Voglio sapere a riguardo di…

BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 126

4 de Julio de 2016

3155

AYUNTAMIENTOS
LA NAVA
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MARINES
ÍNDICE
Exposición de motivos Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II Publicidad activa de la información Sección 1 Régimen General Sección 2 Obligaciones específicas Capítulo III Derecho de acceso a la información pública Capítulo IV Buen gobierno Capítulo V Régimen sancionador Disposición Adicional Primera. Responsable de transparencia o Unidad de Transparencia posibilidad de regular los responsables de la gestión de contenidos conforme a resolución de Alcaldía.
Disposición Adicional Segunda. Actividades de formación y difusión.
Disposición Adicional Tercera. Contratación y subvenciones.
Disposición Adicional Cuarta. Transparencia en los procedimientos negociados sin publicidad.
Disposición Final Única. Entrada en vigor EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos.
La Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por lo tanto, de la máxima importancia y protección:
a A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión artículo 20.1.d.
b a participar en los asuntos públicos, directamente artículo 23.1.
c El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la investigación de los delitos y la intimidad de las personas artículo 105.b.
El contexto social y tecnológico de los últimos años no hizo sino demandar con más fuerza estos derechos, garantizados en parte hasta el momento mediante disposiciones aisladas como el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que regula el derecho de acceso a archivos y registros. Estos derechos tienen asimismo su plasmación en el artículo 6.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya disposición final tercera se refiere específicamente a las administraciones locales, y en el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
En el ámbito económico y presupuestario el principio de transparencia se recoge expresamente en el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el propio Estatuto de Autonomía garantiza en el artículo 31 el derecho a una buena administración en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las administraciones públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca.