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EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DOÑA GLORIA BEGUE CANTON, PRESIDENTA, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON EUGENIO DIAZ EIMIL, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 213/85, PLANTEADA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN EN AUTOS 71/84 POR DELITOS DE INJURIAS AL REY Y DESORDENES PUBLICOS, SOBRE EL ART. 1. DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979, DE 23 DE NOVIEMBRE, EN CUANTO INCORPORA AL APARTADO A) DEL PARRAFO 1. DEL ART. 4 DEL REAL DECRETO-LEY 1/1977, DE 4 DE ENERO, LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN EL CAPITULO I DEL TITULO II DEL LIBRO II DEL CODIGO PENAL. HAN SIDO PARTES EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y EL LETRADO DEL ESTADO, Y PONENTE EL MAGISTRADO DON LUIS LOPEZ GUERRA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1. EL 15 DE MARZO DE 1985 TUVO ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL EL AUTO DE 6 DE FEBRERO DE 1985 POR EL QUE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN PLANTEABA LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL ART. 1 DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979, DE 23 DE NOVIEMBRE, QUE MODIFICO EL ART. 4.1, A), DEL REAL DECRETO-LEY 1/1977, DE 4 DE ENERO, DE CREACION DE LA AUDIENCIA NACIONAL, Y QUE ATRIBUIA A ESTA EL CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN EL CAPITULO I DEL TITULO II DEL LIBRO II DEL CODIGO PENAL, POR ENTENDER QUE EL CITADO PRECEPTO ESTA EN CONTRADICCION CON LOS ARTS. 24.1; 81.1 Y 86.1 DE LA CONSTITUCION.

2. DECLARADO CONCLUSO EL SUMARIO 71/84 INCOADO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. 1 DE SAN SEBASTIAN POR UN PRESUNTO DELITO DE INJURIAS AL REY Y ELEVADO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN, EL MINISTERIO FISCAL SOLICITO LA INHIBICION EN FAVOR DE LA AUDIENCIA NACIONAL, DEBIDO A QUE SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA LEY ORGANICA 13/1983, DE 16 DE NOVIEMBRE, EL CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS DE INJURIAS AL JEFE DEL ESTADO CORRESPONDIA A LA AUDIENCIA NACIONAL. TRAMITADA LA CUESTION DE COMPETENCIA COMO ARTICULO DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO, EL MINISTERIO FISCAL SOLICITO LA ADMISION DEL MISMO, MIENTRAS QUE LA REPRESENTACION DEL PROCESADO EN LA CAUSA SE OPUSO, AL TIEMPO QUE PLANTEO DUDAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DETERMINADOS PRECEPTOS.

3.

LA AUDIENCIA DICTO AUTO DE 17 DE ENERO DE 1985 POR EL QUE SE COMUNICABA A LAS PARTES LA POSIBILIDAD DE PLANTEAR UNA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL ART. 1 DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979, DE 23 DE NOVIEMBRE, A FIN DE QUE EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS PUDIERAN ALEGAR LO QUE ESTIMASEN OPORTUNO AL RESPECTO. MIENTRAS QUE EL MINISTERIO FISCAL SE OPUSO, LA REPRESENTACION DEL PROCESADO SOLICITO EL PLANTEAMIENTO DE LA REFERIDA CUESTION.

MEDIANTE AUTO DE 6 DE FEBRERO DE 1985, LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN ACORDO PLANTEAR ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL MENCIONADO ART.

1 DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979, DE 23 DE NOVIEMBRE. EN SU RESOLUCION, LA SALA MANIFESTABA QUE, EN PRINCIPIO, LA LEY PROCESAL QUE DEBE REGIR EL PROCESO ES LA VIGENTE EN EL MOMENTO EN QUE SE DESARROLLA EL MISMO. QUE, EN CONSECUENCIA, EL TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER DEL CASO SERIA LA AUDIENCIA NACIONAL, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA L. O. 12/1983, DE 16 DE NOVIEMBRE, DE MODIFICACION DE COMPETENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL, QUE ATRIBUIA A LA MISMA LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN EL LIBRO II, TITULO II, CAPITULO I DEL CODIGO PENAL. QUE, SIN EMBARGO, DE LA STC 101/1984, DE 8 DE NOVIEMBRE, SE DEDUCE QUE LA PREDETERMINACION LEGAL DEL JUEZ QUE ESTABLECE EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION SIGNIFICA QUE LA LEY HA DE ESTABLECER CON GENERALIDAD Y ANTERIORIDAD AL CASO LOS CRITERIOS DE DETERMINACION COMPETENCIAL CUYA APLICACION A CADA SUPUESTO LITIGIOSO PERMITA DETERMINAR CUAL ES EL JUZGADO O TRIBUNAL LLAMADO A CONOCER DEL CASO, POR LO QUE LA NORMA QUE DETERMINE LA COMPETENCIA DEBERA SER ANTERIOR A LA COMISION DEL SUPUESTO HECHO DELICTIVO. LO CUAL LLEVABA A LA SALA A LA CONCLUSION DE QUE LA CITADA LEY ORGANICA 12/1983, DE 16 DE NOVIEMBRE, NO ERA APLICABLE AL SUPUESTO DE AUTOS, CUYOS HECHOS TUVIERON LUGAR EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1983 Y QUE, POR LO TANTO, SE DEBIA APLICAR EL REAL DECRETO-LEY 19/1979, DE 23 DE NOVIEMBRE, YA ENTONCES DEROGADO, CUYO ART. 1 ATRIBUIA IGUALMENTE LA COMPETENCIA DE LOS REFERIDOS DELITOS A LA AUDIENCIA NACIONAL.

SIN EMBARGO, PARA LA SALA RESULTA DUDOSA LA CONSTITUCIONALIDAD DE DICHA ATRIBUCION DE COMPETENCIAS A LA AUDIENCIA NACIONAL DEBIDO A LA CATEGORIA NORMATIVA DE DECRETO-LEY EMPLEADA, YA QUE CONFORME AL ART. 86.1 C.E. LOS DECRETOS-LEYES NO PUEDEN AFECTAR A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS Y, EN ESTE CASO, AFECTABA AL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY RECONOCIDO POR EL ART. 24.2 C.E. EN TAL SENTIDO, LA STC 101/1984 ANTES MENCIONADA DICE TEXTUALMENTE QUE LA REFERENCIA DEL ART. 24.2 C.E. A LA LEY, COHERENTE CON LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 53.1 Y 86.1 C.E. EXIGE QUE EL VEHICULO NORMATIVO PARA DETERMINAR CUAL SERA EL JUEZ EN CADA CASO SEA LA LEY EN SENTIDO ESTRICTO Y QUE LA GARANTIA DE LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES QUE CONSTITUYE EL INTERES DIRECTO PROTEGIDO POR EL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO RADICA EN LA LEY. POR OTRA PARTE, LA SALA ESTIMA QUE DADA LA UBICACION DEL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION, EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS QUE RECONOCE EXIGE LEY ORGANICA, DE ACUERDO CON LO PREVENIDO POR EL ART. 81.1 C.E.

LA SALA CONCLUYE SU AUTO INDICANDO LA RELEVANCIA DE LA CUESTION PLANTEADA PARA LA RESOLUCION DE LA DECLINATORIA FORMULADA POR EL MINISTERIO FISCAL, PUES DE RESULTAR CONSTITUCIONAL EL PRECEPTO CUESTIONADO, LA DECLINATORIA DEBERIA RESOLVERSE EN SENTIDO POSITIVO, YA QUE LA COMPETENCIA CORRESPONDERIA A LA AUDIENCIA NACIONAL. PERO SI RESULTASE INCONSTITUCIONAL, LA SOLUCION SERIA LA CONTRARIA, PUESTO QUE EL REAL DECRETO-LEY 1/1977, DE CREACION DE LA AUDIENCIA NACIONAL, NO LE ATRIBUIA LOS DELITOS DEL LIBRO II, TITULO II, CAPITULO I DEL CODIGO PENAL, POR LO QUE EL TRIBUNAL COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS AUTOS SERIA ENTONCES LA PROPIA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN. ASIMISMO SE JUSTIFICA LA PROCEDENCIA DE PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL MOMENTO PROCESAL EN EL QUE SE HA HECHO, EN APLICACION DE LA DOCTRINA DE LA STC 76/1982, DE 14 DE DICIEMBRE, QUE ADMITE QUE SE PUEDAN PLANTEAR EN RELACION CON PRECEPTOS DE LOS QUE DEPENDEN RESOLUCIONES QUE HAN DE ADOPTAR LA FORMA DE AUTO Y CUYO CONTENIDO SEA PROCESAL.

4. MEDIANTE PROVIDENCIA DE 27 DE MARZO DE 1985, LA SECCION SEGUNDA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ADMITIO A TRAMITE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y ACORDO DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES RECIBIDAS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES, AL GOBIERNO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE JUSTICIA Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, AL OBJETO DE QUE PUDIERAN PERSONARSE Y FORMULAR ALEGACIONES EN EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO, ASI COMO ORDENAR SU PUBLICACION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

MEDIANTE ESCRITO DE SU PRESIDENTE PRESENTADO EL 22 DE ABRIL DE 1985 EL SENADO SE PERSONO EN EL PROCEDIMIENTO Y OFRECIO SU COLABORACION A LOS EFECTOS DEL ART. 88.1 LOTC. POR ESCRITO DE SU PRESIDENTE, PRESENTADO EL 25 DE ABRIL DE 1985, EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS MANIFESTO NO HACER USO DE LAS FACULTADES DE PERSONACION Y FORMULACION DE ALEGACIONES QUE LE CONCEDE EL ART. 37 LOTC.

5. EL LETRADO DEL ESTADO PRESENTO ESCRITO DE ALEGACIONES EL 19 DE ABRIL DE 1985. EN EL MISMO SOSTIENE LO SIGUIENTE:

A) RECUERDA LA CONCLUSION DE LA SALA PROPONENTE SOBRE LA APLICABILIDAD DE LAS NORMAS PROCESALES VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE DESARROLLA UN JUICIO Y SUBRAYA LA CONTINUIDAD NORMATIVA DE LA L.O. 12/1983 RESPECTO AL REAL DECRETO-LEY 19/1979 IMPUGNADO, EN RELACION CON LA COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO DE DELITOS COMO EL DE AUTOS. AUN PRESCINDIENDO DE TAL CONTINUIDAD, EL LEGISLADOR PUEDE ANUDAR CONSECUENCIAS JURIDICAS A HECHOS SUCEDIDOS CON ANTERIORIDAD A SU VIGENCIA, YA QUE LO UNICO QUE VEDA EL ART. 9.3 C.E. ES LA RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS SANCIONADORAS O RESTRICTIVAS DE DERECHOS, LO QUE NO AFECTA A LA MODIFICACION DE LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL. EN CONSECUENCIA, AFIRMA, LA L.O. 12/1983 TIENE UNA VOCACION POSITIVA DE REGULAR LOS PROCESOS EN CURSO, Y LA PROPIA SALA LA ENTIENDE EN PRINCIPIO APLICABLE.

RESPECTO A LA POSTERIOR CONCLUSION DE LA SALA DE QUE TAL APLICABILIDAD RESULTA IMPEDIDA POR EL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY, EL LETRADO DEL ESTADO CONSIDERA QUE LA PREDETERMINACION DE LA COMPETENCIA VA REFERIDA A LA ACTUACION DEL TRIBUNAL, COMO SE DEDUCE DE LAS SSTC 101/1984 Y 47/1983, NO AL HECHO PUNIBLE, COMO DA POR SENTADO SIN JUSTIFICACION ALGUNA LA SALA PROPONENTE DE LA CUESTION, Y, EN TODO CASO, DECLARAR NO APLICABLE LA L.O.

12/1983 POR SUPUESTA CONTRADICCION CON EL ART. 24 C.E. HUBIERA YA REQUERIDO EL PLANTEAMIENTO DE UNA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

B) DE FORMA SUBSIDIARIA EL LETRADO DEL ESTADO SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO CUESTIONADO DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979. DICHA CONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE SU NO CONTRADICCION CON EL ART. 24.2 C.E., ESTO ES, DE SI LA NORMA DE COMPETENCIA EXAMINADA DEBE ENTENDERSE COMO DIRECTAMENTE REGULADORA DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY, PUES DE NO SER ASI SE DARIA LA SUPUESTA CONTRADICCION CON LOS ARTS. 86.2 Y 81.1 C.E. Y A SU JUICIO, SI BIEN LAS NORMAS PROCESALES QUE IDENTIFICAN EN CADA CSO EL TRIBUNAL COMPETENTE GUARDAN UNA ESTRECHA CONEXION CON EL DERECHO FUNDAMENTAL AL JUEZ ORDINARIO, NO PUEDEN ENTENDERSE UN <DESARROLLO> DEL MISMO. EN ESE SENTIDO PODRIA DECIRSE QUE EL ART. 24 C.E., NO CONSTITUYE UN <DERECHO SUBJETIVO AUTONOMO>, SINO QUE SU CONTENIDO VIENE SIEMPRE ESTABLECIDO RESPECTO DE NORMACIONES JURIDICAS CONCRETAS CUYA OBSERVANCIA O INOBSERVANCIA CONSTITUYE INVARIABLEMENTE EL PRECISO PUNTO DE REFERENCIA PARA CONCRETAR EL RESPETO AL DERECHO O LIBERTAD CONSTITUCIONALES. ASI COMO EL DERECHO DE TODOS LOS CIUDADANOS A LA PREVIA TIPIFICACION DE LAS NORMAS PENALES NO REQUIERE QUE LAS NORMAS TIPIFICADORAS HAYAN DE ASUMIR FORMA ORGANICA, TAMPOCO EL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY EXIGE QUE LAS NORMAS DE COMPETENCIA POSEAN DICHA FORMA. FINALMENTE, AÑADE EL LETRADO DEL ESTADO, LA FORMA ORGANICA DE LA L.O. 12/1983 SE DEBE TAN SOLO A QUE CONSTITUYE YA UNA ANTICIPACION DE LA LOPJ.

EN SUMA, INTERESA LA DECLARACION DE QUE NO HA LUGAR A LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD POR INADMISIBILIDAD DE LA MISMA Y SUBSIDIARIAMENTE LA DE CONFORMIDAD A LA CONSTITUCION DE LA NORMA CUESTIONADA.

6. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, EN SU ESCRITO PRESENTADO EL 18 DE ABRIL DE 1985, MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

A) QUE LA DETERMINACION DE CUAL SEA EL ORGANO JUDICIAL COMPETENTE DE ENTRE LOS DE LA JURISDICCION ORDINARIA ES UNA CUESTION DE INTERPRETACION DE LA LEGALIDAD PROCESAL ORDINARIA QUE NO AFECTA AL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY (ATC 141/1984, DE 7 DE MARZO). QUE EN CONSECUENCIA, SIENDO LA AUDIENCIA NACIONAL UN TRIBUNAL ORDINARIO SEGUN HA DECLARADO YA ESTE TRIBUNAL (ATC 115/1983, DE 16 DE MARZO), EL TRIBUNAL PROPONENTE DE LA CUESTION PODIA HABER RESUELTO LA DECLINATORIA COMO HUBIERA CONSIDERADO CONVENIENTE SIN NECESIDAD DE PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, SIN PERJUICIO DEL POSIBLE RECURSO DE LAS PARTES ANTE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO POR VIA DE CASACION.

B) PARA EL CASO DE QUE NO SE ENTIENDA ASI Y SE ENTRE EN EL FONDO DE LA CUESTION, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO CONSIDERA QUE TANTO BAJO LA VIGENCIA DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979 COMO DE LA L.O. 12/1983, EL TRIBUNAL COMPETENTE LO ERA LA AUDIENCIA NACIONAL, POR LO QUE AL HABERSE ELEVADO LAS ACTUACIONES A SUMARIO EN FECHA POSTERIOR A LA VIGENCIA DE LA CITADA LEY ORGANICA Y TRATARSE ESTA DE UNA NORMA PROCESAL APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS EN CURSO, SERIA LA PERTINENTE PARA EL CASO DE AUTOS. QUE SIN EMBARGO ES INCUESTIONABLE QUE ESTE TRIBUNAL HA REFERIDO LA PREDETERMINACION DEL JUEZ, NO A UN MOMENTO DEL PROCESO, SINO AL HECHO MISMO QUE SE ENJUICIA (SSTC 47/1983, DE 31 DE MAYO, Y 101/1984, DE 8 DE NOVIEMBRE), POR LO QUE EN CONTRA DE LO QUE ES SOLITO MANTENER EN EL PLANO DOCTRINAL, SEGUN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL NO PUEDE ENTENDERSE APLICABLE LA L.O. 12/1983.

RESULTANDO ENTONCES APLICABLE EL REAL DECRETO-LEY 19/1979, LA CUESTION ES SI SU RANGO TIENE FUERZA CONSTITUCIONAL PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA EN RELACION CON DETERMINADOS TIPOS DELICTIVOS EN FAVOR DE LA AUDIENCIA NACIONAL. LA RESPUESTA LA HA DADO EL PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AL SOSTENER QUE LA REFERENCIA A LA LEY DEL ART. 24.2 C.E.

ES A LA LEY EN SENTIDO ESTRICTO Y NO AL DECRETO-LEY NI A DISPOSICIONES EMANADAS DEL EJECUTIVO (STC 101/1984, DE 8 DE NOVIEMBRE). POR TANTO, SIN NECESIDAD DE MAYOR EXEGESIS, SEGUN LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL LA DISPOSICION ENJUICIADA AFECTA A UN DERECHO FUNDAMENTAL Y SU FORMA NO RESPETA LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES.

TAN SOLO CONSIDERA QUE PUEDE ESQUIVARSE DICHA CONCLUSION SI SE ENTIENDE QUE LA POSTERIOR ENTRADA EN VIGOR DE LA L.O.

12/1983 OPERO UNA SUERTE DE SUBSANACION DE LA DEFICIENTE CATEGORIA NORMATIVA DEL DECRETO-LEY, HACIENDO ASI INNECESARIO EL DEBATE SOBRE LA SUPUESTA INCONSTITUCIONALIDAD DEL MISMO.

EN DEFINITIVA CONSIDERA QUE, SALVO QUE SE ATIENDAN LAS RESERVAS EXPRESADAS SOBRE LA PERTINENCIA DE PLANTEAR LA CUESTION O SE SIGA LA ULTIMA POSIBILIDAD INTERPRETATIVA, PROCEDE LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO CUESTIONADO POR IR CONTRA LO ESTABLECIDO POR LOS ARTS. 24.2 Y 86.1 C.E.

7. POR PROVIDENCIA DE 10 DE MAYO DE 1988 SE ACORDO SEÑALAR EL DIA 24 DE MAYO SIGUIENTE, PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LA PRESENTE SENTENCIA.

II.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN PLANTEA UNA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LA ATRIBUCION DE DETERMINADAS COMPETENCIAS PENALES A LA AUDIENCIA NACIONAL POR PARTE DEL ART. 1 DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979, DE 23 DE NOVIEMBRE. A LA SALA SE LE SUSCITA LA DUDA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DICHO PRECEPTO AL TENER QUE RESOLVER UNA DECLINATORIA FORMULADA POR EL MINISTERIO FISCAL, QUE ENTENDIA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CAUSA, INCOADA POR UN PRESUNTO DELITO DE INJURIAS AL JEFE DEL ESTADO, A LA AUDIENCIA NACIONAL. LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONSIDERA QUE, SEGUN LA INTERPRETACION QUE ESTE TRIBUNAL HA REALIZADO EN SU STC 101/1984, DE 8 DE NOVIEMBRE, EL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY QUE GARANTIZA EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION REQUIERE QUE LA ATRIBUCION DE LA JURISDICCION PARA CONOCER DE UN HECHO SEA ANTERIOR AL MISMO. TAL EXIGENCIA LE IMPEDIA APLICAR LA L. O. 12/1983, DE 16 DE NOVIEMBRE, SOBRE MODIFICACION DE COMPETENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL HOY DIA A SU VEZ DEROGADA POR LA L. O. DEL PODER JUDICIAL , YA QUE LOS HECHOS ENJUICIADOS ERAN ANTERIORES A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA MISMA. ESTA CONCLUSION LLEVO A LA SALA A CONSIDERAR APLICABLE LA NORMA QUE ATRIBUIA LA COMPETENCIA PARA ENJUICIAR EL MENCIONADO DELITO CON ANTERIORIDAD A LA L. O. 12/1983, NORMA QUE RESULTABA SER EL REAL DECRETO-LEY 19/1979, DE 23 DE NOVIEMBRE, VIGENTE EN EL MOMENTO DE PRODUCIRSE LOS HECHOS EN CUESTION, QUE TUVIERON LUGAR EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1983. Y, A JUICIO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN, LA UTILIZACION DE UN DECRETO-LEY PODRIA IR CONTRA LO PRESCRITO EN LOS ARTS. 24.2 Y 86.2 C.E., EN FUNCION DE LA DOCTRINA SENTADA POR ESTE TRIBUNAL EN LA ANTES CITADA STC 101/1984, ASI COMO CONTRA EL ART. 81.1 C.E., AL NO HABER EMPLEADO LEY ORGANICA PARA DESARROLLAR UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS COMPRENDIDOS EN EL MISMO.

2. ES PRECISO EN PRIMER LUGAR PRONUNCIARSE SOBRE LAS OBJECIONES PLANTEADAS TANTO POR EL LETRADO DEL ESTADO COMO POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO A LA ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y, POR TANTO, AL CONOCIMIENTO DEL FONDO DEL ASUNTO.

CONSIDERA EL LETRADO DEL ESTADO QUE LA L. O. 12/1983 POSEE UNA VOCACION POSITIVA DE REGULAR LOS PROCESOS EN CURSO, COMO ES LO COMUN CON LAS LEYES PROCESALES SEGUN RECONOCE LA PROPIA SALA PROPONENTE DE LA CUESTION, POR LO QUE ESTA DEBIO APLICAR SIN MAS DICHA LEY. SIN EMBARGO, LA AUDIENCIA, TRAS CONSIDERAR INAPLICABLE LA MISMA POR SU SUPUESTA INCOMPATIBILIDAD CON EL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY RECONOCIDO POR EL ART.

24.2 C.E., PLANTEA LA CUESTION RESPECTO AL ART. 1 DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979, NORMA QUE CONSIDERA LA APLICABLE AL SUPUESTO DE AUTOS. DE TAL FORMA, DICE EL LETRADO DEL ESTADO, QUE EN REALIDAD LA SALA DEBIO PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD REFERIDA A LA L. O. 12/1983 Y PARA NO APLICAR ESTA, PUES ESTE TRIBUNAL OSTENTA EL MONOPOLIO DE RECHAZO DE LAS NORMAS CON FUERZA DE LEY COMO LO ES EVIDENTEMENTE LA CITADA LEY ORGANICA.

TAL ARGUMENTACION NO RESULTA CONVINCENTE, POR CUANTO ES EVIDENTE QUE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN EN NINGUN MOMENTO HA TENIDO DUDAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA L. O. 12/1983 NI, POR TANTO, LA HA INAPLICADO POR SER INCONSTITUCIONAL. LO SUCEDIDO ES QUE LA HA CONSIDERADO INAPLICABLE AL CASO CONCRETO POR EXIGENCIAS DEL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY GARANTIZADO EN EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION, LO QUE ES BIEN DISTINTO. EN EL PRESENTE CASO (SIN PONERSE EN DUDA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 12/1983), EL TRIBUNAL A QUO HA LLEVADO A CABO UNA OPERACION INTERPRETATIVA A EFECTOS DE DETERMINAR LA NORMA APLICABLE. CONCRETAMENTE, TAL OPERACION HA TENIDO POR OBJETO PRECISAR EL ORGANO JUDICIAL COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CAUSA, ANTE LA DECLINATORIA PLANTEADA POR EL MINISTERIO FISCAL, Y TENIENDO EN CUENTA LA SUCESION DE NORMAS QUE SE HABIA PRODUCIDO CON POSTERIORIDAD A LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO, Y EL TRIBUNAL HA APRECIADO QUE LA NORMA APLICABLE AL RESPECTO ES EL REAL DECRETO-LEY 19/1979, DE 23 DE NOVIEMBRE.

LA ATRIBUCION QUE EL ART. 117.3 DE LA CONSTITUCION LLEVA A CABO EN FAVOR DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL EN TODO TIPO DE PROCESOS SEGUN LAS NORMAS DE COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO QUE LAS LEYES ESTABLEZCAN SUPONE QUE (COMO ESTE TRIBUNAL HA ESTABLECIDO EN SUS SSTC 43/1984 Y 43/1985, ENTRE OTRAS), LA INTERPRETACION DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA COMPETENCIA Y, POR CONSIGUIENTE, LA DETERMINACION DE CUAL SEA EL ORGANO COMPETENTE, ES CUESTION QUE CORRESPONDE EN EXCLUSIVA A LOS PROPIOS TRIBUNALES DE LA JURISDICCION ORDINARIA. ELLO HACE QUE NO PUEDA OBJETARSE AL TRIBUNAL PROPONENTE DE LA CUESTION LA PERTINENCIA DE LA OPERACION INTERPRETATIVA QUE LE LLEVA A CONSIDERAR INAPLICABLE AL CASO LA L. O. 12/1983. EL TRIBUNAL A QUO , EN LOS CONSIDERANDOS DEL AUTO POR EL QUE PROPONE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, EXPONE, AMPLIA Y MOTIVADAMENTE POR UN LADO, COMO HA LLEGADO A DETERMINAR LA NORMA APLICABLE AL CASO; POR OTRO, EN UN JUICIO DE RELEVANCIA, COMO LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE ESA NORMA ES DECISIVA PARA EL FALLO A EMITIR Y, ASIMISMO, LAS RAZONES QUE LE HAN LLEVADO A LA DUDA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA APLICABLE. EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LA FUNCION DE ESTE TRIBUNAL CONSISTE EN PRONUNCIARSE SOBRE ESTE ULTIMO ASPECTO, ESTO ES, LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA CUESTIONADA, QUE ES EL QUE SE SOMETE A SU CONOCIMIENTO; SIN QUE ELLO SUPONGA UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PRIMER EXTREMO LOS CRITERIOS POR LOS QUE LA AUDIENCIA PROVINCIAL HA LLEGADO A PRECISAR LA NORMA APLICABLE RESERVADO, COMO DIJIMOS, A LA JURISDICCION ORDINARIA Y, EN CONSECUENCIA, REVISABLE, EN SU CASO, POR LOS ORGANOS DE LA MISMA.

3. DE ANALOGA NATURALEZA ES LA CUESTION PREVIA PLANTEADA POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO. AFIRMA ESTE, EN SINTESIS, QUE SIENDO CUESTION DE LEGALIDAD PROCESAL ORDINARIA, QUE NO AFECTA AL DERECHO CONSTITUCIONAL AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY, DILUCIDAR CUAL SEA EN CADA CASO EL ORGANO COMPETENTE PARA CONOCER DE UN ASUNTO, DEBIO LLEGAR LA SALA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN A LA SOLUCION QUE EN DERECHO LE PARECIERA PROCEDENTE DE LA DECLINATORIA QUE FORMULO EL MINISTERIO FISCAL SIN NECESIDAD DE PLANTEAR LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

TAMPOCO ES ADMISIBLE DICHO PLANTEAMIENTO, PUES SIENDO CIERTA LA PREMISA DE LA QUE PARTE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, NO TIENE EN CUENTA QUE, SI EN LA DETERMINACION DE LA COMPETENCIA EL TRIBUNAL ORDINARIO SE ENCUENTRA CON LA NECESIDAD DE APLICAR UN PRECEPTO CON FUERZA DE LEY QUE CONSIDERA CONTRARIO A LA CONSTITUCION, QUEDA OBLIGADO POR VIRTUD DEL ART. 163 DE LA CONSTITUCION Y 35 DE LA L. O. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD (STC DE 22 DE FEBRERO DE 1988, RECURSO DE AMPARO 1387/86). NO PUEDE DEJARSE DE ADVERTIR, ADEMAS, QUE LOS REFERIDOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCION Y DE LA LOTC NO DISTINGUEN ENTRE NORMAS DE ORDEN PROCESAL Y NORMAS SUBSTANTIVAS, SINO QUE TAN SOLO EXIGEN QUE SEAN APLICABLES AL CASO Y DE CUYA VALIDEZ DEPENDA EL FALLO. Y ESO ES PRECISAMENTE LO QUE SUCEDE CON EL PRECEPTO CUESTIONADO EN RELACION CON LA RESOLUCION DE LA DECLINATORIA, TODA VEZ QUE ESTE TRIBUNAL YA HA INTERPRETADO QUE LOS CITADOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCION Y LA LOTC COMPRENDEN TAMBIEN LAS DUDAS SUSCITADAS POR PRECEPTOS NECESARIOS PARA RESOLVER CUESTIONES INCIDENTALES EN EL MAS AMPLIO SENTIDO DE LA EXPRESION, AUNQUE SEA MEDIANTE RESOLUCIONES JUDICIALES QUE NO ADOPTEN LA FORMA DE SENTENCIAS SENSU STRICTO (STC 76/1982, DE 14 DE DICIEMBRE).

4. SI, COMO YA SE HA INDICADO, SE ACEPTA LA PERTINENCIA DEL JUICIO DE RELEVANCIA EFECTUADO POR LA SALA DE LA AUDUENCIA PROVINCIAL, A PARTIR DE LA OPERACION INTERPRETATIVA QUE LE LLEVA A DETERMINAR QUE LA NORMA COMPETENCIAL APLICABLE AL SUPUESTO DE AUTOS ES EL REAL DECRETO-LEY 19/1979, QUE AMPLIO LAS COMPETENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL, NO ES POSIBLE ESQUIVAR EL JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD PROPUESTO POR DICHA SALA. ES NECESARIO, POR TANTO, PRONUNCIARSE SOBRE SI LA INCORPORACION QUE EFECTUA SU ART. 1 DE DETERMINADOS DELITOS A LAS COMPETENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL (AMPLIACION COMPETENCIAL DE LA QUE SEGUN EL JUICIO DE RELEVANCIA REALIZADO POR LA SALA DEPENDE LA RESOLUCION DE LA DECLINATORIA), ES INCONSTITUCIONAL POR POSEER UNA CATEGORIA NORMATIVA INADECUADA PARA SU OBJETO COMO CONSECUENCIA DE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTS. 24.2 Y 86.1 DE LA CONSTITUCION.

LA CUESTION, POR TANTO, VERSA EN ESTE ASPECTO SOBRE EL TEMA DE QUE YA HA DEBIDO OCUPARSE ESTE TRIBUNAL EN OTRAS OCASIONES (ASI SSTC 29/1982, DE 31 DE MAYO; 111/1983, DE 2 DE DICIEMBRE; 3/1988, DE 21 DE ENERO) DE LOS LIMITES CONSTITUCIONALES A LA NORMATIVA MEDIANTE DECRETO-LEY, QUE RESULTAN DEL ART. 86 C.E. EN ESTE CASO CONCRETO HA DE PARTIRSE DE QUE EL DERECHO RECONOCIDO EN EL ART. 24.2 C.E. ES AL JUEZ ORDINARIO <PREDETERMINADO POR LA LEY>, Y A ESTE RESPECTO HA DE RECORDARSE QUE ESTE TRIBUNAL YA HA TENIDO OPORTUNIDAD DE PRECISAR EL SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESA REMISION A LA LEY. POR UNA PARTE, EN EL SENTIDO DE QUE LA PREDETERMINACION POR LEY SIGNIFICA LA PREEXISTENCIA DE UNOS CRITERIOS, CON CARACTER DE GENERALIDAD, DE ATRIBUCION COMPETENCIAL, CUYA APLICACION A CADA SUPUESTO LITIGIOSO PERMITA DETERMINAR CUAL ES EL JUZGADO O TRIBUNAL LLAMADO A CONOCER DEL CASO, SIENDO LA GENERALIDAD DE LOS CRITERIOS LEGALES LA GARANTIA DE LA INEXISTENCIA DE JUECES AD HOC (STC 101/1984, DE 8 DE NOVIEMBRE, FUNDAMENTO JURIDICO 4. ; STC 199/1987, DE 16 DE DICIEMBRE, FUNDAMENTO JURIDICO 8. ). POR OTRO LADO, Y EN RELACION CON EL RANGO DE LA NORMA EN QUE HAN DE CONTENERSE DICHOS CRITERIOS GENERALES, EL TRIBUNAL SE HA PRONUNCIADO EN EL SENTIDO DE ENTENDER QUE SE TRATA DE LEY EN SENTIDO ESTRICTO, COMO RESULTA TANTO DE LA DICCION LITERAL DEL PRECEPTO COMO DE SU INTERPRETACION SISTEMATICA. ASI, EN LA STC 101/1984, DE 8 DE NOVIEMBRE, ESTE TRIBUNAL AFIRMO QUE <LA REFERENCIA DEL ART. 24.2 A LA LEY, COHERENTE CON LO TAMBIEN DISPUESTO EN LOS ARTS. 53.1 Y 86.1 DE LA CONSTITUCION, EXIGE QUE EL VEHICULO NORMATIVO PARA DETERMINAR CUAL SERA EL JUEZ DEL CASO ES LA LEY EN SENTIDO ESTRICTO> Y ELLO PORQUE, SEGUN SE INDICABA EN LA MENCIONADA SENTENCIA, <LA INTERPRETACION SISTEMATICA ENTRE EL ART. 24.2 Y EL 117.3, AMBOS DE LA CONSTITUCION, PONE DE MANIFIESTO QUE LA GARANTIA DE LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES, QUE CONSTITUYE EL INTERES DIRECTO PROTEGIDO POR EL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO (STC 47/1983, DE 31 DE MAYO, FUNDAMENTO JURIDICO 2. , IN FINE ), RADICA EN LA LEY> (STC 101/1984, FUNDAMENTO JURIDICO 4. ): LA REFERENCIA EXPRESA A LA LEY QUE LLEVA A CABO EL ART. 24.2 C.E. SE CORRESPONDE ASI CON LA RESERVA DE LEY QUE EFECTUA EL ART. 53.1, Y LA RESERVA SIMILAR CONTENIDA EN EL ART. 117.3, Y REFLEJA, EN RELACION CON LA FIJACION DE LAS REGLAS FUNDAMENTALES DE LA COMPETENCIA, MATERIAL Y TERRITORIAL, UNA EXCLUSION DE OTRAS NORMAS DECRETOS-LEYES O DISPOSICIONES DE CARACTER REGLAMENTARIO DISTINTAS DE LA LEY EN SENTIDO ESTRICTO, POR CUANTO QUE ESTA SE CONFIGURA COMO LA GARANTIA DE LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD JUDICIAL.

AL INTEGRAR EL CONTENIDO DEL DERECHO EN CUESTION LA PREDETERMINACION POR LEY DEL JUEZ COMPETENTE, ES CLARO QUE LA INTERVENCION DEL DECRETO-LEY EN ESTE ASPECTO SUPONE, NO SOLO UNA AFECTACION DE ESE DERECHO PROHIBIDA POR EL ART. 86.1 C.E.), SINO SU MISMA NEGACION, AL EXCLUIR UN ASPECTO ESENCIAL DEL MISMO, COMO ES LA CUALIDAD DE LEY FORMAL DE LA NORMA QUE ESTABLEZCA LOS CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA DETERMINACION DE CUAL SEA EL JUEZ COMPETENTE. LO QUE IMPLICA LA EXCLUSION DEL DECRETO-LEY, Y EN CONCLUSION, LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 1 DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979, DE 23 DE NOVIEMBRE, EN LO QUE RESPECTA AL INCISO CUESTIONADO, EN CUANTO AMPLIA LAS COMPETENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL EN RELACION CON LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN EL CAPITULO I DEL TITULO I DEL LIBRO II DEL CODIGO PENAL.

5. ESTAS CONSIDERACIONES SON SUFICIENTES PARA RESPONDER A LA CUESTION PLANTEADA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL, EN EL SENTIDO DE AFIRMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO CUESTIONADO. AHORA BIEN, LA SALA PROPONENTE DE LA CUESTION NO SE LIMITA A CONSIDERAR QUE EL EMPLEO DEL DECRETO-LEY ESTABA IMPEDIDO POR LOS YA COMENTADOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, SINO ASIMISMO SOSTIENE QUE EL ART. 81.1 C.E. EXIGE QUE LA LEY PARLAMENTARIA A QUE SE REMITE EL ART. 24.2 C.E. SEA POR FUERZA UNA LEY ORGANICA. ESTO ES, LA CONTRADICCION DEL PRECEPTO CUESTIONADO CON LA CONSTITUCION ADVERTIDA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN LO ES SIMULTANEAMENTE CON LOS ARTS. 24.2, 81.1 Y 86.1 C.E., POR LO QUE SU RAZONAMIENTO COMPLETO ES QUE LA ATRIBUCION DE COMPETENCIAS EFECTUADA POR EL ART. 1 DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979 ES INCONSTITUCIONAL POR HABERSE REALIZADO MEDIANTE DECRETO-LEY Y NO MEDIANTE LEY ORGANICA.

POR ELLO, Y DADA LA FUNCION DE INTERPRETE SUPREMO DE LA CONSTITUCION QUE A ESTE TRIBUNAL ENCOMIENDA SU LEY ORGANICA, NO RESULTA IMPROCEDENTE SOLVENTAR LAS DUDAS DE CONSTITUCIONALIDAD EXPUESTAS A ESTE RESPECTO POR EL TRIBUNAL A QUO .

NO ES POSIBLE, SIN EMBARGO, ACEPTAR EL PLANTEAMIENTO QUE HACE LA SALA AL EQUIPARAR, EN LO QUE AFECTA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS, EL AMBITO NEGATIVO DE EXCLUSION DEL DECRETO-LEY DEL ART. 86.1 C.E. CON EL POSITIVO DE EXIGENCIA DE LEY ORGANICA DEL ART. 81.1 C.E. ESTE ULTIMO ES POR FUERZA MAS RESTRINGIDO, PUES TAN SOLO CUBRE EL DESARROLLO GENERAL DE UN DERECHO O, EN TODO CASO, LA REGULACION DE ASPECTOS ESENCIALES DE DICHO DESARROLLO, AUNQUE SE PRODUZCA EN LEYES SECTORIALES (STC 140/1986, DE 11 DE NOVIEMBRE, FUNDAMENTO JURIDICO 5. , EN RELACION CON LA LEGISLACION PENAL).

DE LA INTERPRETACION CONJUNTA DE LOS ARTS. 24.2 Y 81.1 C.E. NO PUEDE CONCLUIRSE QUE SE REQUIERA RANGO DE LEY ORGANICA PARA TODA NORMA ATRIBUTIVA DE COMPETENCIA JURISDICCIONAL A LOS DIVERSOS TRIBUNALES ORDINARIOS. LA EXISTENCIA DE TALES NORMAS CONSTITUYE UN PRESUPUESTO PARA LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY, PERO NO REPRESENTAN UN <DESARROLLO> DEL MISMO EN LOS TERMINOS DEL ART. 81.1 C.E. EN EFECTO, MIENTRAS QUE EL EJERCICIO DE DIVERSOS DERECHOS Y LIBERTADES REQUIERE UNA NORMATIVA DE DESARROLLO QUE ESPECIFIQUE SUS LIMITES RESPECTO A OTROS DERECHOS, Y PROVEA LAS CONDICIONES PARA SU EFECTIVIDAD, TAL NO ES EL CASO EN CUANTO AL DERECHO AQUI CONSIDERADO, CUYO EJERCICIO QUEDA GARANTIZADO POR LA MERA APLICACION EN CADA SUPUESTO DE LAS NORMAS PREEXISTENTES ATRIBUTIVAS DE COMPETENCIA; DE MANERA QUE EL CONTENIDO DE ESTE DERECHO SE AGOTA CON ESA APLICACION, SIN NECESIDAD DE NORMA ALGUNA QUE LO DESARROLLE, O PRECISE LAS CONDICIONES DE SU EJERCICIO. DESDE LA PERSPECTIVA, PUES, ESPECIFICA QUE SE NOS PLANTEA Y POR LOS CONCRETOS MOTIVOS QUE SE ADUCEN EN LA CUESTION PROPUESTA, PROCEDE EXCLUIR LA EXIGENCIA DE LEY ORGANICA.

6. AUNQUE NO SE HAYAN SUSCITADO DUDAS SOBRE EL SENTIDO Y CONSECUENCIAS DE UNA EVENTUAL DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA QUE YA ESTA DEROGADA, ES CONVENIENTE HACER ALGUNA PRECISION AL RESPECTO. ES CLARO QUE EL HECHO DE QUE LA NORMA CUESTIONADA NO SE ENCUENTRE YA EN VIGOR NO PRIVA DE CONTENIDO A UNA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, PUES EL JUEGO DE DETERMINADOS PRINCIPIOS O DERECHOS, EN ESTE CASO DEL DERECHO AL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY, PUEDE HACER QUE DICHA NORMA RESULTA APLICABLE PARA EL SUPUESTO ENJUICIADO (SSTC 111/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 2. , Y 199/1987, FUNDAMENTO JURIDICO 3. ). Y EN LA PRESENTE CUESTION, EN LA QUE EL JUEZ ORDINARIO LLEGA MOTIVADAMENTE A LA CONCLUSION DE QUE LA NORMA APLICABLE QUE DETERMINA LA COMPETENCIA ES LA NORMA CUESTIONADA, LA DECLARACION DE SU INCONSTITUCIONALIDAD LLEVA A LA IMPOSIBLE APLICACION DEL PRECEPTO TANTO EN EL SUPUESTO ENJUICIADO COMO, OBVIAMENTE, EN FUTUROS CASOS ANALOGOS SI ES QUE TODAVIA SE PRODUCEN. EN CONSECUENCIA, LA PROPIA SALA QUE ELEVO LA CUESTION DEBERA DETERMINAR A QUIEN CORRESPONDE LA COMPETENCIA PARA ENJUICIAR LA CAUSA CRIMINAL EN LA QUE SE PLANTEO EL PRESENTE PROCESO CONSTITUCIONAL, PERO SIN APLICAR EL PRECEPTO CUYA INCONSTITUCIONALIDAD AHORA SE CONSTATA. Y HECHA ESA PRECISA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTE TRIBUNAL NO PUEDE NI DEBE ENTRAR EN LA INTERPRETACION DEL BLOQUE NORMATIVO QUE EN ESTE CASO CONCRETO RESULTA APLICABLE PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA ENTE LOS DIVERSOS TRIBUNALES ORDINARIOS QUE PUDIERAN OSTENTARLA.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA

HA DECIDIDO:

DECLARAR INCONSTITUCIONAL Y POR TANTO NULO EL INCISO <LOS COMPRENDIDOS EN EL CAPITULO I DEL TITULO II DEL LIBRO II DEL CODIGO PENAL>, QUE EL ART. 1 DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979, DE 23 DE NOVIEMBRE, INCORPORO AL APARTADO A) DEL ART. 4 DEL REAL DECRETO-LEY 1/1977, DE 4 DE ENERO, DE CREACION DE LA AUDIENCIA NACIONAL.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID, A VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. GLORIA BEGUE CANTON. ANGEL LATORRE SEGURA. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON. ANTONIO TRUYOL SERRA. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. EUGENIO DIAZ EIMIL. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA.

FIRMADO Y RUBRICADO.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON FERNANDO GARCIA-MON GONZALEZ-REGUERAL EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUMERO 213/85, PROMOVIDA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN

DISIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN ESTA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD POR LO SIGUIENTE:

1. ENTRE LAS DOS NORMAS QUE CON ANTERIORIDAD A LA VIGENTE LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, ATRIBUIAN A LA AUDIENCIA NACIONAL LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN EL CAPITULO I DEL TITULO II DEL LIBRO II DEL CODIGO PENAL LEY ORGANICA 12/1983, DE 16 DE NOVIEMBRE, Y REAL DECRETO-LEY 19/1979, DE 23 DE NOVIEMBRE , EL AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN QUE PLANTEA LA CUESTION SELECCIONA EL REAL DECRETO-LEY COMO OBJETO DE LA MISMA, PORQUE ESTIMA INAPLICABLE LA LEY ORGANICA 12/1983 EN RAZON DE LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL CONTENIDA EN LA STC 101/1984, DE 8 DE NOVIEMBRE, DICTADA EN EL RECURSO DE AMPARO NUM. 769/83.

DE NO SER POR LO DECLARADO EN ESTA SENTENCIA, LA AUDIENCIA PROVINCIAL POR LAS RAZONES QUE EXPONE EN SUS DOS PRIMEROS CONSIDERANDOS, HUBIERA ESTIMADO APLICABLE AL CASO LA CITADA LEY ORGANICA, PORQUE, DICE LITERALMENTE EL AUTO, <EL PROCESO, COMO ACTIVIDAD ESTATAL DIRIGIDA A LA AVERIGUACION Y CASTIGO DE LAS CONDUCTAS CULPABLES EN LA FORMA QUE EN UN MOMENTO DADO (EL MOMENTO DE TAL ACTIVIDAD) EL ORDENAMIENTO JURIDICO CONSIDERE MAS CONVENIENTE, SE RIGE SIEMPRE POR SU LEY ACTUAL, Y LA LEY PROCESAL SOLO TENDRIA CARACTER RETROACTIVO SI EN EL CASO DE MODIFICACION, LA NUEVA REGLA AFECTASE A LOS PROCESOS YA TERMINADOS O A LOS ACTOS PROCESALES YA HECHOS, Y ESTO NO OCURRE, POR LO QUE EN DEFINITIVA LA LEY PROCESAL NO TIENE CARACTER RETROACTIVO Y RIGE PARA LOS PROCESOS PENDIENTES Y FUTUROS CON INDEPENDENCIA DEL TIEMPO DE COMISION DEL DELITO>.

DE LO EXPUESTO DEDUCE LA AUDIENCIA PROPONENTE DE LA CUESTION QUE, EN PRINCIPIO, LA LEY ORGANICA 12/1983, DE 16 DE NOVIEMBRE, SERIA LA APLICABLE AL SUMARIO NUM. 71/84 EN EL QUE SE PLANTEA LA CUESTION.

ES, PUES, CLARO, PORQUE ASI LO DICE EXPRESAMENTE EL AUTO DE PLANTEAMIENTO, QUE LA UNICA RAZON DE CUESTIONAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979 ES LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL CONTENIDA EN UNA SENTENCIA (101/1984) RESOLUTORIA DE UN RECURSO DE AMPARO, EN APLICACION DE LA CUAL HAY QUE CONSIDERAR EXCLUIDA DEL CASO LA LEY ORGANICA 12/1983, QUE MODIFICA Y DEROGA LA NORMA CUESTIONADA.

2. EN LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 2. Y 3. DE LA SENTENCIA QUE ES OBJETO DE ESTE VOTO DISCREPANTE, SE RECHAZAN LOS MOTIVOS DE OPOSICION ALEGADOS POR EL LETRADO DEL ESTADO Y POR EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, QUE SE RECOGEN EN DICHOS FUNDAMENTOS, PORQUE LA ATRIBUCION POR EL ART. 117.3 DE LA CONSTITUCION DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL A LOS JUZGADOS Y

TRIBUNALES COMPRENDE LA DETERMINACION DE CUAL SEA EL ORGANO COMPETENTE Y, POR TANTO, NO PUEDE OBJETARSE <AL TRIBUNAL PROPONENTE DE LA CUESTION LA PERTINENCIA DE LA OPERACION INTERPRETATIVA QUE LE LLEVA A CONSIDERAR INAPLICABLE AL CASO LA L. O. 12/1983>. Y PUESTO QUE EL TRIBUNAL PROPONENTE DE LA CUESTION EXPONE MOTIVADAMENTE COMO HA LLEGADO A DETERMINAR LA NORMA APLICABLE, AL JUICIO DE RELEVANCIA SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE LA MISMA DECISIVO PARA SU APLICACION Y LAS RAZONES QUE HAN LLEVADO A ESA DUDA, EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS <LA FUNCION DE ESTE TRIBUNAL CONSISTE EN PRONUNCIARSE SOBRE ESTE ULTIMO ASPECTO, ESTO ES, LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA CUESTIONADA> QUE ES LO SOMETIDO A SU CONOCIMIENTO, AÑADIENDO A CONTINUACION LA SENTENCIA QUE ELLO NO SUPONE <UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PRIMER EXTREMO LOS CRITERIOS POR LOS QUE LA AUDIENCIA PROVINCIAL HA LLEGADO A PRECISAR LA NORMA APLICABLE RESERVADO, COMO DIJIMOS, A LA JURISDICCION ORDINARIA, Y, EN CONSECUENCIA, REVISABLE, EN SU CASO, POR LOS ORGANOS DE LA MISMA>. ESTA RESERVA O MATRIZ QUE INTRODUCE LA SENTENCIA, DE ADMITIR LA CUESTION SIN PREJUZGAR LOS CRITERIOS QUE HA TENIDO LA AUDIENCIA PARA PRECISAR LA NORMA APLICABLE, AUNQUE SUAVIZA, CIERTAMENTE, EL MOTIVO DE DISCREPANCIA, PORQUE DEJA VIVA UNA POSIBILIDAD ELIMINADA POR EL AUTO PROPONENTE DE LA CUESTION LA NO EXCLUSION PARA RESOLVER LA DECLINATORIA DE LA L. O. 12/1983 , NO ME PARECE SUFICIENTE, NI CONVENIENTE PARA QUE, DECLARADA EN ESTE PROCESO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA CUESTIONADA, SE MANTENGA LA DUDA SOBRE LA NORMA APLICABLE PARA DECIDIR LA DECLINATORIA A FIN DE QUE, POR UN RESPETO RIGUROSO A LA POTESTAD JURISDICCIONAL CONSAGRADA POR EL ART. 117.3 DE LA CONSTITUCION, NO PUEDA ESTE TRIBUNAL REFERIRSE A SU PROPIA DOCTRINA CUANDO ES ESTA LA QUE MOTIVA EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION EN UN PUNTO CONCRETO LA INAPLICACION DE LA L. O.

12/1983 , Y, EN CAMBIO, LA MISMA SENTENCIA A LA QUE SE ATRIBUYEN, TAN RADICALES EFECTOS, NO CUMPLA ESA MISMA FINALIDAD RESPECTO DEL REAL DECRETO-LEY 19/1979. EN EL APARTADO SIGUIENTE SE EXPONE SUCINTAMENTE QUE ESTA CONTRADICCION ES LA BASE PRINCIPAL, AUNQUE NO UNICA, DE MI DISCREPANCIA CON EL CRITERIO DE LA MAYORIA.

3. LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL 101/1984, DE 8 DE NOVIEMBRE, RESOLUTORIA DE UN RECURSO DE AMPARO EN LOS TERMINOS DEL NUM. 1 DEL ART. 55 DE SU LEY ORGANICA, HACE O CONTIENE DOS DECLARACIONES RELACIONADAS CON <EL DERECHO AL JUEZ ORDINARIO PRETERMINADO POR LA LEY> QUE SE CONSAGRA EN EL ART. 24.2 DE LA CONSTITUCION Y QUE CONSTITUYE LA ESENCIA DEL TEMA CUESTIONADO. UNA RELATIVA A LA NECESIDAD DE QUE LA PREDETERMINACION LEGAL DEL JUEZ <SIGNIFICA QUE LA LEY, CON GENERALIDAD Y CON ANTERIORIDAD AL CASO, HA DE CONTENER LOS CRITERIOS DE DETERMINACION COMPETENCIAL, CUYA APLICACION A CADA SUPUESTO LITIGIOSO PERMITA DETERMINAR CUAL ES EL JUZGADO O TRIBUNAL LLAMADO A CONOCER DEL CASO>; Y OTRA, CONCERNIENTE AL RANGO NORMATIVO DE LA DISPOSICION QUE LO ESTABLEZCA Y SOBRE ESTE PUNTO LA STC 101/1984 DICE: <LA REFERENCIA DEL ART.

24.2 A LA LEY, COHERENTE CON LO TAMBIEN DISPUESTO EN LOS ARTS. 53.1 Y 86.1 DE LA CONSTITUCION, EXIGE QUE EL VEHICULO NORMATIVO PARA DETERMINAR CUAL SERA EL JUEZ DEL CASO, ES LA LEY EN SENTIDO ESTRICTO Y NO EL DECRETO-LEY NI LAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL EJECUTIVO>.

UNA Y OTRA DECLARACION, POR ESTAR COMPRENDIDAS EN UN RECURSO DE AMPARO EN EL QUE NO HA ENTRADO EN JUEGO EL NUM. 2 DEL ART. 55 DE LA LOTC, TIENEN EL ALCANCE LIMITADO AL RECURSO RESUELTO Y CARECEN, POR TANTO, DE LOS EFECTOS GENERALES Y VINCULANTES QUE EL NUM. 2 DEL MISMO ARTICULO, CON REMISION AL 38 Y SIGUIENTES DE LA CITADA LEY, ATRIBUYE A LOS RECURSOS DE LA MISMA NATURALEZA EN LOS QUE, POR LESIONAR LA LEY APLICADA DERECHOS FUNDAMENTALES O LIBERTADES PUBLICAS, SE DECLARE POR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA NORMA, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA LEY.

PUES BIEN, DE ESTAS PREMISAS RESULTAN MIS DISCREPANCIAS POR LA SENTENCIA:

A) LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA COMPETENCIA INDISCUTIBLE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN PARA RESOLVER LA DECLINATORIA PROPUESTA POR EL MINISTERIO FISCAL, NO PUEDE IMPEDIR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACLARAR QUE SU STC 101/1984, POR EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE HA DICTADO Y POR NO SER EL PLENO DEL TRIBUNAL QUIEN LA PRONUNCIO, NO TIENE LOS EFECTOS GENERALES Y VINCULANTES PARA TODOS, JUECES Y TRIBUNALES INCLUIDOS, QUE LE ATRIBUYE EL AUTO PROPONENTE DE LA CUESTION, PARA BASAR EN ELLA, COMO PRESUPUESTO DE LA CUESTION PLANTEADA, LA INAPLICACION AL CASO DE LA L. O. 12/1983 QUE, EN OTRO CASO, ESTIMA APLICABLE EL PROPIO AUTO EN VIRTUD DE UNOS RAZONAMIENTOS QUE, HASTA AHORA, NO ESTAN EN CONTRADICCION CON DOCTRINA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN SENTENCIAS DEL TRIBUNAL EN PLENO. ENTIENDO QUE HACER ESTA ACLARACION NO SIGNIFICA INTERFERIRSE EN LA FUNCION INTERPRETATIVA QUE CORRESPONDE A LA AUDIENCIA PROPONENTE, SINO EVITAR QUE EL SILENCIO SOBRE LA MISMA MANTENIDO POR LA SENTENCIA PUEDA PRODUCIR EL EQUIVOCO DE SU AQUIESCENCIA.

B) PERO ES QUE, ADEMAS, SI DICHA STC 101/1984 TUVIERA ENTIDAD PARA DAR POR RESUELTA LA CUESTION RELATIVA A LA PRIMERA DE LAS DECLARACIONES EN ELLA CONTENIDA LA NECESIDAD DE QUE EL JUEZ ORDINARIO PREDETERMINADO POR LA LEY HAYA DE ESTAR SIEMPRE FIJADO CON ANTERIORIDAD A LA COMISION DE LOS HECHOS ENJUICIADOS , NO ES FACIL COMPRENDER LA RAZON DE QUE LA OTRA DECLARACION FORMULADA TAMBIEN EN LA MISMA SENTENCIA EL RANGO DE LEY EN SENTIDO ESTRICTO QUE EXIGE TAL DETERMINACION , PRECISE SER SOMETIDA A LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA. ESTA DIFERENTE VALORACION DE LA DOCTRINA CONTENIDA EN UNA MISMA SENTENCIA QUE RESULTA DEL AUTO PROPONENTE DE LA CUESTION, NO EXPLICADA EN EL MISMO, ENTRAÑA UNA SELECCION NO RAZONADA NI RAZONABLE Y, POR TANTO, ARBITRARIA, DE LA NORMA SOMETIDA A ESTE PROCESO CONSTITUCIONAL QUE INCIDE NEGATIVAMENTE EN EL JUICIO DE RELEVANCIA QUE FUNDA LA CUESTION SUSCITADA.

EN CONCLUSION Y POR LAS RAZONES EXPUESTAS, AUNQUE COMPARTO LA FUNDAMENTACION SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD QUE DECLARA LA SENTENCIA, MI PARECER ES QUE HA DEBIDO DESESTIMARSE POR INNECESARIA O, EN SU CASO, POR ESTAR DEFECTUOSAMENTE FUNDADA LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN.

MADRID, VEINTISEIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. FIRMADO: FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL.

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