Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del 25/2/2019 (Suplemento 1)

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Número 38

Suplemento.- Lunes, 25 de febrero de 2019

Página 56

S U M A R I O
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Resolución del expediente AT-E-16362, en subestación Nuevo Chorro. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resolución del expediente AT-16343, en urbanización Cortijo Colorado. . . . . . . . . . . . . . . . .

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ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
GOBIERNO ABIERTO. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Aprobación definitiva de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información de la Diputación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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PATRONATO DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL

Anuncio de cobranza de Alozaina a Villanueva del Rosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anuncio de cobranza de Alcaucín a Marbella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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AYUNTAMIENTO DE Alameda Información pública de la concesión administrativa del uso y explotación del puesto número 8 del mercado de abastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Información pública de la concesión administrativa de un quiosco bar en calle Blas Infante . . .

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AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

AYUNTAMIENTO DE Casares Información pública de la modificación del SUNC-UE-9 PA Doña Julia, antiguo Sector UR-15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Convocatoria de los premios MálagaCrea 2019 para las muestras culturales para jóvenes. . . .

121

AYUNTAMIENTO DE Mollina Exposición pública del expediente de delimitación de la Unidad de Ejecución UE-1 y UE-2, Sector Centro Sur Mollina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

AYUNTAMIENTO DE Nerja Convocatoria de concurso de Ninfa y Momo Carnaval 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convocatoria de concurso infantil de disfraces de Carnaval 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convocatoria de concurso de disfraces gran desfile Carnaval de Nerja 2019 . . . . . . . . . . . . . .

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126
127

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Boletín Oficial de la Provincia de Málaga Número 38

Lunes, 25 de febrero de 2019

Convocatoria de concurso de mascotas Carnaval de Nerja 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convocatoria de concurso de disfraces del entierro del chanquete en sus distintas modalidades Carnaval 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convocatoria del concurso de viuditos y viuditas Carnaval de Nerja 2019 . . . . . . . . . . . . . . .

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AYUNTAMIENTO DE Ojén Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134

AYUNTAMIENTO DE Rincón de la Victoria Bases para la selección de cuatro Técnicos del Programa Orientación Profesional y Acompañamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

B

Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga CEDMA. Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844 www.bopmalaga.es www.cedma.es

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Boletín Oficial de la Provincia de Málaga Lunes, 25 de febrero de 2019

Página 58

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN MÁLAGA
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN MÁLAGA POR LA
QUE SE OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ADECUACIÓN EQUIPAMIENTO DE DOS SALIDAS DE
LÍNEA EXISTENTES EN PARQUE DE 66 kV, CÓDIGOS DE OPERACIÓN 561-562 EN SUBESTACIÓN
NUEVO CHORRO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ÁLORA.

Vista la documentación obrante en el expediente AT-E-16362, resultan los siguientes Antecedentes de hecho Primero. Con fecha 30 de agosto de 2018 tuvo entrada en esta Delegación Territorial solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de una instalación eléctrica de alta tensión formulada por Endesa Distribución Eléctrica, SLU, como titular del expediente, cuya finalidad es adecuación equipamiento de dos salidas de línea existentes en el parque de 66 kV, códigos de operación 561-562 en subestación Nuevo Chorro, en el término municipal de Álora para distribución de energía eléctrica.
Segundo. Con fecha 26 de noviembre de 2018 la solicitud se sometió al trámite de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que se hayan formulado alegaciones por parte de los interesados. Además se ha cumplido el proceso de información a los organismos afectados tal y como establecen los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Fundamentos de derecho Primero. Esta Delegación de Conocimiento y Empleo de Málaga es competente para resolver, de conformidad con lo dispuesto en los reales decretos 1091/81, de 24 de abril y Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas, artículos 49 y 58.2.3.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Decreto 12/2015, de 17 de junio, de la Presidenta sobre la reestructuración de la consejerías; el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 107/2018, de 19 de junio.
Segundo. Esta Delegación Territorial es competente para autorizar dicha instalación de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las delegaciones territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

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Tercero. El artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que para la puesta en funcionamiento de las instalaciones de distribución es necesaria una autorización administrativa previa que otorga a la empresa autorizada el derecho a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones y una autorización administrativa de construcción, que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.
Cuarto. El Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica establece el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones administrativas para la construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica.
Vistos los preceptos citados, esta Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo R es u elve Otorgar autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación del expediente AT-E-16362, con las siguientes características:
Adecuación posiciones 561 y 562 con el siguiente alcance:
1 bobina telefonía alta frecuencia, 1 seccionador de barra, 1 transformador tensión capacitivo, 3 transformadores intensidad, 3 autoválvulas, 1 interruptor, 1 seccionador salida de línea, 3 transformadores tensión inductivos para la medida en barra.
C on d icion es 1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y reglamentos de aplicación, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
2. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la fecha de la presente resolución.
3. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
4. Asimismo, la titular de las instalaciones tendrá en cuenta en esta ejecución las condiciones impuestas por los organismos y corporaciones que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por la misma. Además la titular deberá disponer de todos los permisos de paso, cruce y ocupación necesarios.
5. El director de obra de las citadas instalaciones certificará que las mismas se ajustan al proyecto y a los reglamentos que sean de aplicación.
6. El certificado de dirección de obra deberá incluir, en su caso, acreditación de la subsanación de los defectos incluidos en el boletín de revisión periódica.
7. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el excelentísimo señor Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Málaga, 4 de febrero de 2019.
El Delegado Territorial, Mariano Ruiz Araújo.
1019/2019
D

Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga CEDMA. Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844 www.bopmalaga.es www.cedma.es
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN MÁLAGA
SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN MÁLAGA POR LA
QUE SE OTORGA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN AMPLIACIÓN NUEVAS CELDAS 20 kV SUBESTACIÓN
CORTIJO COLORADO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.

Expediente: AT-E-16343.
Referencia: SIEM/DE/PG.

Antecedentes de hecho Primero. Con fecha 13 de julio de 2018 tuvo entrada en esta Delegación Territorial solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción de una instalación eléctrica de alta tensión formulada por Endesa Distribución Eléctrica, SLU, como titular del expediente, cuya finalidad es ampliación nuevas celdas 20 kV subestación Cortijo Colorado, en el término municipal de Mijas, para distribución de energía eléctrica.
Segundo. Con fecha 30 de octubre de 2018 la solicitud se sometió al trámite de información pública en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que se hayan formulado alegaciones por parte de los interesados. Además se ha cumplido el proceso de información a los organismos afectados tal y como establecen los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Fundamentos de derecho Primero. Esta Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Málaga es competente para resolver, de conformidad con lo dispuesto en los reales decretos 1091/81, de 24 de abril y Real Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas, artículos 49 y 58.2.3.º de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía y el Decreto del Presidente de 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidenta y sobre reestructuración de consejerías.
Segundo. Esta Delegación Territorial es competente para autorizar dicha instalación de acuerdo con lo previsto en la Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las delegaciones territoriales de Conocimiento y Empleo.
Tercero. El artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que para la puesta en funcionamiento de las instalaciones de distribución es necesaria una autorización administrativa previa que otorga a la empresa autorizada el derecho a realizar una instalación concreta en determinadas condiciones y una autorización administrativa de
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Vista la documentación obrante en el expediente AT-E-16343, resultan los siguientes:

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construcción, que permite a la titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles.
Cuarto. El Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica establece el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones administrativas para la construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica.
Vistos los preceptos citados, esta Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo R es u elve Otorgar autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación del expediente AT-E-16343, con las siguientes características:
Parque 20 kV

Sistema de control Las señales, mandos, alarmas y medidas se integrarán en un sistema de control y protección existente, compuesto por remota y sistema protectivo. Las nuevas posiciones serán telemandadas desde el CCMT.
C on d icion es 1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y reglamentos de aplicación, con las variaciones que, en su caso, se soliciten y autoricen.
2. El plazo de puesta en marcha será de un año, contado a partir de la fecha de la presente resolución.
3. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.
4. Asimismo, la titular de las instalaciones tendrá en cuenta en esta ejecución las condiciones impuestas por los organismos y corporaciones que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por la misma. Además la titular deberá disponer de todos los permisos de paso, cruce y ocupación necesarios.
5. El director de obra de las citadas instalaciones certificará que las mismas se ajustan al proyecto y a los reglamentos que sean de aplicación.
6. El certificado de dirección de obra deberá incluir, en su caso, acreditación de la subsanación de los defectos incluidos en el boletín de revisión periódica.
7. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el excelentísimo señor Consejero de Hacienda, Industria y Energía, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Málaga, 12 de febrero de 2019.
El Delegado Territorial, Mariano Ruiz Araújo.
1153/2019
D

Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga CEDMA. Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844 www.bopmalaga.es www.cedma.es
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Tipo: Blindada con aislamiento SF6.
Esquema: Doble barra.
Alcance: Dos celdas de remonte con seccionador, dos celdas de remonte con interruptor, una celda acoplamiento transversal, una celda medida barras, una celda salida de línea.

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Página 62

ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA, COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y
RELACIONES INSTITUCIONALES

A n u n cio El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2018, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información de la Diputación de Málaga y texto de la ordenanza aprobada a un periodo de información pública durante el plazo de 30 días hábiles contados desde la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia haciendo saber de forma expresa que, de no presentarse reclamaciones, alegaciones o sugerencias, el acuerdo, hasta entonces provisional, sería considerado como definitivamente adoptado.
Publicado el texto del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 21
de agosto de 2018 página 44, y concluido el plazo de exposición al público, no se presentaron alegaciones en el trámite de información pública, por lo que se entiende definitivamente aprobada la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información de la Diputación de Málaga de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Dado traslado del acuerdo definitivamente adoptado a la Administración del Estado y a la de la Junta de Andalucía y habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la entrada en vigor de la ordenanza aprobada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, se procede a su preceptiva publicación.
Contra el acuerdo adoptado y el texto de la ordenanza definitivamente aprobada, los interesados podrán, en su caso, interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, tal como dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Málaga, a 22 de enero de 2019.
El Diputado Delegado de Gobierno Abierto, Transparencia, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, firmado: José Francisco Salado Escaño.
ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO Y REUTILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

Í N D I CE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información.

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Artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6.
Artículo 7.

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Derechos de las personas.
Medios de acceso a la información.
Unidad responsable de la información pública.
Principios básicos.

CAPÍTULO II. INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 8. Información pública.
Artículo 9. Requisitos generales de la información.
Artículo 10. Límites.
Artículo 11. Protección de datos personales.
CAPÍTULO III. INFORMACIÓN DE PUBLICIDAD ACTIVA

Sección 2. Obligaciones específicas Artículo 16. Información institucional y organizacional.
Artículo 17. Organización administrativa.
Artículo 18. Normativa e información jurídica.
Artículo 19. Relación de ciudadanía.
Artículo 20. Planificación y resultado de gestión.
Artículo 21. Información económica y financiera.
Artículo 22. Contratación de servicios.
Artículo 23. Servicios a los municipios.
CAPÍTULO IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Sección 1. Régimen Jurídico Artículo 24. Titularidad del derecho.
Artículo 25. Limitaciones.
Sección 2. Procedimiento.
Artículo 26. Competencia.
Artículo 27. Fomento de tramitación electrónica.
Artículo 28. Solicitud.
Artículo 29. Inadmisión.
Artículo 30. Tramitación.
Artículo 31. Resolución.
Artículo 32. Notificación y publicación de la resolución.
Artículo 33. Plazo de resolución y notificación.
Artículo 34. Materialización del acceso.
CAPÍTULO V. REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Artículo 35. Objetivos de la reutilización.
Artículo 36. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.
Artículo 37. Criterios generales.
Artículo 38. Condiciones de reutilización.
Artículo 39. Exacciones.
Artículo 40. Exclusividad de la reutilización.
Artículo 41. Modalidades de reutilización de la información.
Artículo 42. Publicidad de información reutilizable.
Artículo 43. Procedimientos de tramitación de solicitudes de reutilización.

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Sección 1. Régimen general Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
Artículo 13. Lugar de publicación.
Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación.
Artículo 15. Garantías de la publicidad activa local, plazos de publicación y actualización.

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Boletín Oficial de la Provincia de Málaga Lunes, 25 de febrero de 2019

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CAPÍTULO VI. RECLAMACIONES Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Sección 1. Reclamaciones Artículo 44. Reclamaciones.
Sección 2. Régimen sancionador Artículo 45. Infracciones.
Artículo 46. Sanciones.
Artículo 47. Régimen jurídico.
Artículo 48. Procedimiento Artículo 49. Órgano competente.
Artículo 50. Régimen disciplinario.
CAPÍTULO VII. BUEN GOBIERNO

Artículo 51. Ámbito de aplicación.
Artículo 52. Principios del buen gobierno.
CAPÍTULO VIII. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO

Artículo 53. Órgano responsable.
Artículo 54. Actividades de formación, sensibilización y difusión.
Artículo 55. Responsabilidades en el desempeño de las tareas de desarrollo, evaluación y seguimiento.
Artículo 56. Plan y Memoria anual.
Disposición única. Entrada en vigor.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Tras la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, quedó establecido el marco básico estatal en materia de transparencia de las Administraciones Públicas.
Con posterioridad, se aprobó la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía que venía a desarrollar y complementar lo dispuesto en la legislación básica estatal.
En la Administración Local ha habido precedentes de actuaciones en aras a mejorar la transparencia en la acción de gobierno, y sin duda ello facilitará la asunción de los requerimientos de estas leyes.
Tomando como base de trabajo la Ordenanza Tipo de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización de la FEMP, aprobada en Junta de Gobierno de 27 de mayo de 2014, y con objeto de adecuarlo a las peculiaridades existentes en el marco normativo andaluz, fundamentalmente en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se ha elaborado la presente ordenanza. Asimismo, se ha esperado, en un criterio de prudencia, a la constitución de los Consejos de Transparencia estatal y andaluz que se configuran como máximos intérpretes en esta importante materia, tanto en el ámbito puramente consultivo como de resolución de las reclamaciones que se presenten por los ciudadanos. Además y finalmente, la ordenanza se adecúa a las importantes novedades que la irrupción de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, del 1 de octubre, del Régimen Jurídico de Sector Público han supuesto en el panorama jurídico español, tras su entrada en vigor en octubre de 2016.
II

La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en los estados modernos. La Constitución española los incorpora a su texto en forma
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de derechos, algunos de ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y protección, con el fin de facilitar en cumplimiento del artículo 9.2 de la Constitución Española, la participación de todos los ciudadanos en la vida política; garantizar, de conformidad con el artículo 9.3 de la C. E., la publicidad de las normas, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; y por ultimo garantizar conforme al artículo 20.1 d de la C. E., el derecho a recibir información veraz de los poderes públicos y artículo 23.1 de la C. E. a participar en los asuntos públicos, directamente y conforme al artículo 105 b, de la C. E., El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con más fuerza estos derechos. La citada Ley 39/2015, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público suponen el impulso definitivo a las relaciones telemáticas entre ciudadanos y Administración, facilitando e impulsando la transparencia y la participación.
Ya el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, establecía lo siguiente:
las entidades locales y, especialmente los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insultares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado.
Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración. Local, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, junto con otras normas recientes, reguladoras del llamado gobierno abierto, nos permiten afirmar que las entidades locales tienen suficiente base jurídica para implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el citado principio de transparencia. Una de las finalidades por tanto de esta ordenanza es, junto a la habitual de desarrollar la ley, generar un incentivo e iniciar la efectiva implantación en la Diputación de Málaga y entes dependientes, de las medidas propias de los gobiernos locales transparentes, con un grado de anticipación y eficacia. En este sentido, la ordenanza tiene un doble objetivo: El regulatorio y el de fomento de la efectividad del principio de transparencia.
En cuanto a la identificación de este gobierno abierto y sus principios transparencia, datos abiertos, participación y colaboración con la Administración local, no cabe ninguna duda.
Gobierno abierto es aquel que se basa en la transparencia como medio para la mejor consecución del fin de involucrar a la ciudadanía en la participación y en la colaboración con lo público. El Gobierno abierto se basa en la transparencia para llegar a la participación y la colaboración. Consideramos que es el momento de ser conscientes de que en la sociedad aparece un nuevo escenario tras la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones a principios del siglo XXI. Un gobierno que no rinde cuentas ante el ciudadano no está legitimado ante el mismo. Dado que la Administración local es el cauce inmediato de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, parece ser sin duda la más idónea para la implantación del Gobierno abierto. Igualmente, se debe tener muy en cuenta que en el presente momento histórico dicha participación se materializa fundamentalmente a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, si bien no cabe ignorar mecanismos no necesariamente tecnológicos como la iniciativa popular artículo 70 bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la consulta ciudadana en materia normativa establecida en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

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En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el propio Estatuto de Autonomía garantiza en el artículo 31 el derecho a una buena administración en los términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca; desarrollar, de conformidad con el artículo 34, el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación, mediante los medios y los recursos que la ley establezca.
Sin perjuicio de la aplicación de la legislación estatal sobre la materia, la presente Ordenanza ofrece un tratamiento conjunto y unitario respecto a la legislación dictada sobre la materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, habiéndose configurado la transparencia, en virtud de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía artículo 27, como un principio informador de los servicios locales de interés general, al tiempo que en su artículo 54, ya contenía obligaciones específicas de publicidad activa. La memoria de esta ordenanza contiene, entre otros extremos, un estudio de compatibilidad entre las normas estatal y autonómica, que lógicamente se traslada al contenido de la misma.
Finalmente esta ordenanza trata de cumplir con los novedosos principios de buena regulación de la Ley 39/2015. En efecto, con la promulgación de esta ordenanza, en el ejercicio de la potestad reglamentaria que parte directamente del principio constitucional de autonomía artículo 137 CE, la Diputación de Málaga actúa de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
a En virtud de los principios de necesidad y eficacia, esta iniciativa normativa se justifica por el interés general residenciado en la transparencia que la sociedad actual demanda como antídoto frente a la corrupción; ese es su fin y ese es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.
b En virtud del principio de proporcionalidad, esta iniciativa contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad de adaptación de las normas estatal y autonómica al ámbito de la Diputación de Málaga, sin por ello contemplar medidas restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
c A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la ordenanza se enmarca de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, en materia de transparencia y buen gobierno, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas que indirectamente se pudieran ver implicadas fundamentalmente contratistas y beneficiarios de subvenciones.
d En aplicación del principio de transparencia, la Diputación de Málaga trata de posibilitar con esta ordenanza el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; definidos ya sus objetivos y su justificación, se posibilita a través del novedoso procedimiento de consulta ciudadana del artículo 133
de la Ley 39/2015, para que todos los ciudadanos tengan una participación activa en la elaboración de la norma.
e En aplicación del principio de eficiencia, esta ordenanza evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y tiende a racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

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III

En cuanto a la estructura de la presente ordenanza, esta se divide en ocho capítulos. En el capítulo I, bajo el título Disposiciones generales, se establece el objeto de la norma, que es la regulación de la transparencia de la actividad de la Diputación Provincial de Málaga, así como del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. La ordenanza se aplicará no solo a la Administración matriz, sino a todas las entidades dependientes a través de las cuales también ejerce su actividad la entidad pública principal y además se incluyen las empresas privadas, contratistas y concesionarias de servicios. Todas estas entidades tienen la obligación de ser transparentes, para lo cual deben cumplir las condiciones y tomar las medidas establecidas en el artículo 3. En relación con esta obligación, los ciudadanos ostentan los derechos que vienen enunciados en el artículo 4, que podrán ejercerse presencialmente o por vía telemática en igualdad de condiciones, estando prevista en todo caso la creación de una unidad responsable de la información pública. Concluye el capítulo I con el establecimiento de los principios generales por los que se va a regir la regulación contenida en la ordenanza.
El capítulo II, dedicado a la información pública, a partir de la definición de la misma contenida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, regula, en primer lugar, las distintas formas que tienen las personas de acceder a la información pública. A continuación, establece los distintos requisitos que han de tener los datos, contenidos y documentos que conforman dicha información a los efectos de esta ordenanza. Finalmente, se desarrollan las limitaciones generales al acceso a la información pública, siendo los únicos límites los establecidos expresamente en el artículo 10 o en la normativa específica, siendo objeto de especial protección los datos de carácter personal de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha ley y el artículo 11 de la presente ordenanza.
En el capítulo III se regula la Transparencia activa o publicidad activa, que consiste en el derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen, de forma periódica y actualizada, la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, por parte de la ciudadanía y de la sociedad en general y favorecer la participación ciudadana en la misma. En este sentido, se adoptarán las medidas oportunas para asegurar la difusión de la información pública y su puesta a disposición por la ciudadanía de la manera más amplia y sistemática posible. La información pública objeto de publicidad activa estará disponible en las sedes electrónicas, portales o páginas web de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley de una manera comprensible y segura. Esto es, la información pública que las entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ordenanza deben publicar de oficio por ser la más representativa de la actividad de la Administración local y la de mayor demanda social. La información pública que será objeto de publicación activa por parte de las entidades enumeradas en el artículo 2 será la detallada en los artículos 16 a 23, dividida en las siguientes categorías: Información institucional y sobre cargos electos; información sobre la organización administrativa; Información normativa y de relevancia jurídica; información sobre las relaciones con la ciudadanía; información sobre planificación y resultados de gestión; información económica financiera; información de contratación de servicios e información sobre servicios a los municipios.
El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, cuya titularidad corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sin previa exigencia de condición alguna de ciudadanía, vecindad o similar.
La denegación del acceso a dicha información habrá de ser en base a alguno de los límites previamente regulados, cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público privado superior que justifique el
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acceso. Para el ejercicio del derecho regulado en este capítulo, la ordenanza establece un procedimiento ágil cuya resolución, y en el supuesto de que sea desestimatoria, puede ser objeto de la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En el caso de resolución estimatoria, la información pública se facilitará junto con dicha resolución o, en su caso, en un plazo no superior a diez días desde la notificación.
El capítulo V se dedica a la transparencia colaborativa, regulando el régimen de reutilización de la información pública, cuyo objetivo fundamental es la generación de valor público en la ciudadanía en los ámbitos social, innovador y económico. Esta reutilización no se aplicará a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio del resto de límites establecidos en la normativa vigente en la materia, particularmente en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del Sector Público.
En todo caso y con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable siguiendo la modalidad sin sujeción a condiciones, lo que conlleva la no necesidad de autorización previa y la gratuidad del acceso y reutilización, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario y siempre que se cumplan las condiciones de accesibilidad, así como las establecidas en el artículo 35 de la ordenanza, y se satisfaga, en su caso, la exacción que corresponda.
El capítulo VI regula en su sección 1. el régimen de quejas y reclamaciones por vulneración de la misma, estableciendo en primer lugar la posibilidad de presentar quejas cuando la Administración no cumpla sus obligaciones en materia de publicidad activa, a fin de evitar tener que solicitarla a través del procedimiento regulado en el capítulo IV. En segundo lugar, se regula la reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. La sección 2. regula el régimen sancionador en materia de reutilización de la información pública local, en base al Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dada la ausencia de normativa sectorial específica que le atribuya potestad sancionadora en esta materia. Se tipifican las infracciones clasificándolas en muy graves, graves y leves y se establece un régimen sancionador consistente en multas y, en el caso de infracciones muy graves y graves, la prohibición de reutilizar documentos durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y la revocación de autorizaciones concedidas.
El capítulo VII regula el buen gobierno, estableciendo que este capítulo será de aplicación a los altos cargos o asimilados que de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las entidades locales que, en el ejercicio de sus funciones se regirán por lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico, y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, haciendo prevalecer siempre el interés público sobre cualquier otro, garantizando a los ciudadanos que, en el ejercicio de sus funciones, se ajustan a los principios generales y específicos sobre todos a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y sobre todo responsabilidad.
Por último, el capítulo VIII regula el sistema de evaluación y seguimiento de la norma, que establece la competencia general de los diputados/as responsables de las distintas áreas o delegaciones, así como el Presidente de la Diputación para el desarrollo, implementación y ejecución de la misma, dictando en su caso las medidas organizativas, así como de formación, sensibilización y difusión que correspondan. Asimismo, los objetivos y actuaciones para el desarrollo y mantenimiento de la transparencia se explicitarán en planes anuales. El resultado de las labores de evaluación y seguimiento de la ejecución de estos planes y medidas será objeto de una memoria que, anualmente, elaborará el servicio responsable en colaboración con el resto de los servicios.

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CAPÍTULO I

Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y régimen jurídico 1. La presente ordenanza tiene por objeto la aplicación y desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la información del sector público; y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, a través del establecimiento de unas normas que regulen la transparencia de la actividad de la Diputación Provincial de Málaga, así como del ejercicio del derecho de reutilización y acceso a la información pública, estableciendo los medios necesarios para ello, que serán preferentemente electrónicos.
La transparencia viene recogida en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, como instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública, promoviendo el ejercicio responsable de dicha actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena.
2. El derecho de las personas a acceder a la información pública y a su reutilización se ejercitará en los términos previstos en las leyes antes mencionadas.
Artículo 2. Ámbito de aplicación 1. Las disposiciones de esta ordenanza serán de aplicación a:
a Todas las áreas, delegaciones y unidades organizativas de la Diputación Provincial de Málaga.
b Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de esta Diputación:
Patronato de Recaudación Provincial de Málaga.
Turismo y Planificación Costa del Sol.
Consorcio Provincial para la Gestión Integral del Agua.
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga.
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
c Las fundaciones de iniciativa pública local o de participación mayoritaria de la Diputación Málaga, ya sea en su dotación fundacional o en sus órganos de gobierno.
d Las asociaciones constituidas por la Diputación, organismos y demás entidades previstos en este artículo. En estos casos el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley 1/2014 será llevada a cabo por la administración que ostente la secretaría del órgano de cooperación.
2.Cualquier persona física o jurídica que preste servicios públicos o ejerza funciones delegadas de control administrativo u otro tipo de funciones que desarrolle la Diputación Provincial de Málaga, en todo lo referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de las citadas funciones, deberá proporcionar a la administración, organismo o entidad a la que se encuentren vinculadas, previo requerimiento y en un plazo de quince días, la información que sea precisa para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ordenanza. Los adjudicatarios de contratos estarán sujetos a igual obligación en los términos que se establezcan en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento contractual equivalente que especificarán la forma en que dicha información deberá ser puesta a disposición de la Diputación Provincial de Málaga.
3. Esta obligación será igualmente exigible a las personas beneficiarias de las subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Málaga en los términos previstos en las bases reguladoras de las subvenciones y en la resolución de concesión. A estos efectos, las bases regu-

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ladoras de la concesión de subvenciones, las resoluciones de concesión o los convenios que instrumenten la concesión de subvenciones recogerán de forma expresa esta obligación.
4. En caso de incumplimiento de las obligaciones de publicidad por los sujetos de los apartados 2 y 3 anteriores, la Diputación Provincial de Málaga podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa, de 100
a 1.000 euros, será reiterada por periodos de quince días hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del 5% del importe del contrato, subvención o instrumento administrativo que habilite para el ejercicio de las funciones públicas o la prestación de los servicios. Si en dicho instrumento no figurara una cuantía concreta, la multa no excederá de 3.000 euros. Para la determinación del importe se atenderá a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad, entre otros artículo 4.4 de la Ley de Transparencia Pública Andaluza.
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información 1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización y en los términos previstos en esta ordenanza, la Diputación Provincial de Málaga y todos los entes contemplados en el artículo 2 de esta ordenanza deben:
a. Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de sus páginas web o sedes electrónicas, la información exigida por la normativa y aquella cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
b. Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que obre en su poder, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer también dicho catálogo en formatos electrónicos abiertos, legibles por máquinas que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento.
c. Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
d. Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y divulgación, así como su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.
e. Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas.
f. Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.
g. Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la información de forma clara y precisa para los ciudadanos.
h. Difundir los derechos que reconoce esta ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para su correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
i. Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo establecido en la presente ordenanza.
2. Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
3. Toda la información prevista en esta ordenanza estará a disposición de las personas con discapacidad, en la medida de lo posible, en una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios y en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 4. Derechos de las personas 1. En el ámbito de lo establecido en esta ordenanza, las personas tienen los siguientes derechos:

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a. A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza.
b.A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, estos darán cuenta del destino dado a dichos documentos.
c. A ser asistidas en su búsqueda de información.
d. A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.
e. A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo establecido en esta ordenanza.
f. A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada y, en su caso, en una forma o formato distinto al elegido.
g. Obtener la información solicitada de forma gratuita, sin perjuicio del abono, en su caso, de las exacciones que correspondan por la expedición de copias o transposición a formatos diferentes del original.
2. Los anteriores derechos se entenderán sin perjuicio de los previstos en la legislación sobre la materia, y en particular, a los siguientes derechos contemplados en el artículo 7 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía:
a. Derecho a la publicidad activa. Consiste en el derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen, de forma periódica y actualizada, la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.
b. Derecho de acceso a la información pública. Consiste en el derecho de cualquier persona a acceder, en los términos previstos en dicha ley, a los contenidos o documentos que obren en poder de cualesquiera de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
c. Derecho a obtener una resolución motivada. Consiste en el derecho de la persona solicitante a que sean motivadas las resoluciones que inadmitan a trámite la solicitud de acceso, que denieguen el acceso, que concedan el acceso tanto parcial como a través de una modalidad distinta a la solicitada, así como las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera persona interesada.
d.Derecho al uso de la información obtenida. Consiste en el derecho a utilizar la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones de las que deriven en las leyes.
3. Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, podrá ejercer los derechos contemplados en esta ordenanza, sin que quepa exigir para ello requisitos tales como posesión de una nacionalidad, ciudadanía, vecindad o residencia determinada. La Diputación Provincial de Málaga no será en ningún caso responsable del uso que cualquier persona realice de la información pública.
Artículo 5. Medios de acceso a la información Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza están obligadas a habilitar diferentes medios para facilitar la información pública, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia de su formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social.
A estos efectos, la Diputación Provincial de Málaga ofrecerá acceso a la información pública a través de alguno de los siguientes medios:
a. Oficinas de información.
b. Páginas web o sedes electrónicas.

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c. Servicios de atención telefónica.
d. Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos de la Entidad local habilitados al efecto.
Artículo 6. Unidad responsable de la información pública La Diputación Provincial de Málaga establece que corresponde a los diputados/as responsables de las distintas áreas o delegaciones conocer y resolver las solicitudes de acceso a la información que se dirijan a su área o delegación bajo la coordinación de la Unidad de Gobierno Abierto y Transparencia.
En el ámbito de los organismos, sociedades y fundaciones públicas, dependientes de la Diputación Provincial de Málaga, corresponderá conocer y resolver las solicitudes de acceso a la información a quienes ostenten la dirección de la gestión.
En el caso de los órganos colegiados, sean consultivos o de participación, la resolución corresponderá a su Presidente.
La Unidad de Gobierno Abierto y Transparencia tendrá las siguientes funciones:
a. La coordinación en materia de información para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ordenanza, recabando, en su caso, la información necesaria de los órganos competentes del departamento, organismo o entidad.
b. La tramitación de las solicitudes de acceso a la información y, en su caso, de las reclamaciones que se interpongan de conformidad con lo previsto en el artículo 45.
c. El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a aquéllas en la búsqueda de la información, sin perjuicio de las funciones que tengan atribuidas otras unidades administrativas.
d. La gestión, en su caso, del Registro de solicitudes de acceso a información pública.
e. Crear y mantener actualizado un catálogo de información pública que obre en poder de la entidad local, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.
f. La elaboración de los informes en materia de transparencia administrativa, reutilización y derecho de acceso a la información pública.
g. La difusión de la información pública creando y manteniendo actualizados enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse a ella.
h. La adopción de las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posible.
i. La adopción de las medidas necesarias para garantizar que la información pública se haga disponible en bases de datos electrónicas a través de redes públicas electrónicas.
j. Las demás que le atribuya el ordenamiento jurídico y todas las que sean necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de esta ordenanza.
Artículo 7. Principios básicos Sin perjuicio de los principios generales de publicidad activa previstos en el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y los principios básicos del artículo 6 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se aplicarán en las materias reguladas en la presente ordenanza los siguientes principios básicos:
1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la información obrante en la Diputación Provincial de Málaga.
2. Publicidad activa: La Diputación Provincial de Málaga publicará por iniciativa propia aquella información que sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, así como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía, permitiendo el control de su actuación y el ejercicio de los derechos políticos de las personas.

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3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en los términos previstos en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y la presente ordenanza.
4. Acceso a la información: La Diputación Provincial de Málaga garantiza el acceso de las personas a la información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y en la presente ordenanza.
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: Se establecerá los medios para que el acceso a la información pública pueda ser a través de medios electrónicos, sin necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se procurará que la publicación y puesta a disposición se realice incluyendo además formatos electrónicos reutilizables siempre que sea posible, todo ello sin perjuicio del derecho que asiste a las personas a elegir el canal a través del cual se comunica con la entidad local.
6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas debe ser veraz, fehaciente y actualizada. En toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad responsable de la información y la fecha de la última actualización.
Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la información a publicar, dotándola de una estructura, presentación y redacción que facilite su completa comprensión por cualquier persona. Será responsable de la preparación, suministro, calidad y actualización de la información pública aquella unidad u órgano que la genere.
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo momento eficaz, rápido y de calidad, debiendo los empleados públicos ayudar a las personas cuando estas lo soliciten y manteniéndose un canal de comunicación específico entre la Diputación Provincial de Málaga y los destinatarios de la información.
CAPÍTULO II

Información pública Artículo 8. Información pública Se entiende por información pública todo documento o contenido a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Artículo 9. Requisitos generales de la información Son requisitos generales de la información pública regulada en esta ordenanza:
a. La gestión de la información y, especialmente de aquella que se encuentre en formato electrónico, se hará de forma que cada dato o documento sea único, compartido, accesible y estructurado.
b. Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición utilizando formatos comunes, abiertos, de uso libre y gratuito para las personas y, adicionalmente, en otros formatos de uso generalizado.
c. Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar la información pública se publicarán en la página web de la entidad para que las personas puedan utilizarlos en sus búsquedas e interpretar correctamente la información.
d. Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de forma que no se incluirán restricciones que impidan o dificulten la explotación de su contenido.
e. Las personas con discapacidad accederán a la información y su reutilización a través de medios y formatos adecuados y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 10. Límites La información pública regulada en esta ordenanza podrá ser limitada, además de en los supuestos recogidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al ejer-

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cicio delegado de otras competencias estatales y autonómicas, según prevea la norma de delegación o, en su caso, respecto a cualquier información que la Diputación Provincial de Málaga posea y que pudiera afectar a competencias propias o exclusivas de otra Administración, cuyo derecho de acceso esté igualmente limitado por las leyes.
En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites referidos no sean obstáculo para su publicación o acceso.
Artículo 11. Protección de datos personales 1.Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados de la protección de datos de carácter personal, en los términos regulados en la legislación específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la publicidad activa y el acceso a la información pública cuando el titular del dato haya fallecido, salvo que concurran otros derechos.
Igualmente, no se aplicará este límite cuando los titulares de los datos los hubieran hecho manifiestamente públicos previamente o fuera posible la disociación de los datos de carácter personal sin que resulte información engañosa o distorsionada y sin que sea posible la identificación de las personas afectadas.
3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública de los órganos, los datos de las personas físicas que presten sus servicios en tales órganos, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
CAPÍTULO III

Publicidad activa de información Sección 1. Régimen general Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa 1. La Diputación Provincial de Málaga y sus entes dependientes publicarán, a iniciativa propia y de manera gratuita, la información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad y la reutilización de la información y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a 23. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados. Para el cumplimiento de dicha obligación la Diputación Provincial de Málaga podrá requerir la información que sea precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, y de los contratistas, y beneficiarios de subvenciones en los términos previstos en el respectivo contrato.
2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información una vez hayan sido notificadas a las personas interesadas, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.
Artículo 13. Lugar de publicación 1. La información se publicará en www.malaga.es/gobiernoabierto y en los portales web específico de transparencia de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación. Asimismo se provee de un enlace para que todos los municipios de la provincia de Málaga puedan estar conectados a través del Portal Provincial de Transparencia, constituyendo un portal único en el
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que se encuentra localizada toda la información de transparencia de la provincia de Málaga, permitiendo hacer una búsqueda selectiva de información.
2. La página web de la Diputación Provincial de Málaga www.malaga.es contendrá, asimismo, los enlaces a las respectivas páginas web de los entes dependientes y el resto de sujetos y entidades vinculadas a la misma con obligaciones de publicidad activa impuestas por la normativa que les sea de aplicación.
3. La Diputación Provincial de Málaga podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de Administraciones Públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras entidades.
Artículo 14. Órgano competente y forma de publicación 1. La Diputación de Málaga identificará y dará publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes responsables de la publicidad activa regulada en este capítulo. La Unidad de Gobierno Abierto y Transparencia asume, en particular, esta responsabilidad, bajo la supervisión del Vicepresidente primero. La Unidad de Gobierno Abierto y Transparencia asesorará de manera permanente a todas las unidades y delegaciones en su labor de cumplimentación y actualización de la información. En algunos casos la actualización de la información recaerá directamente en las unidades y delegaciones, bajo supervisión de la Unidad de Gobierno Abierto y Transparencia.
2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender, utilizando un lenguaje accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la información esta resultase compleja por su lenguaje técnico, se podrá realizar una versión específica y más sencilla para su publicación.
3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa, indicando el órgano o servicio del que procede la información, la frecuencia de su utilización y la última fecha de actualización.
Artículo 15. Garantías de la publicidad activa local, plazos de publicación y actualización 1. Para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información sobre la actuación de la Diputación, así como su transparencia y control democrático, facilitar la información intergubernamental y complementando lo dispuesto por la legislación básica sobre procedimiento administrativo común y la legislación autonómica sobre régimen local y de transparencia pública de Andalucía, la Diputación de Málaga deberá publicar en la sede electrónica de su titularidad o en su página web, en el plazo de diez días desde su adopción, las disposiciones y actos administrativos generales que versen sobre las materias determinadas en la sección siguiente de obligaciones específicas.
2. Deberá proporcionarse información actualizada, atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate.
3. La información pública se mantendrá publicada durante los siguientes plazos:
a. La información mencionada en los artículos 16, 17, 18, 19, y 20, mientras mantenga su vigencia.
b. La información mencionada en el artículo 21, durante cinco años a contar desde el momento que fue generada.
c. La información mencionada en el artículo 22, mientras persistan las obligaciones derivadas de los mismos y, al menos, dos años después de que estas cesen.
d. La información en el artículo 23, mientras mantenga su vigencia y, al menos, cinco años después de que cese la misma.
4. La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo más breve posible y, en todo caso, respetando la frecuencia de actualización anunciada, de
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acuerdo con las características de la información, las posibilidades técnicas y los medios disponibles.
5. En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el mismo lugar en que se publica la información pública se mantenga la información que deja de ser actual.
Sección 2. Obligaciones específicas Artículo 16. Información institucional y organizacional sobre cargos electos Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a:

Partido político.
Dirección electrónica y teléfono de contacto.
Retribuciones y régimen de dedicación.
Delegaciones atribuidas equipo de Gobierno.
Cargos públicos anteriores.
Trayectoria profesional.
Declaración de bienes y actividades de cargos electos.
Agenda institucional permite a la ciudadanía consultar los eventos, reuniones o actividades en los que participan los miembros de la Corporación.
Perfil profesional en redes sociales.
b Gobierno provincial.
c Régimen de dedicación y retribuciones de cargos públicos en el caso de entidades dependientes.
d Indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados incluido en el apartado de composición política de la Diputación.
e Gasto en publicidad institucional.
f Relación de puestos de confianza, directivos y eventuales.
g Personal directivo y sus retribuciones.
h Personal eventual y sus retribuciones.
i Personal directivo de entidades dependientes nombre y retribuciones.
j Compatibilidad de empleados públicos.
k Espacio web de grupos políticos representados en la Diputación.
l Entidades singulares de la Diputación de Málaga.
m Indicadores sobre datos y cifras de la Provincia.
n Funciones desarrolladas por la Diputación.
ñ Normativa de aplicación a la Diputación.
o Gastos de viaje originados por el Presidente y Diputados/as.
p Censo de demarcaciones y entidades de la provincia y su respectiva población; partidos judiciales; municipios; mancomunidades; entidades de ámbito territorial interior a municipio EATIM.
Artículo 17. Organización administrativa Las entidades previstas en el artículo 2.1. publicarán información relativa a:
a La estructura organizativa de la Diputación.
b La relación de los puestos de trabajo de la Diputación de Málaga, con indicación de las retribuciones.
c Órganos colegiados de la Diputación de Málaga.

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a Composición política de la Corporación: Tanto en este apartado como en el de Gobierno Provincial se agrupa toda la información a publicar de cada Diputado/a.
Entre otros aspectos se detalla:

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d e f g
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Modificación de la plantilla.
Acuerdos o pactos reguladores de las condiciones de trabajo.
Miembros de los órganos de representación del personal.
Distribución de puestos por servicios prestados por la Diputación.

a b c d e f g h i j k l m
Órdenes del día de sesiones plenarias con carácter previo a su celebración.
Órdenes del día de sesiones de Junta de Gobierno, con carácter previo a su celebración.
Actas del Pleno y de Junta de Gobierno.
Reglamentos orgánicos de la Diputación y las demás normativa de desarrollo de su capacidad de auto organización.
Plan estratégico de subvenciones de los órganos de la Diputación Provincial y las bases reguladoras de cada tipo de subvención.
Ordenanzas fiscales.
Ordenanzas administrativas y reglamentos.
Proyectos de reglamentos.
Retrasmisión de plenos directo diferidos.
Código de Buen Gobierno.
Gestión de documentos y archivos de la Diputación de Málaga.
Procedimientos para eliminación de documentos de la Diputación de Málaga.
Preguntas de control al Gobierno emitidas por la oposición.

Este apartado se centra en la información derivada tanto de decisiones de Pleno como de Junta de Gobierno órdenes del día, actas y vídeos así como la información sobre toda la normativa desarrollada por la Diputación Provincial.
Artículo 19. Relación con la ciudadanía En esta materia, se publicará información relativa a:
a Sede física de los servicios y equipamiento de la entidad, dirección, horarios de atención al público, enlaces de su página web corporativas y dirección de correo electrónico o canales de prestación de los servicios.
b Catálogo general actualizado de los servicios que presta, con información adecuada sobre el contenido de los mismos, ubicación y disponibilidad, así como el procedimiento para presentar quejas sobre el funcionamiento de los mismos.
c Oferta de empleo y procedimientos asociados.
d Carta de servicios y de los documentos que reflejen su grado de cumplimiento a través de indicadores de medida y valoración.
e Documentos que requieren periodo de exposición pública.
f Buzón de quejas y reclamaciones.
g Buzón del Presidente.
h Listado de precios públicos, tasas e impuestos.
i Procedimientos administrativos: tramitaciones on line y seguimiento del estado de las mismas.
j Normativa de acceso a la documentación e información de la Diputación k Acceso en línea Consulta de datos y documentos del Archivo de la Diputación Provincial de Málaga.
l Indicadores sobre datos y cifras de la provincia.
m Acciones de apoyo para colectivos desfavorecidos, como ciudadanos discapacitados, desempleados, jóvenes, etc. las ayudas a municipios o las directamente realizadas por la Diputación.

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Artículo 18. Normativa e información jurídica Las entidades enumeradas en el artículo 2.1,a y b publicarán información relativa a:

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n Mapa con la distribución y enlaces de las vías provinciales, los km y estados de conservación de las mismas.
ñ Indicadores sobre datos y cifras de la provincia: Pirámide de población, renta per cápita índice de desempleo, % de superficie de explotación agraria, cifras de turismo provincial, gasto medio por ciudadano entre otros.
Artículo 20. Planificación y resultados de gestión Las entidades previstas en el artículo 2.1, a y b, publicarán información relativa a:
a Planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultado deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y de valoración.
Plan de Inversiones financieramente sostenibles.
Planes de Formación.
b Información sobre el coste efectivo de los servicios públicos de la Diputación. Información estadística sobre el grado de calidad y cumplimiento de los servicios públicos.
c Los planes y programas a los que se refiere el apartado anterior se publicarán tan pronto sean aprobados y, en todo caso, en el plazo máximo de 20 días, y permanecerán publicados mientras estén vigentes.
Artículo 21. Información económica y financiera Las entidades enumeradas en el artículo 2 publicarán información relativa a: Información del ciclo presupuestario completo: aprobación, ejecución, liquidación y cuenta general, así como de las subvenciones, encomiendas, y convenios suscritos.
a Presupuestos generales aprobación inicial y definitiva.
b Alegaciones formuladas a los presupuestos en el periodo de información pública y las contestaciones y/o resoluciones correspondientes.
c Proporción que representa la necesidad/capacidad de financiación de la Diputación Provincial de Málaga, sobre ingresos financieros.
d Modificación presupuestaria.
e Informes de seguimiento de ejecución presupuestaria.
f Cuentas anuales/cuentas generales de la Diputación incluye la de sus entes independientes.
g Informes de auditorías de cuentas.
h Informes sobre cumplimiento de obligaciones de suministros de información de la Ley 2/2012 LOEPSF.
i Perfil del vencimiento de deuda de la Diputación de Málaga.
j Indicadores presupuestarios.
k Periodo medio de pago a proveedores.
l Destino de superávit de la Diputación de Málaga.
m Plan de ajuste económico.
n Inventario de bienes y derechos de la Diputación.
o Relación de bienes inmuebles.
p Inventarios de vehículos oficiales adscritos a Diputación y de sus entidades dependientes.
q Servicios públicos que se gestionan a través de concesionarios.
r Indicadores de endeudamiento.
s Encomiendas de gestión con indicación de subcontrataciones asociadas.
t Relación de convenios suscritos.
u Subvenciones y ayudas públicas concedidas.
v Informes de morosidad aprobados por el Pleno.

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Artículo 22. Contratación de servicios Las entidades enumeradas en el artículo 2.1 publicarán información relativa a las relaciones y operaciones de la Institución con sus proveedores.
a b c d e f g
Perfil del contratante Contratos adjudicados, con indicación de subcontrataciones asociadas.
Contratos menores.
Información estadística en volumen presupuestario de adjudicaciones Actas de Mesas de Contratación.
Composición y las convocatorias de las Mesas de Contratación.
Historial accesible con la lista y la cuantía de todos los contratos de la Diputación y sus adjudicatarios.
h Lista y cuantía de las operaciones con los proveedores de la Diputación.

a Catálogo de servicios en materia de gestión tributaria.
b Resúmenes de la gestión tributaria realizada por cuenta de los municipios.
c Catálogo de programas en materia de asistencia y cooperación: a Jurídica y económica, que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia.
d Catálogos de servicios en materia de asistencia técnica urbanística que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia.
e Catálogo de servicios en materia de asistencia técnica informática y telemática, y las ofertas de contratación centralizada que puedan solicitar los municipios y otras entidades locales de la provincia.
f Fondos de liquidez provincial.
g La distribución obligatoria y discrecional de los recursos del Plan así como de los criterios de distribución aplicados.
CAPÍTULO IV

Derecho de acceso a la información pública Sección 1. Régimen jurídico Artículo 24. Titularidad del derecho Cualquier persona, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2, es titular del derecho regulado en el artículo 105.b de la Constitución, de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el desarrollo reglamentario que tenga carácter de normativa básica, el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
La capacidad de obrar para ejercitar este derecho, incluso cuando se trate de menores de edad, se regirá por lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
Artículo 25. Limitaciones 1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los límites enumerados en los artículos 10 y 11, cuando, previa resolución motivada y proporcionada, quede acreditado el perjuicio para aquellas materias y no exista un interés público o privado superior que justifique el acceso.

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Artículo 23. Servicios a municipios En esta materia la Diputación Provincial de Málaga publicará información relativa a los servicios que desde la Institución provincial se presta a los ayuntamientos de la provincia:

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2. Si del resultado de dicha ponderación procediera la denegación del acceso, se analizará previamente la posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite de que se trate, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.
Sección 2. Procedimiento Artículo 26. Competencia 1. La Diputación de Málaga identificará y dará publicidad suficiente a la información relativa a los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública.
2. La Unidad de Gobierno Abierto y Transparencia realizará la labor de seguimiento y supervisión del cumplimiento de este procedimiento así como de la resolución del mismo.
3. Si el derecho de acceso a la información pública es de materia que posee otra Unidad anteriormente mencionada en el artículo 2.1 a, será obligación de el/la Diputado/a responsables de esa Unidad suministrar la información que sea demandada en dicha solicitud a la Unidad de Gobierno Abierto y Transparencia.
4. Si el derecho de acceso a la información pública es de materia que posee una entidad dependiente de Diputación Provincial de Málaga anteriormente mencionada en el artículo 2.1 b, será obligación de la Presidencia de la entidad suministrar la información que sea demandada en dicha solicitud a la Unidad de Gobierno Abierto y Transparencia.
Artículo 27. Fomento de la tramitación electrónica 1. La Diputación de Málaga y sus entes dependientes promoverán la presentación de las solicitudes por vía telemática.
2. En todo caso tendrán disponibles en sus respectivos portales o páginas web, los modelos normalizados de solicitud.
Artículo 28. Solicitud 1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de acceso a la información pública no requerirán a los solicitantes más datos sobre su identidad que los imprescindibles para poder resolver y notificar aquellas.
Asimismo, prestarán el apoyo y asesoramiento necesario al solicitante para la identificación de la información pública solicitada.
2. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información pública. No obstante, el interés o motivación expresada por el interesado podrá ser tenida en cuenta para ponderar, en su caso, el interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.
Artículo 29. Inadmisión 1. Las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, serán interpretadas restrictivamente a favor del principio de máxima accesibilidad de la información pública, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
2. En la resolución de inadmisión por tratarse de información en curso de elaboración o publicación general, se informará del órgano que elabora dicha información y tiempo previsto para su conclusión.
3. Los informes preceptivos no serán considerados información de carácter auxiliar o de apoyo, a efectos de inadmitir una solicitud de acceso. No obstante, esto no impedirá la denegación del acceso si alguno de los límites establecidos en los artículos 10 y 11 pudiera resultar perjudicado.

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Artículo 30. Tramitación 1. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución.
2. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
Artículo 31. Resolución 1. La denegación del acceso por aplicación de los límites establecidos en los artículos 10
y 11 será motivada, sin que sea suficiente la mera enumeración de los límites del derecho de acceso, siendo preciso examinar la razonabilidad y proporcionalidad de los derechos que concurren para determinar cuál es el bien o interés protegido que debe preservarse.
2. El acceso podrá condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la causa de denegación esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la entidad local competente.
Artículo 32. Notificación y publicidad de la resolución 1. La resolución que se dicte en los procedimientos de acceso a la información pública se notificará a los solicitantes y a los terceros titulares de derechos e intereses afectados que así lo hayan solicitado.
En la notificación se hará expresa mención a la posibilidad de interponer contra la resolución la reclamación potestativa a que hace referencia el artículo 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, o recurso contencioso-administrativo.
2. La resolución que se dicte en aplicación de los límites del artículo 10 se hará pública, previa disociación de los datos de carácter personal y una vez se haya notificado a los interesados.
Artículo 33. Plazo de resolución y notificación Las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En todo caso, en el ámbito de la Diputación de Málaga y sus entidades, salvo que esté previsto en la legislación sectorial que corresponda un plazo inferior, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogable por igual periodo en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Dicha ampliación será notificada a la persona solicitante.
Artículo 34. Materialización del acceso 1.La información pública se facilitará con la resolución estimatoria del acceso o, en su caso, en plazo no superior a diez días desde la notificación. En el caso de que durante el trámite de audiencia hubiera existido oposición de terceros, el acceso se materializará cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a acceder a la información.
Este efecto suspensivo se producirá, igualmente, durante el plazo de resolución de la reclamación potestativa previa, dado que cabe contra ella recurso contencioso-administrativo.
2. Si la información solicitada ya estuviera publicada electrónicamente, se pondrá a disposición del solicitante indicándole el enlace al correspondiente indicador de transparencia. De no estar previamente publicada o haber manifestado el solicitante no disponer de sistemas electrónicos para su consulta y ni estar obligado a ello, la información solicitada se entregará a la persona solicitante en la forma y formato por ella elegidos, salvo que pueda ocasionar la pérdida o deterioro del soporte original, no exista equipo técnico disponible para realizar la copia en ese formato, pueda afectar al derecho de propiedad intelectual o exista una forma o formato más
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sencilla o económica para el erario público. En todo caso, si la información que se proporcionase en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública fuese en formato electrónico, deberá suministrarse en estándar abierto o, en su defecto, deberá ser legible con aplicaciones informáticas que no requieran licencia comercial de uso.
3. Será gratuito el examen de la información solicitada en el sitio en que se encuentre, así como la entrega de información por medios electrónicos.
4. La Diputación de Málaga publicará y pondrá a disposición de las personas solicitantes de información pública el listado de las tasas y precios públicos que sean de aplicación a tales solicitudes, así como los supuestos en los que no proceda pago alguno.
CAPÍTULO V

Reutilización de la información Artículo 35. Objetivos de la reutilización La reutilización de la información generada en sus funciones por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza constata el ejercicio de la transparencia colaborativa por parte del sector público y tiene como objetivo fundamental la creación de valor público en la sociedad en los siguientes términos:
1. Social: El derecho de acceso al conocimiento e información del sector público constituye un principio básico de la democracia y del estado del bienestar. Construir ese estado de bienestar responsable empieza con una ruptura de las brechas y asimetrías de información entre, por un lado, quien define y presta los servicios del estado del bienestar y, por otro lado, quien los usa y los financia. La reutilización da valor y sentido añadido a la transparencia y legitima y mejora la confianza en el sector público.
2. Innovador: La información pública debe permanecer abierta para evitar acuerdos exclusivos y favorecer su reutilización innovadora por sectores de la sociedad con fines comerciales o no comerciales. La reutilización favorecerá la creación de productos y servicios de información de valor añadido por empresas y organizaciones.
3.Económico: El tamaño del mercado potencial basado en la información agregada del sector público y su reutilización, junto con su impacto en el crecimiento económico y creación de empleo en el ámbito de la Unión Europea, hace merecedor el esfuerzo y la contribución de todas las administraciones en esta materia.
4.Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza realizarán los esfuerzos necesarios para federar su catálogo de información pública reutilizable junto con los catálogos del resto de entidades de forma agregada en plataformas comunes, como http datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar en la construcción de un único catálogo de información pública reutilizable, facilitar la actividad del sector reutilizado de la sociedad e incrementar así el valor social, innovador y económico generado por la transparencia colaborativa del sector público.
Artículo 36. Régimen aplicable a documentos reutilizables sujetos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos 1. La reutilización de la información regulada en esta ordenanza no se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial especialmente por parte de terceros. A los efectos de esta ordenanza se entiende por derechos de propiedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, incluidas las formas de protección específicas.
2. La presente ordenanza tampoco afecta a la existencia de derechos de propiedad intelectual de los entes incluidos en su ámbito de aplicación.
3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza ejercerán, en todo caso, sus derechos de autor de una manera que facilite la reutilización.

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Artículo 37. Criterios generales 1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la normativa vigente en materia de reutilización de la información del sector público.
2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga constar expresamente lo contrario.
3. En particular, la reutilización de la información que tenga la consideración de publicidad activa tanto en esta ordenanza como en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, seguirá siempre la modalidad de reutilización sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones específicas y se ofrecerá en formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato abierto que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento siguiendo siempre en los términos previstos en las Leyes 39/2015 y 40/2015, así como en la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre Reutilización de Recursos de la Información, aprobada por resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o norma que la sustituya.
Artículo 38. Condiciones de reutilización 1. La reutilización de la información por personas o entidades está sometida a las siguientes condiciones:
a. El contenido no podrá ser alterado si conlleva la pérdida del sentido y desnaturalización de la información, de forma que puedan darse interpretaciones incorrectas sobre su significado.
b. Se deberá citar siempre a la entidad que originariamente ha publicado la información como fuente y una mención expresa de la fecha de la última actualización de la información reutilizada.
c. No se dará a entender de ningún modo que la entidad que originariamente ha publicado la información patrocina, colabora o apoya el proyecto, servicio, proyecto o acción en el que se enmarque la reutilización, sin perjuicio de que este patrocinio, apoyo o colaboración pueda existir con base en una decisión o acuerdo específico de la citada entidad, en cuyo caso podrá hacerse constar en los términos que se contengan en el mismo.
d. Se deberá conservar los elementos que garantizan la calidad de la información, siempre que ello no resulte incompatible con la reutilización a realizar.
2. La publicación o puesta a disposición de información pública conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que originariamente publica la información de los derechos de propiedad intelectual que resulten necesarios para desarrollar la actividad de reutilización, con carácter universal y por el plazo máximo permitido por la Ley.
3. En la misma sección, página web o sede electrónica en la que se publique información, se publicarán las condiciones generales para la reutilización.
Artículo 39. Exacciones 1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza podrán exigir exacciones sobre la reutilización de la información para permitir cubrir los costes del servicio o actividad incluyendo en dichos costes los relativos a la recogida, producción, reproducción, puesta a disposición y difusión, salvo normativa en contrario, en particular, las que resulten dictadas en transposición de la Directiva 2013/37/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de junio de 2013.
2.Cuando se establezcan exacciones para la reutilización de información pública, se incluirá en la página web o sede electrónica de la entidad local la relación de los mismos, con su importe y la base de cálculo utilizada para su determinación, así como los conjuntos de datos o documentos a los que son aplicables.

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Artículo 40. Exclusividad de la reutilización 1.Quedan prohibidos los acuerdos exclusivos en materia de reutilización de la información. La reutilización estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor añadido basados en información del sector público. Los contratos o acuerdos de otro tipo existentes que conserven los documentos y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.
2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para la prestación de un servicio de interés público, la entidad incluida en el ámbito de aplicación de esta ordenanza revisará periódicamente y como máximo cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión del derecho exclusivo.
3. Respecto de los derechos exclusivos relacionados con la digitalización de recursos culturales, se estará a la regulación específica de la materia.
4.Todos los acuerdos que concedan derechos exclusivos de reutilización serán transparentes y se pondrán en conocimiento del público.
Artículo 41. Modalidades de reutilización de la información 1. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza clasificarán la reutilización de toda la información que obra en su poder y que sea publicada de acuerdo con alguna de las siguientes modalidades de reutilización:
a. Modalidad de reutilización sin solicitud previa ni sujeción a condiciones específicas.
Esta será la modalidad de uso prioritaria y generalizada en la que la información publicada o puesta a disposición será reutilizable y accesible, sin necesidad de autorización previa ni condiciones específicas, respetándose los criterios generales y las condiciones de reutilización del artículo 35.
b. Modalidad de reutilización sujeta a modos de uso limitados o a autorización previa. De forma extraordinaria, esta modalidad recogerá la reutilización de información puesta a disposición con sujeción a condiciones específicas establecidas en una licencia-tipo o a una previa autorización, la cual podrá incorporar, asimismo, condiciones específicas.
2. Las condiciones específicas respetarán los siguientes criterios:
a. Serán claras, justas y transparentes.
b. No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar la competencia.
c. No deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.
d. Se aplicarán cuando exista causa justificada para ello y previo acuerdo de la entidad titular de la información.
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos de uso limitados para regular los distintos supuestos de reutilización sujetos a condiciones específicas y estos siempre estarán disponibles en formato digital, abierto y procesable electrónicamente. Estos modos de uso limitados podrán ser elaborados por la propia entidad, aunque serán preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de amplia aceptación nacional e internacional o aquellas que hayan sido consensuadas con o por otras Administraciones públicas. Los modos de uso limitados serán publicados en la web municipal.
4. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán modificar el contenido de las condiciones específicas y modos de uso limitado ya existentes, así como aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a conjuntos de datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas modificaciones se publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a partir de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de los datos o documentos que se realice después de que la modificación haya sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde dicha fecha.

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Artículo 42. Publicación de la información reutilizable 1.La publicación activa de información reutilizable incluirá su contenido, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad de reutilización, así como las condiciones aplicables y, en su caso, la exacción a los que esté sujeta la reutilización que será accesible por medios electrónicos para que los agentes reutilizadores puedan realizar la autoliquidación y pago.
2.Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza facilitarán sus documentos en cualquier formato o lengua en que existan previamente y, siempre que sea posible y apropiado, en formato legible por máquina y conjuntamente con sus metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posible, deben cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se utilizarán estándares clasificados en su correspondiente categorías con tipología de abiertos, en su versión mínima aceptada y estado admitido siguiendo lo establecido en el anexo de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de Estándares al amparo del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en la Ley 40/2015 y la Norma Técnica de Interoperabilidad sobre Reutilización de Recursos de la Información.
3. El apartado 2 no supone que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ordenanza estén obligadas, para cumplir dicho apartado, a crear documentos, adaptarlos o facilitar extractos de documentos, cuando ello suponga un esfuerzo desproporcionado que conlleve algo más que una simple manipulación. No podrá exigirse a las citadas entidades que mantenga la producción y el almacenamiento de un determinado tipo de documento con vistas a su reutilización por una entidad del sector privado o público.
4. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publicada permitirán la indicación de búsqueda de información reutilizable.
Artículo 43. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reutilización 1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter de normativa básica.
2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en el plazo máximo de veinte días desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, con carácter general. Cuando por el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible cumplir el citado plazo, se podrá ampliar el plazo de resolución otros veinte días. En este caso, deberá informarse al solicitante en el plazo máximo de diez días, de toda ampliación del plazo, así como de las razones que lo justifican.
3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la información regulado en el capítulo IV y la reutilización de dicha información, se tramitará conjuntamente por el procedimiento establecido en el capítulo IV, aplicándose los plazos máximos de resolución previstos en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
CAPÍTULO VI

Reclamaciones y régimen sancionador Sección I. Reclamaciones Artículo 44. Reclamaciones 1. Las personas que consideren que no se encuentra disponible una información de carácter público que debería estar publicada, de acuerdo con el principio de publicidad activa que preside esta ordenanza y lo dispuesto en los artículos 16 a 23, podrá cursar queja ante la unidad competente en materia de información pública, a través del sistema de quejas, reclamaciones,
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sugerencias e iniciativas. Dicha unidad deberá realizar la comunicación correspondiente en un plazo máximo de diez días desde que se registró la reclamación.
2. Frente a toda resolución, acto u omisión del órgano competente en materia de acceso a la información pública, podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía, y con los plazos y vías de reclamación, plazos de resolución y términos de notificación que dicha ley y la legislación básica establecen.
Sección 2. Régimen sancionador Artículo 45. Infracciones 1. Se consideran infracciones muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por el artículo 52.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, las recogidas en el artículo 11.1 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.
a La desnaturalización del sentido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
b La alteración muy grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
2. Se consideran infracciones graves, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 52.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, las establecidas en el artículo 11.2 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.
a La reutilización de documentación sin haber obtenido la correspondiente autorización en los casos en que esta sea requerida.
b La reutilización de la información para una finalidad distinta para la que se concedió.
c La alteración grave del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
d El incumplimiento grave de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.
3.Se consideran infracciones leves, sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por el artículo 52.3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, las establecidas en el artículo 11.3, de la ley 37/2007.
a La falta de mención de la fecha de la última actualización de la información.
b La alteración leve del contenido de la información cuya reutilización esté sujeta a modos de uso limitado o autorización previa.
c La ausencia de cita de la fuente de acuerdo con lo previsto en esta ordenanza.
d El incumplimiento leve de otras condiciones impuestas en el correspondiente modo de uso limitado, en la autorización previa o en la normativa reguladora aplicable.
Artículo 46. Sanciones 1. Por la comisión de las infracciones recogidas en este capítulo, se impondrán las siguientes sanciones:
a Sanción de multa de hasta 3.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.
b Sanción de multa de hasta 1.500 euros por la comisión de infracciones graves.
c Sanción de multa de hasta 750 euros por la comisión de infracciones leves.
2. Por la comisión de infracciones muy graves y graves recogidas, además de las sanciones previstas en los párrafos a y b, se podrá sancionar con la prohibición de reutilizar documentos sometidos a autorización o modo de uso limitado durante un periodo de tiempo entre 1 y 5 años y con la revocación de la autorización o modo de uso limitado concedida.

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3. Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de la información reutilizada, al volumen de dicha información, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a los daños y perjuicios causados, en particular a los que se refieren a la protección de datos de carácter personal, a la reincidencia y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuricidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Artículo 47. Régimen jurídico 1. La potestad sancionadora se ejercerá, en todo lo no previsto en la presente Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3.º del Título Preliminar de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, y en los preceptos de la Ley 39/2015, Reguladora del Procedimiento Administrativo Común que resulten de aplicación en la tramitación del procedimiento.
2. El régimen sancionador previsto en esta ordenanza se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que pudiera incurrirse, que se hará efectiva de acuerdo con las correspondientes normas legales.
Artículo 48. Procedimiento 1. Para la imposición de las sanciones establecidas en el presente capítulo, se seguirán las disposiciones previstas en el procedimiento sancionador o, en el caso de infracciones imputables al personal al servicio de entidades, el régimen disciplinario funcionarial, estatuario o laboral que en cada caso resulte aplicable.
2. En todo caso, el procedimiento se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de la ciudadanía. El Consejo de Trasparencia y Protección de Datos de Andalucía cuando constate incumplimientos en esta materia susceptible de ser calificado como alguna de las infracciones previstas en este título, instará la incoación del procedimiento. En este último caso, el órgano competente estará obligado a incoar el procedimiento y a comunicar al Consejo el resultado del mismo.
Artículo 49. Órgano competente Será competente para la imposición de las sanciones por infracciones cometidas contra las disposiciones de la presente ordenanza el órgano que determine la normativa aplicable en la Administración o entidad a la que pertenezca el sujeto infractor.
Para las infracciones previstas en el artículo 53 de la Ley 1/2014, 24 de junio, la competencia corresponderá al órgano que determine la normativa aplicable en la Administración o entidad a la que se encuentre vinculada la persona infractora.
Artículo 50. Régimen disciplinario El incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, por el personal al servicio de la Diputación Provincial de Málaga y sus entes dependientes, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.3 y 20.6 de la Ley 19/2013, de diciembre, en los artículos 52 y 55 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y en la normativa de carácter disciplinario.
CAPÍTULO VII

Buen gobierno Artículo 51. Ámbito de aplicación 1. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella.

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