DE QUE LA CONCRECION DE SU ALCANCE QUEDE DEFERIDA A LAS CORRESPONDIENTES NORMAS REGLAMENTARIAS ESTATALES Y SIN QUE ELLO SEA TAMPOCO OBICE PARA QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIAS SANITARIAS PUEDAN, ASIMISMO, AMPLIAR LA LISTA DE PRODUCTOS NO PERMITIDOS O PROHIBIDOS.

EN EL APARTADO <C>, EL CONTROL QUE DEBE OBSERVARSE DE DETERMINADOS PRODUCTOS QUEDA JUSTIFICADO EN LA PROPIA PELIGROSIDAD DE ESOS PRODUCTOS, DADO SU CARACTER TOXICO, VENENOSO O RESULTANTE DE MEZCLAS INDUSTRIALES, POR LO QUE TAMPOCO CABE APRECIAR EN ELLO EXCESO COMPETENCIAL ALGUNO, DADA LA INCIDENCIA QUE LA NO PREVISION Y EJERCICIO DE UN CONTROL MINIMO Y COMUN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PUDIERA TENER EN LA SALUD Y SEGURIDAD DE LA POBLACION. E IDENTICA VALORACION DEBE MERECER LA PREVISION DEL APARTADO <I>, RELATIVO A LA OBSERVANCIA DE LAS EXIGENCIAS DE CONTROL DE DETERMINADOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS, EN ATENCION PRECISAMENTE A RAZONES SANITARIAS DIRECTAMENTE ENTRONCADAS CON LA SEGURIDAD FISICA DE LAS PERSONAS Y CON LA GARANTIA DE LA UNIFORMIDAD DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

LAS MEDIDAS QUE SE ESTABLECEN EN EL APARTADO <D>, AUNQUE GUARDAN RELACION CON LA MATERIA DE <COMERCIO INTERIOR>, PRESENTAN, SIN EMBARGO, UNA FINALIDAD QUE PREFERENTEMENTE LAS SITUA EN EL AMBITO DE LA SANIDAD, YA QUE LA PROHIBICION GENERAL ESTABLECIDA, SIN PERJUICIO DE LAS EXCEPCIONES QUE PUEDAN REGULARSE AUTORIZANDO AQUELLAS VENTAS DIRECTAS A DOMICILIO QUE VENGAN SIENDO TRADICIONALMENTE PRACTICADAS EN DETERMINADAS ZONAS DEL TERRITORIO NACIONAL, NO TRATA SINO DE PREVENIR POTENCIALES RIESGOS PARA LA SALUD DE LA POBLACION DERIVADOS DE LAS EVIDENTES DIFICULTADES EXISTENTES PARA CONTROLAR Y GARANTIZAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS VENDIDOS A DOMICILIO, RAZON POR LA CUAL TAMBIEN DEBE RECONOCERSE CARACTER BASICO AL PRECEPTO.

EN CUANTO AL APARTADO <E>, QUE NO ES OBJETO DE CONSIDERACION ESPECIFICA POR LAS RECURRENTES, ES OBVIO QUE NO LESIONA, NI INTERFIERE O AFECTA COMPETENCIA ALGUNA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS IMPUGNANTES, YA QUE SE LIMITA A ORDENAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE ESTABLEZCAN LAS CORPORACIONES LOCALES O, EN SU CASO, LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE VENTA AMBULANTE DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, POR LO QUE NINGUNA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD CABE OPONER.

LA PROHIBICION QUE ESTABLECE EL APARTADO <F> TAMPOCO EXCEDE MATERIALMENTE DE LA COMPETENCIA QUE AL ESTADO CORRESPONDE PARA FIJAR LAS BASES Y PUBLICIDAD Y COORDILA SANIDAD, YA QUE A TRAVES DE LA INSCRIPCION DEL CORRESPONDIENTE NUMERO DEL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS SE GARANTIZAN UNAS CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS Y HOMOGENEAS DE LOS ALIMENTOS ENVASADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL QUE RESULTAN INDISPENSABLES PARA LA DEFENSA DE LA SALUD DE TODOS LOS CIUDADANOS.

EL APARTADO <G> NO PREJUZGA LA COMPETENCIA PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES Y REQUISITOS DE CUALESQUIERA PRODUCTOS O SERVICIOS, LIMITANDOSE A ESTABLECER LA OBLIGACION DE RETIRAR O SUSPENDER ESOS PRODUCTOS O SERVICIOS CUANDO INCUMPLAN ESAS CONDICIONES O, CUANDO POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SUPONGAN UN RIESGO PARA LA SALUD O SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, LO QUE, EN SI MISMO, TAMPOCO SUPONE EXTRALIMITACION COMPETENCIAL DE LA NORMA. CUESTION DISTINTA ES LA RELATIVA A QUIEN ASUME EL CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACION, DEBIENDOSE ESTAR, A TAL EFECTO, A LO QUE YA SE DIJO EN LAS SSTC 71/1982, DE 30 DE NOVIEMBRE (FUNDAMENTO JURIDICO 7. IN FINE ), Y 33/1982, DE 8 DE JUNIO (FUNDAMENTO JURIDICO 7. ), QUEDANDO RELEGADA LA LEGITIMIDAD DE LA INTERVENCION ESTATAL A RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA Y PROPORCIONALIDAD EN SU ALCANCE Y EXTENSION Y CORRESPONDIENDO, POR TANTO, A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN LAS MATERIAS DE SANIDAD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR LA ADOPCION DE LAS MEDIDAS INSPECTORAS, DE VIGILANCIA Y REPRESION QUE HAGAN EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO DE LA REFERIDA OBLIGACION.

LA PREVISION CONTENIDA EN EL APARTADO <H> SE APOYA NO SOLO EN LA COMPETENCIA DEL ESTADO PARA FIJAR LAS BASES DE LA SANIDAD, SINO, ADEMAS, EN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA QUE LE CORRESPONDE SOBRE <COMERCIO EXTERIOR> (ART. 149.1.10 DE LA CONSTITUCION), CONFLUYENDO ASI DOS TITULOS COMPETENCIALES QUE CONFIRMAN LA PLENA CONSTITUCIONALIDAD Y APLICABILIDAD DIRECTA DE LA MEDIDA.

EN RELACION A LO DISPUESTO EN EL APARTADO <J>, DEBE SEÑALARSE QUE NO SE ESTA EN PRESENCIA DE UNA MEDIDA RECONDUCIBLE A LA MATERIA <VIVIENDA> (ART. 148.1.3 DE LA CONSTITUCION), SINO A LAS <BASES DE LA SANIDAD>, POR LO QUE LEGITIMAMENTE HA PODIDO SER ESTABLECIDA POR EL ESTADO CON EFICACIA GENERAL, YA QUE, UNA VEZ MAS, LO QUE SE TRATA DE GARANTIZAR SON UNAS CONDICIONES MINIMAS Y HOMOGENEAS QUE, EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE USO PUBLICO, EVITEN RIESGOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, SIN PERJUICIO DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIAS PARA ELLO PUEDAN COMPLEMENTAR O AMPLIAR LA PROHIBICION ESTABLECIDA.

FINALMENTE, EN EL APARTADO <K> SE PREVE UNA OBLIGACION REFERIDA A LOS PRODUCTOS Y ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS EN CUYA ORDENACION NORMATIVA, TAL COMO YA SE DIJERA EN LA STC 71/1982, DE 30 DE NOVIEMBRE (FUNDAMENTO JURIDICO 8. ), SOLO EL ESTADO PUEDE INCIDIR AL HABERSELE RESERVADO EN EXCLUSIVA LA COMPETENCIA PARA LA <LEGISLACION SOBRE PRODUCTOS FARMACEUTICOS> (ART. 149.1.16 C.E.). POR TANTO, LA LEY EN ESTE EXTREMO NO SOLO ES VALIDA, SINO QUE VINCULA Y SE IMPONE A TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SIENDO DE DIRECTA APLICACION Y EFICACIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

D) EL ART. 6 ES OBJETO DE IMPUGNACION EN SU TOTALIDAD POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, MIENTRAS QUE LA JUNTA DE GALICIA LA CIÑE EN LA SUPLICA DE SU DEMANDA AL APARTADO <D> PARA REFERIRSE EN EL CUERPO DE LA DEMANDA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AL APARTADO <A>. EN CUALQUIER CASO, EL ARTICULO EN SU GLOBALIDAD NO PUEDE VINCULAR A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIA NORMATIVA EN LA MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y USUARIO, YA QUE, EN RELACION CON LAS MISMAS, EN NINGUN TITULO COMPETENCIAL PROPIO DEL ESTADO PUEDE AMPARARSE, NO PROCEDIENDO, SIN EMBARGO, LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD POR LAS RAZONES YA EXPUESTAS EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 2.

4. DE LAS NORMAS COMPRENDIDAS EN EL CAPITULO TERCERO DE LA LEY, HAN SIDO OBJETO DE IMPUGNACION POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EL ART. 7 Y EL ART.

8, EN SU APARTADO 3.

A) EL ART. 7 ESTABLECE QUE LOS <LEGITIMOS INTERESES ECONOMICOS Y SOCIALES DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DEBERAN SER RESPETADOS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN ESTA LEY, APLICANDOSE ADEMAS LO PREVISTO EN LAS NORMAS CIVILES Y MERCANTILES EN LAS QUE SE REGULA EL COMERCIO EXTERIOR E INTERIOR Y EL REGIMEN DE AUTORIZACION DE CADA PRODUCTO O SERVICIO>. EL PRECEPTO CITADO NO TIENE CARACTER DE NORMA BASICA Y EL ESTADO NO DISPONE PARA DICTARLO DE OTRO TITULO COMPETENCIAL QUE EL RELATIVO A LA MATERIA DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, LO CUAL SIGNIFICA QUE, SIENDO MATERIALMENTE CONSTITUCIONAL LA DISPOSICION DE LA LEY EXAMINADA, CARECERA DE APLICACION DIRECTA, EN CUANTO TAL DISPOSICION DE LEY, EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIA EXCLUSIVA EN LA MATERIA, SI BIEN, COMO EN OTRAS OCASIONES, RESULTA OBVIO QUE SU CONTENIDO NORMATIVO EN CUANTO A LAS REFERENCIAS O REMISIONES A LA LEGISLACION CIVIL, MERCANTIL Y A LA REGULADORA DEL COMERCIO EXTERIOR, HABRAN DE SER POR SU PROPIA NATURALEZA APLICABLES EN TALES COMUNIDADES AUTONOMAS.

B) IMPUGNA LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EL ART. 8.3, EN SU INCISO 2. , DONDE SE DISPONE QUE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, CONSTITUIDAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ESTA LEY, ESTARAN LEGITIMADAS PARA INICIAR E INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TENDENTES A HACER CESAR LAS OFERTAS, PROMOCIONES Y PUBLICIDAD FALSA Y ENGAÑOSA DE PRODUCTOS, ACTIVIDADES O SERVICIOS.

LA NORMA CITADA NO CONDICIONA, CIERTAMENTE, LA CONSTITUCION DE TODAS LAS ASOCIACIONES A LO ESTABLECIDO EN LA LEY ESTATAL, PUES NADA IMPIDE QUE PUEDAN CONSTITUIRSE DE ACUERDO CON LAS LEGISLACIONES AUTONOMICAS EN LA MATERIA. EN CAMBIO ES CIERTO QUE LIMITA LA LEGITIMACION DE LAS ASOCIACIONES PARA LA REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS LLAMADOS INTERESES DIFUSOS EN LOS CASOS CONTEMPLADOS EN LA NORMA, A SU CONSTITUCION DE ACUERDO CON LOS DICTADOS DE LA PROPIA LEY, DE SUERTE QUE RESTRINGE, EN FORMA INDEBIDA, EL CONTENIDO DEL DERECHO DE ASOCIACION DE AQUELLAS QUE, ENCONTRANDOSE LEGALMENTE CONSTITUIDAS DE ACUERDO CON LA LEGISLACION QUE LE ES APLICABLE, NO LO HAYAN SIDO EN CAMBIO DE ACUERDO CON LA LEY GENERAL. ELLO IMPONE LA CONCLUSION DE CONSIDERAR INCONSTITUCIONAL EL INCISO <CONSTITUIDAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ESTA LEY>, PARA OTORGAR, SIN RESTRICCIONES LA ALUDIDA LEGITIMACION A TODAS LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS QUE SE ENCUENTREN LEGALMENTE CONSTITUIDAS.

5. EL CAPITULO CUARTO DE LA LEY REGULA EL LLAMADO <DERECHO A LA INFORMACION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS> Y CONTIENE UNA SERIE DE DISPOSICIONES QUE HAN SIDO TAMBIEN OBJETO DE IMPUGNACION EN ESTE RECURSO.

A) ALEGA LA GENERALIDAD DE CATALUÑA QUE EL ART.

13.2, ULTIMO INCISO, VERSA SOBRE UNA REGULACION SECTORIAL SOBRE LA QUE TIENE COMPETENCIA LA GENERALIDAD EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART.

9.9 DEL E.A.C., SEÑALANDO QUE NADA TIENE QUE VER CON LA LEGISLACION CIVIL.

LA OBLIGACION QUE SE ESTABLECE DE SUMINISTRAR AL COMPRADOR DE UNA VIVIENDA UNA DOCUMENTACION SUSCRITA POR EL VENDEDOR EN LA QUE CONSTARAN UNA SERIE DE DATOS SOBRE LA MISMA, EVIDENTEMENTE NO PUEDE RECONDUCIRSE A LA MATERIA <URBANISMO Y VIVIENDA>, PERO TAMPOCO CABE CARACTERIZARLA, TAL COMO PRETENDE EL ABOGADO DEL ESTADO, COMO UNA CONDICION GENERAL DE CONTRATACION. EL PRECEPTO, QUE SIGNIFICATIVAMENTE NO SE ENMARCA EN EL CAPITULO TERCERO, RELATIVO A LA <PROTECCION DE LOS INTERESES ECONOMICOS Y SOCIALES>, SINO EN EL CAPITULO CUARTO SOBRE EL <DERECHO A LA INFORMACION> ES MAS BIEN RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA SOBRE <DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO>, SIENDO ESTE EL TITULO A CONSIDERAR.

CONSECUENTEMENTE, LA VALIDEZ DE LA PREVISION Y, POR TANTO, SU CONSTITUCIONALIDAD NO IMPIDE QUE SU AMBITO DE APLICACION Y EFICACIA SEA LIMITADO, EN FUNCION DE QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS HAYAN ASUMIDO ESTATUTARIAMENTE ESA COMPETENCIA.

B) LOS ARTS. 14, 15 Y 16 SON INTEGRAMENTE IMPUGNADOS POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y POR LA JUNTA DE GALICIA. LA MINUCIOSIDAD CON QUE SE ABORDA LA REGULACION DE LAS OFICINAS Y SERVICIOS DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Y AL USUARIO ENTRAÑA, SEGUN ALEGA LA GENERALIDAD, UN GRAVE ATENTADO A LOS ARTS.

2, 137 Y 148.1.1 C.E., MIENTRAS QUE PARA LA JUNTA DE GALICIA, EL CONTENIDO DE ESOS PRECEPTOS DETERMINA UNA INVASION DEL AMBITO COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA RELATIVO AL COMERCIO INTERIOR Y A LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (ARTS. 37.2 Y 3 Y 30.4 E.A.G.).

NINGUN TITULO COMPETENCIAL ESPECIFICO, AL MARGEN DEL RELATIVO A LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, PUEDE JUSTIFICAR LA REGULACION QUE SE IMPUGNA, QUE SE REFIERE, ESPECIALMENTE, SIN PRECISAR EN MANERA ALGUNA SU ALCANCE, A <LAS OFICINAS DE INFORMACION DE TITULARIDAD PUBLICA>. ELLO MISMO OBLIGA A REITERAR LA REGLA GENERAL DE QUE, SIENDO VALIDOS LOS PRECEPTOS Y, POR TANTO, NO INCURSOS EN INCONSTITUCIONALIDAD, SU EFICACIA NO ALCANZARA A AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE, COMO CATALUÑA Y GALICIA, HAYAN ASUMIDO LA TITULARIDAD DE LA COMPETENCIA SOBRE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y USUARIO.

C) IMPUGNA LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EL ART. 17 YA QUE, AL NO LIMITARSE A LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE TITULARIDAD ESTATAL, PUGNA CON LOS ARTS. 2, 137, 148.1.1 C.E. Y, ESPECIALMENTE, CON EL ART. 16.3 E.A.C., QUE ATRIBUYE A LA GENERALIDAD COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA REGULAR SU PROPIA TELEVISION, RADIO Y PRENSA Y, EN GENERAL, TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.

LA PREVISION POR EL LEGISLADOR ESTATAL DE QUE <LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE TITULARIDAD PUBLICA> DEDICARAN ESPACIOS Y PROGRAMAS, NO PUBLICITARIOS, A LA INFORMACION Y EDUCACION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, FACILITANDO EL ACCESO O PARTICIPACION EN LOS MISMOS DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS <EN LA FORMA QUE REGLAMENTARIAMENTE SE DETERMINE POR LOS PODERES PUBLICOS COMPETENTES EN LA MATERIA>, NINGUN REPARO SUSCITA DESDE LA PERSPECTIVA DE SU CONSTITUCIONALIDAD.

CUESTION BIEN DISTINTA ES LA DE SU ALCANCE O EFICACIA PARA AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE DISPONGAN DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PROPIOS, YA QUE ELLO EXIGE DETERMINAR, CON CARACTER PREVIO, SI EL PRECEPTO QUE SE IMPUGNA ES O NO NORMA BASICA. EL ART. 16.3 DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA RECONOCE, EN EFECTO, QUE <LA GENERALIDAD PODRA REGULAR, CREAR Y MANTENER SU PROPIA TELEVISION, RADIO Y PRENSA Y, EN GENERAL, TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES>, PERO TAL RECONOCIMIENTO NO ATRIBUYE A LA GENERALIDAD UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA, YA QUE, EN TODO CASO, LO SERA <EN EL MARCO DE LAS NORMAS BASICAS DEL ESTADO (...) EN LOS TERMINOS Y CASOS ESTABLECIDOS EN LA LEY QUE REGULE EL ESTATUTO JURIDICO DE LA RADIO Y LA TELEVISION> (ART.

16, 1 Y 3, EAC). Y DE OTRA PARTE, EL ART. 149.1.27 C.E. ATRIBUYE AL ESTADO COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA LA FIJACION DE LAS <NORMAS BASICAS DEL REGIMEN DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION Y, EN GENERAL, DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL>. LA PREVISION QUE SE IMPUGNA PUDIERA AMPARARSE, POR TANTO, EN EL EJERCICIO POR EL ESTADO DE LA COMPETENCIA QUE LE CORRESPONDE PARA FIJAR LAS BASES RELATIVAS, EN GENERAL, A LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, ESTABLECIENDO LA OBLIGACION DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE TITULARIDAD PUBLICA (ESTATALES O AUTONOMICOS) DE DEDICAR ESPACIOS Y PROGRAMAS A LA INFORMACION Y EDUCACION DE LOS CONSUMIDORES, ASI COMO LA FACILITACION DEL ACCESO A DICHOS PROGRAMAS DE LAS ASOCIACIONES Y GRUPOS O SECTORES INTERESADOS EN LA MATERIA. LA PROPIA REMISION A LAS NORMAS REGLAMENTARIAS QUE, A FIN DE CONCRETAR EL MODO DE EJECUCION DE ESA OBLIGACION, DICTEN LOS PODERES PUBLICOS EN CADA CASO COMPETENTES, EVIDENCIARIA ASIMISMO, DE UN MODO IMPLICITO, EL CARACTER BASICO DE LA PREVISION.

SIN EMBARGO, TAL CONCLUSION NO ES ADMISIBLE, YA QUE LA NORMA NO ESTABLECE DE MODO EXPLICITO SU CARACTER DE BASE, Y DE SU ESTRUCTURA Y CONTEXTO NO ES POSIBLE DEDUCIR QUE ESA HAYA SIDO LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR. EN CONSECUENCIA, NO EXISTIENDO OTRA COMPETENCIA ESTATAL PARA DICTARLA QUE LA QUE ES PROPIA DEL TITULO COMPETENCIAL SOBRE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, LA NORMA, CONSTITUCIONALMENTE VALIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA MATERIAL, CARECERA DE EFICACIA DIRECTA EN LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS IMPUGNANTES.

6. EL CAPITULO QUINTO DE LA LEY EXAMINADA REGULA EL LLAMADO, <DERECHO A LA EDUCACION Y FORMACION EN MATERIA DE CONSUMO>, Y DENTRO DE EL HAN SIDO IMPUGNADOS LOS ARTS. 18 Y 19.

A) EL ART. 18, IMPUGNADO INTEGRAMENTE POR LA JUNTA DE GALICIA, ENUMERA EN SU APARTADO 1 UNA SERIE DE OBJETIVOS DE LA FORMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, AÑADIENDO EL APARTADO 2 QUE, PARA LA CONSECUCION DE ESOS OBJETIVOS, <EL SISTEMA EDUCATIVO INCORPORARA LOS CONTENIDOS EN MATERIA DE CONSUMO ADECUADOS A LA FORMACION DE LOS ALUMNOS>.

SEÑALA EL ABOGADO DEL ESTADO QUE CONCURREN AQUI DOS TITULOS COMPETENCIALES: UNO GENERICO, RELATIVO A LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y OTRO ESPECIFICO, QUE DEBE PRIMAR SOBRE EL PRIMERO, QUE ES EL RELATIVO A LA ENSEÑANZA Y AL SISTEMA EDUCATIVO. SIN EMBARGO, LO CIERTO ES QUE EN SU APARTADO 1 LA NORMA NO CONTIENE OTRAS REGULACIONES QUE LAS ATINENTES A LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, Y LOS MISMO OCURRE EN CUANTO A LA REGLA ESTABLECIDA EN EL APARTADO 2 QUE NO PUEDE RECONOCERSE COMO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA QUE EL ART. 149.1.30 C.E. RECONOCE AL ESTADO (NORMAS BASICAS PARA EL DESARROLLO DEL ART. 127 DE LA CONSTITUCION), YA QUE NO PUEDE SER CONSIDERADA COMO BASE DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL, TODA VEZ QUE NO SE LE HA DOTADO EXPRESAMENTE DE ESE CARACTER, NI TAL CARACTER SE DEDUCE DE LA ESTRUCTURA DE LA NORMA, NI LO SERIA TAMPOCO DESDE EL PUNTO DE VISTA MATERIAL. LA CONSECUENCIA DE ELLO ES LA FALTA DE APLICACION DIRECTA DEL MENCIONADO ART. 18 EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIAS PLENAS EN MATERIA DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

B) EL ART. 19 CONLLEVA, SEGUN LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, UN ANIMO TUTELAR SOBRE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, QUE ES INCOMPATIBLE CON EL AUTOGOBIERNO, SIENDO POR ELLO INCONSTITUCIONAL.

LA DISPOSICION CONTENIDA EN ESTE ARTICULO NO PRESENTA OTRA COBERTURA COMPETENCIAL QUE LA RELACIONADA CON LA DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR, POR LO QUE SU EFICACIA DIRECTA NO ALCANZARA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE TENGAN COMPETENCIAS PLENAS EN LA MATERIA.

7. EL CAPITULO SEXTO DE LA LEY REGULA LO QUE DENOMINA <DERECHO DE REPRESENTACION, CONSULTA Y PARTICIPACION>. DENTRO DE EL HAN SIDO OBJETO DE ESPECIAL IMPUGNACION EL ART. 20, SEÑALADAMENTE EN SU APARTADO 3, Y EL ART. 22:

A) EL ART. 20 ES OBJETO DE IMPUGNACION CON DESIGUAL ALCANCE, POR LA JUNTA DE GALICIA, LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y EL GOBIERNO VASCO. LAS TRES COMUNIDADES AUTONOMAS COINCIDEN EN HACER OBJETO ESPECIAL DE SU IMPUGNACION, EL APARTADO 3, EN LA MEDIDA EN QUE EXIGE LA INSCRIPCION DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS QUE PRETENDEN GOZAR DE LOS BENEFICIOS PREVISTOS EN LA LEY ESTATAL Y EN SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS EN UN LIBRO-REGISTRO QUE SE LLEVARA EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.

B) EN LO QUE CONCIERNE A LA IMPUGNACION GENERAL DEL ART. 20 HAY QUE DECIR QUE LA REGULACION DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS ES UNO DE LOS PUNTOS ESPECIALES DE LA DEFENSA DE TALES CONSUMIDORES Y USUARIOS, POR LO QUE, PARA DEFINIR TALES ASOCIACIONES, ESTABLECER SUS REQUISITOS Y DETERMINAR LOS BENEFICIOS Y DERECHOS DE QUE PUEDEN DISFRUTAR, NO EXISTE OTRA COBERTURA O TITULO COMPETENCIAL QUE EL RELATIVO A LA MATERIA GENERAL DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, LO QUE HACE QUE EL ART. 20 ESTE FALTO DE EFICACIA DIRECTA EN LOS ORDENAMIENTOS DE LA COMUNIDADES AUTONOMAS IMPUGNANTES.

DISTINTA ES LA CUESTION A LA QUE SE REFIERE AL APARTADO 3, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE PARA PODER GOZAR DE CUALQUIER BENEFICIO QUE LES OTORGA LA PRESENTE LEY, DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES, LAS ASOCIACIONES DEBERAN FIGURAR INSCRITAS EN UN LIBRO-REGISTRO QUE SE LLEVARA EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO.

LA EXIGENCIA DE LA NECESARIA INSCRIPCION DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN UN LIBRO REGISTRO LLEVADO EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO NO PUEDE ESTIMARSE INCONSTITUCIONAL, DADO QUE ESA EXIGENCIA O CARGA SE VINCULA DIRECTAMENTE A LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A LOS BENEFICIOS QUE PREVEA LA PROPIA LEY Y LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y CONCORDANTES. LA INSCRIPCION EN DICHO LIBRO REGISTRO NO ES SINO UN ELEMENTO QUE, JUNTO AL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS QUE REGLAMENTARIAMENTE SE DETERMINARAN PARA CADA TIPO DE BENEFICIO QUE SE INSTITUYA, OPERA COMO UNA CONDICION PREVIA PARA EL OTORGAMIENTO POR EL ESTADO DE CUALESQUIERA AYUDAS O BENEFICIOS, NO ADVIRTIENDOSE EN ELLO CONDICIONAMIENTO ILEGITIMO ALGUNO PARA LAS ASOCIACIONES CONSTITUIDAS CON ARREGLO A LA NORMATIVA PROPIA QUE, EN SU CASO, PUEDEN DICTAR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE ASOCIACIONES Y DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO. NO SE TRATA, POR TANTO, DE QUE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESTATAL, LLEVADO POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, SE EXIJA NECESARIAMENTE PARA LA VALIDA CONSTITUCION DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, YA QUE ESA INSCRIPCION SE PRACTICARA EN EL REFERIDO REGISTRO O EN EL QUE CORRESPONDA EN LA NORMATIVA CON ARREGLO A LA CUAL SE CONSTITUYAN, RAZON POR LA QUE DEBE RECHAZARSE LA PRETENSION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RECURRENTES.

CABE AÑADIR, POR LO DEMAS, QUE, A TRAVES DEL ESTABLECIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE ESOS BENEFICIOS, OBLIGANDOSE A TAL FIN A LA INSCRIPCION DE LAS ASOCIACIONES, AUNQUE ESTAS YA ESTUVIESEN INSCRITAS EN EL CORRESPONDIENTE REGISTRO AUTONOMICO, EN UN REGISTRO ESPECIAL QUE SE GESTIONARA CENTRALIZADAMENTE, NO SE INCURRE EN INCONSTITUCIONALIDAD, POR INCOMPETENCIA DE NINGUN TIPO, YA QUE LA PREVISION NO SE FUNDAMENTA SIN MAS EN LA FACULTAD DE GASTO, QUE COMO REITERADAMENTE HA SOSTENIDO ESTE TRIBUNAL EN NUMEROSAS OCASIONES (ENTRE OTRAS, SSTC 179/1985, DE 19 DE DICIEMBRE, Y 95/1986, DE 19 DE JULIO) NO ES UN TITULO GENERICO Y AUTONOMO QUE PERMITA ATRAER HACIA SI TODA SUERTE DE COMPETENCIAS MATERIALES CON INDEPENDENCIA DEL SISTEMA COMPETENCIAL RESULTANTE DE LOS ARTS. 148 Y 149 DE LA CONSTITUCION Y, COMPLEMENTARIAMENTE, DE CADA UNO DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, SINO QUE ENCUENTRA PLENA COBERTURA EN LAS COMPETENCIAS QUE EL ESTADO OSTENTA EN MATERIA DE ASOCIACIONES Y EN LAS QUE, RESPECTO DE DETERMINADAS COMUNIDADES AUTONOMAS, HA RETENIDO TAMBIEN EN RELACION A LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

C) EL ART. 22 ES IMPUGNADO EN SU INTEGRIDAD POR LA JUNTA DE GALICIA Y TAMBIEN POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, CON EXCEPCION DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO 5. LA JUNTA DE GALICIA SE APOYA EN IDENTICAS CONSIDERACIONES A LAS YA EXPUESTAS A PROPOSITO DE LOS ARTS. 18 Y 20, MIENTRAS QUE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA ALEGA QUE LOS NUMS. 1, 2 Y 3 VULNERAN EL ART. 9.3 DE SU ESTATUTO DE AUTONOMIA Y QUE EL NUM. 6 INCURRE EN INCONSTITUCIONALIDAD POR SIMILARES RAZONES A LAS SEÑALADAS EN LA IMPUGNACION DEL ART. 19.

EL PRECEPTO NO PUEDE JUSTIFICARSE, COMO PRETENDE EL ABOGADO DEL ESTADO, EN EL CARACTER BASICO DE LA PREVISION, YA QUE SI BIEN EL ESTADO OSTENTA COMPETENCIA EXCLUSIVA PARA ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN, EN EL PRESENTE CASO NO NOS ENCONTRAMOS PROPIAMENTE ANTE EL EJERCICIO DE TAL COMPETENCIA. EFECTIVAMENTE, EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, RESPECTO DEL CUAL LAS COMUNIDADES AUTONOMAS GOZAN DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS CUANDO SE TRATE DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE SUS PROPIAS NORMAS DE CARACTER GENERAL.

LA CONSECUENCIA DE ELLO ES, UNA VEZ MAS, LA FALTA DE APLICACION DIRECTA DEL PRECEPTO RESPECTO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS IMPUGNANTES, AUNQUE HABRA QUE SUBRAYAR QUE LA AUDIENCIA DE LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LAS CUESTIONES QUE LES PUEDAN AFECTAR, CONSTITUYE, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ART. 51.2 DE LA CONSTITUCION, UN PRINCIPIO RECTOR DE LA POLITICA SOCIAL Y ECONOMICA QUE VINCULA A TODOS LOS PODERES PUBLICOS Y, TAMBIEN POR ELLO A TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. IDENTICA CONCLUSION HABRA DE MANTENERSE A PROPOSITO DEL APARTADO 2. DEL MISMO PRECEPTO, QUE ESTABLECE LOS SUPUESTOS EN QUE LA AUDIENCIA PREVIA ES PRECEPTIVA Y EN RELACION CON LOS APARTADOS 3 Y 4, RELATIVOS A LA AUDIENCIA DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES.

POR ULTIMO, EL APARTADO 6. ESTABLECE UN MANDATO DIRIGIDO A LA ADMINISTRACION EN ORDEN AL CONTENIDO DE LA COLABORACION ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES Y LAS DE EMPRESARIOS, QUE TAMPOCO ES, POR LAS MISMAS RAZONES YA EXPUESTAS, DE DIRECTA APLICACION A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE DISPONGAN DE COMPETENCIA EN MATERIA DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES.

8. DE LAS DISPOSICIONES COMPRENDIDAS EN EL CAPITULO SEPTIMO DE LA LEY HAN SIDO OBJETO DE IMPUGNACION LOS ARTS. 23 Y 24:

A) EL ART. 23, IMPUGNADO INTEGRAMENTE POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y LA JUNTA DE GALICIA, ESTABLECE UNA SERIE DE DIRECTRICES, QUE LOS PODERES PUBLICOS Y LAS <ADMINISTRACIONES PUBLICAS COMPETENTES> DEBERAN OBSERVAR EN SU ACTUACION, A FIN DE ADOPTAR Y PROMOVER MEDIDAS QUE SUPLAN O EQUILIBREN SITUACIONES DE INFERIORIDAD, SUBORDINACION O INDEFENSION, EN QUE PUEDEN ENCONTRARSE, INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE, LOS CONSUMIDORES O USUARIOS.

LA PREVISION CUESTIONADA NO DISPONE DE OTRA COBERTURA COMPETENCIAL QUE LA COMPETENCIA QUE EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO EL ESTADO HA RETENIDO RESPECTO DE DETERMINADAS COMUNIDADES AUTONOMAS, POR LO QUE AQUELLAS OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIAS PLENAS EN LA MATERIA NO QUEDAN VINCULADAS POR LA DISPOSICION.

AUNQUE ESTA ENGLOBA EN SU AMBITO DE ACTUACION A LAS <ADMINISTRACIONES PUBLICAS COMPETENTES>, HA DE ENTENDERSE POR TALES AQUELLAS ADMINISTRACIONES A LAS QUE LA LEY PUEDE CONSIDERAR DESTINATARIAS DE SUS MANDATOS, DEBIENDOSE, POR LAS MISMAS RAZONES QUE ANTES HAN QUEDADO EXPUESTAS, CONSIDERAR EXCLUIDAS LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS IMPUGNANTES.

B) EL ART. 24, ES IMPUGNADO POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y POR LA JUNTA DE GALICIA. LOS MOTIVOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ALEGADOS SE RESUMEN EN QUE LA CONSTITUCION DE UN <ORGANO EXCEPCIONAL> POR EL GOBIERNO DE LA NACION PARA QUE, CON PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS, ASUMA TEMPORALMENTE LOS PODERES ADMINISTRATIVOS QUE SE LE ENCOMIENDEN A FIN DE GARANTIZAR LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS EN LOS SUPUESTOS MAS GRAVES DE IGNORANCIA, NEGLIGENCIA O FRAUDE A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, SUPONE EN OPINION DE LOS IMPUGNANTES UNA VULNERACION DEL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS, NO PUDIENDOSE DESAPODERAR A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, E INCLUSO AL ESTADO, DE TODAS O PARTE DE SUS COMPETENCIAS PARA ATRIBUIRLAS UN ORGANO DE NUEVA FACTURA NO PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE.

EL ESTADO TIENE TITULO COMPETENCIAL (EL DEL ART. 149.1.16 C.E.) PARA INTERVENIR FIJANDO LAS BASES EN MATERIA DE SANIDAD Y PARA COORDINAR LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SOBRE LA MISMA MATERIA, DENTRO DE LA CUAL HAY QUE CONSIDERAR INCLUIDA LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. ESA COMPETENCIA QUE PUEDE Y DEBE SER EJERCIDA PARA ATENDER SITUACIONES NORMALES, NO PUEDE SER OMITIDA A LA HORA DE AFRONTAR SITUACIONES GRAVEMENTE ANOMALAS, A LAS CUALES PODRA HACER FRENTE EL ESTADO, EN PRIMER TERMINO, SIEMPRE QUE, AL INTERVENIR CON MEDIDAS O REMEDIOS EXTRAORDINARIOS, NO OLVIDE QUE, COMO YA SE DIJO EN LA STC 33/1982 (FUNDAMENTO JURIDICO 7. ) ESA INTERVENCION HA DE ESTAR <JUSTIFICADA POR RAZONES DE NECESIDAD Y URGENCIA> Y HA DE SER <PROPORCIONADA EN SU FORMA Y DURACION A ESA SITUACION DE URGENTE NECESIDAD>, Y, EN SEGUNDO TERMINO, SIEMPRE QUE AL PREVER O EJECUTAR MEDIDAS EXTRAORDINARIAS NO ALTERE EL REPARTO COMPETENCIAL NI DESAPODERE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (COMO EN ESTE CASO TEMEN LOS RECURRENTES) DE SUS COMPETENCIAS.

EN EL ART. AHORA EXAMINADO LA SITUACION ANOMALA QUE SE PREVE ES NO SOLO GRAVE, SINO SUMA O EXTREMADAMENTE GRAVE (<EN LOS SUPUESTOS MAS GRAVES...>), Y EL REMEDIO QUE EL LEGISLADOR PERMITE QUE EL GOBIERNO CONSTITUYA PARA TALES SUPUESTOS ES CONSIDERADO COMO <EXCEPCIONAL>, EN ADECUADA CORRESPONDENCIA CON LAS SITUACIONES DESCRITAS.

ESTAS VIENEN CARACTERIZADAS NO POR LA APARICION DE UN TEMOR O UN RIESGO MAS O MENOS PROBABLE O INMINENTE, SINO POR LA EXISTENCIA REAL Y PRESENTE DE UNA <AGRESION INDISCRIMINADA A LOS CONSUMIDORES O USUARIOS>, Y HAY QUE ENTENDER QUE TAL AGRESION DEBE AFECTAR DIRECTA, PRINCIPAL Y MUY GRAVEMENTE A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, PUES ES ESTE BIEN EL QUE SE TRATA DE GARANTIZAR POR MEDIO DE AQUEL <ORGANO EXCEPCIONAL> Y EL QUE PERMITE SITUAR EL PRECEPTO ANALIZADO EN EL AMBITO DEL ART. 149.1.16 DE LA CONSTITUCION. AL PREVER LA CONSTITUCION DE DICHO ORGANO, EL LEGISLADOR ESTATAL EJERCE SU COMPETENCIA EN ORDEN A LA FIJACION DE LAS BASES Y PERMITE LA CREACION DE UN INSTRUMENTO CUYA ACTUACION HABRA DE CONSISTIR TANTO EN LA ADOPCION DE MEDIDAS SINGULARES Y BASICAS, ENCAMINADAS A GARANTIZAR LOS FINES INDICADOS, COMO EN COORDINAR LA ACTUACION DE LAS COMUNIDADES EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, QUE DEBEN RESULTAR ASI NO ALTERADAS O ENAJENADAS, SINO COORDINADAS.

LA RECTA INTERPRETACION DEL PRECEPTO IMPUGNADO CONDUCE A PRECISAR QUE EL <CARACTER TEMPORAL> DEL LLAMADO <ORGANO EXCEPCIONAL> NO PODRA EXCEDER EN SU DURACION A LA DEL SUPUESTO QUE MOTIVO SU CONSTITUCION; QUE LA PARTICIPACION EN EL DE REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS AFECTADAS NO PODRA SER SIMBOLICA, O MERAMENTE PASIVA, SINO ACTUANTE; Y QUE LOS PODERES ADMINISTRATIVOS CONFERIDOS AL ORGANO EXCEPCIONAL DEBERAN ESTAR ENCAMINADOS PRIMORDIALMENTE A LA GARANTIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS EN MAS DE UNA COMUNIDAD AUTONOMA, DEBIENDO ENTENDERSE LOS DEMAS FINES PREVISTOS COMO CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA <AGRESION INDISCRIMINADA> A LA SALUD Y SEGURIDAD.

ES CLARO QUE TANTO EN LA HIPOTETICA CREACION DEL <ORGANO EXTRAORDINARIO> COMO EN LA ACTUACION DE ESTE CABE QUE SE PRODUZCAN VULNERACIONES DE COMPETENCIAS AUTONOMICAS. PERO NI EL RIESGO CARECERIA DE REMEDIO, PUES CADA EXTRALIMITACION COMPETENCIAL PODRIA SER IMPUGNADA Y EN SU CASO REPARADA, NI SU EXISTENCIA POTENCIAL OBLIGA EN MODO ALGUNO A NEGAR LA COMPETENCIA ESTATAL RECTAMENTE EJERCIDA.

INTERPRETADO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL ANTERIOR RAZONAMIENTO, EL ARTICULO 24 NO VULNERA COMPETENCIAS COMUNITARIAS NI EXCEDE DE LAS QUE AL LEGISLADOR ESTATAL CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL ART. 149.1.16 DE LA CONSTITUCION.

9. DEL CAPITULO OCTAVO, QUE SE ABRE CON LA RUBRICA <GARANTIAS Y RESPONSABILIDADES> HAN SIDO OBJETO DE ESPECIAL IMPUGNACION EL ART. 30 Y EL ART. 31:

A) IMPUGNA LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EL ART. 30 POR ESTIMAR QUE LAS ACTUACIONES QUE SE CONFIAN AL GOBIERNO DE LA NACION CAEN EN LA ORBITA DE LAS POTESTADES DE DESARROLLO NORMATIVO Y, EVENTUALMENTE, EN LAS DE EJECUCION QUE OSTENTA LA GENERALIDAD EN MATERIA DE SEGUROS (ART. 10.1.4 E.A.C.).

LA ALEGACION, SIN EMBARGO, DEBE SER RECHAZADA POR CUANTO NO SE VULNERAN EN MANERA ALGUNA LAS COMPETENCIAS QUE EN MATERIA DE SEGUROS CORRESPONDEN A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA. ANTES BIEN, PRETENDE LA COMUNIDAD AUTONOMA IMPUGNANTE UNA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD OLVIDANDO QUE NO TODAS LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DISPONEN DE COMPETENCIAS EN LA MATERIA REFERIDA, ASI COMO EN LA DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y USUARIO, POR LO QUE ES AL ESTADO A QUIEN CORRESPONDE LA PREVISION Y ORDENACION GLOBAL DE LOS SISTEMAS OBLIGATORIOS DE SEGUROS Y FONDO DE GARANTIA QUE CUBRAN LOS DAÑOS Y RIESGOS DERIVADOS DEL MAL ESTADO DE DETERMINADOS PRODUCTOS, SERVICIOS O ACTIVIDADES.

ELLO NO ES OBICE, POR LO DEMAS, PARA QUE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA PUEDA ESTABLECER, EN SU CASO, SISTEMAS SIMILARES DE PROTECCION, SIEMPRE QUE SE ATENGA A LAS BASES QUE EN MATERIA DE SEGUROS AL ESTADO CORRESPONDE ESTABLECER. EL PRECEPTO, POR TANTO, NO ES INCONSTITUCIONAL.

B) EL ART. 31 ES IMPUGNADO POR LA JUNTA DE GALICIA, PERO LO CIERTO ES QUE NINGUNA RAZON SE APORTA COMO FUNDAMENTO DE LA MISMA, POR LO QUE, TAL COMO ADVIERTE EL ABOGADO DEL ESTADO, BASTARIA YA TAL CIRCUNSTANCIA PARA DESESTIMAR EN ESTE PUNTO EL RECURSO. CABE AÑADIR, NO OBSTANTE, QUE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA GENERAL DE ARBITRAJE ES MATERIA QUE INCUESTIONABLEMENTE HA SIDO ATRIBUIDA A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO (ART. 149, 1, 6 Y 8, C.E.), POR LO QUE NINGUNA TACHA DE INCONSTITUCIONALIDAD CABE OPONER AL ART. 31.

10. OBJETO DE IMPUGNACION HA SIDO EL CAPITULO NOVENO QUE VERSA SOBRE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. AUN CUANDO NO HAN SIDO OBJETO DE ESPECIAL IMPUGNACION LA TIPIFICACION DE INFRACCIONES Y SANCIONES, SINO SOLAMENTE LAS REGLAS RELATIVAS A LA APLICACION DE TALES PRECEPTOS Y LA PARTICULAR DECLARACION DE INFRACCIONES Y SANCIONES, CONVIENE SEÑALAR QUE, COMO ESTE TRIBUNAL TIENE YA DECLARADO, LA PRODUCCION DE UN DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR COMPETE A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y SERAN COMPETENTES EN LA MATERIA.

EN EL CASO DE LA PRESENTE IMPUGNACION, CEÑIDA, COMO HEMOS DICHO, A LA EJECUCION DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN LA LEY ESTATAL, HABRA QUE SEÑALAR QUE NADA OBSTA QUE, EN SU CASO, LA EJECUCION DE TALES NORMAS SEA LLEVADA A CABO POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS:

A) LOS ARTS. 34 Y 35 SON IMPUGNADOS POR LA JUNTA DE GALICIA, POR CUANTO, CORRESPONDIENDO AL ESTADO SOLO LA TIPIFICACION DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES, SE PROCEDE, SIN EMBARGO, EN LOS REFERIDOS ARTICULOS A UNA <ATRIBUCION GENETICA AL ESTADO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES>, INCURRIENDOSE ASI EN INCONSTITUCIONALIDAD POR CONCULCACION DE LOS ARTS. 149, 1, 13 Y 16, C.E. Y 30, 4 Y 37, 2 Y 3, DEL E.A.G.

LA IMPUGNACION CARECE DE TODO FUNDAMENTO, YA QUE NI EN EL ART. 34 NI EN EL ART. 35, QUE PROCEDEN JUSTAMENTE A LA TIPIFICACION DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE CONSUMO LO CUAL NO SE CUESTIONA EN MANERA ALGUNA , SE PREJUZGA CUAL SEA EL ORGANO COMPETENTE PARA SANCIONAR, POR LO QUE, SIN NECESIDAD DE MAYORES CONSIDERACIONES, PROCEDE SU DESESTIMACION.

B) TAMBIEN IMPUGNA LA JUNTA DE GALICIA EL ART. 36, BASANDOSE EN IDENTICAS RAZONES A LAS ALEGADAS EN RELACION A LOS ARTS. 34 Y 35. AUNQUE SIN PRECISION DE NINGUN TIPO, LA IMPUGNACION EN ESTE CASO ADQUIERE CIERTO SENTIDO POR CUANTO EN EL NUM. 2 DE ESTE ART. 36 SE RECONOCE AL CONSEJO DE MINISTROS LA POTESTAD DE ACORDAR, EN LOS SUPUESTOS DE INFRACCIONES MUY GRAVES, EL CIERRE TEMPORAL DEL ESTABLECIMIENTO, INSTALACION O SERVICIO POR UN PLAZO DE HASTA CINCO AÑOS, SIENDO EN TALES CASOS DE APLICACION LO PREVENIDO EN EL ART. 57.4 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

ESTA PREVISION ES, IGUALMENTE, IMPUGNADA POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y POR EL GOBIERNO VASCO, POR CONSIDERAR QUE ESA ATRIBUCION AL CONSEJO DE MINISTROS VULNERA LAS COMPETENCIAS EJECUTIVAS QUE EN MATERIA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y USUARIO CORRESPONDEN A LAS RESPECTIVAS COMUNIDADES AUTONOMAS (ARTS. 12.1.5 E.A.C.

Y 10, 27 Y 28, Y 18.1 E.A.P.V.). LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE PRETENDE DEBE, SIN EMBARGO, SER RECHAZADA, EN APLICACION DE LAS CONSIDERACIONES YA EXPUESTAS A LO LARGO DE LOS APARTADOS PRECEDENTES, SIN PERJUICIO DE QUE EN AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE HAYAN ASUMIDO COMPETENCIAS EJECUTIVAS EN LA MATERIA, LA COMPETENCIA SANCIONADORA QUE SE ATRIBUYE AL CONSEJO DE MINISTROS CORRESPONDA EJERCITARLA A LOS ORGANOS PERTINENTES DE ESAS COMUNIDADES.

C) LOS ARTS. 37 Y 38 SE IMPUGNAN POR LA JUNTA DE GALICIA SOBRE LA BASE DE IDENTICAS CONSIDERACIONES A LAS ALEGADAS EN RELACION A LOS ARTS. 34, 35 Y 36.

AL MARGEN DE QUE EL ART. 38 NO ES NI TAN SIQUIERA MENCIONADO EN EL APARTADO DE LA DEMANDA RELATIVO A LA FUNDAMENTACION PORMENORIZADA DE LA IMPUGNACION, CABE REITERAR RESPECTO DE ELLO LAS MISMAS RAZONES ANTES EXPUESTAS.

11. LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y LA JUNTA DE GALICIA IMPUGNAN EL ART. 39 EN SU INTEGRIDAD, MIENTRAS QUE EL GOBIERNO VASCO CIÑE LA SUYA AL NUM. 5 DEL REFERIDO ART. 39. CONVIENE POR ELLO COMENZAR POR EL ANALISIS DE LO DISPUESTO EN ESE NUM. 5 PARA EXAMINAR POSTERIORMENTE EL ARTICULO EN SU GLOBALIDAD.

ALEGA EL GOBIERNO VASCO QUE EL ART. 39.5, AL ESTABLECER QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO <EJERCER LA POTESTAD SANCIONADORA CON EL ALCANCE QUE SE DETERMINE EN SUS NORMAS REGULADORAS>, VIOLA LOS ARTS. 10, 27 Y 28, Y 18.1 DEL E.A.P.V., YA QUE CON ARREGLO A LOS REFERIDOS PRECEPTOS, ESA POTESTAD SANCIONADORA, AL SER SUBSUMIBLE EN LA COMPETENCIA EJECUTIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA SOBRE PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, A SUS PROPIOS ORGANOS CUMPLIRA EJERCITARLA. IDENTICAS CONSIDERACIONES EXPONEN LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y LA JUNTA DE GALICIA, TRAYENDO A COLACION LO DISPUESTO EN LOS ARTS.

12.1.5 Y 37.2 DE SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA.

LA CUESTION AHORA SUSCITADA EN LA MISMA QUE SE PLANTEARA A PROPOSITO DEL ART. 36.2, POR LO QUE NO CABE SINO DAR POR REPRODUCIDAS LAS RAZONES EXPUESTAS EN EL APARTADO B) DEL FUNDAMENTO JURIDICO O, RECHAZANDO, EN CONSECUENCIA, LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE PRETENDE, Y RECONOCIENDO, A LA VEZ, QUE EL ALCANCE DE ESA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION ESTATAL CEDERA A FAVOR DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE HUBIEREN ASUMIDO ESA COMPETENCIA EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO.

EN CUANTO A LA IMPUGNACION GLOBAL QUE DEL ART. 39 LLEVAN A CABO CATALUÑA Y GALICIA, HAY QUE SEÑALAR QUE LA CAUSA PRINCIPAL EN QUE SE SUSTENTA ESTRIBA, SEGUN AFIRMAN, EN LA PRETENSION QUE CARACTERIZA A LA LEY DE SER APLICADA DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN TODO EL TERRITORIO, LO QUE SE DEMUESTRA A LA LUZ DEL <PANORAMA COMPETENCIAL> QUE LA LEY PROPORCIONA CON RELACION AL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, NO SIENDO FUNCION DEL LEGISLADOR ESTATAL EL PRECISAR EL ALCANCE DE LAS COMPETENCIAS DEL PODER CENTRAL Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA MATERIA QUE NOS OCUPA. LA LEY, POR TANTO, PROCEDE A UNA AMPLIA REDEFINICION DE COMPETENCIAS QUE CONSTITUCIONALMENTE HAN SIDO ATRIBUIDAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

LA PROBLEMATICA GENERAL QUE A LO LARGO DE LOS RECURSOS PLANTEADOS SE SUSCITA VUELVE A REPRODUCIRSE AQUI, POR LO QUE UNA VEZ MAS HABRA QUE INSISTIR EN QUE EL AMBITO DE APLICACION Y EFICACIA DE LAS PREVISIONES DE ESTE ART.

39 SERA EL RESULTANTE DE LAS COMPETENCIAS QUE ESTATUTARIAMENTE HAYAN ASUMIDO LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y USUARIO.

SOBRE ESTE PARTICULAR CABE SEÑALAR QUE EN EL NUM. 1 DEL ART. 39 SE ESTABLECE QUE CORRESPONDE A LA ADMINISTRACION ESTATAL ELABORAR Y APROBAR UNA SERIE DE DISPOSICIONES DE GENERAL APLICACION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, PERO LO CIERTO ES QUE EN EL PARRAFO TERCERO DEL MISMO NUM. 1 SE PRECISA QUE <LO DISPUESTO EN ESTE NUMERO SE ENTIENDE SIN PERJUICIO DE LAS POTESTADES NORMATIVAS QUE CORRESPONDEN A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE ACUERDO CON SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS>. ESTA PRECISION DEJA A SALVO LA CONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO Y RECTIFICA EL ALCANCE DE LA EXPRESION <DISPOSICIONES DE GENERAL APLICACION EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL>, YA QUE ESA EFICACIA GENERAL SERA TAL CUANDO LA DISPOSICION SE DICTE CORRECTAMENTE EN EL LEGITIMO EJERCICIO DE LA CORRESPONDIENTE COMPETENCIA ESTATAL, SIN QUE EN ESTE MOMENTO PROCEDA FORMULAR MAYORES PRECISIONES SOBRE EL PARTICULAR.

DE OTRA PARTE, PARTICULARIZA SU IMPUGNACION LA GENERALIDAD DE CATALUÑA EN LOS NUMS. 3 Y 4 DEL MISMO ART. 39, LA CUAL, SIN EMBARGO, DEBE SER RECHAZADA. EL NUM. 3 NO RECOGE SINO UN MANDATO DIRIGIDO A LA ADMINISTRACION ESTATAL PARA APOYAR LA ACTUACION DE LAS AUTORIDADES Y CORPORACIONES LOCALES Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, TRATANDOSE DE UNA MEDIDA INCARDINABLE EN LA IDEA MISMA DE COLABORACION Y AUXILIO QUE NO SOLO NO LESIONA LA AUTONOMIA LOCAL Y DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, SINO QUE LA COMPLEMENTA. OBVIAMENTE, SI EN EL CUMPLIMIENTO DE ESE MANDATO NORMATIVO SE PRODUJESEN EXTRALIMITACIONES QUE VULNERARAN O MENOSCABARAN EL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS, LA COMUNIDAD AUTONOMA AFECTADA DISPONDRA DE LOS MEDIOS PROCESALES OPORTUNOS EN DEFENSA DE SUS COMPETENCIAS.

Y POR LO QUE RESPECTA AL NUM. 4, TAMPOCO CABE APRECIAR LESION DEL AUTOGOBIERNO DE LA GENERALIDAD (ART. 9.1 E.A.C.), YA QUE LA INDETERMINACION DEL MANDATO (<PROMOVER LA ACTUACION DE LAS DEMAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS>) Y EL DIFERENTE NIVEL COMPETENCIAL QUE EN MATERIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO SE DA ENTRE ESAS ADMINISTRACIONES, NO PREJUZGA EN SI MISMO VULNERACION ALGUNA DE LAS COMPETENCIAS QUE OSTENTEN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

FINALMENTE, QUE LA ADMINISTRACION ESTATAL VENGA OBLIGADA, SEGUN PRECISA LA PARTE FINAL DE ESTE NUM. 4, A ADOPTAR, EN CASOS DE NECESIDAD O URGENCIA, CUANTAS MEDIDAS SEAN CONVENIENTES PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, ESPECIALMENTE EN SU SALUD Y SEGURIDAD, TAMPOCO PREJUZGA EL SENTIDO Y ALCANCE DE ESA INTERVENCION QUE, EN ABSTRACTO, NO PUEDE CONSIDERARSE INCONSTITUCIONAL TAL COMO YA SE DIJERA EN AL STC 33/1982, DE 8 DE JUNIO (FUNDAMENTO JURIDICO 7. ).

EL ART. 40 SE IMPUGNA POR LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y POR LA JUNTA DE GALICIA SOBRE LA BASE DE LAS MISMAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS A PROPOSITO DEL ART. 39.

EN ESTA OCASION, LA CONCLUSION A LA QUE DEBEMOS LLEGAR DIFIERE, NO OBSTANTE, DE LA ALCANZADA EN RELACION AL ART.

39, YA QUE AHORA, EL ART. 40 ASUME UNA FUNCION QUE EN MANERA ALGUNA PUEDE RECONOCERSE AJUSTADA A LA CONSTITUCION. SE ESTABLECE, EN EFECTO, QUE <CORRESPONDERA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PROMOVER Y DESARROLLAR LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN SU RESPECTIVOS ESTATUTOS Y, EN SU CASO, EN LAS CORRESPONDIENTES LEYES ORGANICAS COMPLEMENTARIAS DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS>, ASUMIENDO ASI LA LEY UN CARACTER APARENTEMENTE ATRIBUTIVO DE COMPETENCIAS E INCORPORANDO UN MANDATO DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE TRANSGREDE LA REGLA CONSTITUCIONAL EN VIRTUD DE LA CUAL LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SE CONCRETA POR EL JUEGO COMBINADO DE LA CONSTITUCION, LOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA Y, RESIDUALMENTE, POR LAS LEYES ORGANICAS A QUE SE REFIERE EL ART. 150.2 DE LA C.E.

PROCEDE, POR ELLO, LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 40 POR VICIO INSUBSANABLE DE INCOMPETENCIA.

LA JUNTA DE GALICIA Y EL GOBIERNO VASCO IMPUGNAN EL ART. 41. LA JUNTA DE GALICIA SE LIMITA A REPRODUCIR EL PLANTEAMIENTO GENERAL EN EL QUE APOYA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 39 Y 40 YA EXAMINADOS, MIENTRAS QUE EL GOBIERNO VASCO RAZONA CON MAYOR DETALLE Y PRECISION EL FUNDAMENTO DE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE PRETENDE. LA DISPOSICION CUESTIONADA NO PUEDE INCLUIRSE, AFIRMA EL GOBIERNO VASCO, EN LA MATERIA DE <REGIMEN LOCAL> PREVISTA EN EL ART.

149.1.18 C.E., DEBIENDOSE RESOLVER EL PROBLEMA COMPETENCIAL ATENDIENDO AL TITULO PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, LO QUE DEBE CONDUCIR A RECONOCER QUE CORRESPONDE A LA COMUNIDAD AUTONOMA (ART. 10.28 E.A.P.V.) LA DISPONIBILIDAD SOBRE LAS FACULTADES QUE EN LOS NUMS. 1, 2, 3 Y 6 DE ESTE ART.

41 SE OTORGAN A LAS CORPORACIONES LOCALES.

LLEVA RAZON EL GOBIERNO VASCO AL AFIRMAR QUE LA CUESTION NO DEBE RESOLVERSE DESDE LA CONSIDERACION DE LA COMPETENCIA QUE EL ART. 149.1.18 C.E. RECONOCE AL ESTADO, LO CUAL EN MOMENTO ALGUNO SE DISCUTE POR EL ABOGADO DEL ESTADO. MAS BIEN, LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES QUE EN MATERIA DE PROTECCION Y DEFENSA DE LOS

CONSUMIDORES Y USUARIOS PUEDAN CORRESPONDER A LAS CORPORACIONES LOCALES, SE DETERMINARAN POR LA LEGISLACION ESTATAL O POR LA LEGISLACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS SEGUN LOS CASOS (ART.

25.2, F), DE LA LEY 7/1985, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL), LO QUE SIGNIFICA QUE, DADAS LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS POR LA COMUNIDAD AUTONOMA VASCA Y GALLEGA EN LA MATERIA QUE NOS OCUPA, A ELLAS CORRESPONDERA ESA FUNCION DELIMITADORA, EN LOS TERMINOS MISMOS EN QUE HAN SIDO ASUMIDAS. NO QUIERE ELLO DECIR, SIN EMBARGO, QUE EL ART. 41 INCURRA EN INCONSTITUCIONALIDAD POR LA RAZON YA EXPUESTA REITERADAMENTE DE QUE EL ESTADO HA RETENIDO TODAS AQUELLAS COMPETENCIAS EN LA MATERIA QUE, POR IMPOSIBILIDAD CONSTITUCIONAL, O POR SIMPLE DISPOSICION ESTATUTARIA, NO HAN SIDO ASUMIDAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EN CONSECUENCIA, EL PRECEPTO NO INCURRE EN INCONSTITUCIONALIDAD, SI BIEN SU AMBITO DE APLICACION Y EFICACIA NO ALCANZARA A AQUELLAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIAS NORMATIVAS Y EJECUTIVAS EN LA MATERIA.

12. LA DISPOSICION FINAL PRIMERA ES IMPUGNADA EN SOLITARIO POR LA JUNTA DE GALICIA, ALEGANDO QUE AL SOCAIRE DE LA <COLABORACION> SE PROCEDE A UNA REDEFINICION DE COMPETENCIAS, YA QUE SE TIENDE A ANULAR O CONDICIONAR LAS DECISIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA EXCLUSIVA.

LA IMPUGNACION CARECE DE FUNDAMENTO, POR CUANTO LA PREVISION DE ELABORAR, EN COLABORACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, UN PLAN PARA EL TRATAMIENTO INFORMATICO DEL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE ALIMENTOS Y DE LOS DEMAS REGISTROS SANITARIOS, SE ADECUA PLENAMENTE A LA COMPETENCIA QUE AL ESTADO CORRESPONDA PARA LA COORDINACION EN MATERIA SANITARIA (ART. 149.1.16 C.E.), SIENDO, A LA VEZ, UNA CLARA MANIFESTACION DEL PRINCIPIO DE COLABORACION, DADA LA PREVISION EXPRESA DE LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA FIJACION Y DETERMINACION DEL REFERIDO PLAN INFORMATICO.

LA DISPOSICION FINAL SEGUNDA ES OBJETO DE IMPUGNACION, TANTO POR LA JUNTA DE GALICIA COMO POR EL GOBIERNO VASCO. NINGUNA ALEGACION FORMULA AL RESPECTO LA JUNTA DE GALICIA, MIENTRAS QUE EL GOBIERNO VASCO EXPONE QUE LA INCONSTITUCIONALIDAD DERIVA DE LA AMPLIA REMISION QUE SE HACE AL REAL DECRETO 1495/1983, DE 22 DE JUNIO, EN SU CAPITULO NOVENO, YA QUE LA REMISION DEBE QUEDAR REDUCIDA AL CONTENIDO DE DICHO REAL DECRETO, QUE SE REFIERE ESTRICTAMENTE A LA TIPIFICACION DE INFRACCIONES Y DETERMINACION DE SANCIONES, Y NO A LAS PREVISIONES QUE CONSTITUYAN ATRIBUCION DE POTESTAD SANCIONADORA A LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO.

NO PROCEDE, SIN EMBARGO, LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOLICITADA, YA QUE, SIENDO VALIDA CONSTITUCIONALMENTE LA REMISION QUE LA LEY EFECTUA AL REFERIDO REGLAMENTO, EL AMBITO DE APLICACION Y EFICACIA DE ESTE SERA EL MISMO QUE TENGA EL ARTICULO 39.5 DE LA PROPIA LEY, EN LOS TERMINOS YA PRECISADOS EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 11 Y EN EL APARTADO B) DEL FUNDAMENTO JURIDICO 10. ES DECIR, EL ALCANCE DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION ESTATAL PREVISTA EN EL REGLAMENTO CEDERA A FAVOR DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE HUBIEREN ASUMIDO LA COMPETENCIA SANCIONADORA EN MATERIA DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO.

LAS DISPOSICIONES FINALES TERCERA Y CUARTA SON, FINALMENTE, IMPUGNADAS POR LA JUNTA DE GALICIA. NI UNA NI OTRA INCURREN EN INCONSTITUCIONALIDAD, YA QUE LA PRIMERA DE ELLAS TIENE UN ALCANCE PURAMENTE AUTOORGANIZATIVO, EN RELACION CON EL INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO Y LOS RESTANTES ORGANOS DE LA ADMINISTRACION ESTATAL CON COMPETENCIA EN LA MATERIA, QUE EN NADA AFECTA A LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, MIENTRAS QUE LA DISPOSICION FINAL CUARTA, HABILITANDO AL GOBIERNO PARA QUE DICTE EL REGLAMENTO O REGLAMENTOS NECESARIOS PARA LA APLICACION Y DESARROLLO DE LA LEY, EN FORMA ALGUNA PREJUZGA EL ORDEN CONSTITUCIONAL DE DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS, SIN PERJUICIO, CLARO ES, QUE EL AMBITO MISMO DE APLICACION Y EFICACIA DE TALES NORMAS SEA EL QUE EN CADA CASO CORRESPONDA EN FUNCION DE LOS TITULOS COMPETENCIALES CONCURRENTES DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LOS PROPIOS DEL ESTADO.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO:

1. ESTIMAR PARCIALMENTE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTOS CONTRA LA LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y, EN CONSECUENCIA:

A) DECLARAR QUE SON INCONSTITUCIONALES Y, POR TANTO, NULOS LOS ARTICULOS 8.3, INCISO SEGUNDO, EN LA EXPRESION <CONSTITUIDAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ESTA LEY>, Y 40.

B) DECLARAR QUE LOS ARTS. 1.1; 6; 7; 13.2, ULTIMO INCISO; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22, 1, 2, 3, 4 Y 6; 23; 36.2; 39.5, Y 41 NO SON DE APLICACION DIRECTA EN LAS COMUNIDADES QUE CONSTITUCIONALMENTE, EN VIRTUD DE SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, HAYAN ASUMIDO LA COMPETENCIA PLENA SOBRE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.

C) DECLARAR QUE EL ART. 20, 1 Y 2, NO ES DE APLICACION DIRECTA EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE CONSTITUCIONALMENTE, EN VIRTUD DE SUS RESPECTIVOS ESTATUTOS DE AUTONOMIA, HAYAN ASUMIDO COMPETENCIA SOBRE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.

D) DECLARAR QUE EL ART. 24 DE LA LEY NO ES INCONSTITUCIONAL INTERPRETADO EN LOS TERMINOS QUE SE CONTIENEN EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 8. , LETRA B).

2. DESESTIMAR LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID A VEINTISEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. GLORIA BEGUE CANTON. ANGEL LATORRE SEGURA. LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON. ANTONIO TRUYOL SERRA. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL.

MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. RUBRICADO.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS NUMEROS 728, 731 Y 735/84

AUNQUE ESTOY DE ACUERDO CON PARTE DE LA FUNDAMENTACION Y DEL FALLO DE LA SENTENCIA, SIN EMBARGO DISCREPO CON PARTE DE ESA FUNDAMENTACION Y FALLO. A MI JUICIO, DE LOS ARTS.

51 Y 149.1.1 DE LA CONSTITUCION DERIVA UNA COMPETENCIA DEL ESTADO PARA REGULAR LAS CONDICIONES BASICAS QUE GARANTICEN LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN CUANTO A SU DERECHO A LA DEFENSA COMO CONSUMIDORES Y USUARIOS, PUES, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 10.2 DE LA CONSTITUCION, DICHO ART. 51 HA DE SER INTERPRETADO CONFORME A LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE VIENE CONFIGURANDOSE YA COMO DERECHO DE LA PERSONA TAMBIEN LA TUTELA DEL CONSUMIDOR. EN ESTA MISMA LINEA ES MUY SIGNIFICATIVA LA REFERENCIA A LA LEY QUE HACE EL ART. 51.2 DE LA CONSTITUCION, DICHA REFERENCIA NO SOLO CREA UNA RESERVA DE LEY, SINO QUE IMPONE UN DETERMINADO CONTENIDO A LA LEY, LEY QUE, ADEMAS POR EL JUEGO DEL ART. 149.1.1 DE LA CONSTITUCION, DEBE SER TAMBIEN LEY ESTATAL.

LA CONSECUENCIA LOGICA DE ELLO ES RECONOCER LA COMPETENCIA DEL ESTADO PARA FIJAR CONDICIONES BASICAS NO SOLO, COMO SE DICE EN LA SENTENCIA, CUANDO ESTA EN JUEGO LA SALUD, SINO TAMBIEN CUANDO HA DE ESTABLECERSE EL NIVEL BASICO DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, INCLUIDO SU DERECHO A LA INFORMACION, CUANDO SE TRATA DE FOMENTAR Y OIR A LAS ORGANIZACIONES EN LAS CUESTIONES QUE PUEDAN AFECTAR A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS O CUANDO SE TRATA DE REGULAR LA EDUCACION DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. POR ELLO ENTIENDO QUE SERIAN APLICABLES DIRECTAMENTE EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CON COMPETENCIA PLENA SOBRE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS ALGUNOS PRECEPTOS MAS DE LA LEY IMPUGNADA COMO, EN ESPECIAL, EN CONTRA DEL PARECER DE LA MAYORIA DEL PLENO, SUS ARTS. 18, 22 Y 41.

MADRID, A TREINTA DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON LUIS DIEZ-PICAZO EN LA SENTENCIA DICTADA EN LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD ACUMULADOS NUMEROS 728, 731 Y 735/84

HE EXPRESADO EN ESTA SENTENCIA EL PARECER DEL PLENO DEL TRIBUNAL, QUE NO HA COINCIDIDO CON EL MIO PROPIO EN TODOS SUS EXTREMOS. LAS DIVERGENCIAS SE HAN PRODUCIDO, EN ESPECIAL, EN LOS DOS PUNTOS SIGUIENTES: EN PRIMER LUGAR, EN LA APLICACION QUE SE HACE DEL CONCEPTO DE BASES BASES DE LA SANIDAD , EN LO QUE CONCIERNE A LOS ARTS. 4 Y 5 DE LA LEY. EN MI OPINION, DE ACUERDO CON LA MAS RECIENTE DOCTRINA DEL TRIBUNAL, HABIA QUE ACENTUAR EL CARACTER FORMAL DE LAS BASES Y, POR CONSIGUIENTE, LA NECESIDAD DE QUE EL LEGISLADOR LES ATRIBUYA EXPRESAMENTE ESTE CARACTER. ESTOY DISPUESTO A ACEPTAR TAMBIEN LA LINEA DE LA LLAMADA <INFERENCIA NATURAL> A PARTIR DE LA ESTRUCTURA DE LA NORMA, PERO, A MI JUICIO, EN EL CASO DEBATIDO, NO HABIA NADA QUE PERMITIERA TAL NATURAL INFERENCIA, PORQUE COSA DISTINTA ES, SEGUN MI CRITERIO, DEDUCIR DEL CONTEXTO UNA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR, QUE NO HA RECIBIDO UN MINIMO DE EXPRESION TEXTUAL. ELLO LLEVABA, SEGUN MI CRITERIO, A DECLARAR INAPLICABLE, EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS IMPUGNANTES, EL ART. 4. , 1, G), Y EL ART. 5

DE LA LEY.

TAMBIEN, EN MI OPINION, EL ART. 24 DE LA LEY DEBIERA HABER SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL, POR CUANTO QUE SOBRE LA BASE DE UN SUPUESTO DE HECHO DE MAXIMA INCONCRECION, ATRIBUYE AL ESTADO UNOS PODERES EXCEPCIONALES, QUE SIGNIFICAN RECORTE DE LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. SI EL ESTADO DISPONE O PUEDE DISPONER DE TALES PODERES DE EXCEPCION, DEBERA SER SIEMPRE EN VIRTUD DE LA CONSTITUCION MISMA Y NO POR EL APODERAMIENTO QUE A ESTOS EFECTOS HAGA UNA LEY ORDINARIA, PUES EL LEGISLADOR ORDINARIO CARECE, DESDE MI PUNTO DE VISTA, DE COMPETENCIAS EN ESTE SENTIDO.

MADRID, A TREINTA DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.