Periódico Oficial de Morelos del 16/9/2020

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Source: Periódico Oficial de Morelos

1PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS Las Leyes y Decretos son obligatorios, por su publicación en este Periódico Director: Lic. Pablo Héctor Ojeda Cárdenas El Periódico Oficial Tierra y Libertad es elaborado en los Talleres de Impresión de la Cuernavaca, Mor., a 16 de septiembre de 2020 6a. época Coordinación del Sistema Penitenciario de la Comisión Estatal de Seguridad. SUMARIO GOBIERNO DEL ESTADO PODER LEGISLATIVO Acuerdo Parlamentario por el que se propone la designación del Grupo Parlamentario que habrá de presidir la Junta Política y de Gobierno, durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. Pág. 5 Acuerdo Parlamentario por el que se designa la integración de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, para el tercer año de ejercicio constitucional. Pág. 6 DECRETO NÚMERO SETECIENTOS VEINTISIETE.Por el que se adicionan diversas disposiciones al Decreto Número Seiscientos Sesenta y Uno por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5777, Segunda Sección, de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte. Pág. 7 PODER EJECUTIVO SECRETARÍA DE GOBIERNO DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Fe de Erratas al Sumario del Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5861, de fecha 09 de septiembre de 2020. Pág. 21 5863 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA Reglamento de Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios. Pág. 21 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Aviso por el cual se dan a conocer los enlaces electrónicos de los Manuales Organizacionales de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos. Pág. 33 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS Fe de erratas al Código de Conducta del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5861, de fecha 9 de septiembre de 2020. Pág. 34 COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Reglamento Interno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Pág. 34 ORGANISMOS FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Acuerdo número 11/2020, por el cual se regula el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Pág. 47
2Página 2 PERIÓDICO OFICIAL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 16 de septiembre de 2020 Acuerdo por el que se aprueba pensión por Jubilación MORELOS del 55% de su salario al C. Constantino Domínguez Acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia Orozco. dictado en el alfanumérico expediente identificado TEEM/JDC/443/2018-2 acumulados, con y Pág. 109 el sus AYUNTAMIENTO TEEM/JDC/451/2018-2, TLALNEPANTLA CONSTITUCIONAL DE TEEM/JDC/453/2018-2 y TEEM/JDC/479/2018-2, por Presupuesto de egresos del municipio de Tlalnepantla, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, del ejercicio fiscal 2020. de fecha veinte de marzo del año dos mil veinte, en Pág. 110 donde se amonesta públicamente a los ciudadanos AYUNTAMIENTO Jesús Corona Damían, Micaela Sánchez Vélez y Hugo YECAPIXTLA Santana Cruztitla; respectivamente, en su calidad de Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020, del Presidente, Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. Síndica y Tesorero; todos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. CONSTITUCIONAL DE Pág. 114 Pág. 54 GOBIERNO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATEPEC AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA Presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020, del municipio de Zacatepec, Morelos Presupuesto de egresos del municipio de Emiliano Zapata, estado de Morelos, ejercicio fiscal 2020. Pág. 62 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JOJUTLA Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de donación de un predio destinado a la construcción de instalaciones para el personal de la Guardia Nacional. Pág. 107 Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de modificación al Acuerdo SCE/A91/2019, por cuanto a Pág. 124 EDICTOS Y AVISOS Pág. 151 SEGUNDA SECCIÓN COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Amacuzac, Morelos. Pág. 3 la donación condicional de un predio destinado a la construcción de instalaciones para el personal de la Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Guardia Nacional. Pág. 107 Acuerdo por el que se aprueba la propuesta de Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Atlatlahucan, Morelos. modificación al Acuerdo SCE/A92/2019, por cuanto al Pág. 11 proyecto de contrato de donación del predio propiedad Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación del Ayuntamiento de Jojutla, en favor de la Guardia en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Nacional. Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio Pág. 108 de Axochiapan, Morelos. Acuerdo por el que se aprueba la propuesta del Pág. 19 proyecto de contrato de donación del predio propiedad Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación del Ayuntamiento de Jojutla, en favor de la Guardia en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Nacional Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio que será registrado bajo el número DAJ/314/PM72019-11. Pág. 108 de Ayala, Morelos. Pág. 27
316 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL Página 3 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Coatlán del Río, Morelos. de Miacatlán, Morelos. Pág. 35 Pág. 107 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Cuautla, Morelos. de Ocuituco, Morelos. Pág. 43 Pág. 115 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Emiliano Zapata, Morelos. de Puente de Ixtla, Morelos. Pág. 51 Pág. 123 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Huitzilac, Morelos. de Temixco, Morelos. Pág. 59 Pág. 131 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Jantetelco, Morelos. de Temoac, Morelos. Pág. 67 Pág. 139 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Jiutepec, Morelos. de Tepalcingo, Morelos. Pág. 75 Pág. 147 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Jojutla, Morelos. de Tepoztlán, Morelos. Pág. 83 Pág. 155 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Jonacatepec de Leandro Valle, Morelos. de Tetecala, Morelos. Pág. 91 Pág. 163 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Mazatepec, Morelos. de Tetela del Volcán, Morelos. Pág. 99 Pág. 171
4Página 4 PERIÓDICO OFICIAL Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Tlalnepantla, Morelos. Pág. 179 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. Pág. 187 TERCERA SECCIÓN COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Tlaquiltenango, Morelos. Pág. 2 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Tlayacapan, Morelos. Pág. 10 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Totolapan, Morelos. Pág. 18 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Yautepec, Morelos. Pág. 27 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Yecapixtla, Morelos. Pág. 35 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Zacatepec, Morelos. Pág. 43 Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación en materia de Seguridad Pública, celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el municipio de Zacualpan de Amilpas, Morelos. Pág. 51 16 de septiembre de 2020 GOBIERNO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA Programa Sectorial Agua Potable y Suficiente para Todos, 2019-2021. Pág. 59 Programa Sectorial de Asistencia Social 2019-2021. Pág. 93 Programa Sectorial de Bienestar Social Cuautla, Territorio de Paz, Convivencia y Equidad 2019-2021. Pág. 129 CUARTA SECCIÓN GOBIERNO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario 20192021. Pág. 2 Programa Sectorial de Desarrollo Económico 20192021. Pág. 37 Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Sustentable 2019-2021. Pág. 71 Programa Sectorial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Proveer de Conformidad a la Ciudadanía 2019-2021. Pág. 107 Programa Sectorial de la Instancia Municipal de la Juventud 2019-2021. Pág. 141 QUINTA SECCIÓN GOBIERNO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTLA Programa Sectorial de Protección Ambiental 20192021. Pág. 2 Programa Sectorial de Seguridad Pública 2019-2021. Pág. 36 Programa Sectorial de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2019-2021. Pág. 122 Programa Sectorial de Turismo Cuautla un lugar para ti 2019-2021. Pág. 150
516 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: Tierra y Libertad.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES En Sesión Ordinaria de Pleno iniciada el día 15 de julio y concluida el día 31 de agosto del 2020, los diputados y diputadas Ariadna Barrera Vázquez, Alejandra Flores Espinoza, Keila Celene Figueroa Evaristo, Elsa Delia González Solórzano, Héctor Javier García Chávez, José Luis Galindo Cortez, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Marcos Zapotitla Becerro, Andrés Duque Tinoco, Tania Valentina Rodríguez Ruíz y Erika García Zaragoza, integrantes de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, presentaron ante el Pleno, Acuerdo Parlamentario por el que se propone la designación del Grupo Parlamentario que habrá de presidir la Junta Política y de Gobierno, durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, bajo las siguientes: CONSIDERACIONES Toda vez que el Grupo Parlamentario del Partido MORENA, se encuentra en la hipótesis señalada en el artículo 46, fracción IV de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, que dispone lo siguiente: Artículo 46.- La Junta Política y de Gobierno, se integrará por: I II. .. III. Derogada. IV. La Presidencia de la Junta Política y de Gobierno será rotativa y anual, al Pleno del Congreso, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, designará al Grupo Parlamentario que deba presidirla, siempre y cuando el Grupo Parlamentario esté integrado por lo menos del quince por ciento de los diputados integrantes de la Legislatura. En esa tesitura, el precepto legal antes citado dispone que la Presidencia de la Junta Política y de Gobierno, corresponderá a un Grupo Parlamentario que será designado por el voto de las dos terceras partes del Pleno del Congreso, siempre y cuando el Grupo Parlamentario propuesto este integrado por lo menos del quince por ciento de los diputados integrantes de la Legislatura. Página 5 En este sentido, conforme a la integración de la Quincuagésima Cuarta Legislatura que se encuentra conformada por veinte diputadas y diputados, tenemos que tanto el Grupo Parlamentario del MORENA, como el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, se encuentran en posibilidad de presidir la Junta Política y de Gobierno, de acuerdo al número de diputados que lo conforman que son cinco y cuatro respectivamente, y que equivalen al veinticinco por ciento y veinte por ciento de la Legislatura, es decir que incluso exceden el porcentaje previsto por el precepto antes transcrito. Es importante señalar, que los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, manifiestan que a dicho Grupo Parlamentario, no es de su interés presidir la Junta Política y de Gobierno, durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. No pasa desapercibido para este Órgano Legislativo que el Grupo Parlamentario del Partido MORENA, fue designado para presidir esta Junta Política y de Gobierno, durante el segundo año de ejercicio constitucional, y derivado de la manifestación del coordinador del Partido Encuentro Social, lo conducente es que continúe. Consecuentemente, de este documento se propone que el Grupo Parlamentario del Partido MORENA, continúe presidiendo la Junta Política y de Gobierno, durante el tercer año de ejercicio constitucional. Por lo anteriormente expuesto, esta LIV Legislatura aprueba el siguiente: ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE PROPONE LA DESIGNACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO QUE HABRÁ DE PRESIDIR LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO, DURANTE EL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. ÚNICO: Se designa al Grupo Parlamentario del Partido MORENA, para presidir la Junta Política y de Gobierno durante el tercer año de ejercicio constitucional de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos. TRANSITORIOS: PRIMERO.- Remítase al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos le dé cumplimiento en todos sus términos. Recinto Legislativo, a 31 de agosto del 2020. ATENTAMENTE LAS CC. DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. CRISTINA XOCHIQUETZAL SÁNCHEZ AYALA DIPUTADA SECRETARIA ERIKA GARCÍA ZARAGOZA DIPUTADA SECRETARIA RÚBRICAS.
6Página 6 PERIÓDICO OFICIAL Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: Tierra y Libertad.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES En sesión ordinaria de Pleno del iniciada del día 15 de julio y concluida el día 31 de agosto del año 2020, los diputados y diputadas Ariadna Barrera Vázquez, Alejandra Flores Espinoza, Keila Celene Figueroa Evaristo, Elsa Delia González Solorzano, Héctor Javier García Chávez, José Luis Galindo Cortez, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Marcos Zapotitla Becerro y Andrés Duque Tinoco, Tania Valentina Rodríguez Ruíz y Erika García Zaragoza, integrantes de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, presentaron ante el Pleno, Acuerdo Parlamentario por el que se designa la integración de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, para el tercer año de ejercicio constitucional, bajo las siguientes: CONSIDERACIONES Conforme al artículo 24 de la Constitución Política del Estado el Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se denomina Congreso del Estado de Morelos, el cual se integra con diversos Órganos, entre los que destaca por su importancia la Mesa Directiva, cuya función primordial es la de coordinar los trabajos del Pleno, de las Comisiones y los Comités del Congreso. El artículo 53 de la Constitución del Estado, en correlación con el artículo 33 de la Ley Orgánica para el Congreso, señala que la Mesa Directiva del Congreso se integrará por un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios, electos por mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado, los cuales durarán en su ejercicio un año legislativo, en cuya integración no pueden formar parte los coordinadores de los grupos parlamentarios, y será dirigida y coordinada por quien presida dicho Órgano. Ahora bien, el artículo 28 del Reglamento del Congreso, establece que en la última sesión de cada año legislativo se elegirá a los integrantes de la Mesa Directiva, quienes en la misma sesión protestarán el cargo, debiendo tomar posesión del mismo en la primera sesión ordinaria del año legislativo siguiente. 16 de septiembre de 2020 Las diputadas y diputados que suscribimos el presente Acuerdo, coincidimos en que la elección de la Mesa Directiva es un asunto primordial, dado que el Poder Legislativo es uno de los Poderes del Estado que no puede quedar sin representación y su presidente, además de coordinar los trabajos legislativos del Pleno y de las Comisiones y Comités del Congreso, es el representante legal del Poder Legislativo, por lo que a efecto de cumplir con la disposición prevista en el artículo 28 del Reglamento del Congreso y en un ánimo de diálogo y entendimiento de las fuerzas políticas que convergen en este Congreso, presentamos al Pleno del Congreso la propuesta para integrar la Mesa Directiva que conducirá los trabajos del Congreso durante el tercer año de ejercicio constitucional. Por lo anteriormente expuesto, esta LIV Legislatura aprueba el siguiente: ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE SE DESIGNA LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA EL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. ARTÍCULO PRIMERO.- La Mesa Directiva del Congreso del Estado, que funcionará durante el tercer año de ejercicio constitucional se integra por un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios, mismos que ejercerán sus funciones del 1º de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021. ARTÍCULO SEGUNDO.- Se designan como integrantes de la Mesa Directiva del Congreso, a: PRESIDENTE DIP. ALFONSO MARTÍNEZ DE JESÚS SOTELO VICEPRESIDENTE DIP. JOSÉ LUIS GALINDO CORTEZ SECRETARIO DIP. CRISTINA XOCHIQUETZAL SÁNCHEZ AYALA SECRETARIO DIP. ERIKA GARCÍA ZARAGOZA ARTÍCULO TERCERO.Los diputados integrantes de la Mesa Directiva, tomarán protesta en esta misma sesión y desempeñarán su cargo a partir de la primera sesión del tercer año de ejercicio constitucional. TRANSITORIOS: PRIMERO. - Remítase al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de Morelos le dé cumplimiento en todos sus términos. Recinto Legislativo, a 31 de agosto del 2020. ATENTAMENTE LAS CC. DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO. CRISTINA XOCHIQUETZAL SÁNCHEZ AYALA DIPUTADA SECRETARIA ERIKA GARCÍA ZARAGOZA DIPUTADA SECRETARIA RÚBRICAS.
716 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL Al margen izquierdo un Escudo del estado de Morelos que dice: Tierra y Libertad.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Legislativo. LIV Legislatura. 2018-2021. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED: La Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES: I. ANTECEDENTES. A. Con fecha uno de octubre del años dos mil diecinueve, el C. gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, presentó ante este Congreso del Estado de Morelos, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. B. En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Morelos de la LIV Legislatura, iniciada el día dieciocho, continuada el día veintitrés y concluida el día treinta y uno, todos del mes de octubre del año del año dos mil diecinueve, se dio cuenta al Pleno de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, PRESENTADA POR EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, CON FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2019. C. En consecuencia de lo anterior, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, mediante el turno No. SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/0770/19, se remitió a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, con fecha 13 de noviembre de dos mil diecinueve, la referida Iniciativa para su respectivo análisis y dictamen. D. En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, iniciada el día quince de diciembre de dos mil diecinueve y concluida el día veintisiete de enero de dos mil veinte, esta Asamblea Legislativa aprobó LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. Página 7 E. Con fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, el Decreto de referencia fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5777, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Sección. II.- DEL PROCESO LEGISLATIVO. A. En Sesión Ordinaria de Pleno de este Congreso del Estado, de fecha 30 de junio del año en curso, los diputados Marcos Zapotitla Becerro, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Andrés Duque Tinoco y José Luis Galindo Cortez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentaron la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5777, SEGUNDA SECCIÓN, DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.. B. En consecuencia de lo anterior, el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la propuesta de referencia, habiendo acordado el Pleno turnar a esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante Oficio de Turno No. SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1143/20 de fecha 03 de julio de 2020, recibido en la misma fecha, fue remitida para su análisis y dictamen correspondiente. III.- MATERIA DE LA INICIATIVA. La iniciativa materia de análisis plantea la adición a diversas disposiciones al Decreto Número Seiscientos Sesenta y Uno por el que se Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, Número 5777, Segunda Sección, de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, lo anterior con la finalidad de: Establecer que el Fondo de Ayuda a los Dependientes Económicos de Policías que han Muerto en Cumplimiento de su deber, en cantidad de $ 8000,000.00 Ocho Millones de Pesos 00/100 M.N., previsto en el Anexo 7, del citado Decreto, denominado Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, no solamente beneficie a los dependientes económicos de los cuerpos operativos de seguridad pública estatales, sino también a los beneficiarios de los elementos policiacos de los Ayuntamientos Adheridos al Mando Coordinado; esto es, a los beneficiarios de los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
8Página 8 PERIÓDICO OFICIAL Así mismo, que los recursos de dicho fondo, por única ocasión se otorguen en beneficio de los dependientes económicos de los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General del Estado de Morelos, desde el 01 de octubre de 2018, hasta la conclusión del año dos mil veinte. Contemplar la posibilidad de realizar las reclasificaciones o las redistribuciones que resulten pertinentes, respecto de los recursos de este fondo, en caso de que existiesen remanentes económicos, para ser reutilizados en diversas necesidades o recompensas en favor de los elementos de policía estatales y municipales, que para tal efecto determine la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Modificación legislativa que se encuentra sustentada en los principios constitucionales de convencionalidad, pro persona, igualdad, no discriminación, y supremacía constitucional, contenidos en los artículos 1 y 133 Constitucionales. IV.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA. A manera de síntesis, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, justifican la iniciativa materia de análisis, en los términos siguientes: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado B, fracción XIII, establece entre otros aspectos que, los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes; así mismo en el párrafo tercero de dicha fracción, se dispone que, Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. En este sentido, uno de los principales objetivos del Estado Mexicano, es salvaguardar y procurar el bien común en la sociedad, esto a través de garantizar un ambiente adecuado de seguridad, que conlleve al establecimiento de la paz social. 16 de septiembre de 2020 Asimismo la Carta Magna en numeral 21 párrafo noveno, establece de manera clara que, La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que, la función de la seguridad pública se ejecuta en diversos ámbitos de competencia, esto por conducto de las autoridades de las instituciones policiales, entre otras; ahora bien a dichas instituciones de seguridad pública, se les confiere por ministerio constitucional y legal el uso de la fuerza pública, a efecto de salvaguardar el orden público y la paz social. En este sentido la función policial, resulta altamente arriesgada y aun cuando los miembros de las instituciones de seguridad pública, se encuentran dotados de las herramientas necesarias para el desempeño de su función, como los es la capacitación, adiestramiento, armamento y demás equipo táctico, dichas herramientas nunca resultan bastas y suficientes para hacer frente a la delincuencia que existe en toda sociedad. Es por ello, que los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario Partido Encuentro Social PES, en términos de ley, comprometido en consolidar la paz social en el Estado, he tenido a bien hacer un análisis ponderado, de los derechos, estímulos, incentivos o recompensas extraordinarias, que deban de detentar los miembros operativos de las Instituciones de Seguridad Pública, y sobre toda la necesidad de que las prestaciones sociales que les confiere la ley de la materia, sean cumplidas a cabalidad, esto debido a que en ellos se deposita la gran responsabilidad de salvaguardar el orden público, para que prevalezca el estado de derecho en determinado territorio.
916 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL Antes de particularizar en los derechos sociales que le asisten a los miembros de las corporaciones policiacas, debemos considerar, que a la luz de la reforma constitucional en materia de los derechos humanos del 2011, concretamente en su artículo primero, se estableció que todas las personas tienen los mismos derechos entre sí, esto en igualdad de circunstancias y sin existir elemento alguno de discriminación, y en el caso particular sin tomar en consideración la actividad productiva o laboral que desempeñen. Tal es el caso como los policías, que sin importar las funciones que realizan con motivo del desarrollo de su función policial, antes de ser miembros de la fuerza pública, son personas con derechos fundamentales reconocidos en la propia Constitución General de la República. Sin embargo, los derechos sociales de los miembros de las instituciones públicas, deben de revestirse de ciertos principios o garantías esenciales como lo son la universalidad, igualdad y proporcionalidad. Es decir, la UNIVERSALIDAD, refiere a que todos los elementos sean partícipes de los beneficios de la seguridad social, sin mayores limitaciones que las propias que rijan su relación administrativa con el Estado. Lo que conlleva a que el acceso a estos beneficios constituya una generalidad y no una condición de privilegio para unos cuantos. Por su parte la IGUALDAD, consiste en que los beneficios de la seguridad social, sean para todos los elementos que detenten la misma situación, lo que para el caso concreto nos ocupa, esto en beneficio de todos los operativos que arriesgan su vida, en pro de la estabilidad y seguridad pública, sin importar si son policías adscritos a los municipios o pertenecientes al estado; y por último el aspecto relativo a la PROPORCIONALIDAD refiere que, los beneficios de la seguridad social de los elementos policiacos, deben de ser acordes al desarrollo económico del estado, sin que medien defectos o excesos, con la finalidad de que su otorgamiento sea viable y no repercuta de manera negativa en la merma de otros beneficios sociales a los policías. Sirve de apoyo el siguiente criterio de Jurisprudencia: Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Tesis: I.1o.A. J/11 10a., Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Página: 2928, Materias: Constitucional, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Época: Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Página 9 AGUINALDO. LOS PUNTOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LOS LINEAMIENTOS EXPEDIDOS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL PAGO DE ESA PRESTACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE BASE Y DE CONFIANZA, DE HABERES Y POLICÍAS COMPLEMENTARIAS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, PARA EL EJERCICIO 2013, VIOLAN LOS DERECHOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. De la interpretación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que se refleja en la tesis aislada P. LIII/2005, así como del análisis a los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo al personal de mandos medios y superiores, así como enlaces y líderes coordinadores de la administración pública centralizada, desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2013, se desprende que para cuantificar el monto del aguinaldo de los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de los trabajadores indicados en este último instrumento, se toma en cuenta la totalidad de las remuneraciones que aparecen reflejadas en el tabulador respectivo, que incluyen las compensaciones que mensualmente reciben. En contraposición con esas disposiciones, los puntos primero y segundo de los Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago por concepto de aguinaldo al personal técnico operativo de base y de confianza, de haberes y policías complementarias de la administración pública centralizada, desconcentrada y Delegaciones del Distrito Federal, para el ejercicio 2013, establecen que ese beneficio se determina considerando las percepciones consignadas como salario base de los trabajadores en que no se incluyen dichas compensaciones. En consecuencia, estos últimos numerales violan los derechos de igualdad y no discriminación, previstos en el artículo 1o. de la Constitución Federal, ya que provocan un trato desigual que no encuentra justificación, pues las normas relativas al salario y al pago por concepto de aguinaldo que perciben los trabajadores al servicio del Estado se proyectan sobre una situación de igualdad de hecho, cuyo elemento principal es una relación de trabajo por un periodo específico que no varía o se desnaturaliza por el tipo de empleo que se desempeñe, o bien, por el escalafón o categoría que ocupe cualquier servidor público; de ahí que esa diferenciación no persigue una finalidad constitucionalmente aceptable ni es adecuada o proporcional para obtener el fin que persigue. El énfasis es propio
10Página 10 PERIÓDICO OFICIAL Por otra parte, en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, el cual fue publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5697 de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve; en dicho plan, se estableció como EJE RECTOR 1, lograr la PAZ Y SEGURIDAD PARA LOS MORELENSES; disponiéndose de manera primordial Recuperar la tranquilidad, paz social y seguridad para proteger la integridad física, la propia vida y patrimonio de los morelenses es vital para sentar las bases que nos permitan realizar todas las actividades en el ambiente propicio para generar el desarrollo de Morelos; señalándose además entre otros aspectos que la seguridad pública es la principal demanda en el país y en el estado de Morelos, debido a los altos niveles de violencia y delincuencia registrados en los últimos años. Su abordaje ha merecido diversas estrategias, pero con escasos niveles de éxito; y es que la inseguridad es un fenómeno social multidimensional y multicausal, que requiere diversos enfoques en forma simultánea. Para tal efecto, se estableció como objetivo estratégico en el numeral 1.1, denominado Mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado para recuperar la paz y la tranquilidad de los morelenses, contribuyendo a mejorar las condiciones para su desarrollo humano integral. Y como Objetivo de Desarrollo Sostenible vinculado, disponiendo la estrategia 1.1.1, que consiste en Fortalecer las capacidades institucionales y tecnológicas de los cuerpos de seguridad pública; y línea de acción la identificada con el numeral 1.1.1.5, denominada Dignificar la labor de los policías, mediante el reconocimiento a su desempeño en el cumplimiento de sus deberes. En este sentido, mediante decreto número seiscientos sesenta y uno por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5777 Segunda Sección, de fecha veintinueve de enero de dos mil veinte. En dicho decreto legislativo, en la parte conducente de las páginas 8 y 9, se consideró, lo que a la letra dice: Y SIN DUDA PARA LOGRAR EL ESCENARIO PLANTEADO ES VITAL GENERAR MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ES OBLIGACIÓN DE TODOS NOSOTROS TRABAJAR A FAVOR DE LA PAZ, DESDE ESTA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CREEMOS QUE ES FUNDAMENTAL ROBUSTECER LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE NUESTRO ESTADO Y VELAR POR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE QUIENES A DIARIO ARRIESGAN SU VIDA PARA BRINDARNOS LA TRANQUILIDAD QUE TANTO ANHELAMOS. 16 de septiembre de 2020 ES POR ESO QUE ANTE EL LAMENTABLE FALLECIMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER Y QUE DERIVA EN LA EXISTENCIA DE FAMILIARES O DEUDOS QUE QUEDAN EN LA INCERTIDUMBRE DE LA FALTA DE QUIEN PROVEÍA ECONÓMICAMENTE A SUS HOGARES, SE ESTIMA NECESARIO LA CREACIÓN DE UN FONDO QUE PERMITA CUBRIR LAS INDEMNIZACIONES, ANTE LA CONCLUSIÓN INESPERADA DE LA RELACIÓN LABORAL. EN PRIMERA INSTANCIA, SE DEBERÁN DEFINIR LAS CAUSAS DEL DECESO DERIVADO DE FACTORES EXPUESTOS SEGURIDAD A LOS LOS DE QUEDARON TRABAJADORES PÚBLICA; SEGUIMIENTO QUE ASÍ LOS DE COMO EL PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE CUALQUIER MATERIA DE DELITO, ESTO ES, AQUELLOS ENFERMEDADES VULNERABLE EN LA SUBORDINADOS ACCIDENTES LOS QUE INTEGRIDAD EN EJERCICIO O ESTÁ DE LOS DE SUS FUNCIONES O CON MOTIVOS PROFESIONALES. ANTE TALES CONSIDERACIONES Y ADEMÁS, EN UN ÁNIMO DE LEALTAD ANTE EL COMPROMISO ASUMIDO POR AQUELLOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE HAN CAÍDO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, SE ESTIMA NECESARIO, LA CREACIÓN DEL FONDO DE REFERENCIA, QUE PERMITA ESTIMULAR A LAS FAMILIAS Y SUS HIJOS O HIJAS, EN SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL. Aunado a lo expuesto, en dicho decreto, en su anexo 7, denominado transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se estimó la asignación de una bolsa económica de $8,000,000.00 OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N., esto para la creación del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, mismo recurso que resulta visible a foja 63 del citado presupuesto de egresos, esto tal y como se vislumbra en el cuadro que a continuación se inserta:
1116 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL Página 11
12Página 12 PERIÓDICO OFICIAL Sin embargo como se desprende de la fuente de ingresos del citado recurso, el mismo fue asignado proveniente de los recursos estatales, situación que impide a este Poder Ejecutivo Estatal, beneficiar con dicho fondo a los beneficiarios de los elementos policiacos de los Ayuntamientos adheridos al Mando Coordinado, que con motivo de la función operativa policial desarrollada, resultaron caídos en el cumplimiento de su deber, esto en razón de que este recurso deviene de participaciones estatales y no federales. Ahora bien, en el Decreto de ley por el que se aprueba el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio presupuestal 2020, se establece el citado recurso proviene de recursos estatales, sin embargo en la denominación del mismo, -FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER-; no hace distinciones en el sentido de particularizar que dicho fondo es únicamente para los cuerpos operativos de seguridad pública del Estado, y no por cuanto hace a los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos; por lo tanto dicho recurso en términos de ley, si es susceptible de aplicarse en favor de los citados elementos. Cabe precisar que de la cobertura del presente fondo, no se contemplan a los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos; toda vez que dicha entidad, en la actualidad es un ente con reconocimiento autónomo en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y por ende cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, al cual este Poder Legislativo, le estimó su propio presupuesto para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, esto Para el debido cumplimento de sus fines. Lo anterior guarda sustento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del numeral 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; mismos que a continuación se enuncian: ARTÍCULO 79-A.- El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. Su Titular será el Fiscal General del Estado. En el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, la asignación de recursos destinados a la Fiscalía General del Estado nunca será menor a la que le haya correspondido en el Ejercicio Fiscal del año anterior. El énfasis es propio 16 de septiembre de 2020 No obstante lo señalado, el destinar los recursos del citado fondo, únicamente en beneficio de los elementos policiales adscritos al Estado, y no considerar a los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, contraría disposiciones de orden público, además de constituir también una violación al principio que recoge la fracción V del artículo 123, apartado B, constitucional, en el sentido de que "A trabajo igual corresponderá salario igual, toda vez que no se puede otorgar un trato diferenciado a dos individuos respecto de sus prestaciones sociales, cuando estos realizan las mismas funciones con motivo de su función pública. Sirve de apoyo el siguiente criterio de jurisprudencia: Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Tesis: II.T. J/40, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Página: 1986, Materias: Laboral, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Época: Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE UN AYUNTAMIENTO Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LOS PODERES, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL ESTADO DE MÉXICO SUTEYM. SI EN ELLOS SE EXCLUYEN A TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS QUE LABORAN PARA EL MISMO PATRÓN Y BAJO IDÉNTICAS CONDICIONES DE TRABAJO QUE UN SINDICALIZADO, INFRINGEN EL PRINCIPIO CONSAGRADO EN LA FRACCIÓN V DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. El numeral 54 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios establece que los pactos celebrados entre las instituciones públicas o dependencias con sus sindicatos, en los que se fijen condiciones generales de trabajo, entre ellas el salario, rigen para "los servidores públicos" sin hacer distinción alguna, entendiéndose por éstos, de conformidad con el diverso artículo 4, fracción I, de la propia ley "toda persona física que preste a una institución pública un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual, o de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo En este sentido, se infiere que tales pactos rigen para todos los trabajadores, tanto sindicalizados como no sindicalizados, por lo que si un Ayuntamiento y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México Suteym celebran un convenio en el cual excluyen a trabajadores no sindicalizados que laboran para el mismo patrón y bajo idénticas condiciones de trabajo que los sindicalizados, resulta evidente que dicho convenio contraría disposiciones de orden público e infringe el principio constitucional de que "a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo", consagrado en la fracción V del apartado B del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues conforme a este principio no es válido establecer un trato preferencial en cuanto al salario a los trabajadores que laboran en igualdad de condiciones por el solo hecho de ser sindicalizados, ya que de ser así, se establecería un régimen de excepción contrario a los principios fundamentales del derecho del trabajo.
1316 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL El énfasis es propio Ahora bien, como es sabido por la sociedad morelense, desde el inicio de mi gestión, se pusieron en marcha diversos cambios, a los esquemas organizacionales con los cuales la administración anterior venía trabajando. Tal es el caso, de la cancelación del Mando Único Policial, mecanismo organizacional que en materia de seguridad pública, que no brindó los resultados que se habían previsto, ello primordialmente a que dicho mecanismo no consideraba un esquema de coordinación interinstitucional efectivo, ni tampoco privilegiaba la participación ciudadana respecto la evaluación de los resultados en materia de seguridad pública. En este sentido y con apoyo en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su numeral 39 párrafos penúltimo y último, este Gobierno Estatal, considero establecer un esquema de coordinación con los municipios de la entidad, para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 114 bis, fracción VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que refieren al ejercicio de la competencia de la Seguridad Pública. Dicha cooperación, concluyó con las firmas de los convenios de coordinación en materia de seguridad pública, estableciendo con ello un esquema operativo y funcional coordinado, a través del cual se regulará la actuación de los elementos que conforman la Policía Preventiva y de Tránsito de todo el estado, así como de los elementos de la policía preventiva estatal, esto por conducto de una sola instancia rectora, a cargo Comisión Estatal de Seguridad Pública, esquema que hoy conocemos como Policía Estatal Morelos. Lo anterior no vulnera la autonomía municipal, toda vez que estos ahora cuentan con un esquema de seguridad pública y tránsito, coordinado en su administración, planeación, dirección, control, operación y evaluación, por la Comisión Estatal de Seguridad Pública, dando lugar a una verdadera cooperación, la cual origina múltiples beneficios, como lo son: compartir información estadística; unificar criterios respecto de la incidencia delictiva; diseñar políticas públicas en materia de seguridad pública; optimizar la labor de las instituciones de la policía estatal y municipal, para combatir la delincuencia y prevenir la comisión de los delitos; aumentar la capacidad de respuesta de las policías en el Estado; homologar la operatividad táctica; capacitar y adiestrar al personal operativo por conducto de instancias adecuadas; así como de homologar los ingresos y prestaciones de las corporaciones policiales en el estado, entre otras. Página 13 En el caso de la homologación de los ingresos y prestaciones de las corporaciones policiales, que integrarán la Policía Estatal Morelos, es decir, Policía Estatal y Municipal adheridos al mando coordinado, el Gobierno del Estado, a partir de la firma de dichos convenios, ha venido asumiendo directamente el costo que representa el incremento, sin cargo extraordinario a los municipios. En mérito de lo expuesto, se hace posible, viable y sobre todo constituye una obligación a cargo de las Instituciones de seguridad pública, que los dependientes económicos de los elementos policiales de los municipios adheridos al esquema de mando coordinado, que resultaron caídos en el cumplimiento de su deber, puedan ser beneficiados con los recursos del aludido fondo. Asimismo a juicio de los suscritos, en igualdad de circunstancias que los elementos operativos que lamentablemente han perdido la vida en el presente año, esto con motivo del cumplimento de su deber, dicho fondo también debe de ser aplicado en beneficio de los dependientes económicos de los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, caídos desde el inicio de la presente administración estatal, y hasta la conclusión del año dos mil veinte, esto es así, aun y cuando el recurso multicitado, si bien fue aprobado para ser aplicado en el año que transcurre, lo cierto es que, resulta discriminatorio y otorga un trato desigual o diferenciado al no contemplar a los policías que perdieron la vida desde inicio de la presente administración estatal, es decir desde el primero de octubre de dos mil dieciocho, hasta la conclusión del año dos mil veinte. Este criterio aún más se sustenta, en razón de que el FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, aún no se ha creado, así como tampoco se han emitido lineamientos que normen el otorgamiento del mismo, por lo tanto existe la posibilidad de considerar a estos elementos fallecidos en 2019. A esta justificación se debe agregar, que a la fecha según datos proporcionados por la Comisión Estatal de Seguridad Pública, solo a los deudos de un policía caído, les han enterado el monto que corresponde al seguro de vida, encontrándose pendiente el pago de dicho seguro de vida, a los beneficiarios de 18 policías caídos en el cumplimento de su deber. Por lo anterior, es necesario ampliar la descripción de la aplicación de dicho recurso, estableciéndose que el mismo, debe de otorgarse sin distinción alguna tanto a los policías estatales, como a los municipales que se encuentran bajo el mando de esta Comisión, debido a la celebración del Convenio de Mando Coordinado, instrumento legal que sirve de justificación razonable para que dicho recurso pueda aplicarse a los policías municipales.
14Página 14 PERIÓDICO OFICIAL Del mismo modo se propone que, los recursos de dicho fondo, por única ocasión se otorguen en beneficio de los dependientes económicos de los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, desde inicio de la presente administración estatal, es decir desde el primero de octubre de dos mil dieciocho, hasta la conclusión del año dos mil veinte. Aunado a lo anterior, es importante también establecer en el presente proyecto modificatorio, contemplar la posibilidad de realizar las reclasificaciones o las redistribuciones que resulten pertinentes, respecto de los recursos de este fondo, en caso de que existiese remanentes económicos, para ser reutilizados en diversas necesidades o recompensas en favor de los elementos de policía estatales y municipales, que para tal efecto determine la Comisión Estatal de Seguridad Pública. De lo contrario, la forma en que se estimó dicho recurso económico, constituye una grave discriminación, que sin lugar a dudas contraviene de manera lesiva, a los principios rectores de la reforma constitucional de fecha 10 de junio de 2011, pensar que sólo un determinado grupo de elementos operativos puedan acceder a dicho fondo en caso de fallecimiento, de ninguna manera garantiza los principios de pro persona, progresividad y no discriminación, lo que hace imperfecta la plena tutela de los referidos principios. Asimismo para los suscritos resulta indispensable, establecer una colaboración con las instancias gubernamentales o jurisdiccionales que se consideren, a efecto de otorgar certeza documental y jurídica en las designaciones de dependientes económicos que realicen los elementos de policía de adscripción estatal y municipal, para acceder a los recursos del presente fondo, facultando a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, establezca el procedimiento en la normativa reglamentaria que estime conveniente para garantizar este fin. No resulta menos importante establecer, que por oficio número DGPL-1P2A.-6556.16, de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, signado por el SENADOR SALOMÓN JARA CRUZ, en su carácter de Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, hace del conocimiento a este Gobierno Estatal, que en sesión del Pleno de esa misma fecha, fue aprobado el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con el siguiente punto de acuerdo: 16 de septiembre de 2020 Único.- El senado de la república exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 Entidades federativas, establezcan el fondo estatal de apoyo a familiares y dependientes económicos de las personas integrantes de las instituciones policiales que han perdido la vida en el cumplimento de su deber. Exhorto que he decidió atender en los términos propuestos, sin embargo es necesario instituir la presente propuesta legislativa, esto para darle plena operatividad y aplicación a los recursos del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER. Por último, de manera imperiosa es menester precisar que, los recursos de dicho fondo, serán aplicados únicamente durante el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, sin que constituyan parte integral del salario, toda vez que constituye una recompensa monetaria, y no instituye una obligación, prestación social, permanente o futura del Poder Ejecutivo o del Municipio, en favor de los elementos policiales. IMPACTO PRESUPUESTARIO La presente propuesta parlamentaria, no lleva implícita impacto alguno al presupuesto del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, toda vez que únicamente tiene por objeto, erradicar el trato discriminatorio y diferenciado entre los dependientes económicos de los policías estatales caídos en el cumplimento de su deber y los propios de los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, que han perdido la vida con motivo del desarrollo de su función policial, esto sin la necesidad de realizar ampliaciones presupuestarias, sino únicamente considerar a estos últimos elementos dentro del otorgamiento del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER. Modificación legislativa que se encuentra sustentada en los principios constitucionales de convencionalidad, pro persona, igualdad, y no discriminación, entre otros, contenidos en el artículo primero Constitucional, esto en beneficio de la sociedad morelense, a la cual reclama la consolidación de la paz social en el Estado. V.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA. De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en apego a lo dispuesto en la fracción II, del artículo 104, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia.
1516 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL La iniciativa propone que el Fondo de ayuda a los dependientes económicos de policías que han muerto en cumplimiento de su deber, no solamente beneficie a los deudos de los policías adscritos al Poder Ejecutivo Estatal, sino que también beneficien a familiares de los elementos de Seguridad Pública adscritos a los Ayuntamientos de la Entidad que se hayan adherido al Mando Coordinado; toda vez que dicho fondo, fue creado con el propósito de robustecer a las Instituciones Policiales de nuestro estado y velar por la integridad física y patrimonial de quienes a diario arriesgan su vida para brindar la tranquilidad que tanto requiere la sociedad, y ante la eventualidad del fallecimiento en cumplimiento del servicio del personal de seguridad pública, no solamente de los elementos de seguridad pública estatales, sino también del ámbito municipal traería como consecuencia que los familiares o deudos queden en una situación muy vulnerable de desamparo, no solamente desde el punto de vista familiar, sino fundamentalmente en el aspecto económico, quedando en un estado de incertidumbre ante la falta o ausencia permanente de quien proveía económicamente, por lo que el mencionado fondo permitiría de alguna manera ser un estímulo para las familias e hijos en su crecimiento y desarrollo personal al quedar en el desamparo, por tanto al coadyuvar la presente iniciativa en beneficiar a los familiares e hijos de los elementos de seguridad pública municipal adheridos al Mando Coordinado, se determina su procedencia. Dentro del marco internacional de los derechos humanos, encontramos los relativos a la seguridad social. Los miembros de las Instituciones de Seguridad Pública, en especial los policías, sus derechos y las de sus familiares se encuentran protegidos por tratados internacionales de derechos humanos y por normas internacionales en materia del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, en sus convenios internacionales, como lo es el Convenio número 102, sobre Seguridad Social, instrumento aprobado por el Estado Mexicano, se establece de manera clara las prestaciones básicas que un Estado, debe de garantizar a sus ciudadanos, como lo es la asistencia médica, los pagos en caso de enfermedad, o accidente de trabajo, invalidez, prestaciones de deudos, entre otras. En el caso de los policías, en la mayoría de las ocasiones las condiciones de seguridad social resultan insuficientes en cierta medida, esto debido los riesgos que enfrentan día a día, con motivo del desarrollo de su función policial. Los salarios insuficientes, y demás prestaciones de seguridad social, no garantizan el riesgo al que se enfrentan todos los días, para tratar de mantener el orden público y la paz social. Sin embargo, como bien lo expone el iniciador, los elementos de policía tienen los mismos derechos que el resto de los habitantes en México, los cuales se encuentran reconocidos en la propia Constitución General de la República. Pero sin embargo sus prestaciones resultan distintas a las de cualquier otro trabajador del Estado, por no realizar las funciones que desarrollaría cualquier otro burócrata. Página 15 Lo anterior aun y cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 2, el cual da sustento del numeral primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que ninguna persona debe ser objeto de discriminación, sin importar aspectos relativos al sexo, color de piel, forma de pensar, creencia religiosa o condición social, garantías que también son extensivas a los elementos de las corporaciones policiales. No obstante lo anterior, en la actualidad existen diferencias, entre las prestaciones sociales asignadas de los policías estatales y las que reciben los efectivos de las corporaciones municipales, aún y cuando su responsabilidad resulta ser fundamentalmente la misma; lo que conlleva a establecer que ser policía en el ámbito municipal, constituye una actividad poco remunerada, de alto riesgo y con una imagen social deteriorada, actividad que surge como una sola opción, cuando no existen mayores oportunidades de trabajo. Las condiciones de seguridad social, en las historia reciente de nuestro estado, se han venido mejorando para los elementos que integran las instituciones de seguridad pública, en razón de que hoy se cuenta con una norma estatal relativa a regular las condiciones de seguridad social de los elementos de las instituciones de seguridad, sin embargo en dicha normativa, se fijan únicamente las condiciones básicas con las que cuentan en la actualidad los policías, ministerios públicos, custodios y peritos del Estado, tales como lo son una percepción homologada a un modelo nacional, seguro de vida, ayuda de despensa, uniformes adecuados y demás herramientas de trabajo, así como el pleno reconocimiento de la antigedad en el servicio para aspirar para obtener el derecho a pensionarse, así como también el acceso a la carrera policial. No obstante el cúmulo de beneficios antes descritos, los mismos resultan insuficientes respecto a las responsabilidades que desempeñan dichos elementos, es decir, nos referimos a la peligrosa y difícil labor de preservar la seguridad pública que derivado del riesgo mayúsculo, es alta la incidencia de las bajas en dichas corporaciones, según información proporcionada por la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Solo por estimar una cifra, en el año dos mil diecinueve, un total de diecinueve elementos de seguridad pública que conforman la Policía Morelos, perdieron la vida en el cumplimiento de su deber; asimismo en el presente año, llevamos en la cuenta tres policías que perdieron la vida al encontrarse desarrollando su función policial. Aunado a la irreparable pérdida humana del policía caído, la familia de este, atraviesa por un arduo y largo camino, para lograr el reconocimiento de deudos de dicho policía, y con ello poder acceder a las prestaciones sociales que traen consigo la muerte del policía.
16Página 16 PERIÓDICO OFICIAL Ahora bien, primeramente se debe atender que los familiares dependientes económicos del policía caído, deben de iniciar ante esta Soberanía o ante la autoridad municipal respectiva, las gestiones referentes a la tramitación de la pensión por viudez o de orfandad, según sea el caso, solicitud que por ministerio de ley de manera previa se tiene que agotar el proceso administrativo correspondiente, al mismo tiempo de que implica una investigación exhaustiva, a efecto de acreditar la antigedad en el servicio del policía caído, hecho que puede tardar un lapso de tiempo que excede los sesenta días, esto por la complejidad del proceso de investigación y verificación de manera fehaciente de la antigedad devengada en el servicio para estar en posibilidad de determinar el porcentaje de pensión al que tenga derecho el cónyuge supérstite o sus descendientes. Asimismo los familiares del policía fallecido, deben de iniciar ante la compañía de seguros que corresponda, el proceso del cobro de la póliza de seguro, trámite que tardar en ocasiones un tiempo un lapso mayor a seis meses, esto según datos proporcionados por la Comisión Estatal de Seguridad Pública, instancia que también señala que de los 19 elementos caídos en el año 2019, a la fecha de la dictaminación de la presente iniciativa, únicamente se ha logrado concretar el pago del seguro de vida de un solo elemento. Hecho que aunado a la perdida física del cabeza de familia, para los beneficiarios o deudos del policía caído provoca un desajuste en su vida cotidiana, debido a que los recursos económicos resultan en casi todas las ocasiones insuficientes para satisfacer las necesidades más básicas del hogar. Por ello a manera de recompensa por la labor y años de servicio, prestados en favor de la sociedad del Estado, los policías caídos en cumplimiento del servicio adscritos tanto al Gobierno del Estado como a los Ayuntamientos de la Entidad que se hayan adherido al Mando Coordinado, puedan garantizar a sus beneficiarios o dependientes económicos, que el estado otorgara en su favor, el pago de un apoyo extraordinario, debido al fallecimiento del policía con motivo del desarrollo de sus funciones; pago que deberá ser otorgado en el sentido de que se presume que en vida el elemento de seguridad pública haya designado dependientes económicos o beneficiarios de este apoyo de carácter extraordinario, recurso económico que servirá como sustento para los beneficiarios o dependientes económicos de los elementos de seguridad pública tanto estatales como municipales, dentro del lapso de tiempo que tarden las gestiones relativas a la obtención de la pensión correspondiente y el pago del seguro de vida respectivo, tengan la forma de sufragar las necesidades esenciales del hogar y la familia del policía ciado, que arriesgó la vida por cumplir a cabalidad su deber. Por lo anterior, este Poder Legislativo del Estado, previo al análisis, discusión y aprobación del proyecto de presupuesto egresos del ejercicio fiscal dos mil veinte, estimó conveniente incluir en el mismo, un recurso económico de ocho millones de pesos, para el establecimiento del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER. 16 de septiembre de 2020 Dichos recursos económicos asignados para la creación del mencionado fondo, dada la naturaleza estatal de los mismos, sitúa a la autoridad estatal encargada del ejercicio del mismo, en una imposibilidad para beneficiar con dicho fondo a los dependientes económicos de los elementos policiacos de los Ayuntamientos adheridos al Mando Coordinado, que con motivo de la función operativa policial desarrollada, resulten caídos en el cumplimiento de su deber, razón por la cual se hace necesario las adecuaciones que se proponen en la presente iniciativa al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos. Abona a lo anterior, el hecho de que en modo alguno se haya dispuesto prevención alguna respecto a restringir el apoyo de dicho fondo en beneficio de los policías municipales adheridos al mando coordinado; lo anterior a que en la exposición de motivos de dicho presupuesto, no hace distinción alguna respecto de que dicho fondo es exclusivo para los policías con adscripción a la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado, y no por cuanto hace a los elementos policiacos municipales; por lo tanto dicho recurso en términos de ley, si es susceptible de aplicarse en favor de los policías municipales que fueron adheridos a través del esquema del Mando Coordinado. Consientes que destinar los recursos del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, con el objeto beneficiar a un determinado sector policiaco, como lo son los elementos adscritos al Estado, y no considerar a los elementos municipales adheridos al mando coordinado, sin lugar a dudas desatiende el principio de igualdad y no discriminación, contenido en los artículos 22, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, normas internaciones de las que se desprende que el goce y ejercicio del derecho humano a la seguridad social, encuentra su apoyo en el principio de igualdad y no discriminación. En este sentido, la propia la Constitución General de la República, en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, prevé disposiciones sobre el particular, respecto de los miembros de las instituciones policiales, en los que se consideran sistemas complementarios de seguridad social, los cuales deben abarcar a los elementos de las instituciones policiales, y a sus familias como sujetos de beneficios sociales, esto como un reconocimiento a su peligrosa labor, cuyo ejercicio implica exponer la vida en favor de la ciudadanía de determinado territorio.
1716 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL Razones todas ellas plenamente justificadas, por lo que resulta procedente, que esta LIV Legislatura del Congreso de Morelos, realice los ajustes legislativos necesarios, para aplicar en el ámbito de nuestra competencia, el control de convencionalidad a que todas y cada una de las autoridades del país no encontramos obligadas, no solo a ejercerlo a través de nuestra encomienda legislativa, sino también a dejar de aplicar y tener como válidas, todas y cada una de aquellas disposiciones normativas que contravengan la aplicación del control de convencionalidad, cuando estas ocasionen un detrimento a la esfera jurídica de los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la igualdad y no discriminación de los miembros de las corporaciones policiales, los cuales como ya se ha venido exponiendo, sus derechos no se vean limitados, por el establecimiento de disposiciones que contravengan derechos humanos. En apoyo a lo relatado, me permito citar el siguiente criterio de jurisprudencia, contenido en la Tesis: 1a./J. 49/2016 10a., Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I , Página: 370 , Materias: Constitucional, Instancia: Primera Sala, Época: Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. IGUALDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto referido establece: "Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley." Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en diversos instrumentos dicha disposición -Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A, No. 4; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C, No. 127; Caso Castañeda Gutman vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C, No. 184; Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, No. 195y, al respecto, ha sostenido que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona; sin embargo, no todo tratamiento jurídico diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, ofensiva de la dignidad humana. Por tanto, sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y razonable". Ahora bien, las distinciones constituyen diferencias compatibles con dicha Convención por ser razonables, proporcionales y objetivas, mientras que las discriminaciones constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. En ese tenor, la prohibición de discriminación contenida en el artículo 1o., numeral 1, de la Convención en comento, respecto de los derechos contenidos en ésta, se extiende al derecho interno de los Estados parte, de manera que éstos tienen la obligación de no introducir o eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. Página 17 Más aún, no se soslaya precisar, que como lo expone el iniciador, la evaluación de resultados de las estrategias de seguridad pública de la anterior administración, concluyeron en una reorganización profunda no solo de la Institución encargada de la esta función, sino del esquema propio de la seguridad pública, de ahí la creación de un sistema de cooperación integral, el cual encontró su firmeza con la celebración de los convenios de coordinación en materia de seguridad pública, en los cuales se fijó un esquema operativo y funcional coordinado, regulador de la actuación de los elementos que conforman la Policía Preventiva y de Tránsito de todo el Estado, esto bajo el mando de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, esquema de coordinación que se le denomino Policía Estatal Morelos. Dicho MANDO COORDINADO, que trajo consigo beneficios, que retribuyen la justa labor que desempeñan los policías municipales, esto primordialmente basado en la homologación tanto de los ingresos, así como de las prestaciones de seguridad social, el Gobierno del Estado, a partir de la firma de dichos convenios, ha venido asumiendo directamente el costo que representa el incremento, sin cargo extraordinario a los municipios. En este sentido, lo que integramos esta Comisión dictaminadora estimamos procedente la presente iniciativa, al considerar que los dependientes económicos de los elementos policiales de los municipios adheridos al esquema de mando coordinado, que resultaron caídos en el cumplimiento de su deber, puedan ser también beneficiados con los recursos del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER. Por otro lado, atendiendo al principio de no retroactividad de la Ley en perjuicio del gobernado, aplicado a contrario sensu, se considera que dicho fondo también debe de ser extensivo en favor de los dependientes económicos de los policías caídos en el cumplimiento de su deber, a partir del inicio de la presente administración del Poder Ejecutivo Estatal, es decir, es decir, a partir del primero de octubre de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, esto en estricto respeto al principio de igualdad y no discriminación previsto en el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución General de la República, esto con independencia de que los recursos del multicitado fondo, fueron aprobados para el ejercicio fiscal dos mil veinte, sin embargo, no estimar que por única ocasión este fondo beneficiará a los deudos de los policías estatales y municipales caídos en cumplimiento del servicio, desde el inicio de la presente administración estatal, constituye una grave discriminación, hecho que no puede consentir quienes integramos este Congreso del Estado, toda vez que nuestra función de ninguna forma, debe de ser transgresora de los derechos humanos de ninguna persona.
18Página 18 PERIÓDICO OFICIAL Aunado a lo expuesto, no se soslaya precisar que, como bien lo refiere el iniciador el FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, a la fecha aún no se han fijado las reglas para su instrumentación y aplicación, por lo tanto existe la posibilidad de considerar a los elementos policiacos tanto estatales como municipales adheridos al esquema de mando coordinado caídos en el cumplimiento de su deber a partir del inicio de la administración del Poder Ejecutivo Estatal, es decir, del primero de octubre de dos mil dieciocho al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Del mismo modo, quienes integramos esta Comisión Legislativa, estimamos procedente contemplar la posibilidad de realizar las reclasificaciones o las redistribuciones que resulten pertinentes, respecto de los remanentes económicos que en su caso pudieran resultar del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, sin embargo, esto debe realizarse en términos de lo dispuesto por los artículos 13, fracción VI, segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y Vigésimo Sexto del propio Presupuesto de Egresos 2020, ya que de lo contra En tal virtud, se realiza la modificación correspondiente al artículo vigésimo noveno sexies que se adiciona. La diputada Rosalina Mazari Espín se inscribió para reservarse el artículo vigésimo noveno sexies. Se anexa su intervención íntegra para su publicación en el Semanario de los Debates. DIP. ROSALINA MAZARI ESPÍN: Con su permiso, diputado presidente. Vengo aquí, a esta alta tribuna, a solicitar la reserva del artículo vigésimo noveno sexies del dictamen en sentido positivo del proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al decreto número seiscientos sesenta y uno por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2020, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5577, segunda sección, de fecha 29 de enero de 2020; aprobado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, en la reunión de trabajo del 15 de julio del 2020, con la finalidad de que su contenido se encuentre conforme a lo dispuesto por los diversos artículos: 13, fracción VI, segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y Vigésimo Sexto del propio Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, modificación que se propone para quedar como sigue: 16 de septiembre de 2020 Artículo Vigésimo Noveno Sexies.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Despacho encargada de la Hacienda Pública, para realizar las reasignaciones de los saldos disponibles de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, cuando se generen economías que deriven de los programas de ahorro, disciplina presupuestal, o bien de los recursos públicos no devengados, en su caso, provenientes del Fondo de Ayuda a los Dependientes Económicos de Policías que han Muerto en el Cumplimiento de su Deber, con la finalidad de que su remanente, sea destinado, en términos de lo que establece el artículo Vigésimo Sexto del presente Decreto, así como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normativa aplicable. De igual forma, en caso de que los recursos destinados a la creación del presente fondo resulten insuficientes para cubrir los apoyos económicos a los dependientes de los elementos de las instituciones policiales, caídos en el cumplimento de su deber, el Titular del Poder Ejecutivo podrá solicitar una ampliación presupuestal para cubrir los apoyos que sean necesarios. Es cuanto, diputado presidente. PRESIDENTE: Queda registrada la reserva hecha por la diputada Rosalina Mazari. De igual manera, se reitera lo considerado por el iniciador respecto de que los recursos de dicho fondo, deben ser aplicados únicamente durante el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, sin que constituyan parte integral del salario, toda vez que constituye un estímulo único, y no instituye en modo alguno una obligación como prestación social permanente o futura del Poder Ejecutivo o del Municipio, en favor de los elementos policiales. Por último es destacar la colaboración propuesta por el iniciador, en el sentido de establecer los vínculos que resulten indispensables con las instancias gubernamentales o jurisdiccionales que se consideren, a efecto de otorgar certeza documental y jurídica en las designaciones de dependientes económicos que realicen los elementos de policía de adscripción estatal y municipal, para acceder a los recursos del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, facultando a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, establezca el procedimiento que resulte conveniente para garantizar este fin.
1916 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL VI. IMPACTO PRESUPUESTARIO De lo analizado en el presente dictamen legislativo, no se desprende impacto económico alguno al presupuesto del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, toda vez que únicamente tiene por objeto, erradicar el trato discriminatorio y diferenciado entre los dependientes económicos de los policías estatales caídos en el cumplimento de su deber y los propios de los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, que han perdido la vida con motivo del desarrollo de su función policial, esto sin la necesidad de realizar ampliaciones presupuestarias, sino únicamente considerar a estos últimos elementos dentro del otorgamiento del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER en cantidad de 8000.000.00 Ocho Millones de Pesos 00/100 M.N., establecido en el Anexo 7 relativo a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el Ejercicio Fiscal del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2020. Por lo anteriormente expuesto, esta LIV Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: DECRETO NÚMERO SETECIENTOS VEINTISIETE POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5777 SEGUNDA SECCIÓN, DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ARTÍCULO PRIMERO: Se adiciona un CAPÍTULO II BIS, al TÍTULO PRIMERO del DECRETO NÚMERO SEISCIENTOS SESENTA Y UNO POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD, NÚMERO 5777 SEGUNDA SECCIÓN, DE FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan los artículos VIGÉSIMO NOVENO BIS, VIGÉSIMO NOVENO TER, VIGÉSIMO NOVENO QUATER, VIGÉSIMO NOVENO QUINQUIES, VIGÉSIMO NOVENO SEXIES Y VIGÉSIMO NOVENO SEPTIES, al CAPÍTULO II BIS denominado DEL FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER; para quedar como sigue: CAPÍTULO II BIS DEL FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER. Página 19 ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO BIS.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que por conducto de la Secretaría de Despacho encargada de la Hacienda Pública o diversas Dependencias de la Administración Pública, ejecuten las adecuaciones y asignaciones presupuestales que correspondan, o bien realicen las gestiones necesarias a que haya lugar, para el efecto de darle plena operatividad a los recursos destinados al FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, debiéndose de emitir los lineamientos que para dicho propósito se expidan, con el objeto de beneficiar a los dependientes económicos de los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber y solo encontrándose en servicio, durante el desempeño policial. ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO TER.- Los recursos del presente fondo, serán aplicados en igualdad de circunstancias y condiciones para todos los dependientes económicos de aquellos elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General del Estado de Morelos, siempre y cuando se acredite haber sido elemento activo. La aplicación de dicho fondo estará bajo la vigilancia técnica del personal que para esos efectos designe el Ejecutivo Estatal o bien la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado; las funciones de auditoría, control y vigilancia, sobre el destino y aplicación de tales recursos, serán ejercidas por las entidades fiscalizadoras dentro del ámbito de sus respectivas competencias. ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO QUATER.Por única ocasión, y en pleno respeto a las garantías de igualdad y no discriminación de los elementos de las instituciones policiales, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que por conducto de la Secretaría de Despacho encargada de la Hacienda Pública, en coordinación con la Comisión Estatal de Seguridad Pública o entidad de la Administración Pública Estatal que corresponda, otorguen el apoyo económico que corresponda, a los dependientes económicos de los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que hayan perdido la vida en el cumplimiento de su deber, desde el día primero de octubre de dos mil dieciocho, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte.
20Página 20 PERIÓDICO OFICIAL ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO QUINQUIES.Los recursos económicos por hasta $8,000,000.00 OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N., a los que alude el ANEXO 7, relativo a las TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, bajo la denominación FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, constituye un apoyo monetario para los dependientes económicos de los elementos que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General del Estado de Morelos, que hayan perdido la vida en el cumplimiento de su deber; dichos recursos serán aplicados únicamente durante el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, sin que constituyan parte integral del salario, debiéndose precisar que este apoyo económico, no instituye una obligación permanente o futura del Poder Ejecutivo o del Municipio, en favor de los elementos policiales y de sus beneficiarios. ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO SEXIES.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Despacho encargada de la Hacienda Pública para realizar las reasignaciones de los saldos disponibles de las Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, cuando se generen economías que deriven de los programas de ahorro, disciplina presupuestal, o bien de los recursos públicos no devengados en su caso provenientes del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, con la finalidad de que su remanente, sea destinado en términos de lo que establece el artículo Vigésimo Sexto del presente Decreto, así como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normativa aplicable. De igual forma, en caso de que los recursos destinados a la creación del presente fondo, resulten insuficientes para cubrir los apoyos económicos a los dependientes de los elementos de las instituciones policiales, caídos en el cumplimento de su deber, el Titular del Poder Ejecutivo, podrá solicitar una ampliación presupuestal para cubrir los apoyos que sean necesarios. ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO SEPTIES.Con la finalidad de otorgar certeza documental y jurídica en la designación de dependientes económicos que deban realizar los elementos de policía de adscripción estatal y municipal, para poder acceder a los recursos del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, se faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que a través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, se establezca el procedimiento normativo y reglamentario, en coordinación con las instancias gubernamentales o jurisdiccionales que para tal efecto considere, para garantizar y hacer efectivo este beneficio. 16 de septiembre de 2020 DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA.- Remítase el presente Decreto, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 70, fracción XVII, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. SEGUNDA.- El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. TERCERA.- Todas aquellas disposiciones legales que se opongan a la validez o interpretación del presente Decreto, de igual o menor rango, se dejaran sin efectos. CUARTA.- El Ejecutivo Estatal o en su caso la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, contará con un plazo de 30 días hábiles, computados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el acuerdo por el que se emiten los lineamientos del FONDO DE AYUDA A LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE POLICÍAS QUE HAN MUERTO EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, en los que se establezcan los mecanismos legales y administrativos para el otorgamiento de dicho apoyo económico, mismos que deberán de publicarse en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos; o bien en su caso, realizar la armonización correspondiente de las disposiciones normativas del presente decreto, en los lineamientos existentes. QUINTA.- Por única ocasión, se validan los apoyos económicos enterados con antelación a la publicación del presente decreto, en favor de los dependientes económicos de elementos caídos en el cumplimiento de su deber que integran las instituciones policiales, en materia de seguridad pública, previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o los que realicen funciones homologas, con excepción de los cuerpos de policía dependientes de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ocurridos dentro de la presente anualidad. Recinto Legislativo, en sesión ordinaria de pleno iniciada el día quince de julio del año dos mil veinte, continuada y concluida el día treinta y uno de agosto del año dos mil veinte. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, Presidente. Dip. Dip. Erika García Zaragoza, Secretaria. Dip. Dalila Morales Sandoval, Secretaria. Rúbricas. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos a los quince días del mes de septiembre del dos mil veinte. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO SECRETARIO DE GOBIERNO LIC. PABLO HÉCTOR OJEDA CÁRDENAS RÚBRICAS.
2116 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL Al margen superior un Escudo del Estado de Morelos que dice: Tierra y Libertad.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- 2018-2024, y un logotipo que dice: Morelos Anfitrión del Mundo Gobierno del Estado 2018-2024. FE DE ERRATAS Fe de Erratas al Sumario del Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5861, de fecha 09 de septiembre de 2020, en el que, por un error involuntario, en la página 1, quinto párrafo. Dice: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS Código de Conducta del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. Pág. 8 Debe decir: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DEL ESTADO DE MORELOS Código de Conducta del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. Pág. 8 ATENTAMENTE LIC. EDUARDO KENJI UCHIDA GARCÍA Página 21 Al margen superior un Escudo del Estado de Morelos que dice: Tierra y Libertad.- La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- 2018-2024, y un logotipo que dice: Morelos Anfitrión del Mundo Gobierno del Estado 2018-2024. CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII, INCISOS A Y B, Y XXVI, 74 Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, 6, 8, 11, 13, FRACCIONES I, III Y VI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ASÍ COMO 25, 28, 30, 31, 33, 67, Y DISPOSICIÓN NOVENA TRANSITORIA DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS; Y CON BASE EN LA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, de manera que las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán fomentar el desarrollo económico promoviendo la inversión, la generación de empleo y la competitividad, implementando políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites y servicios. Por su parte, el artículo 73, fracción XXIX-Y, de esa misma Constitución prevé como atribución del Congreso de la Unión expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria. Al efecto, debe tomarse en consideración que la Mejora Regulatoria constituye una política pública tendiente a la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y el óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su 1 conjunto; procurando así los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad. DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 1 RÚBRICA. Numeral 1 de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de agosto de 2019.
22Página 22 PERIÓDICO OFICIAL Fue en uso de sus facultades antes señaladas que el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Mejora Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2018, señalando entre sus transitorios: Quinto. A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Mejora Regulatoria, las entidades federativas contarán con un plazo de un año para adecuar sus leyes al contenido de dicha Ley. Los Consejos Locales de Mejora Regulatoria deberán instalarse formalmente dentro un plazo de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de las adecuaciones correspondientes en su legislación local. En tal virtud, para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y principios que expresa la Ley General de Mejora Regulatoria, con fecha 17 de julio del 2019, se publicó, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5726, la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, la cual instaura el modelo de mejora continua, a través de la simplificación de trámites, la sistematización y certificación de los procesos de atención a la ciudadanía del estado de Morelos y sus municipios, con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; todo ello, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y que contemple una estructura funcional que tiene como principales objetivos: garantizar certeza jurídica a la ciudadanía, incrementar la integridad y confidencialidad de los actos, transparentar la actuación de las autoridades y aprovechar la tecnología, para brindar la mejor atención a los morelenses, con estricto apego y homogeneidad a la Ley General de Mejora Regulatoria y con el cometido de generar un Estado de Derecho. En ese sentido, a efecto de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de la citada Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, y en pleno cumplimiento a lo señalado por su disposición novena transitoria, resulta necesaria la expedición del presente Reglamento, con el objeto de establecer reglas claras para la adecuada aplicación de las recientes disposiciones de las Leyes General y local en mención. Lo anterior con el firme objeto de contar con un marco jurídico en materia de mejora regulatoria de vanguardia y que establezca las bases que se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones emanadas de las secretarías, dependencias y entidades que conforman la Administración Pública así como los Ayuntamientos del estado de Morelos, estableciendo las directrices para el desarrollo de la mejora regulatoria, contribuyendo así, a la transparencia y competitividad en el Estado; sujetándose desde luego la actuación pública al principio de legalidad, reserva de ley y subordinación jerárquica. 16 de septiembre de 2020 Principios y límites que se han de respetar en un adecuado ejercicio de reglamentación, ya que conforme a lo previsto por la Suprema Corte la facultad reglamentaria se refiere a la posibilidad de que el poder ejecutivo provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes; debiendo tener presente que las normas reglamentarias están subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma Ley. Asimismo, se ha señalado que la facultad reglamentaria del Presidente de la República se encuentra sujeta a un principio fundamental: el principio de legalidad, del cual derivan, según los precedentes, dos principios subordinados: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero de ellos evita que el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión o, dicho de otro modo, prohíbe a la Ley la delegación del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. El segundo principio consiste en la exigencia de que el Reglamento esté precedido de una Ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. Así, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal tiene como principal objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las 2 leyes reglamentadas. Por ello, a través de este instrumento jurídico se logran definir de manera clara aspectos administrativos que permiten orientar la adecuada implementación de los órganos y herramientas de la mejora regulatoria como lo son: el Consejo Estatal de Mejora, las Unidades Estatales y Municipales de Mejora Regulatoria, el Catálogo de Regulaciones, Trámites y Servicios, el Análisis de Impacto Regulatorio, la Protesta Ciudadana, los Programas Anuales y Específicos, así como el Registro Estatal de Visitas Domiciliarias y la Afirmativa Ficta, lo que representa que estamos ante un instrumento eficaz para el impulso y consolidación de la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, estableciendo bases claras de coordinación multinivel y atribuciones específicas, tanto para el orden estatal como municipal, respetando el ámbito de sus competencias. 2 FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS PRINCIPIOS Y LIMITACIONES. Registro No. 1 001 296, Localización: J; 9a. Época; Pleno; Apéndice 2011; Tomo I. Constitucional 2. Relaciones entre Poderes Primera Parte - SCJN Primera Sección Pág. 468.
2316 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL En el mismo sentido la digitalización forma parte toral dentro de las encomiendas y objetivos en materia de mejora regulatoria, porque su objetivo es facilitarle la vida al ciudadano e incorporarlo a un proceso de innovación pública, promoviendo la simplificación administrativa, es decir, la reducción de trámites; lo cual disminuye el costo de hacer negocios e incrementa los incentivos para operar en el sector formal, lo que fortalece la capacidad de la economía para crear nuevos empleos, además de que con trámites sencillos y eficientes se eliminan incentivos para la corrupción. Por lo anterior y a fin de que la Ley cuente con la reglamentación acorde a las nuevas disposiciones que emanan de la misma, se hace necesario abrogar el actual Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado, para dar paso a la expedición del presente instrumento normativo, mismo que tiene como propósito lograr su armonía y actualización con respecto a las Leyes general y local de las que emana. No se omite señalar que este instrumento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, de la citada Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, ha sido aprobado por la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, mediante Acuerdo 06/CEMER/2aORD/30/04/2020, de fecha 30 de abril de 2020. Es importante señalar que la expedición del presente instrumento se rige por los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, austeridad e imparcialidad; cumpliendo así con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos. Finalmente, el presente Reglamento cumple con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Estatal de Planeación, al encontrarse plenamente vinculado con el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, número 5697, de fecha 16 de abril de 2019, el cual en su Eje Rector número 4, titulado Productividad y Competitividad para los Morelenses establece como objetivo estratégico número 4.2 el incrementar los niveles de competitividad de las empresas morelenses para consolidar su permanencia, crecimiento así como propiciar la creación de nuevas empresas, mejorando las condiciones socioeconómicas de la región generando empleos formales y dignos que promuevan el bienestar; para lo cual determina como estrategia número 4.2.1 el impulsar y consolidar el establecimiento de una política pública de mejora regulatoria que facilite la consolidación, crecimiento y creación e instalación de las micro, medianas y pequeñas empresas y como Líneas de acción, aplicar herramientas tecnológicas para la modernización y digitalización de los servicios de creación e instalación de empresas en Morelos; instalar el sistema estatal y los sistemas municipales de mejora regulatoria; elaborar y difundir campañas para incentivar la participación ciudadana y social en las acciones, objetivos y programas de mejora regulatoria, y actualizar de manera permanente el Registro Estatal de Trámites y Servicios. Página 23 Por lo expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente: REGLAMENTO DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS TÍTULO PRIMERO DE LA MEJORA REGULATORIA CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. El presente ordenamiento es de orden público, interés social y de aplicación a los actos, procedimientos, resoluciones y servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y, en su caso, Municipal. Tiene por objeto regular las disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Morelos y sus Municipios, así como establecer las disposiciones complementarias para su aplicación. Artículo 2. Además de las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos y sus Municipios, para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: I. Afirmativa ficta, a la figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro del plazo señalado por la Ley Estatal, o demás disposiciones de carácter general aplicables, se entiende que se resuelve lo solicitado por el interesado en sentido positivo; II. Agenda Regulatoria, a la herramienta que permite planear la creación de nuevas regulaciones, Leyes, Reglamentos o reformas a estas en un periodo determinado; III. Autoridad Municipal, a las respectivas Comisiones de Mejora Regulatoria Municipales, las Unidades Administrativas o áreas responsables de conducir la política de mejora regulatoria en el Municipio; IV. Código QR, es un código de barras bidimensional cuadrado que almacena los datos de identificación y autorización del servidor público autorizado para realizar inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias; V. Consejo Municipal, al Consejo Municipal de Mejora Regulatoria; VI. Costos de cumplimiento, a la creación de nuevas obligaciones o hacer más estrictas las existentes, la creación o modificación de trámites o servicios, la reducción o restricción de derechos de los particulares, o el establecimiento de definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia que por sí mismos o conjuntamente con otra disposición vigente o futura, afecte o pueda afectar, encarecer o entorpecer, los derechos, obligaciones, prestaciones o trámites y servicios, o bien, se traduzca en que estos puedan resultar violatorios de los derechos y garantías de los ciudadanos;
24Página 24 PERIÓDICO OFICIAL VII. Inspección, verificación o visita domiciliaria, al acto ordinario o extraordinario de un Sujeto Obligado mediante el cual se realiza la vigilancia, promoción, control, comprobación, supervisión o corroboración a personas físicas o morales del sector privado sobre el cumplimiento de la regulación o la prestación de servicios, o bien se asiste y asesora en el cumplimiento de la misma; VIII. Inspector, verificador o visitador, al servidor público designado, facultado y autorizado por un sujeto obligado para desempeñar labores de inspección, verificación o visita domiciliaria de bienes y personas con el objeto de comprobar el cumplimiento de la regulación; IX. Ley Orgánica, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; X. OIC, al Órgano Interno de Control de la CEMER; XI. Protesta ciudadana, al mecanismo para obtener solución a una queja o inquietud sobre algún trámite y servicio; XII. Reglamento, al presente Reglamento; XIII. REVID, al Registro Estatal de Visitas Domiciliarias, y XIV. Sitio Oficial, a la página o plataforma electrónica implementada por los sujetos obligados. Artículo 3. Sin perjuicio de las facultades de interpretación reservados a las Autoridades Judiciales de carácter Local o Federal, corresponderá al comisionado estatal la interpretación, para efectos administrativos, de la Ley Estatal y del presente Ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la fracción III, del artículo 33 de la Ley. Artículo 4. La CEMER no estará obligada a dar respuesta o atención a las peticiones, comentarios o protestas que contengan vocabulario obsceno, ofensivo, acosante, amenazante o bien, sin relación o contexto en la materia. TÍTULO SEGUNDO DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA CAPÍTULO I DEL CONSEJO ESTATAL Artículo 5. Además de las atribuciones que le confiere el artículo 18 de la Ley, el Consejo Estatal coadyuvará, en el ámbito de sus atribuciones, al cumplimiento de los objetivos de la Ley y el presente Reglamento, a efecto de impulsar y consolidar el proceso de mejora regulatoria, de simplificación y desregulación en la Administración Pública Estatal. Artículo 6. Las personas que, con motivo de formar parte de la Administración Pública Estatal, sean miembros integrantes del Consejo Estatal, lo harán con tal carácter únicamente por el tiempo que subsistan sus nombramientos administrativos que dan origen a sus cargos. 16 de septiembre de 2020 Para el caso de la duración en el encargo de las personas integrantes señaladas en las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 14 de la Ley, se estará a lo dispuesto en el citado artículo. Artículo 7. Para la selección del miembro del Consejo Estatal representante del sector social a que se refiere la fracción XII del artículo 14 de la Ley, la secretaría realizará la invitación directa respectiva, debiendo tomar en consideración la propuesta del Comisionado Estatal, a fin de asegurar que cuenta con representatividad y experiencia en la materia de mejora regulatoria, de manera que coadyuve en el cumplimiento del objeto del Consejo Estatal. Artículo 8. Los miembros del Consejo Estatal que son representantes del sector empresarial y comercial en el Estado serán seleccionados conforme a lo siguiente: I. La secretaría formulará la respectiva convocatoria pública para que se realicen propuestas de candidatos; II. Una vez que se cuente con los candidatos correspondientes el propio Consejo Estatal procederá a analizar las propuestas, valorando la representatividad de la organización que postula al candidato y la experiencia o conocimientos de la persona de que se trate en materia de mejora regulatoria, y III. Después de realizar el análisis y la valoración de las propuestas se determinará, por acuerdo del resto de los integrantes del Consejo Estatal, quiénes serán designados como representantes del sector empresarial y comercial. Artículo 9. Las cuestiones sobre la organización y funcionamiento del Consejo Estatal se regirán por el Reglamento Interior de dicho Consejo. CAPÍTULO II DE LOS ENLACES DE LA MEJORA REGULATORIA Artículo 10. Los responsables oficiales de mejora regulatoria a que hace referencia el artículo 13 de la Ley, cuentan con las funciones siguientes: I. Coordinar el proceso de Mejora Regulatoria al interior de la secretaría, dependencia, entidad estatal o municipal, o de las unidades a designarse por parte de los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales Autónomos y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; II. Someter a la opinión de la Autoridad de Mejora Regulatoria, el Programa de Mejora Regulatoria correspondiente, e incorporar las observaciones que en su caso se estimen convenientes; III. Informar, en forma bimestral y de conformidad con el calendario que establezca la Autoridad de Mejora Regulatoria, los avances en la ejecución del Programa de Mejora Regulatoria correspondiente; IV. Suscribir y enviar a la Autoridad de Mejora Regulatoria las propuestas regulatorias y sus correspondientes Análisis de Impacto Regulatorio;
2516 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL V. Suscribir, en el ámbito de sus competencias, y enviar a la Autoridad de Mejora Regulatoria la información que deberá ser inscrita en el Registro Estatal o Municipal, en su caso, y VI. Las demás que les confieran la Ley Estatal, la Estrategia Estatal y otras disposiciones que de ellas deriven. Artículo 11. Los responsables oficiales de mejora regulatoria, para el cumplimiento de sus atribuciones, deberán auxiliarse de un Responsable Técnico, mismo que deberá ser un servidor público con nivel de director general o de área, según corresponda, designado por las personas titulares de los sujetos obligados, con excepción de los Poderes Legislativo y Judicial Estatales, los Órganos Constitucionales Autónomos, así como el Tribunal de Justicia Administrativa; los cuales tomarán la determinación al efecto de conformidad con sus disposiciones orgánicas y la Ley de la materia. Artículo 12. El responsable técnico tendrá las siguientes funciones: I. Coordinar conjuntamente con el responsable oficial, el proceso de mejora regulatoria en el interior de la Dependencia, Entidad o Municipio; II. Participar en las reuniones de trabajo convocadas por la Autoridad de Mejora Regulatoria, según corresponda y en las cuales se traten asuntos en los que esté involucrado algún aspecto del Programa de su Dependencia, Entidad o Municipio; III. Proponer al Responsable Oficial o, en su caso, a la persona titular de la Dependencia, Entidad o Municipio a la que pertenece, el personal indicado para operar las herramientas de la Mejora Regulatoria, así como asistir a los cursos de capacitación que promueva la Autoridad de Mejora Regulatoria, según corresponda; IV. Solicitar a la Autoridad de Mejora Regulatoria, según corresponda, la asesoría necesaria para el buen funcionamiento de la Unidad de Mejora Regulatoria al interior de las Dependencias, Entidades o Municipios; V. En caso de considerarlo necesario y por instrucciones del responsable oficial, suscribir y enviar a la Autoridad de Mejora Regulatoria, según corresponda, las propuestas regulatorias y sus correspondientes Análisis de Impacto Regulatorio; VI. En caso de considerarlo necesario y por instrucciones del responsable oficial, informar en forma bimestral, de conformidad con el calendario que establezca la CEMER, respecto de los avances de la ejecución del Programa de Mejora Regulatoria; VII. En caso de considerarlo necesario y por instrucciones del responsable oficial suscribir y enviar a la Autoridad de Mejora Regulatoria, según corresponda, la información por inscribir, modificar o eliminar en el Registro de Trámites y Servicios correspondiente; Página 25 VIII. Reportar al responsable oficial o, en su caso, a la persona titular de las Dependencias, Entidades o Municipios a las que pertenecen, las acciones que realiza con la Autoridad de Mejora Regulatoria, según corresponda, y IX. Las demás que señale la Ley y otras disposiciones que de ellas deriven. Artículo 13. Cuando se lleve a cabo la sustitución del responsable oficial o técnico de mejora regulatoria por cualquier circunstancia, el sujeto obligado, deberá designar a la persona que lo supla, así como hacerlo de conocimiento a la CEMER dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sustitución. Artículo 14. La designación como responsables oficiales o técnicos de mejora regulatoria ante la CEMER o la autoridad municipal, según corresponda, no modifica la relación laboral que tenga con las secretarías, dependencias o entidades que lo designó; en consecuencia, no tendrá relación laboral o contractual con la CEMER, ni recibirá por parte de ésta, emolumento, salario o retribución adicional alguna por el desempeño de sus funciones en materia de mejora regulatoria. TÍTULO TERCERO DEL CATÁLOGO ESTATAL Y MUNICIPAL CAPÍTULO I DEL REGISTRO ESTATAL Y MUNICIPAL DE REGULACIONES Artículo 15. Cada una de las regulaciones inscritas en el Registro Estatal o Municipal de Regulaciones, según corresponda, deberá indicar los trámites, servicios, inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que norma, relacionándola con el Registro Estatal o Municipal de Trámites y servicios, y el Registro Estatal o Municipal de Visitas Domiciliarias. Artículo 16. Si las reformas al marco regulatorio implican modificaciones a la información de los Trámites y servicios inscritos en el Catálogo respectivo, los Responsables oficiales de mejora regulatoria de los sujetos obligados deberán informarlo a la autoridad de mejora regulatoria, enviando los formatos actualizados de los trámites o servicios que fueron modificados. CAPÍTULO II DEL REGISTRO ESTATAL Y MUNICIPAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Artículo 17. Para efectos de la Ley y el presente Reglamento, los Registros Estatal y Municipal de Trámites y Servicios son el conjunto de registros electrónicos que compila los Registros de Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados, con el objeto de otorgar información precisa, seguridad jurídica a las personas, brindar transparencia y facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información.
26Página 26 PERIÓDICO OFICIAL Artículo 18. Todos los trámites y servicios inscritos en los Registros Estatal y Municipal, según corresponda, deberán contener el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la regulación inscrita en el Registro Nacional, Estatal o Municipal de Regulaciones. Artículo 19. La información enviada a la autoridad de mejora regulatoria, según corresponda, de todos los trámites y servicios que apliquen o presten los sujetos obligados por la Ley y el presente Reglamento, para la integración del Catálogo correspondiente, será entregada en los formatos y medios autorizados por dicha Autoridad. Artículo 20. Para el desahogo de los trámites o servicios, salvo que en otra regulación de carácter general se establezcan reglas particulares, se observarán las previsiones siguientes: I. Las solicitudes de trámites o servicios deberán presentarse ante el sujeto obligado correspondiente, en su caso, en original y sus anexos en copia simple, en un solo tanto. Si el interesado requiere que se le acuse de recibo, deberá adjuntar una copia para tal efecto; II. Los sujetos obligados se abstendrán de solicitar como requisito la actualización del acta de nacimiento y demás documentos que no señalen fecha de vigencia, siempre y cuando sean legibles, salvo en los casos que exista otra disposición normativa que así lo requiera; III. En caso de no contar con documentación original, podrá presentarse copia certificada de dicha documentación, acompañándose de copia simple para su cotejo, caso en el que se regresará a la persona interesada el documento cotejado; IV. El sujeto obligado ante el cual se solicite o realice el trámite o el servicio, estará obligado a expedir acuse o documento que acredite el ingreso e inicio de trámite, o en su caso, el rechazo o improcedencia del mismo, así como las causales; V. El sujeto obligado ante el cual se solicite o realice el trámite o el servicio, estará obligado, en su caso, solo a requerir una copia por cada trámite; si el proceso interno de la secretaría, dependencia, entidad o unidad administrativa requiere dicha documental, esta estará a cargo del mismo sujeto obligado, y VI. Cuando se requiera la comprobación de existencia de permisos, registros, licencias y, en general, de cualquier documento expedido por la secretaría, dependencia, entidad o unidad administrativa ante la que se realice el trámite o el servicio, las personas interesadas podrán señalar los datos de identificación de dichos documentos si así obraran en su expediente de trámites y servicios, lo que les eximirá de entregar copia de dicha documentación, las personas interesadas no estarán obligados a proporcionar datos o entregar juegos adicionales de documentos entregados previamente. 16 de septiembre de 2020 CAPÍTULO III DEL EXPEDIENTE PARA TRÁMITES Y SERVICIOS Artículo 21. El expediente para trámites y servicios es un conjunto de registros electrónicos que contiene las resoluciones emitidas por los sujetos obligados relacionadas con las personas físicas o morales del sector privado, que pueden ser utilizadas por cualquier otro sujeto obligado para resolver trámites o servicios, compila los documentos solicitados a la ciudadanía y la comunidad empresarial como requisitos para la presentación, gestión y resolución de trámites y servicios. Artículo 22. Los sujetos obligados integrarán al expediente para trámites y servicios los documentos firmados autógrafamente cuando se encuentre en su poder el documento original y se cumpla con lo siguiente: I. Que la migración a una forma digital haya sido realizada o supervisada por un servidor público que cuente con facultades de certificación de documentos en términos de las disposiciones aplicables; II. Que la información contenida en el documento electrónico se mantenga íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible para su ulterior consulta; III. Que el documento electrónico permita conservar el formato del documento impreso y reproducirlo con exactitud, y IV. Que cuente con la Firma Electrónica Avanzada del servidor público al que se refiere la fracción I. Artículo 23. En cuanto a la homologación e interoperabilidad de trámites o servicios, el expediente debe contar con mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad, integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia que integra los documentos electrónicos relacionados con los trámites y servicios que realiza un ciudadano y que los sujetos obligados incorporan en el ámbito de sus competencias. CAPÍTULO IV DEL REVID Artículo 24. El REVID es un conjunto de registros electrónicos de carácter público disponibles en el sitio oficial, que compila toda la información de las inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias que al efecto puedan realizar los sujetos obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias; ello, sin perjuicio de que éstas sean realizadas por los servidores públicos adscritos a los sujetos obligados, con facultades o atribuciones de inspector, verificador, visitador o supervisor o cuyas competencias sean las de vigilar el cumplimiento de alguna regulación.
2716 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL Artículo 25. El servidor público designado para desempeñar labores de inspección, verificación o visita domiciliaria de bienes y personas, con el objeto de comprobar el cumplimiento de la regulación, deberá encontrarse plenamente autorizado por el sujeto obligado correspondiente, y al iniciar el procedimiento de que se trate, deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como acreditar su registro en el REVID y estar provisto de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona en que se realizará la diligencia, el objeto de la visita, inspección o verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten. Artículo 26. Cada inspección, verificación o visita domiciliaria realizada por los sujetos obligados deberá registrarse en el Listado Estatal de Inspecciones, Verificaciones y Visitas Domiciliarias, conteniendo al menos la siguiente información: I. Nombre del servidor público acreditado; II. Modalidad; III. Homoclave, en su caso; IV. Sujeto obligado responsable de la aplicación; V. Tipo de inspección, verificación o visita domiciliaria; VI. Objetivo; VII. Periodicidad en la que se realiza; VIII. Especificar qué motiva la inspección, verificación o visita domiciliaria; IX. Fundamento jurídico de la existencia de la inspección verificación o visita domiciliaria; X. Bien mueble o inmueble, elemento o sujeto de la inspección, verificación o visita domiciliaria; XI. Derechos del sujeto regulado; XII. Obligaciones que debe cumplir el sujeto regulado; XIII. Regulaciones que debe cumplir el sujeto regulado; XIV. Requisitos o documentos que necesita presentar el particular. En caso de que correspondan a requisitos que son trámites o servicios, o alguna otra inspección, verificación o visita domiciliaria, deberá identificar plenamente los mismos, señalando además el sujeto obligado ante quien se realiza; XV. Especificar si el inspeccionado debe llenar o firmar algún formato para la inspección, verificación o visita domiciliaria y, en su caso, brindar el formato correspondiente; XVI. Tiempo aproximado para la realización de la inspección, verificación o visita domiciliaria; XVII. Procedimiento a realizar durante la inspección, verificación o visita domiciliaria; XVIII. Sanciones que pudieran derivar de la inspección, verificación o visita domiciliaria; XIX. Facultades, atribuciones y obligaciones del inspector, verificador o visitador; Página 27 XX. Servidores públicos facultados para realizar la inspección, verificación o visita domiciliaria; XXI. Números telefónicos, dirección y correo electrónico de las autoridades competentes encargadas de ordenar la inspección, verificación o visita domiciliaria; XXII. Números telefónicos, dirección y correo electrónico del OIC o equivalente ante quien podrá realizar, en su caso, las denuncias que estime correspondientes; XXIII. Número de inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias realizadas en el año anterior; XXIV. Número de sanciones realizadas en el año anterior, y XXV. Las demás que establezcan los lineamientos que para tal efecto apruebe el Consejo Estatal. Artículo 27. La información estadística referida en las fracciones XXIII y XXIV del artículo anterior, deberá recabarse al menos anualmente en la plataforma electrónica del Catálogo Estatal. Todas las inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias inscritas en el REVID deberán establecer el fundamento jurídico aplicable, relacionándolo con la regulación inscrita en el Registro Estatal de Regulaciones. Artículo 28. El Padrón Estatal de Inspectores, Verificadores y Visitadores deberá contemplar, por cada inspector, verificador o visitador, al menos la información siguiente: I. Fotografía; II. Nombre completo del servidor público autorizado para realizar inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias; III. Número, clave o identificador de empleado; IV. Cargo o nombramiento del servidor público, así como vigencia del mismo; V. Sujeto obligado al que se encuentra adscrito; VI. Unidad Administrativa a la que se encuentra adscrito; VII. Domicilio, número telefónico y correo electrónico de la Unidad Administrativa de su adscripción; VIII. Documento que acredite el cargo o nombramiento; IX. Inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias que, en el ámbito de su competencia, se encuentre facultado para realizar; X. Nombre y cargo del superior jerárquico, así como teléfono de contacto y correo electrónico; XI. Código QR, y XII. Las demás que establezcan los lineamientos que para tal efecto apruebe el Consejo Estatal. Artículo 29. Los datos de los servidores públicos, así como el manejo y difusión de la información referida en este capítulo, se publicarán de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección de datos personales con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.
28Página 28 PERIÓDICO OFICIAL Artículo 30. Cuando la publicación parcial o total de la información del inspector, verificador o visitador pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con la inspección, verificación o visita domiciliaria o, en su caso, pudiera comprometer la integridad o seguridad del servidor público, se deberá proceder en términos de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública. CAPÍTULO V DE LA PROTESTA CIUDADANA Artículo 31. El ciudadano que realice algún trámite ante un sujeto obligado y en el que el servidor público encargado de dicho trámite niegue su gestión sin causa justificada, o altere o incumpla con los requisitos y especificaciones detalladas en el Registro de trámites, podrá levantar su protesta ciudadana, de conformidad con la Ley, la Estrategia Estatal y los lineamientos que la autoridad de mejora regulatoria expida. Artículo 32. La protesta ciudadana podrá presentarse tanto de manera presencial como electrónica, para que de esta forma la Autoridad de Mejora Regulatoria la revise. Mediante esta herramienta, la Autoridad de Mejora Regulatoria dará seguimiento a las inconformidades que los ciudadanos realizan y dará vista a los sujetos obligados, logrando que se apliquen los trámites y servicios, tal y como están inscritos en el Registro. En caso que el sujeto obligado no resuelva al ciudadano conforme se exhortó, la Autoridad de Mejora Regulatoria puede remitir la queja al órgano competente en materia de responsabilidades administrativas. CAPÍTULO VI DE LA AFIRMATIVA FICTA Artículo 33. En términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley, la afirmativa ficta procede cuando las Personas Físicas o Morales que solicitaron algún trámite o servicio ante los sujetos obligados, habiendo cumplido con todos los requisitos legales en tiempo y forma, no hayan obtenido respuesta alguna en el plazo establecido. Artículo 34. Cuando el interesado presuma que ha operado en su favor la afirmativa ficta, solicitará por escrito la constancia de certificación de que ha operado la resolución en sentido positivo ante la persona titular de la Unidad Administrativa responsable del trámite o servicio, debiendo anexar copia simple del acuse de recibo de la solicitud inicial, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del presente instrumento; dicha Unidad Administrativa deberá expedirla dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. Artículo 35. Los criterios para que opere la afirmativa ficta serán los siguientes: I. El tiempo de respuesta por parte del sujeto obligado empezará a contar a partir del día hábil siguiente al de la fecha en que fue recibida la solicitud del trámite o servicio, con la documentación correspondiente completa y con apego a lo establecido en el Catálogo de trámites y servicios correspondiente; 16 de septiembre de 2020 II. En caso de que el sujeto obligado estime que la solicitud presentada resulta incompleta, deberá realizar la prevención correspondiente, informando al interesado por los medios autorizados sobre los requisitos que incumplió, a efecto de que, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la notificación correspondiente, el promovente subsane dicha omisión; de no comunicarle lo anterior, se entenderá que cumple con todos los requerimientos legalmente solicitados; III. En este caso, el plazo para que opere la afirmativa ficta, empezará a contar a partir del día hábil siguiente de la fecha en que se cumplan correctamente los requisitos correspondientes, y IV. A efecto de que pueda declararse procedente la afirmativa ficta, es requisito que a la solicitud de trámite o servicio correspondiente se anexen los documentos que acreditan el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas aplicables al caso específico, y que se haya desahogado el procedimiento administrativo previsto en la normativa aplicable en su caso. Artículo 36. Si la autoridad competente no emite su resolución dentro de los plazos establecidos, habiendo el interesado cumplido los requisitos que establecen las normas aplicables, se entenderá que la resolución es en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca al solicitante, salvo en los siguientes casos: I. Tratándose de las materias relativas a la salubridad general, concesiones y las actividades riesgosas que se establezcan en los diferentes ordenamientos jurídicos; a falta de definición en los mismos, se considerarán como riesgosas aquellas actividades que ponen en peligro en forma directa o inminente, la seguridad y tranquilidad pública; o bien, alteren o afecten el orden público, y II. Respecto de los trámites y servicios cuyos ordenamientos jurídicos establezcan que, a la falta de resolución, se aplica la negativa ficta. Artículo 37. Cuando la constancia de certificación correspondiente no fuese emitida por el sujeto obligado del trámite o servicio en el término señalado en la Ley, la afirmativa ficta será eficaz y producirá todos los efectos legales de resolución en sentido positivo, y será de observancia obligatoria para todas las personas y autoridades; por lo que, para efectos de su reconocimiento y acreditación, bastará que se exhiba el acuse de recibo de la solicitud del trámite o servicio respectivo, la petición que se hizo de la constancia de certificación ante la autoridad responsable, y el certificado de depósito de las contribuciones correspondientes, mismos que serán considerados como la autorización administrativa para realizar el trámite o servicio solicitado. Artículo 38. La constancia de certificación a que se refiere el artículo 34 del presente Reglamento contendrá una relación sucinta de la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de inicio y de vencimiento de plazo con que contó el sujeto obligado para dictar su resolución y la manifestación de que ha operado la afirmación ficta.
2916 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL Artículo 39. La expedición de la constancia de certificación, no exime al interesado de cumplir con las disposiciones jurídicas que rijan dicho trámite o servicio, así como tampoco lo releva del cumplimiento de las obligaciones fiscales o de cualquier otra naturaleza, originadas por la autorización de la misma ni de las que sean consecuencia de su ejercicio. Artículo 40. El sujeto obligado a cargo de los trámites o servicios, así como la persona titular de la Unidad Administrativa encargada de emitir la constancia de certificación, que incurran en la omisión de expedir la constancia de certificación correspondiente, en los términos dispuestos en el presente Reglamento, así como en retrasos en el envío y atención de los trámites o servicios requeridos, serán sujetos de responsabilidad administrativa conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de la Ley. Artículo 41. Para aquellos casos en donde se encuentre regulada la negativa ficta, entendida esta como la figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos legales previstos, se entiende que se resuelve lo solicitado por el interesado en sentido negativo; y para la expedición de la constancia de certificación de la negativa ficta correspondiente se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 67 de la Ley y en el presente capítulo. Artículo 42. El uso e inclusión a la herramienta tecnológica que disponga la CEMER es voluntario para los sujetos obligados. Cualquier autoridad de mejora regulatoria del Estado podrá desarrollar su propia herramienta tecnológica para atender lo establecido en la normativa aplicable, siempre que cumplan con lo establecido por los lineamientos que para tal efecto expida el Consejo Estatal. En tales casos, la información de los sujetos obligados deberá interoperar con la herramienta tecnológica que establezca la CEMER con la finalidad de poner a disposición de la sociedad un único punto de contacto para la información de las regulaciones, trámites, servicios, inspecciones, verificaciones, visitas domiciliarias y protestas ciudadanas del Estado. CAPÍTULO VII DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE Artículo 43. El Análisis de Impacto Regulatorio ex ante deberá presentarse por el sujeto obligado que pretende expedir la propuesta regulatoria y debe ser remitido a la Autoridad de Mejora Regulatoria para su revisión y dictamen. Lo anterior es aplicable siempre y cuando la propuesta regulatoria tenga costos de cumplimiento según los lineamientos y criterios nacionales, en caso contrario, previa consulta a la Autoridad de Mejora Regulatoria, la propuesta no deberá someterse al Análisis de Impacto Regulatorio ex ante. Página 29 Artículo 44. Los costos de cumplimiento se presentan cuando la propuesta regulatoria: I. Crea nuevas obligaciones para los particulares o hace más estrictas las obligaciones existentes; II. Crea o modifica trámites o servicios, con excepción de aquella cuya modificación simplifica y facilita el cumplimiento; III. Reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares, o IV. Establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia que, conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición futura, afecte o pueda afectar los derechos, obligaciones, prestaciones, trámites o servicios de los particulares. En este sentido, si la propuesta regulatoria no cumple con alguno de los criterios anteriores, el sujeto obligado promotor podrá solicitar que se le exima de la obligación de elaborar el Análisis de Impacto Regulatorio ex ante. En caso de que la propuesta regulatoria no cuente con costos de cumplimiento, entonces el sujeto obligado promotor debe remitir a la Autoridad de Mejora Regulatoria una solicitud de exención de Análisis de Impacto Regulatorio ex ante, y una vez que dicha autoridad resuelva la procedencia de esta solicitud puede proceder a publicar dicha regulación en el medio de difusión correspondiente. En caso contrario, el sujeto obligado promotor enviará a la Autoridad de Mejora Regulatoria la propuesta regulatoria y su correspondiente Análisis de Impacto Regulatorio ex ante. Para el caso de la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio ex post a que hace referencia la Ley en su artículo 74, fracción II, se ajustará a los lineamientos que al efecto emita la CEMER y apruebe el Consejo Estatal. Artículo 45. El Análisis de Impacto Regulatorio ex ante establecerá un marco de análisis estructurado para asistir a los sujetos obligados en el estudio de los efectos de las propuestas regulatorias, y en la realización de los ejercicios de consulta pública correspondientes, los cuales deberán contener cuando menos los elementos contemplados en el artículo 73 de la Ley. Artículo 46. Las propuestas regulatorias y el Análisis de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 75 de la Ley, para su respectiva dictaminación, deberán ser presentadas ante la CEMER o la Autoridad Municipal, según corresponda, en el formato y los medios autorizados y publicados por dicha autoridad. Artículo 47. El proceso de dictaminación general de Análisis de Impacto Regulatorio ex ante, estará sujeto a lo establecido en los Criterios Nacionales y en la Estrategia Estatal.
30Página 30 PERIÓDICO OFICIAL Artículo 48. Ante la dictaminación emitida por la autoridad municipal de aquellas regulaciones que pretenden publicar en el Periódico Oficial, la CEMER emitirá al respecto y a petición de la autoridad municipal, una opinión técnica y jurídica, misma que no será de carácter vinculante a la determinación; sin embargo, dichas opiniones deberán someterse a conocimiento del Consejo Estatal en el desahogo de las sesiones ordinarias de dicho Órgano. Artículo 49. El presente título estará sujeto al Manual del Análisis de Impacto Regulatorio a que se refiere el artículo 71 de la Ley. TÍTULO CUARTO DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA CAPÍTULO I DE SU IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO Artículo 50. Los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta que tiene por objeto mejorar la regulación vigente e implementar acciones de simplificación de trámites y servicios, para lo cual, los sujetos obligados deberán someter a la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente su Programa de manera anual. Artículo 51. Los sujetos obligados en la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria deberán establecer acciones que cumplan los principios y objetivos de la mejora regulatoria previstos en la Ley General y la Ley, para el perfeccionamiento de las regulaciones y simplificación de los trámites y servicios. Artículo 52. Los Programas de Mejora Regulatoria contemplarán al menos las siguientes acciones: I. Simplificación de trámites y servicios, y II. Mejora a la regulación vigente. La Autoridad de Mejora Regulatoria verificará que los compromisos inscritos cumplan con lo establecido en la Ley General y la Ley; y, en su caso, podrá rechazar aquellos que incumplan con el supuesto antes referido. Para el caso de regulaciones, se considerará que la mejora ha sido cumplida una vez que se publique en el medio oficial de difusión correspondiente; asimismo para el caso de los trámites y servicios cuando se encuentren actualizados y debidamente inscritos en el Registro Estatal, para lo cual deberán publicar el instrumento jurídico aplicable que contenga las medidas de simplificación comprometidas en los Programas de Mejora Regulatoria. Artículo 53. El cumplimiento de los objetivos de los Programas de Mejora Regulatoria se implementará a través de las etapas siguientes: I. Recomendaciones: La Autoridad de Mejora Regulatoria podrá emitir propuestas o recomendaciones de mejora regulatoria, mismas que los sujetos obligados deberán valorar para la inscripción de sus Programas de Mejora Regulatoria; 16 de septiembre de 2020 II. Programas Preliminares: Los sujetos obligados presentarán de manera preliminar las acciones que integrarán sus Programas de Mejora Regulatoria indicando la fecha de implementación; III. Consulta Pública: medio para que las personas interesadas puedan compartir sus experiencias, opiniones y recomendaciones para mejorar los trámites, los servicios y las regulaciones de los sujetos obligados por un periodo de al menos 30 días hábiles a partir de su disponibilidad en la plataforma autorizada por la CEMER; IV. Opinión de la Autoridad de Mejora Regulatoria: La Autoridad de Mejora Regulatoria emitirá su opinión a los Programas Preliminares de los sujetos obligados; V. Diagnóstico de los OIC o equivalentes competentes: Los OIC o equivalentes competentes, podrán emitir un diagnóstico sobre el contenido de los Programas Preliminares de sus respectivos sujetos obligados; VI. Programas Definitivos: Una vez respondidas las recomendaciones, comentarios y propuestas recopiladas en la consulta pública, los sujetos obligados inscribirán sus Programas Definitivos, los que se tendrán como Programas de Mejora Regulatoria; VII. Reportes Periódicos de Avances: Los sujetos obligados deberán reportar con evidencia el cumplimiento de las acciones comprometidas en los Programas de Mejora Regulatoria, y VIII. Seguimiento al cumplimiento de los Programas de Mejora Regulatoria: Los OIC o equivalentes competentes validarán el cumplimiento de las acciones reportadas por los sujetos obligados. Artículo 54. Para efectos de las recomendaciones que emita la Autoridad de Mejora Regulatoria correspondiente, y los comentarios y propuestas emitidos por los interesados en la consulta pública, los sujetos obligados deberán responder en los siguientes términos: I. Recomendación o propuesta aceptada, en caso de que el sujeto obligado acepte la recomendación o propuesta en su totalidad; II. Recomendación o propuesta aceptada con modificaciones, en caso de aceptar la recomendación o propuesta con alguna modificación que mantenga el principio, objetivo o acción de mejora regulatoria propuesto, o III. Recomendación o propuesta no aceptada, en caso de que el sujeto obligado no considere factible su incorporación en los Programas de Mejora Regulatoria o no esté de acuerdo con la recomendación o propuesta. Artículo 55. Una vez emitida la opinión de la Autoridad de Mejora Regulatoria a los reportes periódicos de avances, los OIC o equivalentes competentes publicarán en el término de 30 días hábiles, un informe de validación del cumplimiento de las acciones reportadas por los sujetos obligados, en donde deberán realizar al menos lo siguiente:
3116 de septiembre de 2020 PERIÓDICO OFICIAL I. Verificar si la acción reportada como cumplida por el sujeto obligado, efectivamente ha sido aplicada en beneficio de los interesados; II. Documentar la información que compruebe el cumplimiento de la acción reportada, en su caso, y III. Manifestar los medios de verificación que utilizó el OIC o equivalente competente para validar el cumplimiento de la acción comprometida por el sujeto obligado. La validación del cumplimiento de las acciones de los sujetos obligados se sujetará a la disponibilidad de los recursos humanos y presupuestales con los que dispongan los OIC o equivalentes competentes. Para lo anterior, la Autoridad de Mejora Regulatoria estimará los costos de cumplimiento a través de metodologías de medición del costo económico de los trámites y servicios, y resolverá en definitiva. Artículo 56. Para el caso de regulaciones, los sujetos obligados podrán solicitar ajustes a los Programas de Mejora Regulatoria, conforme los supuestos siguientes: I. Ajustar el alcance o contenido de la acción comprometida en el Programa de Mejora Regulatoria, manteniendo el principio u objetivo de Mejora Regulatoria propuesto; II. Sustituir por una acción de mejora a regulaciones o simplificación de trámites o servicios, o III. Dar de baja, mediante manifestación fundada y motivada de la situación de emergencia no prevista, fortuita o inminente que impida al sujeto obligado implementar la acción comprometida, misma que deberá acompañarse del soporte documental correspondiente y hacerse del conocimiento del OIC o equivalente competente. Con la finalidad de atender lo anterior, los sujetos obligados deberán enviar para resolución de la Autoridad de Mejora Regulatoria, una solicitud que justifique el ajuste a los Programas de Mejora Regulatoria. La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá notificar al OIC o equivalente competente la resolución que emita sobre los ajustes a los Programas de Mejora Regulatoria, para efectos de dar seguimiento al cumplimiento de los mismos. La presentación del Programa de Mejora Regulatoria y de los reportes con evidencias del cumplimiento de las acciones que inscribieron en sus Programas, se harán de conformidad con los lineamientos que se formulen por la autoridad de mejora regulatoria sobre el calendario, formalidades, condiciones y otras previsiones para elaborar el Programa de Mejora Regulatoria, de conformidad con lo establecido en los lineamientos generales contenidos en la Estrategia Nacional vigente. Una vez que concluye el periodo de los reportes, los OIC contarán con un plazo de 30 días para validar el cumplimiento de los compromisos que inscribieron los sujetos obligados en sus respectivos Programas. Página 31 CAPÍTULO II DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA REGULATORIA Artículo 57. La CEMER en conjunto con el sujeto obligado, realizarán las acciones necesarias para instrumentar y operar los programas específicos, señalando de manera enunciativa más no limitativa las siguientes consideraciones: I. Llevar a cabo un diagnóstico de la situación actual del sujeto obligado; II. Documentar el proceso rediseñado para la aplicación del programa específico correspondiente; III. Actualizar el marco jurídico necesario para garantizar la operación y permanencia del programa específico; IV. Capacitar al personal responsable de la operación del programa específico, y V. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 58. La CEMER dará seguimiento a los programas de aquellos sujetos obligados al interior del Poder Ejecutivo que lo ejecuten, con el objeto de procurar que mantenga los estándares de atención y cumplan con las políticas y la regulación que se haya establecido para su funcionamiento, con apego a los lineamientos y criterios nacionales. Artículo 59. Para tales efectos, la aplicación de los programas será conforme lo establecido en los lineamientos vigentes publicados en el Diario Oficial de la Federación por la CONAMER. TÍTULO QUINTO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN CAPÍTULO ÚNICO DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN Artículo 60. La CEMER y los sujetos obligados, en términos de su respectiva competencia, promoverán el uso de los medios electrónicos y firma electrónica avanzada, con el propósito de agilizar y simplificar la realización de los actos, comunicaciones, procedimientos administrativos, trámites y prestación de servicios públicos a su cargo. Artículo 61. Los medios electrónicos de comunicación, implementados en la CEMER, establecerán las condiciones de vinculación entre los sujetos obligados y los particulares, procurando su eficiente aprovechamiento.
32Página 32 PERIÓDICO OFICIAL Artículo 62. El empleo de los medios electrónicos de comunicación y firma electrónica avanzada, estará sujeto a lo dispuesto en el presente Reglamento, la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos, su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia. Artículo 63. Para efectos del presente capítulo la CEMER tendrá las facultades que señala el Reglamento de la Ley de Firma Electrónica del Estado Libre y Soberano de Morelos. Artículo 64. La CEMER podrá suscribir los contratos, convenios o bases de coordinación que sean necesarios, para la operación e instrumentación del Sistema de Firma Electrónica en la Administración Pública Estatal y, en su caso, con los Municipios, Poderes Legislativo y Judicial, así como Órganos Constitucionalmente Autónomos, cuando así lo soliciten y se convenga al efecto. Artículo 65. La Autoridad de Mejora Regulatoria deberá contar con formatos electrónicos que contengan los elementos suficientes que permitan incorporar los datos de identificación que se utilicen en los medios electrónicos de comunicación y la firma electrónica. Artículo 66. Quedan exceptuados de la aplicación del presente Capítulo, aquellos actos de autoridad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y demás normativa aplicable en la materia, exija la firma autógrafa por escrito, y cualquier otra formalidad que no se cumpla a través del uso de medios electrónicos. Artículo 67. Los sujetos obligados que reciban solicitudes electrónicas de particulares, aportarán los datos requeridos para la obtención o prestación de un servicio a través de los medios electrónicos, sin perjuicio de la comprobación fehaciente de la identidad, a través de los formatos electrónicos; los cuales deberán contener elementos suficientes que permitan incorporar los datos de identificación de los particulares que hagan uso de los medios electrónicos y la firma. Artículo 68. Los actos y procedimientos administrativos, así como los trámites y servicios que, de acuerdo a su competencia y atribuciones le corresponde prestar a los sujetos obligados, podrán gestionarse con el uso de la firma electrónica avanzada, de conformidad con las disposiciones normativas estatales, siempre y cuando resulte aplicable. 16 de septiembre de 2020 Artículo 69. Para que un mensaje de datos se considere enviado y recibido, se requiere de un acuse de recibo electrónico, generado por el sistema de información del destinatario, lo anterior atendiendo al principio de recepción. Artículo 70. Cuando se realicen cualquiera de los actos regulados por la Ley y este Reglamento, a través de un mensaje de datos en hora o día inhábil, se tendrá por realizado en la primera hora hábil del día hábil siguiente y se tendrán por no presentados cuando no contenga la firma electrónica avanzada. Artículo 71. Los documentos que se generen y el contenido de los mensajes de datos relativos a los actos que se regulan por la Ley y el presente Reglamento, deberá conservarse en archivos electrónicos. El archivo electrónico deberá garantizar los criterios específicos en materia de clasificación y conservación de documentos, así como de la organización de archivos de acuerdo a las disposiciones aplicables en la materia. Artículo 72. A partir de la recepción de los componentes de la Firma Electrónica, los firmantes reconocen como propio y auténtico el documento que por su medio se genere, y aceptan las consecuencias derivadas de la Firma Electrónica que expresa su voluntad para todo efecto legal. Los firmantes serán responsables de los trámites y actuaciones que realicen en los sistemas electrónicos utilizando Firma Electrónica. Artículo 73. Los medios de difusión impresa y digital que los sujetos obligados elaboren, deberán contener, además, los datos de los medios de difusión oficiales de atención y consulta de la CEMER, previa autorización de esta última. TÍTULO SEXTO DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA CAPÍTULO ÚNICO DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Artículo 74. Las faltas administrativas que se generen por el incumplimiento a lo previsto en el presente Reglamento, se sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables. Artículo 75. La Autoridad de Mejora Regulatoria, según corresponda, vigilará el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y el presente Reglamento por parte de los sujetos obligados, debiendo informar, de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley, a la secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal o, en su caso, al OIC, respecto de los casos que tenga conocimiento del incumplimiento de lo previsto en la Ley y el presente Reglamento, para los efectos legales y administrativos correspondientes.