Boletín Oficial de la Pcia. de Tucumán del 5/1/2021

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Source: Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán

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Numero de boletin: 29891
Fecha: 05/01/2021
INDICE:
Sección Legislación y Normativa Provincial 79925---DECRETO 2602 / 2020 DECRETO / 2020-12-29
79926---DECRETO 2603 / 2020 DECRETO / 2021-12-29
79927---DECRETO 2617 / 2020 DECRETO / 2021-12-29
79928---DECRETO ACUERDO DE N Y U 24 / 2020 DECRETO ACUERDO DE NECESIDAD Y URGENCIA /
2020-12-21
79929---LEY 9349 / 2020 LEY / 2020-12-28
79930---LEY 9350 / 2020 LEY / 2020-12-28
79931---LEY 9351 / 2020 LEY / 2020-12-29
79932---LEY 9352 / 2020 LEY / 2020-12-29
79933---LEY 9353 / 2020 LEY / 2020-12-29
79934---LEY 9354 / 2020 LEY / 2020-12-29
79935---LEY 9355 / 2020 LEY / 2020-12-29
79936---LEY 9356 / 2020 LEY / 2020-12-29
79937---LEY 9357 / 2020 LEY / 2020-12-29
79938---LEY 9358 / 2020 LEY / 2020-12-29
79939---LEY 9359 / 2020 LEY / 2020-12-29
79940---LEY 9360 / 2020 LEY / 2020-12-29
79941---LEY 9361 / 2020 LEY / 2020-12-29
79942---LEY 9362 / 2020 LEY / 2020-12-29
79943---LEY 9363 / 2020 LEY / 2020-12-29
79944---LEY 9364 / 2020 LEY / 2020-12-29
79945---LEY 9365 / 2020 LEY / 2020-12-29
79946---LEY 9366 / 2020 LEY / 2020-12-29
79947---LEY 9367 / 2020 LEY / 2020-12-29
79948---LEY 9368 / 2020 LEY / 2020-12-29
79949---LEY 9369 / 2020 LEY / 2020-12-30

Sección Avisos 234713---JUICIOS VARIOS / BAIGORRIA YESICA PAMELA C/ GUERRA NORMA BEATRIZ S/ FILIACION EXP. N 7747/15
234672---JUICIOS VARIOS / COMPLEJO AZUCARERO CONCEPCION S.A. S/ CANCELACION ESPECIAL
- EXPTE. N 5184/19

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234711---JUICIOS VARIOS / CONCHA OLGA ETELVINA S/ NOMBRE - EXPTE. N 462/19
234738---JUICIOS VARIOS / FARFOR EMILIO HILARIO, CARABAJAL ERMINDA ROSA Y FARFOR RUBEN
HILARIO S/ SUCESION
234686---JUICIOS VARIOS / GORDILLO MARIA SILVIA S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA
234742---JUICIOS VARIOS / GUAMANTE JORGE ADRIAN S/ QUIEBRA PEDIDA - EXPTE. N 549/20
234715---JUICIOS VARIOS / MONTEROS MANUEL G C/ GRIGNOLA MARTA E Y OTRO S/ COBRO DE
PESOS - EXPTE. N 1549/10
234677---JUICIOS VARIOS / NAVATUC INDUSTRIAS METALURGICAS S.R.L. S/ CANCELACION
ESPECIAL - EXPTE. N 1063/20
234597---JUICIOS VARIOS / PCIA DE TUC C/ BOSTON COLLECTIONS S.A. S/ EJEC FISCAL EXPTE N:
870/15
234709---JUICIOS VARIOS / PCIA DE TUC C/ RED AGROMOVILES S.A. S/ EJEC FISCAL - EXPTE. N
2138/18
234544---JUICIOS VARIOS / PCIA DE TUC CTU CERO EN CUOTAS S.A. SEJEC FISCAL - EXPTE. N
7333-18
234641---JUICIOS VARIOS / PCIA DE TUC -D.G.R.- C/ SWISS TRADING S.A. S/ EJEC FISCAL EXPTE. N
5504/18
234551---JUICIOS VARIOS / PCIA DE TUC -D.G.R.- CVALDI DEL SUR S.R.L. SEJEC FISCAL - EXPTE.
N 1503-15
234669---JUICIOS VARIOS / RODRIGUEZ ARRIAZU RODOLFO MARTIN Y OTRA S/ PRESCRIPCION
ADQUISITIVA - EXPTE. N 412/17
234137---LICITACION PRIVADA/PUBLICA / DIRECCION DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES
ESCOLARES - LIC PUB 01
234741---REMATES / PIAZZA S.A. C/ GARROCHO R. AZUCENA Y O S/ EJEC. PRENDARIA - EXPTE. N
8542/17
234744---SOCIEDADES / IRRINOA Y CIA S.R.L.
234736---SOCIEDADES / MICE SRL
234745---SUCESIONES / SOLORZANO, FABIAN ROBERTO, DNI N21117.524 Y DE FERNANDEZ, MARCELA ALEJANDRA, DNI N23.116.425

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Aviso número 79925

DECRETO 2602 / 2020 DECRETO / 2020-12-29
DECRETO N 2.602/7 MS, del 29/12/2020.
EXPEDIENTE N 1.676/110-L-2.020.VISTO, el proyecto de Ley N 126/2020, por el cual se propicia en el ámbito provincial la creación de una línea gratuita de marcación corta, con el objeto de recepcionar todo tipo de denuncias respecto a conductas inapropiadas en las que se vea involucrado personal de la Fuerza Policial de la Provincia; y CONSIDERANDO:
Que las denuncias serán recepcionadas por una oficina especial creada a tal fin, dependiente del Ministerio de Seguridad, que deberá garantizar y resguardar la identidad e integridad del denunciante, para lo cual deberán estar identificadas las personas responsables de custodiar dicha información Articulo 2.
Que se procederá a abrir una investigación interna dentro del Ministerio de Seguridad sobre los acontecimientos donde se entrevistara sobre los hechos al denunciado, como asimismo al denunciante, esto podrá llevarse a acabo de manera presencial siempre por separado y resguardando la identidad del denunciante quien además será entrevistado en su domicilio o mediante la remisión de un formulario escrito o a través de una llamada telefónica, siendo obligatorio dejar registro con grabaciones de dicha entrevista. Dicha investigación no podrá exceder los siete 7 días desde recepcionada la denuncia para emitir un resultado. Artículo 3.
Que una vez concluida la etapa de investigación la oficina de recepción de denuncia impondrá en caso de así corresponder la sanción pertinente de acuerdo al estatuto de la Fuerza y en caso de gravedad y así considerarlo podrá correr traslado de la denuncia a la fiscalía. Artículo 4.
Que a fojas 08 el Secretario de Estado de Seguridad efectúa una serie de observaciones al proyecto y aconseja su veto total. Señala ciertas falencias en la aplicación del sistema propuesto, no tanto en materia presupuestaria, que sí debe ser tenida en cuenta, sino en lo que respecta a la tipificación de denuncia a modo de conceptos jurídicos indeterminados, pues el concepto de conducta inapropiada debería haber sido definido en un artículo aparte, para no dejar a arbitrio de la administración, conductas tipificantes porque atenta contra el principio de juridicidad.
Que, también manifiesta que la norma que se propicia establece como exigencia que las faltas se acuñen en tipos y no en vagas definiciones genéricas, no tienen acogida en el Derecho Administrativo Disciplinario, pues las posibilidades de infracción a las normas disciplinarias evidencian una multiplicidad de variantes susceptibles de ser encerradas en la descripción típica al modo que lo hacen las figuras penales. Así podemos decir que en el Derecho Administrativo Disciplinario existe una tipicidad relativa y un margen de discrecionalidad, en la determinación de las conductas pasibles de sanción. Es decir que no hay más que un tipo de infracción: el incumplimiento de deberes o prohibiciones generales o concretas, previamente establecidas.
Que la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad a fojas 10 señala que el proyecto de ley contiene contradicciones de técnica legislativa y de lógica

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jurídica al imponer un mecanismo procesal administrativo distinto al vigente, creando confusión al respecto, pues convivirán dos regímenes distintos para el mismo fin.
Que en su Dictamen Fiscalía de Estado considera en relación al artículo 4 del citado proyecto, que la norma que se propicia resulta contradictoria, pues, por un lado, asigna facultades disciplinarias a la oficina de recepción con competencia para imponer sanciones y, al mismo tiempo, dispone que será aplicable el Régimen Disciplinario vigente previsto en el Titulo II, Capítulo II de la Ley N 3.823 y el Régimen Reglamentario Disciplinario Policial Decreto N 5.166/1472 y modificatorio que tipifica las conductas reprochables y las competencias para imponer las sanciones que correspondan; aconsejando por ello, el veto de esta disposición.
Que en cuanto a las observaciones formuladas por el Secretario de Estado de Seguridad referidas a la necesidad de compatibilizar la gestión de la administración pública y los principios de legalidad y defensa, cabe señalar que el procedimiento y las correspondientes sanciones que pudieran corresponder al agente policial involucrado se rigen por lo dispuesto en el régimen sancionatorio vigente, antes señalado. En consecuencia, no obsta a la promulgación del proyecto conforme se aconseja.
Que por las consideraciones efectuadas, se estima del caso, haciendo uso de las facultades conferidas por el Artículo 71 de la Constitución Provincial, oponer el Veto Parcial al artículo 4 del proyecto de ley, promulgando el resto del articulado.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 12-13
dictamen N 2416 del 28/12/2.020, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1.- Opónese el Veto Parcial al Proyecto de Ley N 126/2.020 sancionado por la Honorable Legislatura de Tucumán en sesión celebrada el día 03 de diciembre de 2.020, por el cual se crea en el ámbito provincial una línea gratuita de marcación corta, con el objeto de recepcionar todo tipo de denuncias respecto a conductas inapropiadas en las que se vea involucrado personal de la Fuerza Policial de la Provincia, únicamente en cuanto a lo dispuesto en su artículo 4, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2.- Dispónese la promulgación, a tenor de lo normado por el Articulo 71
in fine de la Constitución de la Provincia, de la parte no vetada del proyecto de ley a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, comunicándose el mismo a la Honorable Legislatura de la Provincia.
ARTICULO 3.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y firmado por el señor Secretario de Estado de Seguridad.
ARTICULO 4.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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Aviso número 79926

DECRETO 2603 / 2020 DECRETO / 2021-12-29
DECRETO N 2.603/7 MS, del 29/12/2020.
EXPEDIENTE N 1.683/110-L-2.020.
VISTO, el proyecto de Ley N 134/2020, por el cual se propicia la regulación del Servicio de Transporte Privado a través de plataformas electrónicas; y CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 del citado proyecto y sus normas reglamentarias regulan el servicio y las condiciones de su administración, prestación y planificación dentro de la Provincia.
Que a los fines de la Ley, en el artículo 2, se adoptan las siguientes definiciones:
1.- Servicio de Transporte privado a través de plataformas electrónicas: Es el servicio que con base en el desarrollo de tecnologías de dispositivos móviles utilizando el sistema de posicionamiento global y plataformas independientes, permite conectar a usuarios que lo demanden, punto a punto, con conductores que ofrecen dicho servicio mediante el uso de la misma aplicación, para celebrar un contrato en los términos del artículo 1.280 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Este transporte oneroso de pasajeros constituye una actividad privada de interés público cuyo cumplimiento se regirá por las disposiciones de la presente Ley y por la reglamentación que al efecto dicte la Autoridad de aplicación.
2.- Empresas de Redes de Transporte ERT: Personas jurídicas habilitadas por la Autoridad de Aplicación para ejercer la administración de plataformas o aplicaciones informáticas que permitan la vinculación geolocalizada entre los usuarios del servicio y los prestadores del mismo a través de dispositivos fijos y móviles.
3.- Permisionarios: Persona habilitada para conducir la unidad contemplada en el servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas, quien debe ser propietario del vehículo que prestará el servicio.
Que en su artículo 3 se dispone que será autoridad de aplicación de la Ley la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial o la autoridad que el futuro la reemplace.
Que la autoridad de aplicación llevará un registro de vehículos prestadores del servicio, de los permisionarios, de las empresas de redes de transporte y de las plataformas electrónicas utilizadas por éstas artículo 4.
Que en el artículo 5 se dispone que las Municipalidades que se adhieran a la presente ley tendrán en sus respectivas jurisdicciones la potestad para la reglamentación, concesión de permisos y percepción de tributos referidos a la actividad regulada por el presente proyecto de ley.
Que de acuerdo al artículo 6 los titulares de los vehículos afectados a estos servicios deberán solicitar a la autoridad de Aplicación un permiso de explotación. El permisionario deberá ser titular dominial del vehículo con el que prestará el servicio. Solo podrán ser permisionarios personas humanas. Ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso.
Que los permisionarios registrados se vincularán con los pasajeros a través de

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empresas de redes de transportes ERT artículo 7.
Que el artículo 8 establece que el servicio prestado no estará sujeto a itinerarios, rutas, frecuencias de paso ni horarios fijos. Los conductores podrán prestar el servicio únicamente cuando existan solicitudes que hayan sido aceptadas y/o procesadas a través de las plataformas electrónicas habilitadas, por lo que se prohíbe expresamente la toma de viajes en las modalidades actualmente para el servicio de taxis.
Que el monto que el usuario debe abonar por la prestación del servicio, será fijado por la Empresa de Redes de Transporte y aceptado por el usuario al contratarlo, dentro de los parámetros establecidos por la autoridad pública de aplicación, el cual será realizado exclusivamente a través de tarjetas de crédito, débito, transacciones bancarias, pagos electrónicos o aquella modalidad que posea similar naturaleza y respetando lo dispuesto por el artículo 21 inciso 2 de la ley provincial N 6210. Queda prohibido todo tipo de pago que se realice en efectivo al momento de contratar el servicio artículo 9.
Que según el artículo 10 son obligaciones de los permisionarios: 1: contar con licencia nacional de conducir conforme la categoría exigida para el servicio de taxis; 2: aceptar viajes despachados únicamente por las plataformas habilitadas en las que esté debidamente registrado el vehículo; 3: abonar la tasa de inscripción asociada al permiso de explotación; 4: mantener el vehículo prestador del servicio en perfecto estado de funcionamiento; 5: realizar la inspección técnica periódica del vehículo en el plazo que disponga la reglamentación; 6:
presentar anualmente ante la autoridad de aplicación, los certificados que acrediten que no posee antecedentes penales; 7: contar con una póliza de seguro contra todo riesgo con cobertura por daños ocasionados a terceros, conductores, pasajeros, terceros transportados, en una modalidad de transporte oneroso, 8:
tener domicilio en la Provincia de Tucumán; 9: Permitir y facilitar el ascenso de canes guías que acompañan a personas con discapacidad visual y; 10: no conducir el vehículo por más de ocho horas corridas ni más de doce horas fraccionadas en un día.
Que conforme al artículo 11 son obligaciones de las empresas de redes de transporte: 1: abonar una alícuota adicional de ingresos brutos del 2% sobre el total del viaje, en el impuesto sobre los ingresos brutos que corresponda a la actividad; 2: liquidar y abonar a la autoridad de aplicación, por cuenta y orden de los permisionarios registrados en sus aplicaciones los gravámenes correspondientes a cada uno de ellos en la forma y plazo que se establezca en la reglamentación; 3: garantizar que toda la operativa, incluyendo tanto la actividad que se presta a través de las plataformas electrónicas como el servicio de transporte, cumpla con la legislación aplicable; 4: asignar viajes únicamente a los vehículos y conductores que se encuentren registrados en cumplimiento a las disposiciones de este proyecto de ley y su reglamentación; 5: no despachar viajes por más de ocho horas corridas a un conductor ni más de doce horas fraccionadas en un mismo día; 6: proporcionar a requerimiento de la autoridad de aplicación y toda la información veraz, necesaria y útil en los tiempos y formatos que ésta requiera para conocer la identidad de los conductores, sus datos individualizantes y los recorridos efectuados por cada vehículo, los montos cobrados y cualquier otra información que se entienda necesaria para ejercer sus potestades, cumpliendo con la normativa vigente de protección de datos; 7:
constituir domicilio en la Provincia de Tucumán y designar un representante,

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apoderado o encargado de negocios que tenga residencia permanente en la provincia. Si la empresa de Redes de Transporte no se encuentra constituida en la Provincia de Tucumán, sea nacional o extranjera deberá, además, establecer sucursal en jurisdicción de nuestra Provincia; la misma deberá contar con playa de estacionamiento para diez autos como mínimo, con el objeto de brinda soporte veinticuatro 24 horas a los permisionarios y usuarios en general y deberá poseer al menos una línea telefónica gratuita 0800-0810 para soporte telefónico de cualquier índole; 8: deberá contar con un libro de quejas virtual, que cumpla las exigencias que disponga la Dirección de Comercio Interior de la Provincia, órgano de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en nuestra Provincia.
Que los vehículos habilitados destinados a la prestación del servicio deberán: 1:
tener una antigedad máxima de 3 años desde su primera registración; 2: estar registrados en la Provincia de Tucumán; 3: cumplir con las condiciones y las prestaciones que exija la reglamentación; 4: tener capacidad máxima para 4
pasajeros y; 5: presentar anualmente el libre deuda de multas. Los permisionarios y vehículos habilitados para el servicio de taxi podrán incorporarse a este servicio cumpliendo con las condiciones impuestas en la regulación de su categoría, como excepción a las condiciones generales que regulan esta modalidad artículo 12.
Que el artículo 13 dispone que la plataforma electrónica pondrá a disposición de los usuarios un sistema para a evaluación de cada permisionario. En caso que algún permisionario no cumpliere con una calificación mínima requerida, la ERT o cualquiera de sus empresas relacionadas, deberá tramitar la baja de dicho permisionario.
Que se prohíben todas las plataformas electrónicas, aplicaciones y actualizaciones referidas a la actividad regulada que no estén expresamente autorizadas por la autoridad de aplicación artículo 14. Que de acuerdo al artículo 15 queda prohibida la modalidad "compartir viaje", que es la forma donde se buscan las rutas más eficientes, y se propone compartir viajes entre más de un usuario, para dividir los costos del trayecto.
Que en el artículo 16 se establece que el incumplimiento de las disposiciones de esta ley y su reglamentación por parte de la empresa, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: 1: multa equivalente con valor de entre quinientos 500 y dos mil 2000 litros de combustible de alto octanaje; 2: suspensión temporal de la plataforma de hasta dos años y; 3: inhabilitación definitiva de la plataforma.
Que los permisionarios y las empresas de Redes de transportes, serán responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de dicho servicio a los usuarios o terceros artículo 17.
Que, finalmente, por el artículo 18 se invita a las Municipalidades a adherir a las disposiciones del presente proyecto de ley.
Que la Dirección General de Rentas de la Provincia emite el informe de competencia a foja 15 y considera que no existen objeciones de índole técnica que formular al proyecto de ley, puntualmente en lo concerniente al artículo 11, incisos 1 y 2 que refieren a la materia tributaria que le compete.
Que a foja 24 toma intervención Asesoría Letrada de la Secretaría de Estado de Coordinación de Municipios y Comunas Rurales del Ministerio del Interior y dictamina que no existe objeción legal alguna para la promulgación del proyecto de ley que se acompaña.

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Que a foja 35 la Dirección General de Transporte emite dictamen respecto al proyecto de ley sometido a consideración sin ofrecer objeciones al respecto. Sin embargo advierte que, a su criterio, el artículo 2, inciso 2 del proyecto de ley prevé que este tipo de servicio se pueda realizar únicamente a través de personas jurídicas sociedades comerciales excluyendo a las personas físicas que se verán impedidas de desarrollar una actividad comercial, lo que podría constituir una discriminación legal que afectaría el artículo 16 de la Constitución Nacional que establece la igualdad ante la ley, afectando la garantía constitucional de todo ciudadano de poder ejercer libremente una actividad comercial. Por esta razón recomienda su modificación y se amplíe la definición de empresa de redes de transporte ERT incluyendo a las personas físicas, con la exigencia que se registren como monotributistas en AFIP, en la actividad de prestaciones de servicios.
Que, asimismo, en cuanto al artículo 6 señala que hace referencia al otorgamiento de "un permiso" de explotación sin aclarar si la autoridad de aplicación otorgará un permiso por automóvil y/o podrá concederse un permiso abarcativo de varios vehículos, por lo que considera poco clara su redacción.
Que, finalmente manifiesta que, a los fines de la registración de los vehículos a los que se refiere el artículo 12 del proyecto de ley, a criterio de esa asesoría letrada, se debería modificar la Ley N 7.770 de creación del Registro Provincial Computarizado de Prestatarios del servicio de Taxis; Remises y autos Rurales de la Provincia, incluyéndose en la registración en dicho organismo, a los vehículos afectados a esta actividad.
Que por ello la Dirección General de Transporte solicita la modificación de los artículos que indica, en la forma señalada y a foja 36, comparte los fundamentos expuestos en el dictamen del Departamento Jurídico de la repartición foja 35.
Que la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad emite dictamen a foja 37 sin ofrecer objeciones al proyecto de ley sometido a consideración.
Que el Secretario de Estado de Transporte y Seguridad Vial, siguiendo razones de oportunidad, mérito y conveniencia no formula objeción y considera pertinente que se proceda a regular el Servicio de Transporte Privado a través de plataformas electrónicas. Señala que el artículo 3 del proyecto designa a esa Secretaría "Autoridad de Aplicación". Sin embargo, en atención a que el artículo 4 ordena la creación de un registro de los vehículos, prestadores del servicio, de los permisionarios, de las empresas de redes de transporte y de las plataformas electrónicas utilizadas por éstas, estima necesario la modificación de los artículos citados, debiendo quedar como autoridad de aplicación la Dirección General de Transporte. Justifica ello en las Leyes N 6210, N 7475 y N 7770 de Creación del Registro Provincial Computarizado de Prestatarios del Servicio de Taxis, Remises y Autos Rurales fs. 39.
Que el proyecto regula el Servicio de Transporte Privado a traves de plataformas electrónicas. Establece que es una actividad privada de Interés público provincial y las condiciones de su administración, prestación y planificación dentro de la Provincia Que conforme surge del artículo 5, las Municipalidades que adhieran al presente proyecto de ley tendrán en sus respectivas jurisdicciones la potestad para la reglamentación, concesión de permisos y percepción de tributos referidos a la actividad mencionada. Por su artículo 18, invita a las municipalidades a adherir a la norma que se propicia. En tal sentido, se respeta la autonomía municipal

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consagrada en los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional y en el artículo 132 de la Constitución de la Provincia de Tucumán.
Que el mismo tiene por objeto actualizar y organizar el transporte público de la provincia y sus respectivas jurisdicciones, incorporando una nueva categorización que se adecua a los diferentes tipos de servicios, lo que permitirá establecer reglas claras para cada prestador. Desde el punto de vista legal en general no merece objeciones que formular.
Que, sin perjuicio de ello, en su artículo 2 cuando refiere a las Empresas de Redes de Transporte ERT dispone solamente podrán constituirse mediante personas jurídicas habilitadas por la Autoridad de Aplicación.
Que las ERT están contempladas en los artículos 7, 13 y 17 del proyecto. El artículo 7 dispone que los permisionarios registrados se vinculen con los pasajeros a través de empresas de redes de transportes. El artículo 13 establece que la plataforma electrónica pondrá a disposición de los usuarios un sistema para a evaluación de cada permisionario. En caso que algún permisionario no cumpliere con una calificación mínima requerida, la ERT o cualquiera de sus empresas relacionadas, deberá tramitar la baja de dicho permisionario. Finalmente el artículo 17 dispone que los permisionarios y las empresas de Redes de transportes, serán responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de dicho servicio a los usuarios o terceros.
Que al respecto, se observa que la exclusión de las personas físicas como Empresas de Redes de Transporte propuesta resulta contraria al derecho constitucional de todos los habitantes sin distinción entre personas humanas y personas jurídicas de trabajar y ejercer toda industria lícita, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Que finalmente en cuanto a la observación formulada por el Secretario de Estado de Transporte y Seguridad Vial referido a la autoridad de aplicación, ello no obsta a la promulgación del proyecto.
Que por todo lo expuesto, se estima del caso, haciendo uso de las facultades conferidas por el Artículo 71 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, oponer el Veto Parcial al artículo 2, punto 2 de la expresión: "personas jurídicas" del proyecto de ley, promulgando el resto del articulado por cuanto goza de suficiente autonomía normativa.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 40-44
dictamen n 2426 del 29/12/2.020, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1.- Opónese el Veto Parcial al Provecto de ley N 134/2.020 sancionado por la Honorable Legislatura de Tucumán en sesión celebrada el día 03 de diciembre de 2.020, que regula el Servicio de Transporte Privado a través de plataformas electrónicas, en su artículo 2, punto 2 a la expresión: "personas jurídicas", por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2.- Dispónese la promulgación, a tenor de lo normado por el Artículo 71
in fine de la Constitución de la Provincia, de la parte no vetada del proyecto de ley a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto, comunicándose el mismo a la Honorable Legislatura de la Provincia.
ARTICULO 3.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y formado por el señor Secretario de Estado de Transporte y Seguridad

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Vial.
ARTICULO 4.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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Aviso número 79927

DECRETO 2617 / 2020 DECRETO / 2021-12-29
DECRETO N 2.617/7 MS, del 29/12/2020.
Expediente N 1.680/110-L-2.020.
VISTO, el proyecto de Ley N 131/2020, por el cual se modifica la Ley N 6.210
que establece las bases para la coordinación, planeamiento, regulación y control del Transporte Público de Pasajeros en la Provincia de Tucumán; y CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 del proyecto en análisis modifica el artículo 20 de la Ley Provincial N 6.210, el cual quedará redactado de la siguiente forma: "Art. 20:
La Dirección General de Transporte otorgará permisos para la prestación de servicios especiales de transporte de pasajeros en las condiciones que establece la presente ley. El permiso otorgado tendrá vigencia sin vencimiento mientras se cumplan las condiciones establecidas.
Que para ello, deberá tenerse en consideración, de manera ineludible, el carácter de los servicios, que se definen:
1. Transportes entre personas jurídicas: Cuando tienen por objeto satisfacer necesidades derivadas de las relaciones que existieren entre personas jurídicas, en forma excluyente, que tengan objeto comercial, industrial, educativas, civiles, etcétera, para el traslado de su personal y cuando los traslados forman parte integrante de los contratos de trabajo y/o que fueren complemento de las prestaciones.
2. Transportes excepcionales: Son aquellos que tienen por objeto el transporte de personas nucleadas con fines de esparcimiento, excursión o similares, para satisfacer necesidades circunstanciales y de carácter oneroso."
Que por el artículo 2 se modifica el artículo 22 de la Ley citada, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Art. 22: Los servicios especiales serán prestados exclusivamente por personas jurídicas formalmente constituidas e inscriptas, con domicilio societario en la Provincia de Tucumán, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP y la Dirección de Rentas de la Provincia de Tucumán, mediante vehículos propios o de terceros que se encuentren debidamente registrados ante la Autoridad de Aplicación. Sólo se admitirán las siguientes categorías:
aÓmnibus, micro ómnibus, colectivos. bCamionetas tipo rural, cerradas carrozadas de fabricación, acondicionadas para el transporte de personas. cAutomóviles siempre que se cumplan los siguientes condicionamientos excluyentes:
C1- Cuando no se cobre boletos individuales, por relojes de tiempo o distancia, o por prorrateo, ni se efectúen pagos en el vehículo, sino por el viaje contratado con valores preestablecidos mediante contrato debidamente sellado y que los valores respeten la condición establecida en el art. 21 inciso 2 de la presente Ley.
Los pagos de los servicios deberán efectuarse, exclusivamente, mediante transacciones bancarias.
C2- No frecuente sobre un mismo recorrido con diagrama de viajes preestablecidos.
C3- Queda prohibido el traslado de más de cuatro 4 pasajeros conforme lo previsto por la Ley Nacional N 24.449 Artículo 40 inciso g y Ley Provincial N

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6836.
C4- No implique, directa o indirectamente, el ejercicio del habitual transporte colectivo de pasajeros, reservado para las empresas concesionarias de los servicios regulados.
C5- Los automóviles afectados no podrán tener una antiguedad mayor a tres 3
años."
Que el artículo 3 del proyecto de ley propuesto modifica el artículo 23 de la Ley Provincial de que se trata el cual quedará redactado: "Art. 23: Los automóviles de alquiler sometidos a la jurisdicción de las Municipalidades autorizantes solo podrán realizar traslados interjurisdiccionales cuando el origen del servicio sea dentro del ejido habilitante".
Que intervienen a fs. 10 Asesoría Letrada de la Secretaría de Estado de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales sin formular objeción al proyecto y a fs. 11 la Dirección de Despacho del Ministerio del Interior.
Que la Directora General de Rentas manifiesta que la modificación propuesta sólo hace referencia a aspectos formales relativos al domicilio declarado ante la Dirección General de Rentas y a la acreditación del pago del Impuesto de Sellos de los contratos que se deben presentar. Señala que, en ese marco y en lo que respecta al ámbito de competencia específica de esa dirección, no existen objeciones de índole técnica que formular al proyecto de ley fs.19.
Que la Asesoría Letrada de la Dirección General de Transporte. Observa, por un lado que, el permiso otorgado lo será por única vez acreditando la presentación de los requisitos legales vigentes, no siendo necesaria su renovación. Considera que esta situación impediría poder controlar de manera adecuada la seguridad de este tipo de transporte ya que se presentarían por única vez el estado y la documentación de los vehículos utilizados. Sostiene que, al no tener vencimiento, el permiso perdurará por años sin ningún tipo de contralor por parte de la Dirección de Transporte. Recomienda su otorgamiento sujeto a un plazo no excesivo en el tiempo.
Que por otra parte, advierte que el nuevo artículo 20 del proyecto exige que este tipo de servicio se pueda realizar únicamente a través de personas jurídicas sociedades comerciales excluyendo a las personas físicas, que se verán impedidas de poder contratar este tipo de servicio, o de brindarlo, surgiendo de esa manera una discriminación legal que podría afectar el artículo 16 igualdad ante la ley de la Carta Magna y la garantía constitucional de todo ciudadano de poder ejercer libremente una actividad comercial.
Que por otro lado, en cuanto a la propuesta de reforma al artículo 22, advierte que la exigencia de que se lleve adelante este tipo de servicios especiales a través de la constitución de personas jurídicas sin la exigencia de que sean las titulares registrales de los vehículos o del parque automotor por medio del cual deberán prestar el servicio, se prestaría a que una persona constituya una sociedad comercial vacía, destinada a "alquilar" la sociedad, ya que se trataría de meros papeles y de esa manera no haría otra cosa que enturbiar la actividad en este tipo de servicios. Por lo que sienta que, a su criterio, sería recomendable que se elimine esta exigencia de la obligatoriedad de que la prestación del servicio especial deba ser exclusivamente entre personas jurídicas.
Que en cuanto a la modificación propuesta al artículo 23, observa que se eliminan una serie de exigencias para la prestación del servicio del auto de alquiler taxi, que tenian su razón de ser en tratar de regular la competencia con el

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transporte público de pasajeros, impidiendo que compitiera en forma desleal con las empresas de transporte público de pasajeros. A ese fin se le exigia que no sea un servicio con un itinerario y horario preestablecido Que dicha Asesoría concluye que corresponde el veto de los artículos del proyecto de reforma de la Ley N 6.210 fs. 27.
Que a fs. 28 el Sub director de la Dirección General de Transporte hace propios los argumentos señalados por el departamento jurídico y aconseja el Veto de los artículos del proyecto de ley de modificación de la Ley N 6.210.
Que la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad comparte dichos argumentos y estima que el Poder Ejecutivo podría hacer uso de la facultad al veto total del Proyecto de Ley N 131/2020 fs. 300 y 30vta.
Que el Secretario de Estado de Transporte y Seguridad Vial señala que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, estima necesario oponer el veto al artículo 1 del proyecto citado. Señala que el permiso otorgado a esa actividad no tendrá vencimiento, lo cual es atentatorio contra el poder de policía o contralor que lleva adelante la Dirección General de Transporte de la Provincia.
Recomienda que el permiso otorgado tenga un vencimiento. Por otro lado, en relación a los tipos de servicios especiales, la nueva norma deja de lado o elimina la categoría de "Servicios Especiales Independientes" del anterior articulado, sin esgrimir razón alguna a dicha supresión. En lo que respecta al artículo 2 del proyecto, indica que éste establece que los servicios especiales deberán ser prestados únicamente a través de personas jurídicas, excluyendo toda posibilidad a que su prestación sea pasible por parte de personas humanas, lo que implica una lisa y llana discriminación que vulnera los principios de la carta magna fs. 32.
Que Fiscalía de Estado en relación a la modificación del artículo 22 de la Ley N
6.210 advierte que la modificación propuesta resulta contraria al derecho constitucional de todos los habitantes sin distinción entre personas humanas y personas jurídicas de trabajar y ejercer toda industria lícita, cosagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Las modificaciones a los artículos 20 y 22 de la Ley N 6.210 guardan una conexidad intrínseca y están afectadas intrínsecamente por el mismo vicio invalidante. Atento a ello, aconseja el veto del artículo 1 que sustituye al artículo 20 de la Ley N 6210. Así como vetar en el artículo 2 que modifica al artículo 22, la siguiente expresión: .
exclusivamente por personas jurídicas formalmente constituidas e inscriptas, con domicilio societario en la Provincia de Tucumán, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP y la Dirección de Rentas de la Provincia de Tucumán
Que por todo lo expuesto, se estima del caso, haciendo uso de las facultades conferidas por el Artículo 71 de la Constitución de la Provincia de Tucumán, oponer el veto parcial al articulo 1 y a la expresión del artículo 2 del proyecto en la forma aconsejada, promulgando el resto del articulado por cuanto goza de suficiente autonomía normativa.
Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 33-36
dictamen n 2427 del 29/12/2.020, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
ARTICULO 1.- Opónese el Veto Parcial al Proyecto de ley N 131/2.020 sancionado

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por la Honorable Legislatura de Tucumán en sesión celebrada el día 03 de diciembre de 2.020, que modifica la Ley N 6.210, en relación a lo dispuesto en el artículo 1 y a la expresión: " exclusivamente por personas jurídicas formalmente constituidas e inscriptas, con domicilio societario en la Provincia de Tucumán, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP y la Dirección de Rentas de la Provincia de Tucumán contenida en el artículo 2, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.
ARTICULO 2.- Dispónese la promulgación, a tenor de lo normado por el Articulo 71
in fine de la Constitución de la Provincia, de la parte no vetada del proyecto de ley aque se refiere el artículo 1 del presente Decreto, comunicándose el mismo a la Honorable Legislatura de la Provincia.
ARTICULO 3.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Seguridad y firmado por el señor Secretario de Estado de Transporte y Seguridad Vial.
ARTICULO 4.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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Aviso número 79928

DECRETO ACUERDO DE N Y U 24 / 2020 DECRETO ACUERDO DE NECESIDAD Y
URGENCIA / 2020-12-21
DECRETO ACUERDO DE NECESIDAD Y URGENCIA N 24/1, del 21/12/2020.
VISTO, el Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N 1033/20 del 20 de diciembre de 2020, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, y CONSIDERANDO:
Que el citado Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia establece, para el período comprendido entre el día 21 de diciembre de 2020 y el día 31 de enero de 2021, inclusive, el régimen aplicable a las modalidades de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" y "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas.
Que el mismo toma como antecedentes el análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, la consulta efectuada a los expertos y las expertas en la materia, el diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las intendentas y los intendentes, y se dicta en el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, a partir de los cuales se mantiene la conclusión de que siguen conviviendo aún distintas realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en nuestro país Que, en este sentido, fundamenta que sigue resultando imprescindible realizar una diferenciación entre las zonas en donde se observa transmisión comunitaria extendida del virus, zonas con conglomerados y casos esporádicos sin nexo y las que presentan brotes o conglomerados pequeños controlados.
Que, el diferente impacto en la dinámica de transmisión del virus producido en la República Argentina, en atención a lo ya señalado, y específicamente debido a su diversidad geográfica, socio-económica, cultural y demográfica, obliga al Estado Nacional a tomar decisiones en función a cada realidad.
Que todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus y, en la actualidad, el aislamiento y el distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario de COVID-19. En este contexto, se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad.
Que, en muchas ocasiones, desde el inicio de la pandemia, se ha observado una disminución del nivel de alerta y la percepción del riesgo en diversos sectores de la población, lo que facilita la transmisión del virus, e impacta negativamente en la detección temprana de los casos.
Que las personas sin síntomas o previo al inicio de síntomas pueden transmitir la enfermedad.
Que el virus SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre personas y cuanto más cercana y prolongada es la interacción entre las personas, mayor es el riesgo de contagio.
Que los espacios cerrados, sin ventilación, facilitan la transmisión del virus.
Que un número importante y creciente de brotes se origina a partir de la

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transmisión en eventos sociales, en los cuales la interacción entre las personas suele ser más prolongada y con mayor cercanía física. En efecto, las personas tienden normalmente a relajar las medidas de prevención en dichas reuniones y se confirma que, con el transcurrir del tiempo, se relaja el distanciamiento físico, la utilización de tapabocas/barbijo y la ventilación de ambientes, especialmente cuando hay bajas temperaturas.
Que en encuentros con personas no convivientes en lugares cerrados, se puede propagar la enfermedad a partir de un caso, a múltiples domicilios, generando de este modo diversas cadenas de transmisión, lo que aumenta exponencialmente el número de contactos estrechos, posibles transmisores del virus.
Que es posible que una persona se infecte de COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la boca, la nariz o los ojos.
Que las medidas conocidas para desacelerar la propagación del SARS-CoV-2 son, principalmente, el respeto a las medidas de distanciamiento físico mantener una distancia segura entre personas, el lavado de manos frecuente, la limpieza y desinfección de superficies, la utilización de tapabocas/barbijo cuando se está cerca de otras personas y la ventilación de los ambientes.
Que las medidas de distanciamiento social para tener impacto deben ser sostenidas e implican no solo la responsabilidad individual sino también la colectiva, para lograr el objetivo de disminuir la transmisión del virus y evitar la saturación del sistema de salud.
Que la eventual saturación del sistema de salud podría conllevar un aumento exponencial de la mortalidad, tal como se ha verificado en otros países del mundo.
Que el DNU N1033/20 mantiene la prohibición establecida mediante el Decreto N520/20, respecto a determinadas actividades y prácticas taxativamente enunciadas, y la prohibición a la realización de eventos sociales o familiares en espacios cerrados dispuesta por el DNU 641/20, con los alcances y salvedades estipuladas.
Que, asimismo, establece que se deberá permitir el acompañamiento durante la internación y en los últimos días de vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento. Mediante la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial y que, en todos los casos deberá requerir el consentimiento previo informado por parte del o la acompañante.
Que el DNU N1033/20 es de orden público, y su vigencia se desde el día 21 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, inclusive.
Que, en el entendimiento de que las medidas llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo Nacional de contención y mitigación de la propagación de la epidemia de COVID-19 resultan necesarias, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país, la Provincia dictó el DNU N1/1 del 13 de marzo de 2020, ratificado por Ley 9226, declarando la Emergencia Epidemiológica en todo el territorio Provincial, y suscribió, mediante los DNU N2/1-2020, N4/1-2020, N6/1-2020, N8/1-2020, N9/1-2020, N10/1-2020, N11/1-2020, N13/12020, N15/1-2020, N17/1-2020, N18/1-2020, N19/1-2020, N20/1-2020, N21/1-2020, N22/1-2020 y 23/1-2020 a todas las disposiciones dictadas en ese sentido, sus prórrogas y modificatorias.

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Que la Provincia comparte los argumentos con que se funda el DNU N1033/20 en cuanto a que las medidas dispuestas resultan necesarias para proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país.
Que, a fin de garantizar la operatividad del Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N1033/20 en todo el territorio de la Provincia, resulta necesario el dictado del presente instrumento.
Que, en virtud de lo expuesto, la premura con que resulta necesario actuar en estas circunstancias excepcionales deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes y justifica recurrir al dictado de un Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia, cuya existencia tiene apoyatura doctrinaria, e incluso Constitucional en nuestro medio legal, a través del artículo 101, Inc. 2 de la Constitución Provincial Por ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS
DECRETA:
ARTICULO 1.- Tómase conocimiento del Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia N1033/20 del 20 de diciembre de 2020, que establece el régimen aplicable para las medidas de "aislamiento social preventivo y obligatorio" y "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" desde el día 21 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, inclusive.
ARTICULO 2.- Encomiéndase al Comité Operativo de Emergencia de Tucumán el dictado de las disposiciones reglamentarias relativas a la limitación de circulación y a la de actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, previstas en los artículos 4 y 6 del DNU N1033/20, así como el dictado de los protocolos previstos en el artículo 7 Actividades Deportivas y Artísticas y 26 Acompañamiento de Pacientes de la misma norma. Será, asimismo, tarea del mencionado Comité la revisión y readecuación, en el caso que hiciera falta, de los protocolos ya aprobados, en atención a la evolución de los parámetros epidemiológicos y a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.
ARTICULO 3.- Facúltase al Comité Operativo de Emergencia de Tucumán a dictar las normas reglamentarias dispuestas en los artículos 25 reuniones sociales y 26
acompañamiento de pacientes del DNU N 1033/20, así como a disponer la suspensión, reanudación, y/o limitación de estas medidas y en atención a la evolución de los parámetros epidemiológicos y a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública.
ARTICULO 4.- Instrúyase al Ministerio de Seguridad de la Provincia a llevar adelante las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 27 y concordantes del DNU N1033/20 del 20 de diciembre de 2020.
ARTICULO 5.- Remítase a consideración de la Honorable Legislatura de la Provincia, conforme a lo establecido por el artículo 101, inciso 2 de la Constitución Provincial.
ARTICULO 6.- El presente Decreto Acuerdo de Necesidad y Urgencia será refrendado por los señores Ministros de Gobierno y Justicia, de Seguridad, de Economia, de Desarrollo Productivo, de Salud Pública, de Educación, de Desarrollo

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Social, de Interior y firmado por la señora Secretaria General de la Gobernación.
ARTICULO 7.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

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Aviso número 79929

LEY 9349 / 2020 LEY / 2020-12-28
Ley N 9.349
La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de LEY:
Artículo 1.- Declárese de Interés Provincial la promoción del Derecho de la Mujer a la salud menstrual.
Art. 2.- El Estado Provincial, garantizará la provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual a niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad económica, social, educativa o cultural, que se encuentren entre la menarca y el climaterio.
Art. 3.- A los fines de esta Ley se denomina elemento de gestión menstrual a todo dispositivo de contención, utilizado durante la menstruación, tales como:
toallas higiénicas tipo descartables o reutilizables, tampones, copas menstruales, esponjas marinas y/o ropa interior absorbente, o cualquier otro elemento que sea para ese fin.
Art. 4.- La provisión de los elementos de gestión menstrual se realizará a través de los tipos de instituciones:
1 2
3 4

Educativas de gestión pública, De salud pública, Donde se encuentren recluidas personas en conflicto con la ley penal, En las de alojamiento diurno y/o nocturno para gente en situación de calle.

Art. 5.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, el Ministerio de Salud Pública. Entre sus funciones se incluirán:
1 Articular, con la Secretaría de la Mujer y el Ministerio de Educación la asistencia y capacitación a personas menstruantes en cuanto a los aspectos que conciernen a la salud menstrual.
2 Realizar estudios e investigaciones sobre impacto de la gestión menstrual y del acceso a los productos de gestión menstrual en la salud de las personas menstruantes.
3 Generar campañas de sensibilización, conocimiento y visibilización de la temática.
4 Articular con la Secretaría de Ambiente, la realización de estudios de impacto ambiental de la producción y el desecho de los productos de gestión menstrual.
Art. 6.- En todo en cuanto resulte aplicable, se respetarán los principios reglados en la Ley Nacional N 26.743.

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Art. 7.- Para la compra o adquisición de los elementos de gestión menstrual a proveer, el Estado Provincial deberá dar preferencia a las empresas locales que los fabriquen.
Art. 8.- Se faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la implementación de la presente Ley.
Art. 9.- El Poder Ejecutivo reglamentará e implementará la presente ley en un plazo no mayor a noventa 90 días hábiles.
Art 10.- Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
C.P.N. Osvaldo Francisco Jaldo, Presidente H. Legislatura de Tucumán.
Claudio Antonio Perez, Secretario H. Legislatura de Tucumán.
REGISTRADA BAJO EL N 9.349.San Miguel de Tucumán, Diciembre 28 de 2020.Promúlguese como Ley de la Provincia, conforme a lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución Provincial, cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese en el Registro Oficial de Leyes y Decretos.Dr. Juan Luis Manzur, Gobernador de Tucumán.
Dra. Rossana Elena Chahla, Ministra de Salud Pública.

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Aviso número 79930

LEY 9350 / 2020 LEY / 2020-12-28
Ley N 9.350
La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de LEY:
Artículo 1.- Establécese un Subsidio Mensual No Contributivo, equivalente al sueldo neto que percibió como último haber en el cargo de efectiva prestación, a los derechohabientes del Personal de la Salud y Seguridad fallecidos desde el 20
de Marzo de 2020, prestando servicios en la atención de personas afectadas por Covid - 19, certificado por las autoridades correspondiente y cuyo deceso se haya producido por dicha enfermedad. El mismo se percibirá hasta que se haga efectiva la Pensión por parte del Sistema Previsional a sus derechohabientes, no siendo incompatible con los otros beneficios que por Ley correspondiera.
Art. 2.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será la Secretaría General de la Gobernación.
Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las compensaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
Art. 3.- Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
C.P.N. Osvaldo Francisco Jaldo, Presidente H. Legislatura de Tucumán.
Claudio Antonio Perez, Secretario H. Legislatura de Tucumán.
REGISTRADA BAJO EL N 9.350.San Miguel de Tucumán, Diciembre 28 de 2020.Promúlguese como Ley de la Provincia, conforme a lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución Provincial, cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese en el Registro Oficial de Leyes y Decretos.Dr. Juan Luis Manzur, Gobernador de Tucumán.
Dra. Rossana Elena Chahla, Ministra de Salud Pública.

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Aviso número 79931

LEY 9351 / 2020 LEY / 2020-12-29
Ley N 9.351
La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de LEY:
Artículo 1.- Créase en el ámbito de la Provincia de Tucumán una línea Telefónica Gratuita de marcación corta y una Plataforma Digital en versión de aplicación para teléfonos móviles, tablets, computadoras y/o cualquier otro tipo de elementos electrónicos que lo permita, con el objeto de recepcionar todo tipo de denuncias respecto a conducta inapropiada abuso policial, violencia, amedrentamiento, corrupción, etc. en la que se vea involucrado personal de la Fuerza Policial de la Provincia de Tucumán.
Art. 2.- Las denuncias serán recepcionadas por una oficina especial creada a tal fin dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia que deberá garantizar y resguardar la identidad e integridad del denunciante, para lo cual deberán estar identificadas las personas responsables de custodiar dicha información.
Art. 3.- Se procederá a abrir una investigación interna dentro del Ministerio de Seguridad sobre los acontecimientos donde se entrevistará sobre los hechos al denunciado como asimismo al denunciante, ésto podrá llevarse a cabo de manera presencial siempre por separado y resguardando la identidad del denunciante quien además será entrevistado en su domicilio o mediante la remisión de un formulario escrito o a través de una llamada telefónica, siendo obligatorio dejar registro con grabaciones de dicha entrevista. Dicha investigación no podrá exceder los siete 7 días desde recepcionada la denuncia para emitir un resultado.
Art. 4.- Una vez concluida la etapa de investigación la oficina de recepción de denuncia impondrá en caso de así corresponder la sanción pertinente de acuerdo al estatuto de la Fuerza y en caso de gravedad y así considerarlo podrá correr traslado de la denuncia a la Fiscalía.
Art. 5.- Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
C.P.N. Osvaldo Francisco Jaldo, Presidente H. Legislatura de Tucumán.
Claudio Antonio Perez, Secretario H. Legislatura de Tucumán.
REGISTRADA BAJO EL N 9.351.San Miguel de Tucumán, Diciembre 29 de 2020.Promúlguese como Ley de la Provincia, conforme a lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución Provincial, y lo dispuesto por el Decreto N 2.602/ 7/ MS,

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de fecha 29 de diciembre de 2020, cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese en el Registro Oficial de Leyes y Decretos.Dr. Juan Luis Manzur, Gobernador de Tucumán.
Claudio Adolfo Maley, Ministro de Seguridad.

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Aviso número 79932

LEY 9352 / 2020 LEY / 2020-12-29
Ley N 9.352
La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de LEY:
Artículo 1.- La presente Ley y sus normas reglamentarias regulan el Servicio de Transporte Privado, a través de Plataformas Electrónicas, las condiciones de su administración, prestación y planificación dentro de la Provincia.
Art. 2- A los fines de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:
1- Servicio de Transporte Privado a través de Plataformas Electrónicas: Es el servicio que con base en el desarrollo de tecnologías de dispositivos móviles, utilizando el sistema de posicionamiento global y plataformas independientes, permite conectar a usuarios que lo demanden, punto a punto, con conductores que ofrecen dicho servicio mediante el uso de la misma aplicación, para celebrar un contrato en los términos del Artículo 1280 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Este transporte oneroso de pasajeros constituye una actividad privada de interés público cuyo cumplimiento se regirá por las disposiciones de la presente Ley y por la reglamentación que al efecto dicte la Autoridad de Aplicación.
2- Empresas de Redes de Transporte ERT: Personas jurídicas habilitadas por la Autoridad de Aplicación para ejercer la administración de plataformas o aplicaciones informáticas que permitan la vinculación geolocalizada entre los usuarios del servicio y los prestadores del mismo a través de dispositivos fijos y móviles.
3- Permisionarios: Persona habilitada para conducir la unidad contemplada en el servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas, quien debe ser propietario del vehículo que prestará el servicio.
Art. 3.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial o la autoridad que en el futuro la reemplace.
Art. 4.- La Autoridad de Aplicación llevará un registro de los vehículos prestadores del servicio, de los permisionarios, de las empresas de redes de transporte y de las plataformas electrónicas utilizadas por éstas.
Art. 5.- Las Municipalidades que adhieran a la presente Ley tendrán en sus respectivas jurisdicciones la potestad para la reglamentación, concesión de permisos y percepción de tributos referidos a la actividad regulada por la presente Ley.

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Art. 6.- Los titulares de los vehículos afectados a estos servicios deberán solicitar a la Autoridad de Aplicación, el otorgamiento de un permiso de explotación. El permisionario deberá ser titular dominial del vehículo con el que prestará el servicio. Solo podrán ser permisionarios personas humanas. Ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso afectado al servicio regulado en la presente Ley.
Art. 7.- Los permisionarios registrados se vincularán con los pasajeros a través de Empresas de Redes de Transporte ERT.
Art. 8.- El servicio prestado no estará sujeto a itinerarios, rutas, frecuencias de paso ni horarios fijos. Los conductores podrán prestar el servicio únicamente cuando existan solicitudes que hayan sido aceptadas y/o procesadas a través de las plataformas electrónicas habilitadas, por lo que se prohíbe expresamente la toma de viajes en las modalidades actualmente previstas para el servicio de taxis.
Art. 9.- El monto que el usuario debe abonar por la prestación del servicio, será fijado por la Empresa de Redes de Transporte y aceptado por el usuario al contratarlo, dentro de los paramétros establecidos por la Autoridad Pública de Aplicación, el cual será exclusivamente realizado a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transacciones bancarias, pagos electrónicos o aquella modalidad que posea similar naturaleza y respetando lo dispuesto por el Artículo 21 inc. 2 de la Ley Provincial N 6210.
Queda prohibido todo tipo de pago que se realice en efectivo al momento de contratar el servicio.
Art. 10.- Son obligaciones de los permisionarios:
1 Contar con Licencia Nacional de Conducir conforme a la categoría exigida para el servicio de taxis.
2 Aceptar viajes despachados únicamente por las plataformas habilitadas en las que esté debidamente registrado el vehículo.
3 Abonar la tasa de inscripción asociada al permiso de explotación.
4 Mantener el vehículo prestador del servicio en perfecto estado de funcionamiento.
5 Realizar la inspección técnica periódica del vehículo en el plazo que disponga la reglamentación.
6 Presentar anualmente ante la Autoridad de Aplicación, los certificados que acrediten que no posee antecedentes penales.
7 Contar con una póliza de seguro contra todo riesgo con cobertura por daños ocasionados a terceros, conductores, pasajeros, terceros transportados, en una modalidad de transporte oneroso.
8 Tener domicilio en la Provincia de Tucumán.
9 Permitir y facilitar el ascenso de canes guías que acompañen a personas con discapacidad visual.
10 No conducir el vehículo por más de ocho 8 horas corridas ni más de doce 12 horas fraccionadas en un día.

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Art. 11.- Son obligaciones de las Empresas de Redes de Transporte:
1 Abonar una alícuota adicional de ingresos brutos del 2% dos por ciento sobre el total del viaje, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que corresponda a la actividad.
2 Liquidar y abonar a la Autoridad de Aplicación, por cuenta y orden de los permisionarios registrados en sus aplicaciones los gravámenes correspondientes a cada uno de ellos en la forma y plazo que se establezca en la reglamentación.
3 Garantizar que toda la operativa, incluyendo tanto la actividad que se presta a través de las plataformas electrónicas como el servicio de transporte, cumpla con la legislación aplicable.
4 Asignar viajes únicamente a los vehículos y conductores que se encuentren registrados en cumplimiento a las disposiciones de esta ley y su reglamentación, 5 No despachar viajes por más de ocho 8 horas corridas a un conductor ni más de doce 12 horas fraccionadas en un mismo día.
6 Proporcionar a requerimiento de la Autoridad de Aplicación toda la información veraz, necesaria y útil en los tiempos y formatos que ésta requiera para conocer la identidad de los conductores, sus datos individualizantes y los recorridos efectuados por cada vehículo, los montos cobrados y cualquier otra información que se entienda necesaria para ejercer sus potestades, cumpliendo con la normativa vigente de protección de datos.
7 Constituir domicilio en la Provincia de Tucumán y designar un representante, apoderado o encargado de negocios que tenga residencia permanente en la Provincia.
Si la empresa de Redes de Transporte no se encuentra constituida en la Provincia de Tucumán, sea nacional o extranjera deberá, además, establecer sucursal en jurisdicción de nuestra Provincia; la misma deberá contar con playa de estacionamiento para diez 10 autos como mínimo, con el objeto de brindar soporte venticuatro 24 horas a los permisionarios y usuarios en general y deberá poseer al menos una línea telefónica gratuita 0800-0810 para soporte telefónico de cualquier índole.
8 Deberá contar con un libro de quejas virtual, que cumpla las exigencias que disponga la Dirección de Comercio Interior de la Provincia, órgano de aplicación de la ley de Defensa del Consumidor en nuestra Provincia.
Art. 12.- VEHICULOS HABILITADOS. Los vehículos destinados a la prestación del servicio deberán:
1 Tener una antigedad máxima de tres 3 años desde su primera registración;
2 Estar registrados en la Provincia de Tucumán;
3 Cumplir con las condiciones y las prestaciones que exija la reglamentación.
4 Tener capacidad máxima, para cuatro 4 pasajeros.
5 Presentar anualmente el libre deuda de multas.
Los permisionarios y vehículos habilitados para el servicio de taxi podrán incorporarse a este servicio cumpliendo con las condiciones impuestas en la regulación de su categoría, como excepción a las condiciones generales que regulan esta modalidad.

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Art. 13.- la plataforma electrónica pondrá a disposición de los usuarios un sistema para la evaluación de cada permisionario. En caso que algún permisionario no cumpliere con una calificación mínima requerida, la ERT o cualquiera de sus empresas relacionadas, deberá tramitar la baja de dicho permisionario.
Art. 14.- Prohíbanse todas las plataformas electrónicas, aplicaciones y actualizaciones de las mismas referidas a la actividad por la presente Ley, que no estén expresamente autorizadas por la Autoridad de Aplicación.
Art. 15.- Queda prohibida la modalidad "compartir viaje", que es la modalidad donde se buscan las rutas más eficientes y se propone compartir viajes entre más de un usuario, para dividir los costos del trayecto.
Art. 16.- El incumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su reglamentación por parte de la Empresa, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
1 de 2
3

Multa equivalente con valor de entre quinientos 500 y dos mil 2000 litros combustible de alto octanaje;
Suspensión temporal de la plataforma de hasta dos 2 años;
Inhabilitación definitiva de la plataforma.

Art. 17.- Los permisionarios y las Empresas de Redes de Transporte, serán responsables solidarios por los daños que ocasionen durante la prestación de dicho servicio a los usuarios o terceros.
Art. 18.- Invítase a las Municipalidades a adherir a las disposiciones de la presente Ley.
Art. 19.- Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
Regino Nestor Amado, Presidente Subrogante H. Legislatura de Tucumán.
Claudio Antonio Perez, Secretario H. Legislatura de Tucumán.
REGISTRADA BAJO EL N 9.352.San Miguel de Tucumán, Diciembre 29 de 2020.Promúlguese como Ley de la Provincia, conforme a lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución Provincial, y lo dispuesto por el Decreto N 2.603/7/ MS, de fecha 29 de diciembre de 2020, cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese en el Registro Oficial de Leyes y Decretos.Dr. Juan Luis Manzur, Gobernador de Tucumán.
Claudio Adolfo Maley, Ministro de Seguridad.

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Aviso número 79933

LEY 9353 / 2020 LEY / 2020-12-29
Ley N 9.353
La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de LEY:
Artículo 1.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto reconocer y garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos con respecto a las personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario, a través de medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, en los términos del Artículo 24 de la Constitución Provincial.
Art. 2.- Entiéndase por personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario, a todas las que posean una identidad de género que difiere de la asignación sexo-genérica que se realizó sobre ellas al nacer, hayan o no, accedido a la rectificación registral de sexo o cambio de nombre establecidos en la Ley N 26.743 de Derecho a la Identidad de Género.
Art. 3.- Las acciones dispuestas por la presente Ley se articulan con las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil con trabajo demostrado en la promoción de los Derechos Humanos de las personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario.
Art. 4.- Otorgar una línea de microcréditos del Consorcio de Gestión y Desarrollo Local, para el financiamiento de microemprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario.
Art. 5.- Créase en el ámbito de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán una línea de créditos para el financiamiento a tasas subsidiadas de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario Art. 6.- El Poder Ejecutivo otorgará un bono de Crédito Fiscal equivalente al 40% cuarenta por ciento del salario de las personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario contratadas durante los primeros tres 3 años y del 20% veinte por ciento durante los siguientes tres 3 años. El bono podrá ser usado para pagar las deudas tributarias con la Provincia, en los términos que disponga la reglamentación.
Art. 7.- No sustitución. Pérdida del beneficio fiscal. El empleador que

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despidiese sin causa justa a una persona trabajadora, no puede acceder al beneficio fiscal del Artículo 6 durante ese año de ejercicio, ni el siguiente.
Art. 8.- Establézcase en el ámbito de las reparticiones públicas de la Provincia de Tucumán, la ocupación de personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo que se debe ocupar. A este fin, se entiende por idoneidad a la capacidad para cumplir con las tareas que requiera el cargo a cubrir, en beneficio de la administración en una proporción no menor del 1% uno por ciento, para lo cual se reservan puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas. La proporción se calculará sobre el total del personal de planta permanente y transitoria y personal contratado, cualquiera sea la modalidad de contratación.
El ámbito público de la Provincia de Tucumán comprende al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, los organismos descentralizados, las entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado y las empresas y sociedades mixtas y privadas con participación estatal mayoritaria. La aplicación de este artículo es progresiva e irreversible, debiéndose ocupar cada año calendario como mínimo el equivalente al 0,1% oero con una décima por ciento del total del personal del ámbito público de la Provincia de Tucumán hasta completar el porcentaje establecido.
Art. 9.- No sustitución. Nulidad del acto administrativo. El cumplimiento del Artículo 6 en ningún caso puede tener por efecto la cesantía de personas trabajadoras que son parte de una relación de empleo público al momento de la entrada en vigencia de esta Ley. El acto administrativo que así lo dispusiese es nulo de nulidad absoluta.
Art. 10.- Institúyase un sistema de becas de capacitación laboral, técnica y/o profesional orientado a aspirantes personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario que no reúnan las condiciones de idoneidad para los puestos requeridos, las personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario que accedan a estas becas de capacitación deberán ser efectiva e inmediatamente ocupadas una vez finalizada la formación requerida para el puesto reservado. El Estado Provincial puede suscribir convenios con instituciones educativas de gestión pública o privada, organizaciones sindicales y organizaciones no gubernamentales para garantizar la capacitación de las personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario aspirantes a un empleo. Las personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario becarias no pueden ser contabilizadas en el cálculo de la proporción establecida en el artículo precedente hasta tanto ocupen efectivamente los puestos reservados en el ámbito público. Las empresas privadas que contraten personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario podrán gozar de los incentivos dispuestos en la presente Ley ocupando a las personas becarias, siempre y cuando incrementen su planilla de personal.
Art. 11.- La Autoridad de Aplicación deberá corroborar los antecedentes de las personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario consignados en los certificados de buena conducta y de reincidencia,

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atendiendo a criterios de proporcionalidad, racionalidad, no discriminación y no revictimización a efectos de evaluar si la persona interesada cumple con las condiciones para ejercer las actividades del cargo a ocupar.
Art. 12.- Créase un programa de capacitación y sensibilización en el ámbito público y privado sobre discriminación laboral por razones de orientación sexual, identidad y/o expresión de género.
Art. 13.- Dispóngase de todos los medios y recursos necesarios para difundir los derechos y beneficios instituidos por la presente Ley a los fines de facilitar el acceso a los mismos por parte de las personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario en todo el territorio provincial, la difusión incluye por lo menos publicidades en los medios de comunicación y el espacio público y la articulación con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil con trabajo demostrado en la materia.
Art 14.- Créase la Comisión Especial de seguimiento de la presente Ley que será integrada con los representantes de todos los bloques políticos y miembros o referentes de la comunidad de personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario. La Comisión tendrá un plazo de duración de tres 3 años. A la finalización de cada año emitirá un dictamen sobre la aplicación de la ley.
Art 15.- Incumplimiento. El incumplimiento de esta Ley, por parte de las personas que realizan funciones públicas competentes, es causa de mal desempeño de las funciones o de falta grave, según corresponda.
Art 16.- Autoridad de Aplicación. El designar la Autoridad de Aplicación.

Poder Ejecutivo de la Provincia debe
Art 17.- Difusión. El Poder Ejecutivo de la Provincia debe realizar campañas de difusión por todos los medios de comunicación. Estas campañas deben tener por objeto que todas las personas interesadas tomen conocimiento de esta Ley.
Art. 18.- Financiación. Los gastos que sean necesarios para la aplicación de esta Ley se deben tomar de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos que se trate.
Art. 19.- Invitación. Invítese a los Municipios a sancionar medidas de acción positiva en favor de las personas transexuales, travestis, transgénero y/o autopercibidas con género no binario.
Art. 20.- Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil veinte.
C.P.N. Osvaldo Francisco Jaldo, Presidente H. Legislatura de Tucumán.
Claudio Antonio Perez, Secretario H. Legislatura de Tucumán.

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REGISTRADA BAJO EL N 9.353.San Miguel de Tucumán, Diciembre 29 de 2020.Promúlguese como Ley de la Provincia, conforme a lo establecido por el Artículo 71 de la Constitución Provincial, cúmplase, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese en el Registro Oficial de Leyes y Decretos.Dr. Juan Luis Manzur, Gobernador de Tucumán.
Dra. Carolina Vargas Aignasse, Ministra de Gobierno y Justicia.

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Aviso número 79934

LEY 9354 / 2020 LEY / 2020-12-29
Ley N 9.354
La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de LEY:
Artículo 1.- Modifícase el Artículo 20 de la Ley Provincial N 6210, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
"Art. 20.- La Dirección General de Transporte otorgará permisos para la prestación de servicios especiales de transporte de pasajeros en las condiciones que establece la presente Ley. El permiso otorgado tendrá vigencia sin vencimiento, mientras se cumplan las condiciones establecidas.
Para ello, deberá tenerse en consideración, de manera ineludible, el carácter de los servicios, que se definen:
1. TRANSPORTES ENTRE PERSONAS JURIDICAS: Cuando tienen por objeto satisfacer necesidades derivadas de las relaciones que existieren entre personas jurídicas, en forma excluyente, que tengan objeto comercial, industrial, educativas, civiles, etcétera, para el traslado de su personal y cuando los traslados forman parte integrante de los contratos de trabajo y/o que fueren complemento de las prestaciones.
2. TRANSPORTES EXCEPCIONALES: Son aquellos que tienen por objeto el transporte de personas nucleadas con fines de esparcimiento, excursión o similares, para satisfacer necesidades circunstanciales y de carácter oneroso."
Art. 2.- Modifícase el Artículo 22 de la Ley Provincial N 6210 el cual quedará redactado de la siguiente forma:
"Art. 22.- Los servicios especiales serán prestados exclusivamente por personas jurídicas formalmente constituidas e inscriptas, con domicilio societario en la Provincia de Tucumán, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP
y la Dirección de Rentas de la Provincia de Tucumán, mediante vehículos propios o de terceros que se encuentren debidamente registrados ante la Autoridad de Aplicación. Solo se admitirán las siguientes categorías:
aOmnibus, micro ómnibus, colectivos.
bCamionetas tipo rural, cerradas carrozadas de fabricación, acondicionadas para el transporte de personas.
cAutomóviles siempre que se cumplan los siguientes condicionamientos excluyentes:
C 1- Cuando no se cobre boletos individuales, por relojes de tiempo o distancia, o por prorrateo, ni se efectúen pagos en el vehículo, sino por el viaje contratado con valores preestablecidos mediante contrato debidamente sellado y que los valores respeten la condición establecida en el Art. 21 inciso 2 de la presente Ley.