Periódico Oficial de Morelos del 12/6/2019

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Fuente: Periódico Oficial de Morelos

1PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Las Leyes y Decretos son obligatorios, por su publicación en este Periódico Director: Lic. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas El Periódico Oficial Tierra y Libertad es elaborado en los Talleres de Impresión de la Coordinación del Sistema Penitenciario de la Comisión Estatal de Seguridad. Cuernavaca, Mor., a 12 de junio de 2019 SUMARIO GOBIERNO DEL ESTADO PODER LEGISLATIVO DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO.- Que abroga el diverso número tres mil sesenta y siete, de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad no. 5622 el quince de agosto del mismo año, y emite Decreto mediante el cual se otorga pensión por Jubilación, al C. Hugo Marcelino Morales Lagunas. Pág. 2 DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS.- que abroga el diverso número mil cuatrocientos treinta y cuatro, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad no. 5476, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, y se emite Decreto mediante el cual se otorga pensión por Jubilación, al C. Ezequiel Honorato Valdez. Pág. 6 DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS DIEZ.mediante el cual se designa al ciudadano José Luis Jaimes Olmos, como Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en cumplimiento de lo establecido en la sentencia recaída al juicio de amparo en revisión R.A. P-5/2013 375/2018, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. Pág. 24 6a. época 5713 Fe de Erratas al Decreto Número 76, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, mediante edición número 5687, de fecha 20 de marzo de 2019. Pág. 34 Fe de Erratas al Decreto Número 76, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019; mismo que fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, mediante edición número 5687, de fecha 20 de marzo de 2019. Pág. 35 PODER EJECUTIVO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Licitación Pública Nacional Presencial, Número EAN06-2019, referente a la contratación abierta del servicio de fotocopiado para la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Pág. 58 CONSEJERÍA JURÍDICA Acuerdo para el establecimiento y funcionamiento de la Comisión de Estudios Jurídicos del Poder Ejecutivo Estatal. Pág. 59 ORGANISMOS FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Acuerdo por el que se crea la Dirección de Transparencia; se establece la Unidad de Transparencia y se integra el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Pág. 62
2Página 2 PERIÓDICO OFICIAL PODER JUDICIAL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, relativa al juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, identificados con la clave TEEM/JDC/443/2018-2, y sus acumulados TEEM/JDC/451/2018-2, TEEM/JDC/453/2018-2, y TEEM/JDC/479/2018-2, en la que se amonesta públicamente a los ciudadanos Raúl Tadeo Nava y Demóstenes Benjamín Vázquez Galindo. Pág. 65 GOBIERNO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLATLAHUCAN Reglamento de la Administración Pública del Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos. Pág. 96 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA Acuerdo de pensión por Jubilación a favor del C. Ciro Adelaido Alonso Flores, aprobado en Sesión de Cabildo Extraordinaria No. 13, de fecha veintidós de mayo del dos mil diecinueve. Pág. 134 Acuerdo de pensión por Jubilación a favor del C. Jorgino Benítez Valencia, aprobado en Sesión de Cabildo Extraordinaria No. 13, de fecha veintidós de mayo del dos mil diecinueve. Pág. 139 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOJUTLA Acuerdo de pensión por años de servicios del ciudadano Ángel Villalva Roldán. Pág. 145 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YAUTEPEC Acuerdo de Cabildo de fecha 02 de mayo del 2019, que autoriza la donación del terreno denominado El Copalar. Pág. 146 ORGANISMOS DE AYUNTAMIENTOS SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS. Acuerdo por el que se integra el Comité de Transparencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. Pág. 147 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC, MORELOS Tabulador de las cuotas de recuperación en el Sistema DIF Municipal. Pág. 147 EDICTOS Y AVISOS Pág. 148 12 de junio de 2019 Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: Tierra y Libertad.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente: La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES: I.- Que con fecha 19 de agosto de 2016, el C. Hugo Marcelino Morales Lagunas, solicitó de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus servicios, en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos desempeñando como último cargo el de: Secretario, adscrito a la Secretaría Académica, habiendo acreditado, 20 años, 09 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido. II.- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Hugo Marcelino Morales Lagunas, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto Número Tres Mil Sesenta y Siete, de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5622, el quince de agosto del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 50%, de la última remuneración del solicitante, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo a los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. III.- Que en fecha 04 de septiembre de 2018, el C. Hugo Marcelino Morales Lagunas, presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se transcriben: IV. ACTOS RECLAMADOS: A LA APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN, PUBLICACION, Y APLICACIÓN del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad no. 4074 de fecha 6 de septiembre de 2000, vigente a partir del día 7 del mismo mes y año.
312 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL B La inconstitucionalidad del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad no. 4074 de fecha 6 de septiembre de 2000, vigente a partir del día 7 del mismo mes y año. C LA APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y APLICACIÓN DEL DECRETO 3067, TRES MIL SESENTA Y SIETE publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad no. 5622 de fecha 15 de agosto de 2018, vigente a partir del 16 de agosto de 2018, mediante el cual se concede pensión por Jubilación al quejoso Hugo Marcelino Morales Lagunas sobre el 50% de su último salario por haber prestado servicios durante 20 años 9 días, fundamentando tal determinación en el inciso k, fracción I del artículo 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. IV.- Que, por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de seis de septiembre de dos mil dieciocho, admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 1420/2018. V.- Que posteriormente, fue notificado a este Congreso del Estado, la sentencia de fecha 06 de febrero del dos mil diecinueve dictada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. Hugo Marcelino Morales Lagunas, en los siguientes términos: En consecuencia con fundamento en el artículo 77, párrafos primero fracción I, segundo y 78, de la Ley de Amparo, se concede a Hugo Marcelino Morales Lagunas, el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: a Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el artículo 58 fracción I, inciso k, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En entendido de que dicha norma no podrá ser aplicada, ni en el presente, ni en el futuro al peticionario del amparo, mientras subsista el vicio de inconstitucionalidad detectado en párrafos precedentes. b Además, deberá dejar insubsistente el Decreto 3067, mediante el cual se otorga al quejoso una pensión por Jubilación y emitir uno diverso donde, al analizar la solicitud de la pensión de Jubilación del aquí quejoso, resuelva lo peticionado aplicando el artículo 58, fracción II, inciso i, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme al porcentaje que se establece para las trabajadoras. c En caso de que se haya ejecutado el Decreto 3067, mediante el cual se otorga al impetrante una pensión por Jubilación y el quejoso haya dejado de laborar, la autoridad encargada de realizar el pago de la pensión jubilatoria deberá acreditar, además del pago conforme al porcentaje que en cumplimiento a esta resolución determine la autoridad legislativa, la liquidación de las diferencias que se actualicen con motivo al porcentaje en el salario que se precisa en el inciso i de la fracción II, del artículo 58 en comento. Página 3 Por lo expuesto se: RESUELVE: SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Hugo Marcelino Morales Lagunas, contra la aprobación, expedición, promulgación y aplicación del artículo 58, fracción I, inciso k, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos imputados Congreso y al Gobernador ambos del Estado Morelos; así como contra la aprobación, expedición y promulgación del Decreto 3067, mediante el cual se otorga al quejoso una pensión por Jubilación, atribuidos al Congreso, a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso y al Gobernador, todos del Estado de Morelos; acorde a los razonamientos vertidos en el último considerando de este fallo y para los efectos ahí detallados. Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: CONSIDERANDOS: PRIMERO.- En virtud de que la sentencia ejecutoria que se cumplimenta no es solamente para dejar sin efectos el Decreto pensionatorio combatido, sino que, además, en su lugar, este Poder Legislativo debe emitir otro, siguiendo los lineamientos de la sentencia en cuestión, razón por la cual es menester que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de pensión por Jubilación presentada por el C. Hugo Marcelino Morales Lagunas con fecha 19 de agosto de 2016. SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: Artículo 40.- Son facultades del Congreso: I. Derogada II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. III. Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la consideración del Pleno, a saber: Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de Decreto y demás asuntos que les sean turnados.
4Página 4 PERIÓDICO OFICIAL Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una Comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigedad necesaria para el goce de este derecho; II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; y, III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste Capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos siguientes: A.- Para el caso de Jubilación, Cesantía por Edad Avanzada o Invalidez: I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del gobierno o del municipio que corresponda; III. Carta de certificación del salario expedida por la Dependencia o Entidad Pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y, IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual se decrete la invalidez definitiva. Artículo 58.- La pensión por Jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: I.- La pensión por Jubilación solicitada por los trabajadores en general, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: a.- Con 30 años de servicio 100%; b.- Con 29 años de servicio 95%; c.- Con 28 años de servicio 90%; d.- Con 27 años de servicio 85%; e.- Con 26 años de servicio 80%; f.- Con 25 años de servicio 75%; g.- Con 24 años de servicio 70%; h.- Con 23 años de servicio 65%; i.- Con 22 años de servicio 60%; j.- Con 21 años de servicio 55%; y, k.- Con 20 años de servicio 50%. Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. 12 de junio de 2019 Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su Jubilación de conformidad con el siguiente orden: a Con 28 años de servicio 100%; b Con 27 años de servicio 95%; c Con 26 años de servicio 90%; d Con 25 años de servicio 85%; e Con 24 años de servicio 80%; f Con 23 años de servicio 75%; g Con 22 años de servicio 70%; h Con 21 años de servicio 65%; i Con 20 años de servicio 60%; j Con 19 años de servicio 55%; y, k Con 18 años de servicio 50%. Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigedad se entiende como tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, ésta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO TRES MIL SESENTA Y SIETE, DE FECHA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD No. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS para quedar en los siguientes términos: CONSIDERACIONES I.- En fecha 19 de agosto de 2016, el C. Hugo Marcelino Morales Lagunas, por su propio derecho, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso i, de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A, fracciones I, II y III del marco legal antes mencionado, consistentes en: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su antigedad se ubique en el supuesto correspondiente.
512 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL III.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigedad del C. Hugo Marcelino Morales Lagunas, por lo que se acreditan a la fecha de su solicitud 20 años, 09 días, de servicio efectivo de trabajo interrumpido, ya que prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Técnico Auxiliar, adscrito al Área de Asistencia Social Alimentaria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, del 01 de agosto de 1993 al 16 de mayo de 1994; Auxiliar B, adscrito a la Coordinación de Cultura en Municipios del Instituto de Cultura de Morelos, del 30 de agosto de 1996 al 21 de febrero de 1999; Secretario A, adscrito a la Coordinación de Cultura en Municipios del Instituto de Cultura de Morelos, del 22 de febrero al 15 de mayo de 1999 y del 24 de mayo de 1999 al 08 de octubre de 2007; Secretario A, adscrito a la Subdirección de Promoción y Difusión Artística del Instituto de Cultura de Morelos, del 09 de octubre de 2007 al 30 de noviembre de 2008; Secretario C, adscrito a la Dirección Operativa del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de diciembre de 2008 al 15 de marzo de 2009; Auxiliar D, adscrito a la Dirección Operativa del Instituto de Cultura de Morelos, del 16 de marzo de 2009 al 30 de noviembre de 2010; Operador Ejecutivo A, adscrito a la Dirección Operativa del Instituto de Cultura de Morelos, del 01 de diciembre de 2010 al 30 de septiembre de 2012; Operador Ejecutivo A, adscrito a la Secretaría de Cultura, del 01 de octubre de 2012 al 21 de enero de 2013, fecha en que fue dado de baja. En el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, prestó sus servicios desempeñando el cargo de: Secretario, adscrito a la Secretaría Académica, del 28 de octubre al 20 de diciembre de 2013 y del 08 de enero de 2014 al 29 de septiembre de 2016, fecha en que fue presentada su renuncia. De lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso i, del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado. Por lo anteriormente expuesto, esta LIV Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO TRES MIL SESENTA Y SIETE, DE FECHA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NO. 5622 EL QUINCE DE AGOSTO DEL MISMO AÑO, Y EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. HUGO MARCELINO MORALES LAGUNAS. ARTÍCULO 1.- Se abroga el Decreto Número Tres Mil Sesenta y Siete, de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5622 el quince de agosto del mismo año, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Hugo Marcelino Morales Lagunas, dejándolo sin efecto legal alguno. Página 5 ARTÍCULO 2.- Se concede pensión por Jubilación al C. Hugo Marcelino Morales Lagunas, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos desempeñando como último cargo el de: Secretario, adscrito a la Secretaría Académica. ARTÍCULO 3.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por el Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. ARTÍCULO 4º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. TERCERO.- Notifíquese al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1420/2018, promovido por el C. Hugo Marcelino Morales Lagunas. Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de Pleno del día uno de mayo del año dos mil diecinueve. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de Morelos a los veinticuatro días del mes de mayo del dos mil diecinueve. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO SECRETARIO DE GOBIERNO LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS RÚBRICAS.
6Página 6 PERIÓDICO OFICIAL Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: Tierra y Libertad.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente: La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES: I.- Que por escrito de 12 de agosto de 2016, presentado en la Oficialía de Partes de este Congreso del Estado el 15 del mismo mes y año, el C. Ezequiel Honorato Valdez, solicitó de esta Soberanía, le fuera otorgada pensión por Jubilación, toda vez que prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia, habiendo acreditado, 28 años, 09 meses, 16 días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido. II.- Que una vez satisfechos los requisitos legales por parte del C. Ezequiel Honorato Valdez, para ser beneficiario de pensión por Jubilación, el Congreso del Estado, mediante Decreto Número Mil Ochocientos Cincuenta y Dos, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5503, el catorce de junio del mismo año, le concedió pensión por Jubilación a su favor, a razón del equivalente al 90%, de la última remuneración del solicitante en su carácter de Magistrado Numerario, estableciéndose que el citado beneficio sería cubierto por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, de acuerdo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. III.- Que en fecha 27 de junio de 2017, el C. Ezequiel Honorato Valdez, presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, en contra de, entre otras Autoridades el Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se transcriben: IV. ACTOS RECLAMADOS: 12 de junio de 2019 a. Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, a través de la Legislatura en mención, se reclama: La indebida aplicación de lo dispuesto por el artículo 58, fracción I, inciso c, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformado mediante Decreto DOSCIENTOS DIECIOCHO, publicado en el Periódico Tierra y Libertad número 5058 de 16 de enero de 2013, entrando en vigor el 17 de enero del 2013, en razón de que el primero de los citados establece diversas hipótesis para los trabajadores que hayan prestados sus servicios en cualquiera de los tres poderes del Estado o Municipios por porcentaje de acuerdo a los años de servicio prestados, con una marcada distinción entre hombres y mujeres, lo cual es contrario a la equidad de género consagrada en el artículo 4 de nuestra Carta Magna. d Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, a través de la Quincuagésima Tercera Legislatura se reclama el primer acto de aplicación del artículo 58 fracción I, inciso c de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformado mediante Decreto DOSCIENTOS DIECIOCHO, publicado en el Periódico Tierra y Libertad, número 5058, de 16 de enero de 2013, entrando en vigor el 17 de enero de 2013, impetrados de inconstitucionalidad, consistente en la expedición del DECRETO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS, de 14 de junio de 2017, emitido por la autoridad aquí indicada, dirigido contra mi persona, publicado el 14 de junio de 2017, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5503, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos que concede al suscrito una pensión jubilatoria del 90%, en los términos expuestos en el Decreto que se cita. IV.- Que, por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda al Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien por proveído de 14 de agosto de 2017 admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 1315/2017. V.- Posteriormente fue notificado a este Congreso del Estado, la sentencia de fecha 13 de septiembre de 2017 dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante la cual resolvió conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al C. Ezequiel Honorato Valdez, en los siguientes términos: En las relatadas condiciones al quedar evidenciado que el artículo impugnado es violatorio del principio de igualdad entre el varón y la mujer por discriminación indirecta, lo procedente es conceder a EZEQUIEL HONORATO VALDEZ el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos:
712 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL a Se desincorpore de su espera jurídica el artículo impugnado, esto es las autoridades responsables deberán dejar sin efectos el Decreto Mil Ochocientos Cincuenta y Dos 1852, publicado el catorce de junio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad; ejemplar cinco mil quinientos tres 5503, por medio del cual se concedió a la parte quejosa pensión por Jubilación, a razón del noventa por ciento del último salario del mencionado impetrante de amparo; y b En su lugar, dicte otro en el que en estricto acato a la garantía de igualdad, no se aplique en su perjuicio la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en específico el artículo 58, fracción I, inciso c, que reclama, lo cual significa que, se le debe dar idéntico trato al señalado para las mujeres en la disposición normativa contenida en el Artículo 58, fracción II, inciso a, del mismo ordenamiento legal es decir, la pensión deberá cubrirse al 100% cien por ciento, del último salario del peticionario de garantías. La concesión del amparo, se hace extensivo al acto de aplicación, por estar fundamentado en una norma inconstitucional, aunado a que lo accesorio sigue la suerte del principal, esto es, que se cubra el retroactivo que se actualice a partir de la publicación del Decreto combatido, esto es, desde el catorce de junio de dos mil diecisiete, lo anterior de conformidad con las tesis antes señaladas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a EZEQUIEL HONORATO VALDEZ, en contra de las autoridades señaladas en el considerando segundo por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo. VI.- Por otra parte, se igual manera con fecha 06 de abril de 2017, el Poder Judicial del Estado de Morelos demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la Controversia Constitucional 128/2017, la invalidez del referido Decreto Número Mil Ochocientos Cincuenta y Dos. VII.- Con fecha 11 de julio de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó sentencia en la mencionada Controversia Constitucional, tomando en consideración medularmente lo siguiente: ESTUDIO DE FONDO Como ha quedado precisado en el apartado III, la presente controversia versa sobre el Decreto 1852, por el que fue otorgada una pensión por Jubilación a Ezequiel Honorato Valdez. Página 7 Para la resolución de la presente se retoman las consideraciones formuladas por esta Segunda Sala al resolver las controversias constitucionales 126/2016 y 130/2016 en Sesión del 9 de agosto de 2017. En sus conceptos de invalidez, el Poder actor plantea una violación a la división de poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal que consagran los artículos 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los Decretos que impugna constituyen una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Poder Judicial local. Aunado a ello, argumenta que el Poder Legislativo es quien debe otorgar, en todo caso, los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva, lo que no sucedió así. A fin de estar en posibilidad de determinar si asiste la razón al Poder Judicial actor, resulta necesario explicar la mecánica bajo la cual funciona el sistema de pensiones en Morelos, sin que ello implique el estudio de constitucionalidad o convencionalidad de las normas que se citarán a continuación, ya que la controversia resultó improcedente respecto de las normas impugnadas, como se determinó en el considerando segundo de este fallo, y el presente análisis sólo tiene como objetivo esclarecer tres puntos principales: Cómo se financia el sistema de pensiones en el Estado de Morelos? Cómo se distribuye la carga financiera para el pago de las pensiones en esa entidad federativa? Ese sistema de pagos reflejado en los Decretos de pensión como el que aquí se impugna respeta la división de poderes, la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal? En este contexto resulta pertinente precisar que desde el año de 1984, ante la preocupación que existía por parte del Gobierno del Estado de Morelos de otorgar a sus servidores la seguridad social y los apoyos económicos indispensables para poder brindarles un mayor bienestar, se creó el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Esa institución, de conformidad con los artículos 4º, 5º y 6º de su ley, es un organismo público descentralizado, sectorizado mediante acuerdo que expida el Gobernador al efecto, en términos de la Ley Orgánica; con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía jerárquica respecto de la Administración Pública Central y sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, que tiene por objeto procurar el bienestar social de los afiliados y sus familias a través del otorgamiento de prestaciones económicas y sociales.
8Página 8 PERIÓDICO OFICIAL El patrimonio del citado Instituto, de conformidad con el artículo 8º de su ley, se integra con: un fondo social permanente; las aportaciones ordinarias y extraordinarias que realicen los entes obligados; las aportaciones extraordinarias que acuerden en común los afiliados; las cuotas de recuperación recibidas por los servicios que se otorguen; las cuotas no reclamadas por el afiliado o beneficiario, una vez transcurridos cinco años a partir de la separación del servicio o el fallecimiento del afiliado, salvo resolución judicial; un fondo de reserva para cuentas incobrables, incosteables e ilocalizables; los intereses, productos financieros, rentas y otros que se obtengan por cualquier título; los bienes inmuebles y muebles que forman parte del activo fijo y los que en lo futuro adquiera o se adjudique el Instituto; los que se obtengan por donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hagan o constituyan a favor del Instituto, y con cualquier otro concepto legalmente obtenido o constituido en favor del Instituto. Y para el cumplimiento de sus fines, la ley respectiva establece: En el artículo 6º, que el Instituto, para el cumplimiento de su objeto, de manera enunciativa mas no limitativa, tendrá como atribuciones: Brindar seguridad social a los afiliados en materia de vivienda, mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios; Proporcionar en forma directa o con la intermediación de las instituciones federales, estatales o municipales competentes, así como con aquellas que integran el sistema bancario mexicano, financiamiento oportuno y a bajas tasas de interés, a las personas a que estén destinados los programas de vivienda que instrumente el propio Instituto; Otorgar prestaciones económicas a corto, mediano y largo plazo, conforme lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable; Otorgar servicios sociales de odontología y optometría, en términos de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable, y Brindar cualquier otra prestación que satisfaga las necesidades de los afiliados, previa aprobación y en los términos que determine el Consejo Directivo. Y en los artículos 63 y 64, se dispone que las prestaciones sociales que el Instituto otorga a sus afiliados son las relativas a: I. Servicios de odontología; II. Servicios de optometría, y III. Cualquier otra que proponga el Director General a la aprobación del Consejo Directivo. El artículo 29 prevé que tienen la calidad de afiliados: I. Los trabajadores al servicio de alguno de los entes obligados; y, II. Los pensionistas que continúen cotizando al Instituto. 12 de junio de 2019 Mientras que el artículo 30 establece que los derechos y las obligaciones del Instituto con los afiliados nacen concomitantemente con el pago de las cuotas y las aportaciones. Por su parte, el artículo 26 señala las obligaciones que tienen los entes obligados en relación con el Instituto, de entre las que destaca la relativa a Enterar en tiempo y forma las cuotas, aportaciones y las amortizaciones de los créditos otorgados; mientras que el artículo 27 dispone que Además de lo previsto en el artículo anterior, los entes obligados deberán enterar al Instituto, dentro de los primeros treinta días naturales a la fecha de corte de nómina, el monto de sus aportaciones, así como las retenciones realizadas a los afiliados por concepto de cuotas y créditos otorgados. En el artículo 41 se menciona que Tienen el carácter de obligatorias las aportaciones a cargo de los entes obligados, cuya base de cotización será el 6% sobre las percepciones constantes de los afiliados, las cuales deberán quedar consignadas en sus respectivos Presupuestos de Egresos. Y en el artículo 42 se establece que Tienen el carácter de obligatorias las cuotas a cargo de los afiliados, cuya base de cotización será el 6% sobre sus percepciones constantes, mismas que serán retenidas por los entes obligados y enteradas al Instituto en términos de lo dispuesto en la presente Ley y demás normativa aplicable. De todo lo anterior se advierte que si bien el mencionado Instituto recibe diversas aportaciones y pago de cuotas por parte de los Poderes del Estado y de los trabajadores de esos Poderes, tales cuotas y aportaciones no se aplican al pago de pensiones, sino de los demás servicios y prestaciones sociales que otorga, en tanto que dicho Instituto, actualmente, no tiene la obligación expresa de pagar las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado de Morelos o de administrar los recursos derivados de las aportaciones para esos conceptos. Por otra parte, el 6 de septiembre de 2000 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que abrogó la ley del mismo nombre que había sido promulgada el 26 de diciembre de 1950. En las consideraciones legislativas que sustentaron esa normatividad, el legislador sostuvo: REFLEXIÓN CONSTITUCIONAL Los actores políticos reconocemos que la Declaración de los derechos individuales del hombre, heredados en nuestras luchas del siglo XIX por la libertad, y la declaración de los derechos sociales del trabajo y del campesino, integran los derechos humanos reconocidos y garantizados por el pueblo en su Constitución, derechos intocables por los gobiernos, no sólo por su origen, sino porque los poderes ejecutivo, legislativo y judicial nos debemos y somos obra del mismo pueblo, quien nos encomendó velar por la efectividad de esos derechos.
912 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL Reconociendo el origen de nuestro sistema de gobierno, es corresponsabilidad de esta Soberanía asegurar una existencia decorosa y libre del ciudadano, que le ponga al abrigo de la necesidad y le permita disfrutar honesta y razonablemente los beneficios de la economía, de la civilización y de la cultura. La distinción entre trabajadores y servidor público quedó en el pasado, por lo que la actuación del Estado debe subordinarse a los principios y normas fundamentales del derecho proclamados en la Constitución. Estamos convencidos de que los sistemas y procedimientos deben elevar el trabajo al valor supremo de la vida social. En este orden de ideas, el ordenamiento que se somete a su consideración no busca alcanzar un valor universal, y se limita a responder a los problemas sociales, económicos y de trabajo propios del mismo, en el que se atiende la evolución histórica, los factores reales de poder, el de los servidores públicos y la cultura. Con este ánimo, en el Estado de Morelos, perseguimos con la presente tres objetivos: El primero, incorporar en el texto que nos ocupa los principios que rigen el Derecho del Trabajo tratándose de empleados públicos; el segundo, adecuar a las condiciones vigentes la Ley que rige al Estado desde el año de 1950; y tercero, garantizar a los sujetos de la Ley, sus derechos y obligaciones. Cabe señalar que en esta Ley se recogen las propuestas resultantes de la consulta a las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado, así como a empleados públicos y profesionales en la materia. Por lo anterior, presentamos ante Ustedes la iniciativa de Ley de Servicio Civil compuesta en la siguiente forma: ELEMENTOS DE LA REFORMA Se estructura con once Títulos y 124 artículos, a saber: En el Título Primero se determinan plenamente los sujetos de la Ley; la clasificación de los trabajadores, destacándose la creación de un tercer grupo de trabajadores, es decir, los eventuales; y las disposiciones generales propias de la Ley que nos ocupa. En el Título Segundo se establece que la falta de nombramiento no priva al trabajador de los derechos que le otorga la presente Ley, y tal omisión es imputable al patrón; así mismo se prohíbe el traslado de trabajadores para prestar sus servicios en Dependencia distinta a la de su adscripción ya sea como Comisionado o de índole similar para dependencias de un mismo Poder, Ayuntamiento o Entidad Paraestatal. Página 9 En los Títulos Tercero y Cuarto se precisan, atendiendo las características de los horarios de trabajo que se han adoptado en las actuales administraciones, la jornada, así como los descansos laborales, horarios en los que participa el sindicato de burócratas correspondiente, en su fijación; así mismo se establece que el salario se incrementará anualmente previo acuerdo entre las autoridades competentes, sin menoscabo de incremento que se haga al salario mínimo a nivel nacional o según lo establezca la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. En el Título Quinto que es la parte toral de la Ley que se presenta, se trasladan por supuesto los derechos y obligaciones de los trabajadores y del Gobierno del Estado y Municipios que se contenían en la Ley que por virtud de ésta se abroga, pero se amplían tales derechos y obligaciones con el propósito de adecuar a las circunstancias que prevalecen en la actualidad, con lo cual otorgamos certeza jurídica a los sujetos señalados. Respecto de las obligaciones del Gobierno del Estado y de los Municipios con sus trabajadores, se establecen, entre otras, la reinstalación a sus plazas y al pago de los salarios caídos en caso de que el laudo en estado de ejecutoria, resulte favorable al trabajador. En el Título Sexto, se plasman las prestaciones sociales a favor de los trabajadores tales como las siguientes: IMSS, ISSSTE e ICTSGEM, centros de desarrollo infantil, casa, departamentos y terrenos a precios accesibles, despensa familiar mensual préstamos y servicios médicos, capacitación permanente, doce meses de salario mínimo general del trabajador fallecido para gastos funerales, entre otro; además de estímulos y recompensas a trabajadores distinguidos consistentes en nota de mérito, gratificación en efectivo o en especie, premio a la perseverancia y lealtad al servicio, impresión de tesis de titulación y becas económicas, y se reconoce como beneficiario de las pensiones que otorga la presente Ley al cónyuge supérstite o concubino. En el Título Séptimo se establecen la instrucción de actas y medidas disciplinarias que se le impondrán al trabajador por incumplimiento de sus obligaciones o por la Comisión de faltas graves así calificadas por la presente Ley, mismas que deberán constar en los mecanismos establecidos para este efecto. Por último, en los Títulos Octavo, Noveno, Décimo y Undécimo se establece la organización colectiva de los trabajadores; las bases generales de trabajo, de las cuales destacamos que deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios; el procedimiento en materia de huelga; la integración y competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y las sanciones aplicables resultado de la desobediencia a las resoluciones del mismo..
10Página 10 PERIÓDICO OFICIAL En este contexto, en los títulos quinto y sexto de la ley, denominados DE LOS DERECHOS Y DE LAS OBLIGACIONES y DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL respectivamente, el legislador estableció, en lo que aquí interesa, lo siguiente: En su artículo 43, fracciones VI, VII y XIV, que los trabajadores del Gobierno del Estado y de los Municipios tendrán, entre otros, derecho a Disfrutar de los beneficios de la seguridad social que otorgue la Institución con la que el Gobierno o los Municipios hayan celebrado Convenio, a Disfrutar de los beneficios que otorgue el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en su caso y a obtener Pensión por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada y por Invalidez. En el artículo 45, fracción XV, que los Poderes del Estado y sus Municipios están obligados con sus trabajadores a: XV.- Cubrir las aportaciones que fijen las Leyes correspondientes, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes: a.- Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y en su caso, indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; b.- Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de enfermedades no profesionales y maternidad; c.- Pensión por Jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte; d.- Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en alguna Institución de Seguridad Social; e.- Establecimiento de centros vacacionales, de guarderías infantiles y de tiendas económicas; f.- Establecimiento de escuelas de la administración pública en las que se impartan los cursos necesarios para que los trabajadores puedan adquirir los conocimientos para obtener ascensos conforme al escalafón y procurar el mantenimiento de su aptitud profesional; g.- Propiciar cualquier medida que permita a los trabajadores de su dependencia el arrendamiento o la compra de habitaciones baratas; y h.- La constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus salarios básicos para integrar un fondo de la vivienda, a fin de establecer sistemas que permitan otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e higiénicas, para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos. Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 12 de junio de 2019 En el artículo 54, fracciones I y VII, se establece que los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán derecho a: I.- La afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos; --- VII.- Pensión por Jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones legales aplicables;. Mientras que en el siguiente precepto 55, se precisa que Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que antecede estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través de las instituciones que para el caso determinen. De donde destaca que el pago de las pensiones correría a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, pero a través de las instituciones que para el caso ellos determinen. No obstante lo anterior, en el artículo 56 se señala que Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del Artículo 54 de esta Ley, se otorgarán mediante Decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.--- El pago de la pensión por Jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. En relación con el precepto anterior resulta necesario mencionar que en Sesión de 8 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno, al resolver las controversias constitucionales 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, señaló que de conformidad con el artículo 56 de la Ley impugnada en el Estado de Morelos, corresponde en exclusivo al Congreso del Estado de Morelos, sin la intervención de cualquiera otra autoridad y atendiendo exclusivamente a la solicitud que le formule el interesado, el determinar la procedencia de alguna de esas prestaciones, señalando el monto a que ascenderá, independientemente de que la relación de trabajo se haya verificado con el gobierno estatal, el municipal o con ambos y declaró la invalidez de dicho numeral, con efectos únicamente para las partes que participaron en esas controversias. En el artículo 57 se establecen los documentos que deben acompañarse a la solicitud de pensión respectiva, mientras que en los numerales 58 y 59 se regulan los porcentajes que deberán pagarse dependiendo de los años de servicio del trabajador.
1112 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL Es importante destacar también que en términos del artículo 66, último párrafo, los trabajadores no pueden gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del Gobierno o Municipio, en el entendido que en tal evento el Congreso del Estado lo deberá requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, en caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, el Congreso concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador. Y por último, el artículo 67 refiere que Los gastos que se efectúen por las prestaciones, seguros y servicios que establece esta Ley y cuyo pago no corresponda exclusivamente a los Poderes estatales o Municipios, se cubrirán mediante cuotas y aportaciones a cargo de los trabajadores.--- Las cuotas y aportaciones a que se refiere este artículo, se determinarán tomando como base para el descuento correspondiente el salario de cotización, entendiéndose por tal, el salario base que corresponda a la categoría o cargo.--- Los porcentajes correspondientes serán revisados periódicamente con el objeto de actualizarlos, al igual que las aportaciones que para los mismos fines sean a cargo de los Poderes del Estado y de las Administraciones Municipales. Del examen relacionado de los artículos transcritos destaca que: Por una parte, los trabajadores del Estado o sus beneficiarios tienen el derecho a disfrutar de una pensión por Jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte, que será otorgada por los Poderes patrones a través de las instituciones que para el caso determinen o con quien hayan celebrado convenio. Y a efecto de cumplir con ese derecho, los Poderes patrones tienen la obligación de enterar a la institución respectiva las aportaciones que fijen las leyes aplicables. Con independencia de las pensiones anteriores, los trabajadores del Estado de Morelos tienen también derecho a gozar de otra pensión por Jubilación, cesantía en edad avanzada, invalidez o muerte que se otorga mediante Decreto que expide el Congreso del Estado, una vez satisfechos los requisitos que establece la propia Ley del Servicio Civil para tal efecto. Sin embargo, en relación con este segundo tipo de pensiones a cargo del Estado, la ley no prevé cómo deberán financiarse ni cómo se distribuirán las cargas financieras en los casos en que el trabajador del Estado que solicita la pensión haya prestado sus servicios para distintos Poderes. Página 11 En atención a lo anterior, y tal como se advierte de los informes presentados por el Poder Judicial de Morelos y por el Instituto Mexicano del Seguro Social en las diversas controversias constitucionales 142/2017 y 199/2017, así como del portal de transparencia del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, desde el año de 1997 el citado Poder se encuentra inscrito como patrón ante dicho Instituto bajo el Régimen Obligatorio del Seguro Social; ha enterado las aportaciones respectivas y ha inscrito a sus trabajadores, quienes cubren sus cuotas y reciben las prestaciones que otorga la Ley del Seguro Social en relación con los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y demás prestaciones sociales. Y por su parte, el Congreso del Estado ha otorgado mediante Decreto diversas pensiones en favor de los trabajadores del referido Poder actor, con cargo al presupuesto del propio Poder, como sucedió en el caso que ahora nos ocupa. Una vez analizado el marco normativo y fáctico en que se desarrolla el sistema de seguridad social y, en especial, el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos, se procede a realizar el estudio de fondo de la presente controversia. En este contexto cabe mencionar que el Tribunal Pleno ha sostenido que la Constitución Federal protege el principio de división de poderes, así como la autonomía en la gestión presupuestal entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que respecto de este último, tales principios pueden verse violados cuando se incurre en las siguientes conductas: que en cumplimiento de una norma jurídica o voluntariamente se actualice una actuación antijurídica imputable a alguno de los Poderes Legislativo o Ejecutivo; que dicha conducta implique la intromisión de uno de esos poderes en la esfera de competencia del Poder Judicial, o bien, que uno de aquéllos realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a él; y que la intromisión, dependencia o subordinación de otro poder verse sobre el nombramiento, promoción o indebida remoción de los miembros del Poder Judicial; la inmutabilidad salarial; la carrera judicial o la autonomía en la gestión presupuestal. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 81/2004, de rubro PODERES JUDICIALES LOCALES. CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ACTUALICE LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EN PERJUICIO DE AQUÉLLOS..
12Página 12 PERIÓDICO OFICIAL Asimismo, ha establecido que la autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para que los Poderes Judiciales Locales ejerzan sus funciones con plena independencia, pues sin ella se dificultaría el logro de la inmutabilidad salarial entendida como remuneración adecuada y no disminuible, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de los juzgadores, además de que dicho principio tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estatuye la garantía de expedites en la administración de justicia, su gratuidad y la obligación del legislador federal y local de garantizar la independencia de los tribunales, cuestiones que difícilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal. Así, si se tiene en cuenta que la mencionada autonomía tiene el carácter de principio fundamental de independencia de los Poderes Judiciales Locales, es evidente que no puede quedar sujeta a las limitaciones de otros poderes, pues ello implicaría violación al principio de división de poderes que establece el artículo 116 constitucional. Ello se desprende así de la diversa tesis jurisprudencial P./J. 83/2004, titulada PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES.. Ahora bien, de la lectura del Decreto 1852 impugnado en la ampliación de la demanda se advierte que el Congreso del Estado: Abrogó el Decreto 1434. Artículo 1. Concedió pensión por Jubilación en favor de Ezequiel Honorato Valdez, por haber prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia. Artículo 2 Estableció que la pensión decretada debía cubrirse en un monto equivalente al 90% noventa de la última percepción mensual como Magistrado Numerario; que tal pensión debía pagarse a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separara de sus labores; y tal pensión debía cubrirse por el Poder Judicial del Estado de Morelos, en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones. Artículo 3 Estableció que la pensión concedida debía incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Artículo 4 En este sentido, debe decirse que son infundados los conceptos de invalidez en los que se controvierte la forma de calcular la pensión, así como los incrementos respectivos, ya que los vicios que se atribuyen al respecto se hacen depender de aspectos que en forma alguna denotan una afectación al ámbito de facultades del aquí promovente. 12 de junio de 2019 Por otra parte, el Poder actor combate la parte del Decreto en donde se establece que la pensión concedida por el Congreso de Morelos deberá ser cubierta por el Poder Judicial de esa misma entidad, con cargo a su partida presupuestal destinada para pensiones, en tanto que ello representa una determinación del destino de una parte del presupuesto de dicho Poder. Al respecto debe decirse que, con base en las consideraciones anteriores, esta Suprema Corte considera que efectivamente, esa orden emitida por el Congreso local lesiona la independencia del Poder Judicial actor en el grado más grave subordinación y transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal referidos, pues a través de ella el Legislativo dispone de los recursos presupuestales de otro poder sin que le haya otorgado ningún tipo de participación y sin que hubiera generado previamente las condiciones legales y materiales para que el demandante pudiera hacer frente a esa carga. Aunado a ello, cabe destacar que si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones, los requisitos que deben cubrirse para ello y la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante Decreto; no define cómo deben financiarse esas pensiones, cómo, en su caso, se distribuirán las cargas respectivas entre las distintas instituciones para las cuales haya laborado el servidor público y mucho menos autoriza a éste a imponer la obligación del pago de las pensiones sin haber otorgado previamente los recursos presupuestales suficientes al Poder Judicial o Ejecutivo, para que sean, respectivamente, los que cubran aquellos a los servidores públicos que estén en sus respectivas nóminas al momento de generar el derecho a recibir su pensión. Y si bien ante esa indefinición podría pensarse que la propia ley posibilita que sea el Congreso local quien otorgue las pensiones con cargo al presupuesto de otro poder, esta Segunda Sala estima que es precisamente ello lo que torna al sistema de pensiones del Estado y al Decreto aquí impugnado inconstitucionales. Máxime que de conformidad con los artículos 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, el Congreso Estatal es el órgano encargado de revisar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado y, por ende, correspondería a dicha legislatura establecer y autorizar las partidas presupuestarias correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como de distribuir las cargas financieras dependiendo de qué poder o poderes fueron patrones del pensionista y por cuánto tiempo, pues es el propio Congreso quien cuenta con la información necesaria para ello en términos de la Ley del Servicio Civil.
1312 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL En mérito de las anteriores consideraciones, lo procedente es declarar la invalidez del Decreto 1852, publicado el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos el 14 de junio de 2017, únicamente en la parte del artículo 2º en donde se indica que la pensión será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. En este contexto, cabe precisar que el efecto de la invalidez parcial decretada no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado al trabajador pensionado y que no fueron materia de la invalidez decretada en la presente controversia, por lo que el Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá: Modificar el Decreto únicamente en la parte materia de la invalidez; y, A fin de no lesionar la independencia del Poder Judicial actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, deberá establecer de manera puntual: Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado, o En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión. Finalmente, resulta claro que el sistema de pensiones y jubilaciones del Estado de Morelos no responde a los principios establecidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México en materia de Seguridad Social. Por último, mientras no se adecue el sistema de pensiones y jubilaciones del Estado de Morelos a los principios establecidos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde ahora se vincula al Poder Legislativo demandado a no incurrir en el mismo vicio de inconstitucionalidad que le fue atribuido al Decreto impugnado y, por lo tanto, en los Decretos subsecuentes que llegue a emitir deberá atender los lineamientos que se precisaron en la declaratoria invalidez de esta sentencia, de tal forma que no vuelva a lesionar la independencia y autonomía en la gestión presupuestal del Poder Judicial actor por este motivo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Es parcialmente procedente y fundada la controversia constitucional. Página 13 SEGUNDO. Se sobresee respecto de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracción XIV, 45, fracción XV, párrafo primero, inciso c, 54, fracción VII, 55, 56, 57, último párrafo, y del 58 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada el 17 de enero de 2013; 56, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, publicada el 9 de mayo de 2007, y 109 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, publicado el 12 de junio de 2007. TERCERO. Se sobresee la controversia respecto del Decreto 1434, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos el 22 de febrero de 2017. CUARTO. Se declara la invalidez parcial del Decreto 1852, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos el 14 de junio de 2017, para los efectos precisados en la parte final del apartado VII de esta sentencia. Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: CONSIDERANDOS: PRIMERO.- En virtud de las sentencias ejecutorias que se atienden, una emitida en el Juicio de Amparo 1315/2017, por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos; y la otra, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional Número 128/2017, es por lo que este Poder Legislativo debe emitir otro, atendiendo a las consideraciones de cada una de las ejecutorias en cuestión; razón por la cual es menester que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de pensión por Jubilación presentada por el C. Ezequiel Honorato Valdez con fecha 15 de agosto de 2016. SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se establece: Artículo 40.- Son facultades del Congreso: I. Derogada II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. III. Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la consideración del Pleno, a saber:
14Página 14 PERIÓDICO OFICIAL Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de Decreto y demás asuntos que les sean turnados. Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una Comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigedad necesaria para el goce de este derecho; II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; y, III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste Capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos siguientes: A.- Para el caso de Jubilación, Cesantía por Edad Avanzada o Invalidez: I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del gobierno o del municipio que corresponda; III. Carta de certificación del salario expedida por la Dependencia o Entidad Pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y, IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual se decrete la invalidez definitiva. Artículo 58.- La pensión por Jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones: 12 de junio de 2019 I.- La pensión por Jubilación solicitada por los trabajadores en general, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: a.- Con 30 años de servicio 100%; b.- Con 29 años de servicio 95%; c.- Con 28 años de servicio 90%; d.- Con 27 años de servicio 85%; e.- Con 26 años de servicio 80%; f.- Con 25 años de servicio 75%; g.- Con 24 años de servicio 70%; h.- Con 23 años de servicio 65%; i.- Con 22 años de servicio 60%; j.- Con 21 años de servicio 55%; y, k.- Con 20 años de servicio 50%. Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su Jubilación de conformidad con el siguiente orden: a Con 28 años de servicio 100%; b Con 27 años de servicio 95%; c Con 26 años de servicio 90%; d Con 25 años de servicio 85%; e Con 24 años de servicio 80%; f Con 23 años de servicio 75%; g Con 22 años de servicio 70%; h Con 21 años de servicio 65%; i Con 20 años de servicio 60%; j Con 19 años de servicio 55%; y, k Con 18 años de servicio 50%. Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigedad se entiende como tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos vertidos en las sentencias que se cumplimentas, ésta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS, DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD No. 5503 EL CATORCE DE JUNIO DEL MISMO AÑO, y emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. EZEQUIEL HONORATO VALDEZ, para quedar en los siguientes términos:
1512 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL ANTECEDENTES: I.- Que por escrito de 12 de agosto de 2016, presentado en la Oficialía de Partes de este Congreso del Estado el 15 del mismo mes y año, el C. Ezequiel Honorato Valdez, solicitó Pensión por Jubilación, anexando para tal efecto, Copia Certificada del Acta de Nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil del Municipio de Joquicingo Estado de México, Hoja de Servicios y Constancia de Percepciones expedidas por el Director General de Administración del Poder Judicial del Estado, copia certificada de la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1091/2015 por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula Puebla, en apoyo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, así como copia certificada de la Ejecutoria dictada en el Recurso de Revisión Administrativa 179/2016, antes R.A. 711/2015 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos. II.- Que mediante Turno contenido en el Oficio Número SSLyP/DPL/AÑO 1/P.O.2/668/2016, de fecha 19 de agosto de 2016, recibido el 12 de septiembre del mismo año en esta Comisión Legislativa, el Secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios de este Congreso, remitió dicha solicitud y anexos al Diputado Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado. III.- Del análisis a la remitida solicitud de pensión por retiro y de la documentación que integra el expediente respectivo, se tiene lo siguiente: Primero.- Que por escrito presentado el 03 de junio de 2015, el C. Ezequiel Honorato Valdez, presentó ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta Ciudad, demanda de garantías, entre otros, en contra del Congreso del Estado de Morelos y por los actos que a continuación se transcriben: 5. Del análisis integral de la demanda, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la emisión, promulgación, refrendo y publicación, en el respectivo ámbito de sus competencias, del Decreto Dos Mil Catorce, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, el 22 de abril de 2015, El Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 1091/2015. Seguidos los trámites de Ley, con fecha 02 de septiembre de 2015, el Juez Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las labores del Juez Primero de Distrito en el Estado, resolvió por un lado sobreseer, y por el otro, otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado al C. Ezequiel Honorato Valdez. Página 15 Segundo.- Inconforme con dicha resolución, con fecha 24 de septiembre de 2015, el Congreso del Estado de Morelos, a través del Presidente de la Mesa Directiva interpuso Recurso de Revisión Administrativa, mismo que fue admitido mediante Acuerdo de Presidencia del 13 de octubre de 2015, por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, ahora denominado Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quedando registrado bajo el número RA. P-5/2001.711/2015 ADMINISTRATIVA. De igual manera el C. Ezequiel Honorato Valdez, mediante escrito presentado el 15 de octubre del mismo año, promovió amparo adhesivo en términos del artículo 82 de la Ley de Amparo, siendo admitido mediante Acuerdo de Presidencia del 16 del mismo mes y año. Tercero.- En Sesión de fecha 01 de julio de 2016, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, dictó ejecutoria mediante la cual resolvió en los siguientes términos: Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 80, 81, inciso I, fracción e,82, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 93 y demás relativos de la Ley de Amparo y 37 de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Ezequiel Honorato Valdez; contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, conforme a los razonamientos que al efecto emitió el tribunal de amparo en la resolución que se revisa. TERCERO. Se declara infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el quejoso Ezequiel Honorato Valdez, en términos del considerando octavo de esta ejecutoria. IV.- En cumplimiento a lo anterior, el Congreso del Estado, mediante Decreto Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5476 el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, otorgó al C. Ezequiel Honorato Valdez, la pensión por Jubilación a razón del 90% de su último salario percibido en su carácter de Juez de Primera Instancia; lo anterior atendiendo a lo resuelto en la Sentencia dictada en el Juicio de Garantías No. 1091/2015 por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos y promovido por el citado quejoso y confirmada en el Recurso de Revisión Administrativa 179/2016 Antes 711/2015 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito.
16Página 16 PERIÓDICO OFICIAL V.- No obstante lo anterior, con fecha veintitrés de febrero del año en curso, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos dictó el siguiente acuerdo: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el delegado de la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, informó la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, adjuntando para tal efecto el Decreto un mil cuatrocientos treinta y cuatro de seis de diciembre de dos mil dieciséis. Ahora, en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, cumplimiento que corresponde revisar al Juzgado de Distrito del conocimiento a fin de que sea exacto, es decir, sin exceso ni defectos, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Entonces, previo a realizar el pronunciamiento respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable y dada la majestad con que están investidas las sentencias de amparo, su cabal y oportuno cumplimiento implica una cuestión de orden público y de gran trascendencia para la vida jurídica-institucional del país, no sólo por el interés social que existe de que la verdad legal prevalezca, en aras de la concordia, tranquilidad y seguridad de los individuos, sino porque primordialmente, constituye la forma de hacer imperar, por sobre todas las cosas, los mandatos de la Carta Magna, que son el sustento y finalidad de nuestra organización federal; este órgano jurisdiccional estima conveniente requerir al Congreso del Estado de Morelos, señalado como responsable para que en el término de diez días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé el exacto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo anterior en virtud, del Decreto remitido en vía de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, resulta insuficiente para colmar los extremos a los que se vinculó a la indicada responsable. Lo anterior es de esta manera, debido a que en la ejecutoria de amparo, jamás se estableció que la pensión debería otorgarse en la calidad de juez, ya que dicha mención a tal calidad del quejoso, se realizó al analizar la antigedad de éste y su desempeño en cada uno de los puestos que ocupó en la carrera judicial; en este contexto, el Congreso del Estado, deberá cumplir de manera exacta con los efectos del amparo; los cuales son: A Que no se aplique en perjuicio del quejoso Ezequiel Honorato Valdez lo dispuesto por los artículos 26 bis a 26 sexies de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. B La presente declaratoria implica el reconocimiento del derecho que tiene el quejoso a la obtención de una pensión por Jubilación retiro; la cual se tramitará e términos de lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 12 de junio de 2019 C Que al momento en que el peticionario de amparo inicie el procedimiento previsto en dicha norma, a efecto de obtener su pensión por Jubilación retiro, las autoridades encargadas de resolverlo inapliquen lo dispuesto por el artículo 2º, párrafo segundo, de tal ley, así como cualquier otra disposición que fuera contraria al cumplimiento de este fallo o a las funciones de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Atento lo anterior, la Comisión Legislativa que suscribe emite los siguientes: CONSIDERANDOS: PRIMERO.- En virtud de lo resuelto en la sentencia ejecutoria que se cumplimenta, así como del proveído a que se ha hecho referencia en el apartado de Antecedentes que antecede, es por lo que es menester que esta Comisión Legislativa, de nueva cuenta entre al estudio y resuelva la solicitud de pensión por Jubilación presentada por el C. Ezequiel Honorato Valdez con fecha 12 de agosto de 2016. SEGUNDO.- La Autoridad Judicial Federal, al resolver otorgar el amparo solicitado, consideró fundados los agravios expresados por el C. Ezequiel Honorato Valdez, atento medularmente a las consideraciones siguientes: VI Estudio de fondo 14. El quejoso manifestó que el Decreto impugnado vulnera el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que afectará retroactivamente su derecho a gozar un haber de retiro, consistente en una pensión vitalicia, con motivo del cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos que gozó. 15. El argumento antes señalado es fundado. 16. El solicitante de amparo anexó a su demanda de amparo la certificación expedida por el Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, de la que se advierte, en lo que interesa, que fue designado Magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del 18 de mayo de 2000 al 17 de mayo de 2006; puesto en el que fue ratificado a partir del 18 de mayo de 2006, hasta 17 de mayo de 2014; es decir, ocupó el citado cargo de magistrado durante catorce años. 17. En dicha documental también se asentó que el peticionario de garantías desempeñó, desde el 1 de agosto de 1985 hasta el 17 de mayo de 2000, diversos cargos en la carrera judicial ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, desde secretario E, secretario de acuerdos, juez interino, juez mixto, juez penal y juez civil, lo que significa que antes de ser designado magistrado numerario trabajó catorce años con diez meses en el Poder Judicial Local en otras categorías, lo que da una antigedad total de casi veintinueve años al servicio de la impartición de justicia en el Estado de Morelos.
1712 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL 18. Ahora bien, la legislación vigente en la fecha en que el solicitante de amparo se separó del cargo de magistrado establecía lo siguiente: 19. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos: Artículo 89.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado se compondrá de los Magistrados Numerarios que se requieran para la integración de las salas que lo conformen, cuando menos de tres supernumerarios y en su caso, de los Magistrados interinos. Los magistrados serán designados por el Pleno del Congreso del Estado y sólo en el caso de los Magistrados Interinos, podrá designar también la Diputación Permanente, en ambos casos a propuesta del órgano político del Congreso, el cual emitirá la convocatoria pública para designar a los Magistrados, conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. Al término de los catorce años, los Magistrados numerarios tendrán derecho a un haber por retiro, conforme lo establezca la Ley en la materia. Para el caso de los Magistrados Supernumerarios, al término de su período se les otorgará de manera proporcional dicho derecho en los términos que establezca la Ley. El retiro forzoso de los Magistrados se producirá al cumplir sesenta y cinco años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el desempeño del cargo o de manera voluntaria. La Ley preverá los casos en que tendrán derecho a un haber por retiro en forma proporcional al tiempo en que ejercieron sus funciones en los términos de ley. Asimismo, la Ley en la materia, preverá la forma y proporción en que se otorgará el haber por retiro y la existencia de un mecanismo para generar los recursos para el pago del mismo a partir del presupuesto que se destine anualmente al Poder Judicial, evitando que su pago repercuta como un gasto excesivo a cargo del Presupuesto de dicho Poder. 20. El texto constitucional en cuestión deriva de la reforma publicada el 16 de julio de 2008, que en sus artículos transitorios previó lo siguiente: SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. TERCERO.- En términos del artículo 42, fracción III de la Constitución Política Local, en un plazo no mayor a los treinta días hábiles, el Tribunal Superior de Justicia, deberá presentar la iniciativa para adecuar la legislación conducente al presente ordenamiento. El Congreso del Estado en un plazo no mayor a los sesenta días hábiles procederá a expedir los ordenamientos correspondientes. Página 17 OCTAVO.- Aquellos Magistrados que tengan antecedentes como trabajadores al servicio del Estado o municipios, con antigedad de quince años o más, tendrán derecho a que se les otorgue, al término de su período, el haber de retiro o una pensión. La pensión se otorgará con base en lo que prevea la Ley de la materia, tomando en cuenta el último cargo que hayan tenido en el servicio público antes de ser Magistrados, actualizada o en su caso la homóloga a la fecha en que les sea otorgada la pensión, contándose sólo para efectos de antigedad el tiempo que ocuparon el cargo de Magistrados. 21. A pesar de que la Constitución morelense ordenó al legislador ordinario realizar los ajustes a la normatividad secundaria en un plazo no mayor a 60 días -, hasta el mes de mayo de 2014 fecha en que culminó sus funciones el quejoso no se había hecho ninguna modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal en materia de haber de retiro y/o pensiones, como se desprende de la simple lectura de su texto y se corrobora con la iniciativa que en esa materia presentó el Poder Judicial Estatal, en el sentido que estamos ante una laguna jurídica que debe subsanarse mediante el proceso legislativo. Esta simple circunstancia la omisión legislativa por sí sola resultó violatoria de garantías en perjuicio del solicitante de amparo, pues desde que se separó de su cargo no tenía certeza jurídica de cómo recibiría su haber de retiro o pensión, a pesar de que la norma constitucional estatal preveía tal derecho. 22. Con posterioridad a que el quejoso concluyó sus funciones como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el Congreso del Estado emitió el Decreto reclamado, que establece lo siguiente: ÚNICO.- Se adicionan cinco artículos para ser 26 Bis, 26 Ter, 26 Quater, 26 Quinquies y 26 Sexies, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para queda como sigue: ARTÍCULO 26 BIS.- Los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos tendrán derecho al Haber por Retiro, en los casos que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos determina, cuando: a Sea por retiro forzoso al alcanzar la edad máxima de sesenta y cinco años de edad o les sobrevenga incapacidad física o mental que los imposibilite para el desempeño del cargo, o b Se cumplan los plazos máximos de seis años sin ser ratificado, o catorce años en el ejercicio del cargo de Magistrado. ARTÍCULO 26 TER.- El Haber por Retiro consiste en una prestación económica que se cubrirá mediante único pago, en una sola exhibición, el cual se integrará por lo siguiente:
18Página 18 PERIÓDICO OFICIAL I. El equivalente a tres meses del salario que el Magistrado perciba en el momento en que corresponda el pago de esta prestación, y II. El equivalente a un mes de salario por cada dos años de servicios prestados como Magistrado. ARTÍCULO 26 QUATER.- El Haber por Retiro no se otorgará en los casos en que el Magistrado sea privado de su cargo en forma definitiva por sanción aplicada en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. ARTÍCULO 26 QUINQUIES.El área competente del Tribunal de que se trate procederá a efectuar el cálculo de la prestación que corresponda al Magistrado por concepto de haber por retiro, y una vez determinada esa cuantía del Haber por Retiro se procederá a su liquidación; para lo cual se deberá notificar al interesado el acuerdo en que se determine la cuantía, señalando con precisión los trámites que deban cubrirse para obtener el pago de esta prestación. Cuando durante la tramitación del Haber por Retiro falleciere el Magistrado, esta prestación se deberá otorgar a sus beneficiarios. ARTÍCULO 26 SEXIES.- Las disposiciones contenidas en los artículos 26 Bis, 26 Ter, 26 Quater y 26 Quinquies de esta Ley, referentes al Haber por Retiro, resultan aplicables para los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. De la misma manera, las disposiciones antes señaladas resultarán aplicables a los Magistrados del Tribunal Electoral de Morelos que hayan fungido antes de la Reforma Constitucional en Materia Político Electoral y que no hayan sido ratificados por el Senado de la República. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA. Remítase el Decreto al Gobernador Constitucional del Estado, para los efectos señalados en los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, incisos a y c, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. SEGUNDA. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. TERCERA. Una vez que entre en vigor el presente Decreto, el Poder Judicial del Estado de Morelos, presentará su propuesta de asignación de recursos presupuestales para cubrir los Haberes por Retiro, al Titular del Poder Ejecutivo, para que éste presente la Iniciativa de modificación del Decreto por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, respecto de los recursos asignados al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos para el Ejercicio del año Fiscal dos mil catorce. 12 de junio de 2019 23. De lo hasta aquí narrado se advierte que en la reforma constitucional morelense, de 16 de julio de 2008, se estableció que los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia tendrían derecho a un haber de retiro al culminar sus funciones; en el régimen transitorio se precisó que tratándose de magistrados que hubieran prestado sus servicios al Estado durante quince años o más, tendrían derecho al haber de retiro o a una pensión. 24. Desde la fecha precisada en el párrafo anterior, hasta el 22 de abril de 2015, el Poder Legislativo del Estado de Morelos no se reguló lo relativo al haber de retiro, lo cual, por sí mismo, es violatorio de derechos humanos, como ya se dijo en el párrafo 21 de esta sentencia. 25. El ahora quejoso concluyó su término de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos el 17 de mayo de 2014; por tanto, la única normatividad existente en esa fecha, eran las disposiciones constitucionales de la reforma de 16 de julio de 2008, en la que se preveía expresamente que los magistrados numerarios que hubieren prestado sus servicios al Estado por más de quince años tendrían derecho al haber de retiro o a una pensión. De esta manera, a partir de esa fecha ya había entrado en su esfera de derechos el derecho a optar por el haber de retiro o la pensión a que hace mención el régimen transitorio en estudio. 26. El Congreso del Estado de Morelos, al adicionar los artículos 26 bis a 26 sexies, estableció, en lo que interesa, que los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, tendrían derecho a un haber de retiro, equivalente a un pago único, en una sola exhibición, sin considerar un sistema optativo para los servidores públicos que tuvieran más de quince años de antigedad al servicio del Estado, como sería el pago de una pensión, en franca contravención a lo que dispuso el Constituyente Morelense. 27. Es conveniente destacar que el Decreto impugnado, en régimen transitorio, no establece ninguna diferencia entre los magistrados que se hubieran retirado antes de su entrada en vigor o los que se retiraran con posterioridad a su vigencia, por lo que está regulando situaciones acontecidas en el pasado, violando con ello la prohibición de retroactividad de las leyes, de conformidad con la teoría de los componentes de la norma, pues el quejoso se retiró el 17 de mayo de 2014, fecha en que el régimen normativo establecía a su favor la obtención de una pensión al momento de su retiro; sin embargo, el Decreto combatido publicado el 22 de abril de 2015, desconoció dicho derecho, por lo que esta última norma está variando, suprimiendo y modificando consecuencias legales a hechos que ocurrieron con anterioridad a su vigencia.
1912 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL 28. En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, se impone conceder el amparo solicitado por el quejoso, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. VII Efectos de la sentencia. 30. Los efectos tradicionales de las sentencias de amparo contra normas generales implican: A Que se desincorpore de la esfera jurídica la norma inconstitucional y, como consecuencia, que ninguna autoridad podrá volver a aplicarlos en su perjuicio mientras esta se encuentre vigente; B Resarcir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado. 31. Respecto al segundo punto, conviene destacar que al no serle aplicable el Decreto impugnado al quejoso, entonces se crea una laguna jurídica, ya que al momento en que se retiró el agraviado del cargo de magistrado numerario no existía legislación que regulara el haber de retiro o pensiones respectivas; no obstante, tal situación no puede ser obstáculo para tutelar los derechos fundamentales del agraviado. 32. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, por ejemplo, que cuando se otorga el amparo contra una ley que no establece la garantía de audiencia, las autoridades aplicadoras deben respetar ese derecho fundamental desarrollando un procedimiento en el que cumplan las formalidades esenciales, aun cuando para ello no existan disposiciones legales directamente aplicables. 33. Siguiendo el razonamiento anterior, analógicamente, se debe determinar, a efecto de no dejar en estado de incertidumbre al quejoso, que el agraviado sí tiene derecho a solicitar una pensión, conforme lo establece el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional morelense de 16 de julio de 2008. 34. Tomando en consideración que la autorización de pensiones implica la revisión de ciertos requisitos, así como el pago periódico de una cantidad económica por parte del Estado, el procedimiento no puede dejarse al libre albedrío de la autoridad que, en su momento, tenga que acatar este fallo. Para tal efecto, es necesario que el otorgamiento de la pensión se haga conforme a la legislación burocrática en el Estado de Morelos, siempre y cuando se tomen en consideración las particularidades de la función judicial y se eliminen trabas que pudiesen obstaculizar su resolución; lo anterior, en aras de eliminar el vacío jurídico existente en materia de pensiones a Magistrados y hacer efectivo el principio de impartición de justicia completa, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Página 19 35. De esta manera, el procedimiento que el quejoso deberá seguir para obtener su pensión será el establecido por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que en su artículo 2º define al trabajador al servicio del Estado como la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria en virtud de nombramiento expedido a su favor por alguno de los Poderes del Estado. 36. Por su parte, los preceptos 43, fracción XIV y 54, fracción VII, de la citada ley establecen que los trabajadores al servicio del Estado tendrán derecho a una pensión por Jubilación, cesantía en edad avanzada y por invalidez; mientras que el diverso numeral 56 señala que tal prestación se otorgará mediante Decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esa Ley y los demás ordenamientos aplicables. 37. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional el contenido del artículo 2º, párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que excluye de la definición de trabajador al servicio del Estado a los magistrados numerarios del Poder Judicial estatal, pues para materializar el presente fallo protector de garantías, las autoridades encargadas de otorgar la pensión por retiro del quejoso, incluida el Congreso del Estado, deberá inaplicar tal porción normativa, además de todas las demás disposiciones legales que sean incompatibles con este fallo y la función de magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 38. De esta manera, los efectos de esta sentencia son los siguientes: A Que no se aplique en perjuicio del quejoso Ezequiel Honorato Valdez lo dispuesto por los artículos 26 bis a 26 sexies de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Morelos; B La presente declaratoria implica el reconocimiento del derecho que tiene el quejoso a la obtención de una pensión por Jubilación retiro; la cual se tramitará en términos de lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; C Que al momento en que el peticionario de amparo inicie el procedimiento previo en dicha norma, a efecto de obtener su pensión por Jubilación retiro, las autoridades encargadas de resolverlo inapliquen lo dispuesto por el artículo 2º, párrafo segundo, de tal ley, así como cualquier otra disposición que fuera contraria al cumplimiento de este fallo o a las funciones de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 39. Tomando en consideración que el procedimiento de obtención de pensión está sujeto a que el solicitante de derechos humanos realice la solicitud correspondiente, en términos de las leyes aplicables, las autoridades deberán acatar fielmente esta determinación una vez iniciado el procedimiento respectivo.
20Página 20 PERIÓDICO OFICIAL Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se RESUELVE: SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ezequiel Honorato Valdez en contra de los actos reclamados al Congreso y Gobernador, consistentes en la aprobación y promulgación del Decreto Dos Mil Catorce, publicado en el Periódico Oficial el 22 de abril de 2015, por el que se adicionaron los artículos 26 bis a 26 sexies de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por las razones y para los efectos precisados en los considerandos VI y VII. TERCERO.- Ahora bien, mediante ejecutoria del 01 de julio del año en curso, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, dictada en el Recurso de Revisión Administrativa Número 179/2016 antes 711/2015, resolvió lo siguiente: PRIMERO.- En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Ezequiel Honorato Valdez; contra los actos y las autoridades precisadas en resultando primero, conforme a los razonamientos que al efecto emitió el tribunal de amparo en la resolución que se recurre. TERCERO. Se declara infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el quejoso Ezequiel Honorato Valdez, en términos del considerando octavo de esta ejecutoria. CUARTO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece: Artículo 40.- Son facultades del Congreso: I. Derogada II. Expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las Leyes, Decretos y Acuerdos para el Gobierno y Administración interior del Estado. III. Conforme a los artículos 53, 57 y 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, esta Comisión Legislativa es competente para resolver el presente asunto, en virtud de que le corresponde conocer, estudiar y dictaminar los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, así como la facultad de investigación para comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigedad de los trabajadores para el beneficio de las pensiones, así como atender los asuntos que el Presidente de la Mesa Directiva le turne, para someterlos posteriormente a la consideración del Pleno, a saber: 12 de junio de 2019 Artículo 53.- Las Comisiones Legislativas, son Órganos Colegiados constituidos por el Pleno del Congreso del Estado, cuyas funciones son las de conocer, analizar, investigar, discutir y en su caso dictaminar, las Iniciativas de Ley, los Proyectos de Decreto y demás asuntos que les sean turnados. Artículo 57.- A las Comisiones les corresponde tomar sus decisiones por mayoría simple de votos de sus miembros; en caso de empate el Presidente de la Comisión tendrá voto de calidad. Cuando alguno de los miembros de una Comisión disienta del dictamen aprobado, podrá expresar su parecer por escrito, emitiendo un voto particular dirigido al Presidente de la Comisión a fin de que se someta a consideración de la Asamblea junto con el dictamen de la mayoría. Artículo 67.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social tendrá bajo su responsabilidad: I.- El conocimiento, estudio y dictamen de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del estado y los municipios, así como realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigedad necesaria para el goce de este derecho; II.- Opinar sobre la política laboral y desempeño de los Tribunales Laborales; y, III.- Revisar los ordenamientos de previsión y seguridad social y en su caso se promuevan reformas ante el Congreso de la Unión. Así mismo los artículos 57 y 58, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establecen: Artículo 57.- Para disfrutar de las pensiones señaladas en éste Capítulo, los peticionarios deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos siguientes: A.- Para el caso de Jubilación, Cesantía por Edad Avanzada o Invalidez: I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil correspondiente; II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del gobierno o del municipio que corresponda; III. Carta de certificación del salario expedida por la Dependencia o Entidad Pública a la que se encuentre adscrito el trabajador; y, IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual se decrete la invalidez definitiva. Artículo 58.- La pensión por Jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en cual quiera de los tres Poderes del Estado y /o de los municipios, de conformidad con las siguientes disposiciones:
2112 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL I.- La pensión por Jubilación solicitada por los trabajadores en general, se determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente: a.- Con 30 años de servicio 100%; b.- Con 29 años de servicio 95%; c.- Con 28 años de servicio 90%; d.- Con 27 años de servicio 85%; e.- Con 26 años de servicio 80%; f.- Con 25 años de servicio 75%; g.- Con 24 años de servicio 70%; h.- Con 23 años de servicio 65%; i.- Con 22 años de servicio 60%; j.- Con 21 años de servicio 55%; y, k.- Con 20 años de servicio 50%. Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada. II.- Las mujeres que trabajan tendrán derecho a su Jubilación de conformidad con el siguiente orden: a Con 28 años de servicio 100%; b Con 27 años de servicio 95%; c Con 26 años de servicio 90%; d Con 25 años de servicio 85%; e Con 24 años de servicio 80%; f Con 23 años de servicio 75%; g Con 22 años de servicio 70%; h Con 21 años de servicio 65%; i Con 20 años de servicio 60%; j Con 19 años de servicio 55%; y, k Con 18 años de servicio 50%. Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigedad se entiende como tiempo laborado en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes. Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, y siguiendo estrictamente los lineamientos vertidos en la sentencia que se cumplimenta, así como del proveído de fecha veintitrés de febrero del año en curso, dictado en el Juicio de Amparo 1091/2015 por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ésta Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Asamblea del Poder Legislativo del Estado de Morelos, el siguiente Dictamen con: PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO, DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD No. 5476, EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, y se emite DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. EZEQUIEL HONORATO VALDEZ, para quedar en los siguientes términos: Página 21 CONSIDERACIONES I.- En fecha 15 de agosto de 2016, el C. Ezequiel Honorato Valdez, por su propio derecho y en cumplimiento a la ejecutoria que se atiende, presentó ante este Congreso solicitud de pensión por Jubilación de conformidad con la hipótesis contemplada en el artículo 58, fracción II, inciso a, de la Ley del Servicio Civil del Estado, acompañando a su petición la documentación exigida por el artículo 57, apartado A, fracciones I, II y III, del marco legal antes mencionado, consistentes en: a Copia Certificada del Acta de Nacimiento de fecha 27 de julio de 2016, expedida por el Oficial del Registro Civil del Municipio de Joquicingo Estado de México, mediante la cual se certifica que el C. Ezequiel Honorato Valdez, nació en la Ciudad de Maxtleca, Joquicingo, Estado de México, el 10 de abril de 1954. b Original de Hoja de Servicios de fecha 15 de julio de 2016 expedida a favor del C. Ezequiel Honorato Valdez, por el Director General de Administración del Poder Judicial del Estado del Estado de Morelos. c Original de Constancia de Percepción de Ingresos de fecha 15 de julio de 2016, expedida a favor del C. Ezequiel Honorato Valdez, por el Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. d Copia certificada de la sentencia dictada en el Juicio de Amparo 1091/2015 por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula Puebla, en apoyo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. e Copia certificada de la Ejecutoria dictada en el Recurso de Revisión Administrativa 179/2016, antes R.A. 711/2015 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos. II.- Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por Jubilación se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el Decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y de conformidad con el artículo 58 del mismo ordenamiento, la pensión por Jubilación, se otorgará al trabajador que conforme a su antigedad se ubique en el supuesto correspondiente. III.- Ahora bien, tomando en cuenta lo resuelto por la Autoridad Judicial Federal en la ejecutoria que nos ocupa, el Juzgador en una de sus consideraciones estableció lo siguiente:
22Página 22 PERIÓDICO OFICIAL 37. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional el contenido del artículo 2º, párrafo segundo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que excluye de la definición de trabajador al servicio del Estado a los magistrados numerarios del Poder Judicial estatal, pues para materializar el presente fallo protector de garantías, las autoridades encargadas de otorgar la pensión por retiro del quejoso, incluida el Congreso del Estado, deberá inaplicar tal porción normativa, además de todas las demás disposiciones legales que sean incompatibles con este fallo y la función de magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 38. De esta manera, los efectos de esta sentencia son los siguientes: A Que no se aplique en perjuicio del quejoso Ezequiel Honorato Valdez lo dispuesto por los artículos 26 BIS a 26 SEXIES de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Morelos; B La presente declaratoria implica el reconocimiento del derecho que tiene el quejoso a la obtención de una pensión por Jubilación retiro; la cual se tramitará en términos de lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; C Que al momento en que el peticionario de amparo inicie el procedimiento previo en dicha norma, a efecto de obtener su pensión por Jubilación retiro, las autoridades encargadas de resolverlo inapliquen lo dispuesto por el artículo 2º, párrafo segundo, de tal ley, así como cualquier otra disposición que fuera contraria al cumplimiento de este fallo o a las funciones de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Atento a lo anterior, en los resolutivos del fallo se determina que el C. Ezequiel Honorato Valdez, tiene derecho a una pensión en términos de lo que establece la Ley del Servicio Civil del Estado, y que al momento de resolver, el Congreso del Estado no le debe aplicar el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley Burocrática que excluye de la definición de trabajador al servicio del Estado a los Magistrados Numerarios, así como cualquier otra disposición que sea contraria al cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa o a las funciones de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado. IV.- Del análisis practicado a la documentación antes relacionada y una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado mediante Oficio Número CTPySS/LIII/0888/16, del 28 de septiembre de 2016, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigedad del C. Ezequiel Honorato Valdez, por lo que se acredita una antigedad en el servicio público de manera ininterrumpida de 28 años, 09 meses, 16 12 de junio de 2019 días, ya que prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, habiendo desempeñado los cargos siguientes: Secretario E, adscrito al Juzgado Segundo Civil, comisionado al Juzgado Tercero Civil de esta Ciudad, del 01 de agosto de 1985 al 08 de diciembre de 1987; Secretario E adscrito al Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial en el Estado con residencia en Xochitepec, Morelos, del 09 de diciembre de 1987 al 09 de enero de 1990; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Mixto del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Tetecala, Morelos, del 10 de enero de 1990 al 14 de abril de 1991; Juez del Juzgado Mixto del Segundo Distrito Judicial con residencia en Tetecala, Morelos, del 15 al 19 de abril de 1991; Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto del Segundo Distrito Judicial con residencia en Tetecala, Morelos, del 20 de abril de 1991 al 30 de septiembre de 1992; Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Segundo Civil de esta Ciudad, del 01 de octubre de 1992 al 28 de septiembre de 1993; Juez Civil Interino del Cuarto Distrito Judicial con residencia en Jojutla, Morelos, del 29 de septiembre de 1993 al 31 de mayo de 1994; Secretario de Acuerdos, adscrito al Juzgado Mixto del Octavo Distrito Judicial en el Estado con residencia en Xochitepec, Morelos, del 01 de junio de 1994 al 24 de abril de 1995; Provisionalmente Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, Morelos, del 25 de abril al 03 de mayo de 1995; Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con residencia en Xochitepec, Morelos, del 04 de mayo de 1995 al 25 de febrero de 1996; Juez Segundo Penal de Primera Instancia de esta Ciudad, del 26 de febrero de 1996 al 16 de marzo de 1997; Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 17 de marzo de 1997 al 02 de febrero de 1998; Temporalmente Juez Penal del Cuarto Distrito Judicial, del 03 de febrero al 01 de marzo de 1998; Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 02 de marzo al 06 de septiembre de 1998; Juez Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, del 07 de septiembre de 1998 al 17 de mayo de 2000; Magistrado Numerario del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 18 de mayo de 2000 al 17 de mayo de 2006; Se ratifica como Magistrado Numerario del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, del 18 de mayo de 2006 al 17 de mayo de 2014, fecha en que concluye su encargo de Magistrado Numerario, causando baja a partir del 18 del mismo mes y año. De lo anterior se desprende que la Jubilación solicitada encuadra en lo previsto por el artículo 58, fracción II, inciso a, del cuerpo normativo antes aludido, por lo que al quedar colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es conceder al trabajador en referencia el beneficio solicitado.
2312 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL Por lo anteriormente expuesto, esta LIV Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: DECRETO NÚMERO TRESCIENTOS QUE ABROGA EL DIVERSO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO, DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NO. 5476, EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, Y SE EMITE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN POR JUBILACIÓN, AL C. EZEQUIEL HONORATO VALDEZ. ARTÍCULO 1.- Se abroga el Decreto Número Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5476 el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Ezequiel Honorato Valdez, a razón del 90 % del último salario percibido por el solicitante en su carácter de Juez de Primera Instancia, dejándolo sin efecto legal alguno. ARTÍCULO 2.- Se abroga el Decreto Número Mil Ochocientos Cincuenta y Dos, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5503 el catorce de junio de dos mil diecisiete, por el que se otorga pensión por Jubilación al C. Ezequiel Honorato Valdez, a razón del 90 % del último salario percibido por el solicitante en su carácter de Magistrado Numerario, dejándolo sin efecto legal alguno. ARTÍCULO 3.- Se concede pensión por Jubilación al C. Ezequiel Honorato Valdez, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos desempeñando como último cargo el de: Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia. ARTÍCULO 4.- La pensión decretada deberá cubrirse al 100 % de la última percepción mensual como Magistrado Numerario, a partir del día siguiente a aquél en que el servidor público se haya separado de dicho cargo, y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de Decretos Pensionarios controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisado en el Anexo 2 del Artículo Décimo Octavo del Decreto Número Setenta y Seis, por el que se Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del Primero de Enero al 31 de Diciembre de 2019, y las partidas respectivas de los Ejercicios subsecuentes. Página 23 ARTÍCULO 5º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley. ARTÍCULOS TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos que indican los artículos 44 y 70, fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. TERCERO.- Notifíquese a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia pronunciada en la Controversia Constitucional Número 128/2017, promovido por el Poder Judicial del Estado de Morelos. CUARTO.- Notifíquese al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos el contenido del presente Decreto, a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia pronunciada en el Juicio de Garantías Número 1315/2017, promovido por el C. Ezequiel Honorato Valdez. Recinto Legislativo, en Sesión Ordinaria de Pleno del día uno de mayo del año dos mil diecinueve. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Secretaria. Dip. Marcos Zapotitla Becerro, Secretario. Rúbricas. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del estado de Morelos a los veinticuatro días del mes de mayo del dos mil diecinueve. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO SECRETARIO DE GOBIERNO LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS RÚBRICAS.
24Página 24 PERIÓDICO OFICIAL Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: Tierra y Libertad.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED: Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente: La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II, del artículo 40, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES 1.- Mediante el Decreto número 1221, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad No. 5158 de fecha veintidós de enero del dos mil catorce, la Quincuagésima Segunda Legislatura resolvió el procedimiento de evaluación ratificándose a la Licenciada Ana Virinia Pérez Gemes, por un período de ocho años en el cargo de Magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en el Estado de Morelos, por el período que comprende del primero de enero del año dos mil catorce al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno. 2.- En el artículo segundo del mismo Decreto 1221, el Congreso del Estado, aprobó la no ratificación del ciudadano Armando Brito Astudillo, en el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, concluyendo su cargo como Magistrado Suplente de dicho Tribunal el treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, siendo publicado el multicitado Decreto en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, el veintidós de enero de dos mil catorce. 3.- En el mismo Decreto se ordenó a éste Órgano Colegiado, emitir la Convocatoria correspondiente para la designación del Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, por lo que la Junta Política de la Quincuagésima Segunda Legislatura publicó la Convocatoria referida. 4.- De esta forma, la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura emitió y publicó con fecha primero de octubre del dos mil catorce, la Convocatoria para la designación de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en el portal de internet del Congreso del Estado y en dos periódicos de mayor circulación de la entidad. 12 de junio de 2019 5.- Publicada dicha Convocatoria, en dos periódicos de circulación estatal, en el portal electrónico del Congreso del Estado de Morelos, la recepción de propuestas de candidaturas se realizó en la Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno, del primero al catorce de octubre de dos mil catorce, en un horario de nueve a dieciocho horas. Vencido el plazo, se recepcionaron las solicitudes de cinco aspirantes para ocupar el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. 6.- Teniendo a la vista los documentos de los aspirantes y considerando lo establecido en la Convocatoria respectiva, una vez transcurrido el plazo de registro, la Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno, procedió a la integración de los expedientes de los mismos, formando uno por cada aspirante y a la revisión de la totalidad de los documentos que alude la Convocatoria en comento en la Base Tercera. 7.- Con base en lo señalado en los ordenamientos citados y los requisitos de la Convocatoria citada, y en la Sesión de la Junta Política y de Gobierno celebrada el veintisiete de octubre de dos mil catorce, teniendo a la vista las constancias y documentos entregados por los aspirantes, que determinó que sólo tres de los cinco aspirantes reunían los requisitos establecidos en las bases de la Convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. 8.- Asimismo, conforme a la Base Cuarta, se determinó que los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria fueran publicados el día martes veintiocho de octubre de dos mil catorce, en el portal de internet del Congreso del Estado de Morelos convocándolos para presentar el Examen de Oposición previsto en el artículo 109-ter, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 9.- Conforme a lo establecido en las bases de la Convocatoria, se notificó a los aspirantes mediante correo electrónico el resultado de los exámenes de oposición y psicométrico, practicados por Evaluadores del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad del Estado de Morelos a través de la Facultad de Derecho y de Psicología. 10.- Con base a la Convocatoria y por Acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, el día tres de noviembre de dos mil catorce, se evaluaron los aspectos contenidos en ésta.
2512 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL 11.- Es preciso referir que con fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, el ciudadano Armando Brito Astudillo, promovió ante el Juez Segundo de Distrito el Juicio de garantías número 2309/2014, en contra del Decreto número 1221, publicado el veintidós de enero de dos mil catorce en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, que no lo ratificó en el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, el cual fue resuelto por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio del Juzgado Segundo de Distrito del Décimo Octavo Circuito, mediante ejecutoria de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, concediendo al quejoso la protección de la Justicia Federal, para que se deje sin efecto la resolución aprobada por el Congreso del Estado, mediante la cual no se ratificó a Armando Brito Astudillo en el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, contenida en el Decreto 1221, publicado el veintidós de enero en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, ordenando dejar insubsistente las gestiones y dictamen realizados para tal fin, y en caso de que deba dictarse otro se atienda a los requisitos establecidos por el artículo 14 Constitucional, es decir, se siga el procedimiento por autoridad competente, en el que se cumpla con las formalidades esenciales y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, respetando la garantía de audiencia. En cumplimiento a dicha ejecutoria, la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura, procedió a emitir el Acuerdo por el que se resuelve la situación jurídica del ciudadano Armando Brito Astudillo, en relación al cargo de Magistrado Suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, mismo que fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado el día diecisiete de marzo de dos mil quince y publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, el veinticinco del mismo mes y año. Mediante dicho Acuerdo, se garantizó al quejoso el respeto a la Garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Federal y el cumplimiento de las garantías esenciales del procedimiento. Con esta misma fecha, la Junta Política y de Gobierno, aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se resuelve la situación jurídica del ciudadano Armando Brito Astudillo, en relación al cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, derivado de la sentencia emitida en el juicio de amparo 2309/2014-V, concluyendo que no es de ratificársele en el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia Para Adolescentes del Estado de Morelos, por lo que esta Junta Política y de Gobierno se encuentra en aptitud de continuar con el procedimiento para la designación del Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, iniciado mediante la Convocatoria publicada por la LII Legislatura el pasado primero de octubre de dos mil catorce, antes referida. Página 25 12.- En el Decreto número 1221 señalado en líneas que anteceden se ordenó a este Órgano Político, emitir la Convocatoria correspondiente para la designación del Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, por lo que se hizo lo conducente, a lo cual se inscribieron los siguientes cinco candidatos: María del Carmen Filio Tinajero, José Manuel Serrano Salmerón, José Luis Jaimes Olmos, Rosalva Meza Cuevas y Andrés Gustavo Meza Cuevas, de los cuales solo las tres primeras personas en mención cumplieron los requisitos establecidos, aplicándoles el Examen de Oposición que contempla la Ley, obteniendo resultados aprobatorios la tercia de participantes; por lo cual la Junta Política determino en igual de condiciones, llevarlos al Pleno para que fuera éste quien por medio de votación eligiera al designado para ocupar el cargo. De lo anterior, resulto favorecida y designada con la votación del Pleno para ocupar el cargo la ciudadana María del Carmen Filio Tinajero, por lo cual se expidió el Decreto Novecientos Ochenta y Siete, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad de fecha treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, mediante el cual se nombró a la antes mencionada como Magistrada Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes en el Estado de Morelos. Inconforme con lo anterior el ciudadano José Luis Jaimes Olmos, interpuso juicio de amparo en contra de dicho Decreto con fecha veintiuno de septiembre del dos mil dieciséis, recayendo en el número de expediente 1613/2016, mismo que el Juzgado resolvió sobreseer; por lo que en desacuerdo, el ciudadano José Luis Jaimes Olmos, interpuso Recurso de Revisión, el cual toco conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Decimoctavo Circuito, admitiéndose por ese juzgado el día cuatro de junio del dos mil dieciocho, registrándose con el número RAP-5/2013 375/2018, en el cual la autoridad determino y resolvió revocar la sentencia recurrida en los siguientes términos: La justicia de la unión ampara y protege a José Luis Jaimes Olmos, en contra de actos y autoridades precisado en el último considerando de esta ejecutoria y para los efectos señalados en la parte final del mismo. Por lo cual, para mayor comprensión resulta necesario transcribir dicho considerando en lo que interesa: En cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable, Congreso del Estado de Morelos, deberá: 1- Dejar insubsistente el Decreto Novecientos Ochenta y Siete, mediante el cual el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, designó como Magistrada Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, a la Licenciada María del Carmen Filio Tinajero, que fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por haberse omitido en contravención a lo dispuesto en el artículo 109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, según se explicó en párrafos precedentes.
26Página 26 PERIÓDICO OFICIAL 2- Una vez hecho lo anterior, deberá proceder en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 109 ter en relación con la fracción XXVII del diverso numeral 40, ambos de la Constitución Local, es decir, realizará el nombramiento de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, para lo cual, queda vinculado a los siguientes lineamientos: a. Al momento de emitir su voto, los integrantes de la referida autoridad deberán tomar en cuenta los resultados obtenidos por los aspirantes en el Examen de Oposición a que se refiere el artículo 109 ter, de la Constitución Política del Estado de Morelos; así como el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que la norma constitucional local prevé para el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos; b. Realizada la votación, el Órgano Legislativo responsable deberá emitir su decisión debidamente fundada y motivada, en la que además de citar los preceptos legales que sustenten la designación que realice, deberá expresar los motivos por los cuales haya arribado a la conclusión de que la persona nombrada es a quien de acuerdo con los resultados del procedimiento de designación, corresponde legalmente ocupar el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. 13.- Por lo anterior y en relación con el fallo en mención, esta Junta Política y de Gobierno, emite el presente dictamen en armonía con dicha sentencia, cumpliendo con todos los requisitos de la norma constitucional local para el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, y reflejando en éste los resultados obtenidos por los aspirantes en el Examen de Oposición a efecto de que el Pleno tome en cuenta esos parámetros al momento de emitir y razonar su votación para la designación que nos ocupa; concatenado lo expuesto con las siguientes: CONSIDERACIONES I.- La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, es competente para dictaminar el presente asunto en términos de lo que disponen los artículos 40, fracción XXXVII, en relación con el artículo 90 y 109 ter, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 50, fracción III, inciso g, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. II.- El artículo 109 ter de la Constitución Política del Estado de Morelos, contemplaba que El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes será el responsable de la administración de justicia para menores a que se refiere el artículo 19, inciso d párrafo cuarto, de esa Constitución. 12 de junio de 2019 III.- Asimismo, el artículo 109 ter establecía que: Para ser Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, se deberá acreditar especialización en la materia y reunir los requisitos que esta Constitución establece para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; será nombrado por el Congreso del Estado previa Convocatoria a Examen de Oposición que emitirá el Órgano de Gobierno del Congreso del Estado. IV.- En consonancia con esta disposición, el artículo 40, fracción XXXVII de la misma Constitución, establece que es facultad del Congreso del Estado, designar al Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes de conformidad con lo previsto en esa Constitución. V.- En términos del artículo 109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, habrá un Magistrado Titular y un Suplente, así como el número de Jueces especializados que señale la Ley Orgánica que para tal efecto se expida. VI.- Los aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado Suplentes del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y la Convocatoria respectiva. VII.- El artículo 50, fracción III, inciso g, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado prevé que es facultad de la Junta Política y de Gobierno proponer al Pleno del Congreso para su aprobación las designaciones de los Magistrados que integran el Poder Judicial, para lo cual la Junta Política y de Gobierno, establecerá los criterios para las designaciones conforme lo establece la Constitución del Estado y esta Ley. VIII.- Asimismo, en el artículo cuarto transitorio del Decreto 1221 se ordenó: Una vez haya dado inicio el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esa Quincuagésima Segunda Legislatura, emitir la Convocatoria correspondiente para la designación del Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, por lo que en la Sesión cuarta del día veintidós de Septiembre de dos mil catorce, la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura, aprobó por unanimidad de sus integrantes el Acuerdo por el que se publica la Convocatoria para la designación del Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes. IX.- De esta forma, la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura, emitió y publicó con fecha primero de octubre del dos mil catorce, la Convocatoria para la designación de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en el portal de internet del Congreso del Estado y en dos periódicos de mayor circulación de la entidad, por lo que la Convocatoria fue ampliamente difundida y dada a conocer a efecto de que cualquier profesionista accediera a la misma y tuviera la oportunidad de inscribirse.
2712 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL X.- Publicada dicha Convocatoria en dos periódicos de circulación Estatal y en el portal electrónico del Congreso del Estado de Morelos, la recepción de propuestas de candidaturas se realizó en la Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno, del primero al catorce de octubre del dos mil catorce, en un horario de nueve a dieciocho horas. Vencido el plazo se recepcionaron las solicitudes de cinco aspirantes para ocupar el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, mismos que en orden alfabético, son los siguientes: 1. María del Carmen Filio Tinajero 2. José Luis Jaimes Olmos 3. Andrés Gustavo Meza Cuevas 4. Rosalva Meza Cuevas 5. José Manuel Serrano Salmerón XI.- Teniendo a la vista los documentos de los aspirantes considerando lo establecido en la Convocatoria respectiva y transcurrido el plazo de registro, la Secretaría Técnica de la Junta Política y de Gobierno, procedió a la integración de los expedientes de los mismos, formando uno por cada aspirante y a la revisión de la totalidad de los documentos que alude la Convocatoria en comento en la Base Tercera. XII.- Con base en lo señalado en los ordenamientos citados y a los requisitos de la Convocatoria que al efecto se transcribieron y además teniendo a la vista las constancias y documentos entregados por los aspirantes, se concluyó en la Sesión Octava de la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura, celebrada el veintisiete de octubre de dos mil catorce, que sólo tres de los cinco aspirantes cubrían los requisitos establecidos en la Convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, siendo los siguientes: 1. María del Carmen Filio Tinajero 2. José Luis Jaimes Olmos 3. José Manuel Serrano Salmerón XIII.- Asimismo, conforme a la Base Cuarta, se determinó que los aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria fueran publicados el día martes veintiocho de octubre de dos mil catorce en el portal de internet del Congreso del Estado de Morelos convocándolos para presentar Examen de Oposición previsto en el artículo 109-ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. XIV.- Conforme lo establecido en las bases de la Convocatoria se les notificó a los aspirantes vía correo electrónico, el resultado de los exámenes de oposición y psicométrico, realizado por Evaluadores del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad del Estado de Morelos a través de la Facultad de Derecho y de Psicología. Página 27 XV.Los tres aspirantes finalistas comparecieron ante la Junta Política y de Gobierno de la LII Legislatura, el día tres de noviembre de dos mil catorce, donde se evaluaron los siguientes aspectos descritos en la Convocatoria: 1. Exposición de motivos para aspirar el cargo que ostente el candidato; 2. Sus ideas relacionadas con la situación que guarda el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, así como las propuestas para el mejoramiento de la actividad jurisdiccional y la buena marcha de la administración de justicia, y 3. La capacidad de expresión oral. Cada compareciente, contó con diez minutos para hacer su exposición y hasta tres minutos para responder a las preguntas que le formularan los integrantes de la Junta Política y de Gobierno. XVI.- Conforme a lo establecido por la Convocatoria en su Base Sexta, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, procedieron a analizar y calificar todos los elementos que contienen los expedientes de los aspirantes que acreditaron las fases de la Convocatoria para la designación del Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, con base en el Examen de Oposición, la entrevista realizada por la Junta Política y de Gobierno, así como el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos para el cargo. En razón, de los antecedentes y consideraciones que anteceden, se establece lo siguiente: PRIMERO.- Conforme a la Base Sexta de la Convocatoria para la designación del cargo que nos ocupa, señala: Para los efectos de la designación del Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, se reunirá en Sesión de trabajo, en la fecha que tengan a bien determinar, para analizar y calificar todos los elementos que contengan los expedientes de los aspirantes que hayan acreditado las fases de la presente Convocatoria, con base en el Examen de Oposición, la entrevista realizada por la Junta Política y de Gobierno y los valores y antecedentes éticos del aspirante que incluye la fama pública, buena reputación y honorabilidad profesional, conforme lo dispone el artículo 116 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.
28Página 28 PERIÓDICO OFICIAL SEGUNDO.- Así, con fecha once de julio de dos mil dieciséis, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, se reunieron en Sesión de trabajo para analizar y calificar todos los elementos que contienen los expedientes de los aspirantes que acreditaron las fases de la Convocatoria, con base en el Examen de Oposición, la entrevista realizada por este Órgano Político y los valores y antecedentes éticos del aspirante que incluyen la fama pública, buena reputación y honorabilidad profesional, conforme lo dispone el artículo 116 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, tomando en cuenta para ello en primer lugar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 90 y 109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos: En este punto, la Junta Política y de Gobierno procedió a verificar que los aspirantes a Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, cumplan con los requisitos previstos en el artículo 90 y 109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismos que establecen: ARTÍCULO 109-ter. El Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes será el responsable de la administración de justicia para menores a que se refiere el artículo 19, inciso d párrafo cuarto, de esta Constitución. Para ser Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, se deberá acreditar especialización en la materia y reunir los requisitos que esta Constitución establece para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; será nombrado por el Congreso del Estado previa Convocatoria a Examen de Oposición que emitirá el Órgano Político del Congreso del Estado. ARTÍCULO 90.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. Haber residido en el Estado durante los últimos diez años, salvo el caso de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del servicio público; III. Poseer al momento de su designación, con antigedad mínima de diez años el título y la cédula profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello; IV. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la designación; 12 de junio de 2019 V. Tener cinco años de ejercicio profesional por lo menos, o tres si se ha dedicado a la judicatura; VI. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; VII. Cumplir con los requisitos, criterios, procedimientos, e indicadores de gestión y aprobar la evaluación que en su caso se realice. VIII. Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre aquéllas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, plenamente acreditados. IX. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia o Diputado Local, durante el año previo al día de su designación. De los documentos entregados a esta Junta Política y de Gobierno, por los aspirantes al cargo de Magistrado Suplente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, se desprende en estricto orden alfabético, que: 1.- María del Carmen Filio Tinajero: acreditó los extremos previstos en el artículo 90 constitucional, pues es ciudadana mexicana por nacimiento, colma el requisito de ser mayor de treinta y cinco años y no de no contar con más de sesenta y cinco años, se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, cuenta con una residencia de más de diez años en el Estado de Morelos, es licenciada en Derecho y cuenta con la cédula profesional con efectos de patente para ejercer dicha profesión desde hace más de diez años; cumple con el requisito del ejercicio profesional en su carrera; asimismo, no ha sido inhabilitada para desempeñar cargo público alguno, tampoco ha sido condenada por delito que merezca pena corporal de más de un año, no han sido inhabilitada en el servicio público, no ha ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado o Diputado Local durante el año previo al día de la designación.
2912 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL 2.- José Luis Jaimes Olmos: acreditó los extremos previstos en el artículo 90 constitucional, pues es ciudadano mexicano por nacimiento, colma el requisito de ser mayor de treinta y cinco años y no de no contar con más de sesenta y cinco años, se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, cuenta con una residencia de más de diez años en el Estado de Morelos, es licenciado en Derecho y cuenta con la cédula profesional con efectos de patente para ejercer dicha profesión desde hace más de diez años; cumple con el requisito del ejercicio profesional en su carrera; asimismo, no ha sido inhabilitado para desempeñar cargo público alguno, tampoco ha sido condenado por delito que merezca pena corporal de más de un año, no han sido inhabilitado en el servicio público, no ha ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado o Diputado Local durante el año previo al día de la designación. 3.- José Manuel Serrano Salmerón: acreditó los extremos previstos en el artículo 90 constitucional, pues es ciudadano mexicano por nacimiento, colma el requisito de ser mayor de treinta y cinco años y no de no contar con más de sesenta y cinco años, se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, cuenta con una residencia de más de diez años en el Estado de Morelos, es licenciado en Derecho y cuenta con la cédula profesional con efectos de patente para ejercer dicha profesión desde hace más de diez años; cumple con el requisito del ejercicio profesional en su carrera; asimismo, no ha sido inhabilitado para desempeñar cargo público alguno, tampoco ha sido condenado por delito que merezca pena corporal de más de un año, no han sido inhabilitado en el servicio público, no ha ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado o Diputado Local durante el año previo al día de la designación. En apoyo de lo anterior se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del tomo VI, parte SCJN, Quinta Época, del apéndice de 1995, cuyo rubro y texto disponen textualmente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. TERCERO.- En lo que se refiere al cumplimiento del requisito previsto en el artículo 109 ter de la Constitución Política del Estado, esta Junta Política y de Gobierno, procede a analizar si los aspirantes cumplen con el requisito de la Especialización en la materia. Página 29 Debe señalarse que el término especializar ya fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 37/2006, en la que estableció que el término especializados, se refiere al perfil del funcionario, es decir un requerimiento constitucional que supone un conocimiento específico de la materia y la concientización en cuanto al trato que se le debe dar al menor. Así lo estableció nuestro máximo Tribunal: SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. EL TÉRMINO "ESPECIALIZADOS" UTILIZADO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN SE REFIERE AL PERFIL DEL FUNCIONARIO Y A LA COMPETENCIA LEGAL EXPRESA DEL ÓRGANO PERTENECIENTE A ESE SISTEMA. Si se atiende a los usos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales relacionados con la justicia de menores dan al término "especializados", su utilización en el artículo 18 constitucional, puede entenderse en relación con: a la organización del trabajo especialización orgánica; b la asignación de competencias; y, c el perfil del funcionario. Ahora bien, aunque lo idóneo sería reunir esas tres formas de concebir la especialización, la relativa al perfil del funcionario es la principal, pues el objeto de la reforma constitucional fue adecuar la justicia para adolescentes a la doctrina de la protección integral de la infancia, y los instrumentos internacionales en que ésta se recoge ponen énfasis en la especialización de los funcionarios como una cuestión necesaria para el cumplimiento de los propósitos perseguidos e, incluso, insisten en que no es su propósito obligar a los Estados a adoptar cierta forma de organización; de manera que la acepción del término "especialización" que hace posible dar mayor congruencia a la reforma con los instrumentos internacionales referidos y que, por ende, permite en mayor grado la consecución de los fines perseguidos por aquélla, es la que la considera como una cualidad inherente y exigible en los funcionarios pertenecientes al sistema integral de justicia para adolescentes. Por otro lado, considerando que se ha reconocido al sistema de justicia juvenil especificidad propia y distintiva, aun con las admitidas características de proceso penal que lo revisten, en relación con el correlativo principio de legalidad y el sistema de competencias asignadas que rige en nuestro país, conforme al cual ninguna autoridad puede actuar sin atribución específica para ello, la especialización también debe entenderse materializada en una atribución específica en la ley, de competencia en esta materia, según la cual será necesario que los Órganos que intervengan en este sistema de justicia estén dotados expresamente de facultades para conocer de él, sin que sea suficiente que se trate de autoridades competentes en la materia penal en lo general.
30Página 30 PERIÓDICO OFICIAL Conforme al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en la Federación y en los Estados un sistema integral de justicia especializado en adolescentes. Este sistema exige un conjunto de Órganos operados por personas que conozcan y comprendan el proceso de desarrollo de los niños, los problemas que padecen y los riesgos que enfrentan y tengan conocimiento del sistema penal de adolescentes, por ello es necesaria la especialización para que la aplicación de las normas se oriente por los principios que rigen la materia, lo que constituye una cualidad específica exigible al funcionario que forma parte del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes y que debe ser acreditado mediante dos formas: a Por medio de una certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento oficial, y; b Por una práctica profesional en la materia, por un plazo razonablemente prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido en ella. Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente Jurisprudencia que se cita a continuación: SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ACREDITACIÓN DE LA ESPECIALIZACIÓN DEL FUNCIONARIO QUE FORMA PARTE DE AQUÉL Al referirse la especialización a una cualidad específica exigible al funcionario que forma parte del sistema integral de justicia, debe acreditarse, como sucede con otros requerimientos legales exigidos para ejercer cargos o funciones públicas, principalmente de dos formas: a por medio de una certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento oficial, y b por una práctica profesional en la materia, por un plazo razonablemente prolongado y un prestigio o reconocimiento adquirido en ella, que respalde su conocimiento amplio y actualizado. Lo anterior, porque la manera más común a través de la cual se acredita el conocimiento específico de una materia es cursando una instrucción específica que así lo avale, al final de la cual la institución educativa certifica que los conocimientos en la materia han sido adquiridos y acreditados por el sujeto y, además, porque no puede desconocerse que hay otras formas de adquirirla, como la práctica y la experiencia de vida, que, junto con diversos estándares de acreditación, son aptos para demostrar que se tiene un conocimiento sobre la misma. Aunado a lo anterior debe considerarse el desdoblamiento subjetivo que tiene la especialización en cuanto al trato que debe darse al adolescente, que también deberá acreditarse y verificarse a través de los exámenes que científicamente resulten adecuados para ello. 12 de junio de 2019 Con base en la jurisprudencia citada, los integrantes de la Junta Política y de Gobierno, una vez analizado el curriculum y documentos comprobatorios de los aspirantes por cuanto a este requisito, concluimos que cumplen con el requisito de la Especialización en materia de Justicia para Adolescentes mediante la práctica profesional y la certificación, como se expone a continuación: 1.- María del Carmen Filio Tinajero es Maestra en Procuración de Justicia funge como Juez Especializado en Justicia para Adolescentes en Materia Federal desde el veintiuno de agosto de dos mil doce a la fecha en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, sumado a su práctica profesional como Juez en el Poder Judicial. 2.- José Luis Jaimes Olmos es Maestro en Derecho con especialidad en Derecho Penal, funge como Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes desde el quince de enero de dos mil ocho a la fecha y cuenta con el Diplomado de Certificación en Justicia para Adolescentes impartido por la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal del Consejo de la Judicatura Federal. 3.- José Manuel Serrano Salmerón es Maestro en Derecho con Orientación Terminal en el área de Derecho Penal, acredita práctica profesional en la materia pues ha sido Coordinador de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Morelos y ha tomado múltiples cursos y diplomados e imparte cátedra como docente en materia de justicia para adolescentes. CUARTO.- Por cuanto a los requisitos que prevé el artículo 116 de la Ley Orgánica para el Congreso: I.- Los antecedentes curriculares: a La antigedad en él o los cargos en el ejercicio profesional, y b El grado académico y los diversos cursos de actualización y especialización. En lo que se refiere a sus antecedentes curriculares, de los documentos que tuvo a la vista esta Junta Política y de Gobierno, se desprende lo siguiente.
3112 de junio de 2019 PERIÓDICO OFICIAL 1.- María del Carmen Filio Tinajero: Tiene actualmente cincuenta y cuatro años de edad, nació en el Distrito Federal, es Licenciada en Derecho, cuenta con una Maestría en Procuración de Justicia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cédula profesional 8124722, ha sido Secretaria de Acuerdos, Juez de Primera Instancia desde junio de mil novecientos noventa y cinco al mes de mayo de dos mil cinco; Subdirectora de Asesoría Social en la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia en el Estado; actualmente es Juez especializado en Justicia para Adolescentes en Materia Federal desde el veintiuno de agosto de dos mil doce a la fecha; ha tomado diversos cursos, talleres y diplomados, entre los que se encuentra Nuevas Modalidades del Sistema Procesal Mexicano y Medios Alternos; Derechos Humanos, Capacitación del Nuevo Sistema De Justicia Plataforma; Sistema Procesal Penal Acusatorio; Justicia Penal Adversarial, Derecho Procesal Penal; asimismo, es profesora en las materias de Derecho constitucional, Amparo Procesal Penal, Talleres de Amparo y Nuevo Sistema Acusatorio en la Universidad Privada del Estado de Morelos. 2- José Luis Jaimes Olmos: Nació en Cuernavaca, Morelos, tiene actualmente cuarenta y tres años de edad, es Licenciado en Derecho, Cédula 4714777 y Maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cuenta con estudios de especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en la especialidad de Juicios Orales y Sistema Acusatorio, Juez Ratificado en Control y Juicios Orales Especializado en Adolescentes del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, cuenta con diplomado de Certificación en Justicia para Adolescentes del Consejo de la Judicatura Federal, especialidad en menores infractores, Pasante en el sistema de Justicia para Adolescentes en McAllen Texas, Catedrático en Materia de Justicia para Adolescentes, Certificado en el Sistema Acusatorio Adversarial INACIPE; asimismo ha tomado diversos cursos, diplomados y conferencias tales como: Introducción a la Función Jurisdiccional; Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, Teoría del Delito, Teoría de la Prueba, Seminario de Argumentación, Seminario Teórico Práctico en Derecho Penal; Argumentación, Interpretación Constitucional y Simplificación de Sentencias, entre otros; actualmente es doctorando en Derecho Constitucional y Penal por el Instituto Nacional de Estudios de Posgrado INDEPAC. Página 31 3- José Manuel Serrano Salmerón: Nació en Acapulco, Guerrero, tiene actualmente cincuenta y dos años de edad, es Licenciado en Derecho con cédula profesional 2044022, cuenta con Maestría en Derecho con Orientación en el Área de Derecho Penal, ha sido Coordinador de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Morelos y ha tomado múltiples cursos y diplomados tales como Reforma Constitucional y el Nuevo Procedimiento Penal Mexicano, Taller Formación de Evaluadores y Verificadores Internos de Competencias Especializados en Justicia para Adolescentes, Introducción al Nuevo Sistema de Justicia Penal e imparte cátedra como docente en materia de justicia para adolescentes, Taller de Juicios Orales, Sistema Penal Acusatorio para Adolescentes en conflicto con la Ley Penal, Teoría del Delito, Sistema Penal Acusatorio Adversarial, Capacitación en temas relacionados con el Plan Nacional de Alerta Amber México, con el fin de promover la Protección de Menores, entre otros; asimismo es profesor en las Materias de Justicia para Adolescentes y Juicios Orales. Actualmente es Doctorando en Derecho Penal, Sistema de Justicia Penal Adversarial en el Centro de Estudios de Posgrado. II.- Los valores éticos del aspirante: a Fama pública; b Buena reputación, y c Honorabilidad profesional. Por cuanto a este parámetro, los tres aspirantes acreditan mediante la documentación entregada a este Órgano Político, su buena fama pública, reputación y honorabilidad profesional excelente, no encontrando esta Junta Política y de Gobierno, algún elemento que pudiera suponer lo contrario, por lo que acreditan este requisito. III.- Otros a El Examen de Oposición y psicométrico; b La comparecencia del aspirante. En esta Sesión de trabajo, la Junta Política y de Gobierno procedió al análisis y revisión minuciosa de los expedientes formados, dentro de la cual se encuentran los resultados del Examen de Oposición y psicométrico, así como la ponderación de la comparecencia de los aspirantes, desprendiéndose lo siguiente: Dentro de la aplicación de la Evaluación que marca la Convocatoria en su base quinta se describen en las etapas su desarrollo: a Aplicación del Examen de Oposición que remite el artículo 109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, realizado por el Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el cual se aplicaron cien reactivos en materia de Justicia para Adolescentes y el nuevo sistema acusatorio y adversarial, los tres aspirantes obtuvieron resultados aprobatorios los cuales se muestran a continuación:
32Página 32 PERIÓDICO OFICIAL 1.- María del Carmen Filio Tinajero: sesenta aciertos. 2.- José Luis Jaimes Olmos: noventa y cinco aciertos. 3.- José Manuel Serrano Salmerón: noventa y un aciertos. En cuanto a la fase del examen psicométrico, con base a los resultados obtenidos de la aplicación del inventario multifásico de la personalidad Minnesota- 2 por S.R. Hathaway y J.C. McKinley realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se concluye que los tres aspirantes cubren con los parámetros de normalidad establecidos para la población mexicana, obteniendo los siguientes resultados: 1.- María del Carmen Filo Tinajero: Cumple con los parámetros de normatividad establecidos para la población mexicana, aparenta estar bien adaptada socialmente, es una persona capaz y eficiente en el desempeño de sus responsabilidades, se rige por el principio de la razón y muestra un alto sentido de responsabilidad social. No se observa ningún tipo de conducta o desviación psicopática. 2.- José Luis Jaimes Olmos: Cumple con los parámetros de normatividad establecidos para la población mexicana, aparenta estar bien adaptado socialmente, es una persona optimista, capaz y eficiente en el desempeño de sus responsabilidades, se rige por el principio de la razón y muestra un alto sentido de responsabilidad social. No se observa ningún tipo de conducta o desviación psicopática. 3.- José Manuel Serrano Salmerón: Cumple con los parámetros de normatividad establecidos para la población mexicana, aparenta estar bien adaptado socialmente, es una persona capaz y eficiente en el desempeño de sus responsabilidades, se rige por el principio de la razón y muestra un alto sentido de responsabilidad social. No se observa ningún tipo de conducta o desviación psicopática. b Por lo que se refiere a la comparecencia individual ante los integrantes de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, en el que se ponderó por este Órgano: 1 la exposición de motivos para aspirar al cargo; 2 sus ideas relacionadas con la situación que guarda el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, sus propuestas para el mejoramiento de la actividad jurisdiccional y la buena marcha de la administración de justicia así como la capacidad de expresión oral de los tres aspirantes, este Órgano Político calificó cada uno de los aspectos mencionados, resultando esta fase la cual se muestra según la calificación obtenida en las cedulas de los integrantes de la Junta Política y de Gobierno de una calificación con una escala de cero a diez, evaluaron los aspectos antes enunciados; como se muestra a continuación y obran en el expediente de evaluación: 12 de junio de 2019 1.- María del Carmen Filio Tinajero: 8, 9, 9, 9, 8.5, 8, 8.5 2.- José Luis Jaimes Olmos: 10, 10, 9.5, 10, 10, 8.5, 8.5, 8 3.- José Manuel Serrano Salmerón: 8, 10, 8, 7, 9, 9, 9, 9 QUINTO.- Visto lo que antecede y tomando en cuenta la formación profesional, capacitación, ejercicio y desempeño profesional de los tres aspirantes a ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos; así como las respectivas exposiciones de los aspirantes hechas durante la etapa de comparecencia ante la Junta Política y de Gobierno, mismas que forman parte del expediente formado con motivo de esta Convocatoria, se puede concluir que los profesionistas: María del Carmen Filio Tinajero José Luis Jaimes Olmos y José Manuel Serrano Salmerón cumplen de manera satisfactoria los requisitos de elegibilidad plasmados en el artículo 90 y 109 ter de la Constitución Estadual, en virtud del análisis exhaustivo de su perfil profesional, el cual fue verificado en sus Currrículum vitae de los profesionistas, nivel académico, formación profesional, experiencia docente, así como las documentales que acreditan su formación profesional, experiencia profesional, su edad, lugar de nacimiento, residencia, antigedad en el ejercicio de la patente de Licenciado en Derecho, la constancia de no haber sido condenados por delito intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o suspendido de empleo, inhabilitación en el servicio público; ni tampoco haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, Fiscal General del Estado o Diputado Local, durante el año previo al día de la designación. SEXTO.- En virtud de que los tres aspirantes cumplieron los requisitos se considera que todos deben participar y tener el mismo derecho a ser electos y en virtud de ello el Pleno del Congreso deberá razonar, con la votación legal correspondiente de las dos terceras partes de sus integrantes y realizar la designación respectiva, tomando en consideración los parámetros expuestos en el presente ocurso. Asimismo, a la luz de la reforma constitucional federal en materia de derechos humanos aprobada por la Comisión Permanente en junio de dos mil once, que establece los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mismos que establecen lo siguiente: Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.