Periódico Oficial de Chiapas del 8/4/2020 - Sección Segunda

*Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.

Versión en texto*

Fuente: Periódico Oficial de Chiapas - Sección Segunda

1

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Franqueo pagado, públicación periódica. Permiso núm. 005 1021
características: 114182816. Autorizado por SEPOMEX
Tomo III Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. miércoles, 8 de abril de 2020 096

SEGUNDA SECCIÓN
INDICE
Publicaciones Estatales DECRETO No. 207

Por el que no se Ratifica al licenciado Filiberto López Zavala, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Página 1

2

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
PUBLICACIONES ESTATALES
Secretaría General de Gobierno Coordinación de Asuntos Jurídicos de Gobierno Unidad de Legalización y Publicaciones Oficiales Decreto Número 207
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber:
Que la Honorable Sexagésima Séptima Legislatura del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:
Decreto Número 207

La Comisión Permanente de la Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política Local; y,
Considerando
Que el artículo 36, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece, que el Poder Legislativo del Estado de Chiapas, se deposita en una Asamblea de Representantes del pueblo que se denomina Congreso del Estado.

Que el artículo 72, de la Constitución Política local, indica, que el Poder Judicial del Estado para el ejercicio de sus atribuciones, se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Administrativo.

Que el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, se integra con Salas Regionales Colegiadas o Unitarias, Salas Regionales Colegiadas o Unitarias Mixtas, Juzgados de Primera Instancia, dentro de los cuales se entenderán como tales a los: Juzgados Especializados o Mixtos, Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Juzgados de Primera Instancia Especializados en Juicio Oral que determine el Consejo de la Judicatura, Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes; por otra parte, los Juzgados Especializados en Materia Burocrática, Juzgados Especializados en Materia Laboral, Los Juzgados de Paz y Conciliación, Juzgados de Paz y Conciliación Indígena, Juzgados Municipales, un Centro Estatal de Justicia Alternativa y un Instituto de la Defensoría Pública; tal y como lo establece el artículo 73, párrafo primero, de la Constitución Política Local.

Los Magistrados que integren las Salas Regionales del Tribunal Superior de Justicia, durarán en sus funciones seis años, con posibilidad de ser reelectos en los términos del Código de Organización del Poder Judicial; tal y como lo establece el párrafo quinto del artículo 73, de la Constitución Política Local.

1

3

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Por su parte el artículo 76, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado, dispone, que los nombramientos de Magistrados deberán hacerse de manera preferente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición de justicia, o en quienes por su honorabilidad, competencia y profesionalismo se hayan destacado en otras ramas de la profesión jurídica.

El párrafo tercero del citado artículo 76, constitucional, preceptúa, que en caso de ratificación de los magistrados del Poder Judicial, el Titular del Ejecutivo podrá recabar la opinión del Consejo de la Judicatura, en términos del Código de Organización del Poder Judicial del Estado,
Correlativamente, el artículo 22, párrafo primero, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, prevé, que los Magistrados que integren las Salas Regionales, durarán en sus funciones seis años, con posibilidad de ser reelectos por otro periodo igual, a través del procedimiento que regula la Constitución Política del Estado de Chiapas y el aludido Código.

La ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se realizará a través del mismo mecanismo regulado para su nombramiento, previa opinión técnica que al efecto emita el Consejo de la Judicatura, como lo enuncia el numeral 27, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado.

En ese sentido, el artículo 28, del Código de referencia establece, que las Comisiones de Carrera Judicial, Vigilancia y Disciplina, serán las responsables de formular la opinión técnica que deberá emitir el Consejo de la Judicatura, con base en la información que al efecto proporcione diversas unidades del Poder Judicial del Estado; asimismo señala, que la elaboración de la opinión técnica deberá comenzar seis meses antes de que concluya el período por el que fue nombrado el magistrado.

El artículo 29, párrafo primero, del citado código, previene, que la opinión técnica así como el expediente personal del Magistrado que tenga la posibilidad de ser ratificado, deberá ser remitido de inmediato al Pleno del Consejo o del Tribunal Constitucional, según sea el caso, para su valoración definitiva y su envío al Titular del Poder Ejecutivo, cuando menos treinta días antes de la conclusión del cargo.

La opinión técnica que al efecto emita el Consejo de la Judicatura, deberá cumplir con los requisitos que establece el numeral 30, del Código en mención.

El artículo 31, del Código de referencia, señala, que el dictamen técnico, así como los demás datos, información y opiniones que se hagan llegar al Titular del Poder Ejecutivo, servirán para el proceso de ratificación de los Magistrados; pero no limitan la atribución constitucional conferida a las autoridades que intervienen en su nombramiento, ni son determinantes para su ratificación.

En ejercicio de las atribuciones antes mencionadas, el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, presentó ante la oficialía de partes de este Congreso del Estado, el 30 de Marzo del 2020, dictamen de fecha 28 de Marzo del 2020, por el cual propone a esta Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, NO RATIFICAR al Licenciado Filiberto López Zavala, Magistrado
2

4

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas; mismo que se transcribe a continuación:
CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA
SÉPTIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTES.
Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas, con fundamento en lo previsto por los artículos 59 fracción XXII, 72, 73, 75 y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 27, 28, 29, 30 y 31 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, y derivado del Acuerdo de fecha treinta de enero de dos mil veinte, formulado por el Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por medio del cual ratifica el dictamen técnico de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, emitido por los Consejeros integrantes de las Comisiones de Carrera Judicial, Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, respecto de la función del licenciado Filiberto López Zavala, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas; en ese sentido, de conformidad con lo previsto en los numerales anteriores; y, CONSIDERANDO
Que el artículo 51, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, señala que la titularidad del Poder Ejecutivo se deposita en la persona electa para tal cargo, que se llamará "GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS".
Que de conformidad con lo previsto en la fracción XXII del artículo 59, del citado ordenamiento Constitucional Local, es facultad del Gobernador del Estado, someter a consideración del Congreso del Estado, o en su caso, de la Comisión Permanente, los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como ejercer las demás atribuciones conferidas y que se encuentran previstas en el mencionado dispositivo y demás leyes que de ella emanen.
Que el párrafo quinto, del artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, establece que los Magistrados Regionales del Tribunal Superior de Justicia, durarán en sus funciones seis años, con posibilidad de ser reelectos por un período más en términos del Código de Organización del Poder Judicial del Estado.
Por su parte, el párrafo tercero, del numeral 76 del citado ordenamiento Constitucional Local, prevé que en los casos de ratificación de los Magistrados Regionales del Poder Judicial, el Titular del Ejecutivo deberá recabar la opinión del Consejo de la Judicatura, de acuerdo con lo establecido en el párrafo primero del artículo 29, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, y 115 del Reglamento de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Que el Código de Organización del Poder Judicial del Estado, en sus artículos 27, 28, 29 30 y 31, reglamenta el procedimiento para el nombramiento y reelección de los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Bajo esta tesitura, el numeral 27 del Código de Organización invocado, preceptúa que la ratificación de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se realizará a través del mismo mecanismo regulado para su nombramiento y previa opinión técnica que al efecto emita el Consejo de la Judicatura.

3

5

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Por su parte, el artículo 28 del ordenamiento legal en cita, así como el artículo 115, del Reglamento de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, emitido por el propio Consejo, establecen que las Comisiones de Carrera Judicial, Vigilancia y Disciplina, serán las responsables de formular la opinión técnica que deberá emitir el Consejo de la Judicatura, con base a la información que al efecto proporcionen diversas unidades que integran al Poder Judicial del Estado;
asimismo, establece que la elaboración de esa opinión técnica deberá comenzar seis meses antes de que concluya el periodo por el que fue nombrado el Magistrado;
En el mismo sentido, el párrafo primero del diverso 29 del aludido Código, señala que la opinión técnica, así como el expediente personal del Magistrado que tenga la posibilidad de ser ratificado, deberá ser remitido de inmediato al Pleno del Consejo para su valoración definitiva y su envío al Titular del Poder Ejecutivo, cuando menos treinta días antes de la conclusión del cargo.
El dictamen técnico que al efecto emita el Consejo de la Judicatura, debe cumplir con los requisitos que establece el numeral 30 del dispositivo legal en mención.
De conformidad con el artículo 31 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el dictamen técnico, así como los demás datos, información y opiniones que se hicieron llegar al Titular del Poder Ejecutivo, sirven para el proceso de ratificación de los Magistrados; pero no limitan la atribución constitucional conferida a las autoridades que intervienen en su nombramiento, ni son determinantes para su ratificación.
Del contenido de los artículos invocados con antelación, en específico de lo indicado por el párrafo sexto del artículo 73, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; en relación con los diversos 29 y 31 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, se advierte la facultad que poseo para proponer al Congreso del Estado, la ratificación o no de los Magistrados del Poder Judicial, misma propuesta que se hará llegar por medio de la emisión de una opinión o dictamen técnico, en el que de manera fundada y razonada, expresaré la opinión en relación a aquellos Magistrados que han concluido su encargo por el transcurso del tiempo.
En razón a ello, con la emisión del presente dictamen, en cumplimiento a mi deber como Ejecutivo Estatal, además de dar observancia a dicha encomienda constitucional, se pretende salvaguardar en mayor medida los principios de independencia y autonomía jurisdiccional, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al mismo tiempo de cerciorarme que la sociedad cuente con servidores públicos idóneos, que aseguren una impartición de justicia pronta, expedita e imparcial en los términos reseñados por el artículo 17 de nuestra Carta Magna, de forma tal que se garantice el derecho humano de acceso a la justicia consagrado en el orden jurídico mexicano.
Es así, que con fundamento en los dispositivos legales antes citados, procederé a formular el presente dictamen, mismo que tiene como finalidad garantizar que la persona evaluada sea la idónea para seguir ocupando el cargo de Magistrado del Poder Judicial del Estado, por reunir todos los requisitos exigidos por la normatividad aplicable, sin que ello signifique una trasgresión a los derechos del Magistrado Filiberto López Zavala, ni tampoco una vulneración a la autonomía del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ya que de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 31, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, cuento con la atribución de emitir el análisis y valoración objetiva en torno a la conducta desplegada por la persona antes señalada, garantizando el derecho de acceso a la impartición de justicia de los chiapanecos.
Para mejor proveer respecto a lo expresado en líneas anteriores, a continuación se transcriben la fracción III, del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 31, del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

4

6

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I y II
III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado sic el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Artículo 31.- El dictamen técnico, así corno los demás datos, información y opiniones que se hagan llegar al Titular del Poder Ejecutivo, servirán para el proceso de ratificación de los Magistrados; pero no limitan la atribución constitucional conferida a las autoridades que intervienen en su nombramiento, ni son determinantes para su ratificación.
Es importante señalar, que de lo preceptuado en el artículo 31 invocado, se observan dos aspectos que resultan trascendentales para la emisión del presente dictamen, y que dada la importancia que revisten es menester enunciar.
El primero de estos aspectos, reside en el hecho de que el dictamen técnico y demás información proporcionada por el Consejo de la Judicatura durante el proceso de ratificación, son útiles para determinar si resulta procedente solicitar la ratificación o no del funcionario evaluado.
El segundo aspecto previsto en el dispositivo mencionado, consiste en que ese dictamen técnico, no limita, ni vincula la actuación de los demás Poderes Estatales que intervienen en el procedimiento de ratificación de los Magistrados.

5

7

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
De esta forma, conforme a lo dispuesto en el referido apartado, se deja a salvo el principio de División de Poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 59 fracción XXII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, toda vez que se establece la atribución que poseo como Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para actuar con plena libertad y autonomía para formular dictamen u opinión para efectos de proponer la ratificación o no de cualquiera de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Lo anterior es así, puesto que el dictamen que se emite para tales efectos, constituye un acto administrativo de orden público dictado en la potestad soberana de un Poder Público legítimo e independiente, con la libertad y autonomía constitucional, y encuentra su justificación en el interés de la sociedad de conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales, lo cual derivará en que la población se beneficie con su experiencia y desarrollo profesional a través de su ratificación, o en su caso, impedir que un servidor público continúe en la función jurisdiccional que ha venido desempeñando si su actuación no ha sido óptima, ni ha arrojado la idoneidad del cargo que se esperaba.
Es por ello, que en aras de cumplir debidamente con la encomienda prevista por los citados preceptos legales, resulta necesario cerciorarse de la idoneidad del funcionario judicial sujeto a ratificación, a efecto de atender las necesidades de la población ávida de una administración de justicia más eficaz, eficiente y cercana a la gente, lo cual redundará en un beneficio a la colectividad en su conjunto, siendo por lo tanto, mi obligación como Gobernador del Estado, el analizar y valorar objetivamente la conducta desplegada por el referido servidor público, con base a la valoración definitiva del Dictamen Técnico emitido por el Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el día treinta de enero de dos mil veinte, mismo que se me hizo llegar el dieciocho de marzo de dos mil veinte, así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para tal efecto, con relación al desempeño del licenciado Filiberto López Zavala, en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En atención a lo expresado, y con el fin de fortalecer aún más las funciones que realiza el Poder Judicial del Estado, a través de la ratificación de personas idóneas para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, y con base en los fundamentos y consideraciones anteriormente expuestos, tengo a bien someter a esa Soberanía Popular el siguiente:
DICTAMEN TÉCNICO DE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN O NO, DEL LICENCIADO
FILIBERTO LÓPEZ ZAVALA, EN EL CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
El objeto del presente dictamen, consiste en determinar si se realiza la propuesta de ratificación o no del licenciado Filiberto López Zavala, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, siendo imprescindible para ello, mencionar los antecedentes que derivaron su formulación.
1.

Con fecha veintidós de abril de dos mil catorce, el Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, mediante Decreto número 467, aprobó el nombramiento del licenciado Filiberto López Zavala, como Magistrado de Sala Regional Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.

2.

El Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, acordó adscribirlo como Magistrado titular de la Ponencia C de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02, de Tapachula, a partir del veinticuatro de abril de dos mil catorce, con oficio número SECJ/4802/2014.

6

8

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
3.

A partir del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, con oficio SECJ/7686/2017, se advierte su readscripción como Magistrado a la Ponencia C, de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco.

4.

Con fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, los Consejeros integrantes de las Comisiones de Carrera Judicial, Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, concluyeron la elaboración del dictamen técnico del licenciado Filiberto López Zavala, por lo que en términos del artículo 29 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, fue remitido conjuntamente con el expediente personal del Magistrado al Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.

5.

Con fecha treinta de enero de dos mil veinte, el Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, formuló Dictamen de Valoración Definitiva del Dictamen Técnico, respecto al Magistrado Filiberto López Zavala, mismo que fue remitido a este Ejecutivo Estatal, el dieciocho de marzo de dos mil veinte, tal como consta con el sello de recibido por la Oficialía de Partes de la Gubernatura.

6.

De conformidad con el párrafo quinto del artículo 73, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el periodo de seis años por el que fue nombrado como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial fenece el día veintiuno de abril de dos mil veinte.

Derivado de lo anterior, el Titular de Poder Ejecutivo del Estado, emitirá la opinión técnica respectiva, misma que será enviada al H. Congreso del Estado, en cumplimiento al mandato constitucional y legal antes citados.
Bajo este tenor y señalados que fueron los antecedentes del caso, resulta oportuno dejar en claro el marco jurídico que regula este procedimiento, para lo cual debemos señalar que el mismo tiene su origen en lo previsto por el artículo 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual especifica los requisitos necesarios para desempeñar el cargo de Magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, otorgando especial énfasis al hecho de que deben elegirse aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, aunado a que deberán cumplir los requerimientos exigidos por las fracciones I a V
del artículo 95 del mismo ordenamiento constitucional.
Asimismo, el citado precepto constitucional dispone que los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, pudiendo ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.
Es de vital importancia, para el presente dictamen lo señalado en el párrafo inmediato anterior, que establece la posibilidad de que, una vez concluido el encargo de Magistrado para el que hubieran sido electos, las personas que desempeñen el mismo podrán ser reelectas, de conformidad con la legislación vigente para cada Entidad Federativa.
De esta forma, teniendo como fundamento la Carta Magna, es que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en el párrafo quinto de su artículo 73, previene la posibilidad de la ratificación o reelección de los Magistrados, indicando que la misma se dará con base a lo establecido en el Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

7

9

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Es así, que el Código de Organización en sus artículos 27, 28, 29 párrafo primero, 30 y 31 regula el procedimiento que habrá de seguirse para la ratificación de los Magistrados, estableciendo los requisitos que debe cumplir el dictamen que se emitirá para su determinación, siendo éstos los siguientes:
I.
II.
III.

El total de asuntos turnados y resueltos por el Magistrado;
El total de asuntos turnados y resueltos por la Sala a la que pertenece el Magistrado;
El número de resoluciones confirmadas o modificadas a través del juicio de amparo sobre los asuntos turnados a su ponencia;
IV. Las comisiones que le fueron encomendadas y su cumplimiento;
V.
El resultado de cada una de las visitas practicadas en los términos del Código de Organización;
VI. Distinciones, reconocimientos, estudios y todo tipo de producción académica obtenida durante el desempeño de su encargo;
VII. Las quejas presentadas en contra del Magistrado y el sentido de su resolución;
VIII. La constatación de que durante su encargo se ha conducido con responsabilidad, honorabilidad y probidad.
Con los requisitos antes señalados, se pretenden englobar cada uno de los principios o características que de acuerdo a lo establecido en la fracción III del artículo 116, de nuestra Carta Magna, y diversos criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser tomados en cuenta para la evaluación que se realiza con motivo del procedimiento de reelección de los Magistrados de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas.
En este sentido, los principios o características a que hace referencia el dispositivo constitucional citado, así como los criterios jurisprudenciales señalados que deben reunir los Magistrados sujetos al procedimiento de reelección o ratificación en su cargo, son los siguientes:
A B
C D
E F

Experiencia:
Honorabilidad;
Honestidad invulnerable;
Diligencia;
Excelencia Profesional; y Que esas características aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

Cabe señalar, que los anteriores principios o características mencionadas, han sido extraídos de la tesis jurisprudencial 19/2006 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1447, Tomo XXIII, de febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 175896, bajo el rubro y texto siguiente:
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ASPECTOS QUE
COMPRENDE LA ESTABILIDAD O SEGURIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CARGO
La estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, como principio que salvaguarda la independencia judicial, está consignada en el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé:
"Los Magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados". Este principio abarca dos aspectos a los que deben sujetarse las entidades federativas: 1. La determinación en las Constituciones Locales del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de
8

10

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Magistrado, lo que da al funcionario judicial la seguridad de que durante ese término no será removido arbitrariamente, sino sólo cuando incurra en alguna causal de responsabilidad o en un mal desempeño de su función judicial, y 2. La posibilidad de ser ratificado al término del periodo señalado en la Constitución Local, siempre y cuando demuestre poseer los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, y que su trabajo cotidiano lo haya desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, lo que significa que el derecho a la ratificación o reelección supone, en principio, que se ha ejercido el cargo por el término que el Constituyente local consideró conveniente y suficiente para poder evaluar su actuación.
De igual manera, dichos principios se encuentran asentados en el criterio jurisprudencial P./J. 21/2006, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1447, Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 175897, que a la letra dice:
MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. ALCANCE DEL
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE RATIFICACIÓN O REELECCIÓN A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS El citado precepto constitucional establece como regla expresa para todos los Poderes Judiciales Locales la posibilidad de reelección o ratificación de los Magistrados que los integran, como un principio imperativo que debe garantizarse tanto en las Constituciones Locales como en las leyes secundarias estatales. Así, la expresión "podrán ser reelectos", no significa que dicha reelección sea obligatoria, y que deba entenderse que "tendrán que ser reelectos", sino únicamente que dichos funcionarios judiciales cuentan con esa garantía para efecto de que al momento de terminar el periodo de su cargo, puedan ser evaluados por las autoridades competentes, y en caso de haber demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados. Lo anterior, además de ser una garantía a favor de los funcionarios judiciales que se encuentren en el supuesto, se traduce en una garantía que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con Magistrados capaces e idóneos que cumplan con la garantía constitucional de acceso a la justicia de los gobernados.
En razón de lo anterior, ser ratificado al término del período señalado en la Constitución Local, debe concebirse siempre y cuando el Magistrado demuestre poseer los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, y que su trabajo cotidiano lo haya desahogado de manera pronta, completa e imparcial como expresión de diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, lo que significa que el derecho a la ratificación o reelección supone, en principio, que se ha ejercido el cargo por el término que el Constituyente local consideró conveniente y suficiente para poder evaluar su actuación.
Es así que, con base a los puntos reseñados, el Honorable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con fecha treinta de enero de dos mil veinte, formuló Valoración Definitiva del Dictamen Técnico, respecto al Magistrado Filiberto López Zavala, en el cual dicho órgano colegiado, manifestó ratificar en sus términos el dictamen técnico de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, emitido por los Consejeros integrantes de las Comisiones de Carrera Judicial, Vigilancia y Disciplina, respecto de la función del citado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

9

11

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Derivado de lo anterior, de un análisis detallado y una valoración objetiva respecto a la conducta desplegada por el Magistrado Filiberto López Zavala, mismo que se realiza al tenor del presente dictamen, y que constituye un acto administrativo de orden público, dictado en la potestad soberana de un Poder Público legítimo e independiente, con la libertad y autonomía constitucional, y con fundamento en lo establecido por el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 31 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, el Ejecutivo Estatal, advierte que el Magistrado Filiberto López Zavala aspirante a ser reelecto o ratificado en el cargo de Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, NO reúne los principios o características de experiencia; honorabilidad; honestidad invulnerable; diligencia; mismos que aseguran una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial, esto, en virtud de las consideraciones que a continuación se exponen:
Aspectos cuantitativos:
En relación, al análisis y disenso puesto a consideración, a efecto de emitir el dictamen respecto a la propuesta de ratificación o no del licenciado Filiberto López Zavala al cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, se hace necesario realizar un estudio exhaustivo de los aspectos cuantitativos de su labor jurisdiccional ejercida durante su encargo para poder estar en condiciones de determinar el particular señalado.
De acuerdo a lo manifestado en la Valoración Definitiva del Dictamen Técnico del Consejo de la Judicatura, así como en el expediente personal del servidor público, se advierte que durante el periodo de desempeño del Magistrado Filiberto López Zavala, se tomaron en cuenta aspectos idóneos para medir su productividad.
El total de ingresos se componen de los tocas recibidos, en los cuales se substancian apelaciones, recursos de queja, excepciones de incompetencia, tocas radicados en la ponencia de adscripción del Magistrado Filiberto López Zavala, siendo importante su valoración a fin de medir la carga de trabajo que ingresó en el periodo de que se trata.
El total de bajas se integra de las resoluciones emitidas de fondo, de los asuntos declarados desiertos, inadmisibles, sin materia, siendo un indicador muy importante de la productividad jurisdiccional, en la medida en que los asuntos dados de baja rebasan a los que ingresan se evita la formación de rezagos o la dilación de las resoluciones de los asuntos en trámite.
El total de resoluciones emitidas se integra por las sentencias cuyo sentido fue confirmar, revocar, modificar, desierto, reposición de procedimiento, inadmisible, sin materia que fueron elaboradas por el servidor público, precisando que las sentencias de fondo dictadas son los actos procesales que demandan mayor trabajo, tiempo y dedicación por parte del Magistrado, ya que para la formulación del proyecto respectivo es necesario analizar el fondo de la cuestión planteada, además de que dichas propuestas jurisdiccionales deben pasar por el acuerdo del resto de los Magistrados integrantes de Sala.
Del oficio número DEJ/325/2019, de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Director de Estadística del Consejo de la Judicatura, se desprende la información sobre el número de asuntos atendidos y resueltos por la Sala y por la Ponencia a la que se encontraba adscrito el licenciado Filiberto López Zavala, así como los amparos interpuestos ante la Justicia Federal en cuanto a sus resoluciones y resultados, del año dos mil catorce a la fecha de elaboración del citado oficio, con el siguiente resultado estadístico:
I.

Total de asuntos radicados y de asuntos dados de baja
10

12

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Magistrado Filiberto López Zavala.
Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula.
Del veinticuatro de abril de dos mil catorce al veintidós de febrero de dos mil diecisiete.
Sala Regional Colegiada Mixta Zona 04, Pichucalco.
Del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete al dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.
TOTAL:

Radicados 762

Bajas 718

697

697

1459

1415

En el periodo analizado, la cantidad de tocas radicados fue superior a las resoluciones emitidas.
En el periodo que se analiza el número de asuntos dados de baja, fue inferior al número de tocas radicados.

Periodo del 24 de abril de 2014 al 18 de octubre de 2019.
2000
Periodo del 24 de abril de 2014 al 18 de octubre de 2019.

1500
1000
500
0 Radicados
Concluídos o bajas
Resoluciones emitidas
En el periodo comprendido del veinticuatro de abril de dos mil catorce al dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, globalmente la ponencia de adscripción del Magistrado que se evalúa dio de baja 1415
asuntos, mientras se registró un ingreso de 1459, esto es 44 asuntos por encima del número de bajas registradas.
II.

Resoluciones emitidas
Sentido Revocadas, insubsistente y repone procedimiento Confirmadas Modificadas Sin materia Improcedente Procedente Fundada Infundada Inadmisible Otro
Total 341
531
85
01
01
02
04
04
03
14
Total
986

11

13

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
De lo anterior, se concluye que el Magistrado Filiberto López Zavala, dictó 986 resoluciones, en tanto que radicó 1,459 asuntos; lo que equivale a que dictó un promedio mensual de 22.10 resoluciones emitidas.
III.

Asuntos retirados Mag. Filiberto López Zavala.

Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02
Tapachula. Del 24 veinticuatro de abril de 2014 dos mil catorce al 22 veintidós de febrero de 2017 dos mil diecisiete.

Civil 00

Penal 197

24

15

24

212

Sala Regional Colegiada Mixta Zona 04, Pichucalco. Del 23 veintitrés de febrero de 2017 dos mil diecisiete al 18
dieciocho de octubre de 2019 dos mil diecinueve.
Total:

Los cuales fueron retirados para nuevo estudio, por la complejidad de los mismos.

IV.

Radicados, resoluciones de fondo y total de resoluciones emitidas:

Magdo.
Filiberto López Zavala
Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02
Tapachula.
Del veinticuatro de abril de dos mil catorce al veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

Sala Regional Colegiada Mixta Zona 04, Pichucalco.

Radicado Promedio Resolucione Promedio Resoluciones Promedio s mensual s de fondo mensual no de fondo mensual radicados resoluciones resoluciones de fondo no de fondo
Resolucion es emitidas
Promedio mensual de resoluciones emitidas
762

22.41

416

12.23

243

7.14

659

19.38

697

21.78

200

6.25

127

3.96

327

10.21

12

14

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete al dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.
TOTAL:
66 meses
V.
VI.

1459

22.10

616

9.33

370

5.60

14.93

Tocas en las que se haya excusado el servidor público: 00
Resoluciones en las cuales haya aplicado el control de convencionalidad, o bien asuntos relevantes ya sea atendiendo a la litis planteada, a su trascendencia económica, social, jurídica o complejidad en cuanto a los agravios: 154
Materia Civil Penal Total
VII.

986

Total 79
75
154

Comisiones que le fueron encomendadas y su cumplimiento
Del expediente personal del licenciado Filiberto López Zavala, se aprecia que no se le encomendaron comisiones durante el periodo de su encargo como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
VIII.

Resultado de cada una de las visitas practicadas en los términos del Código de Organización
En cuanto al desempeño en la actividad jurisdiccional del licenciado Filiberto López Zavala, como Magistrado de Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02, Tapachula, de la información proporcionada en el oficio número VJCJ/1119/2019 de once de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Magistrado Luis Raquel Cal y Mayor Franco, titular de Visitaduría del Consejo de la Judicatura, de las observaciones y recomendaciones realizadas durante las visitas de inspección, se obtuvieron las siguientes actas de visitas:
1.- Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, visita ordinaria de inspección judicial practicada por el Magistrado Visitador Luis Eduardo Zuart Vallejo, durante los días veintinueve y treinta de abril de dos mil quince; el periodo inspeccionado abarcó del trece de mayo de dos mil catorce, al veintiocho de abril de dos mil quince; de las recomendaciones hechas en el acta de visita que nos ocupa, destacan las siguientes:
Del análisis de diversos tocas relativos a los delitos de violación equiparada en grado de tentativa e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, se pudo advertir que contenían los nombres completos de los menores, en este tenor, no debe de pasar desapercibido el hecho de que en la actualidad el marco jurídico nacional e internacional que rige la protección de los derechos de los menores están orientadas a salvaguardar el interés superior del menor y en este contexto a velar por el derecho que tienen a su intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus datos personales, lo que hace necesario que sus nombres no salgan a la luz pública y puedan ser expuestos 13

15

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
atentando contra su honra, imagen o reputación; ante tales circunstancias y para proteger las identidades de los menores se recomendó a los integrantes de ese órgano colegiado, considerar la normativa relativa a la protección de la identidad, intimidad y el respeto a su vida privada, únicamente transcribir las iníciales del nombre completo del menor como referencia, para que de esta manera se salvaguarden la identidad, integridad y dignidad de los menores en los procesos penales en los que se vean involucrados.
Además, el Magistrado Visitador, sugirió a los integrantes de ese órgano colegiado, propiciar los mecanismos que facilitaran la consolidación de los criterios para los operadores jurídicos del Poder Judicial y atender las peticiones que los justiciables les plantean de manera coordinada y eficaz, con el propósito de que, la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02, Tapachula, cuente con instalaciones idóneas para el desahogo de las audiencias derivadas de apelaciones presentadas en contra de las resoluciones de los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de su competencia, tomando en cuenta los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal. Así también, tomaran en consideración lo dispuesto en el Decreto número 36 publicado en el Periódico Oficial número 152, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil catorce, que contiene la declaratoria de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Chiapas y que regula la forma y términos en que se sustancian los procedimientos penales.
2.- Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, visita ordinaria de inspección judicial practicada por el Magistrado Visitador José Luis Espinoza Utrilla, durante los días treinta y treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; el periodo inspeccionado abarcó del veintinueve de abril de dos mil quince al veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, de las recomendaciones hechas en el acta de visita en mención, sobresalen las siguientes:
Del análisis de diversos expedientes de amparos indirectos, si bien es cierto, la mayoría se encontraban en revisión, se advirtió que habían sido concedidos para desahogar las videograbaciones en forma de una inspección judicial; no se acreditaron los elementos del cuerpo del delito, hubieron pruebas insuficientes, que se debía fundar y motivar las resoluciones. Lo que fue materia de amparo en una apelación contra el auto de término constitucional declarado inadmisible por la Sala, fue concedido para fundar porqué no se admitió el citado recurso; por tanto, se recomendó a los Magistrados integrantes de la Sala, instruir al Secretario General de Acuerdos y Secretarios de Estudio y Cuenta, que tomen los criterios sustentados por la autoridad federal, como referencia para las subsecuentes resoluciones.
Por su parte en la revisión de los amparos directos, se observó que durante el periodo que se inspeccionó se promovieron 96; de los 49 resueltos, 21 fueron concedidos para efectos y 11 lisos y llanos; las resoluciones de los magistrados federales contenían criterios que debían ser tomados en cuenta en próximas resoluciones relativos al desahogo de la prueba pericial contable; que en los casos de tortura debía reponerse el procedimiento para la práctica de los exámenes médicos y psicológicos en estricto apego al Protocolo de Estambul; que el juez de la causa, en caso de que el inculpado refiriera que fue torturado diera vista al fiscal adscrito para que hiciera la investigación respectiva. Asimismo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en razón a la falta de integración de elementos constitutivos del delito; así como, que no quedó justificada la notoria urgencia, debiéndose cuidar el debido proceso, analizar metódicamente y ponderar la homogeneidad y consistencia del acervo probatorio. Finalmente se destacó que en la cuantificación del daño, cuando se tratara de incumplimiento de deberes alimentarios, debe ponderarse el hecho de que el reo se encuentra privado de su libertad y que sus ingresos son nulos, por lo que es improcedente calcularlos en el término de su privación. Derivado de lo anterior, el Magistrado Visitador recomendó a los Magistrados integrantes de la Sala instruir al Secretario General de Acuerdos y Secretarios de Estudio y Cuenta, para que en futuras resoluciones tomaran en consideración los criterios de las autoridades federales, para un mayor enriquecimiento jurídico en las sentencias.

14

16

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
De la revisión de los tocas, se advirtió que la celebración de la audiencia de vista, no se encontró ajustada a lo previsto por el artículo 391 del Código de Procedimientos Penales del Estado, que establece que si la Sala considera que se debe cambiar el efecto en que se admitió el recurso, lo declarara así, comunicándolo al Juez natural y continuara conociendo del mismo; hecho lo anterior, mandará a citar a las partes para la audiencia de vista dentro de los diez días siguientes. De igual forma, en su desahogo, no realizaron las notificaciones atendiendo el domicilio señalado por las partes y se practicaban por estrados; en consecuencia, al dictar la resolución se ordenaba la reposición del procedimiento para la notificación de la audiencia de vista; por lo que, el Magistrado Visitador, recomendó al Secretario General de Acuerdos del órgano visitado, que en lo subsecuente fuera más acucioso en el proyecto de acuerdo de radicación del toca para precisar los domicilios de los integrantes del proceso o cualquier otra situación que no conlleve a la reposición de la audiencia de vista. A los Magistrados integrantes de esa sala, se les recomendó que establecieran una metodología o comunicación con los jueces de la materia de su jurisdicción, para que invariablemente realizaran la notificación a las partes de la interposición del recurso y evitar la dilación en la emisión de las resoluciones; por último, se recomendó a la actuaria adscrita, que realizara la notificaciones en los términos ordenados y en el caso de notificaciones por estrados, previamente el Secretario General de Acuerdos, debería establecer en el acuerdo de radicación del toca que no existía en el expediente del juzgado un domicilio diverso para practicar la notificación por estrados.
3.- Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco, visita ordinaria de inspección judicial practicada por el Magistrado Visitador Marco Antonio Zenteno Núñez durante los días catorce, quince y dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; el periodo inspeccionado abarcó del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete al once de mayo del dos mil dieciocho. Dejando constancia, que el licenciado Filiberto López Zavala, fue adscrito al órgano jurisdiccional de mérito, en la ponencia C el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete; de la que no se observó recomendación alguna.
4.- Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco, visita ordinaria de inspección judicial practicada por el Magistrado Visitador José Luis Espinoza Utrilla, durante los días quince, dieciséis y diecisiete de mayo de dos mil diecinueve; el periodo inspeccionado abarcó del catorce de mayo del dos mil dieciocho al catorce de mayo de dos mil diecinueve; de las recomendaciones hechas en el acta de visita en cuestión, destaca lo siguiente:
En diversos tocas fueron concedidos amparos en contra de sentencias dictadas en materia civil y familiar, con criterios diversos a los sostenidos por esa sala; por lo que el Magistrado Visitador recomendó a los Magistrados, Secretarios de Estudio y Cuenta y Secretario General de Acuerdos que integran la sala, implementar los criterios de los tribunales federales en futuras resoluciones para robustecer la argumentación y fundamentación jurídica en el dictado de las sentencias.
IX.

Distinciones, reconocimientos, estudios y todo tipo de producción académica obtenida durante el desempeño de su encargo
Por lo que respecta a la actualización en los conocimientos jurídicos del licenciado Filiberto López Zavala en su desempeño como Magistrado de la información proporcionada por el Instituto de Formación Judicial y de su expediente personal, se hace constar su participación en los siguientes eventos académicos:
Evento Fecha Curso de Formación Inicial, en Técnica Subsecretaría de Seguridad Pública y Readaptación Penitenciaria para el personal en activo de Social. Programa Nacional de Readaptación Seguridad y Custodia del Estado de Penitenciaria Puebla.
Puebla, Puebla.
15

17

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Curso de Inducción a la Administración.

Curso de identificación de Drogas y Farmacodependencia
Detención y Tratamiento Integral Interno Paciente con S.I.D.A

del
Encuentro Internacional de Escuelas de Verano de la Habana sobre temas Penales Contemporáneos.
Diploma por haber cursado la Maestría en Derecho Penal y Criminología
Del 20 al 25 de julio de 1998
Centro de Capacitación en Desarrollo.
Puebla de Zaragoza 16 de noviembre de 1999
Procuraduría General de la República. Dirección General de Centros de Readaptación Social del Estado.
Puebla, Puebla 20 de abril de 2004
Dirección General de Centros de Readaptación Social del Estado.
Puebla de Zaragoza.
15 de mayo de 2004
Facultad de Derecho, Sociedad Cubana de Ciencias Penales.
Del 18 al 22 de julio de 2005
Centro de Ciencias Jurídicas de Puebla.
Puebla, Puebla.
Septiembre de 2007 a Junio 2009

De lo anterior, podemos señalar que propiamente no existe una amplia preparación y especialización en la labor jurisdiccional, además se hace notar que el licenciado Filiberto López Zavala, no ha actualizado sus conocimientos jurídicos a partir del año dos mil nueve, dejando con ello de cumplir con el requisito establecido en la fracción VII, del artículo 75 de la Constitución Local, que establece como requisito para ostentar el cargo de Magistrado, el de acreditar conocimientos especializados y en la obligación personal de los impartidores de justicia de mantenerse actualizados en las ciencias jurídicas propias de su actividad jurisdiccional en busca de la excelencia y experiencia profesional.
Aunado a que no existieron acciones trascendentes o destacadas en el ámbito general como aportaciones a las ciencias jurídicas.
Del expediente personal, se aprecia que obtuvo los siguientes reconocimientos:
Evento Fecha Por su apoyo en el Programa de Dirección General de Centros de Readaptación Social tratamiento y recuperación de adicciones.
del Estado y la Dirección del Centro de Readaptación Social de Puebla.
Puebla.
19 de Mayo de 2005
Por su comprometido apoyo al tratamiento Centro de Readaptación Social de Puebla.
integral a la población interna de esa Puebla.
institución.
Junio 2008
Por su destacada labor altruista en apoyo a Colegio Bucareli de Puebla.
la juventud Poblana y a las actividades Puebla, Puebla.
deportivas del Colegio Bucareli de Puebla 19 de abril de 2010
En consonancia con las premisas citadas, se aprecia que durante los últimos diez años, el licenciado Filiberto López Zavala, no ha actualizado sus conocimientos jurídicos; por tanto, no tiene una amplia preparación y especialización; lo que denota nulo interés para prepararse constantemente y así lograr un buen desempeño en su actividad jurisdiccional.

16

18

miércoles 08 de abril de 2020

X.

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Quejas presentadas en contra del Magistrado y el sentido de su resolución
En este rubro durante el periodo constitucional que se analiza, como se advierte del expediente personal del Magistrado Filiberto López Zavala, le fueron resueltos por el Pleno del Consejo de la Judicatura dos procedimientos administrativos, siendo los siguientes:
1.- Mediante oficio número SECJ/1699/2017, de seis de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por la licenciada María Itzel Ballinas Barbosa, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, comunicó la aprobación por unanimidad de votos de los Consejeros presentes, del dictamen emitido por la Comisión de Vigilancia, en autos del expediente administrativo número 100/2016, en los términos siguientes:
PRIMERO:- Se declara de no responsabilidad administrativa por improcedente el procedimiento número 100/2016, con motivo a la queja interpuesta por Heriberto Pacheco Santizo, en contra del licenciado Guillermo González Rodríguez, Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Huixtla, así como en contra de los licenciados Carlos Alberto Bello Avendaño, José Alonso Culebro Díaz y Filiberto López Zavala, Magistrados Integrantes de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula; en términos de los considerandos IV y V del cuerpo de ésta resolución. SEGUNDO:- Hágase del conocimiento a las partes en el presente procedimiento de responsabilidad administrativa del contenido de esta resolución, notifíquese en la lista de acuerdos y remítase copia de la misma al expediente personal de los licenciados Carlos Alberto Bello Avendaño, José Alonso Culebro Díaz y Filiberto López Zavala, que lleva la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. TERCERO:- En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.- Notifíquese y Cúmplase.
2.- Mediante oficio número SECJ/2123/2018, de tres de abril de dos mil dieciocho, suscrito por la licenciada María Itzel Ballinas Barbosa, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, comunicó la aprobación por unanimidad de votos de los Consejeros presentes, del dictamen emitido por la Comisión de Vigilancia, en autos del expediente administrativo número 55/2017, en los términos siguientes:
PRIMERO:- Se declara IMPROCEDENTE el procedimiento número 55/2017, iniciado con motivo a la queja presentada por Lilia Zambrano García, en contra del licenciado Horacio García Estrada, en calidad de Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Catazajá-Palenque, en términos de los razonamientos vertidos en el considerando IV, del cuerpo de ésta resolución. SEGUNDO:- Se declara IMPROCEDENTE el procedimiento número 55/2017, iniciado con motivo a la queja presentada por Lilia Zambrano García, en contra de los doctores José Aníbal Pérez Castro, Guillermo Nieto Arreola y el licenciado Filiberto López Zavala, Magistrados integrantes de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04 Pichucalco, en la época de los hechos, en términos de los razonamientos vertidos en el considerando V, del cuerpo de ésta resolución. TERCERO:- Hágase del conocimiento a las partes en el presente procedimiento de responsabilidad administrativa del contenido de esta resolución, notifíquese en la lista de acuerdos y remítase copia de la misma al expediente personal de los licenciados Horacio García Estrada, José Aníbal Pérez Castro y Filiberto López Zavala, que lleva la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. CUARTO:- En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. QUINTO:- Notifíquese y cúmplase. - sic.
Aspecto cualitativo:

17

19

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Ahora bien, a fin de realizar un estudio exhaustivo y objetivo, debemos tomar en cuenta, no sólo los aspectos cuantitativos del trabajo desempeñado por el Magistrado Filiberto López Zavala, sino también aspectos cualitativos, siendo necesario realizar un análisis de las sentencias pronunciadas por los juzgados federales en los que resolvieron los recursos de amparo promovidos en contra de las resoluciones pronunciadas por su ponencia, aunado a las acciones de vigilancia y buena administración de la labor administrativa jurisdiccional del personal a su cargo.
Es así que, las resoluciones emitidas por la Sala Regional pueden ser impugnadas por los particulares, a través del juicio de amparo, por esa razón el número de ejecutorias que conceden el amparo para algún efecto, en relación con el total de sentencias emitidas, constituye un indicador muy importante de la calidad resolutora de los magistrados.
Lo anterior, puesto que el amparo es un medio de defensa procesal constitucional del ordenamiento jurídico mexicano, el cual tiene por objeto proteger los derechos humanos y/o derechos fundamentales establecidos en la Constitución, así como en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, cuando éstos son violados por normas generales, actos de autoridad o de particulares señalados en la ley, el cual está regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal y la Ley de Amparo.
Del análisis de las resoluciones de amparo de manera cualitativa, a fin de obtener datos que determinen las razones por las cuales en su momento procesal la justicia federal amparó al quejoso de los actos de autoridad atribuibles al Magistrado Filiberto López Zavala, se advirtió lo siguiente:
Información correspondiente al periodo de adscripción del Magistrado evaluado:
Magdo.
Resoluciones Filiberto López emitidas Zavala.

Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02
Tapachula.
Del veinticuatro de abril de dos mil catorce, al veintidós de febrero de dos mil diecisiete.
Sala Regional Colegiada Mixta Zona 04, Pichucalco.
Del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, al dieciocho de
Amparo directo e indirecto concedido para efectos
Porcentaje de resoluciones en las que se concedió amparo para efectos
Amparo directo e indirecto concedido liso y llano
Porcentaje de resoluciones en las que se concedió amparo liso y llano
Amparo improcedente o sobreseído, negado y otros.

Porcentaje de resoluciones en las que fue improcedente o se sobreseyó el amparo
659

37

5.61

15

2.27

10

1.51

327

45

13.76

04

1.22

112

34.25

18

20

miércoles 08 de abril de 2020

octubre de dos mil diecinueve.
TOTAL

986

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
82

8.31

19

1.92

122

12.37

En el aspecto cualitativo se puede observar que de un total de 1360 resoluciones emitidas, en el 8.31
% fue concedido el amparo para efectos, y en el 1.92% fue concedido liso y llano; lo que hace un total de 10.23%, que si bien, el indicativo del porcentual citado no es elevado, no deja de ser relevante;
además que no debe pasar inadvertido que el fin perseguido por el recurso de apelación es que el Ad quem revoque, confirme o modifique las sentencias emitidas, por lo que, existe un imperativo de realizar un análisis general de las acciones realizadas por el A quo; de ahí que las omisiones, aun cuando fueron realizadas por el juez de primera instancia, no fueron advertidas y evidencia que existió en algunos casos falta de acuciosidad, esmero, exhaustividad en el análisis y estudio de los asuntos puestos a su consideración.

Período del 24 de abril de 2014 al 18 de octubre de 2019
1200
1000
800
600

Período del 24 de abril de 2014 al 18 de octubre de 2019

400
200
0 Resoluciones emitidas
Amparos concedidos para efectos
Amparos concedidos liso y llano
Cabe precisar, que los motivos de la concesión de los amparos son los siguientes:
Durante el periodo del veinticuatro de abril de dos mil catorce, al veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 02 Tapachula, las ejecutorias en las que se concedió el amparo para algún efecto, fueron las siguientes:
AMPAROS DIRECTOS
No.
Prog.
1.-

Núm. Toca
Motivos de la concesión
333-C-1P02/14

2.-

381-C-1P02/14

Amparo número 481/2014, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que considere no probado el delito de abuso sexual agravado, en consecuencia determine la absolución del quejoso.
Amparo número 335/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que se pronuncie sobre la sustitución de la multa.

19

21

miércoles 08 de abril de 2020

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
360-C-1P02/14

Amparo número 549/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que ordene al fiscal del Ministerio Público, inicie la investigación si se acredita o no el delito, así también realice los exámenes psicológicos y médicos correspondientes.
342-C-1P02/14
Amparo número 193/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, reitere las consideraciones que no fueron motivo de concesión; la comprobación del delito de abuso sexual y la plena responsabilidad, el grado de culpabilidad, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, la negativa de los beneficios de sustitución de la pena de prisión por tratamiento en libertad o trabajo a favor de la comunidad y multa, así como la negativa del beneficio de la condena condicional, el otorgamiento del diverso beneficio sustitutivo de pena de prisión por semilibertad y en seguimiento a los lineamientos de la ejecutoria establecer la pena de prisión que corresponde al quejoso, deberá considerar los días que estuvo sujeto a prisión preventiva dos al siete de noviembre de dos mil once, al pronunciarse sobre la reparación del daño, deberá corregir las incongruencias destacadas y con libertad de jurisdicción, establecer si se refiere al daño moral o material.
306-C-1P02/12 SUB Amparo número 426/2015, que la Sala deje insubsistente la 01/14
sentencia reclamada y emita otra, en la que, ordene la reposición del procedimiento al Juez de Primera Instancia, a efecto de que sin perjuicio de las actuaciones ya desahogadas, provea sobre el desahogo de los careos procesales del ofendido con los testigos de cargo.
555-C-1P02/14
Amparo número 14/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, con libertad de jurisdicción, se pronuncie sobre el grado de culpabilidad donde deberá calificar el grado de culpa, individualización de la pena, beneficios sustitutivos, en su caso, reparación del daño, así como la suspensión de los derechos civiles y políticos del sentenciado.
555-C-1P02/14
Amparo número 15/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que deberá pronunciarse sobre el grado de culpabilidad, calificar el grado de culpa, individualización de la pena, beneficios sustitutivos en su caso y reparación del daño.
303-C-1P02/3 SUB Amparo número 784/2015, que la Sala deje insubsistente la 01/15
sentencia reclamada y emita otra, en la que, ordene al Juez de Primera Instancia la reposición del procedimiento, para que ordene los careos entre la enjuiciada con la ofendida, así como con los testigos de cargo y los que resulten con los testigos de descargo.
12-C-1P02/12 SUB Amparo número 269/2015, que la Sala deje insubsistente la 01/15
sentencia reclamada y emita otra, en la que, ordene reponer el procedimiento para efectos de que se requiera al parte médico legista en el término de ley, acuda ante el Juez a ratificar el dictamen.
363-C-1P02/12 SUB Amparo número 103/2016, que la Sala deje insubsistente la 01/15
sentencia reclamada y emita otra, en la que, señale que carece de 20

22

miércoles 08 de abril de 2020

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
valor probatorio como pericial y documental el informe de auditoría, de igual forma considere que la pericial oficial también tiene valor probatorio.
555-C-1P02/14
Amparo número 944/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que, establezca la pena de prisión del sentenciado y realice pronunciamiento relativo a la sustitución de la multa impuesta por trabajo.
186-C-1P02/15
Amparo número 108/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que, ordene la reposición del procedimiento hasta la diligencia inmediata anterior al auto de cierre de instrucción de la causa, para que, con las formalidades de ley se practiquen los careos procesales entre el quejoso con Flor de María Nieto García, Wilber Udiel Orozco Nieto y Francisca García; lo cual resulta indispensable ante las contradicciones que existen y ordene la ratificación de los dictámenes periciales al estudio ginecológico de las víctimas menor de edad y proctológico de la madre de ellas, también víctima; rastreo magnético de mensajes en el teléfono celular de la sujeto pasivo; estudio victimológico y valoración psicológica de la sujeto pasivo.
363-C-1P02/13 SUB Amparo número 477/2016, que la Sala deje insubsistente la 01/15
sentencia reclamada y emita otra, en la que, con base en las consideraciones aquí expuestas, dicte una sentencia absolutoria, concesión de amparo que se hace extensivo el acto de ejecución atribuido al Juzgado Primero del Ramo Penal, en virtud de no impugnarse por vicios propios sino como consecuencia del acto atribuido a la autoridad responsable.
555-C-1P02/14
Amparo número 11/2017, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que, establezca la pena de prisión que corresponde al quejoso y realice el pronunciamiento relativo a la sustitución de la multa impuesta.
537-C-1P02/15
Amparo número 573/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que determine si debe operar la suplencia de la queja respecto de la apelación del ofendido, esto es, señale si se actualiza la hipótesis que para ello contempla el segundo párrafo del artículo 384 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, en caso de que, acorde con las constancias de autos declare tal suplencia, deberá analizar en su integridad la sentencia de primer grado y determinar si la misma fue dictada respetando los derechos humanos del quejoso.
558-C-1P02/2014
Amparo número 729/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva resolución con base en la totalidad de las constancias que integran el testimonio de apelación, ya que el testimonio no estaba completo.
81-C-1P02/15
Amparo número 910/2016, que la Sala deje insubsistente la SUB.01/16
sentencia reclamada y emita otra, en la que establezca que no se acreditó el primer elemento del delito consistente en: a.- Que determinado sujeto activo progenitor padre, abandone sin causa justificada a cualquier persona hijos, respecto de quien tenga la obligación de suministrar alimentos, y, en consecuencia, revocar el fallo condenatorio de primera instancia a favor del quejoso.
21

23

miércoles 08 de abril de 2020

18.-

06-C-1P02/16 sub 01/16

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Amparo número 916/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que, analice los agravios formulados por la quejosa y resuelva lo que en derecho proceda.

AMPAROS INDIRECTOS
No.
Prog.
1.-

Núm. Toca
Motivos de la concesión
237-C-1P02/14

2.-

288-C-1P02/14

3.-

318-C1P02-14
sub.0114

4.-

465-C-1P02-13
sub.01/15

5.-

411-C-1P02/15

6.-

411-C-1P02-15

7.-

261- C-1P02-15

8.-

12- C-1P02-11
SUB.02/15

Amparo número 704/2014, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que califique de inoperantes los agravios hechos valer por la representación social.
Amparo número 873/2014, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que con sujeción a los lineamientos plasmados en ese fallo, resuelva el asunto que fue puesto a su consideración, fundando y motivando debidamente su determinación.
Amparo número 958/2014, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que, revoque el auto de formal prisión apelado y ordene al Juez de Primera Instancia que reponga el procedimiento, a fin de que durante el término constitucional ampliado que debe otorgarse nuevamente a los quejosos, admita, prepare y provea lo conducente para lograr el desahogo de las testimoniales a cargo de las licenciadas Rosa Elena Arreola Machuca y Sandra Daniela Oropeza Rodríguez, así como el careo entre éstas, y el inculpado José Geny Magdaleno Ruiz.
Amparo número 838/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, para que dentro del marco constitucional y convencional referido se supla la deficiencia de los agravios en igualdad de condiciones a la víctima u ofendido del delito y al inculpado o su defensor.
Amparo número 20/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva resolución en la que ordene reponer el procedimiento, para que se desahoguen las videograbaciones ofertadas por la defensa en forma de una inspección judicial con presencia de todas las partes.
Amparo número 24/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita un nueva resolución en la que ordene reponer el procedimiento, para que se desahoguen las videograbaciones ofertadas por la defensa en forma de una inspección judicial con presencia de todas las partes.
Amparo número 1546/2015, que la sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que no aplique el contenido del segundo párrafo del artículo 384 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado y supla únicamente la deficiencia de los agravios a favor del ofendido aquí quejoso, esto es, prescinda de estimarlos inoperantes abordando su estudio en cuanto al fondo.
Amparo número 85/2016, antes 141/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que señale los medios de prueba con los cuales tiene por acreditada la 22

24

miércoles 08 de abril de 2020

9.-

507-C-1P02/15

10.-

435-C-1P02/15
SUB.01/16

11.-

60-C-1P02/16

12.-

534-C-1P02/15

13.-

54-C-1P02/16

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
probable responsabilidad penal del inculpado en la comisión del delito imputado, y además la identidad de dicho sujeto, para determinar que es la misma persona que los testigos del cargo sindican.
Amparo número 137/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que valore todos los medios de prueba que obran en la causa penal 191/2015, específicamente la declaración de la víctima menor y la denunciante, tomando en consideración los elementos internos y externos de dichos deposados. Valore la nota médica realizada por el Dr. Gonzalo Uribe Grajales, Médico adscrito al Hospital General de Huixtla, Chiapas.
Amparo número 353/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que deberá establecer que con el material probatorio inserto en autos, si se acreditan los elementos del cuerpo del delito de despojo, así como la probable responsabilidad, en relación con los artículos 14 párrafos primero y segundo, fracción I, 15 párrafo primera hipótesis, y segundo fracción II, del Código Penal para el Estado de Chiapas.
Amparo número 464/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que señale los medios de prueba con los cuales tiene por acreditada la probable responsabilidad penal del inculpado.
Amparo número 616/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva resolución en la que ordene la reposición del procedimiento y la subsistencia del auto de formal prisión decretado en contra del impetrante, dejando incólume la diligencia de declaración preparatoria, y en el restante lapso constitucional, conmine al Juez de origen que proceda a desahogar dos testimonios de descargo con las debidas formalidades de ley y con presencia del inculpado, así como de su defensor, siempre y cuando fuere posible, pues en todo caso, la recepción de las probanzas no podrá tener por efecto impedir el dictado de la resolución con que se resuelva la situación jurídica del quejoso dentro de los estrictos términos señalados en el artículo 19 Constitucional, aplicando de ser necesario los medios de apremio que previene el código adjetivo penal para la entidad, y hecho lo anterior o justificada la imposibilidad de realizarlo, continúe la secuela procesal respetando, en su caso, el término constitucional hasta dictar con plenitud de jurisdicción la resolución que en derecho proceda en el mismo sentido, o bien, con el desahogo de dichos medios de convicción, fundando y motivando su determinación, adopte un criterio diverso.
Amparo número 1673/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que deje insubsistente la resolución de catorce de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el toca penal 54-C-1P00/2016, y siguiendo los lineamientos de ese fallo constitucional, aborde el estudio de los agravios expresados por el representante legal de la persona moral ofendida y por el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas, y con 23

25

miércoles 08 de abril de 2020

14.-

384-C-1P02/15
SUB. 02/16

15.-

342-C1P02/16

16.-

540-C-1P02/15

17.-

318-C-1P02/14
SUB.01/14

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, con lo que quedará cumplida la sentencia garantista.
Amparo número 2070/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que determine la invalidez de la declaración ministerial del inculpado, David Zea de la Cruz, por ende tendrá que excluirla del acervo probatorio y hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda respecto al cuerpo del delito y la probable responsabilidad del quejoso.
Amparo número 1684/2016 y 1734/2016 acumulados, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que considere que para la emisión de la orden de aprehensión solicitada es innecesaria la demostración plena del elemento subjetivo del tipo penal dolo; asimismo, prescinda de considerar que la disputa de derechos entre las partes impide resolver sobre la acreditación de los elementos del cuerpo de los delitos por lo que se solicitó la orden de aprehensión; con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en suplencia de la queja deficiente a favor de los ofendidos y los indiciados, resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la orden de aprehensión solicitada; para lo cual deberá examinar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados conforme a la totalidad de las pruebas que obran en la averiguación previa; particularmente analizar los dictámenes periciales en materia de agrimensura, y de acuerdo con su valor y alcance demostrativo resolver lo conducente respecto al conflicto sobre la identidad del predio defendido por los ofendidos del cual ambas partes se ostentan propietarios; de manera particular, en relación con los elementos del cuerpo del delito de despojo al realizar el estudio correspondiente deberá precisar la forma en que se constituyó la conducta atribuida.
Amparo número 476/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que, declare inoperantes los agravios del Ministerio Público apelante; estime que el pliego de consignación es deficiente, toda vez que el representante social no especificó los hechos, las conductas imputadas al indiciado en cada una de las hipótesis precisadas en las agravantes, y las pruebas que lo demostraran.
Amparo número 958/2014, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva resolución, en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria revoque el auto de formal prisión y ordene al Juez de Primera Instancia que reponga el procedimiento a fin de que durante el término constitucional ampliado que debe otorgarse nuevamente a los quejosos, admita, prepare y provea lo conducente o para lograr el desahogo de las testimoniales a cargo de las licenciadas Rosa Elena Arreola Machuca y Sandra Daniela Oropeza Rodríguez, así como el careo entre éstas y el inculpado José Geny Magdaleno Ruiz e instruya al Juez Penal de Primera Instancia para que una vez desahogadas las probanzas señaladas con plenitud de jurisdicción, resuelva
24

26

miércoles 08 de abril de 2020

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
nuevamente la situación jurídica de los inculpados, dentro del término constitucional que al efecto compute.
Amparos concedidos liso y llano: 15
No.
prog.
1.-

Núm. toca
Motivos de la concesión
123-C-1P02/12
Sub.01/14

Amparo número 930/2014, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que determine que a pesar de que la detención de la indiciada se efectúo en flagrancia, se soslayó que fue objeto de detención prolongada injustificada al no haber sido puesta a disposición de la autoridad ministerial, y atendiendo al principio de exclusión de prueba ilícita deben eliminarse todas aquellas que no fueron recabadas con las formalidades de ley, en consecuencia, ante la inexistencia de pruebas absuelva a la quejosa de los delitos de homicidio, lesiones y daño por los que fue sentenciada.
Amparo número 94/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que determine que fueron violentadas las formalidades del procedimiento durante la averiguación previa, tanto en la diligencia de identificación y en su declaración ministerial y determine que existe insuficiencia de material probatorio para establecer la participación del sentenciado en la comisión del delito.
Amparo número 66/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que considere que en cuanto a la causa penal 414/2008, no se acreditaron los elementos del tipo penal del delito de violación; y en el expediente 451/2011, la plena responsabilidad penal del delito de violación agravada, en ambas causas penales.
Amparo número 599/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que, declare acreditada la plena responsabilidad del sentenciado en la comisión del delito de lesiones culposas en tránsito de vehículo.
Amparo número 2/2015, antes 668/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que, determine que, no se acreditaron los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño culposo.
Amparo número 76/2015, antes 793/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que revoque la sentencia apelada y absuelva al sentenciado.
Amparo número 379/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que determine la insuficiencia de la prueba a efecto de demostrar la responsabilidad penal del quejoso y, en consecuencia revoque la sentencia apelada y decrete su absolución.
Amparo número 101/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado y dicte otra resolución, en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria determine, que en la especie no se acreditaron los delitos de violación equiparada y trata de personas, por los que fue sentenciada por el Juzgado de
2.-

249-C-1P02/14

3.-

519-C-1P02/14

4.-

294-C-1P02/13

5.-

54-C-1P02/15

6.-

54-C-1P02/12
SUB. 01/14

7.-

237-C-1P02/11
SUB. 01/14

8.-

81-C-1P02/13
SUB.02/15

25

27

miércoles 08 de abril de 2020

9.-

81-C-1P02/13
SUB. 02/15

10.-

279-C-1P02/14
SUB.01/15

11.-

474-C-1P02/13
SUB. 01/14

12.-

126-C-1P02/15
SUB.01/15

13.-

426-C-1P02/14

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Primera Instancia y, en consecuencia, absuelva a la quejosa, e instruya al Juez de la causa ordene al Ministerio Público que corresponda, inicie la averiguación previa relativa a efecto de determinar si se acredita o no el delito de tortura.
Amparo número 100/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado y dicte otra resolución en la que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria determine que, en la especie no se acreditaron los delitos de violación equiparada y trata de personas, por los que fue sentenciado por el Juzgado de Primera Instancia y, en consecuencia absuelva al quejoso, e instruya al Juez de la causa ordene al Ministerio Público que corresponda, inicie la averiguación relativa a efecto de determinar si se acredita o no el delito de tortura.
Amparo número 100/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que sin tomar en cuenta la declaración ministerial del quejoso Humberto Zavala Trujillo, las diligencias de identificación de personas por sindicación directa de Candelaria Salvadora López Calderón, Antelmo Aguilar Escobar, Alejandra Mijangos Hernández, Susana Adalay Pérez López, Catalina Jarquín López, en contra del hoy quejoso, así como la declaración de Candelaria Salvadora López Calderón, las primeras por ser pruebas obtenidas directa o indirectamente con motivo del acto que provocó la violación a los derechos humanos detención ilegal, y la última por ser inválida a causa de la retractación en la que incurrió la deponente, por tanto se confirme la sentencia de Primera Instancia, con base en lo expuesto en el presente fallo y determine que con los restantes medios probatorios existentes en autos no se acredita la plena responsabilidad penal del inconforme.
Amparo número 726/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita nueva resolución en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de concesión del amparo, estableciendo que existe prueba insuficiente en las causas penales 296/2012 y 297/2012, para demostrar la plena responsabilidad del quejoso y decrete la libertad de éste.
Amparo número 721/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que, sin tomar en cuenta la declaración ministerial del quejoso, las diligencias de identificación de voz a cargo de la víctima menor ofendida, y la diligencia de identificación del lugar de los hechos a cargo del disconforme, por ser pruebas obtenidas directa e indirectamente con motivo del acto que provocó la violación a los derechos humanos detención ilegal.
Revoque la sentencia de Primera Instancia y determine que con los restantes medios probatorios existentes en autos no se acredita la plena responsabilidad penal del inconforme, ordene la cancelación y destrucción del registro de identificación administrativa ficha signalética, habilite al quejoso en el goce de sus derechos civiles y políticos, que le fueron suspendidos con motivo del auto de formal prisión que se decretó en su contra.
Amparo número 721/2016, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que al resultar ilegal la valoración de las pruebas, concluya que son insuficientes para 26

28

miércoles 08 de abril de 2020

14.-

435-C-1P0214

15.-

300-C-1p02/15
SUB 01/15

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
justificar la plena responsabilidad del sentenciado en la comisión del delito de violación equiparada agravada, que se le atribuyó.
Amparo número 65/2017, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que se determine que al no actualizarse la figura del caso urgente resultó ilegal la detención de los sentenciados, y considere que las pruebas derivadas de la misma carecen de valor probatorio; y con base en las pruebas subsistentes, determine que las mismas son insuficientes para acreditar la plena responsabilidad penal de los enjuiciados en la comisión del delito de robo ejecutado con violencia agravado, por el que se les juzgó y los absuelva del mismo.
Amparo número 92/2016, antes 1516/2015, que la Sala deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra, en la que en ese entorno es incuestionable que el acto reprochado, consistente en la resolución de cuatro de diciembre de dos mil quince, dictada por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tapachula, la cual confirmó el auto de plazo constitucional de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, en la causa penal 31/2015, produce como resultado la transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa, lo cual hace procedente concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, en forma lisa y llana.

Amparos sobreseídos e improcedentes.
Sobreseídos: 10
Improcedentes: 00
Ahora bien, del oficio número 1514/2019, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el licenciado Guillermo Ramos Pérez, Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 04, Pichucalco, se aprecia que durante el periodo del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete al dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en 45 ejecutorias se concedió el amparo para algún efecto, en los términos siguientes:
Civiles:

27

Penales:

18

Total:

45

Resoluciones civiles:
No.
prog.
1.-

Núm. toca
Motivos de la concesión
22-A/2017

2.-

35-B/2017

Se declara que el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Pichucalco, es competente para seguir conociendo del Juicio Ordinario Civil de Divorcio Necesario sin expresión de causa, promovido por Octavio Vera Hernández, excepción de incompetencia por declinatoria.
A fin que se gire, oficios a las dependencias oficiales conducentes u oficinas privadas que considere necesarias para que en apoyo a 27

29

miércoles 08 de abril de 2020

3.-

16-A/2016

4.-

11-B/2018

5.-

28-A/2018

6.-

44-B/2018

7.-

72-C/2016

8.-

59-B/2018

9.-

24-C/2017

10.-

104-B/2014

11.-

93-C/2017

12.-

109-A/2017

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
la administración de justicia encomendada se le informe si dentro de los archivos de las dependencias oficiadas, cuentan con datos que permitan conocer el nombre de quien pudiera ser nombrado albacea del extinto Cecilio López Pérez o Cecilio López, Juicio Ordinario de Prescripción Adquisitiva.
A fin de ordenar recabar una nueva prueba pericial en psicología a M.K.E.R a través de la cual se determine si la menor presenta alguna manipulación por parte de sus progenitores o de sus custodios; así, el juzgador deberá ser especialmente cuidadoso al valorar tanto la opinión del menor como el resto del material probatorio en los asuntos que dirimen aspectos que afectan los derechos de menores, guarda y custodia de menor.
Se ordena girar atento oficio a la Delegada y/o a quien legalmente corresponda del DIF Regional, Delegación VIII Norte, de Pichucalco, Chiapas, a fin de que designe personal capacitado en la materia de psicología o trabajo social o el que legalmente resulte, a fin de que esté presente conjuntamente con el menor y su progenitora, en el desarrollo de la convivencia del menor con su progenitor, la que deberá ser de manera preferente dentro de dichas instalaciones.
Se ordena al A quo que designe un tutor al menor A.E.A.R., en términos de lo establecido en el artículo 332 del Código Civil para el Estado de Chiapas.
Deberá modificarse el auto recurrido exclusivamente, en el aspecto referente a la exclusión de los viáticos y gastos de representación decretada por el primario en la medida provisional, a cargo del salario del ahora inconforme a favor de la accionante. Controversia del orden familiar.
Ordenándose reponer el procedimiento en el incidente de falsedad de firmas y nulidad de actuaciones, promovido por los apelantes Cilicia Cruz Arcos y Daniel Hernández Jiménez, en contra de Juan Sánchez Álvaro, hasta antes de la citación para sentencia interlocutoria, para efecto que el juez de origen en atención al principio de igualdad procesal entre las partes y en suplencia de la queja, nombre perito tercero en discordia en materia de grafoscopía, grafometría y caligrafía, y se desahogue tomando en cuenta el carácter de colegiada de la prueba pericial en los puntos solicitados por las partes.
Reposición de Primera Instancia, a efecto de que el Juez natural, desahogue la diligencia de la oposición de las diligencias de apeo y deslinde.
A efecto de restituir a la parte actora del bien inmueble reclamado, al demostrarse que ostenta la posesión del inmueble en litigio.
A efecto de declarar infundados los agravios del apelante y confirmar la sentencia de primera instancia.
Alimentos, no se aportaron medios de prueba suficientes para acreditar la necesidad de los alimentos de la actora Elvira Morales Araujo.
A efecto de modificar la sentencia reclamada, se condena al demandado Ramón Gil Pavón, a proporcionar como pensión
28

30

miércoles 08 de abril de 2020

13.-

102-c/2017

14.-

115-A/2017

15.-

92-B/2017

16.-

02-B/2018

17.-

24-C/2018

18.-

39-C/2018

19.-

49-A/2018

20.-

51-C/2018

21.-

15-C/2017

22.-

55-A/2018

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
alimenticia mensual y definitiva a favor de la menor E.R.G.M., representada por su progenitora.
Declarar infundados los agravios del recurrente para confirmar la sentencia de primera instancia.
Declarar fundados los agravios de la parte apelante, para revocar la sentencia de Primera Instancia, al considerarse que no ha procedido la acción de prescripción positiva que el actor intento.
Se revoca la sentencia de Primera Instancia ante lo fundado de los agravios de la parte apelante, a efecto de declarar improcedente la acción de tercería ejercitada por Pedro Montejo López.
Declarar infundados los motivos de disenso del apelante; por lo que, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.
Son inoperantes los agravios, atendiendo a su deficiencia técnica que la autoridad revisora no puede suplirlos; por lo tanto, al no existir en el recurso argumento alguno encaminado a combatir el período por el que debió dictarse la prórroga del contrato de arrendamiento que concedió el Juez natural, anteponiendo el reclamo del actor que hizo en su demanda, en el sentido de solicitar cinco años de prórroga para seguir disfrutando el bien inmueble objeto del arrendamiento, es evidente que ante tal deficiencia trae como consecuencia declarar inoperantes los agravios para cambiar el sentido de la sentencia combatida, la cual habrá de confirmarse.
No se demostró que la parte demandada enajenó en donación a favor de los apelantes tres hectáreas de terreno del predio La Guadalupe que se encuentra ubicado en la ranchería Santa Cruz, de Sunuapa, Chiapas, por lo tanto los motivos de inconformidad que hizo valer la parte recurrente resultan infundados, para cambiar el sentido de la sentencia recurrida la cual habrá de confirmarse.
Se repone procedimiento a efecto de desahogar las pruebas idóneas para determinar si padece o no de alguna discapacidad, y si ésta se traduce en una desventaja procesal que impide el acceso a una justicia efectiva en igualdad de condiciones. Se solicitó al juez del conocimiento su intervención oficiosa a fin de que ordenara la práctica de estudios psicológicos para determinar si dicha persona padecía de alguna discapacidad, en aras de una correcta impartición de justicia.
Los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente, devienen infundados para reducir el porcentaje de pensión alimenticia fijada por la juzgadora de Primera Instancia y confirmar la de Primera Instancia.
La posesión que dice ostentar el apelante Luis Miguel Pérez Ortíz, carece de uno de los requisitos legales para que se consuma a su favor, por los argumentos expuestos, consistentes en que la posesión sea continua y al no ser así, obvio es que la misma se interrumpió, independientemente de que refiera que entró en posesión, por un acto jurídico celebrado con los demandados Roger Andrés Robles Cruz y Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar, desde el diecinueve de febrero de dos mil nueve, en esas condiciones no ha operado la prescripción positiva a su favor.
Lo que se impone es confirmar la sentencia definitiva impugnada por sus propios y especiales fundamentos, dejando sin efectos la 29

31

miércoles 08 de abril de 2020

23.-

91-A/2018

24.-

70-A/2018

25.-

76-A/2018

26.-

74-B/2018

27.-

99-C/2018

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
resolución pronunciada en el toca el ocho de agosto de dos mil dieciocho, y atendiendo a los lineamientos ordenados en el Juicio de Amparo Directo 796/2018.
A efecto de enviar oficio al centro laboral del demandado, quien es trabajador de la Secretaría de Salud del Estado, específicamente en la Jurisdicción Sanitaria de Pichucalco, Chiapas, para que proceda a realizar el descuento definitivo del 17% diecisiete por ciento a favor de la niña acreedora en su calidad de hija; haciéndole saber que se deja sin efectos la medida provisional ordenada, debiendo informar dentro del término de tres días siguientes al en que lo reciba, el cumplimiento dado a este mandato judicial. Revoca.
Ese Tribunal de Alzada modifique la sentencia impugnada, en virtud de que es inadecuado el porcentaje de condena de alimentos fijado a favor de la demandante, que habrá de ser menor con relación a la que decretó la juez primario, toda vez que en autos ha quedado demostrado que le asiste el derecho de percibir alimentos de su cónyuge Con relación a la declaración de procedencia de la acción reconvencional en los términos indicados y precisados en ese fallo, se revoca la sentencia de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salto de Agua, Chiapas, en el expediente civil número 41/2016.
Por resultar infundados los motivos de disenso hechos valer por el inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.
Para que el Tribunal de Alzada decrete procedente la acción de prescripción positiva hecha valer por el apelante.

Resoluciones Penales.
No.
prog.
1.-

Núm. toca
Motivos de la concesión
154-A/2016

2.-

76-A/2016

3.-

64-A/2015

4.-

151-A/2013

Se sirva proveer lo necesario con la finalidad de desahogar la declaración preparatoria del imputado, en la que deba nombrar perito intérprete y cerciorarse que conozca de la lengua materna, usos y costumbres de aquél. Asimismo, se determine lo conducente para la ratificación de los dictámenes en materia de ginecología, valoración psicológica y estudio victimológico practicados a la ofendida por peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado, emitidos en la etapa de averiguación previa.
A efecto de que se ordene la inscripción del sentenciado Celso Alberto Hernández Avendaño, en el Registro de Deudores Alimentarios del Estado de Chiapas, como deudor alimentario moroso.
Amparo liso y llano, a efecto de poner en libertad al quejoso, no se encuentra demostrada la responsabilidad penal del sentenciado.
Se ordena la reposición del procedimiento para efectos de que el juez del conocimiento, provea lo siguiente: sobre la ratificación judicial del dictamen en materia de estudio victimológico, practicado a la menor pasivo por el perito Medardo Álvaro Vázquez, adscrito a la Dirección de Servicios a la Comunidad, Departamento de Atención Social, de la Fiscalía Especializada, en Derechos 30

32

miércoles 08 de abril de 2020

5.-

22-A/2016

6.-

17-B/2012

7.-

144-B/2016

8.-

02-B/2014

Periódico Oficial No. 096 2a. Sección
Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, dependiente de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y provea lo relativo al careo entre la denunciante Bárbara Vázquez Martínez con la menor ofendida A.V.V.
Se ordena la reposición del procedimiento desde el acuerdo anterior al que declara agotada la instrucción, para efectos de que el juez del conocimiento, determine lo siguiente: Provea la ratificación judicial del dictamen en materia de necropsia, practicado al ofendido José Alfredo Peralta Ascencio, por el médico José Luis Tobías García, adscrito a la Subdirección de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional Zona Norte, dependiente de la Fiscalía General del Estado.
Se repone procedimiento de primera instancia; sobre la ratificación, en sede judicial, del informe pericial de necropsia contenido en el oficio 8344/2011, de siete de diciembre de dos mil once, practicado en el cuerpo del occiso, por parte del médico legista Jorge Trujillo Molina, adscrito a la Fiscalía del Distrito Selva, Subdirección de Servicios Periciales Zona Selva.
Se ordena la reposición del procedimiento para que el Juez Natural realice lo siguiente; a partir del auto de formal prisión decretado se declare incompetente para conocer la causa penal respectiva, debiendo remitir inmediatamente las constancias que integran el proceso al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Chiapas, en turno.
A efecto de revocar el auto de uno de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, en la causa penal 310/2013, en el que se negó el recurso de apelación solicitado en la notificación de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en la causa mencionada con antelación sobre violencia familiar, cometido en agravio del menor L.AE.M, representado por su madre Antonia Morales López.

Resoluciones Penales Orales.
No.
prog.
1.-

Núm. toca
Motivos de la concesión
41-B/2017

2.-

45-C/2017

Revocar la sentencia de Primera Instancia, por cuanto el imputado Luis Alonso Flores Macosay, se encuentra gozando de libertad, se le requiere, para que dentro del término de cinco días contados a partir de que sea legalmente notificado, se recluya voluntariamente en el Centro de Readaptación Social número 11 en el Estado, para los efectos ordenados en la resolución recurrida;
Se confirma la resolución de veinticuatro de octubre del año próximo pasado, pronunciada en el expediente 69/2016, por el Juez de Enjuiciamiento, Región Tres, del Distrito Judicial de Pichucalco, Catazajá-Palenque, Salto de Agua y Simojovel, con residencia en Pichucalco, en la que consideró a Juan Carlos Alvares Hernández, Bernabé Ascencio Ramos y Juan Carlos Vidal Méndez, penalmente responsables del delito de secuestro agravado, cometido en 31