Boletín Oficial de la Pcia. de San Juan del 26/12/2018

*Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.

Text version*

Source: Boletín Oficial de la Provincia de San Juan

1No se admiten reclamos después de las 24 horas de la primera publicación. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Ley N 11.723- 108.680. Dirección Adm. y Talleres: Corrientes 1090 E Capital - CP. J 5400 - FWD. Tel.: 0264-4221987. Tel./Fax 0264-4274209. Director: Sr. Fernando Esteban Conca CREACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL - LEY 5 DE SEPTIEMBRE DE 1916 Art. 4 Los documentos que se inserten en el Boletín Oficial serán tenidos por auténticos y obligatorios en razón de esta publicación. Los Edictos, Avisos y Suscripciones se pagarán en la Administración del Boletín Oficial. Aparece los días hábiles. AÑO CII SAN JUAN, MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 2018 25.826 Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú Dr. EMILIO JAVIER BAISTROCCHI GUIMARAES Ministro de Gobierno Lic. FELIPE TADEO DE LOS RÍOS Ministro de Educación Lic. ANDRÉS JOSÉ DÍAZ CANO Ministro de la Producción y Desarrollo Económico Ing. JULIO CÉSAR ORTÍZ ANDINO Dr. SERGIO MAURICIO UÑAC Dra. SILVIA ALEJANDRA VENERANDO Gobernador Dr. ALBERTO VALENTÍN HENSEL Dr. MARCELO JORGE LIMA Lic. CLAUDIA ALICIA GRYNSZPAN Vicegobernador y Presidente nato de la Cámara de Diputados Ministro de Salud Pública Ministro de Minería Ministro de Turismo y Cultura CPN. JUAN FLORES Secretario General de la Gobernación Lic. DOMINGO RAÚL TELLO Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Sr. ARMANDO SÁNCHEZ Dr . JOSÉ ABEL SORIA VEGA Ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Presidente Excma. Corte de Justicia Ing. TULIO ABEL DEL BONO C.P.N. ROBERTO GUILLERMO GATTONI Ministro de Hacienda y Finanzas www.boletinoficial.sanjuan.gov.ar Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Sr. JORGE EDUARDO CHICA MUÑOZ Secretario de Deportes / www.sanjuan.gov.ar PARA TODA PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL, DEBERÁ TRAER SOPORTE INFORMÁTICO CD - DVD - PENDRIVE Y ADEMÁS EL ORIGINAL CORRESPONDIENTE.
2Boletín Oficial LEY Nº 1851-O LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN SANCIONA CON FUERZA DE L E Y: CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN Libro I Disposiciones generales Título I Garantías Constitucionales Interpretación y Aplicación de la Ley ARTÍCULO 1.- Juicio previo: Ninguna persona puede ser condenada o ser sometida a una medida de seguridad, sin un juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, que debe ser realizado respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional, la Constitución de la Provincia de San Juan y las normas de este Código Procesal Penal. ARTÍCULO 2.- Jueces naturales y jurados: Ninguna persona puede ser juzgada por otros jueces que los designados por ley antes del hecho del proceso y de acuerdo con la Constitución Provincial. La competencia y el procedimiento para el juicio por jurado en causa criminal se rige por las normas de este Código. ARTÍCULO 3.- Principio de inocencia: Ninguna persona puede ser considerada culpable mientras una sentencia firme no la declare tal. ARTÍCULO 4.- Persecución penal única: Ninguna persona puede ser perseguida penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias. No se pueden reabrir los procesos concluidos, salvo la revisión de la sentencia en favor del condenado. ARTÍCULO 5.- Validez temporal: Las leyes procesales penales se aplican desde su vigencia y no tienen efecto retroactivo, salvo cuando son más favorables para el imputado. ARTÍCULO 6.- Interpretación restrictiva. Aplicación analógica: Toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho atribuido por este Código a los sujetos del proceso penal o que establezca sanciones procesales, debe ser interpretada restrictivamente. Sólo se permite la analogía en cuanto favorece la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades. ARTÍCULO 7.- Duda: En caso de duda en cualquier instancia y grado del proceso, se debe estar a lo que es más favorable al imputado. ARTÍCULO 8.- Tiempo razonable: Toda persona tiene derecho a una resolución judicial definitiva en tiempo razonable. El retardo en dictar resoluciones o las dilaciones indebidas, cuando son reiteradas, constituyen falta grave. ARTÍCULO 9.- Imparcialidad e independencia: Los jueces y jurados actúan con imparcialidad en todas las etapas del proceso penal. Los jueces y jurados, en el ejercicio de sus funciones, gozan de independencia. No pueden interferir en sus decisiones los miembros de otros poderes del Estado, ni los demás integrantes del Poder Judicial. ARTÍCULO 10.- Igualdad entre las partes. Comunicación previa: Se debe garantizar la intervención de las par- Pág. 192.140 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
3Boletín Oficial tes con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución Provincial y en este Código. Los jueces deben preservar el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impiden su vigencia o lo debiliten. Los jueces no pueden mantener ninguna clase de comunicación con las partes o sus defensores sobre los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dar aviso previo a todas ellas. ARTÍCULO 11.- Inviolabilidad de la defensa en juicio: Es inviolable la defensa de las partes y de sus derechos en el proceso penal. ARTÍCULO 12.- Derechos de la víctima: La víctima tiene derecho a participar en el proceso penal. Toda disposición referente a la víctima se debe interpretar del modo que mejor convenga a sus intereses y en beneficio de su efectiva intervención en el proceso penal. ARTÍCULO 13.- Protección de la intimidad y privacidad: En todas las etapas del proceso penal se debe respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad del imputado, como de cualquier otra persona, en especial la libertad de conciencia, el domicilio, la correspondencia, los papeles privados y las comunicaciones de toda índole. Sólo con autorización del juez competente y bajo las reglas de este Código se pueden afectar estos derechos. ARTÍCULO 14.- Derecho a un trato digno: Toda persona tiene derecho a reclamar un trato digno de los organismos penales pertenecientes a la administración de justicia y en dependencias policiales. Asimismo, toda persona tiene derecho a: 1 Ser atendida por todos los intervinientes en la administración de justicia, de forma personalizada, respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales. 2 Exigir que las actuaciones judiciales en las que resulte necesaria su comparecencia se celebren con la máxima puntualidad. 3 Recibir las comunicaciones de los órganos judiciales en un lenguaje claro y sencillo, con información suficiente de las consecuencias derivadas de su incumplimiento. 4 Recibir respuesta a sus solicitudes. En este caso, las autoridades y funcionarios deben exponer por escrito, a toda persona que realice una solicitud, los motivos por los que se deniega el acceso a una información de carácter procesal. ARTÍCULO 15.- Separación de la función de investigar y juzgar: Los fiscales no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal a cargo del Ministerio Público Fiscal. Si los jueces sustituyen de algún modo la actividad propia de los fiscales, los jueces deben ser apartados inmediatamente del conocimiento de la causa. Se prohíbe la delegación de funciones jurisdiccionales en funcionarios o empleados judiciales subalternos. ARTÍCULO 16.- Principios del proceso penal acusatorio: Durante todo el proceso penal se deben observar los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad e informalismo. ARTÍCULO 17.- Principio de publicidad. Reserva de actuaciones: Está prohibido el secreto de las actuaciones para las partes intervinientes. Sólo en los casos y por los motivos autorizados por este Código el juez puede disponer, a pedido de parte y con la debida fundamentación, la reserva de algún acto particular, siempre por un tiempo limitado, que no puede exceder los diez 10 días. La parte interesada puede ampliar la reserva de algún acto par- San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.141
4Boletín Oficial ticular, para lo que debe solicitar autorización de un colegio de dos 2 jueces penales. ARTÍCULO 18.- Restricción de derechos fundamentales: Las facultades que este Código reconoce para restringir o limitar el goce de derechos reconocidos por la Constitución Provincial, Nacional o por los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, deben ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. ARTÍCULO 19.- Restricciones a la libertad: Toda medida que coarte la libertad tiene carácter excepcional y la norma legal en que se funde debe ser interpretada restrictivamente. Ninguna persona puede ser privada de su libertad sin orden escrita y fundada de juez competente, quien debe señalar objetivamente la existencia de elementos de convicción suficientes de participación en un hecho delictivo y que la medida resulta absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley, salvo los casos de flagrancia. Producida la privación de la libertad, el afectado debe ser informado en el mismo acto del hecho que lo motiva y de los derechos que le asisten, como también de que puede dar aviso de su situación a quien crea conveniente. La autoridad arbitrará los medios conducentes a ello. ARTÍCULO 20.- Incomunicación del imputado: Está prohibida la incomunicación del imputado por autoridad distinta a un juez. Únicamente se puede decretar por el juez una sola vez en el proceso y tiene como expresa y exclusiva motivación, objetivamente señalada, la necesidad de evitar que el imputado entorpezca la investigación, y nunca puede exceder el término máximo de cuarenta y ocho 48 horas. En tal caso, queda garantizada la comunicación con el defensor inmediatamente antes de la realización de cualquier acto que requiera la intervención personal del imputado. ARTÍCULO 21.- Sentencia. Motivación: La sentencia debe ser definitiva, absuelve o condene al acusado y debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se base. ARTÍCULO 22.- Solución del conflicto: Los jueces y los representantes del Ministerio Público Fiscal deben procurar resolver el conflicto surgido a consecuencia de un hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre las partes y a la paz social. ARTÍCULO 23.- Derecho al recurso: Toda persona tiene derecho a recurrir la sanción penal que se le ha impuesto, ante otro juez o tribunal superior con facultades amplias para su revisión y de acuerdo a las reglas establecidas en este Código. ARTÍCULO 24.- Participación ciudadana: Los ciudadanos pueden participar en la administración de la justicia penal, de conformidad con lo previsto en la Constitución Nacional, las disposiciones de este Código y las leyes especiales que se dicten al efecto. Título II Acciones que nacen del delito Capítulo 1 Acción penal Sección 1 Reglas generales ARTÍCULO 25.- Acción pública: La acción penal pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, el que debe promoverla de oficio. Su ejercicio no puede suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, salvo expresa disposición legal en contrario. ARTÍCULO 26.- Acción dependiente de instancia privada: Si el ejercicio de la acción pública depende de ins- Pág. 192.142 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
5Boletín Oficial tancia privada, el Ministerio Público Fiscal sólo la puede ejercer una vez que la instancia ha sido formulada o en los demás supuestos previstos en el Código Penal. Esta circunstancia no obsta a la realización de los actos urgentes que impiden la consumación del hecho o la de los imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que tales actos no afecten la protección del interés de la víctima. La acción dependiente de instancia privada debe ser realizada de manera expresa por quien tiene derecho a hacerlo, no puede derivarse de ningún acto procesal su formalización tácita. La acción dependiente de instancia privada permite perseguir a todos los partícipes del hecho sin limitación alguna. ARTÍCULO 27.- Acción privada: La acción privada se ejerce por medio de querella. Sección 2 Prejudicialidad ARTÍCULO 28.- Regla de no prejudicialidad: El juez debe resolver todas las cuestiones que se susciten en el proceso penal, salvo las prejudiciales. ARTÍCULO 29.- Cuestiones prejudiciales: Cuando la existencia del delito depende de una cuestión prejudicial establecida por la ley, el ejercicio de la acción penal se suspende, aún de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme. ARTÍCULO 30.- Apreciación. Sin perjuicio de lo dispuesto en las cuestiones prejudiciales, el juez puede apreciar si la cuestión prejudicial invocada es seria, fundada y verosímil, y en caso de que aparezca opuesta con el exclusivo propósito de dilatar el proceso penal, puede ordenar que éste continúe. ARTÍCULO 31.- Juicio previo: El juicio previo de la jurisdicción, donde se lleva a cabo la cuestión prejudicial, puede ser promovido y proseguido por el Ministerio Público Fiscal del fuero correspondiente, con citación de las partes interesadas. ARTÍCULO 32.- Libertad del imputado. Diligencias urgentes: Resuelta la suspensión del proceso de acuerdo con las cuestiones prejudiciales, el juez debe ordenar la libertad del imputado previa fijación de domicilio, sin perjuicio de la imposición de otras medidas cautelares previstas en este Código y de realizarse los actos urgentes de la investigación penal preparatoria. Sección 3 Modos alternativos de solución de conflictos ARTÍCULO 33.- Disponibilidad de la acción: El representante del Ministerio Público Fiscal puede disponer de la acción penal pública dentro de los siguientes modos alternativos de solución de conflictos: 1 Criterios de oportunidad; 2 Conversión de la acción; 3 Conciliación; 4 Mediación; 5 Reparación integral del perjuicio; 6 Suspensión del proceso a prueba. La aplicación de los modos alternativos de solución de conflictos puede ser solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal, de oficio o a pedido de parte. Los jueces no pueden otorgar, bajo pena de nulidad, medida alternativa alguna sin que exista acuerdo ex- San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.143
6Boletín Oficial preso previo del representante del Ministerio Público Fiscal y la defensa. ARTÍCULO 34.- Imposibilidad de prescindencia de la acción penal: El representante del Ministerio Público Fiscal no puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado es funcionario público y se le atribuye un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo. Asimismo, no puede prescindir la acción penal cuando aparece como un hecho dentro de un contexto de violencia familiar o cuando es motivada en razones discriminatorias. El Ministerio Público Fiscal no puede celebrar acuerdo alguno con la defensa respecto de medidas alternativas, salvo juicio abreviado, cuando el hecho de que se trate la acción penal se ha cometido con armas, sin importar en el caso de las armas de fuego su aptitud para el disparo. El Ministerio Público Fiscal tampoco puede celebrar acuerdo respecto de medidas alternativas, en los supuestos que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal. ARTÍCULO 35.- Criterios de oportunidad: Los representantes del Ministerio Público Fiscal pueden prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho en los siguientes casos: 1 Cuando se trate de un hecho que, por su insignificancia, por lo exiguo de la contribución del partícipe o por su mínima culpabilidad, no afecte mayormente el interés público, salvo que sea cometido por un funcionario público con abuso de su cargo. 2 En los delitos culposos, cuando el imputado ha sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave, que torne desproporcionada la aplicación de la pena. 3 Cuando la pena que probablemente puede imponerse por el hecho que se trata, carezca de importancia en consideración a la pena ya impuesta o a la que se debe esperar por otros hechos. 4 Cuando el imputado se encuentre afectado por una enfermedad incurable, en estado terminal, según dictamen pericial, o tenga más de setenta 70 años, y no existe mayor compromiso para el interés público. 5 En los casos de lesiones leves, cuando la víctima exprese desinterés en la persecución penal, salvo cuando esté comprometido el interés de un menor de edad. En los casos previstos en los incisos 1 y 2 el imputado debe reparar el daño ocasionado; o firmar un acuerdo de reparación con la víctima o afianzar suficientemente la reparación del daño. El imputado puede plantear ante el Fiscal la aplicación de un criterio de oportunidad fundando su pedido en que se ha aplicado a casos análogos al suyo. ARTÍCULO 36.- Control de la decisión Fiscal: Si se ha decidido que no procede la aplicación de un criterio de oportunidad, de archivo o de desestimación, la decisión no es susceptible de revisión alguna. En los casos previstos en los artículos 33, 34 y 35 la víctima o el querellante particular pueden requerir fundadamente dentro del plazo de tres 3 días su revisión ante el superior del Fiscal. En el mismo plazo, si el Fiscal revisor hace lugar a la pretensión de la víctima, debe disponer fundadamente la continuidad de la investigación; en cuyo caso debe continuar la actuación el Fiscal que lo reemplace conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica del Ministerio Público. ARTÍCULO 37.- Efectos: Si el Fiscal superior confirma la aplicación del criterio de oportunidad se debe declarar extinguida la acción pública con relación a la persona en cuyo favor se decide, sin embargo, la víctima se encuentra habilitada a convertir la acción pública en privada y proceder de acuerdo con lo dispuesto para el juicio por delitos de acción privada, dentro de los sesenta 60 días de comunicada la aplicación del criterio de oportunidad. Pág. 192.144 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
7Boletín Oficial ARTÍCULO 38.- Plazos: Los criterios de oportunidad pueden aplicarse durante todo el proceso y hasta el cierre de la investigación penal preparatoria. ARTÍCULO 39.- Conversión de la acción: A pedido de la víctima o del querellante particular la acción penal pública puede ser convertida en acción privada en los siguientes casos: 1 Si se aplica un criterio de oportunidad; 2 Si se trata de un delito que requiere instancia de parte, o de lesiones culposas, siempre que el representante del Ministerio Público Fiscal lo autorice y no existe un interés público gravemente comprometido. En todos los casos, si existe pluralidad de víctimas, es necesario el consentimiento de todas, aunque sólo una haya ejercido la querella. ARTÍCULO 40.- Conciliación: El imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios hasta la audiencia de control de la acusación, en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existen lesiones gravísimas o resultado de muerte. La conciliación no procede en los siguientes casos: 1 Cuando se trate de delitos sancionados con pena de prisión mayor a seis 6 años en abstracto; 2 Cuando se trate de delitos que exigen para su realización la calidad de funcionario público como sujeto activo o que son cometidos en perjuicio de la administración pública; 3 Cuando la víctima es menor de edad, con excepción de los delitos previstos en las Leyes Nacionales Nº 13.944, y 24.270; 4 Cuando se trate de alguno de los delitos previstos en el Libro Segundo del Código Penal, Título I Capítulo I Delitos contra la vida; Título III Delitos contra la integridad sexual; Título X Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. ARTÍCULO 41.- Procedimiento y efectos de la conciliación: El acuerdo de conciliación se debe presentar ante el Fiscal y si no existe oposición de este, se debe solicitar una audiencia ante el juez para su homologación. En caso de oposición al acuerdo, las partes pueden acudir ante el superior del Fiscal para su revisión. La acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal; hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el incumplimiento del acuerdo, la víctima o el representante del Ministerio Público Fiscal pueden solicitar la reapertura de la investigación. ARTÍCULO 42.- Mediación: A los efectos de lograr un acuerdo conciliatorio, el Fiscal puede, de oficio o a petición de partes, someter el conflicto a mediación, hasta el cierre de la investigación penal preparatoria. En este caso, el Fiscal debe dar intervención a un mediador oficial para la solución del conflicto. El procedimiento de mediación no puede exceder el plazo de treinta 30 días y se rige por los principios de voluntariedad, confidencialidad, celeridad e imparcialidad. ARTÍCULO 43.- Efectos de la mediación: Cuando se arribe a un acuerdo, el mediador oficial a cargo de la mediación lo debe comunicar al Fiscal interviniente dentro del plazo de tres 3 días, acompañando copia del acta respectiva y se reservarán las actuaciones hasta que se acredite el cumplimiento del acuerdo. En caso de cumplimiento del acuerdo, el Fiscal o cualquiera de las partes deben instar el sobreseimiento San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.145
8Boletín Oficial ante el Juez de Control Garantías. Si se incumple el acuerdo, se debe eliminar toda referencia de éste del legajo del Fiscal y del expediente de garantías y no puede ser utilizado como fuente ni como medio de prueba. Si no se llega a un acuerdo, se debe labrar acta con copia para las partes y efectuar la correspondiente comunicación al Fiscal en el plazo de tres 3 días. La derivación del caso a mediación, después de la formalización de la investigación penal preparatoria, suspende el plazo de la investigación, el que sólo se reanuda con el informe de falta de acuerdo o ante el incumplimiento de este por parte del imputado. En el caso en que la víctima dificulte al imputado el cumplimiento del acuerdo, éste puede depositar en consignación la prestación a la que se ha obligado, dentro del mismo proceso penal. ARTÍCULO 44.- Reparación integral del perjuicio: En los casos de los delitos previstos en el Título I Capítulo II Lesiones Leves; Título VI Capítulo I Hurto Simple, Capítulo IV Estafas, Defraudaciones Especiales, Defraudaciones Agravadas, con excepción del Fraude en perjuicio de Administración Pública, Defraudaciones menores, Usura, Capítulo VII Daño Simple; Título XII Capítulo VI Libramiento de cheques sin provisión de fondos del Código Penal, y en los plazos en los que procede la conciliación, la defensa de todo imputado podrá proponer ante el Fiscal del caso el instituto de la reparación integral. Recibido el planteo no existiendo oposición de la víctima al mismo y previo consentimiento expreso del Fiscal, se presentará el acuerdo ante el Juez del caso para su homologación si correspondiere. Si existe oposición de la víctima, en forma infundada o sin razón suficiente, no obsta a que el Fiscal pueda presentar el acuerdo ante el juez para su evaluación y posible homologación. En caso en que existe oposición de la víctima y el Fiscal invoque razones justificadas de interés público prevalente en la persecución penal, no procede de ninguna manera la reparación integral del perjuicio. Ante la oposición del Fiscal el imputado puede ocurrir ante el superior del Fiscal para la revisión de la decisión denegatoria. ARTÍCULO 45.- Contenido y efectos: La resolución que hace lugar a la reparación integral del perjuicio debe contener la propuesta formulada, la opinión de las partes y el criterio objetivo seguido por el juez para establecer que el imputado la cumplirá. El juez debe dictar el sobreseimiento una vez cumplida la obligación asumida por el imputado. Hasta tanto se cumpla la obligación asumida, quedan suspendidos los plazos de duración del proceso penal. Sección 4 Suspensión del proceso a prueba ARTÍCULO 46.- Petición. Oportunidad: Cuando la ley penal lo permita, el imputado o su defensor pueden proponer al Fiscal la suspensión del proceso a prueba. Dicha propuesta puede formularse hasta la finalización de la etapa preparatoria, salvo que se produzca una modificación en la calificación jurídica, durante el transcurso de la audiencia de juicio, que habilite la aplicación en dicha instancia. El acuerdo se debe hacer por escrito, llevar la firma del imputado, su defensor y del Fiscal. En caso de oposición a la propuesta, el imputado o su defensa pueden acudir ante el superior del Fiscal para su revisión. ARTÍCULO 47.- Trámite. Resolución: Si se alcanza un acuerdo para la suspensión del proceso a prueba, se debe celebrar una audiencia ante el juez, a la que se cita a las partes y a la víctima quienes deben debatir sobre las reglas de conducta a imponer al imputado. El Ministerio Público Fiscal no puede celebrar acuerdo alguno con la defensa respecto de las medidas al- Pág. 192.146 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
9Boletín Oficial ternativas, cuando el hecho de que se trate, se hubiere cometido con armas, sin importar en los casos de las armas de fuego, su aptitud para el disparo. Los jueces no podrán otorgar bajo pena de nulidad, medida alternativa alguna sin que exista acuerdo expreso previo del Ministerio Público Fiscal y Defensa. Una vez concluido el tratamiento de la suspensión del proceso a prueba, el juez debe dictar la decisión interlocutoria sobre la suspensión del proceso. En caso de conceder la suspensión, la parte resolutiva de la decisión debe fijar el plazo de prueba y establecer las reglas de conducta que debe cumplir el imputado. En el caso contrario, se debe rechazar la suspensión y ordenar continuar la audiencia. Esta decisión interlocutoria puede ser impugnada. ARTÍCULO 48.- Medidas alternativas. Intervención de la oficina de medidas alternativas: Los jueces y las partes pueden pedir asesoramiento e intervención a la oficina de medidas alternativas OMA, a fin de determinar las normas de conducta adecuadas y demás tareas que el juez considere pertinentes. La resolución que conceda la suspensión del proceso a prueba debe comunicarse a la oficina de medidas alternativas, que ejercerá su control y dejará constancia en forma periódica sobre su cumplimiento y dará noticia al Fiscal y a la defensa de las circunstancias que pudieran originar una modificación del instituto. La víctima tiene derecho a ser informada respecto del cumplimiento de las reglas de conducta. Si en el plazo de prueba dispuesto por la decisión, el imputado no comete nuevo delito, y cumple las reglas impuestas, se debe declarar extinguida la acción penal en su contra. ARTÍCULO 49.- Revocatoria: Si el imputado incumple en forma injustificada las condiciones establecidas en la decisión, la oficina de medidas alternativas informará al representante del Ministerio Público Fiscal el cual debe solicitar a la oficina judicial una audiencia para que las partes expongan sus fundamentos sobre la continuidad, modificación o revocación del proceso a prueba. En casos que se solicite un cambio de tarea o de institución, horarios u otras modificaciones que no alteren de manera sustancial el acuerdo, previo solicitar la opinión al Ministerio Público Fiscal, el juez resolverá inaudita parte. En caso de revocación, el procedimiento continúa de acuerdo con las reglas generales. La suspensión del proceso a prueba también se revoca si el imputado es condenado por un delito cometido durante el plazo de suspensión. Sección 5 Inmunidades Constitucionales ARTÍCULO 50.- Desafuero: Cuando se abre una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal debe seguir adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurre a prestarla el tribunal debe solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnere la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no es separado de su cargo. ARTÍCULO 51.- Presentación espontánea: No es obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.147
10Boletín Oficial quien se le impute la comisión de un delito, por el que se está instruyendo causa, tenga derecho, aun cuando no ha sido indagado, a presentarse ante el Fiscal, aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, pueden serle útiles. ARTÍCULO 52.- Allanamiento a legisladores: No se puede ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara de Diputados. ARTÍCULO 53.- Procedimiento: El tribunal debe solicitar al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando el pedido con las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. Si se deniega el desafuero, la suspensión o remoción, el tribunal debe declarar por auto que no puede proceder a la detención o mantenerla, continuando el proceso penal según su estado. En cualquier caso, rige la suspensión del curso de la prescripción prevista en el Código Penal. En el caso de inmunidad de opinión, prevista en la Constitución Provincial, se debe proceder al rechazo in limine de cualquier pedido de desafuero por no poderse formar causa penal en ningún tiempo. ARTÍCULO 54.- Varios imputados: Cuando se procede contra varios imputados y sólo alguno o algunos de ellos gozan de inmunidades constitucionales, el proceso puede formarse y seguir con respecto a los otros. Sección 6 Excepciones ARTÍCULO 55.- Enumeración: Las partes pueden interponer las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento: 1 Falta de jurisdicción o de competencia. 2 Falta de acción, porque ésta no se puede promover, no fue legalmente promovida, o no puede proseguirse. 3 Extinción de la acción penal o civil. Si concurre más de una excepción, deben interponerse conjuntamente ARTÍCULO 56.- Trámite: Las excepciones se deben deducir oralmente en las audiencias, y por escrito en los casos en que se autorice, ajustadas al trámite de los incidentes, y sin perjuicio de continuarse con la tramitación de la causa, debiendo ofrecerse en su caso, y bajo pena de inadmisibilidad, las pruebas que justifiquen los hechos en que se basen las excepciones. De las excepciones deducidas, se corre traslado al Ministerio Público Fiscal y a las otras partes interesadas. La parte que ha deducido excepciones toma a su cargo la producción de las pruebas en la audiencia y el tribunal debe resolver únicamente con las que se presenten. ARTÍCULO 57.- Efectos: Cuando se dé lugar a la falta de jurisdicción o de competencia, el juez debe remitir las actuaciones al tribunal correspondiente y se ponen a su disposición los detenidos que hubiere. Si se admite la excepción de falta de acción, los autos se deben archivar salvo que el proceso penal pueda proseguir respecto de otro imputado. En ese caso la decisión sólo desplaza del proceso penal a quien afecte. Cuando se admita la excepción de extinción de la acción penal o de la acción civil, se debe decretar el sobreseimiento y ordenar la libertad del imputado que se encuentre detenido, o rechazar la demanda, según corresponda. ARTÍCULO 58.- Recurso: El auto que resuelve la excepción es impugnable. Pág. 192.148 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
11Boletín Oficial Capítulo 2 Acción civil ARTÍCULO 59.- Titulares: La acción civil para la restitución de la cosa obtenida por el delito y la indemnización del daño causado por éste, puede ser ejercida sólo por el damnificado directo, aunque no sea la víctima, o sus herederos forzosos, o por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra el autor, los partícipes y, en su caso, contra el civilmente responsable, ante el mismo tribunal en que se promueve la acción penal. ARTÍCULO 60.- Casos en que la Provincia es parte: La acción civil puede ser ejercida por la Fiscalía de Estado cuando la Provincia resulte perjudicada por el delito. ARTÍCULO 61.- Ejercicio por el Ministerio Público: La acción civil es ejercida: 1 Por el Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia e Incapaces cuando su titular es menor de edad o incapaz y no tienen quien los represente. 2 Por el Defensor Oficial cuando el titular de la acción carece de recursos y le delegue su ejercicio. La delegación debe constar en un acta que contiene los datos personales del delegante y que vale como poder especial. ARTÍCULO 62.- Oportunidad: La acción civil sólo puede ser ejercida en el proceso mientras esté pendiente la acción penal. La competencia del tribunal penal para conocer de la acción civil depende de la subsistencia de la acción penal. La absolución del acusado no impide al tribunal penal pronunciarse sobre la acción civil. ARTÍCULO 63.- Ejercicio posterior: Si la acción penal no puede proseguir en virtud de causa legal, la acción civil puede ser ejercida en sede civil. Título III El juez Capítulo 1 Jurisdicción ARTÍCULO 64.- Naturaleza y extensión: La jurisdicción penal se ejerce por los jueces y tribunales que la Constitución Provincial y la ley instituyen; es improrrogable y se extiende al conocimiento de los hechos delictivos cometidos en el territorio de la provincia, excepto los de jurisdicción federal o militar. ARTÍCULO 65.- Jurisdicciones especiales. Prioridad de juzgamiento: Si a una persona se le imputa un delito de jurisdicción provincial y otro de jurisdicción federal o militar, el orden de juzgamiento se rige por la ley nacional. No obstante, el proceso de jurisdicción provincial se puede sustanciar simultáneamente con el jurisdicción federal o militar, siempre que no se obstaculice el ejercicio de las respectivas jurisdicciones o la defensa del imputado. ARTÍCULO 66.- Jurisdicciones comunes. Prioridad de juzgamiento: Si a una persona se le imputa un delito de jurisdicción de la provincia de San Juan y otro de jurisdicción de la Capital de la República o de otra provincia, debe ser juzgado primero en San Juan, si el delito imputado en ella es de mayor gravedad, o siendo éste igual, es de fecha de comisión anterior. Pero el tribunal, si lo estima conveniente, puede suspender el trámite del proceso penal o diferir su decisión hasta después que se pronuncie la otra jurisdicción. ARTÍCULO 67.- Delitos conexos: En el caso de los delitos conexos rigen los artículos 65 y 66, de acuerdo a cada caso. ARTÍCULO 68.- Unificación de penas: Cuando una persona es condenada en diversas jurisdicciones y corresponde unificar las penas, conforme a lo dispuesto por el Código Penal, el tribunal debe solicitar o remitir copia de San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.149
12Boletín Oficial la sentencia, según haya dictado la pena mayor o la menor. El condenado debe cumplir la pena en la provincia de San Juan, cuando en ésta se disponga la unificación, salvo que la ley autorice lo contrario. Capítulo 2 Competencia Sección 1 Competencia material ARTÍCULO 69.- Competencia de la Corte de Justicia: La Corte de Justicia conoce y juzga: 1 En pleno: a De las cuestiones de competencia entre tribunales de distintas circunscripciones y entre jurisdicciones de distinta naturaleza. b Pronunciamiento plenario. c En los demás casos que la ley establezca. 2 Sala en lo Penal: a De los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión. b De los recursos de queja por denegación o retardo de justicia de los tribunales inferiores. c En los demás casos que la ley establezca. ARTÍCULO 70.- Competencia del Tribunal de Impugnaciones: El Tribunal de Impugnaciones es competente para conocer: 1 Las impugnaciones ordinarias. 2 Las quejas por recursos denegados deducidos contra aquellas. 3 Las recusaciones y excusaciones de sus miembros, de los jueces del colegio de jueces, de los jueces de flagrancia y de los jueces de ejecución. 4 El contralor de la prórroga de la prisión preventiva, dispuesto por los jueces de control de garantías o tribunales de juicio. 5 Los demás casos que este Código contempla. ARTÍCULO 71.- Competencia de los Tribunales de Juicio: Los Tribunales de Juicio a través de su integración unipersonal, colegiado o por jurados populares son competentes para conocer y juzgar de acuerdo con las reglas del juicio común, en los siguientes casos: 1 Salas unipersonales: a De los delitos de acción privada; b De delitos culposos; c De todos aquellos delitos dolosos que no son reprimidos con pena privativa de libertad; d De aquellos delitos dolosos reprimidos con pena privativa de libertad, cuando el Fiscal pretende una pena privativa de libertad de hasta diez 10 años en oportunidad de formular acusación, o de acordar el trámite de juicio abreviado. 2 Tribunales colegiados: Se integran por tres 3 jueces y conocen de la sustanciación del juicio: a En los demás delitos, siempre que no se trate de aquellos atribuidos para ser juzgados por salas unipersonales o por jurados populares. b En los delitos atribuidos a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones como autores, par- Pág. 192.150 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
13Boletín Oficial tícipes o encubridores, o en los que resulta perjudicado el patrimonio de la Administración Pública, el Fiscal puede pedir que el juicio se realice ante un tribunal colegiado. ARTÍCULO 72.- Juez de Control de Garantías: Los Jueces de Control de Garantías son competentes para conocer: 1 De la investigación penal preparatoria, de las garantías y de todas las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deben tomar durante la etapa preparatoria. El juez que primero previniera continúa entendiendo en la investigación; 2 De la revisión en contra de las decisiones adoptadas durante la etapa preparatoria; 3 De los juicios penales; 4 De las acciones de hábeas corpus. ARTÍCULO 73.- Juez de Flagrancia: Los Jueces de Flagrancia son competentes para conocer y juzgar en los supuestos de flagrancia. ARTÍCULO 74.- Juez de Ejecución: Los Jueces de Ejecución son competentes para conocer: 1 Controlar que se respeten las garantías constitucionales en el trato otorgado a los condenados y a las personas sometidas a medidas de seguridad. 2 Controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias condenatorias dictadas por los Tribunales de Juicio y Jueces Penales, con excepción de la ejecución civil. 3 Controlar la ejecución de las medidas de seguridad impuestas a inimputables mayores de edad. 4 Conocer en las cuestiones suscitadas en la etapa de ejecución, con excepción de los relacionados a la unificación de penas, la revocación de la condena de ejecución condicional por la comisión de un nuevo delito. 5 Controlar el cumplimiento, por parte del imputado o condenado, de las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de libertad condicional y condena de ejecución condicional, en coordinación con la Dirección de Protección al Preso, Liberado y Excarcelado. 6 Conocer en las peticiones que presenten los condenados a penas privativas de libertad, con motivo de beneficios contemplados por la legislación de ejecución penitenciaria. 7 Conocer en los recursos contra las sanciones disciplinarias impuestas por la autoridad penitenciaria. 8 En los demás casos que la ley establezca. ARTÍCULO 75.- Juez de Paz: Los Jueces de Paz, con excepción de los departamentos de Capital, Rivadavia, Rawson, Chimbas, Santa Lucía y Jáchal son competentes, a requerimiento del Fiscal, cuando la investigación no admite demora, cuando no es posible lograr la intervención inmediata del juez competente, y cuando en el territorio de su jurisdicción no tiene asiento de su despacho un Juez de Control de Garantías, para intervenir en: 1 Las medidas de coerción y cautelares. 2 Las medidas probatorias, en los casos en que esta ley lo autoriza. 3 La disposición y control de las demás diligencias iniciales de la investigación penal preparatoria que no admiten demora. Cumplidas las medidas, continúa interviniendo el Juez de Control Garantías que corresponde, cesando la actuación del Juez de Paz. El imputado y su defensor dentro de las veinticuatro 24 horas pueden provocar la revisión de las medidas de coerción que han sido impuestas por el Juez de Paz, en una audiencia que se debe llevar a cabo en un plazo San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.151
14Boletín Oficial no superior a las cuarenta y ocho 48 horas, ante un tribunal integrado por dos Jueces Penales distintos al competente. En caso de discrepancia entre estos últimos, prevalece el criterio que concuerde con la decisión adoptada por el Juez de Paz. ARTÍCULO 76.- Colegios de Jueces: Los Colegios de Jueces estarán integrados por todos los jueces, salvo los que integran la Corte de Justicia, los Tribunales de Impugnaciones, los Jueces de Flagrancia, los Jueces de Ejecución y los Jueces de Paz Letrado. La Ley Orgánica debe establecer el número y forma de integración de los colegios para toda la Provincia. ARTÍCULO 77.- Oficina Judicial: Los jueces son asistidos por una Oficina Judicial cuya composición y funcionamiento es establecido por la Corte de Justicia. El responsable de la Oficina Judicial debe: 1 Organizar las audiencias; 2 Dictar las resoluciones de mero trámite; 3 Ordenar las comunicaciones y emplazamientos; 4 Disponer la custodia de objetos secuestrados en los casos que corresponda; 5 Llevar los registros y estadísticas; 6 Dirigir al personal auxiliar; 7 informar a las partes y colaborar en todos los trabajos materiales que el juez o el tribunal le indiquen. El responsable de la Oficina Judicial debe procurar que se fijen las audiencias en el menor tiempo posible. Está prohibida la delegación de tareas jurisdiccionales en los integrantes de la Oficina Judicial. Sección 2 Competencia territorial ARTÍCULO 78.- Reglas generales: Es competente el juez o tribunal del lugar en el que el hecho delictivo se cometió. En caso de tentativa, el del lugar donde se cumplió el último acto de ejecución; en caso de delito continuado o permanente, el de aquél donde comenzó a ejecutarse. ARTÍCULO 79.- Regla subsidiaria: Si es desconocido o dudoso el lugar donde se cometió el hecho delictivo, es competente el tribunal que ha prevenido en la causa. ARTÍCULO 80.- Declaración de incompetencia territorial: En cualquier estado del proceso penal, el juez que reconoce su incompetencia territorial debe remitir la causa al juez competente y poner a su disposición los detenidos y efectos que existen, sin perjuicio de autorizar los actos urgentes de investigación que le sean requeridos. No obstante, la competencia territorial no puede ser objetada ni modificada de oficio una vez fijada la audiencia de debate. ARTÍCULO 81.- Falta de declaración de incompetencia territorial: La inobservancia de las reglas sobre competencia territorial sólo produce la nulidad de los actos de investigación cumplidos después que se ha declarado la incompetencia territorial. Sección 3 Competencia por conexión ARTÍCULO 82.- Casos de conexión: Las causas son conexas: 1 Si los delitos imputados son cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque lo sea en distintos lugares o tiempo, cuando ha mediado acuerdo entre ellas. Pág. 192.152 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
15Boletín Oficial 2 Si un delito es cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro o para procurar al culpable o a otros el provecho o la impunidad. 3 Cuando a una persona se le imputan varios delitos. ARTÍCULO 83.- Reglas de conexión: Cuando se sustancien causas conexas por delitos de acción pública y jurisdicción provincial, aquéllas deben acumularse y es juez competente: 1 Aquél a quien corresponde el delito más grave. 2 Si los delitos son reprimidos con la misma pena, el competente para juzgar el delito que se cometió primero. 3 Si los delitos son simultáneos, o no consta debidamente cuál se cometió primero, el juez que ha procedido a la detención del imputado o, en su defecto, el que ha prevenido. El órgano judicial que debe resolver las cuestiones de competencia debe tener en cuenta la mejor y más pronta administración de justicia. La acumulación de causas no obsta a que se puedan tramitar por separado las distintas actuaciones. ARTÍCULO 84.- Excepción a las reglas de conexión: No procede la acumulación de causas cuando este procedimiento determine un grave retardo para alguna de ellas, aunque en todos los procesos deba intervenir un solo juez. Capítulo 3 Relaciones jurisdiccionales Sección 1 Cuestiones de competencia y jurisdicción ARTÍCULO 85.- Juez competente: Siempre que dos 2 jueces o tribunales se declaren simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho delictivo, el conflicto debe ser resuelto por la Corte de Justicia. ARTÍCULO 86.- Promoción: El Ministerio Público Fiscal y las partes pueden promover la cuestión de competencia, por inhibitoria ante el tribunal que consideren competente o por declinatoria ante el tribunal que consideren incompetente. El que opta por uno de estos medios no puede abandonarlo y recurrir al otro, ni emplearlos simultánea o sucesivamente. Al plantear la cuestión, quien la promueve debe manifestar, bajo pena de inadmisibilidad, que no ha empleado el otro medio, y si resulta lo contrario, debe ser condenado en costas, aunque aquella sea resuelta a su favor o abandonada. Si se emplean los dos medios y se llega a decisiones contradictorias, prevalece la que se dictó primero. ARTÍCULO 87.- Oportunidad: Las cuestiones de competencia pueden ser promovidas en cualquier estado de la investigación penal preparatoria y hasta antes de fijada la audiencia de debate. ARTÍCULO 88.- Procedimiento de la inhibitoria: Cuando se promueve la inhibitoria se deben observar las siguientes reglas: 1 El tribunal ante quien se propone la inhibitoria debe resolverla dentro del tercer día, previa audiencia a la que son convocados el Ministerio Público Fiscal y las partes. San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.153
16Boletín Oficial 2 Cuando se deniegue el requerimiento de inhibición, la resolución es impugnable ante el tribunal inmediato superior. 3 Cuando se resuelva librar exhorto inhibitorio, con él se deben acompañar las piezas necesarias para fundar la competencia. 4 El tribunal requerido, cuando reciba el exhorto de inhibición, debe resolver previa audiencia a la que serán convocados el Ministerio Público y a las partes. Cuando haga lugar a la inhibitoria, su resolución es impugnable conforme al inciso 2 y en tal caso, los autos deben ser remitidos oportunamente al tribunal que la propuso, poniendo a su disposición al imputado y los elementos de convicción que existen. 5 Si se niega la inhibición, el auto debe ser comunicado al tribunal que la hubiere propuesto, en la forma prevista en el inciso 4 y se le debe pedir que conteste si reconoce la competencia o, en caso contrario, que remita los antecedentes a la Corte de Justicia. 6 Recibido el oficio expresado anteriormente, el tribunal que propuso la inhibitoria debe resolver en el término de tres 3 días y sin más trámites si sostiene o no su competencia. En el primer caso se remiten los antecedentes a la Corte de Justicia y se lo comunicará al tribunal requerido para que haga lo mismo con el expediente; en el segundo, se lo comunica al competente remitiéndole todo lo actuado. 7 El conflicto debe ser resuelto dentro de tres 3 días, previa vista por igual término al Ministerio Fiscal, remitiéndose de inmediato la causa al tribunal competente. ARTÍCULO 89.- Procedimiento de la declinatoria: La declinatoria se sustancia en la forma establecida para las excepciones de previo y especial pronunciamiento. ARTÍCULO 90.- Efectos: Las cuestiones de competencia no suspenden la investigación penal preparatoria, que es continuada: 1 Por el tribunal que primero conoció en la causa. 2 Si dos 2 tribunales han tomado conocimiento de la causa en la misma fecha, por el requerido de inhibición. Las cuestiones de competencia propuestas antes de la fijación de la audiencia de debate suspenden el proceso penal hasta la decisión del incidente, sin perjuicio de que el tribunal haga lugar al anticipo de prueba previsto por este Código. ARTÍCULO 91.- Validez de los actos practicados: Los actos de la investigación penal preparatoria practicados hasta la decisión de la competencia son válidos, pero el tribunal al que corresponde el proceso penal puede ordenar su ratificación o ampliación. ARTÍCULO 92.- Cuestiones de jurisdicción: Las cuestiones de jurisdicción con tribunales federales, nacionales, militares, de la Capital de la República o de otras provincias, deben ser resueltas conforme a lo dispuesto anteriormente para las cuestiones de competencia, con arreglo a la ley nacional o tratados interprovinciales que existen. Sección 2 Extradición y reglas de cooperación judicial ARTÍCULO 93.- Extradición solicitada a jueces del país: Cuando un representante del Ministerio Público Fiscal o un juez solicita a otro juez del país la extradición de un imputado o condenado por un delito, con el exhorto de extradición se debe remitir, según corresponda, copia de la orden de detención, de las actuaciones pertinentes y de los Pág. 192.154 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
17Boletín Oficial documentos necesarios para comprobar la identidad del requerido, y los recaudos exigidos por la ley o convenios vigentes en la materia. ARTÍCULO 94.- Extradición solicitada a jueces extranjeros: Si el imputado o condenado se encuentra en territorio extranjero, la extradición se debe tramitar por vía diplomática con arreglo a la cooperación internacional que se rige por los tratados existentes, a las leyes nacionales o al principio de reciprocidad. ARTÍCULO 95.- Extradición solicitada por otros jueces: Las solicitudes de extradición efectuadas por otros tribunales deben ser diligenciadas inmediatamente previa vista por el plazo de veinticuatro 24 horas al Ministerio Público Fiscal siempre que reúnan los requisitos del artículo 93. Cuando se procede a la detención de una persona, ésta debe ser notificada por escrito en el momento en que se haga efectiva la medida, de la causa de esta, autoridad que la dispuso y lugar donde será conducida, dejándosele copia de la orden y del acta labrada, a más de darse cuenta dentro de las veinticuatro 24 horas a un familiar del detenido o a quien éste indique a los efectos de su defensa. Si el imputado o condenado es detenido, verificada su identidad y si la solicitud de extradición es procedente, debe ser puesto sin demora a disposición del tribunal requirente. Sin perjuicio de ello, se le permite al detenido que personalmente o por intermedio del defensor aporte las pruebas que a su juicio pueden ser útiles, las que deben ser valoradas por el juez exhortante. La solicitud de extradición que se efectúa por el representante del Ministerio Público Fiscal o jueces de otras jurisdicciones debe ser diligenciada por el juez del domicilio del requerido o por aquel a cuya disposición se encuentre. Capítulo 4 Excusación y recusación ARTÍCULO 96.- Excusación. Motivos: El juez debe excusarse del conocimiento de la causa: 1 Si intervino en la causa como acusador, defensor, representante, perito o consultor técnico; 2 Si denunció el hecho delictivo o lo conoció como testigo, o si dio recomendaciones o emitió opinión sobre la causa fuera del procedimiento; 3 Si intervino durante la investigación penal preparatoria o en el procedimiento de control de la acusación, no puede intervenir en el juicio; si pronunció la decisión impugnada no puede intervenir en el procedimiento que sustancia la impugnación, ni en su decisión, salvo el caso de la revocatoria; 4 Si en el caso intervino o interviene su cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, y segundo de afinidad, quien ha sido su tutor, curador o guardador o quien está o ha estado bajo su tutela, curatela o guarda; 5 Si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso 4 se encuentran interesadas en el caso o tienen juicio pendiente, comunidad o sociedad con alguno de los interesados, salvo que se trate de una sociedad anónima cuyas acciones coticen en el mercado de valores o de entidades civiles abiertas o amplias; 6 Si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso 4 recibieron o reciben beneficios de importancia o si, después de comenzado el procedimiento, el juez ha recibido presentes o dádivas de alguno de los interesados, aunque fuesen de escaso valor; 7 Si él o alguna de las personas mencionadas en el inciso 4 son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se trate de instituciones estatales o de entidades financieras. 8 Si antes de iniciado el procedimiento tuvo amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.155
18Boletín Oficial interesados, si denunció o acusó a alguno de ellos o fue acusado o denunciado por alguno de ellos, incluso conforme al procedimiento para el desafuero o la destitución, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos; 9 Si median circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia o imparcialidad. El juez comprendido en alguno de los motivos contenidos en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, debe denunciarlos inmediatamente, ni bien conozca su situación respecto de la causa, y apartarse del conocimiento y decisión del proceso penal respectivo. En el supuesto del inciso 8, el juez, a su exclusivo criterio, puede omitir apartarse, sin perjuicio de informar a los intervinientes sobre la situación en que se halla. ARTÍCULO 97.- Interesados: A los fines de la excusación, se consideran interesados al imputado, a la víctima y a quienes pueden intervenir en el proceso penal, aunque no se hayan constituido en parte. ARTÍCULO 98.- Trámite de la excusación:El juez que se excuse debe remitir las actuaciones de excusación, por resolución fundada, a quien debe reemplazarlo. Éste debe proseguir el curso inmediato del proceso penal y disponer el trámite a seguir, sin perjuicio de remitir los antecedentes al Tribunal de Impugnaciones, si estima que la excusación no tiene fundamento. La cuestión debe ser resuelta sin más trámite. ARTÍCULO 99.- Recusación. Principio: Las partes pueden recusar al juez si invocan alguno de los motivos previstos para la excusación. La decisión de la excusación no impide el trámite de la recusación por los mismos motivos. ARTÍCULO 100.- Trámite de la recusación: Al formularse la recusación se deben indicar por escrito, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos y los elementos de prueba pertinentes. La recusación se debe formular dentro del plazo de tres 3 días de conocerse los motivos en que se funda, salvo que se adviertan durante las audiencias, en cuyo caso debe plantearse en ese mismo acto, y ser sustanciada y resuelta en audiencia. Si el juez admite la recusación, debe aplicar el procedimiento previsto para la excusación. En caso contrario, debe remitir el escrito de recusación y lo resuelto al juez con funciones de revisión, quien debe resolver lo planteado dentro del plazo de tres 3 días, y las actuaciones a quien debe reemplazarlo. Si el juez integra un tribunal colegiado, debe pedir el rechazo de la recusación a los restantes miembros. Si se rechaza la recusación se debe hacer saber la resolución al subrogante y al juez recusado, quien en adelante puede intervenir en el proceso penal. ARTÍCULO 101.- Tiempo y forma: La recusación se debe interponer, para ser admisible, en las siguientes oportunidades: 1 Durante la investigación penal preparatoria: hasta la audiencia de control de la acusación. 2 En el juicio común: hasta la oportunidad en que se citan a todas las partes intervinientes. 3 En las impugnaciones: en el momento de deducirlas, mencionando los miembros alcanzados por la recusación. La recusación que se funde en un motivo producido o conocido después de las oportunidades fijadas debe ser deducida, para ser admisible, dentro de las veinticuatro 24 horas de producido o conocido el motivo, explicando esta circunstancia. Además, en caso de ulterior integración del órgano jurisdiccional, rige el mismo plazo, a partir del momento en que se conozca esa nueva integración. ARTÍCULO 102.- Efectos de la excusación y recusación: Producida la excusación o aceptada la recusación, el juez excusado o recusado no puede realizar en el proceso penal ningún acto. Aunque posteriormente desaparezcan los mo- Pág. 192.156 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
19Boletín Oficial tivos que determinan la excusación o recusación, la intervención de los nuevos jueces es definitiva. ARTÍCULO 103.- Excusación y recusación de funcionarios:Los funcionarios deben excusarse y pueden ser recusados por los mismos motivos contemplados en los casos de los jueces. El juez ante el cual actúa debe averiguar sumariamente el hecho y resolver motivadamente lo que corresponda, sin impugnación alguna. Título IV Ministerio Público Fiscal Capítulo 1 Funciones y formas de actuación ARTÍCULO 104.- Funciones: El Ministerio Público Fiscal promueve y ejerce la acción penal pública. Dirige el cuerpo de investigadores fiscales y practica la investigación penal preparatoria. Es responsable de la iniciativa probatoria tendiente a descubrir la verdad sobre los extremos de la imputación delictiva. Es deber de los fiscales adoptar o requerir las medidas necesarias para proteger a las víctimas de los delitos, favorecer su intervención en el proceso penal y evitar o disminuir cualquier perjuicio que se puede derivar de su intervención. La distribución de las funciones de los miembros del Ministerio Público Fiscal se realiza de conformidad a las normas que regulan su ejercicio y por resolución del Fiscal General de la Corte de Justicia. ARTÍCULO 105.- Formas de actuación: En el ejercicio de su función el Ministerio Público Fiscal debe ajustar sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal y por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconoce la Constitución Nacional, los Instrumentos Internacionales y la Constitución de la Provincia de San Juan. Debe investigar el hecho punible y las circunstancias que permiten comprobar la imputación, así como las que sirven para eximir responsabilidad al imputado; también debe formular sus requerimientos e instancias conforme a este criterio. El Fiscal debe hacer conocer a la defensa, toda la prueba de cargo y de descargo que se ha reunido o conocido durante el proceso penal. ARTÍCULO 106.- Deber de motivación. Actuación oral y escrita: Los representantes del Ministerio Público Fiscal deben emitir sus dictámenes y resoluciones de manera fundada cuando la ley lo exija, bajo sanción de nulidad. Asimismo, deben formular sus requerimientos de manera motivada y específicamente, bajo sanción de inadmisibilidad. Los representantes del Ministerio Público proceden oralmente en los debates y audiencias en que así corresponda y por escrito en los demás casos. ARTÍCULO 107.- Ámbito de actuación: El Fiscal General de la Corte de Justicia debe establecer, según las necesidades del servicio, las competencias territoriales, materiales y el orden de turnos de los miembros del Ministerio Público Fiscal, bajo los principios de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La competencia material se divide en razón de las necesidades de cada circunscripción, y tiende a buscar la especialización en la persecución penal. La competencia territorial de las fiscalías puede abarcar una o más circunscripciones, departamentos, distritos o localidades conforme lo exija el mejor funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Por la misma razón en los casos en que se estime necesario se puede trasladar temporalmente una fiscalía para cubrir los requerimientos de la eficacia en la persecución penal. San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.157
20Boletín Oficial Capítulo 2 Competencia ARTÍCULO 108.- Competencia del Fiscal General de la Corte de Justicia: Además de las funciones y atribuciones acordadas por la ley Orgánica del Ministerio Público y demás leyes, el Fiscal General de la Corte de Justicia actúa en los recursos deducidos ante la Corte de Justicia. ARTÍCULO 109.- Competencia del Fiscal Coordinador: Dirige, coordina y supervisa las tareas de los miembros del Ministerio Público Fiscal, por delegación del Fiscal General de la Corte de Justicia y según la reglamentación que se dicte. Puede, asimismo, coadyuvar con los fiscales de la causa cuando sea necesario. ARTÍCULO 110.- Competencia del Fiscal de Impugnación: El Fiscal de Impugnación actúa en los siguientes casos: 1 Ante el Tribunal de Impugnaciones en los recursos interpuestos contra sentencias definitivas dictadas por los tribunales de juicio. 2 Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal de Impugnación actúa en los demás casos que interviene al Tribunal de Impugnaciones. 3 En todo otro caso que se determine por resolución del Fiscal General de la Corte de Justicia. ARTÍCULO 111.- Competencia del Fiscal Penal: El Fiscal Penal tiene las siguientes facultades: 1 Dirige, por si o por intermedio de los ayudantes fiscales; 2 Practica y hacer practicar la investigación penal preparatoria; 3 Actúa en las audiencias por ante el Juez de Control de Garantías; 4 Actúa en juicio en todos los procesos contra personas mayores; 5 Vigila la estricta observancia del orden legal en materia de competencia, en el cumplimiento de las reglas de procedimiento y en cuanto a las normas que regulan la restricción de la libertad personal; 6 Contesta las vistas o traslados que se le corren; 7 Requiere de los jueces de Control de Garantías y del Tribunal de Juicio el activo despacho de los procedimientos penales en los que interviene, deduciendo los reclamos pertinentes; 8 Concurre a los lugares de detención cuando lo estime conveniente y en cumplimiento de las disposiciones reglamentarias respectivas. 9 Ordena a la policía en función judicial y a otras fuerzas de seguridad la realización de los actos necesarios y ejerce las facultades pertinentes que este Código y la Ley Orgánica del Ministerio Público le atribuyen. 10 Toda otra función que se indique por resolución del Fiscal General de la Corte de Justicia. ARTÍCULO 112.- Competencia del Fiscal de Flagrancia: Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal de Flagrancia actúa, por si o por intermedio del Ayudante Fiscal según la reglamentación dada por el Fiscal General de la Corte de Justicia. Esta actuación se hace por ante el Juez de Flagrancia. ARTÍCULO 113.- Competencia del Fiscal de Ejecución: Además de las funciones acordadas por la ley, el Fiscal de Ejecución actúa por ante el Juez de Ejecución. ARTÍCULO 114.- Ayudante Fiscal: Ejerce las funciones que le competen al Ministerio Público Fiscal, salvo la disponibilidad de la acción penal, según la reglamentación que dicte la Fiscalía General de la Corte de Justicia. Pág. 192.158 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
21Boletín Oficial Capítulo 3 Excusación y recusación ARTÍCULO 115.- Excusación y recusación de los miembros del Ministerio Público Fiscal: Los miembros del Ministerio Público Fiscal deben excusarse y pueden ser recusados por los mismos motivos establecidos respecto a los jueces, con excepción de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 96. La excusación y la recusación son resueltas por el Fiscal superior, que indique por resolución la Fiscalía General de la Corte de Justicia. Quien recusa puede pedir la revisión de esa decisión por el tribunal ante el cual actúe el funcionario. Cuando la excusación o recusación se refieren al Fiscal General de la Corte de Justicia, la debe resolver la Corte de Justicia. La recusación se resuelve, en todos los casos, en audiencia oral con intervención de todas las partes. La audiencia no se suspende en caso de ausencia injustificada de alguna de las partes. ARTÍCULO 116.- Excusación y recusación de funcionarios del Ministerio Público Fiscal: Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal deben excusarse y pueden ser recusados por los mismos motivos contemplados para los miembros del Ministerio Público Fiscal. El juez ante el cual actúa debe averiguar sumariamente el hecho y resolver motivadamente lo que corresponda, sin impugnación alguna. Capítulo 4 Policía en función judicial ARTÍCULO 117.- Deberes: La policía en función judicial debe: 1 Recibir denuncias; 2 Entrevistar a los testigos; 3 Resguardar el lugar del hecho delictivo y cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados; 4 Incautar los documentos y todo elemento material que pueda servir a la investigación, cuando les esté permitido; 5 Custodiar los elementos secuestrados, dejando debida constancia de las medidas adoptadas con el objeto de preservar la cadena de custodia; 6 Hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video filmaciones, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la investigación; 7 Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y partícipes del delito, dispuestas por el representante del Ministerio Público Fiscal; 8 Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado; 9 Prestar auxilio a las víctimas y proteger a los testigos; 10 Reunir toda la información de urgencia que puede ser útil al representante del Ministerio Público Fiscal; 11 Efectuar el arresto, detención o incomunicación de personas en los casos autorizados, informándoles sus derechos en forma inmediata y comprensible; 12 Ejecutar allanamientos y requisas cuando les esté permitido. ARTÍCULO 118.- Coordinación con fuerzas de seguridad: El Ministerio Público Fiscal debe emitir las instrucciones generales necesarias para coordinar la labor de la policía en función judicial y las demás fuerzas de seguridad, a fin de lograr la mayor eficacia en la investigación de los delitos. San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.159
22Boletín Oficial El Ministerio Público Fiscal, de oficio o a pedido de parte, debe apartar a las fuerzas de seguridad que interviene en la investigación cuando, de los hechos investigados o de sus circunstancias, surja que sus miembros pueden estar involucrados como autores o partícipes. ARTÍCULO 119.- Otros preventores: Cuando con motivo de la comisión de un delito interviene inmediatamente la policía administrativa o cualquier otra autoridad pública que realice actos de policía en el ámbito de sus respectivas competencias, se debe redactar un acta en la que se hace constar, con la mayor exactitud posible, todas las diligencias útiles que se practicaron. Previa lectura, el acta debe ser firmada por el oficial público y en lo posible, por todas las personas que han intervenido y debe ser remitida inmediatamente a la policía en función Judicial. Título V Sujetos procesales y demás intervinientes Capítulo 1 El imputado ARTÍCULO 120.- Calidad de imputado: Se denomina imputado a toda persona señalada o indicada formalmente o de cualquier otra manera como autor o partícipe de un delito, mediante cualquier acto de procedimiento o medida de coerción dispuesta por el juez, el Fiscal o la policía en función judicial. ARTÍCULO 121.- Derechos del imputado: Desde la primera diligencia que se realice, a todo imputado se le deben asegurar las garantías necesarias para su defensa, debiendo la policía, el Fiscal y los jueces, comunicarle de manera inmediata y comprensible que le asisten los siguientes derechos: 1 A ser informado de las razones de su aprehensión o detención y la autoridad que la ha ordenado. Se le debe entregar, si existe, copia de la orden judicial emitida en su contra. Además, le asiste el derecho de ser conducido ante el Juez de Control de Garantías dentro de las setenta y dos 72 horas para que decida sobre la legalidad de la detención; 2 A pedir que su aprehensión o detención sea comunicada en forma inmediata a un pariente o persona de su confianza; si el imputado ejerce este derecho, se debe dejar constancia de la producción del aviso y del resultado obtenido; si el aprehendido o detenido es extranjero se le debe informar que puede pedir que su situación sea comunicada al representante diplomático del Estado de su nacionalidad, a quien también se le debe hacer saber, si corresponde, su interés en ser entrevistado; 3 A guardar silencio, sin que ello pueda ser valorado como una admisión de los hechos o como indicio de culpabilidad; 4 A ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor de su elección o por uno propuesto por una persona de su confianza, o en su defecto, por un defensor público; 5 A entrevistarse con su defensor en forma libre, privada y confidencial, en particular en la oportunidad previa a la realización de cualquier acto que requiere su intervención; 6 A declarar cuantas veces quiera, con la presencia de su defensor, lo que se le debe hacer saber cada vez que manifieste su deseo de hacerlo; y si se encuentra detenido, dentro de las setenta y dos 72 horas de efectivizada la medida; 7 A presentarse ante el representante del Ministerio Público Fiscal, para que se le informe sobre los hechos que se le imputan; 8 A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad; Pág. 192.160 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
23Boletín Oficial 9 A que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio el juez o el representante del Ministerio Público Fiscal consideren necesarias; 10 A acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia de la existencia del proceso penal, salvo que se trate de actuaciones de carácter reservado. En todos casos se debe dejar constancia fehaciente del cumplimiento del deber de información. Los derechos que la ley acuerda al imputado puede hacerlos valer, hasta la terminación del proceso penal. ARTÍCULO 122.- Presentación espontánea: La persona de quien se sospecha que ha participado en el hecho delictivo de una causa penal tiene derecho, antes de ser dispuesta su declaración como imputado, a presentarse al Fiscal, personalmente o por escrito, por sí o por intermedio de un defensor, aclarando los hechos e indicando las pruebas que a su juicio son pertinentes y útiles. ARTÍCULO 123.- Identificación: Desde el primer acto en que intervenga el imputado debe ser identificado por sus datos personales, biométricos o genéticos, señas particulares y fotografías por medio de la oficina técnica respectiva. Si se abstiene de proporcionar esos datos o se presume que lo hace falsamente, se lo debe identificar por testigos o por otros medios útiles, aún en contra de su voluntad. En caso de oposición a la individualización dactiloscópica, el Juez de Control de Garantías debe ordenar, a pedido del Fiscal, la realización compulsiva si es necesario. La duda sobre los datos obtenidos no altera el curso del proceso penal y los errores sobre ellos pueden ser corregidos en cualquier oportunidad. ARTÍCULO 124.- Domicilio: El imputado debe denunciar su domicilio real y fijar domicilio legal dentro del radio del tribunal. Debe mantener actualizados sus domicilios y comunicar cualquier variación al Ministerio Público Fiscal y al tribunal, según el caso. La falsedad de su domicilio real así como la omisión inexcusable del informe de las variaciones es considerada como indicio de fuga. Son válidas las notificaciones dirigidas al domicilio legal. En caso de encontrarse privado de libertad su notificación se debe efectuar en el lugar donde se encuentra alojado. Si el imputado no constituye domicilio dentro del radio del tribunal, se debe tener por tal el del defensor. ARTÍCULO 125.- Certificación de antecedentes: Previo a que se decida sobre la libertad, y antes de la celebración de la audiencia de debate, el Fiscal debe incorporar por la oficina respectiva, la información de los antecedentes penales del imputado. ARTÍCULO 126.- Examen médico inmediato: Si el imputado es aprehendido en un breve intervalo de tiempo desde que se cometió el hecho delictivo, se debe proceder a su inmediato examen psicológico, médico, bioquímico para apreciar su estado psíquico, si sufre intoxicación por ingestión alcohólica, uso de sustancias toxicológicas, o alucinógenas, salvo que no se justifique dicho examen. ARTÍCULO 127.- Presunta inimputabilidad: Si se presume que el imputado en el momento del hecho delictivo padecía alguna enfermedad mental que lo hacía inimputable, previo dictamen médico sobre su estado y sobre los peligros que puede causar a terceros o a sí mismo, a pedido del Fiscal o de oficio, el Juez de Control de Garantías, previa audiencia con la defensa técnica del imputado, debe disponer provisionalmente su internación en un establecimiento especial. Durante la internación, los derechos de parte del imputado son ejercidos por el curador o, si no existe, por el Defensor Oficial sin perjuicio de la intervención correspondiente de los defensores ya nombrados y del Asesor Letrado de Menores e Incapaces. San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.161
24Boletín Oficial ARTÍCULO 128.- Imputado menor de edad: Si se establece la minoría de edad del imputado, la causa debe ser derivada al Juez de Menores o al que resulte competente. ARTÍCULO 129.- Incapacidad sobreviniente: Si durante el proceso penal sobreviene la incapacidad mental del imputado, previo dictamen pericial, el tribunal de oficio, a petición del Fiscal o de la defensa, debe suspender la tramitación de la causa y, si el estado del imputado lo torna peligroso para sí o para terceros debe ordenar por resolución fundada su internación en un establecimiento adecuado, cuyo director le debe informar periódicamente sobre el estado de salud. La suspensión de la tramitación del proceso penal impide la declaración indagatoria o el juicio, según el momento en que se ordene, sin perjuicio de que se averige el hecho o se prosiga aquél en relación a otros imputados. Si el imputado se recupera, se debe proseguir la causa a su respecto. ARTÍCULO 130.- Examen mental e informe ambiental obligatorio: El imputado debe ser sometido a examen mental en los siguientes casos: 1 Siempre que el delito que se le atribuye es de carácter sexual; 2 Cuando el delito atribuido esté reprimido con pena mayor de diez 10 años de prisión; 3 Cuando el imputado es sordomudo que no sabe darse a entender por escrito; 4 Cuando el imputado es mayor de setenta 70 años; o 5 Cuando aparece como probable la aplicación de una medida de seguridad. Los informes o los dictámenes de los médicos se deben limitar a describir objetivamente el estado de las personas examinadas. En todos los casos el informe ambiental es obligatorio. ARTÍCULO 131.- Rebeldía: Debe ser declarado en rebeldía el imputado cuando: 1 No comparece a una citación sin justificación. 2 Se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido. 3 Desobedece una orden de detención o se ausente del domicilio denunciado sin justificación. La declaración de rebeldía y la orden de detención, en su caso, deben ser expedidas por el juez, a solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal. ARTÍCULO 132.- Efectos de la declaración de rebeldía: La declaración de rebeldía no suspende la investigación ni las resoluciones que deben dictarse hasta la presentación de la acusación. Cuando el rebelde comparece o es puesto a disposición de la autoridad que lo requiere quedan sin efecto las órdenes emitidas y sus inscripciones. El juez debe convocar a una audiencia en un plazo no mayor a setenta y dos 72 horas y luego de oír al imputado, al representante del Ministerio Público Fiscal y al querellante, si compareciere, debe resolver en forma inmediata sobre la procedencia de las medidas que se le soliciten. El trámite del proceso penal continúa según su estado. Capítulo 2 La víctima ARTÍCULO 133.- Víctima del delito: Se considera víctima del delito: 1 A la persona ofendida directamente por el delito; 2 Al cónyuge, conviviente, herederos forzosos, tutores o guardadores en los delitos cuyo resultado es la muerte de la persona con la que tienen tal vínculo, o si el ofendido sufre una afectación psíquica o física que le impide ejercer sus derechos; Pág. 192.162 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
25Boletín Oficial 3 A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la dirigen, administren, gerencien o controlen; 4 A las asociaciones o fundaciones, en casos de delitos que importen graves violaciones a los derechos humanos, siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los derechos que se consideren lesionados y se encuentren registradas conforme a la ley; 5 A los pueblos originarios en representación de los miembros de la respectiva comunidad, en tanto se encuentren registradas conforme a la ley. 6 A la Fiscalía de Estado cuando el hecho punible afecte los intereses del Estado. ARTÍCULO 134.- Derechos de la víctima: La víctima del delito, desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, tiene derecho a: 1 Recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes; 2 Que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación; 3 Ser informada acerca de las facultades que puede ejercer en el proceso penal; 4 Aportar información durante la investigación; 5 Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite expresamente; 6 Ser informada del estado de la causa y de las resoluciones que se dicten sobre la situación del imputado; 7 Ser acompañada por una persona de su confianza durante los actos procesales en los cuales interviene, cuando es menor, incapaz o con capacidad restringida y el juez lo autorice, sin perjuicio de la participación del Asesor Penal de la Niñez y Adolescencia e Incapaces y siempre que no se afecten los fines del proceso. 8 La protección de la integridad física, psíquica y moral, inclusive de su familia, y de los testigos que deponen en su interés, preservándolos de intimidaciones o de represalias, a través de los órganos competentes. 9 Todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado Nacional es parte, y en los demás instrumentos legales internacionales ratificados por la ley nacional, Constitución Provincial; y todos aquellos contemplados en las leyes de prevención y sanción de la violencia familiar, de género, de niños, niñas y adolescentes y de protección a la víctima. 10 Requerir la revisión de la desestimación, el archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento, solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, aún si no ha intervenido en el proceso penal como querellante particular. 11 Participar en el proceso penal en calidad de querellante particular. 12 En los procesos de violencia familiar la victima tiene derecho a peticionar las medidas cautelares de exclusión o prohibición de ingreso del imputado del hogar. ARTÍCULO 135.- Información y comunicación: Todos estos derechos deben ser comunicados a la víctima por el órgano interviniente al momento de practicar la primera diligencia procesal con ella. En caso de que se denuncie un delito en que puede resultar perjudicado patrimonialmente la administración pública, debe notificarse desde el inicio del proceso a la Fiscalía de Estado. ARTÍCULO 136.- Asesoramiento técnico: Para el ejercicio de sus derechos, la víctima puede designar a un abo- San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.163
26Boletín Oficial gado de su confianza, y se le debe informar que tiene derecho a ser asistida técnicamente por un defensor oficial en los casos en que la ley lo autoriza. Capítulo 3 El querellante particular ARTÍCULO 137.- Calidad: El ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, pueden intervenir en el proceso penal como querellante particular y sin perjuicio de ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Si el querellante particular se constituye, a la vez, en actor civil, puede formular ambas instancias en un solo escrito, con observancia de los requisitos previstos para cada acto. Los incapaces deben actuar debidamente representados, autorizados o asistidos del modo prescripto por la ley. También puede ser querellante particular el Defensor del Pueblo en las causas penales cuyo objeto es la protección de intereses difusos o derechos colectivos, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley que rige su funcionamiento. ARTÍCULO 138.- Unidad de representación: El querellante particular debe unificar representación en el supuesto de designación de más de un apoderado. ARTÍCULO 139.- Facultades y deberes: El querellante particular puede actuar en el proceso para acreditar el hecho delictivo y la responsabilidad penal del imputado. La intervención de una persona como querellante particular no la exime del deber de declarar como testigo. ARTÍCULO 140.- Víctima domiciliada en extraña jurisdicción: Quien pretenda constituirse como querellante particular y se domicilie fuera de la Provincia no está obligado a constituir arraigo. Capítulo 4 El actor civil ARTÍCULO 141.- Constitución de parte: Para ejercer la acción civil emergente del delito en el proceso penal, su titular debe constituirse en actor civil. Las personas que no tienen capacidad para estar en juicio no pueden actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas en las formas prescriptas para el ejercicio de las acciones civiles. ARTÍCULO 142.- Demandados: La constitución de actor civil procede aún cuando no se encuentre individualizado el imputado. Si en el proceso existen varios imputados y civilmente responsables, la acción debe ser dirigida contra todos ellos en los supuestos de litisconsorcio necesario; caso contrario, la acción puede dirigirse contra cualquiera de los responsables. ARTÍCULO 143.- Instancia y requisitos: La constitución de actor civil puede hacerse personalmente o por mandatario, mediante escrito que contenga, bajo sanción de inadmisibilidad, los siguientes requisitos: 1 Las condiciones personales y el domicilio legal del accionante; 2 Nombre y domicilio del civilmente demandado; 3 La individualización de la causa; 4 Los motivos en que funda la acción; 5 La naturaleza del daño que se reclama y a qué título lo hace; 6 La pretensión de ser tenido por parte; 7 Su firma. Pág. 192.164 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
27Boletín Oficial ARTÍCULO 144.- Oportunidad: La constitución de actor civil puede tener lugar en cualquier estado de la investigación penal preparatoria hasta su clausura. Pasada dicha oportunidad, la constitución debe ser rechazada sin más trámite, sin perjuicio de que se puede accionar en la sede correspondiente. La absolución del acusado no impide que el Tribunal de Juicio se pronuncie sobre la acción civil en la sentencia, en tanto se haya planteado la cuestión al respecto. ARTÍCULO 145.- Facultades: El actor civil tiene en el proceso penal la intervención necesaria para acreditar la existencia del hecho delictivo y los daños y perjuicios que le ha causado, y reclamar las medidas cautelares, restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes. ARTÍCULO 146.- Notificación: La constitución del actor civil debe ser notificada al imputado y al civilmente responsable. En el caso de que el imputado no se encuentre individualizado, la notificación se le debe hacer en cuanto se lo individualice. ARTÍCULO 147.- Demanda. Prueba: El actor civil debe concretar su demanda, y ofrecer prueba dentro de los cinco 5 días desde que se le comunica la acusación. La demanda se formula por escrito y con las formalidades exigidas en el Código Procesal Civil, Comercial y de Minería y debe ser notificada de inmediato al civilmente demandado. El tribunal debe rechazar de oficio la demanda que no se ajuste a las formalidades establecidas, expresando los defectos que contiene. No puede concretarse la demanda contra el civilmente demandado que no ha sido citado o no interviene espontáneamente. ARTÍCULO 148.- Desistimiento y efectos: El actor civil puede desistir de la acción civil en cualquier estado del proceso penal, quedando obligado por las costas que su intervención cause. Se tiene al actor civil por desistido cuando: 1 No cita al demandado o este no ha comparecido espontáneamente. 2 No concreta su demanda en la oportunidad procesal prevista. 3 No concurre a la primera audiencia del debate o se aleje de ella sin haber formulado conclusiones. 4 Se ausenta de la audiencia del debate sin autorización de los jueces. El desistimiento importa renuncia de la acción civil en sede penal. ARTÍCULO 149.- Deber de atestiguar: La intervención de una persona como actor civil no la exime del deber de declarar como testigo. El abandono o la inactividad de los mandatarios de las partes civiles no suspenden el proceso penal. Capítulo 5 El civilmente demandado ARTÍCULO 150.- Citación: Las personas que según la ley civil responden por el imputado a causa del daño que causa el delito pueden ser citadas para intervenir en el proceso penal a solicitud de quien ejerce la acción civil. ARTÍCULO 151.- Oportunidad y forma: La citación que se puede hacer en cualquier estado de la investigación penal preparatoria hasta su clausura, debe contener: 1 El nombre y domicilio del accionante y del civilmente demandado; 2 La indicación del proceso penal y el plazo en que debe comparecer el civilmente demandado, el que nunca puede ser menor a cinco 5 días. La resolución debe ser notificada al imputado y a su defensor. ARTÍCULO 152.- Nulidad de la citación: Es nula la citación, al civilmente demandado, cuando adolece de omisiones o errores esenciales que perjudiquen su defensa, restringiéndole la audiencia o la prueba. San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.165
28Boletín Oficial La nulidad no influye en la marcha del proceso penal ni impide el ejercicio ulterior de la acción civil ante la jurisdicción respectiva. ARTÍCULO 153.- Intervención espontánea: Cuando en el proceso penal se ejerza la acción civil, la persona que es civilmente demandada tiene derecho a intervenir en el proceso penal. Esta participación se debe solicitar, bajo pena de inadmisibilidad, en la forma y oportunidad que prescribe el artículo 151, en cuanto es aplicable. La decisión que acuerde la presentación espontanea debe ser notificado a las partes y sus defensores. ARTÍCULO 154.- Caducidad: El desistimiento del actor civil hace caducar la intervención del civilmente demandado. ARTÍCULO 155.- Contestación de la demanda. Excepciones. Reconvención: El civilmente demandado debe comparecer, contestar la demanda y ofrecer prueba dentro de los diez 10 días de notificado de la misma. En el mismo plazo puede oponer las excepciones y defensas civiles que estime pertinentes y convenir. La forma de todos estos actos, así como el trámite de las excepciones y la reconvención se rigen por lo establecido en las respectivas disposiciones del Código Procesal Civil, Comercial y de Minería. Los plazos en todos los casos son de tres 3 días. La resolución de las excepciones puede, sin embargo, ser diferida por el tribunal para la sentencia. ARTÍCULO 156.- Rebeldía: Se debe declarar la rebeldía del civilmente demandado, cuando no comparece en el plazo de diez 10 días de notificado de la demanda. La rebeldía no suspende el trámite, que continua como si el civilmente demandado estuviera presente. Sólo se nombra defensor del rebelde al Defensor Oficial si se lo citó por edictos. Capítulo 6 Citación en garantía del asegurador ARTÍCULO 157.- Derecho: El actor civil, el imputado y el civilmente demandado, pueden pedir la citación en garantía del asegurador. ARTÍCULO 158.- Carácter: La intervención del asegurador se rige por las normas que regulan la del civilmente demandado, en cuanto son aplicables. ARTÍCULO 159.- Oportunidad: El actor civil, el imputado y el civilmente demandado deben pedir la citación en garantía del asegurador en la oportunidad en que el civilmente demandado debe comparecer, contestar la demanda y ofrecer pruebas. Capítulo 7 Defensores ARTÍCULO 160.- Derecho de elección: Desde la primera actuación del proceso penal y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dicte, el imputado tiene derecho a designar libremente uno o más defensores. Si no lo hace, el representante del Ministerio Público Fiscal debe solicitar que se le nombre un defensor público, o bien el juez proceder a hacer el nombramiento. En todo caso, la designación del defensor debe tener lugar antes de la realización de la primera audiencia a la que es citado el imputado. Si el imputado se encuentra privado de la libertad, cualquier persona de su confianza puede proponer la designación de un defensor, lo que debe ser puesto en conocimiento de aquél inmediatamente para su ratificación. Mientras tanto se debe dar intervención al Defensor Público, que debe ser informado inmediatamente de la imputación. El imputado puede designar defensor aún si esta incomunicado y por cualquier medio. Pág. 192.166 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
29Boletín Oficial Si el imputado se prefiere defender personalmente, el juez lo puede autorizar cuando ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso penal; de lo contrario le debe designar un defensor público; bajo sanción de nulidad de los actos en los cuales la ley acuerda al defensor la facultad de asistir. En cualquier caso, la actuación de un defensor no inhibe el derecho del imputado a formular planteamientos y alegaciones por sí mismo. La designación del defensor hecha por el imputado importa, salvo manifestación expresa en contrario, el otorgamiento de mandato para representarlo en la acción civil, el cual subsiste mientras no sea revocado. En ningún caso el imputado puede ser representado por apoderado. ARTÍCULO 161.- Nombramiento: El nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad. El imputado puede designar los defensores que considere convenientes, pero no puede ser defendido simultáneamente por más de dos 2 defensores en las audiencias orales o en un mismo acto. Si intervienen varios defensores, la notificación practicada a uno de ellos tiene validez respecto de todos, y la sustitución del uno por el otro, no altera trámites ni plazos. En todos los casos el defensor tiene derecho a conocer las actuaciones realizadas, antes de la aceptación del cargo, salvo los supuestos en los que procede la reserva del legajo. Tiene tres 3 días para aceptar el cargo, bajo apercibimiento de tener el nombramiento por no efectuado. Una vez aceptado el cargo debe constituir domicilio procesal. El ejercicio del cargo de defensor es obligatorio para quien lo acepte. La aceptación es obligatoria para el abogado de la matrícula cuando se lo nombre de oficio en sustitución del Defensor Oficial. En ambos supuestos, se pueden exceptuar del nombramiento por una razón atendible. Para el ejercicio de sus funciones, los defensores son admitidos de inmediato y sin ningún trámite, por la policía o fuerza de seguridad interviniente, el representante del Ministerio Público Fiscal o el juez, según el caso. ARTÍCULO 162.- Nombramiento posterior: Durante el transcurso del proceso penal, el imputado puede designar nuevo defensor, pero el anterior no puede ser separado ni puede renunciar a la defensa hasta que el nuevo designado acepte el cargo. La designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado a elegir ulteriormente otro de su confianza; pero el nombramiento no se considera operado hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio. ARTÍCULO 163.- Defensor común: La defensa de varios imputados puede ser confiada a un defensor común siempre que no existe incompatibilidad, si ésta es advertida, el tribunal debe proveer, aún de oficio, a las sustituciones necesarias. ARTÍCULO 164.- Abogado sustituto: El defensor del imputado puede, con su consentimiento, designar un abogado sustituto para que intervenga en determinados actos si tiene algún impedimento atendible. El abogado sustituyente asume las obligaciones del defensor y no tiene derecho a prórroga de plazos o audiencias. ARTÍCULO 165.- Abandono: En ningún caso el defensor del imputado puede abandonar la defensa y dejar a su cliente sin asistencia letrada. Si así lo hace, se debe proveer a su inmediata sustitución por el Defensor Oficial y no se lo puede nombrar de nuevo en la misma causa. Cuando el abandono ocurre poco antes o durante el debate, el nuevo defensor puede solicitar una prórroga máxima de cinco 5 días para la audiencia. El debate no se puede volver a suspender por la misma causa, aún cuando el tribunal conceda la intervención de otro defensor particular, lo que no excluye la participación del Defensor Oficial. El abandono constituye falta grave y obliga al que incurre en él a pagar las costas de la sustitución, sin perjuicio de otras sanciones. San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.167
30Boletín Oficial ARTÍCULO 166.- Sanciones: El incumplimiento injustificado de las obligaciones por parte de los defensores de los imputados puede ser sancionado con multa de hasta diez 10 veces el salario mínimo del escalafón judicial, además de la separación de la causa. Todas las sanciones, inclusive las de abandono, son recurribles, conforme las disposiciones de la Ley Orgánica de Tribunales. Al quedar firmes deben ser comunicadas al Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados. Si se trata de funcionarios judiciales, la comunicación se debe cursar a la Corte de Justicia y al Fiscal General de la Corte de Justicia. ARTÍCULO 167.- Renuncia: El defensor del imputado puede renunciar al ejercicio de la defensa. En este caso el tribunal debe proveer de inmediato a su sustitución haciéndole conocer la situación al imputado. La renuncia no se considera operada hasta que el designado acepte el cargo y constituya domicilio procesal. Capítulo 8 Auxiliares de las partes ARTÍCULO 168.- Asistentes: Las partes pueden designar asistentes para que colaboren en su tarea. En tal caso, asumen la responsabilidad por su elección y vigilancia. Los asistentes sólo cumplen con tareas accesorias, pero no pueden sustituir a quienes ellos auxilian. Se les permite concurrir a las audiencias, sin intervenir directamente en ellas. ARTÍCULO 169.- Consultores técnicos: Si por las particularidades o complejidad de la causa, el Ministerio Público Fiscal o alguna de las partes intervinientes considera necesaria la asistencia de un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo deben proponer al Ministerio Público Fiscal o al tribunal, según el caso, el que debe decidir sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos, sin que por ello asuma tal carácter. El consultor técnico puede presenciar las operaciones periciales, acompañar en las audiencias a la parte con quien colaboran y auxiliarla en los actos propios de su función. El consultor técnico actúa siempre bajo la dirección y vigilancia de la parte a la que asisten. En ningún caso la actividad del consultor técnico o su ausencia puede retardar la ejecución del cumplimiento de los actos procesales a los que puede asistir. Los consultores técnicos no tienen derecho a solicitar en el proceso penal regulación de honorarios o al reconocimiento de gastos, sin perjuicio de las reclamaciones privadas que pueden corresponder. Título VI Actos procesales Capítulo 1 Disposiciones generales ARTÍCULO 170.- Idioma: En todos los actos procesales debe usarse el idioma nacional, bajo pena de nulidad. ARTÍCULO 171.- Fecha y hora de datado:Para datar un acto se debe indicar el lugar, día, mes y año en que se cumple. La hora debe ser consignada sólo cuando especialmente se exige. Cuando la fecha es requerida bajo pena de nulidad, sólo puede ser declarada nula cuando la fecha no se puede establecer con certeza en virtud de los elementos del acto y de otros conexos con él. El funcionario o el auxiliar autorizado del organismo judicial competente debe poner y suscribir el cargo a todos los escritos, oficios o notas que recibe, expresando la fecha y hora de presentación. En el caso de utilización Pág. 192.168 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018
31Boletín Oficial de medios electrónicos, la fecha debe ser la que conste en el sistema de correo o medio tecnológico utilizado. ARTÍCULO 172.- Día y hora de los actos procesales: Los actos procesales se cumplen en días y horas hábiles, sin perjuicio de las habilitaciones que dispone el juez. Los actos de la investigación, salvo las excepciones expresamente dispuestas, se pueden cumplir en cualquier día y hora. Para los actos de debate el tribunal puede habilitar los días y horas que estime necesarios. ARTÍCULO 173.- Lugar: Los representantes del Ministerio Público Fiscal y los jueces se pueden constituir en cualquier lugar del territorio de la Provincia para la realización de los actos propios de su función. ARTÍCULO 174.- Dependencia de recepción y atención: Todos los organismos judiciales que integran el sistema penal deben mantener una dependencia de recepción y atención de tiempo completo. ARTÍCULO 175.- Juramento y promesa de decir verdad: Cuando se requiere la prestación de juramento debe ser recibido, de pie, según corresponda por el Fiscal, el juez o por el presidente del tribunal, bajo pena de nulidad, de acuerdo con las creencias del que lo preste, quien debe ser instruido de las penas correspondientes al delito de falso testimonio. Si el deponente se niega a prestar juramento en virtud de creencias religiosas o ideológicas, se le debe exigir promesa de decir la verdad. ARTÍCULO 176.- Declaraciones orales o por escrito: El que debe declarar en el proceso penal lo debe hacer de viva voz y sin consultar notas o documentos salvo que el Fiscal o el tribunal lo autoricen, si así lo exige la naturaleza de los hechos. En primer término, el declarante deber ser invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate, y después, si es necesario, se lo puede interrogar. Las preguntas que se formulen no pueden ser sugestivas, indicativas, engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a coaccionar al declarante. Cuando se procede por escrito, se deben consignar las preguntas y las respuestas. ARTÍCULO 177.- Registro: Los actos del proceso penal se pueden registrar por escrito, mediante imágenes, sonidos u otro soporte tecnológico equivalente, pero queda prohibida toda forma de edición, tratamiento o modificación de los registros. Se debe asegurar la autenticidad e inalterabilidad de los registros. Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos, se debe reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta el debate, sin perjuicio de la obtención de copias que pueden utilizarse para otros fines del proceso penal. Los contenidos esenciales de los actos deben surgir del mismo registro y, en caso de no ser posible, de un acta complementaria. ARTÍCULO 178.- Actas: Los actos que se asientan en forma escrita deben ser documentados en un acta que debe contener: 1 La mención del lugar, la fecha, la hora y la indicación de las diligencias realizadas, así como el resumen de su contenido; 2 La firma de todos los que participaron en el acto, dejándose constancia de las razones de aquel que no la firme, o del que lo hace a ruego o como testigo de actuación, todo ello salvo el uso de medios que no lo justifiquen. La omisión de estas formalidades sólo priva de efectos al acta o torna invalorable su contenido cuando ellas no pueden ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de prueba. San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018 Pág. 192.169
32Boletín Oficial ARTÍCULO 179.- Testigos para los actos de la policía o fuerzas de seguridad: Los funcionarios de la policía u otra fuerza de seguridad que deben registrar actos definitivos o irreproducibles, tales como secuestros, inspecciones oculares, requisas personales y allanamientos deben ser asistidos por dos 2 testigos, que no pueden pertenecer a la misma fuerza de seguridad que intervino en el acto, salvo casos de suma urgencia o fuerza mayor debidamente justificados. En ningún caso pueden ser testigos de actuación los menores de dieciséis 16 años, ni quienes presenten signos evidentes de alteración de sus facultades psíquicas. ARTÍCULO 180.- Declaraciones especiales: En caso de declaraciones especiales se debe tener en cuenta lo siguiente: 1 Para recibir juramento y examinar a una persona sorda se le deben presentar por escrito las fórmulas y las preguntas; 2 Si se trata de una persona muda, se le deben hacer oralmente las preguntas y responde por escrito; 3 Si es una persona sordomuda, las preguntas y respuestas deben ser escritas. Si dichas personas no saben leer o escribir, se debe nombrar intérprete a un maestro de sordomudos, o a falta de él a alguien que sepa comunicarse con el interrogado. ARTÍCULO 181.- Deber de lealtad: Es deber de las partes actuar con lealtad, probidad y buena fe, evitando incurrir en conductas que impliquen un abuso del derecho procesal. ARTÍCULO 182.- Explicaciones, advertencias y facultad de testar: Sin perjuicio de las facultades disciplinarias y la remisión en su caso de los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados, el Fiscal General de la Corte de Justicia, la Corte de Justicia de la Provincia, el Presidente del Tribunal y el Juez de Control de Garantías, pueden citar a su despacho a las partes y sus letrados para requerir explicaciones por sus conductas asumidas en las audiencias, si ellas son incompatible con el decoro y respeto que deben guardarse. Luego de oír a las partes y sus defensores, se les pueden formular advertencias tendientes a asegurar el normal desarrollo del proceso penal. Cuando se trate de escritos, de oficio o a pedido de parte, se debe ordenar el testado de toda frase injuriosa o que fue redactada en términos indecorosos o personalmente ofensivos a los jueces, funcionarios judiciales, a cualquiera de los defensores o al imputado. Capítulo 2 Actos y resoluciones judiciales ARTÍCULO 183.- Poder coercitivo: En el ejercicio de sus funciones, el Fiscal, el Juez de Control de Garantías o, en su caso, el tribunal, pueden requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que consideren necesarias para el cumplimiento de los actos que ordenan. ARTÍCULO 184.- Resoluciones judiciales: Las resoluciones judiciales deben contener: 1 El día, lugar e identificación del proceso; 2 El objeto a decidir y las peticiones de las partes; 3 La decisión y su motivación; 4 La firma del juez. Las resoluciones judiciales que requieren un debate previo o la producción de prueba se deben adoptar en audiencia pública, con la asistencia ininterrumpida del juez y las partes, garantizando el principio de oralidad, contradicción, publicidad, inmediación y simplicidad. Pág. 192.170 San Juan, Miércoles 26 de Diciembre de 2018