Voglio sapere a riguardo di…

GOBIERNO
de CANTABRIA

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VIII Memoria de Sostenibilidad Económica Con ser una exigencia legal, la acreditación de la sostenibilidad económica se incardina en la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos y en la racionalidad de la actuación para que no se planifique sobre la base de unas inexistentes capacidades públicas para el sostenimiento de actuación, de tal manera que ésta no disponga, ni siquiera en origen, de autonomía orgánica y funcional. En otras palabras, en la planificación se han de tener en cuenta los costes y recursos económicos disponibles a la hora de optar por un determinado modelo , evitando así optar por una actuación irrealizable o, aun realizada, insostenible por razones económicas.
La propia condición del promotor del PSIR, las obligaciones que éste asume y recogidas en la propia normativa del documento y fundamentalmente el estudio económico-financiero acreditan que los medios y recursos económicos para el desarrollo de todo el proceso de transformación urbanística son privados. Por tanto:
La implantación de las infraestructuras previstas en el PSIR no implica coste alguno para las haciendas públicas, esto es, ni para los ayuntamientos en cuyos términos municipales se desarrolla la actuación, ni tampoco para la Administración autonómica, ya que esos costes se van a asumir por la sociedad promotora del PSIR, de índole privada, y cuyo socio fue seleccionado tras un concurso público. En este sentido, entre las obligaciones que asumió el socio privado se encontraba la de afrontar el coste de implantación de las infraestructuras diseñadas en la actuación., sin repercusión alguna en las haciendas públicas.
El mantenimiento y conservación de la urbanización será realizado por la Entidad Urbanística de Conservación , que se constituirá una vez recepcionada la obra. Dicha entidad estará constituida por todos los propietarios de las parcelas edificables, siendo la pertenencia a dicha entidad obligatoria para todos los propietarios comprendidos en el ámbito territorial del PSIR, por lo que tampoco es necesario comprometer fondos públicos para la fase posterior a la finalización de la urbanización para el mantenimiento y conservación de los servicios, espacios e infraestructuras públicas. Por tanto, no existe repercusión alguna en las arcas públicas.
Más específicamente, las infraestructuras eléctricas a desarrollar por el promotor serán cedidas a Eón para su mantenimiento y gestión.
Las cesiones prevista en el PSIR a favor de la Administración actuante, lo son a título gratuito y libre de cargas y gravámenes integrándose en su patrimonio en esas condiciones.
Por otro lado, se admite la posibilidad de puesta en funcionamiento y prestación de servicios adicionales como los de transporte, que conectarán el PSIR con el núcleo de Orejo. Pues bien, éstos serán de iniciativa privada, por lo que tampoco les supone un coste adicional o compromiso de fondos públicos. Y lo mismo ocurre con la posibilidad de ejecutar un ramal ferroviario para conectar un ámbito del PSIR con la red ferroviaria de FEVE, puesto que en el caso de que se decidiera su ejecución, será la iniciativa privada la que se encargue de costear su implantación y mantenimiento.
En conclusión, dada la naturaleza del instrumento urbanístico no existen sistemas generales en los que se necesario comprometer fondos públicos para su urbanización y puesta en valor, pues la urbanización completa del ámbito, así como su conexión a los sistemas generales preexistentes e infraestructuras de servicios será financiada íntegramente por el promotor de la actuación de urbanización.

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Se producen una seria de impactos positivos en el patrimonio público pues las obligaciones del promotor implican la cesión de espacios libres de uso público, equipamientos, dotaciones e infraestructuras, así como el porcentaje correspondiente de suelo lucrativo, que pasará a incrementar el Patrimonio Público de Suelo.

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