Diario Oficial de Extremadura del 27/3/2020

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Fuente: Diario Oficial de Extremadura

1NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 VIERNES, 27 de marzo de 2020 DIARIO OFICIAL DE 12307 NÚMERO 61 EXTREMADURA SUMARIO I DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Hacienda y Administración Pública Medidas urgentes. Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura 12311 Medidas urgentes. Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19 12317
2NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 II 12308 AUTORIDADES Y PERSONAL 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS Consejería de Hacienda y Administración Pública Concurso de traslados. Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, de la primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente y abierto efectuada por Orden de 20 de mayo de 2019 12331 III OTRAS RESOLUCIONES Consejería de Hacienda y Administración Pública Servicios Públicos Básicos. Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se adoptan medidas complementarias para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales 12410 Contratación. Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 25 de marzo de 2020, por el que se establecen las pautas de actuación para los órganos de contratación sobre la suspensión de términos y plazos en la tramitación de la contratación pública en licitación de la Junta de Extremadura y su sector público como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 12414 Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio Encomienda de Gestión. Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Acuerdo de Encomienda de Gestión de la Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, para la realización por la Dirección General de Cooperativas y Economía Social de determinadas actividades de los centros de formación del medio rural que pertenecen al ámbito funcional de la Secretaría General de Población y Desarrollo Rural 12418
3NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12309 Montes. Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se ordena la anotación en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Badajoz del Monte con el n.º 68, Sierra Gorda, sito en el término municipal de Puebla de Obando, al haber acordado el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la declaración de utilidad pública del mismo y su inclusión en aquel Catálogo 12424 Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad Habilitación Profesional. Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2019 sobre calendario de exámenes a celebrar durante el año 2020 para la obtención de los carnés y habilitaciones profesionales en distintas especialidades, y se dejan sin efecto las fechas de celebración de exámenes establecidas en el anexo I 12436 Servicio Extremeño de Salud Recurso. Emplazamiento. Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 23/2020, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo 12439 V ANUNCIOS Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio Ayudas comunitarias. Anuncio de 11 de marzo de 2020 por el que se da publicidad a la Resolución de 24 de febrero de 2020 del Fondo Español de Garantía Agraria FEGA por la que se asignan derechos de pago básico de la Reserva Nacional de la campaña 2019 12440 Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad Minas. Anuncio de 24 de febrero de 2020 sobre otorgamiento del permiso de investigación de recursos de Sección C de la Ley de Minas denominado Steffen II, n.º 06C12850-00, en los términos municipales de Alburquerque y La Codosera Badajoz, y autorización del plan de restauración 12441
4NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12310 Ayuntamiento de Santa Marta de Magasca Información pública. Anuncio de 24 de febrero de 2020 sobre modificación puntual n.º 5 del proyecto de delimitación de suelo urbano 12442
5NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 I 12311 DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 2020DE0002 I Las medidas que se adoptan mediante este decreto-ley en materia tributaria tienen como principal objeto evitar el desplazamiento de los contribuyentes a las dependencias públicas de la Administración tributaria extremeña en tanto dure la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Es un propósito también de este decreto-ley favorecer la liquidez de familias, PYMES y autónomos, prorrogando plazos de pago y elevando la cuantía mínima para la exención de garantía en aplazamientos y fraccionamientos de deudas. Además, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, ha añadido un apartado 6 a la disposición adicional tercera de esta última norma, según el cual, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos recogida en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. Tras esta modificación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la Junta de Extremadura considera conveniente ejercer las competencias normativas atribuidas a la Comunidad Autónoma para regular las normas de gestión de los tributos propios y cedidos para ampliar los plazos de presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias. II En cuanto a su contenido, en primer lugar, por lo que se refiere a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se ampliará en tres meses adicionales a lo establecido en la normativa específica de cada tributo, el plazo para la presentación y pago de todas aquellas autoliquidaciones y declaraciones
6NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12312 cuyo plazo finalice desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto que declara el estado de alarma y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive. En segundo lugar, los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e ingreso de las deudas de derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán hasta el mismo día del segundo mes siguiente a su vencimiento. En tercer lugar, como medida adicional y dado que los establecimientos de juego deben permanecer cerrados durante la vigencia del estado de alarma, se establece una bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020, siempre que se mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere y durante los dos trimestres posteriores a la fecha del citado devengo. En cuarto lugar, en el periodo comprendido desde la entrada en vigor del presente decretoley y el 30 de junio no se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas derivadas de los tributos propios y demás deudas de derecho público de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando su importe en conjunto no exceda de 50.000 euros y se encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo de pago. Por último, se establece que las previsiones establecidas en el artículo 33 del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, serán de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos a los que se refiere dicho artículo realizados y tramitados por la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La disposición derogatoria contiene la cláusula genérica de derogación de normas de igual o inferior rango. Las disposiciones finales, contienen la habilitación al Consejo de Gobierno para el desarrollo normativo y la entrada en vigor del decreto-ley. III El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3, subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía
7NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12313 normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno. Como se ha manifestado por el Estado, ninguna duda ofrece que la situación que afronta nuestro país por la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional, unida a la reciente declaración de estado de alarma, generan la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar diversas medidas. En el actual escenario de contención y prevención del COVID-19 es urgente y necesario atajar la epidemia y evitar su propagación para proteger la salud pública a la vez que se adoptan medidas de contenido económico para afrontar sus consecuencias. Así, la Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos. La interrupción de la enfermedad demandada por el Comité de Emergencias exige que se adopten medidas firmes para detectar la enfermedad de manera precoz, aislar y tratar los casos. Para limitar la propagación del virus es necesario limitar los contactos y, desde el punto de vista tributario, ello se conseguirá adoptando medidas que eviten el desplazamiento de los ciudadanos hasta las dependencias administrativas. El escenario descrito constituye una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justifica una acción normativa de la Junta de Extremadura al amparo del artículo 86.1 de la Constitución Española y del artículo 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, reformado por Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero. El fundamento y el objetivo de la modificación, a los que se acaba de aludir, son de un inequívoco y extraordinario interés público: que la actuación de los poderes públicos atienda al sentir mayoritario de la sociedad española en general y extremeña en particular, que considera inaplazable adoptar medidas que eviten la obligación de desplazarse hasta las oficinas públicas para cumplir con sus obligaciones tributarias. Para dotar de eficacia inmediata a las medidas instadas por la excepcional situación que vivimos, es necesario utilizar el medio que el ordenamiento jurídico otorga a la Junta de Extremadura para llevarlas a cabo de forma ágil y enérgica y este no es otro que el instrumento normativo del decreto-ley.
8NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12314 Así, como se ha dicho, el objeto del presente decreto-ley es evitar el desplazamiento de los contribuyentes a las dependencias públicas de la Administración tributaria extremeña en tanto dure la declaración del estado de alarma decretado por el Gobierno mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Evidentemente, si se utilizara el procedimiento legislativo ordinario no podrían atenderse de manera efectiva e inmediata las medidas que hay que adoptar por la emergencia sanitaria que padecemos, ya que se retrasarían de forma innecesaria las decisiones cuya adopción es urgente. Bastaría hacer un repaso a la normativa aprobada recientemente por el Estado para ser conscientes de esa extraordinaria y urgente necesidad. En pocos semanas se han aprobado varios reales decretos-leyes; además, por primera vez desde la aprobación de la Constitución, se ha acudido a declarar el estado de alarma de forma generalizada para todo el territorio nacional en aplicación de lo dispuesto en su artículo 116.2 y su normativa de desarrollo, esto es, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Con base en todo lo expuesto, se precisa una respuesta normativa con rango de ley en la medida en que resulta necesario modificar los plazos de ingreso y del cumplimiento de obligaciones tributarias, en especial, la presentación de declaraciones y autoliquidaciones. Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El decreto-ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica. Por último, con respecto al principio de eficiencia, queda garantizado porque si bien puede implicar un aumento de las cargas administrativas posteriormente cuando finalice su vigencia, éstas son imprescindibles y en ningún caso innecesarias. En virtud de todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 25 de marzo de 2020, DISPONGO: Artículo 1. Plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el plazo para la presentación y pago de todas aquellas autoliquidaciones y declaraciones cuyo plazo finalice en el período comprendido
9NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12315 entre la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, se ampliará en tres meses adicionales a lo establecido en la normativa específica de cada tributo. Artículo 2. Prórroga de los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e ingreso de deudas de derecho público. Los plazos de presentación de autoliquidaciones, declaraciones e ingreso de las deudas de derecho público cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del estado de alarma, declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán hasta el mismo día del segundo mes siguiente a su vencimiento, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 1 y 5 de este decreto-ley. Artículo 3. Bonificación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar. La tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar a que se refiere el Capítulo V del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2020 se bonificará al 50% siempre que se mantenga de alta en el censo la máquina a que se refiere durante los dos trimestres posteriores a la fecha del citado devengo. Artículo 4. Exención de garantías en aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas por tributos propios y deudas de derecho público. 1. En el periodo comprendido desde la entrada en vigor del presente decreto-ley hasta el 30 de junio de 2020 no se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas derivadas de los tributos propios y demás deudas de derecho público de titularidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando su importe en conjunto no exceda de 50.000 euros y se encuentren tanto en período voluntario como en período ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento, en este último caso, de las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la presentación de la solicitud. 2. A efectos de la determinación del importe de la deuda señalada, se acumularán, en el momento de la solicitud, tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud como cualesquiera otras del mismo deudor para las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente garantizadas.
10NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12316 Artículo 5. Suspensión de plazos en el ámbito tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, será de aplicación a las actuaciones, trámites y procedimientos a los que se refiere dicho artículo que sean realizados y tramitados por la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. No serán de aplicación los apartados 4 y 8 del citado artículo. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo establecido en el presente decreto-ley. Disposición final primera. Habilitación. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este decreto-ley. Disposición final segunda. Entrada en vigor. Este decreto-ley entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Mérida, 25 de marzo de 2020. El Presidente de la Junta de Extremadura, GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
11NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12317 DECRETO-LEY 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19. 2020DE0003 I La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional, ya que su propagación internacional supone un riesgo para la salud pública de los países y exige una respuesta internacional coordinada. En el ámbito nacional, el Consejo de Ministros en su sesión celebrada el 14 de marzo de 2020 aprobó el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19. El citado Real Decreto 463/2020 establece en su artículo 4 que la autoridad competente a efectos del estado de alarma será el Gobierno y, en sus respectivas áreas de responsabilidad, las personas titulares de los Ministerios de Sanidad, Defensa, Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No obstante, de conformidad con el artículo 6 del citado Real Decreto cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias, en el marco de las órdenes directas de la autoridad correspondiente. A esta medida, le han seguido una cascada de medidas adoptadas por las distintas Administraciones, que intentan actuar en todos los ámbitos en los que se ha producido una importante afectación por razón de las circunstancias tanto sociales como económicas que ha generado la situación. Así, en Extremadura se han dictado ya medidas en los ámbitos sanitario, educativo, comercial, del empleo, de los servicios sociales, de la función pública y de los servicios públicos básicos. En esta línea, y tratándose de una situación excepcional, la Junta de Extremadura considera ineludible seguir arbitrando medidas excepcionales y en este sentido, además de todas las medidas adoptadas desde el inicio de la situación, corresponde adoptar más medidas que, desde el ámbito de la gestión administrativa, pretenden paliar las diversas situaciones de necesidad que puedan darse. II Las medidas adoptadas en el presente Decreto Ley afectan a diversos ámbitos de la Administración y producirán, de manera automática, efecto sobre la actuación administrativa, de tal manera que se logre una actuación mucho más rápida y ágil. Se trata de establecer un equilibrio entre una actuación completamente respetuosa de la legalidad y
12NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12318 el ordenamiento vigente, pero lo más rápida posible, evitando así cualquier régimen de autorizaciones que pueda existir sobre un determinado ámbito y que pueda ralentizar la adopción de la misma. Así, en materia económico presupuestaria, se introducen modificaciones temporales en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Púbica de Extremadura, de tal manera que, por un lado, se gane en agilidad en la disponibilidad de los créditos, al eliminar, como hemos indicado, la necesidad de autorización de dichas operaciones por Consejo de Gobierno. Además, con carácter temporal y cuando sea imprescindible, se habilita a la Intervención General para acordar los supuestos en los que se podrá sustituir la función interventora por el control financiero permanente, afectando, por tanto, a lo regulado en los artículos 152.6 y 145 a 148 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura. En otro ámbito de gran trascendencia en la actuación administrativa, la actividad de fomento, se adoptan también medidas importantes, encaminadas a lograr los fines antes expuestos. Así, en materia de subvenciones, y atendiendo a que la declaración del estado de alarma por la emergencia sanitaria provocada por el COVD-19 va a tener una incidencia evidente sobre la ejecución de buena parte de las actividades y los proyectos subvencionados que se encontraban en ejecución, es necesario adoptar las medidas oportunas. Dicha incidencia será mayor en el caso de que tales actividades y proyectos tuvieran relación directa con los sectores afectados y las actividades suspendidas por los artículos 9 y 10 el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como por las sucesivas decisiones adoptadas en sus respectivos ámbitos por las autoridades competentes delegadas. Pero es indudable que también en otros sectores en principio no suspendidos la ejecución de la actividad o el proyecto subvencionado en sus propios términos puede resultar muy difícil, o incluso haber devenido imposible, tanto a consecuencia de las suspensiones de la actividad de aquellos otros sectores, como por las limitaciones a la movilidad de personas y de mercancías, a nivel nacional e internacional, o incluso por las precauciones que para evitar la difusión de la enfermedad han tenido que adoptar el sector privado y las propias Administraciones Públicas, y que han supuesto, por ejemplo, la reducción de la atención presencial, de la jornada laboral o del personal presente en los centros de trabajo de forma simultánea. Todas estas limitaciones pueden provocar no solo que se dificulte o impida la ejecución de las actividades subvencionadas en los términos previstos en la resolución de concesión o el convenio, sino también la acreditación del destino dado a las ayudas. Dado que, una vez dictada la resolución de concesión, para variar las condiciones impuestas al beneficiario es precisa la modificación de dicha resolución, a tal fin en las bases reguladoras se prevén normalmente las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. No obstante, las circunstancias desencadenantes del estado de alarma eran difícilmente previsibles, por lo que es posible que los supuestos establecidos en las bases reguladoras no amparen la modificación que ahora pudiera resultar necesaria.
13NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12319 Es por ello que en el artículo 5 del presente decreto-ley se establecen una serie de medidas excepcionales en este ámbito, con la finalidad última de facilitar a las personas beneficiarias tanto la ejecución de la actividad o el proyecto subvencionado como la justificación del destino dado a la subvención, evitando que la situación de emergencia en que nos encontramos derive en incumplimientos de las condiciones establecidas y, en consecuencia, en la necesidad de exigir el reintegro de la ayuda. No obstante, estas medidas excepcionales deberán tener el menor impacto posible sobre el empleo de nuestra región, de modo que en aquellas actividades o proyectos que exigían la contratación de personal deberá procurarse que las modificaciones que se acuerden estén condicionadas al mantenimiento de las contrataciones. Así, en primer lugar, se habilita a los distintos Departamentos para que, en determinadas condiciones, procedan a la modificación de aquellos requisitos o condiciones de ejecución afectados en el caso de subvenciones concedidas a través de procedimientos con convocatoria. Dado que dichos procedimientos cuentan con bases reguladoras establecidas por disposiciones reglamentarias, será preciso acometer la modificación de los extremos necesarios de las mismas mediante Orden o Decreto del Presidente. En el caso de las subvenciones concedidas mediante procedimientos de concesión directa sin convocatoria, se habilita directamente al órgano concedente para adoptar las decisiones que sean precisas a los mismos efectos. Por otra parte, se dispone que durante el periodo de vigencia del estado de alarma podrán canalizarse a través de procedimientos de concesión directa sin convocatoria pública aquellas subvenciones que se dirijan a la realización de actuaciones relacionadas con la lucha y prevención frente al COVID-19, cuando las beneficiarias sean entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Se establece también para estas subvenciones una tramitación simplificada. Finalmente, para todos estos supuestos excepcionales se exime de la realización de algunos de los trámites que normalmente exige la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura o la restante normativa de aplicación, en orden a facilitar su implementación en el menor tiempo posible, y se prevé la posibilidad de retrotraer la efectividad de las medidas a la fecha de declaración del estado de alarma, de modo que los incumplimientos de condiciones que hubieran podido producirse en los últimos días no queden sin amparo. También se establece en el artículo 6 un supuesto excepcional en materia de convenios, con la finalidad de habilitar el uso de esta figura durante la gestión de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Para agilizar la tramitación de convenios con este objeto se exime de la elaboración de la memoria justificativa prevista la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en línea con lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
14NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12320 urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y de la necesidad de obtener la autorización del Consejo de Gobierno. Además, se sustituye el informe preceptivo de la Abogacía General de la Junta de Extremadura por el que emita al efecto el Servicio Jurídico de la propia Consejería interesada. Por último, y en otro sector de gran trascendencia en la actividad administrativa, en materia de contratación pública, también se adoptan medidas que se recogen en el artículo 7. En este ámbito, el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece la tramitación de emergencia como mecanismo para actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. Este régimen excepcional en la contratación pública encaja a la perfección en la situación actual para hacer frente al COVID-19. El artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, determina la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de bienes o servicios que precise la Administración General del Estado para la ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19. El alcance de dicha medida se limita la Administración General del Estado. Las circunstancias antes descritas también exigen la adaptación de las normas autonómicas para adecuarlas a la situación de grave peligro para la salud de la población. Así, en lo que respecta al presente decreto-ley se determina la tramitación de emergencia para cualquier tipo de contratación que precisen los órganos de contratación de Administración de la Junta de Extremadura y de su sector público para la ejecución de cualquier medida para hacer frente al COVID-19. Por ello, mediante este decreto ley, con la finalidad de lograr una gestión eficiente e inmediata de las necesidades que surjan como consecuencia de esta emergencia sanitaria, se determina la tramitación de emergencia de las contrataciones de todo tipo de bienes y servicios que se precisen para la lucha contra el COVID-19, en el ámbito de la Junta de Extremadura y su sector público. En otro ámbito de actuación, en el ámbito del transporte escolar, se adoptan medidas extraordinarias destinadas a optimizar la gestión de los recursos disponibles, de manera que se consigue gestionar recursos de manera más eficiente, procediendo a una reasignación de los mismos, al tiempo que, de forma simultánea, permitirá el mantenimiento de los contratos vigentes en el sector, con las consecuencias favorables que se derivan de dicha medida, tanto para el sector en sí como para la economía en general.
15NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12321 Por último, y en el ámbito del patrimonio público del suelo, con relación a las viviendas protegidas de promoción pública, se adoptan medidas extraordinarias destinadas a la protección de los sectores más desfavorecidos de la sociedad extremeña, de manera que los adjudicatarios de estas viviendas gocen de una exoneración temporal del pago de la renta de alquiler. Finalmente, y en disposición adicional de este Decreto Ley, se efectúan previsiones para convocatoria, constitución y régimen de las sesiones de los órganos colegiados representativos y de Gobierno de las entidades que forman la administración local de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de tal manera que puedan efectuarse por medios telemáticos en situaciones de crisis. Las actuales tecnologías de la información y de las telecomunicaciones hacen posible que la conformación de la voluntad de los órganos colegiados pueda realizarse de modo remoto con plenas garantías de seguridad, inmediación y confidencialidad. Es precisamente en situaciones de crisis, en las que resulta difícil o incluso contraproducente las reuniones presenciales, cuando cobran mayor relieve las reglas que permiten la celebración de sesiones por medios telemáticos, con el fin de obtener la máxima eficiencia y celeridad en la toma de decisiones de órganos colegiados políticos y administrativos. En el ámbito de las entidades que conforman la administración local, el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados representativos y de gobierno de las entidades locales, fijando la periodicidad y tipicidad de sus sesiones. Sin embargo nada prevé expresamente la legislación básica de régimen local respecto a la celebración de sesiones telemáticas de dichos órganos. El mismo vacío normativo de regulación específica encontramos en el Reglamento orgánico municipal, y no parece adecuado aplicar analógicamente la previsión contenida en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, por cuanto está diseñada para los órganos administrativos y no políticos o representativos. De esta manera, debe la Comunidad Autónoma de Extremadura, abordar la normativa con rango legal que dé cobertura a esta importante y necesaria cuestión. Y ello se aborda a través de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de entidades locales prevista en el artículo 9.1.3. del Estatuto de autonomía de Extremadura, y en el marco de lo previsto en el artículo 53.2 de nuestra norma institucional básica, que prevé que en el marco de la legislación básica del Estado, la Comunidad Autónoma regulará el régimen jurídico de las entidades locales de Extremadura, teniendo en consideración las diferentes características de las mismas y su diversa capacidad de gestión competencial. Así, la presente norma regula la convocatoria, constitución y régimen de las sesiones de los órganos colegiados representativos y de Gobierno de las entidades que forman la administración local de la Comunidad Autónoma de Extremadura por medios telemáticos en situaciones de crisis y la posibilidad de quedar constituidos y celebrar sesiones por esta vía de manera permanente en estos períodos de crisis.
16NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12322 III El artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura faculta a la Junta de Extremadura en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de Decreto-ley. Atendiendo a la especial gravedad de la situación en la que nos encontramos, nadie duda de la extraordinaria necesidad de recurrir a la adopción de medidas de todo tipo que vengan a paliar y a contener la situación en la que nos encontramos, y en esta especial gravedad, además, es necesario una rápida actuación. En el ámbito legislativo, el instrumento constitucionalmente lícito que permite una actuación de urgencia es el Decreto-ley, figura a la que se recurre, en cuanto las circunstancias en las que se adoptan y que han sido enunciadas anteriormente vienen a justificar la extraordinaria y urgente necesidad de que las medidas aquí previstas entren en vigor con la mayor celeridad posible, sin que pudieran esperar a una tramitación parlamentaria puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado gravosos y perdería su esperada eficacia en el fin último de las mismas. Por tanto, en el presente supuesto, el carácter extraordinario y excepcional de la situación deriva de la declaración del estado de alarma provocada por la situación sanitaria, que requiere la adopción con urgencia de medidas que palíen, en la medida de lo posible, la situación creada y que no puedan aplazarse, incluso mediante la utilización de medios legislativos de urgencia, a un momento posterior. Cumpliendo así la presente norma los requerimientos fijados tanto por el citado artículo 33 como por la numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la materia por todas, STC 61/2018, de 7 de junio de 2018, FJ 4, en lo que se refiere a la extraordinaria y urgente necesidad, y las SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6 , y 100/2012, de 8 de mayo, en lo relativo a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. Este decreto-ley es coherente con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De lo expuesto en los párrafos anteriores se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia. El decreto-ley es acorde al principio de proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados, e igualmente se ajusta al principio de seguridad jurídica. Por último, con respecto al principio de eficiencia, queda garantizado porque si bien puede implicar un aumento de las cargas administrativas posteriormente cuando finalice su vigencia, éstas son imprescindibles y en ningún caso innecesarias.
17NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12323 Por todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y de Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de marzo de 2020, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. Es objeto del presente decreto-ley adoptar en las medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19. CAPÍTULO I Medidas de gestión económico financiera Artículo 2. Medidas excepcionales en la gestión del gasto. Corresponden a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública las siguientes competencias previstas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda de Extremadura: a Las autorizaciones previstas en el artículo 79.1, letra a, y en el artículo 79.2, hasta el 31 de agosto de 2020. b El ejercicio de la competencia prevista en el artículo 94.1, hasta el 31 de diciembre de 2020. Artículo 3. Medidas excepcionales en relación a los créditos ampliables. Se considerarán ampliables, en cumplimiento y con las exigencias previstas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020, hasta el límite de las obligaciones que se reconozcan en el ejercicio corriente o de las necesidades que debiendo atenderse durante el mismo superen la dotación asignada al crédito correspondiente, los créditos que sean necesarios para atender cualesquier gasto derivado de la adopción de actos o medidas derivadas de la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
18NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12324 Artículo 4. Medidas excepcionales en la función interventora. 1. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tanto se restablezca el normal funcionamiento de los servicios, mediante resolución de la persona titular de la Intervención General, podrá acordarse la sustitución de la función interventora por la aplicación del control financiero permanente, respecto de determinados expedientes de gastos, organismos, entes de derecho público, órganos o áreas de gestión, concretando el ámbito subjetivo, objetivo y temporal de la sustitución, todo ello con el fin de que afecte sólo a aquellos supuestos en los que sea imprescindible. 2. De dicha resolución se dará cuenta al Consejo de Gobierno y a los órganos controlados a los que afecte. Asimismo, finalizada la situación de excepcionalidad y restablecido el normal funcionamiento de los servicios, deberá resolverse por la persona titular de la Intervención General la perdida de vigencia y efectos de estas resoluciones. CAPÍTULO II Medidas de agilización de la gestión administrativa y de los pagos Artículo 5. Medidas excepcionales en materia de subvenciones. 1. Respecto a las subvenciones ya concedidas en virtud de convocatoria pública, mediante Decreto del Presidente u Orden de la Consejería competente por razón de la materia se podrán establecer reglas para efectuar las modificaciones precisas en el cumplimiento y acreditación de aquellos requisitos y condiciones previstos en las bases reguladoras y las convocatorias e impuestos en las resoluciones de concesión, incluida la posibilidad de suspender o prorrogar los plazos establecidos para la realización de la actividad o el desarrollo del proyecto subvencionado, cuya ejecución, a consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y el estado de alarma declarado, resulte imposible o no pueda llevarse a cabo en sus propios términos, pudiendo ello causar un grave perjuicio a los derechos o intereses de las personas beneficiarias. Dichas modificaciones no podrán conllevar en ningún caso la percepción de una cuantía mayor a la inicialmente reconocida, ni contradecir la normativa básica o la normativa de la Unión Europea que pueda resultar de aplicación. De la misma forma y por las mismas razones se podrá establecer que, respecto a las convocatorias de subvenciones efectuadas y pendientes de resolver a la entrada en vigor del estado de alarma, se pueda eximir a los solicitantes del cumplimiento de algunos requisitos o se puedan modificar determinadas condiciones de ejecución de la actividad o el proyecto a subvencionar.
19NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12325 Los Decretos del Presidente y las Ordenes de las Consejerías a las que se refiere este apartado deberán motivar adecuadamente la concurrencia de los supuestos habilitantes anteriores, ponderando los intereses afectados de las personas interesadas y el interés público. En particular, se procurará que cuando las actividades o los proyectos subvencionados conlleven la contratación de personal, se mantenga a este, o, de no ser posible, se acuda a la figura del expediente de regulación temporal de empleo, no considerándose en este caso que la suspensión temporal de la relación laboral a consecuencia de la presente emergencia sanitaria constituya causa de incumplimiento a efectos de reintegro o pérdida del derecho a la subvención, siempre que se produzca la reanudación de los contratos de trabajo tras la finalización de la situación que dio origen a la suspensión. En la tramitación de las disposiciones previstas en este apartado podrá prescindirse de los trámites de presentación de sugerencias, de consulta pública previa, de audiencia e información pública y del informe de impacto de género. Tampoco serán precisos los informes previos de la Abogacía General ni de la Intervención General, siendo suficiente a efectos de valorar su corrección jurídica el informe del Servicio Jurídico correspondiente de la Consejería. 2. Los órganos concedentes de subvenciones de concesión directa sin convocatoria podrán acordar lo que resulte preciso, en relación a las resoluciones ya dictadas o los convenios suscritos que las articulan, en los mismos supuestos previstos en el apartado anterior. Los actos que se adopten o las adendas que se celebren no precisarán en ningún caso la autorización del Consejo de Gobierno, si bien deberán contar con el informe del Servicio Jurídico correspondiente de la Consejería. 3. Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, podrán efectuarse mediante concesión directa sin convocatoria pública aquellas subvenciones que se dirijan a la realización de actuaciones relacionadas con la lucha y prevención frente al COVID19, cuando las personas beneficiarias sean entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Los pagos de dichas subvenciones podrán tener el carácter de anticipados o a cuenta, sin que sea exigible en ningún caso el informe del artículo 21.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las resoluciones o los convenios mediante los que se articule la concesión no precisarán en ningún caso la autorización del Consejo de Gobierno ni el informe de la Abogacía General, si bien deberán contar con el informe del Servicio Jurídico correspondiente de la Consejería y de la Intervención Delegada de la misma. Este último
20NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12326 se ceñirá a comprobar la existencia de dicho informe y los extremos recogidos en las letras a y b del apartado Segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 21 de mayo de 2019, por el que se da aplicación a la previsión del artículo 148.2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de fiscalización limitada previa. 4. Las disposiciones y las resoluciones que se dicten, así como los convenios que, en su caso, se celebren, al amparo del presente artículo podrán retrotraer sus efectos a la fecha de declaración del estado de alarma. Artículo 6. Medidas excepcionales en materia de convenios relacionados con la gestión de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Para la tramitación administrativa y la celebración de convenios relacionados con la gestión de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, mientras dure la declaración del estado de alarma no será preciso elaborar la memoria justificativa a que se refiere el artículo 50.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ni obtener la previa autorización del Consejo de Gobierno en los supuestos previstos en el artículo 43 de la Ley 1/2020, de 31 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2020. Tampoco será preciso recabar el informe preceptivo de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, siendo suficiente a tales efectos el emitido por el Servicio Jurídico correspondiente de la Consejería. De conllevar gasto, la correspondiente Intervención Delegada emitirá informe de fiscalización que se ceñirá a comprobar los mismos extremos recogidos en el apartado 3 del artículo anterior. Artículo 7. Medidas excepcionales en materia de contratación. 1. Podrán tener la consideración de contratos de emergencia cumpliendo los requisitos del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que se celebren para la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Extremadura y su Sector Público para hacer frente al COVID-19. 2. En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en
21NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12327 la mencionada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siendo el órgano de contratación quien determinará tal circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse constancia en el expediente. 3. El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 se podrá realizar a justificar sin que sea de aplicación lo establecido respecto a las garantías en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. En casos debidamente justificados y excepcionales, previa autorización del titular de la Consejería competente en su respectivo ámbito, los libramientos podrán alcanzar hasta el 100 % del gasto. Dicha autorización deberá comunicarse de forma inmediata al titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. 4. En los expedientes afectados por la tramitación de emergencia no se exigirá la constitución de garantía definitiva. CAPÍTULO III Medidas en materia de contratos del transporte escolar Artículo 8. Medidas excepcionales en materia de contratos para la prestación del servicio del transporte escolar. 1. Por ministerio de la ley, suspendida la prestación efectiva del servicio de transporte escolar como consecuencia del estado de alarma y no encontrándose suspendidos los contratos de los que traen razón, se ponen a disposición de las Autoridades Sanitarias y de Movilidad los recursos contratados a través de los vigentes contratos derivados del vigente Acuerdo Marco de servicio de transporte a centros docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 2. A este fin, quedan por ministerio de la ley ampliadas las prestaciones objeto de tales contratos administrativos, en cuanto al traslado, dentro del ámbito de la comunidad autónoma de personal integrante de colectivos laborales en aquellos supuestos que sean estrictamente necesarios para garantizar la prestación laboral en las condiciones sanitarias dispuestas por las autoridades competentes. Dicho transporte de viajeros se efectuará de tal manera que se eviten las aglomeraciones y en estricta observancia de la normativa de excepción dictada por las autoridades competentes. 3. Los prestatarios del servicio tendrán derecho, durante el periodo que se mantenga la ampliación de funciones, a la percepción de las cuantías resultantes del servicio prestado al precio contratado, determinado en términos homogéneos en razón de rutas, kilómetros
22NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12328 y pasajeros y servicios singulares contratados; así como, a las que excedan de tales ratios, cuantificación que se deberá posponer y realizar una vez finalizada la prestación, conforme a los mismo baremos previstos en el pliego de cláusulas administrativas del expediente de contratación. 4. Aquellas empresas adjudicatarias que se opongan a la ampliación de prestaciones durante el periodo en que esté vigente el estado de alarma deberán comunicarlo en el plazo de cinco días naturales a partir de la entrada vigor del presente decreto-ley, mediante correo electrónico autenticado, dirigido al órgano de contratación, entendiéndose iniciado con la manifestación de la oposición la tramitación de la suspensión del contrato. 5. Para cada contrato derivado del Acuerdo Marco de referencia, se adaptarán a las rutas establecidas los servicios que se indiquen a cada contratista mediante instrucción del órgano de contratación, a instancias propias, de las autoridades sanitarias o de movilidad, en tanto que las rutas establecidas están sin servicio temporalmente como consecuencia de la paralización de la actividad escolar por el estado de alarma. El órgano de contratación ejecutara lo dispuesto en esta disposición, dictando las instrucciones, por escrito o verbales, precisas para la correcta ejecución de los contratos; en el caso que sean verbales, se dejará posterior constancia por escrito de las mismas. Lo dispuesto en el presente apartado se llevara a cabo, de acuerdo con los principios de eficacia y celeridad propios de la contratación de emergencia. CAPÍTULO IV Medidas excepcionales en relación a las viviendas protegidas de promoción pública Artículo 9. Medidas excepcionales en relación al pago de la renta de alquiler a los adjudicatarios de viviendas protegidas de promoción pública de la Junta de Extremadura en régimen de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra. 1. Se exonera temporalmente del pago de la renta de alquiler a los adjudicatarios de viviendas protegidas de promoción pública de la Junta de Extremadura en régimen de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra. 2. Dicha exoneración abarcará el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y la fecha en la que finalice la vigencia del estado de alarma decretado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Se mantendrá durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas del mismo que pudieran acordarse.
23NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12329 3. Tal exención se realizará de oficio, sin necesidad de previa presentación de solicitud por los interesados. 4. Durante el período de vigencia de esta medida no se podrá resolver el contrato de arrendamiento, declarar la pérdida del derecho a la adjudicación de la vivienda ni se devengarán intereses por causa de impago de la renta. 5. Se faculta al titular de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la medida antedicha. Disposición adicional única. Convocatoria, constitución y régimen de las sesiones de los órganos colegiados representativos y de Gobierno de las entidades que forman la administración local de la Comunidad Autónoma de Extremadura por medios telemáticos en situaciones de crisis. 1. Los órganos colegiados representativos y de Gobierno de las entidades locales de Extremadura, con carácter excepcional y siempre que fuese necesario para garantizar el funcionamiento de las instituciones locales podrán, constituirse, convocar y celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actos a distancia. 2. Igualmente, cuando concurran situaciones de crisis con grave riesgo colectivo, catástrofes, calamidades públicas o cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 116 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, dichos órganos podrán constituirse, convocar y celebrar sesiones, adoptar acuerdos y remitir actos a distancia, en sesión virtual y extraordinaria permanente. A estos efectos, la convocatoria de las sesiones deberá motivar la concurrencia o mantenimiento de la situación que justifica excepcionalmente la celebración a distancia y su carácter de sesión permanente. 3. En todos los casos, las sesiones se celebrarán a través de sistemas tecnológicos de videoconferencia o similares que garanticen la seguridad tecnológica, la identidad de los miembros, y de las personas que los suplan, la participación de todos los miembros en condiciones de igualdad, los requisitos de quorum, la validez de su realización, debates y de los acuerdos que se adopten. 4. Serán válidas las intervenciones escritas, orales o mediante combinación de imagen y sonido, a decisión de los intervinientes, siempre que el medio elegido resulte idóneo para la expresión de la voluntad de los miembros y se garantice el contenido de sus manifestaciones y el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. 5. A efecto de garantizar el carácter público de les sesiones se deberá prever su difusión por medio de cualquier mecanismo audiovisual o digital.
24NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12330 Disposición final primera. Desarrollo reglamentario y ejecución. Se habilita al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y a las personas titulares de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el ámbito de sus competencias, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este decreto-ley. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Mérida, 25 de marzo de 2020. El Presidente de la Junta de Extremadura, GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
25NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 II 12331 AUTORIDADES Y PERSONAL 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, de la primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente y abierto efectuada por Orden de 20 de mayo de 2019. 2020060663 Con fecha de 24 de mayo de 2019, fue objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura, número 99, la Orden de 20 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases generales aplicables a las convocatorias de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente y abierto y primera convocatoria. Posteriormente mediante Anuncio de 20 de septiembre DOE nº 186, de 26 de septiembre se procede de conformidad a lo previsto en la Base Octava de la Orden de convocatoria al nombramiento de los miembros de la Comisión de Valoración, anunciándose igualmente la fecha del 15 de octubre de 2019 como fecha de constitución de la Comisión de Valoración arriba mencionada, disponiendo los aspirantes hasta el día anterior al señalado para poder renunciar a la participación en la convocatoria. Siguiendo el contenido de las Bases de la Orden de convocatoria con fecha 4 de noviembre de 2019 se hace pública la resolución de la Directora General de Función Pública por la que se declara aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos por extemporaneidad de conformidad con lo dispuesto en la Base Novena de la mencionada Orden. A continuación se procedió a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura nº 230 de 28 de noviembre de 2019 del Anuncio de 22 de noviembre de 2019 relativo a la puesta a disposición de las Certificaciones expedidas por la Escuela de Administración Pública de Extremadura, previstas en las bases de la convocatoria, para continuar de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1.b y 2.a de la Base Sexta de la mencionada Orden a la puesta a disposición de las Certificaciones expedidas por la Dirección General de Función Pública acreditativas del cumplimiento de los requisitos generales de participación y de méritos a valorar DOE nº 238 de 12 de diciembre de 2019
26NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12332 Con fecha 14 de enero de 2020 se eleva a definitiva la relación de aspirantes admitidos y excluidos en la primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario, por el procedimiento de concurso permanente y abierto. Posteriormente la Comisión de Valoración de la convocatoria regulada en la Orden de 20 de mayo de 2019, de conformidad con la Base Novena, apartado b de la misma hace pública la relación provisional compresiva de los aspirantes que obtienen destino y de los puestos que les son adjudicados, así como la puntuación obtenida por cada uno de los participantes en la primera convocatoria. Una vez expuesta la mencionada relación provisional y analizadas y resueltas las alegaciones presentadas en el plazo habilitado al efecto, la Comisión de Valoración ha elevado propuesta de adjudicación definitiva a la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, para la resolución correspondiente. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo establece a través de su disposición adicional tercera la posibilidad de acordar mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento. En ese sentido su disposición adicional cuarta prevé la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. Esta Administración no es ajena a la incertidumbre que la situación actual genera en los aspirantes que han participado en este procedimiento, al igual que tampoco lo es a su obligación de garante en la preservación de los derechos e intereses de los empleados públicos que habiendo intervenido en el mismo han obtenido un puesto con carácter definitivo. Pero fundamentalmente, es necesario poner de manifiesto la indiscutible relación que la resolución del presente procedimiento de provisión, yen adecuado cumplimiento de lo obligado por el apartado cuarto del artículo 101 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura,tiene con los diversos procesos selectivos que en ejecución de las Ofertas de Empleo Público de 2015, 2016 y 2017 fueron convocados por las Órdenes de 27 de diciembre de 2017, de 27 de junio de 2018 y de 3 de octubre de 2018 con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que se encuentran en diversas fases de desarrollo pero algunos próximos al final y en estadios previos a la elección de plazas. Los motivos expuestos justifican la publicación de la presente resolución de la primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedi-
27NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12333 miento de concurso permanente y abierto efectuada por Orden de 20 de mayo de 2019, en cuanto a la adjudicación de destinos se refiere. Existe, además, conformidad de los representantes de los trabajadores. Visto que en el expediente instruido al efecto ha quedado acreditada la observancia del procedimiento debido y que por parte de los candidatos propuestos para los destinos que se indican, se cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en la Orden de convocatoria. Asimismo se han cumplido las normas reglamentarias, las bases de la convocatoria y se ha llevado a efecto la valoración final de los méritos de los candidatos. En virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por Decreto 43/1996, de 26 de marzo, así como en el apartado c de la Base Novena de la Orden de convocatoria, y en uso de las competencias atribuidas en materia de personal por el Decreto 4/1990, de 23 de enero, RESUELVO: Primero: Resolver la primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente y abierto efectuada por Orden de 20 de mayo de 2019, adjudicando destino en los puestos que se indican a los funcionarios relacionados en el Anexo de la presente Resolución. Segundo: Asimismo y en consonancia con lo previsto por el artículo 128.3 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura y de conformidad con lo dispuesto por el apartado 3.2 de la Base Tercera de la Orden de 20 de mayo se adscribe a los funcionarios relacionados en el Anexo de la presente Resolución con carácter definitivo a uno de los puestos vacantes para el que cumplen los requisitos de desempeño de los que hayan sido ofertados en la convocatoria. Tercero: Declarar desiertas las vacantes convocadas y no adjudicadas. Cuarto: 1. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y en consecuencia no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio. 2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. 3. En todos los supuestos, de conformidad con la Base Décima punto 1.º párrafo 2.º y puesto que concurren razones constatables, derivadas de la declaración del estado de alarma
28NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12334 por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante Resolución posterior de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública se determinará de la fecha de efectos del cese en el puesto de trabajo de origen, así como la de la toma de posesión en el nuevo destino obtenido, una vez extinguido el periodo de vigencia del mencionado Real Decreto, y en su caso, de cualquier prórroga que del mismo se adopte. Quinto: De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 181/2016, de 22 de noviembre, sobre la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificación de las relaciones de puestos de trabajo afectadas, los funcionarios de carrera que resulten adjudicatarios de un puesto identificado en la relación de puestos de trabajo como de aquellos que implican contacto habitual con menores deberán acreditar con anterioridad a la toma de posesión que no han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. Para ello se actuará de conformidad con lo establecido en el mencionado decreto. Sexto: Como consecuencia de la ejecución de la Sentencia número 162 dictada , con fecha 31 de diciembre de 2018,por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de los de Mérida en el Procedimiento Abreviado 195/2017, confirmada por la Sentencia número 71 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso de apelación 45/2019 ,se procede adetraer del Anexo I de la Orden de 20 de mayo de 2019 el puesto con número de control 8352, denominado Auxiliar de Administración,que figuraba adscrito a la Dirección General de Política Comunitaria de la entonces Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio con ubicación en Cáceres. Séptimo: Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso de interponer recurso de reposición, no se podrá impugnar en vía contencioso-administrativa la presente resolución hasta que se haya resulto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
29NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12335 Octavo: En consonancia con el Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones adicionales tercera y cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo,queda en suspenso e interrumpida la Base Décima de la Orden de 20 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases generales aplicables a las convocatorias de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el procedimiento de concurso permanente y abierto y primera convocatoria, así como el plazo contenido en el apartado Séptimo de la presente resolución durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adopten. Mérida, 26 de marzo de 2020. La Vicepresidenta Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, PILAR BLANCO-MORALES LIMONES
30&216-5 1 3 /RFDOLGDGGH7UDEDMR HQRPLQDFLyQGHO3XHVWR 0e5,$ $6625$-85 2$ 356,1 -817$6&575$/356,1 &RG3XHVWR ,5 2115$/81&,2138 1LYHO $ & /,67$26$-8 1372681& $-8 1,1,7,9$ ANEXO 3WRV$VLJQDFLyQ $/9$5$2525,8=352 $SHOOLGRV1RPEUH 1, &21&386726%$635621$/ 81&,21$5,2 NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12336
31&216-5 1 3 /RFDOLGDGGH7UDEDMR HQRPLQDFLyQGHO3XHVWR 0e5,$ 75 -$25$62 356,1 -817 75,25 &RG3XHVWR ,5 2115$/81&,2138 1LYHO % & /,67$26$-8 1372681& $-8 1,1,7,9$ 3WRV$VLJQDFLyQ 025$25 29$0$5,$ $SHOOLGRV1RPEUH 1, &21&386726%$635621$/ 81&,21$5,2 NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12337
32&216-5 1 3 /RFDOLGDGGH7UDEDMR HQRPLQDFLyQGHO3XHVWR 0e5,$ $8 5$0,1,675 21 356,1 -817 356,1 &RG3XHVWR ,5 2115$/81&,2138 1LYHO & /,67$26$-8 1372681& $-8 1,1,7,9$ 3WRV$VLJQDFLyQ ,1,$1212$/6050,26 $SHOOLGRV1RPEUH 1, &21&386726%$635621$/ 81&,21$5,2 NÚMERO 61 Viernes, 27 de marzo de 2020 12338